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Introducción1
Las comisiones de la verdad (CV) son uno de los instrumentos que ha utilizado la justicia transicional en procesos de transición (Teitel, 2003; De Greiff, 2011) con el objetivo de esclarecer lo ocurrido luego de masivas violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario (González & Varney, 2013; Hayner, 2011).
América Latina se ha convertido en un punto de referencia y de estudio de este tipo de instituciones transicionales de carácter no judicial, ya que en la región se encuentran algunos de los casos más representativos, originados luego de guerras civiles, dictaduras o conflictos armados internos.
Colombia es de estos países de América Latina que recientemente ha puesto en marcha la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la cual, resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, tiene por objetivo dar a conocer lo ocurrido durante más de medio siglo de confrontación armada entre el Estado y múltiples actores del conflicto armado interno.
Con este contexto, el propósito de este artículo es analizar el rol de los actores religiosos en las comisiones de la verdad en América Latina, tomando la experiencia de la reciente comisión de Colombia y cinco casos más, cuyas comisiones de la verdad son consideradas representativas (Hayner, 2011) y que dan cuenta de los contextos políticos de surgimiento e implementación diversos: dictaduras en Argentina y Chile, acuerdos de paz en Guatemala, El Salvador y Colombia, y finalización de un conflicto armado, en Perú.
Los principales estudios sobre las comisiones de la verdad en sus etapas de creación, institución e implementación han tenido entre sus propósitos analizar la influencia, comportamiento o rol que han desarrollado los distintos actores civiles, políticos y militares. La investigación de Priscilla Hayner, en su edición más reciente (2011), y estudios de caso y trabajos comparados en América Latina dan a conocer algunas de estas características (Barahona & Martín, 2020; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2014; Díaz & Molina, 2017; Espinoza et al., 2003; May, 2013).
No obstante, producto de este rastreo, se identifica que existe un vacío en cuanto a la investigación enfocada al estudio de la influencia de los actores religiosos en estos mecanismos transicionales de búsqueda de la verdad en Latinoamérica, a pesar de tener gran incidencia en el funcionamiento de aquellos, como se argumentará más adelante. Advirtiendo esto, el presente artículo estará direccionado a suplir esa ausencia y propone abrir el camino para futuras investigaciones en este tema específico y sensible para los estudios de paz: la relevancia de ciertos actores claves en la implementación de los instrumentos de justicia transicional.
Sobre la relevancia de los actores religiosos en momentos de transición de regímenes políticos en Latinoamérica, Pacheco (2016) afirma que “el papel relevante de la Iglesia Católica frente a la resolución de conflictos en América Latina en la segunda mitad del siglo xx ha sido innegable” (p. 49). Por ejemplo, factores como la relación con la Santa Sede, las influencias ideológicas de movimientos socio-políticos regionales, la relación con el poder local y el nivel de participación en la toma de decisiones, han situado a los actores religiosos, especialmente a los sectores cristianos (católicos y no católicos), en una posición privilegiada que les ha permitido moverse en el plano político y social, contribuyendo desde un compromiso por la paz a la resolución de conflictos en varios países de Latinoamérica.
La influencia de los sectores religiosos, mayoritariamente cristianos, en Latinoamérica ha sido intensa, especialmente la Iglesia católica ha tenido un papel fundamental en las dinámicas internas de muchos países de la región (Pérez et al., 2020). Las comisiones de la verdad no son la excepción, de tal modo que, en varios casos de la región, han desempeñado funciones protagónicas en la construcción y búsqueda de la verdad, participando e incluso dirigiendo las comisiones en algunos países, evidenciando que su rol, aunque silencioso, no ha sido secundario.
Un ejemplo de lo anterior, y de la influencia intensa de este tipo de actor en las comisiones de la verdad, es la segunda comisión de la verdad chilena: la Comisión Valech o Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por monseñor Sergio Valech, obispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago y a quien debe el nombre, señal inequívoca de la influencia del religioso en la Comisión. Otro caso en el que una figura religiosa dirige una comisión de la verdad es la reciente experiencia en Colombia, de la cual el presidente es el padre jesuita Francisco de Roux.
Aunque las demás comisiones objeto de estudio no son presididas por actores religiosos, en algunas de ellas parte de sus comisionados pertenecieron a alguna Iglesia. En Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas (CONADEP) tuvo miembros de las Iglesias (católica, judía y metodista); así mismo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú tuvo la participación de integrantes de diversas Iglesias (Díaz & Molina, 2017). Similares situaciones se advierten en Centroamérica, donde el caso más importante es el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), liderado por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Guatemala, que se convirtió en una de las principales fuentes de información y contrastación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH). Mientras que la Comisión de la Verdad para El Salvador, concentró parte de sus investigaciones en el asesinato del arzobispo Óscar Romero y la masacre de los seis jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA) (Díaz & Molina, 2017).
Los hechos y situaciones descritas revelan que los actores religiosos han contribuido de manera significativa en la mayoría de las comisiones de la verdad elegidas para este análisis asumiendo diferentes roles desde acciones concretas que les ha permitido aportar en el esclarecimiento de la verdad, lo cual supone que su accionar se ha articulado con la postura de otros actores, como los civiles, políticos y militares, y que también intervienen en el diseño e implementación de estos instrumentos de justicia transicional.
Este hallazgo no desconoce ni busca ocultar que los actores religiosos han sido también victimarios o han estado asociados a hechos victimizantes en escenarios de conflicto armado o contextos de dictadura, en los que se han articulado con actores armados o funcionarios gubernamentales para la preservación de regímenes no democráticos.
