El pastel venezolano

En la última entrega del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sobre Venezuela, una interesante y sugerente compilación llamada Lecturas urgentes, Atilio Borón cuestiona las causas que podrían explicar la crisis y enumera los siguientes puntos: a) el rentismo petrolero, b) conflictos internos, c) corrupción estatal y d) el imperialismo norteamericano. ¿Por qué esta respuesta es necesaria pero insuficiente?

El año 2018 puede ser el momento en que es válido hablar de un consenso más o menos generalizado en la parte descriptiva del diagnóstico de la situación venezolana. El gobierno siempre había optado por una estrategia negadora y sus defensores, dentro y fuera del país, también. Ahora una matriz de opinión centrada en el peso de bloqueos y sanciones permite dejar de negar la crisis, pero desplazar responsabilidades.

Una de las metáforas favoritas que nos enseñan en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para explicar en específico la lógica del process tracing, y en general un supuesto extrapolable sobre el aporte de la perspectiva de ciencias sociales, es la de pensar los fenómenos sociopolíticos como pasteles. Al científico social se le presenta un pastel, no lo hace, ya le llega hecho, su tarea es dar con la receta a partir de lo que ve. Pero una buena receta es aquella que no se conforma con enumerar los ingredientes, sino que asigna cantidades a cada uno: cuánta harina, cuánta azúcar, cuánta levadura; así como también la que logra definir qué ingrediente o proceso va primero y cuál va después; no queremos meter al horno sin mezclar antes, por ejemplo.

Esto significa que para la situación venezolana, pero también para cualquier otro hecho social, postular que lo que la explica es el rentismo (argumento histórico), conflictos internos, malas decisiones gubernamentales (argumento endógeno) e imperialismo norteamericano (argumento exógeno), es lo mismo que decir que todo la explica y que nada la explica. Es evidente que algo sucede por lo que pasó antes, por el contexto y por lo que pasa adentro. De lo que se trata es de asignar a cada factor explicativo su peso diferencial para un tiempo y espacio determinado en una perspectiva de proceso. Sólo así se puede hacer algo clave en ciencias sociales, que es arriesgar hipótesis. La hipótesis que quiero avanzar esta vez es que, a diferencia de cierta matriz de opinión, en la crisis actual en Venezuela (si bien permeada por factores históricos y de contexto externo) juegan un papel preponderante las propias decisiones gubernamentales, lo que no implica ignorar, como lo hace otra matriz de opinión, la importancia de las presiones externas.

Para ser justos, en Lecturas urgentes, aunque abundan las atribuciones de responsabilidad a factores externos e históricos -imperialismo norteamericano, las organizaciones hemisféricas, los gobiernos neoliberales de la región y el rentismo petrolero que se origina antes de Hugo Chávez-, también hay referencias al autoritarismo, la ineficiencia y la corrupción que ponen el foco en lo interno. No obstante, el énfasis en lo externo y lo histórico tiende a implicar silencio sobre la práctica gubernamental en el presente.

¿De qué forma influyen las sanciones?

En efecto, el tema de las sanciones ha surgido como explicación de la crisis migratoria y de la crisis en general. Exactamente, las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea contra el gobierno bolivariano empiezan desde 2015. Los antichavistas y los mismos operadores de estas medidas tienden a enfatizar el hecho de que son mecanismos dirigidos únicamente a individuos y no al país (hasta octubre de 2018, se han congelado las cuentas internacionales de 52 funcionarios acusados de violación de derechos humanos y narcotráfico), pero hay una excepción importante.

