La política

 

La emergencia indígena contra el neoliberalismo

 

Fabiola Escárzaga Nicté*

*Universidad Autónoma Metropolitana, México
fnicte@correo.xoc.uam.mx

 

Recepción de original: 15/01/04
Recepción de artículo corregido: 04/09/04

 

Resumen

En este ensayo se explora la relación entre la emergencia indígena que se ha vivido en América Latina en las dos últimas décadas del siglo XX y los procesos de globalización neoliberal que les han dado un marco legal y político nacional e internacional relativamente favorable a las movilizaciones indígenas. Asimismo, se analizan las nuevas condiciones que ellos ofrecen a sus luchas y la manera en que los distintos sujetos étnicos en los países de mayor población indígena del continente (Bolivia, Ecuador, México) están aprovechándolas, contrastando las estrategias de lucha empleadas en cada uno, o los factores que, como en los casos de Guatemala y Perú, han impedido que lo hagan.

Palabras clave: políticas de reconocimiento étnico, pueblos indígenas y estados nacionales, estrategias de lucha indígena, contrainsurgencia indígena, migraciones e identidades étnicas.

 

Abstract

This paper explores the relationship between the indigenous resistance that emerged in Latin America during the last two decades of the 20th century and the processes of neoliberal globalization that a national and international legal and political framework that is relatively favorable to indigenous mobilizations. It also analyzes the new conditions they offer their struggles and the way in which various ethnic figures in the countries of the continent with the highest proportions of indigenous populations (Bolivia, Ecuador, Mexico) are taking advantage of them, and it contrasts the combat strategies adopted in each and the factors that, as in Guatemala and Peru, have prevented them from doing so.

Keywords: ethnic recognition policies, indigenous peoples and nation states, indigenous combat strategies, indigenous counterinsurgency, ethnic migration and identity.

 

El proceso de globalización de la economía capitalista desarrollado en las dos últimas décadas del siglo XX se caracteriza, entre otros fenómenos, por el desplazamiento de viejos sujetos sociales por otros nuevos, las clases subalternas que fueron protagonistas de los cambios más importantes en las sociedades centrales y periféricas en la etapa precedente: la clase obrera y los sectores medios fueron reemplazados por los movimientos de mujeres, jóvenes e indígenas, entre otros. Nos interesa particularmente delinear la relación entre la emergencia indígena en algunos países de América Latina en las últimas décadas, y los procesos de globalización neoliberal que les han dado un marco legal y político, nacional e internacional a las movilizaciones indígenas. ¿Cuáles han sido los cambios que han favorecido la capacidad de lucha de los pueblos indígenas en el mundo actual?

Las transformaciones productivas operadas en las últimas décadas han provocado la demanda creciente de recursos naturales y la incorporación de nuevos territorios antes excluidos del mercado mundial. Las poblaciones asentadas se han visto obligadas a desplazarse en distintos sentidos y alcances a partir de los cambios producidos en los centros del capitalismo mundial. Las poblaciones indígenas antes olvidadas, particularmente las asentadas en los territorios selváticos, no obstante su escaso peso demográfico, se convirtieron así en un actor relevante para el sistema internacional, en tanto que los recursos naturales de los que han sido depositarios durante siglos, adquirieron un valor considerable para el mercado internacional y se volvieron codiciados, por ejemplo, los hidrocarburos y otros minerales, el agua, la biodiversidad, el oxígeno, etc. La nueva lógica global dominante asume que los estados nacionales son un obstáculo para la libre disposición de tales recursos por parte de los intereses económicos transnacionales que buscan apropiárselos.

Las políticas de reconocimiento étnico, diseñadas y promovidas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para su aplicación por los estados nacionales latinoamericanos, están orientadas al fortalecimiento de los actores étnicos locales, dentro de los contextos nacionales que les han sido tradicionalmente adversos. Tales políticas deben ser leídas en el contexto de la globalización neoliberal dominante, interesada en debilitar a los estados nacionales que se opongan a sus intereses y en fortalecer a los grupos sociales que contribuyan a ese fin; los actores étnicos fueron considerados en este esquema.

La colocación de los sujetos étnicos como interlocutores privilegiados entre los sectores subalternos en los diversos países de América Latina ha servido además a la estrategia de desplazar a los viejos actores que, fortalecidos en su organización, se habían vuelto una amenaza para los intereses económicos dominantes y los estados nacionales. Los sujetos étnicos, por su inexperiencia organizativa y su marginalidad social, aparecían como inofensivos para los intereses mencionados.

Pero la previsión ha resultado errónea: la legislación internacional relativamente favorable a los intereses indígenas ha sido aprovechada por ellos como palanca para su fortalecimiento organizativo y su legitimación, para ir más allá de las metas y previsiones de la institucionalidad dominante y para defender los recursos de los que se pretende despojarlos. La capacidad de adaptación puesta en juego por las poblaciones indígenas para usar en su beneficio los elementos favorables de las nuevas condiciones y enfrentar las que les son adversas, como han hecho desde hace más de 500 años, es la constante que podemos observar en el variado repertorio de las estrategias de lucha de los distintos movimientos indígenas de América Latina.

Luego de reseñar los procesos de constitución de la condición subordinada de las poblaciones indígenas en los países de América Latina y de analizar el nuevo contexto internacional en que se han dado los cambios en la actual fase de globalización neoliberal, abordaremos las situaciones particulares de los movimientos indígenas en los países con mayor población indígena del continente, pues en algunos de ellos los movimientos indígenas se han desarrollado significativamente, aplicando diversas estrategias de lucha: insurgencias armadas, movilizaciones, participación electoral, etc., como en México, Bolivia y Ecuador. En otros casos, los movimientos indígenas han sido desactivados y paralizados por la presencia de procesos de insurgencia previos, que si bien consideraban a la población indígena una potencial base social de los movimientos insurgentes, no desarrollaron un programa de reivindicación étnica y en cambio desencadenaron guerras contrainsurgentes que derivaron en genocidios contra la población indígena, como en los casos de Guatemala y Perú.

POBREZA, DESIGUALDAD Y RACISMO

Desde el proceso de colonización española, hace más de 500 años, la diferencia cultural entre la población originaria y los conquistadores europeos ha sido el argumento central sobre el que se construyó la justificación de la dominación de los invasores sobre los pueblos invadidos, y sobre la diferencia se consolidó a lo largo de los siglos una desigualdad estructural que subsiste hasta hoy. El ciclo neoliberal instaurado al inicio de los años ochenta del siglo XX en todo el mundo, en los países de América Latina con significativa población indígena se sustenta en las diferencias étnicas, entre otros factores, y contribuye con su acción a profundizar la desigualdad entre los diferentes grupos sociales en el interior de los distintos países.

