Antecedentes, ideas, conceptos e identificación de la seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es una idea que data del siglo XX. Michael Carolan señala que viene del discurso que pronunció en 1941 el presidente de los Estados Unidos de América Franklin D. Roosvelt, en el que habló de "cuatro libertades esenciales", compartidas por 'todo el mundo': la libertad de expresión, de culto, de la miseria y la libertad del miedo. Dos años más tarde en la conferencia que dio origen a la FAO, en referencia a la idea de Roosevelt, se habló de considerar el objetivo de la libertad relacionado con la alimentación y la agricultura en términos de "asegurar" el "suministro adecuado de alimentos", de manera que uno de los encuadres conceptuales más tempranos de la seguridad alimentaria remite a la ausencia de hambre extrema (^{Carolan, 2012}).

Siguiendo a ese autor, se afirma que la seguridad alimentaria hasta principios de los años setenta del siglo XX se vinculó a la “calorización”, es decir, el proceso de convertir las diversas unidades de medida de los alimentos en calorías para determinar si la población padecía hambre². En esa perspectiva la Revolución Verde y la ideología productivista que sustentó (^{Buttel, 2005}) permite comprender los vínculos entre los discursos gubernamentales que hablaban de seguridad alimentaria, la medición de ésta y la legitimidad social de una ciencia agrícola abocada a incrementar la producción bajo un determinado enfoque tecnológico.

Un segundo antecedente de la seguridad alimentaria remite también al escenario internacional de los años setenta, cuando derivado del aumento en los precios del maíz y el trigo, así como de otros cereales, se presentaron problemas severos en el acceso a la oferta internacional y como consecuencia problemas de hambre en varios países, incluso cuando los precios se habían estabilizado, evidenciando que la disponibilidad agregada no representaba una garantía de los mínimos nutricionales (^{FAO, 2011b}).

Desde entonces, se fueron desarrollando fórmulas para medir la seguridad alimentaria de los países. A nivel país, la más utilizada consiste en obtener la cantidad de alimentos que queda para uso humano después de deducir el uso no alimenticio, prorrateándose entre el tamaño de la población para obtener la disponibilidad en kilocalorías por persona al día, lo que permite contar con una unidad de medida homogénea que facilite comparaciones en tiempo y espacio (^{Food and Agricultural Organization of the United Nations [FAO]-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola [FIDA] & Programa Mundial de Alimentos [PMA], 2015}).

Desde una perspectiva socioeconómica se han establecido diferentes relaciones entre seguridad alimentaria y conceptos como el de autosuficiencia alimentaria. Así, al final de los años setenta del siglo XX, la bonanza petrolera fraguó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) de 1979 a 1982 (^{Martínez del Campo, 1985}; ^{Spalding, 1985}). El SAM buscaba estimular la producción de alimentos básicos, mejorar su distribución y alcanzar la autosuficiencia alimentaria, favoreciendo la economía de los productores de temporal y de los sectores marginales, la producción de granos básicos y el acceso a alimentos con precios accesibles y nutricionalmente buenos, en un intento por limitar el acceso privilegiado a los insumos estatales subsidiados, tradicionalmente otorgados a productores comerciales ricos, dado lo cual se sustentaba en una perspectiva global que abarcaba todos los eslabones de la cadena de producción y consumo de alimentos, esto es acceso a insumos agrícolas subsidiados; apoyos a la producción alimentaria, a la comercialización, al procesamiento y a la distribución, pasando por el fortalecimiento de una industria de bienes de capital agroalimentarios; impulso a la investigación tecnológica de procesos y el enriquecimiento nutritivo de alimentos, con especial énfasis en las necesidades y posibilidades de las pequeñas y medianas empresas.