En un reciente artículo (publicado el 20 de septiembre de 2018) en el blog dedicado a Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) llamado Crude Realities, Francisco Rodríguez argumenta que la economía del país implosionó porque no puede importar y no puede importar, en tanto que sus ingresos en exportaciones colapsaron. Esto, a su juicio, se debe a la caída en la producción de petróleo. Concretamente, comenta que entre 2012 y 2017 las importaciones de bienes y servicios cayeron en 80.9%, algo gravísimo debido a que la venezolana es una economía extremadamente dependiente de las importaciones dado el fallo histórico en diversificar la economía: el chavismo no sólo no pudo superar esta dependencia, sino que la reforzó y la llevó a niveles extremos. Además, durante el tiempo del boom de los precios internacionales del barril, el gobierno gastó todo.

El autor asevera que en 2016 hubo la primera caída importante en la producción, pero la vincula con la caída del precio internacional del barril de petróleo. El otro punto de inflexión fue en agosto de 2017; en ese momento subió el precio internacional del barril, pero la producción venezolana cayó. Lo fundamental de este punto es que coincide con la única sanción financiera no focalizada individualmente, sino dirigida al gobierno y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA): la orden ejecutiva 13808. Esta sanción prohíbe a empresas estadounidenses refinanciar deuda de PDVSA y del Estado y renegociar bonos (no bloquea importaciones ni exportaciones de alimentos y medicinas).

Lo anterior es interesante debido a que es algo que tienden a ignorar los antichavistas, que aseveran que sólo ha habido sanciones individuales. También otorga cierto fundamento al argumento externo en la explicación de la crisis. El autor aclara que no se trata de exculpar a Maduro y menciona decisiones clave que fomentan la crisis, como el control cambiario. Más aún, concluye que, si bien las políticas de Maduro tienen mucho que ver con el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, sanciones como la impuesta en agosto de 2017 empeoran la situación.

Quisiera detenerme un poco más en esto. Esta sanción ha dado pie a la matriz de opinión que pretende explicar toda la crisis apelando a factores externos. No obstante, aunque pudiera tener un efecto constatable en la merma operativa de PDVSA y en el empeoramiento de la situación, se trata de una sanción de 2017 y la crisis actual venezolana se puede pulsar desde 2013 (desde ese año la economía del país se ha contraído 50%, la inflación en 2015 cerró en 180.9%, para 2016 la mortalidad infantil había aumentado 30% y el grave desabasto se da entre 2013 y 2015). Es decir, no es válido ignorar que sanciones como ésta sí juegan un rol en el recrudecimiento de la coyuntura y ya se ha demostrado que el efecto de estas presiones es controvertido -muchas veces terminan favoreciendo el endurecimiento del régimen autoritario-, pero tampoco es pertinente pretender explicarla en su totalidad a partir de este tipo de medidas.

Más aún si se tiene en cuenta que el mismo Rodríguez propone una hipótesis alternativa en la caída de la producción de petróleo y el deterioro progresivo de su capacidad operativa, a saber: el efecto acumulado de la corrupción (95 ejecutivos de PDVSA han sido encarcelados) y la subinversión. En ese sentido, el economista Ronald Balza, tras repasar la Evaluación de Resultados 2016 de PDVSA, sostiene que la política cambiaria que mantiene el chavismo, sumada a haber mantenido fijo el precio de la gasolina, agravó la situación financiera de la empresa; retrasar los ajustes cambiarios postergó las ganancias registradas en 2016. Es así como PDVSA, en lugar de ser una empresa pública que genera ingresos para el Estado, ha sido parasitaria del mismo.

En un artículo del New York Times publicado el 16 de septiembre de 2018, Javier Corrales va más allá y argumenta que la crisis no es accidental, sino que está hecha a conveniencia del gobierno. Según el politólogo, Maduro está usando la miseria económica para extinguir lo poco que queda del sector privado en Venezuela y expandir el control estatal (yo le añadiría militar). Definitivamente, la propia crisis es un factor que termina aprovechando la élite en el poder para afianzar su resiliencia.

En fin, en la asignación de los pesos específicos a cada potencial factor explicativo, tienen que priorizarse aspectos como las decisiones gubernamentales en materia económica y la corrupción, que ha significado el desfalco de millones de dólares.