El neoliberalismo ha generado niveles de pobreza y desigualdad social sin precedentes en el mundo y en particular en América Latina, que hoy es la región más desigual del mundo en desarrollo. Al tiempo que se definían los mecanismos para golpear al factor trabajo y despojarlo de su capacidad de negociación, los organismos internacionales, como el Banco Mundial, han diseñado políticas sociales que buscan atenuar los efectos de las políticas financieras que las instituciones internacionales impusieron a los gobiernos; tales políticas están orientadas a combatir la pobreza y la pobreza extrema, proporcionando ayuda y acceso al bienestar a los sectores más vulnerables del espectro, entre los que se encuentran los campesinos e indígenas, mientras que despojan a los trabajadores urbanos y los sectores medios del bienestar previamente alcanzado.

Sin embargo, sus acciones han sido muy deficientes en el logro de sus metas: la ONU, por ejemplo, se propuso como objetivos del desarrollo del milenio reducir la pobreza extrema a la mitad en 2015, pues la superación de la pobreza se encuentra estancada en la región desde 1997.1 La capacidad de sus políticas para superar la desigualdad estructural resulta tan limitada que parecerían estar dirigidas más al objetivo de evitar la concertación y articulación de los diversos grupos de descontentos en contra de ellas, que a generar cambios significativos en la distribución del ingreso.

El mayor obstáculo para disminuir la pobreza y la desigualdad es el escaso crecimiento económico alcanzado por la región, que en 2001 fue de 0.3% y en 2002 registró un decrecimiento de 0.7%. Contra ello ningún país puede hacer nada, pues de la misma manera que el factor trabajo se encuentra atomizado, confrontado y desorganizado dentro de cada país, en el nivel del mercado internacional los países productores de materias primas y fuerza de trabajo barata se encuentran atomizados, confrontados y desorganizados como productores y deudores, sin capacidad ni voluntad política para enfrentar a sus compradores y acreedores.

Las políticas de ajuste neoliberal golpearon a todos los sectores populares, pero los más vulnerables resultaron ser aquellos que mayor dependencia presentaban frente al capital, al mercado mundial y al Estado como empleador y como proveedor de bienes y servicios; la clase obrera y los sectores medios fueron separados en masa de sus puestos de trabajo y vieron reducidos drásticamente sus ingresos y medios de vida, y eran por cierto los que mejores condiciones de organización habían alcanzado hasta entonces para enfrentar al capital y negociar su participación en el producto social. El violento proceso de despojo no favoreció su capacidad de respuesta, sino que fue debilitándola; por su parte, los sindicatos y organizaciones representativas de sus intereses, fuesen independientes o subordinados, combativos o corporativos, perdieron su capacidad de negociación frente al capital o al Estado en la medida en que sus agremiados iban disminuyendo en número. Las reglas de la relación capitaltrabajo fueron así redefinidas en perjuicio del trabajo y éste no tuvo ya la capacidad para defenderse.

La población indígena, en cambio, resintió menos los efectos directos de tales políticas, en la medida en que, no obstante su creciente participación en el mercado nacional e internacional, mantiene un alto grado de autonomía productiva y cultural, y se empeña en preservarla. Condición que la coloca en una situación relativamente favorable para enfrentar las agresiones del neoliberalismo: tanto las que vienen por el interés de incorporar sus tierras, territorios y recursos minerales y bióticos a la dinámica capitalista impulsada por las políticas neoliberales, y con ello la destrucción de su modo de vida y su cultura; como por el deterioro de los precios de sus productos para el mercado y el paralelo incremento de los precios en los productos que requiere del mercado. Ante tales presiones y agresiones, la población indígena cuenta con una cultura ancestral propia que le proporciona mecanismos de cohesión y autoorganización, proyectos de vida y estrategias de resistencia y de lucha secularmente aplicados.

LA AMÉRICA INDIA

La población indígena de América Latina asciende en el año 2000 a unos 40 o 50 millones de personas que representan entre 8 y 10% de la población total del subcontinente, está conformada por unos 400 grupos lingüísticos diferentes.2 Los dueños de estas tierras hace más de 500 años hoy no sólo son los más pobres entre sus pobladores, sino que además constitiuyen una proporción mínima de ellos, aun cuando hay regiones de América Latina en donde los indios son mayoritarios: es el caso de los Andes centrales y de Mesoamérica, donde en conjunto hoy viven más de 80% de los indígenas americanos.3

Los países en los que los indios son mayoría son los que ocupan los territorios que antes de la conquista española eran la sede de las grandes civilizaciones americanas: Mesoamérica, que comprende el área maya, es la región en que el denominado imperio mexica dominó a una gran cantidad de pueblos.4 Los Andes comprenden el vasto territorio que dominó el imperio inca.5 Ambos imperios fueron estructuras estatales centralizadoras que expresaban tanto la complejidad productiva alcanzada por las sociedades campesinas que dominaban como la riqueza de sus culturas.

En los Andes, son tres los países con mayoría india: Bolivia, Perú y Ecuador. Cálculos conservadores que consideran indios sólo a los hablantes de una lengua indígena, asignan a Bolivia más de 50% de población indígena, y estimaciones que consideran criterios más amplios la elevan hasta 70%.6 A partir de estos mismos criterios, Perú está entre 38 y 54%, y Ecuador, entre 24 y 51 por ciento.

En Mesoamérica, Guatemala tiene, según los mismos criterios, entre 48 y 65% de población indígena, y México, entre 9 y 30%. Como se aprecia, México no tiene una mayoría indígena respecto a su población total, pero en términos absolutos tiene la mayor población indígena de América Latina, con más de 9 millones de personas, y en los estados del sur y del sureste tiene concentraciones indígenas semejantes a las de los países andinos: Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán registran más de 40% de población indígena, y Campeche y Chiapas, por encima de 20 por ciento.

Esa concentración indígena es su mayor fuerza. La región maya tenía, en 1994, 6 500 000 hablantes mayas distribuidos en cuatro países (México, Guatemala, Belice y Honduras); los Andes centrales tenían en ese mismo año más de 12 500 000 de quechuahablantes en cinco países (Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile) y más de 2 millones de aymarahablantes en cuatro países (Perú, Bolivia, Argentina y Chile). Mientras que en la poco densa selva amazónica, compartida por ocho países de Sudamérica, hay dos millones de nativos amenazados de extinción luego de que sus antecesores vivieron ahí durante 500 años sin destruirla; ellos representan 3.6% de los indígenas del continente.

EL CONFLICTO ENTRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS NACIONES

A principios del siglo XIX, durante las guerras de independencia contra el dominio colonial español, algunas élites criollas latinoamericanas percibieron en la mayoritaria masa indígena campesina un aliado potencial en su lucha por el poder. De acuerdo con el contenido liberal o conservador de su programa independentista, los criollos procuraron o evitaron aliarse con los indios.7 En cualquier caso, para los criollos la idea de construir naciones poderosas y soberanas suponía la eliminación de los factores de atraso que impedían a los países latinoamericanos crecer al ritmo y modo de sus admirados modelos: Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y el mayor signo de atraso para ellos era la presencia indígena con sus formas de vida, cosmovisión y lenguas diferentes. En el programa liberal decimonónico, los indios eran el obstáculo fundamental para el progreso.