De lo descrito se pueden identificar diferentes roles de los actores religiosos: víctima, victimario y promotores de instrumentos transicionales. Por una parte hay actores religiosos que han sido víctimas o victimarios y otros que a través de sus acciones han contribuido claramente a la búsqueda de la paz y la reconciliación. Esto evidencia que, en medio de violaciones sistemáticas a los derechos humanos originadas por causas políticas, habrá una tensión entre observar los sectores religiosos que actúan de forma coordinada y cómplice con actores políticos y armados, y la de observar otros sectores de la Iglesia que desarrollan y buscan promover derechos de las víctimas, como la verdad, la justicia y reducir las tensiones resultantes de los periodos de violencia mediante mecanismos de justicia transicional. Así que este artículo también contribuye a estudiar y a discutir sobre esta tensión.
Además, este trabajo aporta a los estudios de los últimos años acerca de la justicia transicional, debido al creciente uso de las CV en diversos países del mundo que afrontan procesos de transición y que deben satisfacer, por presiones internas y compromisos internacionales, los derechos de las víctimas. Así mismo representa un aporte a los estudios para la paz desde América Latina, en el sentido de que contribuye desde la experiencia comparada a explicitar el modo en que los actores religiosos han participado en el desarrollo de instrumentos de justicia transicional, como las comisiones de la verdad.
El artículo presenta en su primer apartado una definición conceptual del actor religioso; luego aborda el origen, mandato y algunas características importantes para el estudio de las comisiones de la verdad de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia, y finaliza con un análisis sobre los comportamientos asumidos por los actores religiosos en las comisiones de la verdad señaladas.
Metodología
Esta investigación es cualitativa ya que busca comprender los significados o experiencias que emergen de un objeto de estudio (Flick, 2015). En ese orden de ideas, analiza el rol que desempeñan los actores religiosos en comisiones de la verdad de América Latina, en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia, país este último cuya comisión entregó su informe final el 28 de junio de 2022.
Se realizó una revisión exhaustiva en bases de datos sobre CV, además de relatos, entrevistas y los informes finales de dichas comisiones de los países objeto de estudio. En cuanto al método de investigación se recurrió al estudio comparado, el cual implica identificar las similitudes, diferencias y patrones de dos o más casos que comparten un enfoque o meta común. En ese sentido, la comprensión de cada uno es importante para establecer las bases del marco analítico que se utilizará en la comparación cruzada de los casos (Bartolini, 1994). De igual modo, el estudio comparado permite describir los fenómenos y eventos políticos de un país concreto, o de un grupo de países (Landman, 2014).
De esta manera, en relación con las comisiones de la verdad es en particular apropiado proceder con la comparación de pocos países, en la medida en que es una estrategia que posibilita profundizar en los contextos y formas de desarrollo de estos instrumentos de justicia transicional; además, el estudio comparado en torno a los actores religiosos revela características comunes y diferenciadas, que en definitiva ayudan a identificar la importancia que han tenido estos actores en los países señalados.
El actor religioso
La literatura sobre las comisiones de la verdad se ha dedicado, principalmente, a describir su funcionamiento, buenas prácticas y producto final (Hayner, 2011). Sin embargo, se han descuidado los compromisos asumidos por los actores que intervienen en su diseño e implementación. Es por ello que este artículo se enfoca en el rol que ha desempeñado el sector religioso como actor involucrado en la configuración de tales instrumentos de la justicia transicional.
En este estudio el actor religioso se define como aquel que, invocando una comunidad creyente y confesional, tiene grado de representatividad socialmente reconocida y relevante, y en razón de esto cuenta con capacidad de convocatoria y legitimidad social (Moncada, 2020). Estos actores religiosos, identificados como individuos o colectivos, en ocasiones realizan, en defensa de sus convicciones religiosas, acciones estratégicas de las que derivan repercusiones tangibles en el proceso político, que contribuyen o son decisivas en el resultado de un suceso o proceso político específico.
Se parte del supuesto de que estos actores religiosos tienen algún grado de compromiso, además de actitudes y comportamientos más allá de lo establecido en el mandato legal que crea una comisión de la verdad. Compromiso que surge no solo de la institucionalidad religiosa por la defensa de los derechos humanos, sino también por el nivel de afectación o incidencia que tuvieron estos actores en los contextos sociopolíticos que precedieron la creación de comisiones de la verdad en cada país. Se acepta, entonces, que estos compromisos serán diferentes si el actor religioso fue víctima, victimario o actuó motivado por un rol social y político activo, desde un grado alto de legitimidad.
La elección y pertinencia de analizar al actor religioso responde a dos motivos: i) es concurrente en las principales comisiones de la verdad implementadas en América Latina, de modo que está presente en la composición o implementación de las comisiones elegidas para este estudio, es decir, las de Argentina (1983), Chile (1990 y 2003), El Salvador (1992), Guatemala (1994), Perú (2001) y Colombia (2018). Igualmente, y aunque ha tenido una fuerte presencia, ii) sus compromisos no han sido homogéneos, lo cual permite describirlos, diferenciarlos y agruparlos en función de ello.
La importancia de analizar los compromisos de los actores religiosos por medio de sus comportamientos y actitudes frente a las comisiones de la verdad, es porque son capaces de generar acciones estratégicas, es decir, que pueden incidir en el producto final de la comisión. Pero no todas sus acciones tendrán ese peso, sino solo aquellas con repercusiones tangibles sobre el proceso político (Grossman, 2016), que en este caso se enmarca en las comisiones, en su influencia para aportar en la construcción y búsqueda de la verdad, luego de periodos de violencia política o en momentos estratégicos de la transición del régimen político.
Estos actores religiosos, individuales o colectivos, son entonces portadores de roles con capacidad de acción (García, 2007). Esta característica o rol se entenderá en el sentido de cualidad relacional, ya que son otros los que la representan y valoran. Dicha condición les permite diferenciarse de otros actores, de modo que pueden desarrollar actividades conjuntas para la consecución de un objetivo común, por ejemplo, el grado de organización que mínimamente les permita deliberar y tomar decisiones, procesar conflictos y agregar visiones sobre sus preferencias y capacidades (Brown, 2017).
