Introducción

Durante las últimas décadas se han evidenciado cambios profundos en las dinámicas del mercado laboral. Desde la perspectiva demográfica, se observan nuevos roles de género asignados socialmente a las mujeres, con su inclusión exponencial en el empleo remunerado. Las estructuras familiares se han modificado de manera considerable y, por ende, las demandas de cuidado de la población. La dificultad de armonización del trabajo remunerado y no remunerado ha conllevado al incremento del subempleo femenino, lo cual implica que el trabajo productivo y reproductivo que realizan las mujeres se ha incrementado.

En este sentido, es evidente que el empleo remunerado se comparte al interior de la familia, mientras que el trabajo no remunerado sigue recayendo sobre las mujeres mayoritariamente. En este contexto, son apremiantes nuevas modalidades para enfrentar las tareas de cuidado, mediante el rediseño de servicios de cuidado y la corresponsabilidad de todos los miembros del hogar.

^{Rodríguez (2010)} plantea una crítica contundente a la visión económica ortodoxa de la nueva economía del hogar, en la que el hogar se entiende como una unidad armoniosa, donde se conjugan eficazmente la corresponsabilidad de sus miembros, en el ámbito del trabajo productivo y en el de las tareas de cuidado. Por lo tanto, es imprescindible repensar el concepto de trabajo, ya que la productividad de los individuos se ha medido tradicionalmente en el mercado laboral; mientras que el trabajo del hogar permanece invisibilizado. La subordinación femenina deriva en la menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, así como el mayor acceso a empleos sin beneficios de ley en los que las barreras de entrada son bajas, pero que atañen una gran inestabilidad y las exponen a situaciones de explotación.

Debido a ello, es fundamental avocar hacia la concepción amplia que presenta la economía feminista, en relación con la necesidad de incluir en el estudio económico un entendimiento de las relaciones de poder y de desigualdad, inmersas en la creación de conocimiento, donde se corre el riesgo de que la comprensión de la realidad se encuentre sesgada por visiones androcéntricas que ocultan las asimetrías de las mujeres en diferentes ámbitos (^{Pérez, 2004}).

Desde la visión de la economía feminista se ha planteado que la ciencia económica desconoce una parte esencial de las relaciones sociales que garantizan la subsistencia de la vida de los seres humanos. Así, para hablar de economía es imperativo ir más allá de la visión de la producción como medio para la reproducción de la sociedad; es decir, incluir la mirada del trabajo reproductivo y, en su conjunto, hablar de la sostenibilidad de la vida. Aproximación que ha sido estrechamente ligada a la dicotomía público-privado en la estructura social (^{Pérez, 2004}; ^{Carrasco, 2003}).

De acuerdo con ^{Quiroga (2009)} , los trabajos domésticos, como parte de una economía del cuidado, hacen alusión a actividades que en su mayoría se realizan en el ámbito privado y, en general, están a cargo de mujeres. A su vez, el trabajo llamado productivo —retribuido con un salario y beneficios para el trabajador— se realiza en el ámbito público, con la diferencia de que tanto hombres como mujeres en las últimas décadas se encuentran desempeñando este rol, reflejando, en este caso, la sobrecarga de trabajo que recae sobre las mujeres.

Existen variables que permiten comprender la persistencia de las desigualdades entre hombres y mujeres; entre ellas: el sistema legal y normativo, la educación, las remuneraciones, así como las tendencias de ocupación, que se reflejan en la distribución sectorial, con las mujeres ocupadas principalmente en el sector de los servicios personales, la educación y la salud (^{Branchi y Figueiredo, 2013}). Al referirse específicamente a los obstáculos que las mujeres enfrentan en el acceso al sistema laboral, ^{Vásconez y Espinosa (2015)} ocupan el concepto de “estructuras de restricción” (^{Kabeer, 2001}), que pueden ser intrínsecas o impuestas.

Estas restricciones definen los modelos dominantes de masculinidad y feminidad, y, a su vez, los mecanismos con los que las instituciones reproducen la desigualdad (^{Vásconez y Espinosa, 2015}). Al respecto, es importante considerar que cuánto más difícil sea conciliar el trabajo remunerado con el no remunerado, más reducida resulta la participación en la actividad económica y mayor la precariedad laboral (^{Vásconez y Espinosa, 2015}). En este sentido, la informalidad es la opción más adecuada para las mujeres por la necesidad de recursos monetarios y la disponibilidad de tiempo para distribuirlo entre las actividades remuneradas y no remuneradas.

