Introducción

A menudo se dice que la corrupción es universal, que ha existido en todo momento y en toda sociedad, y que persistirá mientras la naturaleza humana no cambie (^{Mungiu-Pippidi, 2016}). Los efectos que la corrupción provoca en el crecimiento y desarrollo de los países se soportan por la literatura empírica (^{Lambsdorff, 1999}; ^{Mauro, 1995}; ^{Mo, 2001}; ^{Tanzi y Davoodi, 1998}; ^{Wei y Wu, 2001}), y su presencia en todos los países -desarrollados o en desarrollo- o en las distintas formas de gobierno, es evidente (^{Ali y Mdhillat, 2015}; ^{Ali y Saha, 2016}).

Respecto a lo anterior, sobre el estudio de los efectos que la corrupción provoca en el desarrollo económico han surgido dos posturas. Por un lado está la denominada “grasa en las ruedas”, que sostiene que el soborno beneficia el crecimiento al engrasar las ruedas de la burocracia y acelerar los procesos de obtención de bienes del Estado; por otro lado se encuentra la teoría de “la arena en las ruedas”, que defiende el argumento de que, por el contrario, el soborno limita el crecimiento de los países en razón de que representa obstáculos serios para propiciar la inversión.

El asunto es que los perjuicios que ocasiona al desarrollo económico no sólo se reflejan ahí, sino que se extienden y afectan también la calidad de las instituciones (^{Acemoglu, 1995}; ^{De Vaal y Ebben, 2011}). ^{Saha y Ali (2017)} sostienen que la calidad del gobierno está extremadamente interconectada con la corrupción, por lo que la interacción entre ellos puede amplificarse cuando los niveles de ésta son altos y los niveles de aquella son bajos.

La capacidad de las instituciones para responsabilizar a los líderes políticos y a los servidores públicos como variable para medir la calidad de las mismas constituye el elemento principal de estudio de este trabajo. ^{Aidt, Dutta y Sena (2008)} argumentan que esto puede ser el factor de no alinealidad del desarrollo y la corrupción. Demuestran que, en países con alta calificación en este aspecto, como Nueva Zelanda, Suiza, Dinamarca y Finlandia, la presencia de las prácticas corruptas tiene un impacto negativo en el crecimiento y, por el contrario, que el crecimiento tiende a reducirlas; mientras que en los países con baja calidad no tienen impacto en el crecimiento. Tal es el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria.

En ese sentido, esta reflexión literaria aborda el tema de la corrupción tomando como punto de partida su relación con el crecimiento económico los efectos que provoca. Las instituciones políticas representan un factor imprescindible para ello, ya que no se puede estudiar la corrupción y sus efectos sin tener en cuenta el marco institucional en el cual exista (^{De Vaal y Ebben, 2011}). Finalmente, lo que se pretende en este trabajo es analizar cómo la calidad de las instituciones, medida por la capacidad para determinar e imponer responsabilidades, puede, por un lado, representar un mecanismo de control eficaz contra el problema en estudio y, por el otro, incentivar los factores que se encuentran relacionados directamente con el desarrollo económico.

En un primer apartado de este trabajo se plasman las teorías relacionadas que acentúan la relación que existe para con el crecimiento económico, donde se exponen en forma general importantes estudios que demuestran los costos que la corrupción provoca. Seguidamente, se expone lo relacionado con la calidad de las instituciones, la capacidad que debe existir en éstas para imponer responsabilidades. A continuación se plantea el contexto que prevalece en torno al tema de estudio, en México y en Sinaloa, a partir de los datos que arrojan los estudios realizados por diferentes organizaciones y del análisis del sistema anticorrupción recién creado. Por último, se exponen los resultados de la reflexión literaria y se presentan las conclusiones.

I. El estudio del arte

Alrededor del mundo, los gobiernos y organismos internacionales están destinando esfuerzos y recursos económicos importantes para la lucha contra la corrupción. Se estima que al año son más de cien millones de dólares en este rubro (^{Mungiu-Pippidi, 2015}). Gobiernos, organismos internacionales, países donantes, son los responsables de destinar estos recursos para combatir el problema. Sin embargo, los resultados que se evidencian son escasos.

No es casualidad que diversos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por mencionar algunos, se han sumado decididamente a la lucha contra este mal.

En términos generales, el fenómeno sigue creciendo y México en ese sentido no es la excepción, más aún, por el contrario, una mayor presencia y rápida expansión ya trasciende al ámbito internacional. Por ejemplo, en el 2018, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)¹ de Transparencia Internacional, posicionó al país en el lugar 138, de 180² países medidos, 43 posiciones más abajo del lugar 95 que alcanzó en 2015 y, en la última posición de los 35 países miembros de la OCDE. Para el caso del grupo de países que pertenecen al G20, con 30 puntos, se sitúa al país en el lugar 18, sólo por encima de Rusia, que obtuvo 29 puntos.

Para los ciudadanos de América Latina este asunto constituye el cuarto problema más grave que enfrentan, con 10 % de las opiniones vertidas. El análisis a nivel país, para el caso de los mexicanos, el problema se sitúa en la tercera posición con 13 % de las manifestaciones (Latinobarómetro, 2017: 34). En todos los países de Latinoamérica la percepción es que va en aumento con claridad, arrojando la medición que 35 % lo considera de esa manera. En México, 61 % de los encuestados opina que ha aumentado y sólo 6 % opina que el problema ha disminuido (IPC, 2016).

Con base en este último informe, los casos más alarmantes en ese rubro son Venezuela (87 %), Chile (80 %), Perú (79 %) y Brasil (78 %), este último, aun y con todas las reformas positivas que se han implementado en la lucha contra ese mal social. Los mejores evaluados, sólo porque se encuentran por debajo del valor de 50 %, son Argentina (41 %), Guatemala (42 %) y Uruguay (49 %).

En el análisis de la percepción ciudadana relacionada con la actitud que tienen sus gobiernos en esta lucha, las mediciones reflejan que la mayoría de los ciudadanos piensa que su gobierno está actuando mal. Para México, de acuerdo con el IPC (2016), 61 % de los cuestionados opina que las cosas se están haciendo mal, frente a un 24 % que opina que se están haciendo bien.

De lo anterior se aprecia cómo este mal social está tan extendido que no sólo genera efectos en el aspecto económico, sino que éstos también se reflejan en lo político, lo social y lo cultural y que afecta de manera adversa a los países en diferentes grados y niveles de gobierno (^{Ali y Saha, 2016}; ^{Grossi y Pianezzi, 2016}; ^{Heywood, 2007}).