De allí que la capacidad de acción de estos actores de orden religioso en las comisiones de la verdad está mediada por i) la legitimidad, ii) la influencia política y social de las instituciones religiosas, iii) el compromiso con los derechos humanos, iv) el nivel de responsabilidad en los hechos de violencia, y v) su reconocimiento en tanto actor que aporta al esclarecimiento de la verdad.
A partir de las anteriores premisas, en la sección que sigue se describe en forma general a cada una de las comisiones de la verdad elegidas para este análisis a fin de comprender las circunstancias históricas y políticas que las originaron.
América Latina y las comisiones de la verdad
Habitualmente, las CV son reconocidas por las siguientes contribuciones: i) establecer la verdad oficial que permita romper las dinámicas de silencio y negación de un pasado violento y doloroso; ii) atender y promover los derechos de las víctimas; iii) propiciar espacios de participación ciudadana; iv) determinar responsabilidades institucionales y recomendar las reformas necesarias para evitar la repetición de las violaciones, y v) promover la reconciliación y reducir las tensiones resultantes de los periodos de violencia (Gómez, 2006).
Las CV “reclaman el derecho colectivo al deber de no olvidar, porque asumen en la construcción colectiva de la verdad, una oportunidad para reconfigurar el dolor de la víctima, sus familias y de una sociedad golpeada y fragmentada por la violencia” (Díaz & Molina, 2017, p. 13). Además, estas comisiones son un componente clave y estratégico en el proceso de justicia transicional, ya que no solo se encargan de esclarecer la verdad, sino que proponen reformas institucionales que responden a las causas de las violaciones a los derechos humanos y a las necesidades de la población afectada para subsanar así los errores y faltas del Estado que causaron los hechos de violencia (Botero, 2018; Hayner, 2011).
Aunque América Latina y África son las regiones con más experiencias de comisiones de la verdad (Hayner, 2011; Vallee, 2019) y en donde sus implementaciones han sido por diversas causas, los casos elegidos para este análisis tienen en común que son experiencias representativas en el marco de la justicia transicional y dan cuenta de la forma en que, en la práctica, ha avanzado este instrumento aplicable en situaciones de transición en diversas épocas y en razón de variadas situaciones políticas en cada país.
Para demostrar la representatividad y relevancia de los casos escogidos se inicia con Argentina y Chile, por ser las experiencias más destacadas en la primera generación de comisiones de la verdad que surgen posteriormente a las dictaduras en el Cono Sur. Luego se abordan las de El Salvador y Guatemala, cuyas comisiones son fruto de acuerdos de paz, lo que representa un salto cualitativo en esta práctica de justicia transicional.
También ha sido elegida la comisión de la verdad de Perú para este análisis. Esta debe su relevancia a que ya no responde a situaciones políticas luego de dictaduras o acuerdos de paz, sino a la finalización de un conflicto interno por la vía armada, en donde el Estado es el claro vencedor. Por último, Colombia, donde la comisión tiene su origen en un acuerdo de paz y la particularidad de articularse dentro de un sistema de varias entidades transicionales, en las que no solo se busca la verdad, sino también la justicia, la reparación y la no repetición; además, esta comisión debe satisfacer mayores estándares internacionales y sociales que las que la precedieron, dado que el modelo de justicia transicional de Colombia, que incluye la comisión de la verdad, se encuentra bajo observancia de la Corte Penal Internacional, al estar vigente el Estatuto de Roma.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue la primera comisión de la verdad latinoamericana. Se instauró en Argentina el 16 de diciembre de 1983 mediante la Ley 187/83 del 15 de diciembre de 1983 decretada por el presidente Raúl Alfonsín. Esta comisión terminó su informe el 20 de septiembre de 1984 (Díaz & Molina, 2017; Espinoza et al., 2003).
La CONADEP fue producto de un esfuerzo del gobierno constitucional y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, que participaron y contribuyeron de múltiples maneras. De igual forma, “esta comisión fortaleció su legitimidad dando a conocer sus resultados y hallazgos al público” (Peralta, 2018, p. 62) en relación con personas desaparecidas; sin embargo, “esta comisión dejó fuera de su ámbito todos los otros crímenes ocurridos en el periodo dictatorial” (Espinosa et al., 2003).
La comisión chilena fue creada en 1990, y entre sus mayores contribuciones está el haber incorporado en su nombre la noción de reconciliación: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Chilena (CNVR) (Díaz & Molina, 2017). Esta comisión sesionó nueve meses, entregó su informe en febrero de 1991 y estuvo “presidida por el abogado Raúl Rettig e integrada por abogados de tendencia democristiana, centro derecha, izquierda, exparlamentarios y dos ex funcionarios de la dictadura de Pinochet” (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Chile, 1996. Citado en Espinoza et al., 2003, p. 8).
El mandato de la CNVR pretendía establecer las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas durante la dictadura, reunir información que permitiera individualizar a las víctimas determinando su paradero, y recomendar medidas para lograr la reparación y la búsqueda de la justicia. Al final, todo fue mucho más limitado. Su decreto de creación ordenó que las investigaciones solo podían tratar las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado o por particulares que habían resultado en muerte o desaparición permanente de la víctima (Hayner, 2011; Díaz & Molina, 2017). Debido a esto, para 2003, se presentó la denominada Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, o Comisión Valech, cuya intención era subsanar las limitaciones de la comisión anterior en relación con violaciones a los derechos humanos que no terminaron en muerte, tales como las torturas y privaciones de la libertad que habían cometido los agentes estatales entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 (Díaz & Molina, 2017; Espinoza et al., 2003).
La Comisión de El Salvador tuvo actividades entre el 15 de julio de 1992 y el 15 de marzo de 1993, las cuales finalizaron con la entrega de su informe a las partes y al secretario general de Naciones Unidas (Díaz & Molina, 2017).
