INTRODUCCIÓN

A medida que crece el problema de la inseguridad pública, el estudio de su impacto en la sociedad y la economía de los países de América Latina y en particular de México, adquiere mayor importancia.

Como afirman ^{Lagos y Dammert (2012: 8)}:

El crimen es hoy “el” tema que domina el “clima de opinión” en la región y en cada país, cada segmento social. Es transversal, horizontal y vertical. No hay opiniones disidentes al respecto […] casi no hacemos distinción por grupos sociales o etarios, ya que las diferencias de opinión no lo ameritan de manera significativa.

Las mismas autoras posteriormente señalan (^{Lagos y Dammert 2012: 11}): “Es así como estos datos sugieren que el tema de la seguridad es el tema de la década 2010-2020 para América Latina, así como el tema del desempleo fue el tema de la década 2000-2010”.

Las anteriores afirmaciones son corroboradas para el caso mexicano por los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana que apuntalan la importancia del problema. La información del Cuadro 1 señala que la percepción de la inseguridad pública no ha mejorado de septiembre de 2013 a diciembre de 2015. El porcentaje de ciudadanos que se siente inseguro en la ciudad que habita, se mantuvo prácticamente estable entre 68.0 y 67.7 por ciento. Más negativo es el resultado que se refiere a las “Expectativas sobre la delincuencia”, ya que en diciembre de 2015, 62.9 por ciento de los ciudadanos pensaban que la inseguridad “Seguirá igual de mal o empeorará”, comparado con 60.8 por ciento que hicieron este señalamiento en septiembre de 2013.

Cuadro 1 Percepción de la seguridad pública. Comparativo septiembre 2013-marzo 2015 (Porcentaje de la población de 18 años y más que habita en ciudades seleccionadas)* 

Fuente: INEGI: Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (2016). Nota: Todas las preguntas excluyen la opción de respuesta “no sabe o no responde”. * Se selecciona una ciudad por entidad federativa (capitales de 25 estados y 6 ciudades seleccionadas de 100 mil habitantes y más de los 6 estados restantes).

Aunque este problema se ha agudizado en los últimos años, notablemente a partir de 2008, no es un asunto nuevo. Ya en la década de 1990, con base en encuestas de Latinobarómetro, ^{Fajnzylber et al. (2001: 3)} reportan que durante 1996, en 17 países latinoamericanos se señalaba la delincuencia y la violencia asociada como “el problema social más importante de la región”.

Con el paso de los años, se ha argumentado que la inseguridad genera importantes costos, desde el gasto público de las instituciones y los gastos privados de los ciudadanos para anticiparse a la inseguridad, hasta los costos irreparables en la vida y en la integridad física de las personas relacionados con las pérdidas en salud (^{PNUD, 2013}), además de los costos intangibles como la pérdida de inversiones y de productividad de la economía, la emigración de trabajadores jóvenes capacitados y emprendedores.

Los anteriores argumentos llevan a preguntarse, ¿cuál es la importancia de medir el costo de la inseguridad y la delincuencia? En primer lugar la cuantificación de los gastos y costos revela la magnitud del daño causado y puede constituirse en un insumo valioso para las iniciativas de reducción y prevención de la delincuencia (^{Villamarín, 2013: 4}). En segundo lugar, permite la generación de indicadores de la magnitud y gravedad del problema y las estimaciones obtenidas pueden ser utilizadas para evaluar los probables beneficios generados por la implementación de políticas alternativas (^{Balsells, 2006: 15}). De igual forma, es posible generar indicadores de alerta temprana para prevenir la agravación del problema en regiones específicas o en un país (^{Fajnzylber et al., 2001a: 53}).

También es importante tomar en cuenta, como señalan ^{Brand y Price (2000: 3-4)}, que un ejercicio como el presente es esencialmente una forma de medir el efecto de las políticas públicas orientadas al combate a la delincuencia y sus consecuencias y es, asimismo, una forma de enfocar la perspectiva de los hacedores de política y de la ciudadanía en las soluciones con mayor efectividad y menores costos, tomando en consideración la relativa gravedad de los diferentes tipos de delitos, más que en el volumen agregado de delincuencia.

Finalmente, permite analizar la interrelación entre costos generados por la delincuencia y la inseguridad y el producto interno bruto (PIB) per cápita, como se ha hecho en los casos colombiano y mexicano (^{Villamarín, 2013: 42}; ^{Robles et al., 2013: 19}), entre otros aspectos.

El tratamiento de los anteriores temas se desarrolla en cinco apartados adicionales al presente. En el siguiente, se reseñan los principales trabajos sobre el tema tanto a nivel teórico como aplicado. En el tercer acápite se plantean los objetivos y mé todo a seguir, para continuar con la presentación de los principales resultados del ejercicio. A continuación, en el quinto apartado, se presentan las implicaciones de política pública, para finalizar con comentarios adicionales y líneas emergentes para su posterior análisis.

ESTADO DEL ARTE

De acuerdo con ^{Cohen (2007, citado por Villamarín, 2013: 5)}, los costos de la inseguridad y la delincuencia (CID) se han intentado estimar durante más de 75 años, aplicando metodologías alternativas con propósitos diversos.

Los estudios sobre el tema enfatizan los casos de Estados Unidos y países europeos. Sin embargo, a raíz del incremento de la inseguridad y la delincuencia en América Latina, se han emprendido trabajos en Colombia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, entre otras naciones. En México estos análisis son recientes (^{Mendoza, 2013}, ^2013a), pero no se ha profundizado en el caso de las entidades federativas, un propósito primordial del presente artículo.

En este apartado se reseñan trabajos pioneros en el campo. Uno de los más citados es el de ^{Londoño y Guerrero (1999)}. Estos autores identifican cinco tipos de pérdidas: en salud, materiales, productividad e inversión, el deterioro del consumo y del trabajo y las transferencias entre personas. Se enfatiza la estimación de los años de vida saludable perdidos como indicador compuesto por la suma de los años perdidos por muerte prematura, y de los años sobrevividos con alguna incapacidad funcional (^{Londoño y Guerrero, 1999: 16}). Su cobertura es de seis países y reporta resultados para 1997. Para tal año, los países con mayores costos eran El Salvador y Colombia, con aproximadamente 24 por ciento del PIB, Brasil y México oscilaban entre 10 y 12 por ciento del PIB, mientras que Perú sufrió el menor costo, equivalente a 5.1 por ciento del PIB.

