Sonora es una entidad con larga tradición minera: la explotación de cobre, oro y plata son parte de su historia. Sus gobernantes han apostado por la minería como motor de desarrollo; sin embargo, esta actividad, tal como se realiza en México, conlleva una serie de consecuencias negativas para las localidades y entornos en donde se extraen minerales.

Además de los problemas y conflictos entre poblaciones locales y empresas mineras por los arreglos económicos desiguales, despojos de tierras, contaminación e impactos en la salud, las minas, especialmente sus presas de jales, son fuentes de riesgo de desastre.

Muchos han sido los desastres socioambientales ligados a la actividad minera en México, el más devastador ha sido el detonado por el derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre de Cananea en la cuenca del río Sonora en 2014 (^{Albert y Jacott, 2015}). Esta tragedia lleva a cuestionarnos el papel de la minería en la sociedad; la responsabilidad de las mineras sobre los territorios que ocupan; la relación entre minería y desarrollo, desarrollo para quién y de qué tipo. El libro colectivo Minería y sociedad en la Cuenca del Río Sonora gira en torno a estas preguntas. Sus nueve capítulos de la autoría de académicos y estudiantes de posgrado de El Colegio de Sonora y de la Universidad Autónoma de Sonora, aportan elementos para comprender el papel de la minería y su relación con la sociedad y el Estado en el marco del extractivismo y el neoliberalismo.

El libro inicia con dos capítulos sobre aspectos económicos y legales de la minería en la escala nacional. María del Rosario Fátima y Blanca Esthela Lara, en “Limitaciones de la política tributaria minera en México”, cuestionan el funcionamiento de dicha política, debido a que los beneficios que el Estado recibe por esta vía son escasos, a pesar de obtenerse de recursos naturales no renovables, patrimonio de la nación. México es de los países latinoamericanos que menos impuestos recudan de la actividad minera, motivo por lo que sus yacimientos son atractivos para las corporaciones mineras. Si bien desde el año 2000 en México ha aumentado la recaudación fiscal por esta vía, esto no se debe a mejorías en la política tributaria sino a que se extrae mayor volumen de minerales y existen más concesiones mineras. Las autoras argumentan que para México la minería no es una actividad que permita el desarrollo de otros rubros de la economía, ya que aunque se extraen grandes volúmenes de mineral, su contribución en el PIB es baja.

Ana Melisa Aguirre, en el capítulo Fondo para el desarrollo de zonas de producción minera, explica el funcionamiento de dicho fondo creado en 2013. Se trata de uno para impulsar proyectos de inversión física que generen impacto positivo en los ámbitos social, ambiental y de desarrollo humano de las localidades receptoras de proyectos mineros, con la finalidad de resarcir el efecto negativo que haya tenido la extracción mineral en los contextos locales. La autora destaca la escasa cantidad de proyectos de infraestructura ambiental, a pesar de los costosos efectos ambientales de la minería.

Un segundo bloque se articula en torno al derrame tóxico de 2014. Yuriria Orozco y Liz Ileana Rodríguez son las autoras de Riesgos, amenazas y desastres en la minería a cielo abierto y subterránea, texto centrado en el riesgo que implica la minería, tanto subterránea como a cielo abierto. El estudio, enmarcado en el paradigma de la vulnerabilidad, señala que para que exista riesgo debe haber condiciones de vulnerabilidad socioambiental en las que incide una amenaza que deriva de las fallas en la práctica de la minería. Las autoras incluyen una serie de desastres mineros ocurridos en diferentes lugares del mundo que nos recuerda el potencial catastrófico de esta actividad.

Si bien el texto de América Nayelli Luyz-Ley, Minería rural, ecología política feminista en Cucurpe, Sonora, no expone el derrame, se vincula con el anterior a partir de que analiza, entre otros temas, riesgos que enfrentan las mujeres que trabajan en el sector minero. El estudio se sitúa en Cucurpe, comunidad rural en la cuenca del río Sonora, e indaga en los roles que juegan las mujeres en la minería y las situaciones que enfrentan desde el hecho de ser mujeres. El texto muestra datos interesantes: al ser la minería una actividad tradicionalmente masculina, el ambiente laboral para las mujeres es difícil, pero para aquellas que logran desarrollarse en la minería, esta les trae empoderamiento y autonomía.