Por primera vez se explicitaba la intensión de incrementar el acceso y distribución de alimentos nutricionalmente buenos y no solo aumentar la producción para bajar las importaciones³, además de un reconocimiento por los efectos concentradores de las políticas económicas anteriores hacia productores agrícolas comerciales, en detrimento de los productores de básicos, en particular por la política de contener los precios en los alimentos, junto con subsidios en la producción (^{Gómez-Oliver, 1994}), por eso el programa comenzó con un aumento en los precios de garantía, en términos reales, sobre todo de 1979 a 1982 (^{Luiselli & Mariscal, 1981}; ^{Salomón, 2005})

La crisis económica por la deuda y el desplome en los precios del petróleo, aunados con los malos manejos de las finanzas públicas marcaron el final del SAM y de toda una estrategia de desarrollo nacional en México (^{Merino, 2009}) que suponía el vínculo entre producción nacional de alimentos y el acceso a estos. Con ello se acabó la insistencia gubernamental en la autosuficiencia alimentaria soportada en la producción de su aparato agrícola, propio del periodo nacionalista y de sustitución de importaciones⁴.

Durante los años posteriores comenzó a construirse una nueva visión de la seguridad alimentaria que descentraba la referencia al productor agrícola y a sus países, como la unidad desde la cual se determinaría la oferta de alimentos y por ende de calorías, misma que se traduciría en la ausencia del hambre extrema. Sobre el particular señaló el exsecretario de Agricultura de EE.UU. John Block en 1986 "La idea de que los países en desarrollo deberían alimentarse es un anacronismo de una era pasada. Podrían asegurar mejor su seguridad alimentaria confiando en los productos agrícolas, que están disponibles en la mayoría de los casos a un costo menor" (^{Bello, 2008}). De esa manera, el acceso a las calorías debía buscarse en función del mercado. Lo cual constituyó la nueva perspectiva desde donde se miraba el tema de la seguridad alimentaria, misma que diversos autores refieren como neoliberal (^{Bonanno & Douglas, 2008}; ^{Carolan, 2012}; ^{Friedmann & McMichael, 1989}; ^{Harvey, 2005}; ^{Otero, 2014}) y que en esencia destaca las resistencias sociales al modelo gubernamental⁵.

También es frecuente la referencia a la relación entre seguridad alimentaria y pobreza, sin embargo, la causalidad entre ambos elementos no es claro que muestre un solo sentido, y lo que en realidad se asume es que están indisolublemente vinculados, de ahí que el éxito en las políticas hacia su combate requiere simultaneidad de acciones⁶.

En México, de acuerdo con las adiciones y modificaciones al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizadas de 1980 a la fecha, se estipuló que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Posteriormente en octubre de 2011, ese principio se modificó haciéndolo general al señalar que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” (^{Cámara de Diputados, 2015}). De esa manera, quedaba incorporado al documento jurídico de mayor jerarquía nacional el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, criterio retomado en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y en la Ley General de Salud (LGS) que también se asume al firmar acuerdos internacionales en materia alimentaria, como el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Pero equiparar la ley con la realidad es a la fecha un pendiente social de México.

Ahora bien, de acuerdo con la definición de la FAO en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 (^{FAO, 1996}), la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana, lo cual supone cumplir con dimensiones primordiales de la seguridad alimentaria como la disponibilidad física de los alimentos, el acceso, la utilización y la estabilidad de esas dimensiones.

Uno de los esfuerzos institucionales más relevante respecto de su valoración remite al documento “Dimensiones de la seguridad alimentaria: evaluación estratégica de nutrición y abasto” (^{Coneval, 2010}). Para esos propósitos, entre las herramientas analíticas se utilizó una medición de la inseguridad alimentaria basada en la percepción y experiencias de hambre, instrumentada con antelación en Estados Unidos, y que dio lugar a la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) y a la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) (^{Villagómez-Ornelas et al., 2014}).

Dadas las similitudes metodológicas y conceptuales entre lo realizado con ambas escalas, puede afirmarse que tres elementos guiaron la base conceptual de la nueva medida: 1) la idea del hambre como experiencia física: "la sensación dolorosa o incómoda causada por la falta de alimentos", resultado de recursos insuficientes para obtenerlos; 2) la vinculación de esa experiencia con recursos limitados aunque no necesariamente consecuencia de la inseguridad alimentaria, esto es como una manifestación relativamente severa de la condición general de pobreza ligada a la condición de insuficiencia alimentaria, y; 3) al reconocer la experiencia de la inseguridad alimentaria y el hambre como una secuencia de etapas que reflejan la privación de alimentos, caracterizada como un proceso gestionado de la toma de decisiones y comportamientos en respuesta a los recursos del hogar cada vez más restringidos. Ello abrió la posibilidad de ver a la inseguridad alimentaria como variable, con una gama de niveles de gravedad y por lo tanto cuantificables en la dimensión del grado de privación de las necesidades básicas experimentadas. Así, aunque el fenómeno es intrínsecamente multidimensional se puede medir mediante una escala unidimensional de su gravedad (^{Carlson, Andrews & Bickel, 1999}).

