El plagio académico se define como la apropiación indebida de una obra intelectual sin conceder el debido reconocimiento a sus creadores. Aunque tachado y sancionado como una conducta deleznable por sus efectos negativos para las y los autores1 de las obras, así como por socavar la confianza en la educación superior, el plagio lejos de disminuir parece ganar terreno en la academia. Los casos aparecen cotidianamente en prácticamente todas las instituciones del mundo, desde las más prestigiadas universidades a los modestos establecimientos escolares y es personificado por distintos actores. Los más frecuentes y quizá menos llamativos ocurren entre estudiantes en formación, ya sea en exámenes o en trabajos escolares de grado y posgrado, pero también sucede entre científicos que reproducen artículos previamente publicados o falsean información, incluso políticos encumbrados que son descubiertos con tesis copiadas de otros autores.
Por su importancia y consecuencias negativas en la educación superior, el tema ha llamado la atención de expertos, instituciones y gobiernos para conocer sus alcances, modalidades y causas que lo propician, así como para tomar medidas de contención. En general, las miradas y acciones sobre el plagio distinguen diferencias menores entre los plagiarios, lo cual es razonable puesto que deben existir responsabilidades sobre esa conducta. El escrito que se presenta comparte esta perspectiva, pero trata de matizarla presentando algunas notas sobre la diversidad de instituciones, funciones y actores de la educación superior. Justamente bajo el lente de la diversidad se puede comprender mejor la ocurrencia del plagio y las posibles alternativas para enfrentarlo.
Nota histórica
Conviene anotar algunos referentes históricos sobre el plagio académico para dimensionar que esta práctica debe ser comprendida en el contexto social en el que se presenta. Contrario a la apreciación general imperante en la actualidad, el plagio no siempre fue considerado como una conducta indebida y por tanto tampoco fue sancionado. De acuerdo con Lynch (2002), durante siglos la práctica de recuperar ideas, frases e imágenes sin reconocer a sus autores no fue tomada como conducta inapropiada, por el contrario, se recomendaba imitar a los grandes artistas de la antigüedad grecolatina para observar si se lograba alguna mejoría a las obras originales (Martín Jiménez, 2021). Esta imagen cambió a inicios del siglo XVIII con la promulgación de leyes tendientes a la protección de los derechos de autor, así como a la defensa de los consumidores frente adquisición de bienes de dudosa procedencia (Lynch, 2002). A partir del siglo XIX se desechó la idea de imitación y la originalidad fue la nueva finalidad de la creación artística (Martín Jiménez, 2021).
En el ámbito académico la percepción sobre conductas indebidas no era muy diferente a lo descrito antes. En su estudio monográfico sobre la corrupción en las universidades medievales, Osipian (2004) describe algunas prácticas que pudieran ser consideradas contrarias a la ética actual. Un par de ejemplos ilustran lo anterior. Para obtener el título de doctor se debería contar, además de los conocimientos exigidos y superar los exámenes correspondientes, con recursos económicos suficientes para cubrir los gastos de la graduación que incluían costosos obsequios para el jurado y prolongados festejos para un sinnúmero de invitados. Por otro lado, los alumnos que no aprobaban los exámenes podían recurrir eventualmente al soborno de los examinadores. Con el fin de que estos actos no se generalizaran se emitieron decretos o se crearon códigos que regulaban las relaciones entre profesores y estudiantes.
Un nuevo desafío para la ética universitaria provino con la inclusión de la investigación en las actividades cotidianas. Hasta el siglo XVIII las universidades se concentraron básicamente en la enseñanza de saberes en unos cuantos campos y escasamente en la producción de conocimientos. Esta lógica fue alterada con la creación de la Universidad de Berlín en 1810 que, entre otras cuestiones, incorporó la investigación entre las funciones regulares de los académicos (Brunner, 2014). La producción de conocimientos científicos contaba ya con procedimientos desarrollados tempranamente en varias regiones europeas, especialmente en la Inglaterra del siglo XVII con la creación de The Royal Society, que aseguraban su certificación, sobre todo la verificación de las publicaciones científicas llevadas a cabo por pares (Garduño y Zúñiga, 2011); para Merton (1985), una suerte de régimen policiaco que opera en contra del fraude. De tal manera que la incorporación de la nueva función universitaria no representó una seria amenaza para la certificación científica.
