SOBRE REPERTORIOS SOCIO-ESTATALES Y FEMOCRACIA: BREVES CONSIDERACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Buena parte de la literatura sobre movimientos sociales los ha considerado como opuestos al Estado. Desde esta posición, los movimientos representarían un ethos de pureza que conlleva ciertas resemblanzas con las definiciones de sociedad civil inspiradas en la corriente habermasiana. Desde esta perspectiva, la sociedad civil forma parte del mundo de la vida, en oposición al sistema del Estado y del mercado. De esta forma, la sociedad civil es concebida bajo la pauta de una lógica estructuralmente diferente, a saber: no está afectada por los principios ni del poder-dominación (Estado), ni de los beneficios-ganancia (mercado); en cambio, sería el lugar de la solidaridad y del asociativismo (ver la clásica referencia a ^{Cohen y Arato, 1992}). Las organizaciones de dicha sociedad civil, incluidos los movimientos sociales, tendrían, por lo tanto, un efecto democratizador en sentido normativo, dado que se habrían constituido como contrapeso al Estado y al mercado actuando desde el mundo de la vida. En esta clave, la idea de autonomía se aleja de las nociones de relación e interacción. En otras palabras, desde una interpretación dicotómica y antagónica de esta perspectiva teórica, no habría nada de la lógica del poder en la sociedad civil, ni nada de la solidaridad en el Estado. Lo mismo en cuanto al mercado: no habría nada de la lógica de ganancia en la sociedad civil y nada de solidaridad en la del mercado.

Algunos elementos de esta concepción autista de autonomía se han “colado” al campo de estudio de los movimientos sociales. De acuerdo con este sesgo, éstos “siempre” serían motor de cambio, entendiéndolos como factores progresistas que disputan el poder elitista y que supuestamente estarían también “siempre” en conflicto con el Estado, oponiéndose a su dominación para obtener derechos alienados por éste. No extraña entonces que se suela concebir autonomía como lo contrario de cooptación (incluso también como lo contrario de “traición” o “contaminación” en el lenguaje activista).

Esta versión (simplificada aquí) de la concepción habermasiana de sociedad civil marcó buena parte de los estudios sobre el papel de los movimientos sociales en las transiciones a la democracia en América Latina (ver ^{Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006}). El análisis de los movimientos feministas y de mujeres no escapó a esta marca teórica de época (^{Guzmán, 2001}; ^{Martínez, 2001}). Sin embargo, recientemente esta visión ha comenzado a discutirse. En este artículo asumimos esta revisión como eje central de nuestro argumento.

De manera notable, el trabajo de ^{Mark Warren (2001)} desmenuza y aterriza el concepto de autonomía en términos más cercanos a autogobierno, destituyendo la equivalencia con la noción de “no relación”. Desde la concepción de este autor, las organizaciones de la sociedad civil pueden mantener relaciones diversas con el Estado y el gobierno representativo, al tiempo que sostienen su capacidad para decidir sobre sí mismas.

Siguiendo esta corriente, desde los estudios sobre movimientos sociales en América Latina se destacan aportaciones centrales para nuestro análisis. Por un lado, ^{Adrián Gurza Lavalle y José Swazko (2015)} se ocupan de desarmar las bases teóricas que imprimen esta marca normativa observando cómo los movimientos sociales (por ejemplo, el movimiento sanitarista en Brasil) fortalecieron estrategias de lucha desde el interior del Estado, generando repertorios flexibles que escapan a una división maniquea entre movimientos sociales y Estado (ver también ^{Dowbor, 2009}).

Por otra parte, ^{Rebecca Abers, Lizandra Serafim y Luciana Tatagiba (2014)} operacionalizan esta idea desarrollando el concepto de repertorios socio-estatales. Reformulando el concepto inicial de Charles Tilly, proponen dejar de observar la relación entre movimientos y Estado sólo en clave contenciosa. De esta forma, muestran que en varios cargos del Estado y en espacios de participación institucionalizada, aquellos que ocupan dichas posiciones son antiguos militantes. Lejos de “traicionar”, estos actores transforman la administración estatal en activismo institucional cuando comparten un proyecto político común. Estos repertorios contienen aprendizajes pasados, pero también muestran la capacidad de agencia e innovación de los movimientos (ver ^{Abers y Keck, 2013}). Aún más, los repertorios socio-estatales pueden combinarse e incluso superponerse con repertorios clásicos contenciosos. En esa clave, los movimientos siguen diferentes repertorios no excluyentes: desde repertorios de protesta y acción directa hasta repertorios de política de proximidad (contactos personales entre Estado y sociedad, generalmente denominados como lobby), pasando por la participación institucionalizada (en canales de diálogo oficialmente sancionados, como consejos, comités o conferencias, usualmente establecidos en la ley e incluso en las constituciones).