La capacidad para construir naciones por parte de las élites criollas latinoamericanas ha sido, en general, muy limitada; ellos justifican su incapacidad por la presencia de los indios, estigmatizados como grupos humanos que se resisten a asimilarse a la cultura moderna que los estados imponen como forma superior de vida. En la nación propuesta por los criollos y mestizos, los indios no tenían lugar. Para eliminar el obstáculo se diseñaron diversas estrategias con énfasis distintos según países, circunstancias y momentos, que iban del exterminio a la asimilación de las poblaciones indígenas. La homogeneidad preconizada por ellos a partir de la estrategia del mestizaje significaba la desaparición de los indios como tales. Sus expresiones más contundentes han sido las reformas agrarias implantadas por México (1936), Bolivia (1953) y Perú (1969), que negaron por decreto la existencia de los indígenas, que en adelante debieron asumirse como campesinos, y a los que les fueron impuestas formas productivas distintas a las ancestrales que ellos practicaban.8 Los resultados fueron variados según las regiones en el interior de cada país y entre los países: no eran los decretos sino las fuerzas económicas dominantes y la dinámica de las relaciones interétnicas prevalecientes, los que determinaron la profundidad de los cambios. La negación del componente étnico de grandes poblaciones campesinas es una de las manifestaciones del racismo imperante.

La ideología racista elaborada por los blancos convirtió las diferencias culturales entre blancos e indios en diferencias biológicas, y aunque el discurso racista tuvo tópicos diversos según el país, contenían más o menos los mismos elementos. Bajo un barniz cientificista, las diferencias raciales sirvieron para legitimar y reproducir la condición subordinada de los indios que permitía la expropiación por los grupos dominantes de la riqueza producida por ellos en situaciones muy cercanas a la esclavitud. En los países andinos los indios eran, además de mayoritarios, la única fuerza de trabajo disponible y por tanto la fuente por excelencia de acumulación de riqueza. Los blancos repudiaban a los indios pero no podían vivir sin ellos.

La agricultura de altura en los Andes se caracteriza por su baja productividad, a causa de las condiciones climáticas extremas: bajas temperaturas, así como pobreza de suelos y heladas, que obligan a un uso extenso del tiempo de trabajo,9 mediante variadas formas de cooperación entre las unidades familiares y las comunidades (ayllus), basadas en el parentesco y en formas específicas de apropiación del territorio, en una estrategia consistente en la diversificación de cultivos y la combinación de agricultura y ganadería, trabajando en varios pisos ecológicos:10 el control vertical de un máximo de pisos ecológicos.11 Estas formas complejas de organización del trabajo agrícola creadas por el campesinado andino, antes incluso de la consolidación de instancias políticas centralizadas y muy anterior a la llegada de los españoles, ha persistido hasta la actualidad adaptándose a las nuevas condiciones, hecho que también explica la mayor persistencia de las identidades étnicas en los países andinos.

Las formas productivas andinas eras ajenas a la lógica productiva de los conquistadores españoles, que optaron por dejar en manos de los campesinos quechuas y aymaras el control de la producción agrícola, y se apropiaron de la riqueza generada por ellos por la vía del tributo, en una relación rentista y parasitaria. Incluso la participación de la fuerza de trabajo en otras actividades productivas como la minería, no significó el desplazamiento definitivo de población campesina a la actividad minera, sino sólo temporalmente, conservando los ayllus, las comunidades campesinas, la obligación de proveer la fuerza de trabajo, temporal y rotatoria, para la explotación minera de propiedad criolla. Golte subraya la capacidad de adaptación que las formas productivas andinas han mantenido frente a los procesos de modernización capitalista, mientras que los sectores criollos conservan su lógica rentista refractaria al progreso.

En Mesoamérica las condiciones climáticas fueron menos adversas para la productividad del trabajo agrícola y la tendencia prevaleciente fue la conducción criolla o mestiza de los procesos productivos en los espacios de mayor productividad, desplazando a las poblaciones indígenas hacia las menos productivas: los desiertos, las selvas y las montañas, las regiones de refugio,12 y favoreciéndose la tendencia al mestizaje en las zonas más productivas a cargo de los criollos y mestizos. Las comunidades indígenas replegadas preservaron también su autonomía productiva y su cultura.

En la región andina, la de mayor concentración indígena, las fronteras nacionales se diluyen. Por la precariedad de los procesos de construcción nacional en los países andinos, que es consecuencia de la polarización étnica, social y geográfica, la ausencia de alianzas y la debilidad del mestizaje, las fronteras impuestas por los procesos de independencia carecen de sentido para sus habitantes indígenas, que comparten con sus vecinos al otro lado de la frontera un mismo hábitat y recursos naturales, costumbres e idioma, y en cambio se sienten muy lejos cultural y socialmente de las élites blancas o mestizas que los gobiernan desde espacios lejanos, los despojan de sus recursos y desatienden sus problemas. La constante en los proyectos y discursos indianistas en los Andes en los últimos 500 años es la idea de la reconstrucción de la unidad política inca, destruida por la conquista española y no sustituida por ninguna de las iniciativas políticas posteriores.13

GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS INDIOS

En las últimas décadas se han dado condiciones internacionales favorables para la resolución del conflicto entre el Estado nacional y los pueblos indios, mediante el reconocimiento de su derecho a la diferencia, a la participación en la vida nacional sin renunciar a su identidad particular ni a su derecho a incorporarse como elementos diferenciados, en fin, a la integración con autonomía, lo que significa que los estados-nación acepten por primera vez su condición de entidades multiétnicas. Pero los avances contrastan con la resistencia que los grupos dominantes locales y los propios gobiernos oponen a dicho avance, independientemente de lo que declarativamente concedan.

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, aprobado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, representa el reconocimiento por esa instancia internacional de “las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro de los estados en que viven”.14

La elaboración de una legislación internacional que conmine a los gobiernos nacionales a reconocer los derechos de su población indígena no nace de la buena voluntad de las instituciones internacionales o de su vocación democrática y civilizadora, sino de la exigencia previa por parte de los propios indígenas, que a lo largo del siglo XX, y particularmente desde los años sesenta, expresaron sus demandas mediante movilizaciones y una creciente capacidad de organización y de reflexión sobre sus propios intereses, así como por la gradual promoción de intelectuales y dirigentes indios. También encuentra canales de expresión por medio de las formulaciones teóricas de grupos intelectuales puestos al servicio de los intereses indígenas.15

La problemática planteada y las soluciones propuestas por el Convenio 169 son un gran avance en uno de los aspectos del problema, pero apenas es una solución formal a las demandas culturales de los pueblos indígenas: las promesas de la ONU no obligan a los gobiernos nacionales a cumplirlas. Ha habido reformas constitucionales en 12 países16 de América Latina que reconocen formalmente los derechos indios, pero no hay voluntad política de los gobiernos para cumplirlos, y ni siquiera es fácil encontrar las fórmulas jurídicas para incluir los nuevos derechos en las constituciones y reglamentarlas, dado el frecuente conflicto de intereses con otros sectores de la sociedad. Generalmente tampoco hay la capacidad organizativa de la población indígena para enfrentar los intereses de los grupos dominantes locales, que se ven afectados por la protección legal de los intereses indígenas.