El problema de la corrupción y su inclusión en las actividades gubernamentales no es nuevo. Es un tema y un problema ya añejo (^{Bardhan, 1997}; ^{Gómez, 2004}). El fenómeno se ha extendido a nuevas áreas: ningún Estado ya parece seguro, ni siquiera las democracias más maduras. En ese sentido, ^{Mungiu-Pippidi (2013)} argumenta que de entre los países corruptos, son más aquellos que se dicen democracias electorales, que aquellos en los que existen gobiernos autoritarios.

A menudo se dice que el problema es universal, que ha existido en todo momento y en toda sociedad, y que persistirá mientras la naturaleza humana no cambie (^{Mungiu-Pippidi, 2016}). O, como lo refiere ^{Aidt (2003, p. 632)}, “la corrupción es una característica persistente de las sociedades humanas en el tiempo y el espacio”. Aunque se observa tanto en los países desarrollados como en aquellos en desarrollo, la preocupación por este problema se atribuye en particular a sus efectos negativos sobre diferentes aspectos del desarrollo económico (^{Ali y Mdhillat, 2015}; Ali y Saha, 2015).

De acuerdo con el BM (2005), el costo mundial sólo de los sobornos podría ascender a nada menos que 1.5 billones de dólares al año. Además, los efectos que provoca en el crecimiento y en el desarrollo de los países afectan la inversión doméstica, la inversión extranjera directa, los mercados internacionales, la productividad nacional, entre otros, según se constata en la literatura empírica (^{Lambsdorff, 1999}; ^{Mauro, 1995}; ^{Mo, 2001}; ^{Tanzi y Davoodi, 1998}).

Para algunos, a decir de ^{Mauro (1995)}, por los negativos efectos ya referidos, es un problema que debe ser combatido en forma constante, puesto que se trata de un factor determinante para frenar el crecimiento económico de los países. Para otros, por el contrario, pareciera que su ocurrencia permite aceitar el funcionamiento de la economía, cuando las excesivas regulaciones del Estado provocan que el accionar de las empresas privadas se vuelva más escabroso.

De ahí que su estudio ha permitido desarrollar dos teorías principales basadas en sus efectos económicos. Por un lado tenemos la teoría de “la grasa en las ruedas”, que sostiene que no siempre genera efectos con impactos negativos, que podría ser deseable, incluso, permitir cierto nivel (^{Bayley, 1966}; ^{Beck y Maher, 1986}; ^{Brunetti, Kisunko y Weder, 1998}; ^{Huntington, 1968}; ^{Leff, 1964}; ^{Méndez y Sepúlveda, 2006}).

Quienes sostienen esta teoría afirman que los sobornos pueden actuar como una forma de salvar a alguien de problemas y promover la inversión y el crecimiento económico de un Estado (^{Leff, 1964}). Elimina la limitación de la producción al engrasar las ruedas de la burocracia para las empresas que están bajo el peso de los controles, lo cual mejora el crecimiento (^{Leff, 1964}; ^{Huntington, 1968}).

Por otro lado, está la postura contraria, la denominada teoría de “la arena en las ruedas”, que argumenta que, sin lugar a dudas, la corrupción afecta el crecimiento por la vía de la desaceleración del proceso burocrático, a la vez costoso e ineficiente, y también mediante la transferencia de recursos a empresas infructuosas (^{Mauro, 1995}; ^{Tanzi y Davoodi, 1998}). Otros aseguran que el imperativo del secreto hace que los sobornos sean más distorsionantes que los impuestos (^{Shleiffer y Vishny, 1993}).

La presente investigación se alinea sobre la segunda de las teorías referidas, ya que se parte de aceptar que la ocurrencia de esta mala praxis es perjudicial para propiciar el crecimiento económico de las regiones y países. Se propone abordarla desde los enfoques institucional, político y económico, por estar necesariamente conectados al tema en cuestión. En ese sentido, y clarificando cuáles de esas dos posturas teóricas guía este trabajo, es necesario precisar que se han encontrado en la literatura tres modelos de estudio utilizados hasta hoy, que se basan en la forma de interacción en que ocurre la corrupción, los actores que participan en ella y el alcance de la misma.

Para empezar, cabe destacar que tradicionalmente los investigadores se han enmarcado en un modelo o enfoque de “principal-agente” como una forma más individualista de encontrar respuestas en su combate, donde el centro de estudio son los individuos (ciudadano-funcionario público) y los incentivos que están en juego entre éstos (^{Andvig, Fjeldstad, Weltzien, Amundsen, Sissener y Søreide, 2001}; Becker, 1962; ^{Klitgaard, 1988}; ^{Rose Ackerman, 1978}; ^{Rothstein, 2011}).

Este modelo se centra en la relación entre el principal, es decir, el nivel superior del gobierno, y el agente (un funcionario), que toma los sobornos de las personas privadas interesadas en algún bien producido por el gobierno. Estos estudios examinan formas de motivar al agente a ser honesto, desde los salarios de eficiencia (^{Becker y Stigler, 1974}) hasta el adoctrinamiento (^{Klitgaard, 1991}).

En segundo lugar, existe una literatura alternativa que se ha inclinado por un enfoque distinto, mediante el cual ha abordado su estudio como un problema de “acción colectiva”, contrario al modo individualista del anterior enfoque (^{Mungiu-Pippidi, 2011}; ^{Ostrom, 1998}; ^{Persson, Rothstein y Teorell, 2013}).

Por último, más recientemente se encuentra un reducido grupo de investigadores (^{Carson y Prado, 2016}; ^{Taylor y Buranelli, 2007}), que han introducido el concepto de “multiplicidad institucional”, ya conocido en la teoría organizacional, para explicar la existencia de más de un arreglo o institución. Esta nueva propuesta de modelo de estudio se ha aplicado ya al caso Brasil, con resultados más positivos que negativos; también lo practica Nueva Zelanda, país donde no existe un organismo especializado anticorrupción, pero sí tiene varias agencias oficiales destinadas a la investigación y a la persecución desde diferentes enfoques de las prácticas corruptas.

Derivado de los altos niveles que se perciben, los gobiernos de todo el mundo, apoyados por los organismos internacionales antes mencionados, y con el apoyo de la comunidad académica, se han ocupado de establecer diversas medidas para su combate. Sin embargo, no se ve reflejado con claridad el alcance de los resultados de esta interminable batalla.