Uno de los grandes procesos que modificó profundamente la educación superior fue su masificación, ocurrida a partir de la segunda mitad del siglo pasado. El arribo tumultuoso de estudiantes en prácticamente todas las regiones cerró una larga etapa elitista de la universidad y en su lugar emergieron complejos y nutridos sistemas de educación superior (SES) integrados por una amplia variedad de instituciones de educación superior (IES) con orientaciones, dimensiones, estructuras organizacionales y actores igualmente diversos. En estos sistemas se ubican las grandes universidades de investigación que disponen de los científicos más renombrados, estudiantes con el mejor desempeño escolar y cuantiosos fondos financieros, pero también figuran las universidades concentradas en la enseñanza, con limitaciones presupuestarias y que atienden a miles de alumnos que, además de estudiar, deben trabajar para cubrir sus gastos universitarios. Incluso en los SES tienen cabida los establecimientos de muy dudosa reputación (conocidos como fábricas de diplomas) que se distinguen por incurrir en corrupción académica. Es aquí, en la diversidad de IES y de actores que presentan los actuales SES donde debe situarse y comprenderse el plagio académico.
El plagio académico, algunas nociones
Aunque existen matices en las definiciones sobre el plagio académico, la noción generalizada consiste en la apropiación indebida de una parte o la totalidad de alguna obra intelectual sin conceder crédito a sus creadores, por lo que se hace aparecer como propia. En esta noción tienen cabida las modalidades más frecuentes en que se presenta el plagio académico. La copia en los tradicionales exámenes escritos, trabajos escolares de fin de ciclo, tesis de grado y posgrado, así como artículos de investigación que transcriben ideas y resultados de trabajos previamente publicados. La llegada de internet potenció los recursos para llevar a cabo esta práctica puesto que cualquier internauta medianamente capaz tiene a su disposición un amplísimo repertorio de trabajos académicos que puede usar con fines personales, sin conceder los respectivos créditos.
Existen otras modalidades que aparecen en el límite de las definiciones tradicionales de plagio académico. Uno de ellos consiste en la compra de trabajos bajo pedido -fábricas de ensayos o escritores fantasmas- que no son propiamente plagios puesto que se trata de trabajos originales, pero que no son de la autoría de quien lo presenta. Y la modalidad más reciente proviene de la inteligencia artificial. A fines del año pasado OpenAI (2023) puso a disposición su ChatGPT, un generador de texto basado en inteligencia artificial capaz de generar, entre otras posibilidades, textos académicos originales. Los responsables de este generador se adelantan a su posible uso indebido y están considerando tomar medidas para diferenciar sus escritos de los textos producidos por humanos (Hern, 2022). Estas últimas modalidades suelen tratarse bajo la idea de fraude académico, una noción que engloba mayor cantidad de conductas indebidas.
Cualquiera que sea la modalidad en que se presente, el plagio académico afecta al creador del trabajo original puesto que lo despoja del reconocimiento, a la vez que quien comete el plagio obtiene ventajas inmerecidas. Pero hay una amenaza más en esta acción, quizá de mayores consecuencias. Altbach (2002) afirma que la universidad opera bajo una alta dosis de confianza social en las actividades que desarrolla; ciudadanos, organizaciones y gobiernos confían en que la formación de estudiantes y la producción de conocimientos científicos, las dos principales funciones universitarias, se realizan bajo estrictos preceptos éticos. De tal manera que el plagio académico opera en contra de la legitimidad centenaria de la institución.