Diuber Farías y Liz Ileana Rodríguez, en Periodismo de desastres: el caso del derrame tóxico sobre el río Sonora, investigan la cobertura periodística que se le dio al desastre. El papel de los medios es importante (sean tradicionales, virtuales o redes sociales) porque hacen una interpretación pública del desastre, desde sus causas hasta sus consecuencias, contribuyen a construir la realidad y pueden incidir en la agenda pública. Dada esta influencia, los autores consideran que el periodismo podría retomar la perspectiva de la Gestión Integral del Riesgo de Desastre, que privilegia la prevención sobre las respuestas emergencistas, al informar sobre desastres e ir más allá del tradcional amarillismo de algunos medios.

María Fernanda Ibarra, en el capítulo Derechos socioambientales y actividad minera: el caso del Río Sonora, destaca la gran cantidad de conflictos mineros que existen en el país, lo que pone en duda el discurso hegemónico que asocia la minería al progreso y al desarrollo. Los conflictos suelen derivan del orden político e institucional en el que se desarrolla la minería y ante ello, la sociedad civil se moviliza cada vez más en la búsqueda de mecanismos que visibilicen y reconozcan tanto el daño ambiental como la vulneración de múltiples derechos por parte del Estado y empresas privadas, entre ellas las mineras. A la luz del derrame tóxico de 2014, la autora analiza los derechos humanos y ambientales vulnerados por la forma en que opera la minería en el país y cuestiona el funcionamiento del Estado. Concluye que la minería, tal como opera actualmente, implica una violación sistemática de diferentes derechos, por lo que el extractivismo “salvaje” tendría que transitar a un extractivismo sensato, con respeto para las comunidades y el ambiente.

Cristel Yalitze Lugo-Gil ,en el capítulo Extractivismo, conflicto socioambiental y sociedad civil en el río Sonora, estudia las relaciones de las organizaciones de la sociedad civil locales y externas que han hecho frente al desastre y confrontado al Estado y la empresa San Buenavista del Cobre. El aporte consiste en la presentación de un método para analizar la red de colaboración formal entre organizaciones de la sociedad civil tanto locales como externas, algunas creadas para contender con el desastre y otras ya existentes.

Los últimos capítulos del libro examinan aspectos de la organización empresarial de las mineras. Liz Ileana Rodríguez, Lilian Griselda Almaguer y María del Carmen Rodríguez, autoras de Imagen y reputación corporativa en la industria minera de Sonora: un análisis de los medios sociales, parten de que los corporativos mineros, dado su carácter depredador, enfrentan el reto de construir una imagen de reputación positiva respecto a su conciencia ecológica y social, y buscan mejorar su imagen frente a sus empleados y sociedad en general. El capítulo explora las estrategias de relaciones públicas y responsabilidad social que los corporativos mineros de Sonora han implementado para construir una imagen y reputación positivas, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales y municipios del estado. El hallazgo de la investigación es que, si bien las redes sociales tienen gran potencial, los corporativos no hacen un uso óptimo de ellas para la construcción de una imagen y reputación positiva ni para generar el valor de marca. Este análisis puede ser útil para las empresas que buscan mejorar su imagen a través de las redes sociales.

En el último capítulo del libro, Responsabilidad Social Empresarial: de la intención a las acciones. El caso de Grupo México en Sonora, Lorenia Velázquez y Ernestina Arvizu, a pesar de la cantidad de evidencias vertidas en este libro y en muchos otros estudios, argumentan que es posible que la minería pueda ser una actividad que represente beneficios para las comunidades donde se asienta sin que ello implique necesariamente impactos negativos ambientales y sociales. En esto podría contribuir lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial, enfoque que plantea que las empresas, además de realizar actividades altruistas, deben desarrollar un modelo de negocio que considere los impactos sociales y ambientales derivados de la actividad minera, e involucrar principios de respeto a los derechos humanos y ambientales. El estudio se centra en el caso de Grupo México, empresa que ha implementado el proyecto de desarrollo comunitario Casa Grande en cuatro municipios de Sonora y que busca mejorar las condiciones de salud, educativas y ambientales de las localidades cercanas a las minas, así como empoderarlas mediante la implementación de proyectos productivos.

Si bien el conjunto de capítulos que integran este libro ofrece un panorama crítico y propositivo sobre problemas, conflictividades y respuestas sociales asociados a la minería extractiva, todo esto enmarcado en la relación minería y desarrollo, aún quedan temas que estudiar sobre la minería en Sonora, por ejemplo, las implicaciones de la explotación del yacimiento de litio -mineral estratégico para la generación de energía de la localidad de Bacadéhuachi, considerado entre los más grandes del país-. Sin duda, su explotación hará que los cuestionamientos sobre la relación entre minería y desarrollo continúen vigentes.