Consolidación del autoritarismo

Muchos académicos llevan años hablando del ocaso del chavismo, de su peor momento, pero Maduro sigue ahí. Frank Mora hace bien en recordar que el gobierno mantiene el control de las instituciones, lo que provoca que no haya habido un desafío realmente serio a su permanencia en el poder; en ese control es altamente relevante el de las fuerzas armadas.

Los militares de alto rango (los niveles de deserción a nivel medio y bajo y represión interna son alarmantes) mantienen a Maduro donde está y él, a cambio, les otorga control de aduanas, distribución de alimentos, facilidades empresariales y otros beneficios. Desde esa arista es valioso el aporte realizado por Armando.info (plataforma web independiente de periodistas nacida en Venezuela al calor de la crisis y la censura de sus medios), en su trabajo de investigación “Outsourcing militar”, en el que se constata, entre otras cosas, que el Estado encarga obras de construcción, servicios de seguridad e importaciones de alimentos y medicinas a un aproximado de 785 militares activos.

En Venezuela se vive un proceso de consolidación de un régimen de partido hegemónico sin competencia electoral alguna. La victoria opositora en el congreso en 2015 es un punto de quiebre para el giro autoritario; la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue el arma y la elección presidencial del 20 de mayo de 2017 fue el tiro de gracia.

Las irregularidades del proceso electoral del 20 de mayo de 2018 fueron claras: a) la convocatoria la realizó la cuestionable ANC y no el poder electoral, como manda la ley; b) el tiempo constitucional para fijar la fecha de las elecciones es de seis meses; se hizo en tres; c) varios candidatos opositores importantes fueron inhabilitados; d) dos de los principales partidos opositores, Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia, fueron ilegalizados; e) se inhabilitó la tarjeta unitaria de la Mesa de la Unidad Democrática (principal coalición opositora); f) la observación electoral independiente era nula; g) hubo un aumento irregular del registro de electores y centros de votación; h) fueron prohibidos los llamados a la abstención, entre otras. Una cosa es clara: una elección normal, en sus tiempos, sin ilegalidades, con observación internacional independiente, difícilmente sería ganada por el actual presidente venezolano.

La ANC en 2017 sirvió para desactivar las protestas, dividir a la oposición y convocar apresuradamente a todas las elecciones posibles para aprovechar esa coyuntura. En esa elección ocurrió por primera vez que la empresa totalizadora de votos (la elección en Venezuela es automatizada) denunciara una discrepancia de sus cifras con las que anunció el gobierno (la empresa tuvo que salir del país). A partir de ahí, la oposición se vio totalmente anulada.

Desde este punto de vista, Eugenio Martínez, en una columna del portal web Caracas Chronicles, apunta pertinentemente que sólo 12 de 59 organizaciones políticas sobrevivieron a una primera lluvia de bloqueos técnicos y legales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para finales de 2018, sólo un partido de oposición no era ilegal; el que fue a las elecciones presidenciales del 20 de mayo y encausado y diseñado para ser la oposición leal.

Toda esta reconstrucción se suele dejar de lado en las quejas constantes sobre la falta de liderazgo opositor; es decir, se reconoce poco el rotundo impacto de todas las acciones que ha hecho el gobierno para aplacar cualquier atisbo de liderazgo que lo cuestione y así desincentivar la unidad opositora; de hecho, en octubre de 2018 se formalizó la disolución de la Mesa de Unidad Democrática (principal alianza opositora).

Desde una óptica similar, también se suele revictimizar a la sociedad venezolana. Abundan las preguntas: ¿por qué no lo sacan?, ¿cómo aguantan? Esto se suma a acusaciones que sugieren que la aparente pasividad es, en realidad, complicidad. En ese sentido, Corrales expresa que si a estas condiciones económicas tan deterioradas se le suma un nivel de represión tan alto como el vivido en 2017, las opciones para la ciudadanía se limitan a tratar de sobrevivir como se pueda o emigrar.