Un segundo trabajo, referencia en el área, es el de Buvinic y Morrison (1999) con ediciones actualizadas en ^{Buvinic, Morrison y Shifter (2000)} y ^{Buvinic, Morrison y Orlando (2005)}. En este conjunto de trabajos se recomienda analizar cuatro rubros: costos directos, costos no monetarios, efectos multiplicadores económicos y efectos multiplicadores sociales, destacando los efectos en las relaciones interpersonales y en la reducción de la calidad de vida, la transmisión intergeneracional de violencia, la erosión del capital social y la menor participación en el proceso democrático.

Un tercer clásico es el de ^{Fajnzylber, Lederman y Loayza (2001a)}. Comienzan señalando que la perspectiva contable es la más sencilla y favorecida, aunque resaltan que la falta de datos adecuados y los desacuerdos sobre los supuestos específicos acerca de los costos de oportunidad de los recursos perdidos constituyen sus principales limitaciones. Analizan 21 países, incluyendo 12 industrializados y nueve en desarrollo. Este trabajo detecta las variables que determinan la delincuencia y la violencia para de ahí desprender recomendaciones de política pública.

Los autores arriban a las siguientes conclusiones: a) el crimen se retroalimenta. Una vez que la tasa de delincuencia se incrementa, llevarla a su nivel previo no se logra simplemente eliminando las causas originales del aumento; b) el crecimiento económico puede ser una vía efectiva para luchar contra la delincuencia; c) la desigualdad del ingreso y, más en general, la desigualdad de oportunidades económicas pueden promover fuertemente la criminalidad; d) una tasa más rápida de reducción de la pobreza disminuye el crimen de modo significativo; e) la educación no sólo lleva consigo un efecto civilizador, sino también una mayor conciencia de las disparidades de ingresos, por lo que las reformas educacionales deberían buscar que el logro educativo vaya acompañado de oportunidades de empleo e ingresos. En otras palabras, si una mejor educación reduce la incidencia del delito, eso ocurre a través del efecto de la educación sobre un crecimiento económico más elevado y sobre una menor desigualdad de ingresos.

^{Brand y Price (2000)} analizan el caso de Gran Bretaña y Gales utilizando el enfoque contable y dividen los gastos en costos de anticipación, costos como consecuencia y costos como respuesta a la delincuencia y la violencia. Esta contabilidad se hace para los delitos más importantes registrados en aquel país, pero no hacen comparaciones con respecto al PIB. Una aportación importante es que realizan una serie de precisiones metodológicas que han sido atendidas por trabajos realizados en años posteriores.

Siguiendo la propuesta de ^{Brand y Price (2000)}, Aboal y colaboradores estudian el costo de la violencia y la inseguridad en Uruguay (2013) y Paraguay (2013a). Ambas estimaciones se hacen para el año 2010. En el caso de Uruguay (^{Aboal et al., 2013: 36-37}), el CID asciende a 3.08 por ciento del PIB. La mayor parte de los costos corresponde a aquellos asociados a la anticipación del delito (1.90% del PIB); más de dos tercios del restante 1.19 por ciento se asocian a los costos como consecuencia del crimen. Por último, menos del 0.4 por ciento del PIB se asocia a los gastos en respuesta al crimen. En el caso de Paraguay, se calcula un CID equivalente a 8.9 por ciento del PIB, de los cuales 1.7 por ciento corresponde a costos de anticipación; los costos como consecuencia son los de mayor peso, ya que equivalen a 6.4 por ciento del PIB y los costos en respuesta al crimen, alcanzaron 0.8 por ciento del PIB (^{Aboal et al., 2013a: 26}).

Entre otros trabajos acerca de América Latina, destacan los estudios sobre El Salvador y Guatemala (^{PNUD, 2005}; ^{Balsells, 2006}), ambos apoyados por el PNUD. El estudio sobre El Salvador (^{PNUD, 2005}) utiliza el método contable. Clasifica como costos directos la atención médico-hospitalaria, la administración de justicia, la prevención de la seguridad, tanto del sector público como del privado (personas físicas y empresas), a las que agrega las pérdidas materiales (hurto y robo). Además considera como costos indirectos o de oportunidad la producción perdida y el costo sobre el clima de inversión. Finalmente, estima los costos indirectos o intangibles en relación con el daño emocional o psicológico. Utiliza encuestas de victimización que proporcionan la base estadística de los cálculos. Deduce que el CID total es de 11.5 por ciento del PIB (^{PNUD, 2005: 8}), cifra que contrasta con la estimación de 24.9 por ciento del PIB del trabajo de ^{Londoño y Guerrero (1999)}.

El análisis sobre Guatemala se reporta en ^{Balsells (2006)}. También utiliza el método contable y clasifica los CID de acuerdo con cinco grandes categorías: a) pérdidas en salud, b) costos institucionales, c) gastos en seguridad privada en hogares y empresas, d) clima de inversión, e) pérdidas materiales o transferencias (^{Balsells, 2006: 16}). Las fuentes de información son registros administrativos y encuestas y se toman como base estudios previos sobre el tema. En este país el CID equivale a 7.3 por ciento del PIB, muy por debajo de El Salvador, que sufrió recientemente los estragos de una prolongada guerra civil.

Colombia, que ha vivido una guerra civil desde la década de 1950, es un caso muy estudiado. Los trabajos sobre este país se remontan a ^{Rubio (1995}, ¹⁹⁹⁸⁾. Un trabajo destacado y reciente es el de ^{Villamarín (2013)}. El análisis de esta autora calcula los costos asociados con la pérdida de bienestar generada por los homicidios durante el periodo 1990-2005, considerando la distribución geográfica y demográfica de la violencia (^{Villamarín, 2013: 4}). La autora llega a dos conclusiones principales: a) la pérdida de bienestar se distribuye de manera heterogénea por departamentos, sexo y grupos de edad. Concretamente, se concentra en los hombres jóvenes de Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá; b) se encuentra una relación positiva entre CID y PIB per cápita, lo que sugiere que la relación entre violencia y desarrollo es compleja, ya que el crecimiento económico es posible en medio de altos índices de violencia. Pero al mismo tiempo, precisamente por esto, la delincuencia resulta más costosa que en países con economías menos dinámicas y pone freno a lo que, en potencia, sería un crecimiento mayor (^{Villamarín, 2013: 42}). Se estima que el CID equivale a 7.3 por ciento del PIB de Colombia para el año 2005.