Para la aplicación de la Escala de Seguridad Alimentaria, el Coneval incorporó a partir de la ENIGH (^{INEGI, 2008}), en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) doce preguntas de las dieciséis consideradas en la ELCSA (Tabla A1 del Anexo)⁷. El supuesto central de esta medición refiere al hecho de que la opinión y vivencias de las personas, respecto a la dificultad para acceder a alimentos como resultado de la falta de dinero u otros recursos, puede ser capturada mediante un conjunto de preguntas que agrupadas en una escala o gradación permiten obtener una idea clara y precisa respecto de la severidad o ausencia que experimentan los hogares en torno al acceso a los alimentos, donde se asume que al aumentar la intensidad de la inseguridad alimentaria, los hogares restringen la cantidad de alimentos (disminuyen raciones u omiten alguna comida), experimentando finalmente hambre (^{Villagómez-Ornelas et al., 2014}).

Así, contando con las respuestas a las 12 preguntas referidas se construyó un gradiente de inseguridad alimentaria (^{Segall-Corrêa, Álvarez-Uribe, Melgar-Quiñonez & Pérez-Escamilla, 2012}), que se agrupa en cuatro posibilidades: a) seguridad alimentaria: hogares con o sin integrantes de 0 a 17 años que no reportaron respuestas afirmativas a ninguna de las doce preguntas, b) inseguridad alimentaria leve: hogares sin integrantes de 0 a 17 años que respondieron afirmativamente a un máximo de dos preguntas de la escala o, también, hogares con integrantes de 0 a 17 años y que respondieron afirmativamente a un máximo de tres preguntas de la escala, c) inseguridad alimentaria moderada: hogares sin integrantes de 0 a 17 años que respondieron afirmativamente a tres o cuatro preguntas de la escala o, también, hogares con integrantes de 0 a 17 años que respondieron afirmativamente de cuatro a siete preguntas de la escala, d) inseguridad alimentaria grave: hogares sin integrantes de 0 a 17 años y que respondieron afirmativamente a cinco o más preguntas de la escala o también, los hogares con integrantes de 0 a 17 años y que respondieron afirmativamente a ocho o más preguntas de la escala.

Evidencia sobre la inseguridad alimentaria en México

Con datos de la ENIGH (^{INEGI, 2008}; ²⁰¹⁰; ²⁰¹²; ²⁰¹⁴), considerando los criterios señalados para la identificación inseguridad alimentaria, el análisis de la distribución de la población total revela que la proporción de población con seguridad alimentaria presenta un comportamiento creciente en los cuatro años observados que va del 54% en 2008 al 57% en 2014, indicando que su tasa de crecimiento es superior al de la población (Tabla 1).

No obstante, de la otra cara de la moneda se desprende que aun cuando ha aumentado la seguridad alimentaria, en México poco menos de la mitad de la población muestra algún grado de inseguridad alimentaria. El porcentaje es elevado en relación con otros países. Por ejemplo, en 2004 en Brasil el 62% de la población de los hogares fue clasificada en seguridad alimentaria (^{Moncada, 2006}) y en 2014 en Estados Unidos el 86% (^{Coleman-Jensen, Rabbitt, Gregory & Singh, 2015}). Ahora bien, aunque hubo una reducción en la inseguridad alimentaria podemos preguntarnos si la población que aún se encuentra dentro de la condición de inseguridad alimentaria mejoró su percepción.