El Convenio 169 separa los derechos culturales de los económicos de los pueblos indios; ofrece mecanismos para resolver formal y parcialmente los primeros, pero niega los segundos; ofrece un cauce legal que permite la expresión atenuada de los conflictos étnicos, y evita explosiones de descontento indígena como en etapas anteriores. En los casos de México (1991), Bolivia (1993) y Perú (1993), al tiempo que se introdujeron reformas en las constituciones que reconocían formalmente a los pueblos indígenas como componentes de la nación y otras demandas culturales y políticas, se eliminó tajantemente la protección a la propiedad colectiva de la tierra, que de manera precaria había sobrevivido a las reformas agrarias. Priorizar las demandas culturales de los indígenas sobre las socioeconómicas introduce el riesgo de dividirlos y enfrentarlos con otros sectores populares, así como con otros grupos indígenas que compiten por los mismos recursos.

Con gran acierto, los movimientos indígenas han rebasado el esquema en el que las instituciones internacionales plantearon el problema indígena y los cauces que impusieron para solucionarlo; los movimientos indios han ido más allá, mucho más allá. No se han dejado enredar por los argumentos legales, aprovechan los espacios que abren esas instancias internacionales y legales, y persisten en las otras estrategias, utilizando los medios que ofrece la internacionalización de la cuestión indígena.

Las migraciones internas e internacionales son respuestas colectivas motivadas por los cambios impuestos por las transformaciones económicas sobre las condiciones de vida locales de las poblaciones indígenas; ellas se inscriben en patrones migratorios preexistentes, que forman parte del acervo ancestral. En los países andinos, la articulación de la economía campesina con la minera permitió la continua migración de la población indígena al trabajo de las minas sin perder el vínculo con la comunidad; el trabajo en la mina era una alternativa ante la escasez de tierra y la necesidad de allegarse recursos monetarios. En la actualidad las migraciones internas y las internacionales de la población indígena de las comunidades mantienen la misma lógica: alivian la presión interna sobre las tierras y aportan recursos monetarios para la consecución de diversas tareas; por ello se habla de que los espacios externos de inserción de los migrantes indígenas constituyen otro piso ecológico de la comunidad, pues el producto de su trabajo constituye parte del proceso de su reproducción social.

La migración se convierte así en un instrumento que fortalece la identidad étnica. Los migrantes a las ciudades, capitales o a otros países mantienen sólidos vínculos con sus comunidades de origen y contribuyen al financiamiento de las actividades productivas y rituales que garantizan la permanencia y actualización de su identidad étnica; ésta no es estática, nunca lo ha sido, pero hoy su ubicuidad y flexibilidad quedan de manifiesto.

La problemática migratoria en los países andinos es sumamente variada y compleja: el caso de los cultivadores de hoja de coca para el narcotráfico es el ejemplo más significativo; este fenómeno ocurre tanto en Perú como en Bolivia, pero en este último país su magnitud y peso sobre la economía nacional es mayor. Los cocaleros bolivianos son campesinos que migraron desde la agricultura de la sierra en Cochabamba (quechuas) o del altiplano en La Paz (aymaras) por la escasez de tierra, o incluso población minera desempleada con la liquidación de la minería estatal,17para instalarse en la región de ceja de selva en el departamento de Cochabamba, región ancestralmente habitada por cazadores-recolectores desplazados por los colonos que establecen los cocales. Ellos mismos generan la infraestructura productiva y acuden a su acervo de campesinos comunitarios y de sindicalistas mineros que permitan establecer los mecanismos para organizar la producción, establecer los asentamientos y organizar la comercialización, y también para defender sus intereses como productores frente a la represión gubernamental. Incluso elaboran un discurso legitimador de su actividad a partir de la reivindicación del consumo tradicional de la hoja de coca.18 Y progresivamente van construyendo una nueva identidad étnica colectiva que se nutre de las fuentes que incorpora, pero es algo nuevo.19

Lo fundamental del proceso corre pues por cuenta de los pueblos indígenas del país respectivo; su lucha por la autonomía o la manera en que sus demandas son formuladas, está definida por la historia de las relaciones interétnicas en cada país, y su estrategia y capacidad de lucha está marcada por la particular acumulación histórica. Los avances son por ello desiguales. En lo que sigue reseñaremos las características de los enfrentamientos interétnicos en los países de América Latina con mayor población indígena y los movimientos indígenas que se han desarrollado en ellos.

GUATEMALA

Entre 1954 y 1996 Guatemala vivió una guerra contrainsurgente que se inició con el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz20 y terminó al firmarse el Acuerdo de Paz Firme y Duradera con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En esos 42 años hubo 150 000 muertos y 45 000 desaparecidos,21 con periodos más intensos entre 1967 y 1971 y entre 1978 y 1983 en que se perpetraron verdaderos genocidios. Las víctimas fueron las poblaciones indígenas que se suponía eran la base social de la insurgencia, pues el ejército pretendía aislarla de sus bases e impedir su aprovisionamiento y reclutamiento. 22

En esta larga campaña contrainsurgente, la cultura del terror se impuso en Guatemala. Ella paralizó la acción de los hombres y adormeció su memoria. Esa cultura del terror tuvo como uno de sus pilares el racismo, y luego de 42 años de ejercicio del terror sus principios se ratificaron. En 1984 se creó el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) que, con otras organizaciones de derechos humanos, buscó documentar los asesinatos y desapariciones.23 En los acuerdos de 1996 se aceptó la necesidad de esclarecer los crímenes, pero sin señalar a los culpables individuales. Esta tenue apertura permitió a monseñor Juan José Gerardi desarrollar el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica y presentar, el 24 de abril de 1998, un informe documentado sobre el terror vivido en Guatemala con el título de ¡Nunca más! Dos días después fue asesinado con lujo de violencia.

Del acuerdo entre el gobierno y la guerrilla se derivó también el compromiso gubernamental de promover una reforma a la Constitución y otros códigos menores que garantizaran los derechos culturales indígenas y reconocieran a la nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe. La consulta se realizó en mayo de 1999, pero fue un fracaso, pues los pocos votantes, en su mayoría de población urbana, rechazaron las reformas constitucionales a favor de los indígenas. Ni en términos formales la sociedad ladina guatemalteca está dispuesta a reconocer los derechos de la mayoría india. La debilidad del movimiento indígena guatemalteco está vinculada a las secuelas de la guerra.