Desde la década de 1990-1999 las investigaciones académicas acerca del tema en estudio han aparecido con mucha frecuencia y en forma acelerada. Algunas de las investigaciones están dirigidas a conocer conceptualmente el fenómeno, otras a conocer sus causas o a medir sus efectos y unas más a tratar de encontrar respuestas eficaces para frenarla. Ha sido hasta hoy un tema de estudio muy recurrido, pero que aún persisten muchas dudas sobre su propia esencia. A decir de ^{Mungiu-Pippidi (2015)}, uno de los graves problemas de su estudio son los “diagnósticos equivocados” que se han realizado del fenómeno.

Hasta 2017 no existía un consenso generalizado en el sentido de definir un estándar sobre este fenómeno. Los grandes debates teóricos se han concentrado en tratar de responder, de modo permanente, las siguientes interrogantes acerca de la corrupción: ¿qué es?, ¿cómo medirla?, ¿qué la causa?, ¿cómo afecta al desarrollo económico?, ¿cómo combatirla? (^{Aidt et al., 2008}; ^{Ali y Saha, 2016}; ^{Bardhan, 1997}; ^{Kaufmann, 1997}).

Donde sí existe un consenso aceptado y respaldado por evidencia empírica considerable es sobre las consecuencias negativas que ocasiona en el crecimiento económico de los países, que van desde disminuir la inversión doméstica (^{Mauro, 1995}), el comercio internacional (^{Lambsdorff, 1999}), la inversión extranjera directa, la productividad y calidad de los proyectos de inversión (^{Tanzi y Davoodi, 1998}), hasta provocar inestabilidad política (^{Mo, 2001}).

Anwar ^{Shah y Mark Schacter (2004)} ofrecen una descripción detallada de algunos de los efectos negativos, con datos duros, que este mal social ha causado, sólo por citar algunos ejemplos claros, en algunos países de Europa:

En Kenia, el gasto público “cuestionable” observado por el Contralor y Auditor General en 1997 ascendió a 7.6 % del PIB. En Letonia, según un estudio reciente del Banco Mundial, más del 40 % de las familias y empresas coincidieron en que “la corrupción es una parte natural de nuestras vidas y ayuda a solucionar muchos problemas”. En Tanzania, los datos de un estudio sobre prestación de servicios indican que los sobornos pagados a los oficiales de la policía, empleados de tribunales, servicios tributarios y oficinas de catastro alcanzaron un 62 % de los gastos públicos oficiales en esas áreas. En Filipinas, la Comisión de Auditoría estima que se desvían 4 000 millones de dólares al año a causa de la corrupción del sector público (p. 40).

Lo anterior refleja que si bien las medidas que se han considerado y puesto en marcha alrededor del mundo en su lucha han sido, además de constantes, diversas, y los esfuerzos se han multiplicado en las últimas décadas, los esfuerzos puestos en esta justa y la cantidad de recursos económicos que se han destinado en ello, así como los altos índices de percepción ciudadana aún se manifiestan, en cada región, país y Estado. Todo indica que no han logrado penetrar en las raíces que sostienen este fenómeno.

Por todo esto, se sugiere que los proyectos y medidas que se generen para su control comprendan no sólo cambios en cuanto al tamaño de la administración pública o en lo relativo a la pretensión de reducir el alcance de los gobiernos mediante la desregularización, sino que estos proyectos deben incluir la ideología, leyes, reglamentos y estrategias administrativas, así como controles, balances inter e intraorganizacionales, a fin de definir, identificar, prevenir y castigar las malas prácticas en el quehacer oficial (^{Anechiarico y Jacobs, 1994}).

El asunto es que los perjuicios que ocasiona al desarrollo económico no sólo se reflejan ahí, sino que se extienden y afectan también la calidad de las instituciones (^{Acemoglu, 1995}; ^{De Vaal y Ebben, 2011}), misma que tiene una fuerte influencia sobre la competitividad y el crecimiento, e influye en las decisiones de inversión, la organización de la producción, además de jugar un papel clave en la forma como las sociedades distribuyen los beneficios y los costos de desarrollar estrategias y políticas.

Un mayor crecimiento económico es condición necesaria para salir del subdesarrollo y de acuerdo con la literatura un factor importante para lograr lo anterior son las instituciones. En ese sentido, el análisis del papel de las instituciones del Estado en la búsqueda de soluciones efectivas ha sido crucial (^{Boehm y Lambsdorff, 2009}; ^{Kaufmann, 2000}; ^{Rose-Ackerman, 1996}). De ahí que exista una conexión entre corrupción, desarrollo económico y calidad de las instituciones.

^{Saha y Ali (2017)} sostienen que la calidad del gobierno está extremadamente interconectada con la ocurrencia de prácticas corruptas, por lo que la interacción entre ambas puede amplificarse cuando los niveles de ésta son altos y los de aquella son bajos. ^{Méon y Sekkat (2005)} demuestran un relevante impacto negativo directo, el cual arrecia en condiciones de mala calidad institucional, a la vez que evidencian que la corrupción no constituye un sustituto a la mala gobernanza.

Varios son los factores que hacen posible esta conexión. Desde la existencia de instituciones débiles (^{Acemoglu, 1995}; ^{O’Donell, 1994}; ^{Schedler, 1999}), la mala calidad del gobierno (^{Meón y Sekkat, 2005}), la inestabilidad política y una alta acumulación de capital humano (^{Mo, 2001}; ^{Pellegrini y Gerlagh, 2004}). En este mismo sentido lo asientan ^{Aidt et al. (2008)} al decir que todos estos elementos deben estar debidamente integrados en una compleja red anticorrupción.

La capacidad de las instituciones para responsabilizar a los líderes políticos y servidores públicos como variable de la calidad de las mismas constituye el elemento principal de estudio de este trabajo. ^{Aidt et al. (2008)} argumentan que esto puede ser el factor de no alinealidad del desarrollo y la corrupción. Demuestran que en países con alta calificación en este aspecto, la presencia de las prácticas corruptas tiene un impacto negativo en el crecimiento y, por el contrario, que el crecimiento tiende a reducirlas, mientras que en países con baja calidad no tienen impacto en el crecimiento.