En 2013 el PNUD publicó su Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, que en su capítulo V analiza los costos de la inseguridad en América Latina y explora el CID en cinco países de la región; estima el costo en términos de años de vida, y explica cómo el gasto fiscal afecta el CID de cada país (^{PNUD, 2013: 93}). Destaca que las consecuencias del delito y la violencia no sólo afectan a las propias víctimas, sino también, como víctimas indirectas, a las personas que las rodean (^{PNUD, 2013: 94}). El PNUD calcula el costo de la inseguridad en términos del PIB para 2010 en Chile (3.32%), Costa Rica (2.52%), Honduras (10.54%), Paraguay (8.70%) y Uruguay (3.00%) (^{PNUD, 2013: 103}). Este trabajo se complementa con la estimación de las probables ganancias en el PIB y en la esperanza de vida de no haber ocurrido un exceso de muertes por homicidio. De acuerdo con esta estimación, para 2009, el PIB per cápita que se dejó de percibir por homicidios en América Latina fue de 0.5 por ciento.

En México, este problema se comienza a investigar a raíz del incremento de la inseguridad y la delincuencia en años recientes. El primer estudio sistemático sobre el tema es el de ^{Mendoza (2013)}. Este autor se planteó “investigar, documentar, sistematizar y procesar información para formular y proponer un procedimiento de cálculo, que permitiera estimar el impacto económico genérico y específico de la delincuencia” (^{Mendoza, 2013: 4}). Reporta dos obstáculos principales: a) las escasas experiencias nacionales en la materia y b) la debilidad documental y de información de las fuentes nacionales que no ofrecían datos sólidos o eran de acceso restringido (^{Mendoza, 2013: 4}).

Mendoza utiliza el enfoque contable a partir de tres grandes componentes: gasto en el sector público —federal, estatal y municipal—, gasto privado —tanto de personas físicas como morales— y los costos indirectos. La investigación se desarrolló en 2009 y estima los costos de este fenómeno para 2007 y 2008, basado en las Encuestas Nacionales de Seguridad Pública (ENSI-5 y ENSI-6) aplicadas en tales años por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI).

Los resultados se presentan a nivel nacional, aunque alguna información, por ejemplo los gastos de seguridad en estados y municipios, se presentan por entidad federativa. Posteriormente, el mismo autor (^{Mendoza, 2013a}) dando seguimiento al trabajo anterior, incorpora la ENSI-7 para analizar el año 2009. En este trabajo ya incluye más cifras a nivel estatal, aunque no logra establecer una comparabilidad entre las entidades federativas del país.

Un tercer trabajo sobre México es el del Instituto para la Seguridad y la Democracia (^{Insyde, 2014}). Dicho estudio es un recuento de diversos trabajos sobre México y añade varios datos importantes. Cita un documento realizado por el ^{Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (2011)}, apoyado por instituciones nacionales e internacionales, que calculó el costo de la inseguridad y la violencia en México en 15 por ciento del PIB (^{Insyde, 2014: 11}).

En años recientes The Institute for Economics and Peace (^{IEP, 2014}) ha desarrollado una metodología y varios estudios de caso, entre ellos para los estados mexicanos de Baja California y Sinaloa (^{IEP 2014a}; ^{IEP, 2014b}). El IEP aplica el concepto de gasto en contención de la violencia (GCV) que se define como la actividad económica relacionada con el gasto aplicado a las consecuencias o a la prevención de la violencia, cuando la violencia se dirige contra las personas o las propiedades (^{IEP, 2014: 4}). El ^{IEP (2014: 9)} también presenta un “ciclo virtuoso de la paz” que postula los siguientes pasos: a) inversión en las instituciones que estimulan y fomentan la paz, b) incremento de la productividad y reducción de la violencia, c) mayor bienestar y menor gasto en contención de violencia y d) reducción del gasto en contención de la violencia.

Por otra parte, el IEP aplica al GCV el concepto del multiplicador. En su concepción original el efecto multiplicador postula que cada vez que se presenta una inyección de nuevo ingreso en la economía, esto llevará a más gasto, que a su vez creará empleo, lo que a su vez genera más gasto y más empleo, impulsando así un círculo virtuoso. El resultado final es que un dólar en gasto adicional puede crear más de un dólar de actividad económica.

Se plantea que el efecto multiplicador es particularmente vigoroso en el GCV, ya que los individuos, las familias y las empresas gastarían menos tiempo y recursos protegiéndose de la violencia y contribuirían con la economía como resultado de niveles más bajos de violencia y menos homicidios y los recursos ahorrados se asignarían en áreas más productivas como salud, educación e infraestructura. De esta manera opera el “multiplicador de la paz”, que se estima conservadoramente en dos, es decir que por cada dólar ahorrado en contención de violencia, habrá un dólar adicional en actividad económica (^{IEP, 2014: 9}). Por otra parte, señala que una buena forma de expresar el GCV es como proporción del PIB, aunque tiene sus limitaciones.

OBJETIVO Y ENFOQUE

El objetivo del presente trabajo es medir el CID en las entidades federativas de México. La medición se hace únicamente para 2013, porque es el año para el cual se cuenta con información de victimización tanto para empresas como para familias e individuos (Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2014 y Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014) la Envipe 2014 y la Enve 2014, respectivamente.

El presente trabajo se distingue de los realizados por ^{Mendoza (2013} y ^2013a), para el caso mexicano en tres aspectos: 1) analiza el CID por entidad federativa, asunto no tratado hasta la fecha, 2) aplica el método contable, aunque la distribución de los costos no es la utilizada por ^{Mendoza (2013}, ^2013a), sino que se adopta la propuesta por ^{Brand y Price (2000)} y 3) utiliza la información de la Envipe 2014 y la Enve 2014, ambas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en lugar de las diversas ENSI analizadas por Mendoza. La Envipe 2014 y la Enve 2014, tienen información más reciente.