Respecto al trabajo productivo, en ^{Baquero et al. (2000)} se distinguen las siguientes categorías de discriminación por sexo. En primer lugar se hace alusión a “la discriminación en la adquisición de capital humano” (^{Baquero et al., 2000: 4}), que se refiere a los impedimentos o trabas que las mujeres enfrentan en el acceso a la generación de capacidades en cualquier ámbito. Por otro lado, “la discriminación en el empleo” (^{Baquero et al., 2000: 4}) se explica por el mayor desempleo de las mujeres frente a los hombres; y finalmente, la segregación laboral, que se traduce en brechas de participación laboral y salarial, que no devienen de la productividad laboral.

Por otra parte, la discriminación ocupacional alude a la tipificación de ciertas ocupaciones como femeninas; por lo cual, la participación femenina se concentra en el sector terciario o de servicios. Muchas de estas actividades se extienden en su rol de cuidadoras, como los servicios de salud, empleo doméstico y educación. “Las ocupaciones denominadas como femeninas […] tienen un menor salario, alta flexibilidad, prestigio social bajo y menor poder decisorio” (^{Nicolás et al., 2010: 47} ).

Política laboral en Ecuador

Entre 1990 y 2016 hay tres periodos relacionados con el quehacer de la política pública en el Ecuador. La década de 1990 se caracterizó por la instauración de fuertes políticas neoliberales, orientadas hacia la privatización, liberalización del mercado financiero y pérdida del papel planificador y regulador del Estado. En dicha época, el país atravesó por la peor crisis financiera en su historia, debido a la quiebra de bancos e instituciones financieras, causando: pérdida de los ahorros de muchos ciudadanos, altos niveles de inflación, adopción de la dolarización, altas tasas de desempleo y emigración. Con ello, el periodo 2000-2006 estuvo marcado por la crisis institucional que vivió el Ecuador, reflejada en la presencia de cuatro presidentes en siete años, traduciéndose en una administración poco clara y duradera.

En el año 2007 empieza la consolidación de un régimen con una mayor presencia del Estado, sustentada en la aprobación de la Constitución de 2008. Dentro de la nueva Carta Magna, la equidad entre las personas, sin importar su condición, rige como principio para aplicar los derechos fundamentales. Entre estos se garantiza la educación, la salud y el trabajo sin ningún tipo de discriminación; y se plantea el derecho al trabajo en cualquiera de sus modalidades: “relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano” ^{(Asamblea Nacional, 2008a: 151}). La Suprema Ley menciona “a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración” ^{(Asamblea Nacional, 2008a: 152)} , asegurando el derecho a remuneraciones equitativas. Y expresa la garantía de los “derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva y el acceso y estabilidad en el empleo” (^{Asamblea Nacional, 2008a: 155}).

Los distintos Planes Nacionales de Desarrollo (PND) han recogido estos principios constitucionales en favor de una sociedad más equitativa y libre de discriminación. Respecto a eliminar la discriminación laboral por género, el PND 2007-2010 promueve “la focalización de programas de empleo en las poblaciones rurales y en las mujeres que presentan tasas más altas de desempleo” (^{Senplades, 2007: 332}). El PND 2009-2013 expresa “sancionar los actos de discriminación y acoso laboral por concepto de género, etnia, edad, opción sexual, discapacidad, maternidad u otros motivos” (^{Senplades, 2009: 278}). Y el PND 2013-2017 plantea “fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de atención prioritaria al mercado de trabajo, de forma remunerada o mediante el apoyo de sus emprendimientos” (^{Senplades, 2013: 283}).

Por su parte, la Agenda de Igualdad de Género contiene nueve ejes que orientan la política pública para garantizar la igualdad, dentro de los cuales “el eje Producción y Empleo persigue potenciar y efectivizar la actoría de las mujeres y personas LGBTI en el desarrollo económico y productivo del país, creando condiciones para superar el subempleo, desempleo y explotación laboral” (^{Consejo Nacional de Igualdad de Género, 2014: 53}).

A nivel normativo se han concretado esfuerzos como la exigencia de que las trabajadoras remuneradas del hogar recibieran un sueldo básico unificado, además de la aportación patronal al sistema de seguridad social (^{Asamblea Nacional, 2012}). De igual manera se promulgó la Ley orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar (^{Asamblea Nacional, 2015}), fijando montos mínimos que la persona afiliada debe cancelar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de acuerdo con la situación socioeconómica de la familia.