En este marco, el concepto de trayectorias múltiples, inspirado en el análisis de redes, se acopla al de repertorios socio-estatales actuando como antídoto frente a la idea rígida de cooptación.³ Desde esta perspectiva, pensar que los actores se adscriben a un único espacio social constituye un error. En nuestro caso, mujeres que participan en movimientos feministas pueden ocupar simultáneamente diversos espacios institucionales a lo largo de sus vidas.

Desde el campo feminista, vale la pena resaltar que la idea de una división tajante entre movimientos feministas y Estado se puso en cuestión tanto desde la práctica como desde la teoría. Un ejemplo notable puede observarse en los estudios de lo que se dio en llamar “femocracia”. Con base en la experiencia de las feministas que desarrollaron presupuestos con perspectiva de género dentro del Estado australiano en los años noventa, ^{Hester Einseinstein (1996)} introduce el concepto de femocracia para describir precisamente el rol clave de las mujeres que pasaron desde el movimiento feminista al ámbito del Estado durante el gobierno de un partido ubicado hacia la izquierda del espectro político en dicho país. Siguiendo este marco conceptual, ^{Carol Miller y Shahra Razavi (1998)} analizan estos pasajes de mujeres provenientes de la academia y los movimientos feministas dentro de organismos de cooperación internacional. Para los casos de Chile y la provincia de Buenos Aires, Argentina, ^{Gisela Zaremberg (2007)} analiza los estilos de gestión de mujeres provenientes de ámbitos tan diversos como la academia, los movimientos feministas, la militancia partidaria y la cooperación internacional en Chile y Argentina.

Las acciones que utilizan el concepto y la propuesta de transversalidad como eje principal para incluir la perspectiva de género dentro del Estado a partir de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing 1995 recogen precisamente las experiencias y aprendizajes múltiples de diferentes mujeres en sus pasajes por estos ámbitos diversos.⁴

De esta forma, dentro del campo feminista y del avance de la agenda de género, la importancia de la interacción entre mujeres con trayectorias múltiples no ha sido en absoluto desconocida. Por el contrario, esta interacción ha sido un fenómeno clave, reconocido tanto conceptualmente en el ámbito académico como pragmáticamente en la estrategia activista.

REPERTORIOS SOCIO-ESTATALES Y MOVIMIENTO FEMINISTA: UNA TIPOLOGÍA

A la vuelta de la historia, los resultados provenientes del tipo de perfiles múltiples descrito en el apartado anterior han generado nuevas discusiones que reintroducen dicotomías. Una de ellas es la discusión referida a la efectividad de la incursión de los feminismos en ámbitos institucionales. En México, ello ha generado una escisión en el movimiento feminista entre las llamadas feministas institucionales y no institucionales (ver ^{Maya, 2004}). Los avances en materia legislativa, seguidos por los obstáculos para la implantación de las medidas formalmente refrendadas, han profundizado una brecha aguda entre reglas y práctica. Por otra parte, un necesario recambio generacional dentro de los feminismos mexicanos ha demandado con fuerza superar las innegables dilaciones de administraciones estatales endémicamente caracterizadas por la permanencia de sesgos de género y la baja calidad institucional (^{Carbajal, 2017}). Finalmente, vale la pena mencionar que la consolidación de movimientos feministas ligados con las autonomías indígenas frente a un Estado central que ha desconocido milenariamente sus derechos imprime un ingrediente adicional a esta discusión.⁵ En este escenario, vale la pena preguntarse: ¿qué le han dado los repertorios institucionales a la emancipación de la mujer buscada por los movimientos feministas en México? Más específicamente, ¿qué podemos esperar de aquellas femócratas insertas en las distintas instancias transversales a nivel subnacional?