A finales de 2018, una visita de Maduro a un restaurante famoso en Turquía generó mucha indignación. Quedó claro que fue un artilugio para mostrar tranquilidad, estabilidad y seguridad tras una visita a China por financiamiento. No obstante, esa ficción también puede constatarse en las calles venezolanas; tras pasar en Venezuela buena parte del presente año, puedo corroborar que, a pesar de los rasgos visibles de la crisis de transporte, alimenticia, universitaria, de salud, de servicios, y a pesar de protestas gremiales y sociales focalizadas, se percibe una normalidad alarmante.

Con una oposición anulada y el éxodo masivo, buena parte del 2018 puede establecerse como el momento más tranquilo, hegemónico y de poca inestabilidad política interna para el chavismo (quizá por eso se atrevió a lanzar las medidas económicas de agosto). Sin embargo, también hay indicios de que se trata de un aletargamiento ficticio; en cualquier momento algún gatillo puede dejar en evidencia esa aparente apatía y resignación (no debe olvidarse que apenas hace un año fue el ciclo de protestas quizás más largo de la región, y eso desgasta).

Conclusiones: entre lo cotidiano y los escenarios

Como bien lo afirman Luis España y María Ponce en su artículo sobre la creciente desigualdad en Venezuela (publicado igualmente en Prodavinci.com el 28 de agosto de 2018), si un extranjero hace un tour por ciertos lugares de Caracas puede pensar que todo el tema de la crisis es una exageración. Fue mi experiencia particular: eran tres años sin ir a mi país natal y tenía mucho miedo, dadas las noticias. De hecho, las primeras dos semanas estuve encerrado en la casa familiar. Pero manejarse en Caracas es como andar en bicicleta, es decir, te puedes oxidar, pero le agarras el ritmo de nuevo.

En los meses que estuve pude hacer cosas bastante “normales” sin mayor sobresalto: ir a locales nocturnos, comer en restaurantes, beber con amigos, ir al cine, etcétera. Pero era una burbuja, una ilusión propia de visitar Venezuela esta vez como turista/investigador. La ciudad y el país se han dividido en dos realidades muy diferentes: la Venezuela que vive en dólares y la que sobrevive en bolívares. En mi caso particular, tuve la suerte de estar en la burbuja; el asunto es que, como afirman los dos autores recientemente mencionados, sólo el 20% de los hogares venezolanos formaría parte de la “Venezuela en dólares”. De esta forma, el 80% restante de los hogares realmente encuentra serias dificultades para vivir en condiciones tolerables. Sin embargo, incluso desde esa burbuja, si prestas atención a la ciudad, eres testigo de cómo la realidad te explota en la cara en cualquier esquina: basta con hablar con cualquier “pana” o familiar.

En relación con los escenarios que se vislumbran, los analistas manejan opciones como un golpe suave de facciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), golpe de Estado por los militares, implosión social, pero también presiones externas, intervención humanitaria o militar. Todos, con diferente grado asignado de viabilidad o deseabilidad.

El año 2018 cerró con eventos como la solicitud realizada por Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá a la Corte Penal Internacional para investigar a Maduro sobre procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas de 2017. Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó su primera resolución sobre Venezuela con 23 países a favor, siete en contra y 17 abstenciones, instando al gobierno a aceptar ayuda humanitaria. Las victorias de Duque y Bolsonaro también abonan el terreno para lo que seguramente será una etapa con mayor presión internacional.

Este tipo de acontecimientos tienden a ser aplaudidos, se celebran como victorias, se describen como gestos políticos importantes. En realidad, se dan muchos gestos políticos importantes desde fuera, pero el hecho es que Maduro sigue sentado en la silla presidencial y muchas veces lo que se haga desde fuera termina por ser simbólico sin más, o resulta en incentivos para que el gobernante asfixie aún más en lo interno. Además, procedimientos como el de la Corte Penal Internacional pueden durar años y, al final, los casos exitosos contra gobernantes sólo han implicado para ellos dificultades para viajar al extranjero.