Otro logro importante es la eliminación de la tercerización laboral, que impedía la cobertura a la seguridad social y demás beneficios de ley que recibe un trabajador con contratos directos (^{Asamblea Nacional, 2008b}). A pesar de los significativos avances normativos, no se logra identificar una política clara de empleo, con énfasis en el cierre de brechas de acceso a empleos de calidad entre hombres y mujeres; por lo que, como se verá a continuación, pese a la mejora en la formación de capital humano, aún persiste la discriminación en el empleo y en los salarios.

Discriminación que atraviesan las mujeres ecuatorianas en el acceso al mercado laboral y la distribución del trabajo no remunerado en el hogar

Uno de los grandes retos mundiales es disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres, para garantizar las mismas condiciones y erradicar las brechas de género. Sin embargo, según el ^{Foro Económico Mundial (2018)}, a pesar de la acción colectiva y las luchas constantes emprendidas por organizaciones de mujeres, organismos internacionales y Estados nacionales, la brecha global de género tardará cien años en cerrarse; mientras que la brecha de acceso al mercado laboral será cerrada en 217 años (^{Foro Económico Mundial, 2018}). Pese a que a nivel mundial y en América Latina las mujeres representan la mitad de la población, aún existen obstáculos de inserción e inestabilidad de permanencia en el mercado laboral (^{Abramo, 2004}); es decir, socioeconómicamente se está excluyendo a la mitad de la fuerza laboral en desigualdad de condiciones.

La estructura económico-productiva y, por ende, ocupacional de la región latinoamericana tiene como antecedentes las particularidades de su desarrollo a través de la historia y las restricciones macroeconómicas de cada país, lo cual permite su inserción muy peculiar en la división internacional del trabajo. En este sentido, en cada país se presenta la dinámica propia de la región (^{Branchi y Figueiredo, 2013}).

En su estudio “Trabajo femenino en América Latina”, ^{De Oliveira y Ariza (2000)} señalan que las brechas en el mercado laboral de las mujeres se evidencian por la diferencia salarial, poca participación política y en la toma de decisiones, inserción en el mercado laboral sin la redistribución del trabajo de cuidado y por la deserción por maternidad (^{De Oliveira y Ariza, 2000}). Esto ha ocasionado una baja calidad y nivel de vida en relación con el tiempo de trabajo y el tiempo libre (^{Valerdi, 2004}). En la última década, las mujeres latinoamericanas han alcanzado una mayor escolaridad, que se traduce en acumulación de capital humano; sin embargo, aún se enfrentan a una creciente discriminación, evidenciada en la desigualdad de remuneración entre hombres y mujeres.

De acuerdo con ^{Branchi y Figueiredo (2013)} , tomando en cuenta los segmentos de ocupación, existe una mayor presencia de trabajadores en el sector de servicios y se observa la persistencia de la división que da cuenta del rol de género. De igual manera, se ha incrementado la segregación ocupacional en los servicios, principalmente en actividades de índole productiva y los servicios personales; estos últimos realizados en su mayoría por mujeres. A lo anterior se suma lo que ^{Zubieta y Marrero (2005: 27)} concluyen para México: “En el ámbito normativo, los cambios jurídicos no han encontrado una contraparte en las estructuras institucionales, en el acceso efectivo de las mujeres a la toma de decisiones y a puestos directivos, ni han logrado arraigarse como valores socialmente aceptados”.

Con estos antecedentes que recogen elementos relevantes de la realidad de las mujeres latinoamericanas, a continuación se indaga la situación de las ecuatorianas respecto a la discriminación en la formación de capital humano, en el empleo, en el ámbito salarial y en el ocupacional, y el trabajo no remunerado, con el fin de visibilizar los avances y desafíos en el Ecuador, en cuanto al cierre de brechas en el mercado laboral entre hombres y mujeres durante el periodo 2007-2016.

Discriminación en la formación de capital humano

La movilidad social está fuertemente condicionada por el nivel educativo, por eso es importante generar capacidades para incrementar las posibilidades de acceso a empleos de calidad. El Cuadro 1 ¹ muestra que entre 2007 y 2016, a nivel nacional, la asistencia a la educación general básica y bachillerato ha aumentado de forma significativa al pasar de 91,7 a 96,2%, y de 51,2 a 71,3%, respectivamente. A 2016, el 73,4% de las mujeres y el 69,4% de los hombres asisten a instituciones de bachillerato.