A partir del análisis del caso de Aguascalientes, argumentaremos que las mujeres con trayectorias múltiples son elementos clave. Si bien no son suficientes ni presentan la misma centralidad en todo momento y lugar, resultan estratégicas cuando el movimiento está en una posición defensiva pero mantiene capacidad de intermediación. Centrados en la teoría de redes, definimos la intermediación como una posición estructural en una red, que de no estar implicaría la desconexión entre mundos de lazos, lo que remite a la idea de “lazos puente” u “hoyos estructurales” (^{Granovetter, 1973}; ^{Burt, 2001}).⁶ Las posiciones centrales de intermediación entre Estado y movimientos feministas permiten desplegar estrategias exitosas para frenar el avance de actores conservadores que se disputan simultáneamente dichas posiciones. Por otra parte, cuando el movimiento tiene esa capacidad de intermediación y además está en una posición ofensiva (porque la oposición conservadora es débil, y el consenso internacional, nacional y local es fuerte), estas mujeres pueden producir avances cruciales (como el caso de la aprobación de la ILE en el Distrito Federal). En ambos casos, los repertorios de acción contenciosos y no contenciosos se combinarán sin desmedro de la capacidad de la red de mujeres feministas para decidir sobre sus objetivos. En cambio, cuando el movimiento está en una posición defensiva y no cuenta con posición de intermediación, pasará a replegarse y a asumir principalmente repertorios contenciosos.

En otras palabras, en situación defensiva la posición estratégica de intermediación de mujeres con trayectorias múltiples permitirá desplegar simultáneamente repertorios de protesta y de política de proximidad. Cuando la situación inicial sea ofensiva, los repertorios de manifestación se desplegarán para contrarrestar la oposición conservadora que persigue socavar la fortaleza de la situación inicial, complementándose con repertorios socio-estatales.

ESTATALIDADES HETEROGÉNEAS: CONSERVADURISMO VERSUS PROGRESISMO EN UN PAÍS FEDERAL

En abril de 2007, la Ciudad de México aprobó la ILE, que despenaliza el aborto hasta la decimosegunda semana de gestación. A partir de ello se implantó el programa para la ILE en diversos hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Hasta abril de 2012, 78 544 mujeres con diversas características sociodemográficas habían ejercido este derecho a través de servicios médicos de aborto legal y seguro (^{Flores Pérez y Amuchástegui Herrera, 2012}).

Sin embargo, a partir de ese momento también se recrudeció en México el activismo en torno a la legislación por el llamado derecho a la vida desde la concepción. A pesar de que en el total de los estados existe la causal por violación, y otras causas de excepción para el aborto, al mismo tiempo, más de 50% de los estados (de un total de 32) hoy en día han aprobado la mencionada legislación, lo que ha dificultado la aplicación de las causales y ha criminalizado a las mujeres que abortan. En conjunto, sólo la Ciudad de México ha refrendado el derecho a la libre elección sobre el cuerpo mientras que, en cambio, el derecho a la vida se ha aprobado en las constituciones de 18 estados.

Estas reacciones conservadoras a nivel subnacional confirmaron el avance heterogéneo de los contenidos de género en México. Mientras otras legislaciones aprobadas por el Congreso de la Federación, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no habían recibido disputas irremediables para armonizarse en los congresos estatales, la aprobación de la ILE en el Congreso del Distrito Federal, en cambio, generó una ola de proyectos de ley reactivos a nivel subnacional (^{Beer, 2017}).

Entre las principales razones que se han aducido en torno a las causas que llevaron a la propagación de legislación pro-vida podemos discriminar dos. Por un lado, se han estudiado las causas asociadas con la existencia de un alto grado de religiosidad. Lo curioso es que Aguascalientes comparte estas características con los estados vecinos en la zona central del país. Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, Aguascalientes ocupa el tercer lugar entre los estados con mayor porcentaje de población que se declara católica (93%), seguido de cerca por Querétaro, que ocupa la quinta posición (92%).

Siguiendo a ^{John Gerring (2012)}, adicionalmente, como puede observarse en la tabla 3, estos dos estados son similares en variables estructurales. Ello permite construir mejor la similitud en cuanto a variables de contexto de los casos de estudio, y la diferencia en relación con resultados. En la tabla se muestran datos contextuales observados en 2010, época más aproximada a los eventos aquí analizados:

Otros argumentos señalan que la creciente aprobación de estas legislaciones se relaciona con las estrategias electorales de los partidos (^{Reuterswärd, 2017}). En este sentido, encontramos diferencias entre nuestros casos. En el momento de discutir las reformas, en 2007, Aguascalientes estaba gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que Querétaro, en 2009, por el Partido Acción Nacional (PAN). En relación con los tres partidos principales existentes en México, el legislativo en Aguascalientes estaba compuesto mayoritariamente por el PRI (52%), seguido por el PAN (11%) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD: 3.7%). En cambio, en Querétaro la composición era como sigue: PAN (64%), PRI (16%) y PRD (8%). ¿En qué medida estas diferencias pudieron ser decisivas? Siguiendo las investigaciones en el tema podemos decir que la existencia de una mayoría priísta o panista en el legislativo o con respecto al titular en el gobierno no ha resultado un factor decisivo para la aprobación, o no, de leyes pro-vida. Esto, porque el cálculo estratégico electoral en estados que presentan competencia entre estos partidos habría llevado a ambos a apoyar proyectos pro-vida que consideraron cercanos a las preferencias de la población. En cambio, de acuerdo con ^{Caroline Beer (2014: 22)}, el mayor predictor para disminuir la probabilidad de que un estado apruebe leyes pro-vida es la existencia de mayor representación por parte del PRD, ubicado a la izquierda del espectro político. En este punto, debe advertirse que tanto Querétaro como Aguascalientes muestran de manera similar una presencia muy débil de este partido en sus legislativos locales.

Por lo tanto, a partir de esta comparación, podemos proceder a preguntarnos: ¿por qué estados relativamente similares presentan resultados diferentes en lo que a aprobación de legislación pro-vida se refiere? Como veremos, las redes de mujeres con trayectorias múltiples resultan fundamentales cuando comparamos los casos en cuestión.

Antes de realizar esta comparación, cabe destacar algunos rasgos heterogéneos en términos de institucionalidad de género a nivel subnacional en México, y específicamente para los casos en cuestión.

El primer punto que destacar es el que se refiere a la diversidad de marcos normativos en los que se insertan las instancias estatales para la mujer. El 12 de enero de 2001 se aprueba la Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en el Congreso de la Federación. A esta aprobación le siguió la instalación de institutos en los 32 estados de la República (algunos existían desde periodos anteriores).⁷ Sin embargo, ello se dio bajo marcos normativos muy diferentes. De acuerdo con ^{María Luisa Tarrés (2006)}, en algunos estados éstos se crearon como órganos descentralizados o desconcentrados (lo que les da mayor autonomía), mientras que otros se constituyeron tan sólo como programas, consejos o coordinaciones dependientes de otras secretarías (generalmente, Desarrollo Social). Algunos surgieron por ley (del Poder Legislativo local) y otros por decreto del Ejecutivo estatal. Lo segundo impacta negativamente en la estabilidad de un instituto en mayor medida que lo primero. Para 2005, de un total de 32 estados, 21 contaban con un instituto creado por decreto, tres por acuerdo, uno por reglamento interno y sólo siete por ley (^{2006: 13}). Para 2012, el número de congresos estatales que habían aprobado leyes de creación de institutos para la mujer ascendía a 18 (^{Gamboa Montejano, 2012}).

En 2009, cuando se aprueba la ley pro-vida en Querétaro, el instituto local se mantenía como órgano creado por decreto.⁸ A pesar de que en 2012 se promulga la Ley del Instituto Queretano de la Mujer, se pueden documentar varios intentos de desmantelamiento, como la embestida realizada en 2015, en la que, al tiempo que desaparecía el Instituto Municipal de las Mujeres en la ciudad de Querétaro, se creaba el Instituto Municipal de la Familia (ImFamilia).⁹

En cambio, para 2013, cuando se presenta la iniciativa de ley en Aguascalientes, el Instituto de las Mujeres estatal ya se había consolidado a partir de la Ley que crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, publicada en el diario oficial del estado el 19 de noviembre de 2001.

Estos datos muestran el diferente contexto institucional existente en ambos estados. Sin embargo, la heterogeneidad no se reduce a ello. Los estudios han señalado las importantes diferencias en términos de las redes de actoras existentes en torno a esa institucionalidad.

Se ha destacado que resulta crucial que las directoras de los institutos sean nombradas por el Ejecutivo local. Un gobernador opuesto o desinteresado en la agenda de género tenderá a nombrar perfiles que limiten avances en dicha agenda (ver ^{Tarrés, 2006}). Por otra parte, se ha detectado que las coaliciones de causa conservadoras (por ejemplo, a “favor de la familia” o en contra de la “ideología de género”) han sido capaces de capturar los propios espacios de los institutos de las mujeres en algunos estados (ver ^{Ávila Hernández, 2017}, para el caso de Baja California).