PERÚ

El movimiento insurgente, encabezado por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, inició en 1980 una guerra contra el Estado peruano siguiendo la estrategia de guerra popular prolongada. El sustento mayoritario era la base social de campesinos indígenas de las provincias más pobres del país: Ayacucho, Huancavelica y Apurimac; su vanguardia estuvo integrada por mestizos provincianos y pobres reclutados entre maestros y estudiantes de la Universidad y los colegios secundarios de la ciudad de Ayacucho, capital del departamento del mismo nombre, y más tarde encontró eco en otros departamentos del país.24

La organización insurgente no reconoció en su discurso la identidad indígena de sus bases, ni valoró, respetó o reivindicó sus rasgos culturales; no postuló un programa étnico sino uno clasista de inspiración maoísta que asumió como base social al campesino pobre identificable en la realidad con el campesinado indígena. No obstante, Sendero aprovechó en su estrategia político-militar los rasgos particulares que conforman al campesinado indígena ayacuchano con el que desarrolló un trabajo de organización previo durante diez años: utilizó la base productiva que ofrecían las comunidades indígenas como retaguardia para proveerse en ellas de alimentos y otros bienes, y como reserva donde reclutar nuevos cuadros entre sus miembros más jóvenes, aprovechando los conflictos intergeneracionales existentes en las comunidades; hizo uso de la lengua quechua y de los símbolos de lucha andinos como vehículo de comunicación eficaz entre sus cuadros y con las bases, con el propósito de incorporarlos a la lucha y mantener la cohesión de los militantes, y también para amedrentar a sus enemigos; estimu-ló el racismo entre la población indígena para intensificar el conflicto y su expresión violenta en la confrontación contra los grupos dominantes criollos; asimismo, manipuló los conflictos intercomunitarios e intracomunitarios para satisfacer sus fines políticos y obligar a la participación en el conflicto a diversos sectores. 25

Los grupos insurgentes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) —surgido éste pocos años después— aprovecharon el potencial de lucha y los recursos generados por la economía de la producción de hoja de coca, y establecieron a partir de 1983 en el Alto Huallaga bases guerrilleras que defendían a los cocaleros de los abusos de los narcotraficantes colombianos y de las fuerzas policiales y militares encargadas de las campañas de erradicación de cultivos. Ambos grupos guerrilleros argumentaron la defensa de la soberanía nacional vulnerada por Estados Unidos, que decidía y aplicaba la política de interdicción, y obtuvieron importantes recursos materiales así como combatientes entre los colonos emigrados de la sierra andina y entre la población nativa de la selva amazónica peruana.

La guerra entre Sendero Luminoso y las fuerzas armadas colocó a la población civil —mayoritariamente indígena— entre dos fuegos. Los periodos de mayor mortandad fueron de 1983 a 1985 y de 1989 a 1990. Los resultados obtenidos por la investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hechos públicos el 28 de agosto de 2003, elevaron las proyecciones iniciales de 30 000 muertos a 69 000 muertos y desaparecidos durante los 21 años de régimen de terror; 73% de ellos eran indígenas.26 Otras referencias indican que hubo entre 600 000 y 1 000 000 de campesinos desplazados, 40 000 huérfanos, 20 000 viudas, 3 190 desaparecidos, 435 comunidades arrasadas, 500 000 menores de 18 años con estrés. La guerra involucró a 2 000 000 de personas.27

Los efectos de la estrategia genocida son perdurables y se multiplican: a la parálisis de las víctimas del terror se agrega su aislamiento respecto a otros grupos sociales, la ausencia de mecanismos de solidaridad entre los propios indios y de parte de los no indios, la atomización de todos los sectores reprimidos e incluso su confrontación. Estos factores han impedido la emergencia de un movimiento indígena luego de la pacificación del país.

Tímidamente reaparecen las viejas organizaciones campesinas, CCP y CNA y nuevas organizaciones de diverso tipo: de nativos de la selva que se defienden de la invasión de sus tierras por colonos cocaleros, de campesinos cocaleros que enfrentan las políticas de erradicación y sustitución de cultivos, de campesinos indígenas que defienden sus tierras afectadas por la minería, etcétera.

MÉXICO

El fenómeno más relevante ocurrido en México es el surgimiento del EZLN, que nace del encuentro entre una vanguardia mestiza que propone una estrategia de lucha armada y de construcción de una sociedad no capitalista que convoca a la lucha al campesinado indígena de Chiapas (un estado fronterizo con Guatemala) donde las estructuras productivas, sociales y políticas son más cercanas al país centroamericano que al conjunto de México. El movimiento se inicia como guerrilla en espacios alejados del control estatal y militar y busca fortalecerse incorporando población campesina indígena como base operativa de sus acciones, para en un mediano plazo coordinar procesos insurreccionales entre sectores más amplios de la población.

La alianza indo-mestiza se propone luego de un tiempo de trabajo clandestino en la selva y los Altos de Chiapas, donde la vanguardia mestiza se inserta y encuentra un trabajo organizativo previo iniciado en los años setenta, hecho por la iglesia progresista y por diversos grupos de izquierda que han contribuido a la autoorganización del campesinado indígena y a su toma de conciencia. Un grupo de comunidades optan por la propuesta de preparación para la autodefensa armada que lleva el EZLN, luego de agotar otras vías y enfrentar reiteradamente la arbitrariedad e impunidad de los terratenientes y caciques locales.28

El EZLN afirma la subordinación de la vanguardia mestiza a la indígena, formalizada en el rango de subcomandante de Marcos y de comandantes de los indios y en el mandar obedeciendo que los vincula. Afirma también que la decisión de iniciar la lucha armada fue tomada por las asambleas de las comunidades indígenas por consenso de acuerdo con sus propios tiempos e intereses, y no una imposición de la vanguardia mestiza.29Así se inició la acción armada el 1o. de enero de 1994, al mismo tiempo que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México que en la propaganda gubernamental era presentado como el ingreso de México al Primer Mundo.

Para las autoridades y para la sociedad mexicana, la rebelión fue una sorpresa. Una movilización multitudinaria en la ciudad de México exigió al gobierno conceder un trato humanitario y condición de beligerancia a un ejército precario de campesinos indígenas armados con rifles de madera. Se establece entonces una tregua y se inicia el proceso de negociación; paralelamente se establece una estrategia de cerco militar en las zonas rebeldes.

Al salir a la luz luego de una larga clandestinidad, el EZLN confronta una realidad nacional e internacional distinta a la que dejó 10 años antes. La respuesta de la sociedad civil nacional e internacional, así como de las propias autoridades y fuerzas militares, lo obliga a hacer ajustes en el discurso, en las demandas y en la estrategia, buscando ser coherente frente al proceso de lucha iniciado y a las condiciones del mundo actual, antes que con los dogmas ideológicos de una izquierda rebasada. Las habilidades comunicativas del Subcomandante Marcos y los recursos tecnológicos disponibles para la comunicación han permitido que la experiencia zapatista se proyecte como punto de encuentro y reflexión sobre las posibilidades de la lucha en el mundo globalizado.

Su discurso trasciende los límites del racismo imperante y asume como sujeto revolucionario al campesinado indígena a partir de un prolongado contacto con él. Los zapatistas se propusieron incorporarlo, pero el conocimiento de sus condiciones de vida, necesidades, valores y cosmovisión, les revelaron las potencialidades de ese acervo como arma estratégica y como programa. Por ello reconoce en el encuentro de militantes izquierdistas urbanos con los grupos indígenas mayas la experiencia del conquistador conquistado, que buscando enseñar a los indígenas a luchar, resultaron educados por ellos, fueron asimilados, asumiendo sus demandas, sus formas de lucha y su cosmovisión.