Al igual que los trabajos de Mendoza, la información se complementa con cuentas públicas federal, estatales y municipales o en su defecto los respectivos presupuestos de egresos, información de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Petróleos Mexicanos (Pemex), estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales y población del INEGI, y del producto interno bruto estatal (PIBE), también del INEGI, entre otras. De este conjunto de fuentes de información, únicamente este último dato proviene de las cuentas nacionales, lo que no impide de ninguna manera la replicabilidad de los resultados siempre y cuando se utilicen las mismas fuentes, que se consideran las idóneas al momento presente. Por ejemplo, una vez liberadas la Envipe 2016 y la Enve 2016, con información de 2015, se podría replicar, actualizar y profundizar este trabajo. En relación con la replicabilidad en otros países, se puede seguir la metodología propuesta por ^{Brand y Price (2000)} y utilizar la información disponible en cada nación para obtener resultados comparables.

Es importante señalar que la Enve y la Envipe, como se señala en su nombre, son encuestas de victimización a empresas, familias y personas que, a través de muestras representativas de los delitos cometidos en las entidades federativas, estiman el impacto de todos los delitos captados por dichas encuestas, incluyendo los que no han sido denunciados e investigados, es decir, los que forman parte de la cifra negra. Por lo anterior, al captar todos los delitos, incluyendo la cifra negra, la Enve y la Envipe recogen la totalidad del CID de todos los delitos cometidos en una entidad federativa y permiten superar el sub-reporte de los registros administrativos compilados y difundidos tanto por el INEGI como por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunque las encuestas de victimización enfrentan varios desafíos, son reconocidas como “el mejor instrumento para avanzar en el conocimiento de los criminales” (^{Lagos y Dammert, 2012: 23}).

El enfoque utilizado en el presente trabajo es el contable, utilizando la clasificación propuesta por ^{Brand y Price (2000)} que divide los costos en: a) de anticipación, b) como consecuencia de la inseguridad y la violencia y c) como respuesta a estos fenómenos. El presente trabajo aplica la propuesta de ^{Brand y Price (2000)} porque dicha clasificación visualiza el cálculo de los CID como un proceso que incorpora, en un segundo plano, los gastos y costos realizados por el sector público, las empresas, las familias y los individuos. Al presentarse como un proceso, se puede focalizar cada una de sus fases, con sus costos y problemas específicos y diseñar políticas públicas ad hoc para cada una de ellas (Cuadro 2).

Cuadro 2 Tipos de gastos y costos objeto del trabajo 

Fuentes: a] Se sigue la propuesta de ^{Brand y Price (2000, 20)}. b] Se incluye cuando va integrado al gasto en seguridad pública federal o estatal. Este gasto se desglosa en algunas entidades federativas y en otras no.

Es conveniente definir o aclarar los anteriores conceptos y hacer algunas precisiones metodológicas. En primera instancia se definen como costos anticipados aquellos en los que incurren tanto el sector público como los actores privados para reducir o evitar ser víctimas de la delincuencia.

Por su parte, los costos como consecuencia, son aquellos ocasionados por el acto delictivo mismo, por ejemplo, los daños a la propiedad o la reparación a víctimas, los gastos de hospitalización o de atención psicológica, entre otros. Una política pública debe tener el objetivo de reducirlos al menor nivel posible.

Finalmente, los costos en respuesta a la inseguridad y la delincuencia son aquellos en los que incurre el Estado para identificar, perseguir y castigar a los responsables, así como los gastos realizados por los agentes privados al verse en la necesidad o responsabilidad de denunciar los delitos, solicitar el inicio de averiguaciones previas o carpetas de investigación, entre otros. La identificación de los distintos tipos de costos puede ayudar a definir políticas públicas más efectivas para reducir la inseguridad (^{PNUD, 2013: 102}).

Por otra parte, en lo que respecta a las precisiones conceptuales y metodológicas, conviene aclarar en primer lugar que al pago de las primas directas en las compras de seguros se les descuentan los pagos por siniestros. De esta manera se contabilizan únicamente los costos administrativos (pago de personal, edificios, equipo y su mantenimiento, entre otros gastos). Los costos administrativos de los seguros representan el costo de oportunidad para la sociedad, porque de no existir el delito, estos recursos podrían emplearse productivamente en otros sectores de la economía (^{Brand y Price, 2000: 18}).

Otros conceptos que requieren aclaración son las pérdidas a consecuencia del delito para las empresas, los individuos y las familias, el robo de hidrocarburos a Pemex y el robo a transportes de mercancía, entre otros, pues podrían considerarse como transferencias y, por ende, como un cambio de propiedad sin costo social. Sin embargo, dado que los delitos patrimoniales son transferencias ilegales e involuntarias de las víctimas a los delincuentes, se considera una pérdida para la sociedad y por lo tanto se trata como un costo de oportunidad originado por la acción de la delincuencia (^{Brand y Price, 2000: 18}). Una vez realizadas las anteriores precisiones, se presentan los resultados del ejercicio.

PRINCIPALES RESULTADOS

En el presente trabajo se estiman los costos por anticipación de la inseguridad y la violencia, los costos a consecuencia de la inseguridad y la violencia y los costos como resultado de estos fenómenos para cada entidad federativa y posteriormente se comparan con el PIB estatal. De igual forma, se estiman los CID per cápita de las entidades federativas, para analizarlos comparativamente.

Costos por anticipación

Para mayor claridad, los gastos por anticipación se dividen entre los realizados por el sector público y los que hacen los agentes privados. Entre los primeros destacan los gastos en seguridad pública de los Poderes Ejecutivos federal, estatales y municipales. Esta información se presenta en el Cuadro 3.