Las IES conscientes de lo que este desafío representa lo combaten mediante diversas estrategias que se complementan. Una de ellas consiste en la supervisión que despliegan profesores y colegas sobre los productos de estudiantes y científicos, por ejemplo, la vigilancia de los maestros para evitar trampas en los exámenes escolares y la revisión atenta y detallada de los trabajos estudiantiles; en el caso de la producción científica, el escrutinio detallado que llevan a cabo editores y jueces de los manuscritos recibidos para comprobar la veracidad, confiabilidad y autenticidad de los resultados. Desde finales de la década de 1990 se agregaron a los esfuerzos de contención del fraude los programas informáticos. Mediante el uso de software se compara la autenticidad de los trabajos presentados confrontándolos con amplias bases de datos y ofreciendo un reporte de similitud.
Estas estrategias de supervisión suelen estar enmarcadas en códigos o reglamentos que tratan de normar y sancionar el plagio. Los establecimientos escolares sólidos, así como las revistas de investigación cuentan con claras normas o directrices para evitarlo. Otra opción para afrontar el plagio y más ampliamente el fraude académico radica en la información y formación sobre el tema, dirigido preferentemente a estudiantes (Sureda-Negre, Reynes-Vives y Comas-Forgas, 2016). Algunas IES realizan actividades -cursos, talleres, tutoriales, incluso asignaturas obligatorias- para dar a conocer los códigos que regulan las conductas de sus integrantes, respecto al plagio no solo se indican las modalidades y sanciones, sino también los mecanismos para evitarlo.
Aunque las estrategias y reglamentos descritos consideran distinciones entre los integrantes de las IES, sobre todo estudiantes y académicos, conviene establecer mayores elementos de diferenciación para contar con una perspectiva de mayor amplitud para situar el plagio.
Plagio académico y diferenciación de instituciones, funciones y actores
Resulta claro que el plagio académico es una conducta indebida que debe ser señalada y sancionada. ¿Pero el señalamiento y la sanción deben ser los mismos para todos los actores de la educación superior?, es decir, ¿tienen la misma responsabilidad la institución donde ocurre el plagio, que un estudiante que cursa sus primeros ciclos escolares?, ¿el científico que hurta los datos de sus colegas, que el alumno que entrega trabajos escolares con frases tomadas recuperadas de internet? Con la finalidad de ganar en la precisión, conviene aportar algunas notas sobre el tipo de IES, las funciones de la educación superior, así como de los personajes que las desempeñan.
Una de las características distintivas de los actuales SES es su diversidad y diferenciación. Prácticamente todos los países cuentan con un amplio y variado conglomerado de instituciones distintas en dimensiones, complejidad organizativa, orientaciones y funciones. En México, la información oficial reciente señala que para el ciclo escolar 2021-2022 se tienen registradas 8,539 escuelas (sin aclarar si el término equivale a las instituciones), que atienden a poco más de cinco millones de estudiantes (SEP, 2022). Por supuesto que en un conjunto tan numeroso existen fuertes diferencias en el tamaño de la matrícula, tipo de estudiantes inscritos, niveles de escolaridad y áreas de conocimientos atendidos, composición de las plantas académicas y funciones desempeñadas, así como fuente y montos del financiamiento; por ejemplo, las universidades federales mexicanas o los centros públicos de investigación difieren de las pequeñas instituciones que ofrecen dos o tres licenciaturas los fines de semana, carentes de instalaciones y sin profesores de jornada completa. Sería deseable que, sin importar sus rasgos particulares, todas las IES se comportaran éticamente, y reconocieran y sancionaran el plagio enérgicamente. Sin embargo, hay indicios de que no ocurre de esta manera. Un ejemplo de lo anterior se localiza en instituciones de dudosa reputación, conocidas como fábricas de títulos, en México, universidades patito, en ellas la atención está puesta en ofrecer grados sin mayores esfuerzos de parte de estudiantes, donde los principios éticos están ausentes.