ECUADOR

En Ecuador el movimiento indígena se constituyó en el eje alternativo de articulación nacional, como el movimiento social más estructurado del país que convoca a la movilización a otros sectores sociales ante la incapacidad de las élites criollas de Guayaquil y Quito para negociar el reparto y ejercicio del poder y los privilegios que otorga.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), fundada en noviembre de 1986, está integrada por tres organizaciones representativas de las tres regiones del país: por la Sierra la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quechua del Ecuador (Ecuarunari) fundada en 1980; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae), fundada en 1973, y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Coince). La Conaie representa así al conjunto del espectro indígena del país, es decir, 40% de la población del Ecuador, articulación regional que no ocurre en Perú ni en Bolivia.

En 1990 la Conaie dirige el primer levantamiento o alzamiento que recupera una forma milenaria de confrontación indígena con el poder criollo. Esta forma de lucha consiste en el bloqueo de las principales carreteras con árboles y grandes piedras, obstruyendo las actividades económicas estratégicas del país para presionar por la solución de sus demandas; en esa ocasión se exigió resolver conflictos de tierras y el reconocimiento del carácter plurinacional del país.

En 1992 los indígenas marcharon durante 12 días hasta la capital, Quito —donde permanecieron durante 22 días—, y lograron la entrega de 2 000 hectáreas para los pueblos de la Amazonia. En 1994 se levantaron contra el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) y lograron reformas a la ley de reforma agraria. En 1995 fundaron el movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País como brazo político de la Conaie para aglutinar una base popular más amplia que la indígena. En las elecciones de mayo de 1996 obtuvieron siete diputados provinciales y uno nacional. Fue la entrada de los indígenas a la política nacional.

La participación de Pachakutic en la Asamblea Constituyente de 1997 logró reformar la Carta Magna para que se reconociera a Ecuador como un Estado “multicultural y multiétnico”. También se incluyeron los tres pilares filosóficos de la cultura andina: Ama quilla (no ser ocioso), Ama llulla (no mentir) y Ama shua (no robar), divisas que constituyen un serio cuestionamiento a la corrupción que caracteriza a las élites gobernantes. Los presidentes que han caído, fueron derrocados por corruptos.

El 21 de enero de 2000, otro levantamiento culminó con el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad, la formación de un Junta de Salvación Nacional en la que participó Antonio Vargas, presidente de la Conaie en turno, y el coronel Lucio Gutiérrez; el triunvirato puesto al frente terminó cediendo el poder al vicepresidente Gustavo Noboa tres horas después. La inexperiencia política de los dirigentes indígenas y una muy fuerte presión norteamericana facilitaron la traición de los militares con quienes los indígenas se habían aliado. Un rasgo distintivo de su movilización fue su carácter pacífico y el empeño de los dirigentes por no caer en provocaciones que llevasen a la represión popular.

Un nuevo levantamiento en enero de 2001 obligó al gobierno a la firma de un acuerdo con las organizaciones indígenas, campesinas y sociales. En las elecciones presidenciales de 2002, las organizaciones indígenas llevaron al triunfo en segunda vuelta al coronel Lucio Gutiérrez, cuya carrera política fue catapultada como cabeza del grupo de coroneles que participaron en el levantamiento indígena del año 2000. Para la segunda vuelta, Gutiérrez reemplazó el programa de gobierno popular, antiimperialista y de defensa de los recursos naturales estratégicos ofrecido durante su campaña, por el neoliberal de sus adversarios, entrando en conflicto con la Conaie y Pachakutic que participaban en el gobierno con dos ministros indígenas: Nina Pacari como canciller y Luis Macas en el Ministerio de Agricultura. En septiembre de 2003 renunciaron los ministros indígenas, y la Conaie y Pachakutic rompieron con el gobierno de Gutiérrez.

La incapacidad del movimiento indígena para generar un proyecto de gobierno propio que enfrentar al de Gutiérrez, la separación de las bases que representó la participación en el poder y la inconsistencia mostrada por el presidente llevado por ellos al poder, han generado un gran desencanto entre la población que votó por los indígenas y han llevado al desprestigio de las organizaciones indígenas y de sus direcciones.

BOLIVIA

El movimiento katarista boliviano inició su desarrollo en 1969, impulsado por un grupo de estudiantes aymaras en la ciudad de La Paz para organizar a los aymaras del campo y la ciudad. Denunciaron las condiciones de explotación económica y opresión cultural y política que sufren los campesinos quechuas y aymaras por parte de la población blanca y mestiza descendiente de los invasores españoles y su condición de extranjeros en su propio país. El movimiento ha tenido un desarrollo intenso y accidentado, ha sufrido persecución y divisiones internas, presentando dos tendencias básicas: una indianista que postula como sujeto al indio y otra clasista que postula como sujeto al campesino; más tarde las diferencias se centran en el rechazo o aceptación de la vinculación con partidos políticos y la participación electoral.30

En 1979 los kataristas crearon la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que recupera la tradición de lucha sindical de los sectores subalternos bolivianos y permite su permanencia, crecimiento y autonomía frente a los partidos políticos que pretenden cooptarlo y utilizar su fuerza social en beneficio de proyectos ajenos a sus intereses.

Una expresión del katarismo fue el Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK) que inició su organización en 1982, con la ruptura del aymara Felipe Quispe con el Movimiento Indio Tupak Katari (Mitka); en 1987 se denomina Ayllus Rojos y el 23 de junio de 1991 se inician las acciones armadas, la guerra comunitaria. En el EGTK participan, al lado de los campesinos aymaras, cinco jóvenes no indígenas, dos mujeres y tres hombres; se trata del encuentro entre una vanguardia criolla y una vanguardia india representada por Quispe y otros mallcus31 al frente de las organizaciones de masas comuneras. La alianza se formula como la subordinación de la vanguardia criolla al liderazgo indígena: la organización guerrillera se ve obligada a reorientar su estrategia guerrillera, inicialmente dirigida hacia la búsqueda de una base mestizo-obrero-urbana, hacia la afirmación indígena y rural, a partir del cambio radical en la estructura productiva del país y en la correlación de fuerzas en el campo popular, que representó el cierre de las minas y la extinción de la combativa clase obrera minera en 1985.

Los kataristas de Quispe, inspirados en las rebeliones de Tupak Katari (1781) y Zárate Willka (1899), proponen como meta que “aymaras y quiswas formemos estados independientes de trabajadores separados del Estado burgués boliviano… construir el futuro re-encontrándonos con el pasado… recuperar y avivar la llama que nunca se apagó de la violencia armada desde nuestros ayllus y hacia las ciudades opresoras y discriminatorias… una gigantesca tempestad en contra de nuestros verdugos de siempre… para destruir la civilización capitalista y la maldad burguesa”.32

Las acciones armadas duraron menos de un año; entre marzo y agosto son capturados 18 militantes de la organización, entre ellos los cinco no indios participantes y Felipe Quispe, quienes permanecen en la cárcel durante cinco años y logran su libertad en 1997 a partir de la presión de la opinión pública, y en virtud de la irregularidad de sus procesos judiciales.