Kaufmann plantea la siguiente interrogante ¿por qué es necesario estudiar la relación entre desarrollo económico, corrupción y calidad del gobierno? (Kaufmann (2000: 368). Ante este cuestionamiento explica que un mal gobierno es generador de espacios para la ocurrencia de estas malas prácticas y, en consecuencia, conducen a altos costos para el desarrollo. Existe un consenso creciente sobre el papel que juegan las instituciones, sobre todo en la determinación del resultado del desarrollo económico (^{Acemoglu y Robinson, 2012}; Kasozi, 2004). Las malas prácticas determinan la diferencia entre países ricos y países pobres.

Siguiendo a ^{Anechiarico (2009)}, quien se refiere a la capacidad institucional de responsabilizar a los líderes políticos, las medidas para su control son más efectivas cuando la agencia central de integridad pública es parte de una red local de administración pública. Debido a ello, las variables que influyen son, entre otras, el sistema de rendición de cuentas, la integridad de la normatividad, la dependencia política de las agencias y las diferencias en la estructura política de las mismas.

De modo similar, otros autores demuestran que las agencias con el mayor grado de independencia política son capaces de definir y ampliar su alcance y apuntar a una gama más amplia de mala conducta. De ahí que, dentro de las medidas que se han venido proponiendo para disminuir sus efectos en el desarrollo económico de los países y de las regiones, el análisis del papel que juegan las instituciones del Estado en la búsqueda de soluciones efectivas ha sido crucial (^{Boehm y Lambsdorff, 2009}; ^{Kaufmann, 1997}; ^{Rose-Ackerman, 1996}).

Bien vale la pena recordar, como ya se anotó antes, que recientes investigaciones están pretendiendo importar un concepto desde la teoría organizacional al asunto del estudio de la corrupción, “la multiplicidad institucional”, el cual puede ser incluido en el desarrollo de esta investigación en el sentido de que diversas instituciones funcionen eficazmente siguiendo el mismo objetivo en común: detectar, investigar y sancionar las prácticas corruptas.

En ese sentido, esta investigación toma como variable independiente la calidad de las instituciones, en específico la capacidad de imponer responsabilidades, ya que representan un factor imprescindible para ello (^{De Vaal y Ebben, 2011}). Lo que se pretende finalmente es determinar cómo la calidad de las instituciones, medida por la capacidad para determinar e imponer responsabilidades, puede, por un lado, representar un mecanismo de control eficaz para el problema en estudio y, en consecuencia, incentivar los factores que se encuentran relacionados directamente con el desarrollo económico. A decir de ^{Acemoglu y Robinson (2012)}, “las instituciones políticas de una nación determinan la capacidad de los ciudadanos de controlar a los políticos e influir en su comportamiento”.

La importancia de investigar sobre este asunto es, en suma, contribuir en los esfuerzos, apoyado en los estudios empíricos que lo han abordado desde diferentes enfoques y en diversos niveles, para encontrar nuevos datos que hagan posible aportar elementos eficaces a la lucha frontal que se lleva a cabo para combatir la corrupción. Teóricamente es justificable su estudio puesto que el gran debate está en constante evolución, buscando y aportando nuevas formas de conocerla, medirla y combatirla.

Por sí mismo, dada la naturaleza de las causas y raíces de donde se origina el fenómeno, el tema no resulta nada fácil de ser estudiado a profundidad. En este caso, la investigación se dirigirá hacia el análisis de las instituciones, donde se busca medir la calidad de éstas a partir de la capacidad para imponer responsabilidades. Esto necesariamente conlleva a entrar en espacios muy íntimos de los tomadores de decisiones, en niveles medios y altos de las instituciones políticas, ya que una de las limitantes que seguramente se encontrarán para la eficacia de las medidas anticorrupción es la voluntad política de los grupos sólidos de interés.

Ahora bien, para poder restarle peso a esos obstáculos, en esta investigación se analizarán determinados indicadores que hacen posible medir la capacidad de las instituciones para imponer responsabilidades a los líderes políticos y funcionarios públicos, a partir de las funciones, facultades y capacidades que actualmente desarrollan; esto permitirá conocer la debilidad o fortaleza que existe en ese sentido y, por tanto, encontrar respuestas a determinadas interrogantes, tales como, por ejemplo ¿por qué en México las instituciones políticas no son tan eficientes y eficaces en el combate de la corrupción? ¿Por qué en otros países de Latinoamérica, como Chile, Uruguay, y en fechas recientes Brasil, han podido echar a andar su maquinaria institucional para combatirla, aún en los más altos niveles políticos mientras que aquí no? ¿Cómo se explica que Nueva Zelanda, donde no existe un organismo especializado anticorrupción, sea uno de los países con una constante en obtener las mejores posiciones del IPC? Algo está fallando.

Es indiscutible que una limitante importante sobre el tema de investigación es la diversidad conceptual que existe, así como la variedad de enfoques desde los cuales se ha abordado. Las formas en que se ha medido han determinado los muy diferentes indicadores usados para esos efectos. Todo esto en la búsqueda constante de respuestas eficaces que frenen la expansión de los efectos que provoca sobre el desarrollo.

Economistas, politólogos, sociólogos, filósofos, han hecho suyo el tema y desde su particular visión disciplinar lo han abordado, analizado, medido e incluso “hasta resuelto”.

II. Consecuencias para el desarrollo económico

Organismos como el Banco Mundial (BM), Transparencia Internacional (TI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, muestran su preocupación por el alza que se observa en los índices de corrupción. Si bien hay países en los que existe una mejoría en su control y percepción, la mayoría no observa avances significativos. Para los ciudadanos sigue siendo un problema significante. En México, por ejemplo, según los datos arrojados por el Informe de Latinobarómetro del 2017, 13 % de la población encuestada considera que la corrupción es el tercer problema más grave, después de la inseguridad y el desempleo.

En cualquier caso, y para cualquier país, el asunto es que provoca efectos negativos, sea en lo social, político, económico, administrativo. En lo social acrecienta las desigualdades y la marginación, ante una irracional distribución del presupuesto público que desvía los recursos hacia intereses individuales o de grupos y priva a la población de mejores y mayores servicios públicos, como de salud y educación, principalmente. En este contexto, ^{Blackburn y Sarmah (2008)} desarrollan un modelo de generación superpuesto en el que los agentes reproductivos viven dos períodos con una probabilidad de supervivencia para un tercer período. Esta probabilidad depende de la entrega de bienes y servicios públicos que podrían verse comprometidos por la corrupción.