Por otro lado, la doctora Shannon O’Neil, investigadora principal de Estudios sobre América Latina en el Council on Foreign Relations sobre política y economía, apunta que una intervención militar sería poco realista -desde cuestiones relacionadas con el tamaño del país y con la escala y magnitud de la intervención, hasta por la propia infraestructura venezolana y sus problemas en servicios- e improductiva. Recuerda también que, en realidad, según las encuestas, la mayoría de los venezolanos no están de acuerdo con una intervención extranjera; si Estados Unidos quiere ayudar, propone, tendría que comenzar por una óptima atención a los migrantes venezolanos que llegan a su territorio (la mitad de las solicitudes de asilo han sido rechazadas).

El politólogo John Magdaleno señala que tendría que valorarse una salida negociada para acelerar la fractura de la coalición dominante. Tras estudiar 70 casos de transición democrática en el mundo, concluye que en 77% de las veces se intentó la negociación política y en 49% se usó la elección como un detonante de la crisis política. Sólo en 17 de los 70 casos de transición el cambio político se produjo por vía de la intervención internacional, y en 15 de estos 17 casos las intervenciones ocurrieron después de que se generara una confrontación bélica. Vale mencionar que, respecto al escenario de la fractura interna de la coalición dominante, han emergido grupos como Chavismo Bravío y Movimiento Chavista Bolivariano, que representan articulaciones de una naciente oposición chavista que puede tener alcances interesantes.

Volviendo al tema de las sanciones, Magdaleno añade: si se aumentan los costos al régimen, pero no se brindan incentivos a los sectores que apoyan a la coalición dominante, la transición es menos probable. En otras palabras, en este contexto no importa tanto que los ciudadanos le quiten el apoyo al gobierno, sino que lo hagan los sectores de poder que lo respaldan. Geoff Ramsey y David Smilde, de WOLA, también resaltan constantemente este punto: es necesario bajar el costo de salida, el costo de la transición, es decir, endosar un enfoque que no se base solamente en castigos, sino en recompensas.

Por otro lado, el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ante la falta de unidad en la oposición, propone una elección abierta para definir liderazgos. Se trata de una opción interesante, aunque el después es muy difuso, dado que el gobierno simplemente puede meter preso a quien salga electo. Además, de nuevo, es una propuesta muy top-bottom. ¿Por qué no pensar en una transición también desde abajo?

En ese sentido, quisiera concluir avanzando una propuesta propia. El tema de mi investigación me ha llevado a constatar que lo local está en disputa entre diferentes interfaces y plataformas promovidas desde el gobierno, como CLAP, UBCH, consejos comunales y comunas. Usualmente, se tiende a pensar que cada uno de estos colectivos o espacios son lo mismo y juegan para un mismo equipo, pero en realidad, fuera de coyunturas concretas electorales donde el enemigo es la oposición, viven en tensión constante. En ese sentido, como en realidad lo local no está asegurado, en esa disputa debería entrar alguna alternativa, una especie de comité de resistencia (con participación de movimiento estudiantil, organizaciones no gubernamentales, etcétera) que fomente redes de solidaridad, intercambio de medicinas, productos; es decir, ampliar el catálogo de alternativas en lo local que pueden ofrecer CLAP, consejos y comunas, y simplemente entrar en la disputa; organizaciones como Prove y la UCAB han propuesto iniciativas interesantes en este sentido.

En todo caso, la situación en Venezuela dista de solucionarse en el corto plazo. La incertidumbre reina y ningún escenario puede descartarse. Como mencioné al inicio, a los cientistas sociales se nos presentan pasteles sobre los cuales toca reconstruir la receta. Sólo espero, con estas palabras, haber aportado ingredientes a los lectores con su respectivo orden y cantidades sugeridas.