Al año siguiente, Quispe es elegido secretario de la CSUTCB, e impone un sello radical a su estrategia de lucha, que persiste hasta el presente. En 2001 se creó el Movimiento Indio Pachakuti para la participación en las elecciones de 2002, en las que obtuvo 5% de los votos.

Otro sector muy visible del campesinado indígena es el de los cocaleros, que se enfrentan a las campañas militares de erradicación de cultivos para impedir la producción de cocaína, campañas que desarrolla el gobierno boliviano bajo la presión y el financiamiento del gobierno estadounidense. Las campañas implican una creciente presencia militar en la zona con su secuela de abusos y violencia; la aplicación de fungicidas que destruyen no solamente los cultivos, sino el medio ambiente y afectan la salud de la población; el control del desplazamiento de los campesinos; la requisa y quema de la hoja, y plantíos que exceden las cuotas permitidas. El paliativo impuesto por el gobierno, la política de sustitución de cultivos como café, cacao, plátano, piña, etc., no resuelve la problemática de los productores.33

Los indígenas de la región amazónica, que están integrados en la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), creada en 1982, carecen de la tradición organizativa de los campesinos indígenas del occidente y en cambio cuentan con el apoyo político y financiero de organizaciones no gubernamentales, y con una coyuntura internacional y nacional favorable a sus intereses. Sus reivindicaciones son menos radicales y sus formas de lucha, pacíficas; el gobierno se hace eco de sus reivindicaciones y los incorpora a las estructuras oficiales, lo que hace que las condiciones para su articulación con otros sectores indios sean muy limitadas.

Un elemento nuevo en las movilizaciones, a partir de 2001, es la articulación de las movilizaciones indígenas con sectores no indígenas en torno a demandas estratégicas: contra la entrega de las reservas de gas y petróleo, la privatización del agua de riego, la anulación de la ley agraria y la defensa del cultivo de la coca.

Un obstáculo para el avance de los movimientos indígenas bolivianos es la persistencia de los viejos sectarismos fundados en diferencias étnicas, ideológicas y estratégicas, expresado en la rivalidad entre los dirigentes Felipe Quispe y Evo Morales. En las elecciones del 2002, sus respectivos partidos sumaron más votos que los obtenidos por el ganador Sánchez de Lozada. De cualquier manera, el ingreso al parlamento de 33 diputados y 9 senadores indígenas representó un golpe contundente a los persistentes usos señoriales de la sociedad boliviana.34

El 17 de octubre de 2003, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada es obligado a renunciar luego de una intensa movilización popular en torno a la consigna de negarse a la venta de gas natural a precio de regalo, a través de un gasoducto que cruzaría por territorio chileno35 hacia el Pacífico y con destino a Estados Unidos. Una demanda en el fondo circunstancial, que luego de una desmedida represión militar y policial, cuyo saldo fue de 82 muertos y 500 heridos, fue opacada por el clamor por la renuncia del presidente asesino del pueblo. La caída de Sánchez de Lozada marcó la cresta de un ciclo de movilizaciones populares que comenzaron en el año 2000, movilizaciones que rechazaron el modelo neoliberal implantado en 1985, que cuestionaron también el sistema de partidos que lo viabilizó y la corrupción que lo caracterizaba y que evidenció el agotamiento del discurso etnicista neoliberal mismo, que envolvió los dos procesos y permitió legitimarlos frente a las empobrecidas mayorías etno-campesinas que fueron afectadas por ellas. 36

CONCLUSIONES

Las nuevas condiciones de dominación impuestas por el proyecto neoliberal a la población de América Latina encuentran paradójicamente en mejores condiciones de organización y lucha a los indígenas, sectores históricamente subestimados como sujetos sociales. Porque los prejuicios racistas no fueron ni son patrimonio exclusivo de las élites conservadoras dominantes, también lo fueron de las élites progresistas, herederas del eurocentrismo y la adoración por el progreso consustanciales al proyecto burgués. Las élites revolucionarias, asimismo, participaron de dichos prejuicios.

El proceso de globalización coloca a los indios y su patrimonio, extensos territorios hasta hace poco vírgenes, depósitos de minerales, biodiversidad, conocimientos ancestrales, en el primer plano de un conflicto de intereses que incumbe a toda la humanidad. Y, al mismo tiempo, permite al movimiento indígena colocarse a la vanguardia de los movimientos sociales y como ejemplo para otros movimientos; como reserva histórico-moral; como ejemplo a recuperar, por su tradición de resistir en condiciones adversas, así como por sus mecanismos de solidaridad interna, la preservación de su memoria histórica, de los mecanismos de defensa y de la acción prolongada. El movimiento indígena ofrece a los movimientos sociales de la región y del mundo un ejemplo para la acción concertada, solidaria y no sectaria.

 

1 Comisión Económica para América Latina, Equidad , desarrollo y ciudadanía , México, Naciones Unidas, 2004.        [ Links ]

2 Comisión Económica para América Latina, Equidad, desarrollo y ciudadanía , México, Naciones Unidas, 2000, p. 314.         [ Links ]

3 José Matos Mar, “Población y grupos étnicos de América, 1994”, América Indígena , vol. LIII, núm. 4, México, Instituto Indigenista Interamericano, octubre-diciembre, 1993, p. 162.         [ Links ]

4 Limitada al norte por los ríos Sinaloa, Lerma y Pánuco, y al sur por los actuales países Guatemala y Honduras, su superficie es de 1 100 000 km2 (www.artehistoria.com/franes.htm).

5 Abarcó desde lo que hoy es el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile y Argentina, su extensión es de 3 000 000 km2 y tiene una longitud de 4 000 km (www.es.wikipedia.org).

6 José Matos Mar y Daniel Wermus, ¡Madre Tierra! Por el renacimiento indígena , Quito, Abya Ayala, 2002, p. 14.        [ Links ]

7 Las alianzas fueron más frecuentes y exitosas en lo que hoy es México, en particular con los mestizos, mientras que en Guatemala y los países andinos no se consolidaron alianzas. Véase Friederich Katz, “Introducción: las revueltas rurales en México”, en Friederich Katz (comp.), Revuelta y revolución: la lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX, 2 vols., México, Era, 1996.        [ Links ]

8 Para mayor información véase Fabiola Escárzaga, “Campesinado indígena y nación en México, Perú y Bolivia: de las reformas agrarias a la colonización de frontera”, Argumentos, núm. 32/33, México, UAM-Xochimilco, 1999.         [ Links ]

9 Véase Marisol de la Cadena, “Cooperación y conflicto”, en Enrique Mayer y Marisol de la Cadena, Cooperación y conflicto en la comunidad andina , Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1989;         [ Links ] Jürgen Golte, Cultura , racionalidad y migración andina , Lima, Instituto de Estudios Peruanos (Colección Mínima), 2001,         [ Links ] y Jürgen Golte, La racionalidad andina , Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1985.         [ Links ] Golte (2001) afirma que los campesinos andinos utilizan alrededor de 90% de su tiempo de trabajo en la producción directa, mientras que en Europa utilizan alrededor de 40% (p. 112).