La desagregación de la población en inseguridad alimentaria por el grado de esta indica que durante el periodo de referencia se presentó un empeoramiento en la inseguridad, puesto que se redujo la población con inseguridad leve pero aumentó la proporción de población en condición moderada y especialmente en la condición de inseguridad alimentaria severa (Tabla 2). Así, el aumento en la seguridad alimentaria y el incremento de la población en inseguridad alimentaria moderada y severa indican que durante el periodo de referencia (2008-2014) en México se presentó un fenómeno de polarización de la condición de inseguridad alimentaria, lo cual es uno de los peores escenarios para una sociedad que aspira a una mayor cohesión social.

Por otra parte, cuando se considera a la población con inseguridad alimentaria y se contrasta con las clasificaciones por condiciones de pobreza y de ingresos del Coneval, la Tabla 3 muestra que no se requiere ser pobre para entrar en la calificación de inseguridad alimentaria: en promedio, casi un tercio de los no pobres y cerca del 40% de los no pobres extremos padecen algún tipo de inseguridad alimentaria. Así mismo, el hecho de estar en condición de pobreza no significa que en automático el hogar califique para inseguridad alimentaria, pues poco menos del 30% de los pobres y alrededor del 20% de los pobres extremos, a pesar de esas condiciones, no califican para inseguridad alimentaria.

Al analizar por el lado del ingreso, se observa que no todos los hogares con ingreso por encima de la línea de bienestar tienen garantizada la seguridad en alimentos: casi un tercio de la población por encima de la línea se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. En el complemento, no todos los hogares por debajo de la línea califican para inseguridad alimentaria: entre el 44.6% (2014) y el 37.6% (2008) de estos hogares tienen seguridad alimentaria a pesar de que su ingreso está por debajo de la línea de bienestar.

Estas paradojas en la cual alguien no pobre o con ingresos que lo ubican por encima de la línea de bienestar padece inseguridad alimentaria; o de los pobres o por debajo de la línea pero con seguridad alimentaria, parecen implicar que el asunto de la percepción de inseguridad alimentaria no solamente está relacionado con la insuficiencia de ingreso sino con la incertidumbre acerca de la inseguridad de su flujo en el futuro inmediato. De ahí pues que esta investigación plantea la hipótesis de que la percepción de la inseguridad alimentaria está determinada por la incertidumbre e insuficiencia del ingreso corriente, lo cual conduce a analizar la problemática desde una perspectiva que considera la condición laboral de los integrantes del hogar, así como la vulnerabilidad ante la insuficiencia de ingresos.

La seguridad alimentaria y su relación con la suficiencia y certidumbre del ingreso

En la línea de la hipótesis central, se propone que un hogar está en condición de inseguridad alimentaria en función de un conjunto de variables que reflejan la insuficiencia e incertidumbre del ingreso: a) sexo del jefe de hogar, b) nivel educativo del jefe del hogar, c) número de integrantes que forman parte de la PEA desocupada, d) número de integrantes en condiciones laborales de incertidumbre (autoempleados), e) hogares con habla indígena; f) hogares con integrantes de 70 o más años de edad, y finalmente, g) tamaño de localidad, distinguiendo entre lo rural y urbano. En síntesis se derivan las siguientes hipótesis específicas:

Para contrastar las hipótesis se estima un modelo Probit donde la probabilidad de que un hogar sea identificado con inseguridad alimentaria está en función del conjunto de variables que reflejan las características de los hogares, en el sentido indicado por cada hipótesis; de igual forma se propone que existen efectos temporales fijos, así como heterogeneidad regional con efectos aleatorios sobre la probabilidad; los efectos aleatorios se incorporan en dos niveles jerárquicos, las entidades y los municipios que las integran. El modelo se representa por:

Donde la variable independiente, y_ij , toma el valor de 1 si el hogar es identificado en alguna situación de inseguridad alimentaria, de acuerdo a la metodología del Coneval, y 0 en caso contrario; Φ es la función de distribución normal; x_ij el vector de variables independientes; y β el vector de coeficientes; el término aleatorio se desglosa en u_ij = e_i + m_j + ε_ij , donde las perturbaciones aleatorias, ε_ij , se distribuyen como una normal estándar con media cero y varianza unitaria y son independientes de los efectos aleatorios de los estados, e_i , y municipios, m_j . Tanto la variable dependiente como las variables explicativas contenidas en el vector x_ij provienen de cuatro momentos muestrales de la ENIGH (^{INEGI, 2008}; ²⁰¹⁰; ²⁰¹²; ²⁰¹⁴), mismas que se describen a continuación:

sexo_jefe, binaria que distingue si el jefe de hogar es hombre o es mujer; educa_jefe, indica mediante variables binarias once posibilidades de nivel educativo del jefe del hogar⁸. pea_des, variables binarias que indican cuatro posibilidades sobre el número de integrantes del hogar que forman parte de la PEA desocupada: cero, uno, dos y tres o más integrantes, respectivamente; trab_cta, similar a la variable anterior, consiste de cuatro binarias que indican tres posibilidades excluyentes en función del número de integrantes (cero, uno, dos o tres o más) cuya situación laboral es el autoempleo como única fuente de ingreso, en un negocio tan pequeño que él es el único trabajador; lingindig, binaria que indica si en el hogar se habla lengua indígena; int70mas, binaria que indica si en el hogar hay integrantes de 70 años o más; tam_loc, cuatro variables binarias que indican si el hogar se ubica en alguna localidad de los siguientes tamaños: 100 000 o más habitantes; 15 000 a 99 999 habitantes; 2500 a 14 999 habitantes y; menos de 2.5 mil habitantes. Además, se incluyeron cuatro variables binarias para capturar los efectos fijos de cada uno de los años muestrales.

Las estimaciones se realizaron utilizando el método de máxima verosimilitud; en cada caso categórico de los regresores se excluyó una variable binaria para evitar el problema de multicolinealidad perfecta. Los resultados sobre los coeficientes, errores estándar y eficiencia global del modelo se presentan en la Tabla A2 del Anexo, en esta se corrobora que los coeficientes resultaron estadísticamente significativos, con el signo y métrica esperada, sin embargo, es más ilustrativo analizar los cambios marginales promedio de cada factor sobre la probabilidad de que un hogar esté en situación de inseguridad alimentaria, mismo que se realiza a continuación para las distintas categorías de variables explicativas.

En la Tabla 4, así como en las subsecuentes, la segunda columna reporta los promedios de las probabilidades condicionadas a cada factor, por ejemplo el promedio de la probabilidad de estar en situación de inseguridad alimentaria en hogares con jefatura de hombre, dados los valores del resto de regresores, es 0.41; para el caso de hogares con jefatura mujer la probabilidad es mayor (0.43), lo cual favorece a la primera hipótesis específica. La diferencia entre esos valores es el efecto marginal e indica que los hogares con jefatura de mujer en promedio tienen 2% mayor probabilidad de estar en inseguridad alimentaria. De forma similar, en comparación a los hogares sin adultos mayores, aquellos con integrantes de 70 o más años tienen 2% mayor probabilidad de inseguridad alimentaria. Por otra parte, los hogares indígenas aumentan en 9% la probabilidad de estar en inseguridad alimentaria. Respecto del tamaño de localidad, los hogares más desfavorecidos son los ubicados en localidades rurales, estos aumentan la probabilidad en 7.5% en comparación a las localidades grandes; 4.7% más que las del segundo tamaño y 2.8% más que las localidades entre 2500 y 14 999 habitantes. Por otra parte, las diferencias marginales entre los años de estudio indican que la probabilidad de que un hogar esté en inseguridad alimentaria se mantiene con muy poca variación.

La Tabla 5 reporta las probabilidades asociadas al número de integrantes que forman parte de la PEA no ocupada; los resultados indican que, efectivamente, la reducción de expectativas y monto de ingresos, aunado a la carga alimentaria que representa la presencia de adultos no aportantes, conduce a la percepción de una mayor inseguridad alimentaria. Independientemente del año, comparando con la situación base de hogares con ninguna persona en PEA desocupada, la tabla refleja que en hogares con tres o más integrantes en PEA desocupada, la probabilidad de inseguridad alimentaria en promedio aumenta en 22%; por años la diferencia más elevada es en 2014 con cerca del 33% y la más baja en 2008 con 12%. Por su parte, en hogares con dos integrantes en PEA desocupada la diferencia con la situación base es en promedio 14% mayor; para hogares con un integrante la probabilidad es en promedio 10% mayor que la situación base.