Visto por funciones académicas también afloran diferencias para pensar el plagio académico. Aunque en las últimas décadas la función de investigación ganó atención y brillo en todas las regiones, incluso se promovió su fortalecimiento mediante diversas acciones gubernamentales o recomendaciones de agencias internacionales, la actividad más desarrollada y extendida en todos los SES continúa siendo la docencia. En México, las instituciones que desarrollan la investigación son básicamente las universidades públicas estatales y federales, junto con los centros públicos de investigación y un puñado de establecimientos privados de élite que conforman un circuito no mayor de una centena de IES, en el resto la función central es la enseñanza. Ambas funciones deberían regirse por códigos de conducta que eviten y sancionen la apropiación indebida del trabajo de otros sin el adecuado reconocimiento. ¿Pero esa apropiación se presenta de la misma manera en ambos casos?
En la investigación, la modalidad más frecuente en que aparece el plagio es la apropiación de ideas, datos, imágenes y texto. Las revistas que publican los artículos de investigación disponen de comités editoriales y jueces, auxiliados por programas electrónicos antiplagio, además de lectores atentos, que operan como mecanismos de control frente a las posibles trampas; quienes incurren en el plagio suelen ser expuestos públicamente como infractores y se retira su artículo de la revista.
Aunque la enseñanza es una actividad compleja que contempla la relación entre profesores y estudiantes, así como el tipo de conocimientos, procedimientos didácticos, valores inculcados y el piso institucional donde se desarrolla, la atención sobre el plagio se ha concentrado preferentemente en una de las partes: los estudiantes. En efecto, a los alumnos se les exige dedicación y esfuerzo para que la enseñanza rinda frutos y sus resultados se observan a través de la resolución de problemas en exámenes parciales o finales, ensayos, reportes o bien en la presentación de tesis para obtener la titulación. En todas estas prácticas el estudiante es vigilado para que no incurra en conductas inadecuadas, lo cual es razonable para lograr buenas prácticas educativas. Sobre la otra parte de la relación, la enseñanza practicada por los profesores, poco se conoce del tema. Los programas de materia, las notas de clase (cuando las hay) o las exposiciones cotidianas, por señalar únicamente tres recursos frecuentes, ¿son creaciones de cada profesor o son producciones de otras personas a las que no se les concede los respectivos créditos? Podrá argumentarse que ese saber es un bien común de las profesiones y las disciplinas, que no requiere mayor explicación. Si este es el caso, se podría preguntar entonces si con esos procedimientos se alcanza el pensamiento creativo, la independencia intelectual o el uso crítico de los saberes, propósitos a los que aspiran algunas de las universidades o, por el contrario, es una formación tendiente a la imitación.
Sobre estudiantes y profesores resulta necesario incluir en el análisis algunas características más. Durante años se consideró que estos actores constituían grupos homogéneos, en la actualidad esta imagen no es adecuada puesto que se observan fuertes diferencias internas en cada uno de ellos. En el caso de los académicos, la mayor diferenciación sucede por el tiempo laboral de dedicación -jornada completa y tiempo parcial-, tipo de contrato -definitivo o temporal-, institución de adscripción y funciones desempeñadas -docencia e investigación-. Estos rasgos generan grupos de académicos con funciones, responsabilidades, condiciones laborales e ingresos distintos. Por su parte, los estudiantes difieren entre sí por establecimiento escolar, área de conocimiento, nivel de escolaridad, acceso a recursos informáticos y la combinación de estudios con empleo y familia.