ANÁLISIS DE LOS CASOS

Nuestro análisis descubrió que mientras el repertorio principal de los movimientos feministas en Querétaro fue de protesta, y de nulo acercamiento a los espacios institucionales (con base en un patrón histórico previo de profundo rechazo mutuo entre instituciones y movimientos feministas), en Aguascalientes, en cambio, la clave del éxito para poder frenar el proyecto de ley pro-vida fue haber contado con una red de feministas con trayectorias múltiples que se encontraban en posiciones ventajosas de intermediación entre el Estado, la academia, los partidos, el legislativo y las organizaciones de la sociedad civil. Estas mujeres contaban con un prestigio previo consolidado y podían dialogar en los diferentes lenguajes que exigían los distintos enmarcamientos (framing) de sentido en el que estaban inscritos los actores cercanos a la propuesta pro-vida. De esta forma, pudieron realizar un trabajo de negociación con aquellos legisladores menos radicales que eran contrarios al aborto pero no estaban de acuerdo con la criminalización de las mujeres que se derivaba del proyecto de ley en cuestión. Así, estas mujeres, con posiciones estratégicas en la red, pudieron detener el proyecto en el estado.

En la red a favor de los derechos de la mujer encontramos mujeres pertenecientes tanto a grupos organizados de la sociedad civil locales y nacionales, como a cargos estatales y municipales. A la par de la experiencia y el reconocimiento de las organizaciones de nivel nacional, destaca que las organizaciones locales lograron el reconocimiento de la comunidad, lo que se pudo constatar durante la organización del Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología.

Es importante el posicionamiento que este congreso tiene en Aguascalientes, ya que la presidenta del comité organizador (Marcela Martínez)¹⁰ pertenece a la red de actoras a favor de los derechos de la mujer. Su trayectoria como activista del movimiento a favor de derechos sexuales se puede rastrear desde su participación en la Asociación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (AMESS) a principios de los años setenta. Posteriormente funda, con otra de las actoras, el Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario (Cecadec).

Dentro de la red también es posible identificar a funcionarias públicas. Así, encontramos a la presidenta municipal de Aguascalientes (Lorena Martínez) y a la directora del Instituto Municipal de la Mujer (Verona Valencia). En relación con la primera, se puede rastrear su amplia experiencia política que incluye su anterior posición como diputada del PRI por el estado. Por otra parte, académicamente, al momento de la investigación, era postulante a maestra en Ciencias Políticas y contaba con dos especialidades, una en Teoría de Género por el Sistema de Capacitación a Distancia de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina (Coppal) y la otra en Derecho Parlamentario por la Cámara de Diputados.

Por su parte, Valencia anteriormente trabajó en organizaciones de la sociedad civil y con la mencionada Marcela Martínez en Cecadec, donde se desempeñó como directora.

Otra característica de la red de actoras pro-elección es que entre sus integrantes también se encuentran líderes de organizaciones de la sociedad civil que no necesariamente están vinculadas con el movimiento feminista (por ejemplo, María Enriqueta Medellín Lagorreta, presidenta de Conciencia Ecológica de Aguascalientes).

Igualmente, observamos sinergia entre varias asociaciones locales que trabajan temáticas relacionadas con los derechos de la mujer, a saber: 1) Mujer Contemporánea, liderada por Roxana D’Escobar: se centra en coadyuvar con las autoridades gubernamentales en la desactivación de la violencia familiar; 2) La Colectiva Feminista de Aguascalientes, encabezada por Mariana Ávila: nace para “hilvanar interrogantes sobre los sistemas opresores de los derechos de las mujeres”;¹¹ 3) Mujeres en Acción Lésbica (MAL) de Aguascalientes, encabezado por Chuy Tinoco, 4) Mexicanas en Acción Positiva, dirigida por Rosalinda Arrechar Lara: dedicada a prevenir la infección por VIH, y 5) redefine Aguascalientes, representada por Betsy Anahí Montoya: red de promotoras en derechos sexuales y reproductivos.

Adicionalmente, las organizaciones nacionales que trabajan temas relacionados por el derecho a decidir se unieron al proceso de resistencia. Entre ellas: el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Deser), REDefine Nacional, Católicas por el Derecho a Decidir, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess) y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

Finalmente, en este grupo también se detectó la participación desde la academia de Alejandro Madrazo Lajous, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, investigador titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con sede en Aguascalientes. Entre sus líneas de investigación se incluye el tema de los derechos sexuales y reproductivos.