Cuadro 3 Gastos por anticipación del sector público en sus tres ámbitos por causas de la inseguridad y la delincuencia y su porcentaje con respecto al PIBE por entidad federativa, 2013 (millones de pesos) 

Fuentes: a] Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/contabilidad_gubernamental/Paginas/cuenta_publica.aspx. Incluye información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros órganos constitucionales autónomos (OCA). b] Diario Oficial de la Federación. Para el FASP diversas fechas. Para el spa 15 de febrero de 2013. c] Cuentas Públicas de los respectivos estados. Cuando éstas no se encontraron disponibles, se utilizó la información de los presupuestos de egresos respectivos: http:D46//www.shcp.gob.mx/Estados/Paginas/CuentasP%C3%BAblicasEstatales.aspx. Incluye información de las comisiones estatales de derechos humanos y otros órganos constitucionales autónomos. d] INEGI: Finanzas Públicas Estatales y Municipales. La información más completa que se encontró corresponde a 2011, por lo que se actualizó a 2013 utilizando el deflactor implícito de precios del PIBE para 2012 y 2013. e] INEGI: http://www.INEGI.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/PIBE/default.aspx. *Este gasto es el que realiza la federación en todo el territorio nacional. Se desconoce el monto ejercido por entidad federativa, por lo que se imputa a cada una de ellas en función de su porcentaje de población dentro del total. Se actualiza la información de 2011, aplicando el deflactor implícito del PIB para 2012 y 2013. **Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública: 80 por ciento corresponde a la entidad federativa y el restante 20 por ciento va para los municipios. Coeficiente de correlación entre porcentaje CID anticipación sector público / PIBE y escala de marginación (0 al 100, donde el estado más marginado es el más cercano a 100) = 0.6462.

Existen gastos de seguridad pública realizados por el Poder Ejecutivo federal en los cuales la cuenta pública federal no permite distinguir el gasto ejercido en cada entidad federativa. Lo mismo ocurre con algunos organismos constitucionales autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dado que el presente trabajo compara el CID por entidad federativa, el gasto federal señalado se imputa a cada una de éstas en función del porcentaje de población de las mismas en el total de la población nacional. Por otro lado, existen otros programas, como el Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública (FASP) en el cual 80 por ciento de la asignación es para el estado y el restante 20 por ciento se distribuye entre sus municipios. En otros programas, como el Subsidio para la Policía Acreditable y el Subsemun cien por ciento del apoyo va para las entidades o los municipios respectivamente. Finalmente, los estados y los municipios asignan a la seguridad pública parte de sus propios recursos. La suma de estos desembolsos constituye el gasto por anticipación del sector público (GAT).

Esta información por estado se muestra, ordenada en forma descendente y en proporción con respecto al PIBE para 2013 en el Cuadro 3. Comparando esta cifra, se encuentran resultados contrastantes. Las tres entidades con más GAT con respecto al PIBE son Guerrero, con 3.25 por ciento, Chiapas con 2.94 por ciento y Oaxaca con 2.70 por ciento. Le siguen Nayarit, Tlaxcala, Michoacán e Hidalgo. Por otra parte, los tres estados con GAT más bajo respecto al PIBE son Campeche con 0.31 por ciento, Nuevo León con 0.94 por ciento y Coahuila con 0.98 por ciento. Le siguen los estados de Quintana Roo, Tabasco, Querétaro y Jalisco. Estas entidades no son de alta o muy alta marginación o son entidades petroleras con un alto PIB per cápita. El porcentaje a nivel nacional es de 1.53 por ciento del PIB, indicador alrededor del cual se registra la mayoría de las entidades federativas.

Por otra parte, los ciudadanos y las empresas realizan una serie de gastos para prevenir la violencia y la inseguridad. Entre éstos se encuentra la adquisición de primas de seguros (vida individual, familiar y grupo; accidentes personales, gastos médicos y daños) y fianzas relacionadas con la procuración y administración de justicia. En el presente artículo se toman las primas directas de los seguros a las que se descuentan los pagos por siniestros de los mismos ramos. Esto equivale al costo administrativo de los seguros contratados.

Por otra parte, a partir del incremento de la inseguridad y la delincuencia, se da una proliferación de empresas dedicadas a la seguridad privada, cuyo costo también se contabiliza. De igual forma, los individuos y las familias incurren en una serie de costos para anticiparse a la delincuencia o protegerse de la misma. Entre éstos destacan acciones tales como cambiar o colocar cerraduras y candados, instalar alarmas o cámaras de vigilancia, reforzar puertas y ventanas, colocar rejas o bardas, comprar un perro guardián o contratar otro tipo de vigilancia y realizar acciones conjuntas con sus vecinos.

En el mismo sentido se contabilizan los gastos realizados por las empresas. Éstas también toman medidas de protección, algunas comunes con las familias, y otras adicionales, como contratar vigilancia o seguridad privada, contratar seguros de vida y daños, e instalar sistemas de protección contra ataques cibernéticos, entre otros.

Esta información por estado se muestra, ordenada en forma descendente y en proporción con respecto al PIBE para 2013 en el Cuadro 4. Comparando esta cifra, se encuentran resultados contrastantes. Las tres entidades con más GAT del sector privado con respecto al PIBE son la Ciudad de México con 3.57 por ciento, el Estado de México con 2.29 por ciento y Querétaro con 2.20 por ciento. Le siguen Morelos, Chiapas y Puebla. Por otra parte, los tres estados en los que el sector privado gasta menos son Campeche con 0.31 por ciento del PIB, Guerrero con 0.69 por ciento y Tabasco con 0.80 por ciento. Le siguen Du rango, Coahuila, Zacatecas y Baja California Sur. El porcentaje a nivel nacional es de 1.95 por ciento del PIB, la mayoría de las entidades se encuentra por debajo de la media.

Cuadro 4 Gastos por anticipación de la inseguridad y la delincuencia del sector privado y su porcentaje con respecto al PIBE por entidad federativa, 2013 (millones de pesos) 

Fuentes: a] Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas 2013. Incluye primas de seguros de vida individual, familiar y grupo; accidentes personales, gastos médicos y daños, cantidades netas de pagos de siniestros. Además se agregan las fianzas judiciales. Se eliminaron las primas generadas en el extranjero y las no asignables a una entidad federativa. b] INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014. c] INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2014. d] INEGI. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx. Coeficiente de correlación entre porcentaje CID anticipación sector privado / PIBE y escala de marginación (0 al 100, donde el estado más marginado es el más cercano a 100) = -0.3681.