La otra variable incluida en el modelo con el propósito de contrastar el efecto de la inseguridad e insuficiencia de ingresos corrientes en el corto plazo es el número de integrantes que no tienen un trabajo formal, pero que se auto emplean en un negocio donde él es el único trabajador. Los resultados de la Tabla 6 muestran que efectivamente el hecho de la incertidumbre del ingreso aumenta la probabilidad de que los hogares estén en alguna situación de inseguridad alimentaria, solo que la ocupación, aunque informal, sí contribuye al ingreso familiar, lo que hace que la diferencia de probabilidades contra hogares sin integrantes en esa situación no resulte tan amplia como el caso de aquellos hogares donde algunos integrantes están desocupados.

La Tabla 7 muestra los resultados de las probabilidades asociadas al nivel educativo del jefe del hogar, debido a su alta correlación con las oportunidades de empleo en mejores condiciones de ingreso, se confirma la importancia de esta variable en la determinación de la probabilidad de inseguridad alimentaria de los hogares. Puede verse que en hogares donde el jefe carece de instrucción escolar la probabilidad es la más alta (62%); con primaria incompleta disminuye al 54.5%; con primaria completa o secundaria incompleta se reduce al 46% y así sucesivamente hasta llegar a que en los hogares donde el jefe tiene nivel de licenciatura o más, la probabilidad de inseguridad alimentaria está muy debajo del 20%.

Los resultados con los datos de la ENIGH y metodología utilizada coinciden en mucho, tanto con estudios realizados para México con otros datos como con estudios realizados en otros países. ^{Mundo-Rosas et al. (2014)} aplican la EMSA a la información de la ^{Ensanut 2012} y encuentran que los hogares con prevalencias más altas de inseguridad alimentaria se ubican en los quintiles más bajos de condiciones de bienestar, en hogares con falta de escolaridad del(la) jefe(a) de familia y su cónyuge, jefatura mujer y la dificultad para caminar o moverse del(la) jefe(a) de familia. También para México ^{Diaz-Carreño et al. (2016)} en un estudio que utiliza datos de la ENIGH (^{INEGI, 2012}) agregados por entidad federativa, encuentran que la inseguridad alimentaria severa responde principalmente a las variables de escolaridad media y crecimiento de la producción per cápita del sector primario.

Para el caso de otros países, ^{Calvo (2017)} en un estudio realizado a nivel de hogar en la localidad Fontibon de Perú, encuentra que los factores asociados a la inseguridad alimentaria en niños de 4 y 5 años fueron el área de residencia, tamaño del hogar, índice de hacinamiento, tasa de dependencia, nivel educativo del jefe de hogar, nivel educativo de la madre, ocupación de la madre, acceso a agua potable, presencia de servicio higiénico en el hogar, tipo de piso, tipo de pared, ingresos económicos per cápita, gasto en alimentos per cápita y situación de pobreza. Para Kenia, ^{Nzuve et al. (2014)} encontraron que el 54% de los hogares vulnerables en cuanto inseguridad alimentaria tienen jefatura femenina, un porcentaje similar de hogares tenía bajos niveles educativos, alta dependencia de los ingresos agrícolas y escasos recursos para financiar las actividades propias del campo. Asimismo, ^{Mannaf & Uddin (2012)} estiman un modelo logit para determinar los factores asociados con la seguridad alimentaria en hogares dedicados a la producción de maíz en Bangladesh, encuentran que estos son la edad del jefe del hogar, el tamaño del hogar, el ingreso proveniente de la agricultura y el gasto realizado en alimentos. Para Pakistan, ^{Abdullag et al. (2017)} encontraron que los factores que determinan la seguridad alimentaria de los hogares son la edad, educación y estatus de empleo del jefe del hogar, las remesas recibidas y, en sentido negativo, la jefatura femenina del hogar. ^{Carter, Lunamata, Kruse & Gorton (2010)} encuentran para Nueva Zelanda que la prevalencia de inseguridad alimentaria para las mujeres fue 7% más alta que la de los hombres, también, que la prevalencia fue mayor en hogares con un solo jefe, grupos de jóvenes, condición étnica, condición de salud, desempleo y bajo nivel socioeconómico.