En el grupo de actores pro-vida también fueron identificadas personas de diferentes ámbitos. Por parte de la sociedad civil, en el nivel estatal, sólo se pudo identificar una organización, el Consejo de Laicos de Aguascalientes, creado en el año 2012 por iniciativa del obispado de Aguascalientes. Éste busca fomentar formas asociativas con los laicos para que ejerciten un “discernimiento cristiano” y ayuden a la Iglesia en su misión. El presidente de este Consejo, Juan Manuel López Valdivia, es un empresario local que también es vicepresidente de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa (Uniapac), una de las asociaciones cristianas más importantes en América Latina, que promueve la responsabilidad social empresarial. López Valdivia ingresó a la Unión Social de Empresarios de México (USEM), nombre de la Uniapac capítulo México, la cual fue promovida por Felipe González González, miembro del pan, ex gobernador del estado de Aguascalientes y posteriormente diputado nacional.

Por otra parte, en el momento de la investigación encontramos dentro de este grupo a un funcionario del ayuntamiento de Aguascalientes, Ricardo Serrano Rangel, quien se desempeñaba como director de Desarrollo Social en la Secretaría de Integración Social y anteriormente había sido consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Serrano Rangel también es un emprendedor social que en 1998, junto con otros universitarios, creó Universitarios en Toda su Expresión (Unete) con el fin de involucrar a jóvenes de diversas universidades del estado en la generación de soluciones a problemas sociales.

Finalmente, entre los actores más activos de este grupo se encuentran quienes representan a la Iglesia católica: el obispo de Aguascalientes, José María de la Torre Marín; el vicario de la diócesis, Raúl Sosa Palos, y un representante del nuncio apostólico, Bernardo Ursúa.

De la descripción anterior se desprende que tanto la red pro-elección como la red pro-vida cuentan con actores relevantes. Sin embargo, el análisis de redes muestra que son las mujeres de la red feminista las que detentan mejores posiciones de intermediación con respecto a actores del legislativo. Del análisis de la gráfica 1 (a continuación) se desprende que los lazos entre los actores pro-vida con los legisladores son menores que los existentes entre éstos y las actoras pro-elección. A nuestros fines, resulta fundamental que las actoras ubicadas en posiciones del Ejecutivo estatal tengan el mayor poder de intermediación de la red (ver notas sobre método para construcción de la gráfica y medidas de centralidad en el Anexo metodológico).

FUENTE: Elaboración propia

* Los puntos o nodos de la gráfica son actoras/es, las líneas implican relaciones entre ellas/os. Para ubicar nombre y cargo de cada uno de los nodos, consultar Anexo metodológico.

** Convención para leer los símbolos y siglas: los cuadrados señalan actores que pertenecen a movimientos sociales. Dentro de éstos se señala con la sigla “Aca” a los académicos, con la sigla “Mov” a organizaciones o actores pro-elección, con la sigla “Con” a actores conservadores y con “Igl” a actores de la Iglesia. Los triángulos señalan actores del ejecutivo. Finalmente, las elipses indican actores del legislativo.

GRÁFICA 1 RED DE ACTORES-AGUASCALIENTES 

De la gráfica 1 se desprende que actoras clave del movimiento feminista, con trayectorias múltiples, pudieron construir una posición de intermediación suficientemente fuerte para establecer negociación con actores claves del Legislativo. En términos del análisis de redes podemos decir que hay nueve actores por encima del promedio de intermediación (betweenness) en esta red. Entre ellos, seis se posicionan a favor del movimiento pro-elección y tres a favor del proyecto pro-vida. Entre las y los seis primeros destacan el legislador Miguel Ángel Juárez Frías del PRI (Leg1), quien está a su vez conectado con Verona Valencia (Eje1), directora del IMM. El primero se encuentra 360.42 veces en el camino más corto (o geodésico) entre dos nodos que no se conectan directamente entre sí, mientras que la segunda está 166.15 veces en esa posición estructural.

Por parte del movimiento pro-elección, adquiere también relevancia la ya mencionada Marcela Martínez (Mov7: 71.78 veces), con trayectoria en AMESS, Cecadec y Femess. Destaca asimismo Lorena Martínez, presidenta municipal de Aguascalientes (Eje2: 69.56 veces). Estas posiciones de intermediación son acompañadas por la legisladora Edith Citlalli Rodríguez González (Leg5) y por Rosalinda Arrechar Lara (Mov3), de la asociación civil Mexicanas en Acción Positiva, quienes están 51.55 y 42.02 veces en la posición estructural de intermediación.