Costos a consecuencia de la inseguridad y la delincuencia

Un segundo tipo de costo es el erogado por las empresas, las familias y los individuos a consecuencia de la comisión de delitos (CCD). Este tipo de costo mide el impacto directo del delito sobre los ciudadanos y las empresas y es el que mayor efecto negativo genera en términos de la inseguridad subjetiva y temor entre la ciudadanía.

Entre los CCD destacan las pérdidas de las empresas, las familias y los individuos, reportados en la Envipe 2014 y la Enve 2014. Se añaden los gastos incurridos en atención a la salud ocasionados por los delitos, que incluye los pagos a hospitales, médicos, medicinas y la atención psicológica de las víctimas; distintos tipos de robos como los cometidos contra Pemex y mercancía diversa en su proceso de traslado; también se considera el costo de la corrupción que un ciudadano enfrenta al realizar trámites en diferentes oficinas de gobierno, la pérdida de productividad de los prisioneros que purgan una condena o están siendo juzgados y que en libertad emprenderían actividades productivas; el costo de las actividades que los individuos dejan de hacer debido al temor a ser víctimas de un delito y el costo de los servicios funerarios de quienes han sido víctimas de homicidio. Entre los costos de las familias destacan las pérdidas patrimoniales y el gasto a consecuencia de daños a la salud.

Existen otros costos que los ciudadanos deben soportar, al dejar de realizar ciertas actividades por temor a la inseguridad. Entre dichas actividades la Envipe 2014 destaca el “permitir que sus hijos menores de edad salgan de noche, usar joyas, viajar por carretera a otro estado o municipio, llevar dinero en efectivo, llevar tarjeta de crédito o débito, visitar a parientes o amigos, salir a caminar, ir al cine o al teatro, ir al estadio, tomar taxis, salir a comer o cenar, usar transporte público, ir a la escuela y frecuentar centros comerciales”, entre otros. Este tipo de costos son los que mayor impacto generan en la inseguridad subjetiva y es el más importante al evaluar el grado de inseguridad y riesgo de una entidad federativa.

Los costos anteriores se agregan en el Cuadro 5 y se comparan con el PIBE. Los resultados son, de nuevo, muy dispares, ya que el porcentaje más alto corresponde al Estado de México con 3.88 por ciento del PIBE, Guerrero con 2.62 por ciento y Morelos con 2.38 por ciento. Le siguen Tlaxcala, Nayarit, Baja California y Puebla. Por el lado de las entidades con menor CCD, se encuentran Campeche con 0.15 por ciento del PIBE, Yucatán con 0.78 por ciento y Tabasco con 0.82 por ciento, seguidas por Nuevo León, Quintana Roo, Durango y Coahuila. A nivel nacional, la proporción fue de 1.59 por ciento y la mayoría de los estados oscilan entre 1 y 2 por ciento de su PIBE.

Cuadro 5 Costo a consecuencia de la inseguridad y la delincuencia y su porcentaje con respecto al PIBE por entidad federativa, 2013 (millones de pesos) 

Fuentes: a] INEGI: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2014. b] Informe Anual de Pemex 2013 y solicitud de información IFAI Folio No. 1857200081615. c] Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas 2013. d] INEGI: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2013. Se tomó el costo estimado por Transparencia Mexicana en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que fue de 165.00 pesos en 2010, aumentando 6.93% de inflación, acumulada entre 2012 y 2013. De esta manera el costo por acto corrupto es de 176.43 pesos. e] INEGI: Estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia estatal, 2014. f] INEGI: Índice Nacional de precios al Consumidor 2013. Precios promedio. http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc/. g] INEGI: Estadísticas de mortalidad 2013. h] http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx. Coeficiente de correlación entre el porcentaje del gasto como consecuencia de CID / PIBE y escala de marginación (0 al 100, donde el estado más marginado es el más cercano a 100) = 0.1075.

Costos como respuesta a la inseguridad y la delincuencia

Como resultado de los procesos de delincuencia e inseguridad, tanto la federación como las entidades federativas se ven obligadas a tomar medidas, como cambios legislativos, crecimiento y modernización de los aparatos de procuración, impartición y administración de justicia, creación de instituciones de defensoría jurídica y de los derechos humanos, entre otras.

En este rubro destaca el gasto que realiza el Poder Judicial federal que no puede ser diferenciado o distinguido en qué entidad federativa se realiza, por lo que se imputa a las mismas de acuerdo con la población, al igual que se hizo con el gasto del Ejecutivo federal. Al anterior gasto se agrega el realizado por los respectivos poderes judiciales en las entidades federativas.

Para estimar el costo en la respuesta a la inseguridad y la delincuencia por parte de las personas, se toma el costo de denunciar los delitos, que incluyen el consumo del tiempo que los ciudadanos invierten en levantar una denuncia y un estimado del precio del transporte utilizado por quienes lo hacen. Un segundo paso es la ratificación de dicha denuncia y el costo del inicio de la averiguación previa o carpeta de investigación. Estos costos se estiman con información de la Envipe 2014 y ^{Bergman y Cafferata (2010)}. A los anteriores elementos se suma la pérdida de productividad de los internos, que en el presente ejercicio, haciendo un cálculo conservador, se supone que los internos existentes en 2013 ganarían o generarían un salario mínimo por cada día del año.¹

En el Cuadro 6 se presentan los anteriores elementos y se calcula su porcentaje con respecto al PIBE. El costo más alto corresponde a Chiapas, con 1.39 por ciento; para Nayarit el costo por este concepto es de 1.30 por ciento y Oaxaca con 1.07 por ciento. Le siguen Tlaxcala, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí. Por su parte las entidades que sufren el menor costo son Campeche con 0.23 por ciento, Nuevo León con 0.36 por ciento, Coahuila con 0.40 por ciento y Baja California Sur con 0.43 por ciento. La lista continúa en orden ascendente con Tabasco, Tamaulipas y Aguascalientes. El promedio nacional es de 0.62 por ciento del PIB y la mayoría de los estados oscilan entre 0.46 y 1.00 por ciento de su PIBE, es decir alrededor del porcentaje nacional.