Para el BM se trata de un problema que afecta significativamente el desarrollo económico, ya que involucra miles de millones de dólares y constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social. Por lo tanto, no es casualidad que a mediados de los años noventa, a la par de emitir recomendaciones a los gobiernos de todos los países en el sentido de fortalecer medidas para su control, comenzó a incluir cláusulas anticorrupción en muchos de sus contratos de préstamo.

Para ilustrar lo anterior, en el 2007 este organismo internacional puso en marcha su estrategia de fortalecimiento de la participación ciudadana en la gobernanza y la lucha contra este mal social. Por su parte, el Departamento de Justicia y la Comisión de Seguridad e Intercambio de Estados Unidos ha aumentado de modo dramático sus medidas en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Al mismo tiempo varias agencias internacionales de ayuda, incluyendo la Corporación del Desafío del Milenio, sugieren que los desembolsos de ayuda a los países de bajos ingresos se condicionen al mejoramiento de la situación que prevalece en cada país con respecto a este asunto.

Esto justifica la preocupación que existe entre los investigadores y los responsables de la formulación de políticas en todo el mundo por encontrar soluciones más efectivas para el control de la corrupción, ya que sus impactos en el desarrollo económico se manifiestan tanto en los países desarrollados como en aquellos que se encuentran en desarrollo (^{Ali y Mdhillat, 2015}; ^{Ali y Saha, 2016}).

En fechas recientes se observa una mayor expansión en la capacidad de los economistas para medir y controlar este problema. No obstante, el interés que despierta su estudio en la actualidad no es un fenómeno reciente. Su presencia en las actividades gubernamentales no es nueva, es un tema ya añejo (^{Bardhan, 1997}), extendido a nuevas áreas: ningún Estado parece ya seguro, ni siquiera las democracias consideradas “maduras”. En ese sentido, ^{Mungiu-Pippidi (2013)} argumenta que de entre los países corruptos destacan aquellos que se dicen democracias electorales, en los que existen gobiernos autoritarios.

Empíricamente existe un aparente consenso entre los economistas, que es respaldado por evidencia empírica robusta, en el sentido de las consecuencias negativas que ocasiona la corrupción en el crecimiento económico de los países, las cuales van desde disminuir la inversión doméstica (^{Mauro, 1995}), el comercio internacional (^{Lambsdorff, 1999}), la inversión extranjera directa (^{Wei y Wu, 2001}), la productividad y calidad de los proyectos de inversión (^{Tanzi y Davoodi, 1998}), hasta provocar inestabilidad política (^{Mo, 2001}).

La mayor parte de trabajos de carácter empírico realizados en los últimos años demuestra que las instituciones formales e informales se influyen mutuamente y que ambas determinan los incentivos para invertir e innovar, así como los costos de transacción y, por lo tanto, el desarrollo económico (Sánchez, 2011: 62).

En el mismo sentido, ^{Mauro (1997)}, en un estudio realizado en más de cien países, encontró que cuando la corrupción aumenta dos puntos en una escala a diez, el PIB y la inversión disminuyen; el primero en 0.5 % y esta última en un 4 %. Asimismo, el Banco Mundial ^{(BM) (1997)} encontró, utilizando un diseño transnacional, que en los países en donde el soborno era alto e impredecible, la tasa de inversión era prácticamente la mitad de lo que representaba en los países con baja corrupción.

No obstante, acerca de la corrupción y sus efectos en el crecimiento económico existen dos hipótesis principales. Por un lado está la teoría de “la grasa en las ruedas”, que sostiene, como ya se anotó, que la existencia de este fenómeno no siempre genera impactos negativos, que incluso podría ser deseable, por lo que se debe permitir cierto nivel de ella (^{Bayley, 1966}; ^{Beck y Maher, 1986}; ^{Brunetti et al., 1998}; ^{Huntington, 1968}; ^{Leff, 1964}; ^{Méndez y Sepúlveda, 2006}).

Quienes sostienen esta teoría afirman que los sobornos pueden actuar como una forma de salvar a alguien de los problemas y promover la inversión y el crecimiento económico de un Estado (^{Leff, 1964}). Elimina la limitación de la producción al engrasar las ruedas de la burocracia para las empresas que están bajo el peso de los controles, lo cual mejora el crecimiento (^{Huntington, 1968}; ^{Leff, 1964}).

^{Bayley (1966)}, por ejemplo, argumenta que a menos que se haya determinado que una práctica social como esta no aporta beneficios positivos, no debe condenarse a priori y etiquetarse como un obstáculo para el desarrollo económico, ya que la condena por sí misma, aparte de ser sólo una práctica justificativa del no quehacer del gobierno, no mejora la moralidad de los agentes públicos.

^{Méndez y Sepúlveda (2006)} demuestran que existe un impacto beneficioso en el crecimiento a largo plazo con bajos niveles de incidencia, pero es dañina en niveles altos y que, por lo mismo, puede existir un nivel de aceptación de estas prácticas que maximice el crecimiento. Un tema central del argumento de “la grasa de las ruedas” es que el soborno puede ser una manera eficiente de superar las regulaciones onerosas y los sistemas legales ineficaces (^{Kaufmann, 1997}).

Ahora bien, la hipótesis o teoría inversa es la de la “arena de la rueda”, la cual sostiene, por el contrario, que puede ser perjudicial para el crecimiento por la desaceleración del proceso burocrático, a la vez costoso e ineficiente, y también por la transferencia de recursos a empresas infructuosas (^{Mauro, 1995}; ^{Tanzi y Davoodi, 1998}). Otros argumentan que el imperativo del secreto hace que los sobornos sean más distorsionantes que los impuestos (^{Shleiffer y Vishny, 1993}).

Lo anotado hasta ahora coincide en que los costos para el desarrollo suelen mostrarse de diferente forma de país en país. ^{Wei (2000)} observa que esos costos equivalen a un “impuesto” a la inversión extranjera directa, de modo que la cantidad creciente de actividad corrupta, desde el nivel más bajo de Singapur hasta el más alto de México, equivale a un “impuesto del 21 % a la inversión” en este último país.

La reflexión teórica demuestra la asociación que tiene el tema de estudio con el desarrollo económico. Esta asociación se hace extensiva a las instituciones. La calidad de éstas, medida con base en su capacidad para responsabilizar e imponer sanciones a los líderes políticos y servidores públicos, es el hilo conductor de esta conexión, por lo que para los propósitos de este trabajo conviene entrar al análisis de ello.