Por parte del contra-movimiento conservador, estas posiciones sólo son disputadas por Juan Manuel López Valdivia, del Consejo de Laicos de Aguascalientes; Bernardo Urzúa, representante del nuncio apostólico, y Raúl Sosa Palos, vicario de la diócesis de Aguascalientes. Destaca que el obispo no tenga una posición de intermediación importante por encima del promedio en esta red (para información detallada, ver Anexo metodológico).

En conjunto, esta red de actoras a favor del derecho a elegir consiguió establecer los puentes suficientes para detener el proyecto de ley a favor del derecho a la vida en Aguascalientes. Esta situación es opuesta a lo que encontramos en Querétaro.

La primera conclusión que se desprende de la observación de la gráfica 2 es que en realidad estamos ante dos redes de actores completamente escindidas entre sí. En segundo lugar, podemos observar que todos los legisladores (elipses) están incluidos en la red de actores conservadores (cuadrados con sigla “Con”) y eclesiásticos (cuadrados con sigla Igl). También constatamos que hay académicos en ambas redes, pero son diferentes entre sí, por lo que ninguno puede fungir como lazo puente. Por otra parte, en la red pro-elección (a la derecha de la gráfica) encontramos tanto a mujeres del movimiento feminista queretano como a mujeres del movimiento nacional (por ejemplo, GIRE). Por último, y especialmente interesante para nuestros fines, puede observarse que en Querétaro no aparece ninguna mujer que ocupe algún cargo en el Ejecutivo estatal. A diferencia de Aguascalientes, en el caso de Querétaro no se presenta ninguna mujer con trayectorias múltiples en estas posiciones. Ello es coherente con la historia de debilidad de la institucionalidad de género en el estado y con las dificultades del movimiento local para poder insertarse en estos espacios.

FUENTE: Elaboración propia.

GRÁFICA 2 REDES DE ACTORES-QUERÉTARO 

CONCLUSIONES

Los movimientos feministas y a favor de la agenda de género han luchado largamente por generar instituciones específicas que permitan implantar la política a favor de la igualdad de género desde el Estado. México no es la excepción en esta lucha.

Sin embargo, las vicisitudes de la implantación concreta de esta institucionalidad, especialmente su captura o inhibición por coaliciones de causa conservadoras, abre nuevas preguntas para contestar. Específicamente aquí nos hemos preguntado: ¿qué le han dado los repertorios institucionales a la emancipación de la mujer buscada por los movimientos feministas en México?

La comparación de los casos de Aguascalientes y Querétaro nos permite concluir que la existencia de mujeres insertas en la institucionalidad de género resulta un factor importante para la defensa de contenidos feministas frente a embates conservadores. La desconfianza hacia una institucionalidad debilitada e inoperante a la hora de la defensa de temas controvertidos (como los derechos sexuales y reproductivos) tiene asidero en el contexto de algunos estados mexicanos (como el caso de Querétaro); sin embargo, desprender de ello que las femócratas, en toda circunstancia, no tienen importancia para el movimiento feminista es, claramente, un error. El espacio del Estado no puede concebirse como escindido de las posibilidades de acción movimental. Si se le concibe así, otros actores pasarán a ocuparlo.

La heterogeneidad de escenarios institucionales en los estados mexicanos permite observar que si bien los puntos de partida son diferentes, no parece ser conveniente desestimar la batería de repertorios de acción socio-estatal cuando ello sea posible.

Finalmente, ¿qué podemos aprender de este análisis, más allá de la especificidad del movimiento feminista mexicano? Volviendo a los fundamentos teóricos esbozados, este análisis muestra que autonomía no implica anulación de relación. Todo lo contrario, en determinados contextos la interacción de trayectorias movimentales e institucionales por medio del despliegue de repertorios socio-estatales resulta una estrategia efectiva que potencia repertorios contenciosos y fortalece, en vez de debilitar, los objetivos de lucha libremente construidos por un movimiento social. De esta forma, la perspectiva relacional aquí esbozada amplía nuestro entendimiento sobre el activismo institucional más allá de acusaciones simples que oponen maniqueamente traición versus lealtad.