La tasa de asistencia a educación superior en las mujeres es de 33,2% frente a los hombres con 29,8%. Asimismo, en esta década se ha incrementado la escolaridad tanto de hombres como de mujeres alcanzando en promedio los diez años para ambos. A 2016, la escolaridad de la población en empleo adecuado² es 12,5 años, observando que en esta categoría las mujeres tienen 14 años de escolaridad, es decir, 2,2 años más que los hombres (véase Cuadro 1).

Metodología de análisis

Discusiones y resultados

En función de la metodología expuesta, se estimó la regresión de determinantes del ingreso laboral correspondiente al año 2016 y posteriormente se aplicó la corrección del sesgo de selección de Heckman (véase Cuadro 6). El coeficiente de Mills es significativo, lo cual indica que, en efecto, existía un sesgo de selección y este debía ser corregido. Los coeficientes de las regresiones con y sin la corrección de Heckman son relativamente parecidos. Los coeficientes son significativos y su signo es el esperado. La edad y la escolaridad son positivas a diferencia de la edad al cuadrado que es negativa. El ingreso laboral aumenta en 3,3 y 3,5% por cada año de edad y por cada año de estudio adicional, respectivamente; lo cual indica que el ingreso es superior mientras se incrementa el nivel educativo. El hecho de ser mujer disminuye el ingreso laboral en 27,7% frente a los hombres.

A partir de la corrección de Heckman, el coeficiente de la variable mujer disminuye, dado que aporta significativamente al modelo de selección de la probabilidad de estar trabajando, lo que demuestra la fuerte brecha de ingreso laboral por sexo. Ser indígena o afroecuatoriano reduce el ingreso en casi 8,3%; y quienes están casados tienen 12,9% más de ingreso frente a quienes no lo están. A nivel territorial, los individuos que pertenecen al área rural tienen un ingreso laboral inferior en 10,8%, frente a quienes están ubicados en el área urbana.

Por región natural, quienes se sitúan en la Costa y la Sierra presentan un ingreso superior en 7,9 y casi 5,2%, respectivamente, ante quienes pertenecen a la Amazonía. En cuanto al sector económico, se observa que quienes están en los sectores primario y secundario muestran un ingreso laboral inferior en 32,6 y 7,4% en relación con el sector terciario, respectivamente. En la categoría de ocupación, frente a jornaleros y trabajadores remunerados del hogar, el empleado público y el privado tienen un ingreso laboral superior en 34,2 y 12,8%, respectivamente.

Los patronos cuentan con un ingreso superior en 61,6%, mientras que quienes trabajan por cuenta propia tienen un ingreso inferior en 40%. Los ocupados que están afiliados a la seguridad social cuentan con un ingreso laboral superior en 28,6%, al igual que quienes forman parte de empresas con más de cien empleados, ya que tienen un ingreso superior en 27,2% frente a los que trabajan en empresas pequeñas.

Para el caso del modelo a partir de la combinación de cortes transversales, se siguió el mismo proceso del modelo para el año 2016. Se estimó la ecuación de determinantes del ingreso laboral real y luego se corrigió el sesgo de selección, obteniendo resultados relativamente similares (véase Cuadro 7). En función de esto, pertenecer al año 2012 y 2016 repercute en un ingreso laboral real superior en alrededor de 12%, en comparación al año base 2007. Era de esperarse que el coeficiente correspondiente a 2016 sea mayor, pues existen cuatro años de diferencia respecto a 2012; sin embargo, su magnitud es bastante parecida.

Las interacciones entre sexo y año son estadísticamente significativas y muestran que la variable mujer en el año 2012 representa un ingreso superior en casi 7,7% frente a las mujeres de 2007 y a todos los hombres. En tanto, la variable mujer en el año 2016 contribuye con un incremento de 4% del ingreso laboral frente a las mujeres de 2007 y a todos los hombres. Estos resultados implican que en comparación con 2007, el año 2012 fue mejor que 2016 en términos de ingresos para toda la población y en el cierre de brechas de ingreso laboral por sexo.

Mediante la descomposición de Oaxaca-Blinder se encontró que para el año 2016, en función de las predicciones del ingreso laboral para ambos sexos, existe una diferencia neta estadísticamente significativa de 4,5% en beneficio de los hombres (véase Cuadro 8). De acuerdo con esta descomposición, alrededor del 19,7% del diferencial es explicado por el término de dotación, es decir, debido a las variables independientes.