El mandato de esta comisión fue investigar los hechos de violencia cometidos entre 1980 y 1991 para el conocimiento público de la verdad y escoger para estudio casos emblemáticos, como el asesinato del arzobispo Romero, y las masacres de los jesuitas en la UCA, de El Mozote, de Sumpul y de El Calabozo, con el objetivo de avanzar hacia la reconciliación nacional (Ortiz & Rojas, 2011).
De Centroamérica también se aborda a Guatemala y su Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la cual se instaló el 23 de junio de 1994 con el Acuerdo de Oslo, a raíz de la negociación entre el gobierno del presidente Álvaro Arzú Irigoyen y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en lo cual participó Naciones Unidas (ONU) con el propósito de alcanzar una paz firme y duradera en Centroamérica y terminar para siempre con el conflicto armado interno (González & Varney, 2013; Hayner, 2011).
La CEH ordenaba la investigación de las violaciones a los derechos humanos y los actos de violencia vinculados al enfrentamiento armado. De modo que incluyó todo tipo de crímenes (Espinoza et al., 2003), incluyendo el haber dado a conocer los resultados de las violaciones contra los derechos humanos cometidos en un alto porcentaje contra pueblos indígenas.
En Perú se estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Esta se particulariza por haberse creado luego de que el Estado peruano derrotara a Sendero Luminoso, el 4 de junio de 2001; la presidió transitoriamente Valentín Paniagua, presidente del Congreso. En su composición participaban doce integrantes de diferentes Iglesias del Perú, excongresistas y académicos, y fue presidida también por Salomón Lerner Febres, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su informe lo concluyó en agosto de 2003. Es relevante que se trata de la primera en el mundo con enfoque de género (Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, 2003).
La CVR de Perú concentró sus esfuerzos en realizar un análisis de las causas sociopolíticas que habían originado la violencia en el país entre 1980 y 2000; y en contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en relación con los graves crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por los grupos guerrilleros y fuerzas de seguridad del Estado.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) de Colombia fue creada en el marco del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC-EP) (Alto Comisionado para la Paz, 2016).
La CEV hace parte de otras instituciones creadas por el Acuerdo de Paz, en el marco de la justicia transicional colombiana, denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) que quedó incorporado en la Constitución Política a través del acto legislativo 01/2017. En cuanto a la CEV, el decreto 588/2017 la reglamentó “como un ente autónomo e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeto a régimen legal propio, por un periodo de tres años de duración” (Congreso de la República de Colombia, Decreto 588, 2017).
El objetivo de la CEV es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido ofreciendo una explicación amplia de la complejidad del conflicto; promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas, y contribuir a la convivencia en los territorios (Congreso de la República de Colombia, Decreto 588, 2017), de tal modo que se den a conocer a la sociedad las causas, modos y consecuencias que generaron y permitieron la sostenibilidad en el tiempo de más de cinco décadas del conflicto armado interno en Colombia (Botero, 2018). Esta comisión entregó su informe el 28 de junio de 2022, luego de más de tres años de investigaciones, aunque es la primera institución transicional creada con los acuerdos de paz en cumplir su mandato; aporta así al esclarecimiento de la verdad (Botero, 2017) en el marco del conflicto armado colombiano.
El rol de los actores religiosos en las comisiones de la verdad
Los actores religiosos se han hecho presentes en las comisiones de la verdad elegidas de diversas maneras, de allí que su participación no sea homogénea; sin embargo, hay elementos comunes y diferenciales que responden a la situación e influencia de los sectores religiosos en cada país y a su capacidad de situarse políticamente en los contextos de transición. Es importante analizar los roles de estos actores en cada caso para identificar las relaciones entre los mismos. Es con tal fin que aquí se caracteriza a los actores religiosos de acuerdo a su rol en las comisiones de la verdad: presidentes, comisionados, productores de información y documentos investigativos, creadores de proyectos de memoria, o en el papel de víctimas o victimarios. La descripción y análisis de estos roles es lo que se presenta a continuación.
Presidentes de comisiones
La Comisión Valech de Chile y la CEV de Colombia fueron presididas por un actor religioso, un claro indicio de la influencia, protagonismo y liderazgo de figuras religiosas de reconocida trayectoria en el campo de los derechos humanos en las comisiones de la verdad.
Sergio Valech, arzopispo de Santiago, presidió la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, o Comisión Valech. Él había ejercido también la presidencia de la Vicaría de la Solidaridad, una organización católica que se había encargado de documentar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
El informe de la Comisión Valech manifiesta en su apartado introductorio: “Quiero agradecer el trabajo de los miembros de la Comisión y sus colaboradores, en particular la tarea cumplida por monseñor Sergio Valech, que encarna el rol determinante jugado por la Iglesia Católica y otras iglesias en la defensa de los derechos humanos” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005, p. 9). Una evidencia del liderazgo de monseñor Valech como presidente de esta comisión y de sus esfuerzos para avanzar en el esclarecimiento de la verdad en medio de la dictadura.
Vale señalar que el presidente Aylwin había estimado que la CNVR (la primera comisión de la verdad en Chile) sería presidida por el “cardenal Raúl Silva Henríquez por su destacado papel en la defensa de los derechos humanos a través del Comité Pro Paz y, posteriormente, de la Vicaría de la Solidaridad” (Camacho, 2014, p. 48), oferta que Raúl Silva rechazó al no recibir la autorización del Vaticano, por lo cual esa presidencia recayó en el abogado y político Raúl Rettig. Este hecho resalta la legitimidad y reconocimiento social de los actores religiosos, de su capacidad de convocatoria, y la de realizar acciones estratégicas con repercusiones tangibles en el proceso político.
Por su parte, en Colombia, la CEV fue presidida por el jesuita Francisco de Roux, quien había sido provincial en 2008 de la Compañía de Jesús en Colombia, además de ser director del Programa por la Paz de la Compañía de Jesús y director del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) de 1987 a 1993 (Comisión de la Verdad Colombia, 2021).