III. La capacidad del Estado para responsabilizar

Varios son los factores que hacen posible la conexión antes explicada. Desde la existencia de instituciones débiles (^{Acemoglu, 1995}; ^{O´Donell, 1994}; ^{Schedler, 1999}), la mala calidad del gobierno (^{Meón y Sekkat, 2005}), la inestabilidad política y una alta acumulación de capital humano (^{Mo, 2001}; ^{Pellegrini y Gerlagh, 2004}). En este mismo sentido lo asientan ^{Aidt et al. (2008)}, al decir que todos estos elementos deben ser debidamente integrados en una compleja red anticorrupción.

Por todo esto, se sugiere que los proyectos y medidas que se generen para su control no sólo contemplen cambios relativos al tamaño de la administración pública o pretendan reducir el alcance de los gobiernos mediante la desregularización, sino que incluyan ideología, leyes, reglamentos y estrategias administrativas, así como controles, balances inter e intra-organizacionales, a fin de definir, identificar, prevenir y castigar las malas prácticas en el quehacer oficial (^{Anechiarico y Jacobs, 1994}).

Otros autores señalan que una manera de controlar esta problemática es mediante figuras externas que responsabilizan a los líderes (^{Brunetti y Weder, 2003}; ^{Diamond y Morlino, 2004}; ^{Wampler, 2004}). ^{Adsera, Boix y Payne (2003)} manifiestan que si bien los responsables políticos tienen fuertes incentivos para apropiarse de los ingresos ciudadanos, la existencia de agencias bien diseñadas aumenta la responsabilidad política y reduce el espacio disponible para la apropiación de los alquileres.

Por su parte, ^{Aidt et al. (2008)} apuntan que esto último puede ser un factor de no alinealidad en su relación con el desarrollo, sobre todo tratándose de la capacidad para responsabilizar a los líderes políticos por malas acciones en sus cargos. Demuestran que, en países con alta calificación en este aspecto, la presencia de las prácticas corruptas tiene un impacto negativo en el crecimiento y, por el contrario, que el crecimiento tiende a reducirlas; mientras que en países con baja calidad no tienen impacto en el crecimiento.

Siguiendo a ^{Anechiarico (2009)}, quien se refiere a la capacidad institucional de responsabilizar a los líderes políticos, las medidas para su control son más efectivas cuando la agencia central de integridad pública es parte de una red local de administración pública. En razón a lo anterior, las variables que influyen son, entre otras, la integridad de la normatividad, la dependencia política de las agencias y las diferencias en la estructura política de las mismas.

^{Méon y Sekkat (2005)} evalúan su impacto directo sobre el crecimiento económico mediante un estudio en el que incluyen un término de interacción para identificar cómo se ve afectado el crecimiento económico de acuerdo a los niveles de gobernabilidad. Concluyen que si la gobernabilidad es muy baja, entonces el aumento de la corrupción realmente disminuye la tasa de crecimiento.

^{Saha y Ali (2017)} de igual modo sostienen que la calidad del gobierno está extremadamente interconectada con la ocurrencia de estas prácticas, por lo que la interacción entre ellos puede amplificarse cuando los niveles de gobernabilidad y tasa de crecimiento son altos y los niveles de corrupción son bajos. Por lo tanto, el costo de reducir este fenómeno depende en gran medida de la construcción de una estructura institucional sólida que pueda luchar eficazmente en su control.

De manera similar, otros autores demuestran que las agencias con el mayor grado de independencia política son capaces de definir y ampliar su alcance y apuntar a una gama más amplia de mala conducta. De ahí que dentro de las medidas adoptadas con el propósito de disminuir sus efectos nocivos para el desarrollo económico de los países y de las regiones, el análisis del papel que juegan las instituciones del Estado en la búsqueda de soluciones efectivas ha sido crucial (^{Boehm y Lambsdorff, 2009}; ^{Kaufmann, 1997}; ^{Rose-Ackerman, 1996}).

De modo que, visto el arraigo de este fenómeno en las estructuras institucionales y en todo lo relativo al quehacer gubernamental, se entiende cómo afecta el desarrollo económico. Se debe trabajar consecuentemente en la elaboración de un marco normativo más sólido, que fortalezca la confianza social hacia los gobiernos y, entre otras cosas, posibilite la construcción de nuevos mecanismos de combate de la corrupción (^{Casar, 2015}). El fortalecimiento de la rendición de cuentas se presenta como uno de los mayores desafíos de la etapa de mejoramiento y fortalecimiento de las nuevas democracias (^{Peruzzotti, 2007}).

Hasta hoy, como lo afirma ^{De Sousa (2010)}, la idea general de las estrategias de reformas o mecanismos anticorrupción parece llevar el mismo sentido en dos vertientes: reformas legislativas en materia penal por un lado y creación de cuerpos especializados por el otro. Sin embargo, ^{Søreide y Rose-Ackerman (2017)} sostienen que las sanciones que deban imponerse sobre las prácticas corruptas no necesariamente deben estar asociadas a leyes penales.

Derivado de este debate teórico, y para el propósito de este estudio, se plantea como interrogante central ¿qué papel juega la calidad de las instituciones políticas en la lucha y control de la corrupción? En específico la interrogante se centra en explicar el impacto de la capacidad de las agencias para responsabilizar a los líderes políticos y a los servidores públicos (^{Acemoglu, 1995}; ^{Adsera et al., 2003}; ^{Aidt et al., 2008}; ^{Anechiarico, 2009}; ^{Anechiarico y Jacobs, 1994}; ^{Huberts, Anechiarico y Six 2008}; ^{Saha y Ali, 2017}).

En respuesta a la interrogante anterior, se plantea como hipótesis que las capacidades de las agencias políticas son fundamentales para establecer mecanismos reales para su control, siempre y cuando se mejoren condiciones como independencia política, que exista una verdadera red local integral, leyes y medidas más efectivas, agencias con facultades amplias para responsabilizar a los líderes políticos y servidores públicos (^{Acemoglu, 1995}; ^{Adsera et al., 2003}; ^{Aidt et al., 2008}; ^{Anechiarico, 2009}; ^{Anechiarico y Jacobs, 1994}; ^{Huberts et al., 2008}; ^{Saha y Ali, 2017}).

IV. Panorama de corrupción y crecimiento económico: México y Sinaloa

El panorama para México y Sinaloa en este asunto no es alentador. De acuerdo con el “Informe de Latinobarómetro del 2017”, la corrupción en México se percibe como el tercer mayor problema, con 13 % de las opiniones en este sentido.