Cuadro 6 Costo de respuesta a la inseguridad y la delincuencia y su porcentaje con respecto al PIBE por entidad federativa, 2013 (millones de pesos) 

Fuentes: a] Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/contabilidad_gubernamental/Paginas/cuenta_publica.aspx. b] Cuentas Públicas de los respectivos estados. Cuando éstas no se encontraron disponibles, se utilizó la información de los presupuestos de egresos respectivos. http:D46//www.shcp.gob.mx/Estados/Paginas/CuentasP%C3%BAblicasEstatales.aspx. c] INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2014. d] INEGI. http://www.INEGI.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/PIBE/default.aspx. Coeficiente de correlación entre porcentaje CID anticipación sector privado / PIBE y escala de marginación (0 al 100, donde el estado más marginado es el más cercano a 100) = 0.5819.

El costo total de la inseguridad con respecto al PIBE

Sumando los costos de anticipación, como consecuencia y como respuesta a la inseguridad y la delincuencia, se encuentra que el Estado de México es la entidad con un CID más alto en términos del PIBE, equivalente a 8.75 por ciento, seguido por Guerrero con 7.58 por ciento y Chiapas con 7.52 por ciento. Le siguen en orden descendente Tlaxcala, Nayarit y Oaxaca. Por su parte las entidades menos afectadas por los CID son Campeche con 1.00 por ciento del PIBE, Tabasco con 3.16 por ciento y Coahuila con 3.65 por ciento. Siguen en orden ascendente Nuevo León, Quintana Roo y Durango. El promedio del CID para la nación es de 5.69 por ciento del PIB. Se debe aclarar que Campeche, y en menor medida Tabasco, son estados con un alto PIBE debido a su producción petrolera, por lo que la utilización de esta variable genera una clara subestimación² en estas entidades federativas. Esta información se observa en el Cuadro 7.

Cuadro 7 Costo total de la inseguridad y la delincuencia y su proporción con respecto al PIBE por entidad federativa, 2013 (millones de pesos) 

Fuentes: a] Incluye tanto el sector público como el sector privado, Cuadros 3 y 4. b] Cuadro 5. c] Cuadro 6. d] INEGI: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx

El CID per cápita por entidad federativa

Al observar el CID per cápita para las entidades federativas se puede destacar que los estados con un nivel de ingresos más alto, son los que gastan más en términos per cápita en la prevención y el combate a la violencia y la inseguridad. De esta manera, la Ciudad de México gasta 19 831 pesos per cápita en CID, seguido, muy de lejos, por Jalisco, con 10 809 pesos y Nuevo León con 8 936 pesos. Le siguen Querétaro, Sonora, Campeche, Aguascalientes, Baja California, Estado de México y Baja California Sur, con CID superiores o cercanos a 8 000 pesos. Ninguna de estas entidades se cataloga como “pobre” o de alta o muy alta marginación.

En el extremo opuesto se encuentran Chiapas con 4 015 pesos per cápita, Oaxaca con 4 448 pesos, Hidalgo con 4 842 pesos y Guerrero con 4 866 pesos. De las entidades federativas anteriores, Oaxaca y Chiapas son considerados como de alta marginación y mayor pobreza relativa. El promedio de CID per cápita por estado es de 6 950 pesos. Este interesante resultado merece ser estudiando en detalle en un trabajo posterior, pero coincide en líneas generales con ^{IEP (2014: 16)}, que encuentra que Estados Unidos, Omán y Qatar son los países con más gasto en seguridad per cápita. Estos países tienen en común tener ingresos altos, con importantes niveles de gasto militar y en seguridad interna. Esta información se presenta en el Cuadro 8.

Cuadro 8 Costo per cápita de anticipación como consecuencia, como respuesta y total de la inseguridad y la delincuencia por entidad federativa 2013 

Fuentes: a] Cuadros 3 y 4. b] Cuadro 5. c] Cuadro 6. d] http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

IMPLICACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

El análisis a detalle de los componentes del CID arroja algunas conclusiones de las que se desprenden recomendaciones de política pública. En primera instancia el coeficiente de correlación entre el CID por anticipación del sector público/PIBE y el Índice de Marginación (IM) de las entidades federativas es 0.6462 (0.0001),³ es decir, es una correlación positiva moderada y significativa. Lo anterior implica que en la medida en que la entidad federativa es más marginada, el sector público tiende a incrementar su gasto en anticipación de la violencia. En el Cuadro 3 se observa que de las nueve entidades con mayor gasto del sector público en CID/ PIBE, siete de ellas son de alta o de muy alta marginación. Mientras que de las 12 entidades federativas con menos gasto, 11 de ellas tienen una marginación baja, muy baja o media. En este grupo nada más existen dos entidades que tienen marginación alta y coincide con los estados con mayor producción de petróleo y con más alto PIBE per cápita del país (Campeche y Tabasco).

Revisando la relación entre gastos privados en anticipación a la inseguridad y la violencia en relación con el PIBE y el IM, se tiene una correlación de -0.5561 (0.0010), es decir moderada negativa y significativa, lo que implica que las empresas, familias e individuos gastan más en anticipación a la inseguridad y la delincuencia en las entidades menos marginadas, es decir, son empresas y ciudadanos más conscientes y que invierten más en su seguridad. En este caso la política pública debe tender a incentivar este tipo de gasto también en los estados más marginados.

Otra implicación de política pública la proporciona la correlación entre el costo de respuesta de CID en relación con el PIBE y el IM. En este caso la correlación es de 0.5819 (0.0005) es decir, una correlación moderada positiva y significativa. Esto implica que los estados más marginados dedican más gasto en responder a la inseguridad y la delincuencia, es decir, el sector público invierte más en el Poder Judicial y en el sistema de procuración de justicia y los ciudadanos gastan más en iniciar denuncias y averiguaciones previas o carpetas de investigación.

Por su parte, el coeficiente de correlación entre el gasto como consecuencia de CID en relación con el PIBE y el IM es de 0.1075 (0.5581), es decir no existe correlación entre dichas variables, por lo que se puede afirmar que el impacto de este tipo de gasto se da en todas las entidades sin importar el grado de marginación. Lo anterior implica que estos fenómenos deben atacarse por igual sin importar la entidad federativa en que se presenten (Cuadro 9).