10 El accidentado territorio andino ofrece una gran diversidad de climas, a partir de las distintas altitudes que presenta y que van de los 0 a los 4 500 msnm, que son aprovechadas por el hombre en la agricultura y la ganadería. Se distinguen tres grandes regiones: la costa desértica, la sierra y la selva amazónica. En Ecuador, la costa ya no es desértica y Bolivia carece de ésta, pues la perdió en la Guerra del Pacífico frente a Chile de 1879 a 1882. En cada nivel o piso ecológico pueden sembrarse distintos productos en distintos tiempos, con ciclos agrícolas complementarios: el maíz se cultiva entre los 2 000 y los 3 000 msnm, la papa y otros tubérculos y el ganado auquénido a partir de los 3 500 msnm, y la hoja de coca entre los 800 y 2 000 msnm en la ladera oriental de los Andes. Cada ayllu o comunidad (grupo de familias emparentadas) requiere tener acceso a los distintos pisos ecológicos para satisfacer todas sus necesidades; por ello el territorio de éstas suele ser discontinuo y las distintas tareas son asumidas por distintos miembros de la comunidad de acuerdo con edad y género. Golte, 2001, op. cit., y De la Cadena, op. cit.

11 De acuerdo con la formulación de John Murra, La organización económica del Estado inca , 5a. ed., México, Siglo XXI, 1989.         [ Links ]

12 Gonzalo Aguirre Beltrán, Regiones de refugio: el desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en mestizoamérica , México, INI/SEP (colec. INI/SEP, núm. 17), 1973.        [ Links ]

13 En la actualidad ese discurso mesiánico restaurador es recuperado por el movimiento katarista de Felipe Quispe en Bolivia, que propone borrar las fronteras nacionales para reconstruir el Collasuyo, la parte del imperio inca correspondiente a la zona de población aymara. Otros movimientos andinos proponen la reconstitución de la antigua unidad inca; la propuesta de restauración de la unidad prehispánica es, de manera más difusa, un elemento presente en el discurso del movimiento indígena latinoamericano.

14 CEPAL, op. cit., p. 314.

15 Expresión de esta evolución fue la Declaración de Barbados en 1971, en la que un grupo de antropólogos denunció por primera vez el etnocidio cometido sobre los pueblos amazónicos; a ella irían sumándose otras iniciativas. Véase Miguel Alberto Bartolomé, Gente de costumbre y gente de razón , México, Siglo XXI, 1997.        [ Links ]

16 Christian Gros, “Ser diferente para ser moderno, o las paradojas de la identidad: algunas reflexiones sobre la constitución de una nueva frontera étnica en América Latina”, en Leticia Reina (coord.), Los retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo XX, México, CIESAS/INI/Porrúa, 2000.        [ Links ]

17 Los despedidos entre 1985 y 1987 fueron 23 000 mineros de 28 000 de la minería estatal, 6 000 de minas privadas, 10 000 de la administración pública, 2 000 de bancos, y más de 110 fábricas se cerraron. Tom Kruse, “Transición política y recomposición sindical: reflexiones desde Bolivia”, en Enrique de la Garza, Tratado latinoamericano de la sociología del trabajo , México, Colmex/Flacso/UAM/ FCE, 2000.         [ Links ]

18 Jim y Connie Weill, Verde es la esperanza: colonización, comunidad y coca en la amazonia , Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1993.         [ Links ]

19 Su vitalidad es tal que su dirigente, Evo Morales alcanzó, mediante un partido propio, el Movimiento al Socialismo, 20% de la votación presidencial en 2002 y el segundo lugar entre los candidatos.

20 Con apoyo del gobierno estadounidense y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

21 Carlos Figueroa Ibarra, “Violencia y cultura del terror: notas sobre una sociedad violenta”, en Bajo el volcán, año 1, núm. 1, Puebla, BUAP, 1er. semestre del 2000,         [ Links ] y Carlos Figueroa Ibarra, Los que siempre estarán en ninguna parte: la desaparición forzada en Guatemala , México, UAP/GAM/CIIH, 1999.         [ Links ]

22 En un estudio hecho sobre una muestra representativa de los desaparecidos en esos 40 años, más de 50% de las víctimas estaban dedicadas a actividades rurales, más de 70% provenían de los sectores populares y sólo 44% eran hablantes de español, es decir, la mayoría eran hablantes de diversas lenguas indígenas. Carlos Figueroa Ibarra, Los que siempre estarán en ninguna parte, op. cit.

23 Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG).

24 Véase Steve J. Stern (comp.), Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980-1995 , Lima, IEP-UNSCH, 1999.        [ Links ]

25 Véase Fabiola Escárzaga, La guerra popular de Sendero Luminoso, tesis de maestría en estudios latinoamericanos, FCPyS de la UNAM, México, 1997.         [ Links ]

26 Comisión de Entrega de la CVR (2004) Hatum Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Lima, CECVR.

27 Juan José García Miranda, Los comités de autodefensa civil y las comunidades campesinas, Lima, Defensoría del Pueblo, Programa de Protección a las Poblaciones Afectadas por Violencia (PPPAV), noviembre, 2001, p. 25.        [ Links ]

28 Neil Harvey, La rebelión de Chiapas: la lucha por la tierra y por la democracia, México, Era, 2000.         [ Links ]

29 Yvon Le Bot, Subcomandante Marcos: el sueño zapatista , México, Plaza y Janés, 1997.        [ Links ]

30 Véanse Felix Patzi Paco, Insurgencia y sumisión: movimientos indígena-campesinos (1983- 1998) , La Paz, Muela del Diablo, 1999;         [ Links ] Silvia Rivera Cusicanqui (1983), “Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia: el movimiento ‘katarista’, 1970-1980”, en Zavaleta (comp.), Bolivia hoy;         [ Links ] Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos: luchas del campesinado aymara y quechua de Bolivia, 1900- 1980 , Ginebra, Naciones Unidas, 1986.        [ Links ]

31 Jefes indios.

32 “Ofensiva roja de ayllus tupakataristas”, tesis política presentada en el I Congreso Extraordinario, julio, 1988, CSUTCB (Patzi, 1999, p. 79).         [ Links ]

33 Eusebio Gironda C., Coca inmortal , La Paz, Plural, 2001.        [ Links ]

34 El Congreso boliviano está integrado por un total de 27 senadores y 120 diputados: la representación no es todavía satisfactoria, pues la población indígena representa 62% de la población boliviana.

35 Que antes de la Guerra del Pacífico de 1879 fue boliviano.

36 Sánchez de Losada es el sexto presidente sudamericano obligado a abandonar el poder por el repudio popular en los últimos seis años; antes lo fueron: el ecuatoriano Abdalá Bucaram (1997), el paraguayo Raúl Cubas (1999), el también ecuatoriano Jamil Mahuad (2000), el peruano Alberto Fujimori (2000) y el argentino Fernando de la Rúa (2001).