A partir de 1995, TI inició con la medición y cálculo de los índices de percepción social acerca de este fenómeno en el mundo. Con el transcurso de los años, más países se han sumado a este ejercicio; sin embargo, otros optaron por retirarse del programa. México es uno de los países que ha permanecido desde los inicios de este ejercicio de medición.

En la medida que año con año más países se suman a esta medición, México ha continuado ocupando los últimos lugares. Así ha rebasado la media en las puntuaciones, cuando en 1995, de un total de 41 países evaluados, se situó en el lugar 32.

De acuerdo con los datos generados por TI, pasó de la posición 98 que ocupó en el 2010 a la 123 en el 2016, en el ranking del IPC (ver Gráficas 1 y 2).

Fuente: ^{M. León y J. Mendoza (2017)}.

Gráfica 1 Posición global de México versus países evaluados 

Fuente: ^{M. León y J. Mendoza (2017)}.

Gráfica 2 Puntuación obtenida por México en el Rankin del IGPC 

A nivel Latinoamérica, el índice de medición de la percepción ya señalado, al 2016 ubica a México en la posición 26 con un nivel de 30 puntos. Una diferencia muy marcada del año anterior, que se ubicó en la posición 15, uno de los mejores lugares que históricamente ha obtenido. Cabe señalar que para la medición del 2015 de este programa participaron 170 países, en tanto que para el 2016 aumentó a 176.

De los 35 países miembros de la OCDE, México está calificado como el país más corrupto. En el Índice de Competitividad Global, México ocupa el lugar 125 entre 140 países en términos de desvío de fondos públicos, con un puntaje de 2.3 de 7 (FEM, 2015).

En lo que corresponde específicamente a Sinaloa, no es muy distinta la realidad. De 32 entidades, el Estado ocupa la posición número 23, de acuerdo al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno del 2010, de Transparencia Mexicana (INCBG, 2010). En el 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el Estado de México y Sinaloa fueron los dos más corruptos en la medición nacional.

Resulta rescatable que, buscando encontrar una relación lineal negativa con el desarrollo en Sinaloa, no se ajusta la hipótesis general planteada en este estudio. No genera impactos negativos importantes para el desarrollo local, ya que de acuerdo a los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el desarrollo en Sinaloa ha mantenido una constante positiva en los últimos años.

Del 2010 al 2015, a excepción del registro negativo del 2011, el crecimiento en Sinaloa -medido siempre con respecto al año anterior- ha sido positivo, como se muestra en la gráfica 3. En el 2010 el crecimiento económico fue de 5.50; en 2011, de -1.66 %; en 2012 se refleja una buena recuperación con un 4.52 % de crecimiento; en 2013, 1.68 %; para 2014 el crecimiento registrado fue de 2.99, y en 2015 se registró un crecimiento significante de 5.02 %. Todos estos registros de crecimiento, con la reserva del año 2011, estuvieron por encima del crecimiento medio nacional (ver Gráfica 3).

Fuente: ^{M. León y J. Mendoza (2017)}

Gráfica 3 Crecimiento de Sinaloa versus media nacional 

Si bien se advierte la existencia de corrupción en Sinaloa, no registra efectos negativos que socaven el crecimiento y desarrollo económico del estado. Esto no quiere decir que se haya logrado encontrar las medidas o establecido mecanismos para su control eficaz. El problema es que es evidente su presencia, y la cuestión es que los niveles registrados de su percepción son significativos. Examinemos en forma breve las reformas que en fechas recientes se hicieron en México en ese sentido.

V. Las instituciones anticorrupción

En mayo de 2015, en México se aprobó la reforma constitucional mediante la cual se establece el Sistema Nacional Anticorrupción. En este proceso fue necesario realizar cambios en 14 artículos de la Carta Magna, y se crearon cuatro leyes nuevas, además de reformarse tres ordenamientos.

Previamente a este proceso de cambio normativo, en el 2014 se llevó a cabo la reforma en materia de transparencia mediante la cual se reformaron diez artículos constitucionales con el propósito de cambiar las reglas del juego en la materia, como, por ejemplo, declarar la autonomía constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), así como redefinir sus facultades.

Estas reformas obligaron a los estados de la República a replicar la creación de los sistemas estatales, en los términos de sus propias facultades. En este sentido, y en apego a ese mandato constitucional, en junio del año 2017 Sinaloa aprobó la ley que contempla y ordena la creación de este sistema.

Como consecuencia de estos cambios, se estableció la obligación de coordinación de todas las agencias del estado relacionadas con el cumplimiento de facultades acerca del combate de la corrupción, como son, la Auditoria Superior del Estado (ASE), Poder Judicial (PJ), Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) -creado con la reforma constitucional-, la Fiscalía Especializada Anticorrupción (FEA), la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) del Gobierno del Estado, la Coordinación Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) y un Comité de Participación Ciudadana (CPC) creado exprofeso. De acuerdo a la propia ley, el presidente de este Comité de Participación Ciudadana es, al mismo tiempo, el coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

El asunto de la conformación de los sistemas integrales anticorrupción no es reciente ni significa una innovación en este sentido para México. La OCDE (1996) fue probablemente una pionera en sugerir la creación de este tipo de unidades independientes y especializadas para los Estados miembros. El proceso de creación de estos sistemas que anteceden e inspiran a los recién creados data de los años ochentas. Por mencionar algunos, la Comisión Independiente contra la Corrupción de Australia y Nueva Gales del Sur, creada en 1988; la Comisión Permanente Contra la Corrupción en 1988; la Unidad de Lucha contra la Corrupción y Delincuencia el Servicio de Investigación y Policía Criminal de Checoslovaquia en 1991 y el Servicio Central de Prevención de la Corrupción de Francia (SCPC) en 1993.

En relación con lo anterior, ^{De Sousa (2010)} asegura que la aparición de este tipo de agencias y sistemas integrales se ha dado en la medida que el problema se ha vuelto global y, por lo tanto, se volvió de interés general. El asunto en México es que el problema se vincula a la impunidad. No es coincidencia que el país haya ocupado el penúltimo lugar en el Índice Global de Impunidad (UDLAP, 2015), lo cual impide que las instituciones realicen de manera efectiva e imparcial su función.

De entrada, pareciera que la implementación de este sistema representa una panacea para detectarla y controlarla. Sin embargo, en un primer análisis a la normatividad creada y reformada para este propósito se encuentran algunas cuestiones que muestran la debilidad institucional en cuanto a la capacidad de responsabilizar a los líderes políticos y a los servidores públicos y da cuenta de que seguirá siendo una tarea pendiente.