No obstante, que un jesuita presida una comisión de la verdad no es fortuito, ya que la Iglesia católica ha sido un actor destacado en los procesos de negociación en Colombia entre los diversos grupos armados, y más aún en las exitosas negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, lo cual dio origen a la CEV y a todo el actual modelo de justicia transicional. Esto evidencia que la acción de los actores religiosos contribuye y es decisiva en el resultado de un suceso o proceso político específico, en este caso, llegar a un acuerdo de paz y a que en este se implementara un instrumento de justicia transicional.
La presidencia de estas dos comisiones de la verdad evidencia, por un lado, la influencia política y el rol desempeñado de la Iglesia católica en la dictadura chilena y en el conflicto armado colombiano, pero también el reconocido y amplio recorrido en el campo de los derechos humanos de ambas figuras, Valech desde la Vicaría de la Solidaridad en Chile y de Roux por su compromiso en la búsqueda de la paz en Colombia desde el Cinep y la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Comisión de la verdad de Colombia, 2021), la cual se convierte en el primer laboratorio de paz en Colombia.
Comisionados religiosos
Así como hay figuras religiosas que presiden comisiones de la verdad también las hay en el papel de meros comisionados que están allí por razones políticas y sociales.
Es el caso de la CONADEP en Argentina, la cual contó con tres comisionados procedentes de las Iglesias católica, judía y metodista. Por parte de esta última, el obispo Carlos Gattinoni fue nombrado copresidente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos durante la dictadura. En representación de la Iglesia judía, participó Marshall T. Meyer, rabino estadounidense y fundador de la comunidad Bet-El en Argentina, la mayor congregación judía no ortodoxa de América Latina. Marsahall creó el Movimiento Judío por los Derechos Humanos y fue dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En tanto que por la Iglesia católica participó Jaime de Nevares, obispo de Neuquén, uno de los pocos opositores católicos a la dictadura y uno de los fundadores del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (Camacho, 2014).
Si bien estos tres comisionados habían estado comprometidos con la defensa de los derechos humanos, su nombramiento en la CONADEP respondía a razones políticas. En específico, Jaime de Navares es elegido con la intención de “mejorar la mala imagen que tenía la Iglesia Católica en ese instante” (Camacho, 2014, p. 48).
Los nombramientos de Mayer y Gattinon buscaban, por una parte, resarcir la política antisemita del Estado argentino durante la dictadura y, por otra, reparar la brutal represión ejercida contra los cristianos evangélicos (Camacho, 2014). Los prisioneros de origen semita habían sido víctimas de todo tipo de vejaciones, de manera que “el antisemitismo se presentaba como contrapartida de una deformación de lo cristiano en particular y de lo religioso en general” (CONADEP, 1984); “las iglesias evangélicas, comúnmente llamadas protestantes, fueron igualmente víctimas del terrorismo de Estado” (Mignone, 1987. Citado por Camacho, 2014, p. 47).
La CVR de Perú tuvo también la participación de dos comisionados provenientes del sector religioso: el sacerdote católico Gastón Garatea y el evangélico Humberto Lay (Rodríguez, 2010). En coincidencia con Argentina hay comisionados cristianos, aunque la CONADEP es el único caso con representación judía.
Los comisionados religiosos en la CVR cumplían el objetivo de la representatividad social, ya que quienes la integraron procedían de los diversos sectores de la sociedad peruana y el cristiano debía quedar contenido por su tradición y peso político en la estructura social de este país, y más tratándose de la construcción de la verdad y la reconciliación.
No obstante, los comisionados religiosos peruanos no obedecían tan marcadamente a propósitos políticos, mientras que este tipo de actor en la comisión argentina no era un hecho fortuito, ya que desde su nombramiento se respondía a una intencionalidad política del presidente Alfonsín respecto a una nueva hoja de ruta en la floreciente democracia, y para ello requería de comprometer a todos los sectores, incluyendo a los religiosos que habían jugado diferentes papeles durante el régimen militar.
Productores de información y documentos investigativos
Una de las cualidades más representativas de los actores religiosos en las comisiones de la verdad, se relaciona con la capacidad para aportar documentación sobre violaciones a los derechos humanos en los países que abarca el presente estudio. En este apartado se señalan sus contribuciones, en su mayoría de parte de los católicos, a las comisiones de Chile, El Salvador y Colombia.
En Chile, la Iglesia católica creó la Vicaría de la Solidaridad,2 la organización que más contribuyó a la labor de la CNVR; de tal modo que “Resultaron fundamentales sus informes mensuales sobre la situación de los derechos humanos y la colección de siete tomos de ¿Dónde Están? que entrega información precisa de varios cientos de detenidos” (Camacho, 2014, p. 53), tanto para la CNVR, como para la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura.
Cabe decir que la Iglesia católica chilena no experimentó la necesidad política de tener comisionados, porque fue la principal institución que denunció las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet (Camacho, 2014), lo cual se concentró mediante la Vicaría de la Solidaridad.
Por su parte, la Comisión de la Verdad de El Salvador, cuyo informe se titula De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador, recibió por parte de la Iglesia católica el acervo documental de la oficina de Tutela Legal3 de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, lo cual contribuyó a que la comisión de la verdad pudiera avanzar en sus investigaciones (Hayner et al., 2015). Esta institución eclesial de defensa y promoción de los derechos humanos se crea en 1982, posteriormente al asesinato de monseñor Romero en 1980, punto de quiebre y detonante de la guerra civil en El Salvador.
En el caso de Colombia, distinto a Chile y El Salvador, no contó con una organización fuerte y robusta liderada por una institución religiosa que documentara las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado. Sin embargo, la CEV sí recibió información y documentación del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)4 y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP),5 instituciones de carácter religioso que han abordado y estudiado el conflicto armado colombiano desde hace décadas.