Cuadro 9 Índice y grado de marginación, escala 0 a 100 y lugar que ocupa en el contexto nacional por entidad federativa, 2010 

Fuente: Estimaciones del Conapo con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

Ante la urgencia de enfrentar la crisis de delincuencia e inseguridad, la política pública se ha orientado hacia el incremento de los costos de anticipación y, en menor medida, los costos de respuesta. Por su parte, las empresas y las familias también han tomado las medidas de protección a su alcance.

No es posible combatir, desde el sector público, la marginación con gasto de anticipación en seguridad pública. Más aún, este enfoque, como se concibe en México, consiste en la compra de más vehículos, contratar más policías, construir más cárceles y aumentar las penas a los presuntos delincuentes “lo cual no sólo no resuelve el problema, sino que también implica mayores costos económicos, y cuando la promesa no se cumple, erosiona la legitimidad y la confianza en las instituciones públicas. Esto a su vez erosiona la gobernabilidad” (^{Lagos y Dammert, 2012: 35}).

Sin embargo, la implementación de dos vertientes de política puede dar mejores resultados en el largo plazo. En primer lugar, una política de prevención que comience desde los hogares y siga en las escuelas tratando de cambiar la cultura de la ciudadanía, induciendo una cultura de paz. Por otra parte, se debe combatir la corrupción y la impunidad para incrementar la confianza y la legitimidad del gobierno, sobre todo de las corporaciones policiales y los aparatos de procuración y administración de justicia, en sus tres niveles, pues un gobierno sin legitimidad no es creíble ante la ciudadanía y los efectos de sus políticas pueden ser nulificados o incluso contrarios a los buscados.

Una tercera recomendación de política pública es orientar el gasto en contención de la violencia, para generar el círculo virtuoso de la paz mencionado por ^{IEP (2014)} e impulsar el multiplicador de la paz. En concreto, hay que revertir el proceso y reorientar el gasto en seguridad hacia el gasto social y hacia el gasto en infraestructura que impulsen el crecimiento económico, generen empleo y oportunidades, al tiempo que se promueva una política pública que estimule una mejor distribución del ingreso.

Por último, en relación con la disponibilidad y calidad de la información, insumo indispensable para analizar los problemas de inseguridad y delincuencia, es necesario contar con encuestas de victimización diseñadas para comparar los delitos reportados en dichas encuestas con los delitos tipificados en los códigos penales estatales, como lo hace el British Crime Survey, lo que permite estimar “multiplicadores” de los delitos más importantes y proponer medidas de política ad hoc para combatir delitos específicos en ciudades o comunidades localizadas (^{Brand y Price, 2000}). La cuestión importante en este sentido es “cerrar las brechas de conocimiento sobre el fenómeno, que permitan el diseño de políticas públicas que tengan verdadero impacto en el temor, clima de opinión que está instalado y que es el peor de los enemigos de la democracia y la gobernabilidad” (^{Lagos y Dammert 2012: 60}). Desafortunadamente, en el caso mexicano, se está en las primeras etapas de este proceso.

COMENTARIOS FINALES Y TEMAS EMERGENTES DE INVESTIGACIÓN

Los resultados estimados en este trabajo, CID de 5.69 por ciento del PIB, son inferiores a los reportados por ^{Mendoza (2013}, ^2013a) quien señala que para 2007 el CID fue de 7.4 por ciento, y para 2008 representó 7.9 por ciento del PIB. Al respecto cabe observar que en dichos trabajos se observan algunas sobreestimaciones, como es el caso de las primas de seguros, que no se presentan netas de los pagos por siniestros, entre otras. También es inferior con respecto al reportado por ^{IEP (2014)} de 6.8 por ciento del PIB. Cabe señalar que ^{IEP (2014)} incluye todo el gasto público asignado a las fuerzas armadas, la fuerza aérea y la marina y no únicamente el gasto en seguridad pública, entre otras diferencias. Esta variable contribuye a explicar la variación entre ambos resultados.

De este artículo se desprenden varias líneas de investigación a futuro. En el presente se consideran únicamente los costos directos e indirectos que se pueden contabilizar con cierto grado de certidumbre y de fuentes oficiales. Existen fuentes de buena calidad, por ejemplo el INEGI, sin embargo existen otras fuentes que requieren diversos supuestos para lograr una estimación adecuada. En este sentido existe una amplia oportunidad de mejora.

Un trabajo posterior deberá incluir algunas variables adicionales,⁴ como las siguientes:

De acuerdo con ^{Brand y Price (2000, x)}:

Se requiere desarrollar nuevos métodos para estimar los costos del miedo a la delincuencia y el comportamiento precautorio para reducir el riesgo de convertirse en víctima del crimen. Se necesitan mejores estimaciones para el efecto emocional y físico en las víctimas del crimen, de los costos de servicios de salud, los recursos del gobierno central y local dedicados a la prevención de la delincuencia y de los recursos policiales.

La anterior afirmación de ^{Brand y Price (2000)} es válida para el caso de México, más aun tratándose de trabajos pioneros como los ^{Mendoza (2013}, ^2013a) y el presente.

Algunas de las variables mencionadas requieren la aplicación de metodologías específicas y más sofisticadas y la adopción o mejora de las técnicas propuestas en diferentes trabajos (^{Lozano et al., 2007}; ^{Velásquez, 2006}; ^{Aboal et al., 2013}, ^2013a, por ejemplo).

También es necesario profundizar en algunos temas adicionales, como analizar si efectivamente los estados más ricos gastan más en CID y las implicaciones presentes y futuras de este hecho. Más aún, se puede indagar el impacto de la inseguridad en diferentes variables tanto económicas como sociales, por ejemplo el crecimiento económico, la competitividad, el capital social, la confianza y la equidad social, entre otros muchos temas. Otro tópico relevante es la comparación del gasto en seguridad pública con otros gastos estatales, como el orientado a salud y a educación, para analizar las posibilidades de reasignación con el fin de favorecer el gasto social y el desarrollo económico, que es en el largo plazo la mejor solución a los problemas de inseguridad y delincuencia.