Primeramente, se implementó la operación del citado sistema estatal sin la existencia de reglas claras para la participación ciudadana. La forma y modo cómo se generó este espacio en la materia no cumple con las exigencias que ello requiere. Si bien se ordena la creación de este Consejo como una figura permanente de este nuevo sistema, también es cierto que el espacio de interlocución que se le otorga no parece suficiente para contribuir en esta lucha. La sociedad ha venido siendo cada vez más demandante en generar esos espacios de participación, y el control de la corrupción debe dejar de ser un tema exclusivo de los gobiernos, ya que la ciudadanía reclama su inclusión (^{De Sousa, 2010}).

Segundo, existen serias lagunas de claridad en el alcance de las competencias de algunas de estas instituciones. Se advierten, por ejemplo, ciertas confusiones en las facultades que le corresponden a la Auditoria Superior del Estado y al Tribunal de Justicia Administrativa particularmente. Por último, no están bien definidos los mecanismos de coordinación entre todas estas figuras, lo que advierte que esas lagunas se pueden convertir en incentivos claros para que los líderes y servidores públicos hagan su reingeniería para la puesta en marcha de prácticas corruptas.

VI. Resultados

La reflexión literaria abordada demuestra que el asunto de la corrupción tiene una presencia mundial, y que no existen países libres de este fenómeno, lo que varía son los costos y efectos que en cada uno provoca. Esto es así, dada las circunstancias y condiciones económicas, culturales, políticas, de marco institucional, entre otras causas. Lastimosamente, México es uno de los países con resultados detestables en la materia. Las mediciones hechas por diversas organizaciones internacionales así lo demuestran.

La percepción de la ciudadanía sobre este problema en México va en aumento. Prueba de ello es que, de acuerdo con el Informe de Transparencia Internacional (2018), México ocupa el lugar 138 de 180 países. En Latinoamérica aparece en el lugar 26 mientras que en los países que son miembros de la OCDE, México es el Estado más corrupto.

Los costos para el desarrollo económico de los países son incuestionables, como también lo es que las instituciones públicas constituyen un factor importante en esta conexión. Contar con instituciones sólidas, con independencia, estructura orgánica, capacidades y facultades amplias para imponer responsabilidades a líderes políticos y servidores públicos, es un elemento indispensable.

La literatura empírica demuestra que en los países con mayores niveles de corrupción la economía se encuentra debilitada y las instituciones rebasadas, en algunos casos, con los plácemes de quienes tienen el control de los bienes del Estado mediante los sobornos.

Es justificable el interés que existe en la comunidad académica, en los gobiernos del mundo, en las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales por encontrar medidas eficaces que en verdad constituyan mecanismos de control. A medida que este problema avanza y se arraiga entre las más pequeñas, deben irse adecuando y endureciendo las medidas para su control. Sin embargo, a decir de ^{De Sousa (2010)}, la creencia de que la sola creación de una agencia anticorrupción constituye una respuesta definitiva a este problema es total y evidentemente falsa.

La revisión literaria permitió constatar que, en efecto, existe una conexión muy importante entre la corrupción, el desarrollo económico y la calidad de las instituciones, y que la debilidad en la capacidad de las instituciones para responsabilizar favorece el crecimiento del fenómeno, por lo que se agravan sus efectos.

Las teorías y estudios empíricos analizados determinan que las instituciones políticas y la calidad que se tenga de ellas definen la conexión entre las variables de corrupción y crecimiento económico. Como ya se analizó, varios son los canales de comunicación que se dan entre estas variables. Una baja calidad en las instituciones públicas permite mayores espacios para las prácticas corruptas y, en consecuencia, propicia la afectación de elementos favorables para el crecimiento económico.

^{Acemoglu y Robinson (2012)} refieren que la calidad de las instituciones públicas determina el crecimiento económico de los países y, al mismo tiempo, la baja calidad de las instituciones políticas impacta en la capacidad para establecer controles de comportamientos corruptos.

Conclusiones

Este análisis advierte dos situaciones: en primer lugar, que la corrupción es un fenómeno de tales dimensiones que afecta cualquier sistema de gobierno, sea democrático o no, sea un país desarrollado o en vías de desarrollo; y segundo, que son diversas las medidas implementadas para su control, no sólo por los gobiernos de diversos países en el mundo, sino que estas medidas también han surgido desde los organismos públicos internacionales que influyen en la toma de decisiones públicas en esos países.

En resumen, se demuestra que el crecimiento se ve mejorado con gobiernos que funcionan bien, dentro del marco del estado de derecho, en el que sus líderes políticos y servidores públicos no se ven tocados por la tentación de caer en comportamientos corruptos por haber ausencia de incentivos claros para ello, dedicándose toda la maquinaria administrativa en todos sus niveles a la producción y entrega de bienes y servicios eficientes y limpios de prácticas dudosas.

Las investigaciones analizadas sugieren algunas medidas que pudieran favorecer la lucha por controlar la corrupción en el mundo. En su mayoría coinciden que las capacidades institucionales, específicamente las relativas a responsabilizar a los líderes y servidores públicos en sus comportamientos corruptos, es una de las medidas principales a fortalecer.

Mientras se siga creyendo que la corrupción es sólo la causa de otros males y no también consecuencia de otros problemas continuarán cometiéndose errores en la forma de afrontarla (^{Merino, 2013}). Aquí la causa se vuelve efecto y el efecto causa. De manera que el fracaso en el control de la corrupción, de acuerdo al análisis literario abordado, en gran medida se debe a la debilidad institucional para detectar, investigar y sancionar las prácticas corruptas. Si bien en fechas recientes se puso en marcha un nuevo mecanismo, como es el Sistema Nacional Anticorrupción, ello no representa una panacea al problema, y más bien hace resaltar que las medidas implementadas con anterioridad no han arrojado buenos resultados.

Es necesario fortalecer a las instituciones en sus capacidades para responsabilizar a los servidores públicos en sus conductas corruptas, generando al mismo tiempo más espacios para la participación ciudadana en estos procesos, mediante mecanismos de monitoreo y supervisión del ejercicio de las facultades de las agencias en sus procesos sancionatorios.

El fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y la generación de nuevas formas de gobierno electrónico son algunas de las alternativas que nueva literatura está proponiendo como medidas en el control de la corrupción, por lo que en posteriores trabajos resultará muy atractivo abordar la temática desde esos enfoques.