Igualmente, la CEV recibió informes de organizaciones católicas y protestantes que relatan las afectaciones del conflicto en sus comunidades. Un ejemplo es el informe Un llamado profético. Las iglesias cristianas en el conflicto armado colombiano (Justapaz, 2020) presentado por Justapaz, la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta y la Comisión de Paz del Consejo Evangélico de Colombia (Cedecol). Este documento explica los procesos de victimización y persecución de las Iglesias cristianas en todo Colombia (Vidal, 2019).
Así mismo, la CEV, en cabeza de su presidente, el jesuita Francisco de Roux, recibió por parte de la Mesa Ecuménica por la Paz, un informe sobre las víctimas de la Iglesia de los Pobres -un movimiento social cristiano que acogió en Colombia las tesis de la teología de la liberación (Vidal, 2019)- que recoge 48 casos de víctimas cristianas, en su mayoría católicas, procedentes de la década de los ochenta-noventa y de varias regiones del país.
A estos informes se suman los espacios de diálogo que la CEV abrió con representantes de las iglesias y víctimas de las comunidades de fe que sufrieron exilio, desplazamiento, secuestro, atentados, asesinatos y tortura, espacios en defensa de los derechos humanos y territorios altamente golpeados por la violencia.
La participación activa de los actores religiosos en la comisión de la verdad colombiana no solo obedece a que la preside un reconocido jesuita, sino también a que se ha preocupado por escuchar a todos, incluyendo a los sectores de fe, de igual modo afectados por el conflicto armado interno.
Esta exposición nos muestra cómo principalmente la Iglesia católica ha sido un actor clave para las comisiones de la verdad, ya que por medio de organizaciones creadas en diversos países ha documentado y adelantado investigaciones sobre la violencia en América Latina.
En Chile, el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad fue clave para que la primera comisión pudiera emprender sus investigaciones, tanto así que el informe de la CNVR reconoce la labor de la Iglesia y ofrece un apartado en su tomo II recogiendo el trabajo en favor de los derechos humanos del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad, pero también lo hecho por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).6
En Colombia, el informe final de la CEV ha instado a los actores religiosos en sus recomendaciones a promover desde su prédica, congregaciones e instituciones educativas, narrativas y prácticas que fomenten el diálogo, la diversidad, la dignidad de las personas y el respeto de los derechos humanos, para contribuir a desinstalar las narrativas de odio y venganza que legitiman y aceptan la eliminación física de las personas (Comisión para el Esclarecimiento la Verdad, 2022). Esto permite reconocer el valor de los actores religiosos en la consolidación de la paz a nivel territorial.
Creadores de proyectos de memoria
Aunque los actores religiosos en las comisiones de la verdad estudiadas aquí han desempeñado y asumido roles y acciones para ser partícipes de estos mecanismos de justicia transicional, ninguno ha alcanzado el nivel de aportes y contribuciones de la Iglesia católica en Guatemala con su proyecto de memoria REMHI, creado para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en el conflicto guatemalteco.
La participación de los actores religiosos en la CEH de Guatemala estuvo mediada por la Iglesia católica, ya que, a diferencia de los demás casos, este país ha sido el único donde hubo un proceso investigativo robusto y fuerte, equiparable a una comisión de la verdad de carácter no oficial, liderado por la Iglesia católica.
La Iglesia católica estableció en 1984 su propia oficina de derechos humanos y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), para avanzar en el esclarecimiento de múltiples hechos relacionados con la desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos. Esta iniciativa sentó las bases para reclamar el establecimiento de una comisión de la verdad ante la creciente demanda desde distintos sectores de la sociedad.
Ante la necesidad de crear una comisión de la verdad, la Iglesia católica elaboró su propio proyecto de memoria no estatal, el Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), con el que recogió miles de testimonios sobre violaciones a los derechos humanos sucedidas en el marco del conflicto armado interno. Su iniciador fue monseñor Próspero Penados del Barrio, quien solicitó en octubre de 1994 a la Oficina de Derechos Humanos del “Arzobispado de Guatemala -ODHA- la presentación del proyecto REMHI a los Obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala. El apoyo allí logrado fue lo que le confirió su carácter Interdiocesano” (Rostica, 2007, p. 5).
El proyecto REMHI concluyó su informe el 24 de abril de 1998, Guatemala: Nunca Más, en cuatro voluminosos tomos que entregó a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (Rostica, 2007). Monseñor Juan Gerardi, quien presidió esta comisión, fue asesinado dos días después de dicha entrega, el 26 de abril de 1998 (Hayner, 2011; Colorado y Villa, 2020), lo que provocó el “cierre político del espacio de transición y un refuerzo de las posiciones más reaccionarias y del miedo” (Hayner et al., 2015, p. 80).
Los hallazgos del Proyecto REMHI fueron claves para que la CEH desarrollara su tarea de “esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca” (Comisión de Esclarecimiento Histórico, 1999, p. 24), dado que facilitó la investigación y contrastación de fuentes para avanzar en la clarificación de la verdad.
El 25 de febrero de 1999, la CEH entregó su informe Guatemala: Memoria del silencio a los firmantes del Acuerdo de Paz. En este se dejó claro el papel de la Iglesia católica en favor de los derechos humanos, e incorpora referencias del número de víctimas, testimonios, testigos y diferentes datos tomados del proyecto REMHI, lo cual ratifica la importancia e influencia de esa Iglesia en la creación y posterior desarrollo de la comisión de la verdad en Guatemala.
Este es quizás unos de los roles más interesantes, ya que, de forma autónoma y casi siempre ante la ausencia de acciones institucionales o gubernamentales, los actores religiosos emprenden acciones estratégicas para la construcción de la memoria, romper el silencio y negación de un pasado violento y doloroso, atender y promover los derechos de las víctimas e impulsar la reconciliación reduciendo las tensiones resultantes de los periodos de violencia.