Este componente indica una diferencia favorable para el grupo de mujeres, en contraste con los otros dos términos que favorecen al grupo de hombres. El 66,7% de la descomposición es explicado por el término de coeficientes o retorno de las características consideradas en el modelo. Dicho término es conocido como el componente de la discriminación salarial, evidenciando la persistencia de asimetrías laborales entre ambos sexos. El 9% restante del diferencial consiste en el término de interacción entre las características de los individuos y los rendimientos. Este componente evalúa la diferencia salarial al contrastar las características de los hombres frente a los coeficientes estimados para las mujeres, y las características de las mujeres respecto a los coeficientes estimados para los hombres.

Conclusiones

Esta investigación muestra la situación de las mujeres dentro del mercado laboral y la discriminación salarial que persiste en Ecuador. El afán del análisis fue permitir un debate conciente sobre los pendientes del Estado con las mujeres, en razón de que a partir de la evidencia presentada para el periodo de gobierno 2007-2016 no existe una política laboral definida que busque reducir las brechas de acceso al empleo de calidad y con igual remuneración. El ciclo económico bajo que atravesó el Ecuador a partir de 2015, debido a la apreciación del dólar y la reducción de los precios del petróleo, permite evidenciar un deterioro generalizado en los indicadores laborales, afectando mayoritariamente a las mujeres.

Se identificó la discriminación en el empleo de las mujeres; ellas siguen soportando niveles de desempleo superiores en relación con los hombres y se ubican en mayor porcentaje en ocupaciones inadecuadas, que no les ofrecen las garantías de un empleo formal. En Ecuador, las principales actividades a las que se dedica la población son agropecuarias y de comercio. Después de estas labores, las mujeres realizan actividades del sector servicios; entretanto, los hombres se dedican a la construcción e industria.

Se ha avanzado en el acceso a la educación, no existe discriminación en la adquisición de capital humano, dado que la asistencia a todos los niveles de educación refleja que ambos sexos cuentan con dicho acceso. El reto más grande es incrementar y sostener en el tiempo la culminación de niveles educativos completos. Las mujeres son quienes tienen mayores tasas de asistencia a todos los niveles educativos; sin embargo, no cuentan con mayores oportunidades para acceder a empleos adecuados y, aún más, a un salario similar al de los hombres. Analizando la escolaridad en el sector formal, se identifica que las mujeres presentan más años de educación en comparación con los hombres; esto demuestra la mayor presión que ellas tienen para alcanzar empleos formales.

A través de los modelos econométricos construidos se llegó a conclusiones importantes acerca de la estimación de la discriminación salarial por sexo entre 2007 y 2016. De acuerdo al modelo estimado de corte transversal para el año 2016 se encontró que el hecho de ser mujer disminuye el ingreso laboral en 27,7%, respecto a los hombres. En relación con el modelo con base en la combinación de cortes transversales 2007, 2012 y 2016, se concluye que la variable mujer en el año 2012 representa un ingreso superior en casi 7,7% respecto al resto de mujeres de 2007 y todos los hombres. Mientras que la variable mujer en el año 2016 contribuye con un incremento de 4% del ingreso laboral frente a las mujeres del año 2007 y a todos los hombres.

Estos resultados muestran que, tomando como referencia el año 2007, el de 2012 fue mejor que el de 2016 para las mujeres, evidenciando el efecto del ciclo económico bajo antes mencionado. Mediante la descomposición de Oaxaca-Blinder se observó que para el año 2016, en función de las predicciones del ingreso laboral para ambos sexos, existe una diferencia neta estadísticamente significativa de 4,5% en beneficio de los hombres. El 66% de esta diferencia es explicada por la discriminación salarial por sexo, lo que demuestra el alto grado de las asimetrías laborales entre ambos sexos.

Si bien es cierto que se ha creado el marco constitucional y de planificación para garantizar los derechos laborales en igualdad de condiciones, es fundamental generar una política pública de trabajo y empleo con acción afirmativa, que otorgue las mismas oportunidades a hombres y mujeres para acceder a empleos de calidad. Asimismo, es necesario que desde el Estado se promuevan leyes y se implementen políticas públicas que dignifiquen el trabajo de las mujeres con el reconocimiento de su actividad en la vida pública y laboral, así como de su actividad en el ámbito privado y familiar.