Involucrados como víctimas o victimarios
En varios informes de las comisiones de la verdad los actores religiosos aparecen como víctimas o victimarios en los escenarios de violencia, e incluso hay casos en los que comparten ambas categorías, dependiendo su pertenencia religiosa. Ello es muestra de que si bien los hubo muy comprometidos con los derechos humanos en cada país, otros, en su mayoría relacionados con la jerarquía católica, actuaron en complicidad, guardaron silencio y mantuvieron relaciones estrechas con los políticos y militares responsables de violaciones a los derechos humanos. El ejemplo más explícito es el argentino.
En la comisión de la verdad argentina es clara la condición de victimario y la de víctima. Mientras las Iglesias judías y protestantes fueron perseguidas y victimizadas por la dictadura, la católica fue aliada de esta última, de allí que “en todo el territorio argentino era conocida la simpatía de la Iglesia Católica y su alianza con la labor desempeñada por las fuerzas armadas, lo que incidió negativamente en el prestigio de la institución” (Camacho, 2014, p. 47).
Jaime de Nevares intentó que la Iglesia católica liderara la defensa de los derechos humanos en Argentina, como ocurría en Chile; no obstante, la mayoría conservadora rechazó la propuesta. Pocos integrantes del catolicismo se opusieron a lo sucedido durante el régimen militar, tanto que el informe Nunca Más señala que “lamentablemente, hubo miembros del clero que cometieron o avalaron con su presencia, con su silencio y hasta con palabras justificatorias estos mismos hechos” (CONADEP, 1984, p. 64).
La CONADEP se convirtió en una oportunidad, especialmente para la Iglesia católica a través del obispo Nevares, de cambiar y desenlodar su imagen negativa, empañada por su relación y empatía con la dictadura. Además, fue conveniente para que el Estado pudiera transitar hacia la reconciliación con los semitas y evangélicos perseguidos y reprimidos.
Ello explica que el informe Nunca Más revela la participación, afectaciones y responsabilidades de estas Iglesias durante la dictadura; el mismo informe presenta en su capítulo II referido a las víctimas, un apartado de afectaciones a los sectores religiosos con casos ilustrativos, ya que cada uno de los tres comisionados representantes de los sectores religiosos “tuvo la labor de recibir a familiares y sobrevivientes de su mismo credo que fueron a entregar su testimonio a la CONADEP” (Camacho, 2014, p. 48).
El informe final de la CEV colombiana afirma que los sacerdotes y obispos, durante la década de 1950, “manipulaban las conciencias de los fieles en el púlpito, para empujarlos a odiar a los liberales y, en casos extremos, a matarlos” (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 2022, p. 63). Mientras que el informe de víctimas cristianas, entregado por la Mesa Ecuménica por la Paz a la CEV, Víctimas cristianas de la Iglesia de los Pobres: un grito profético y liberador, sostiene que el ala institucional católica, liderada por el cardenal López Trujillo, persiguió y señaló a sectores liberales de esa misma Iglesia (Trigos et al., 2019) comprometidos con la opción por los pobres de ser comunistas y guerrilleros, lo que generó hechos de victimización.
En Perú es notable la condición de víctima de actores religiosos cristianos, ya que las Iglesias católica y varias evangélicas, en distintas regiones del país, fueron afectadas por la acción de los grupos guerrilleros y por una represión indiscriminada de parte de las fuerzas de seguridad del Estado, o por grupos de poder locales muchas veces ligados a estas últimas (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003).
El informe final entregado por la CVR en el tomo III, capítulo 3, referido a las organizaciones sociales, dedica un apéndice a las Iglesias católica y evangélicas, donde se afirma que la Iglesia católica “desempeñó un importante papel de acompañamiento y protección de los peruanos golpeados por la violencia de las organizaciones subversivas y de las fuerzas de seguridad del Estado” (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, p. 385), y que la gran mayoría de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos apostaron por la defensa de la vida, motivados por el compromiso del Concilio Vaticano II.
No obstante, también se aclara en este informe que en “ciertos lugares algunas autoridades eclesiásticas mantuvieron un deplorable silencio sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden” (2003, p. 385), pero, en general, el catolicismo, mediante la Comisión Episcopal de Acción Social, las vicarías de solidaridad y otros organismos, se convirtió en un escudo de defensa contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden denunciándolas públicamente (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003).
Además, la CVR reconoce, en el tomo IX, referido a las recomendaciones, en los fundamentos de la reconciliación, el gran valor de las Iglesias católica y evangélicas en la construcción social y cultural peruana, por lo cual se precisa que, en los pueblos de la Sierra, el epicentro de la violencia, el peso de las Iglesias católica y Evangélicas es muy fuerte (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003); de allí que la comisión las considerara importantes para promover la reconciliación, justicia y paz.
Por su parte, en la Comisión de la Verdad para El Salvador se observa con claridad que los actores religiosos de mayor importancia fueron victimizados, de allí que el impacto y las consecuencias en ese país en torno a los crímenes de figuras religiosas hizo que el asesinato de monseñor Romero y la masacre de los jesuitas en la UCA en 1989 se convirtieran en los casos ilustrativos de su informe final (Comisión de la Verdad para El Salvador, 1994; Moreno, 2017).
Tales hechos condujeron a que la Iglesia católica se comprometiera ideológicamente y tomara partido en el conflicto, lo que conllevó a que fuera más activa “en el proceso de reconciliación salvadoreño, donde su participación a través de múltiples iniciativas de reconciliación tuvo mayor protagonismo” (Pacheco, 2016, p. 95). De hecho, en el informe final de la comisión de la verdad salvadoreña se agradece “a la Iglesia Católica y sus jerarquías, lo mismo que a todos los credos religiosos” (Comisión de la Verdad para El Salvador, 1994, p. 6) su cooperación para alcanzar el objetivo de esclarecimiento de la verdad.
Conclusiones
Las comisiones de la verdad son herramientas útiles para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y sentar bases para la reconciliación luego de múltiples violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, en países que han sido escenarios de violencia por causas políticas. En este sentido, si bien las comisiones de la verdad tienen por objetivo contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, no son el único instrumento aplicable para tal fin, dado que es una herramienta no judicial que privilegia la verdad histórica, en tanto que se requiere avanzar en la verdad jurídica para allanar los caminos que posibiliten la justicia, la reparación y la no repetición de hechos similares. Parte del eventual éxito en el cumplimiento de las comisiones de la verdad depende de los actores que han asumido roles estratégicos en su implementación, lo que ha les permitido tener repercusiones tangibles en el proceso político, sobre todo en la reparación y en romper el silencio y negación de un pasado violento y doloroso.
América Latina ha sido una de las regiones en las que más se ha utilizado esa herramienta de la justicia transicional, por tanto, allí se encuentran algunos de los casos más representativos de la evolución de esa práctica, lo cual permite comparar los roles de actores sociales relevantes en la implementación de las comisiones de la verdad, como los religiosos, mismos que han participado en ellas con un impacto en estos mecanismos de justicia transicional.
Los actores religiosos y las comisiones de la verdad en América Latina tienen una estrecha relación. Los casos abordados demuestran que los primeros han sido partícipes en la construcción y desarrollo de las segundas en la región. Los hallazgos encontrados en los países elegidos para este estudio evidencian que las CV han contado con comisionados, presidentes, documentación y proyectos de memoria e investigación liderados por sectores religiosos, todo lo cual ha posibilitado el funcionamiento de esta práctica de la justicia transicional.
El estudio de las comisiones de la verdad de Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia arroja que la Iglesia católica como institución y a través de figuras específicas, ha sido el actor religioso más visible y relevante en las comisiones de la verdad, seguido de las Iglesias evangélicas, protestantes y judía. Lo anterior se explica por la preeminencia de las Iglesias cristianas, sobre todo la católica, en las configuraciones sociales, políticas y culturales de la mayoría de los países latinoamericanos.
Asimismo, al comparar los casos elegidos se advierte que dos de las comisiones han sido presididas por figuras religiosas relevantes pertenecientes al catolicismo: la chilena Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por monseñor Valech, y la colombiana Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, presidida por el padre Francisco de Roux. Esto demuestra la influencia y el peso de la Iglesia católica en estos dos países, la primera en la denuncia y recolección de información sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, y la segunda en su participación y compromiso en las negociaciones de paz con los diferentes grupos armados en Colombia.
Otro aspecto a resaltar es que cuatro de las comisiones elegidas registran la intervención de comisionados religiosos: en un primer grupo se encuentran la Comisión Valech de Chile, y la de Colombia, presididas por este tipo de actor; en un segundo grupo aparecen las comisiones de Argentina, con comisionados de las Iglesias católica, metodista y judía, y la comisión de Perú con comisionados provenientes de las Iglesias católica y evangélica.
Aunque la presencia del actor religioso obedece a diferentes razones políticas y sociales, solo en dos de estas comisiones, Argentina y Perú, se explicita la participación de las Iglesias evangélicas o protestantes, y solo en Argentina se advierte la participación de la Iglesia judía. Mientras que la Iglesia católica tiene presencia en los cuatro casos.
Además, aunque la primera comisión de Chile, la de El Salvador y la de Guatemala no contaron con comisionados religiosos, sí existieron en Chile y El Salvador iniciativas de documentación e investigación lideradas por la Iglesia católica, lo cual no sucede en Argentina y Perú.
Guatemala es el único país en el que la comisión de la verdad crea un proyecto de memoria encabezado por la Iglesia católica: el proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica-REMHI, cuya intención fue documentar las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto interno de este país. Es tan importante este trabajo, que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico reconoce que el REMHI fue una de sus principales fuentes de contrastación y documentación de información.
Es de resaltar también el trabajo desarrollado por la Iglesia católica chilena, que desde la Conferencia Episcopal crea la Vicaría de la solidaridad, cuya documentación fue utilizada por la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech).
Y en cuanto a El Salvador, la documentación entregada desde la oficina de Tutela Legal de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador fue de gran utilidad para la Comisión de la Verdad para El Salvador.
En Colombia, aunque no cuenta con un gran proyecto de investigación liderado por las Iglesias, como en Guatemala y Chile, la comisión de la verdad sí contó con documentación ofrecida a través de informes por organizaciones de carácter religioso católico y protestante, Iglesias que evidenciaron las afectaciones a sus comunidades en el marco del conflicto armado.
Vale especificar que solo la Comisión de la Verdad para El Salvador se concentra en parte en figuras religiosas emblemáticas: el asesinato de Óscar Arnulfo Romero y la masacre de los seis jesuitas en la UCA, lo cual implica que los actores religiosos además de contribuir con investigaciones y siendo comisionados, han sido objeto de investigación en las comisiones de la verdad.
Las demás comisiones han destinado parte de sus informes para referirse a las afectaciones y responsabilidades de las Iglesias en el marco de los hechos de violencia, por lo cual también la comisión colombiana ha mencionado en su informe final a los sectores religiosos y su papel en el marco del desarrollo del conflicto armado interno.
Con lo expuesto se evidencia que los actores religiosos han participado de distintas formas en las comisiones de la verdad elegidas para este estudio, por lo que se convierten, junto a actores militares, civiles y políticos, en referentes para comprender que sus intervenciones en las comisiones de la verdad obedecen a las necesidades y circunstancias sociales y políticas de cada país. En este sentido, las Iglesias de mayoría cristiana, aunque con un trabajo en muchas ocasiones silencioso y poco visible, han jugado papeles determinantes en la construcción de las comisiones de la verdad como políticas de la justicia transicional, contribuyendo, en unos casos más que en otros, a la búsqueda y construcción del derecho a la verdad en cada país.