Con independencia de sus diferencias internas, estos actores deberían conducirse con apego a valores éticos para no incurrir en el plagio. No obstante, algunas condiciones no favorecen esta actitud. Un par de ilustraciones al respecto. Imaginemos un profesor de tiempo parcial contratado en alguna institución de educación superior privada, en situación de precariedad laboral: su salario no considera ni la preparación de cursos, ni la revisión de exámenes o las asesorías estudiantiles, pero que además se siente obligado para aprobar a los estudiantes porque su contratación para el siguiente ciclo escolar depende de la opinión que tenga su alumnado (Soto, 2020). Difícilmente este imaginario profesor detectará el plagio que realizan sus alumnos y, si lo hace, su institución quizá no lo respalde. La segunda ilustración. Ahora pensemos en un estudiante de licenciatura que combina estudios y empleo, con limitaciones de espacio en su vivienda, sin hábitos de estudio y que durante toda su vida escolar previa los profesores no le regresaron sus escritos con observaciones y correcciones, solo con la calificación, seguramente este estudiante recurrirá a tomar un texto de la red para cubrir la demanda escolar. Desafortunadamente los casos descritos no son aislados y aunque se carezca de datos precisos sobre las condiciones laborales de los académicos, así como de la situación social de los alumnos, se cuenta con información para considerar que una buena parte de profesores y estudiantes operan en condiciones que no favorecen las buenas prácticas escolares.
A las condiciones que dificultan las buenas prácticas escolares debe añadirse el contexto en que se ubica la educación superior. Dubet (2007) afirma que durante un amplio periodo la institución escolar operó como un santuario, separado y protegido de los problemas cotidianos puesto que los valores que trataba de inculcar estaban fuera del mundo social mismo. En la actualidad la institución escolar es cuestionada, desafiada por diversos grupos sociales en su labor educativa misma. Con la educación superior sucede algo similar. Por siglos, la formación y certificación de profesionales fueron asuntos exclusivamente de los universitarios, sin intromisión de agencias externas. Además, la universidad contó con el respaldo social, de ahí que los grados académicos tuvieran un alto prestigio y valor en los mercados profesionales. Desde hace décadas la labor de las IES, sus procesos, resultados y calidades suelen ser cuestionados por grupos sociales y agencias internacionales y gobiernos, más aún, el brillo de las credenciales escolares no es tan refulgente como antaño y tampoco son garantía para obtener y avanzar en los empleos profesionales. Junto a la crítica de los procesos y resultados de la educación superior, también figuran los cuestionamientos a sus códigos de conducta. La validez de las reglas institucionales para normar las conductas de los universitarios, especialmente los estudiantes, aparece en disputa con otros sistemas de códigos externos, por lo que, siguiendo a Bauman (2009), tomar una decisión (en nuestro caso frente al plagio) genera considerables dosis de incertidumbre.
Ampliando el horizonte para enfrentar el plagio académico
En un apartado anterior se señalan los dispositivos institucionales para enfrentar el plagio: detección personal o electrónica, regulación e información y formación para evitar esta práctica. En paralelo a estas acciones podrían intentarse otros recursos. A continuación, se esbozan algunos de ellos.
Investigación. Pese a que en México el tema es conocido y por momentos escala la atención mediática, hasta ahora el plagio académico no ha motivado estudios de alcance nacional. Por supuesto que existen investigadores atentos al caso -una muestra de ello puede consultarse en la sección Suplemento de Perfiles Educativos (Inclán, Gantús, Yankelevich y Vera, 2016)-, pero se requiere mayor atención profesional. Estas posibles investigaciones podrían dimensionar no solo los alcances del plagio sino también los factores que lo propician, el tipo de instituciones en lo que ocurre con mayor frecuencia, los sujetos que lo practican cotidiana o eventualmente y las creencias de los principales actores de la educación superior. Igualmente podrían aportar evidencia sobre el tratamiento que realizan los establecimientos. Hipotéticamente, todas las instituciones cuentan con códigos y reglamentos de conducta tendientes a evitar y sancionar el plagio, pero se desconoce si este supuesto se confirma en los hechos. Con base en las evidencias y análisis de los expertos se tendría un mejor horizonte para tomar decisiones.
Políticas públicas. En las últimas tres décadas el gobierno mexicano instrumentó un amplio repertorio de políticas públicas tendientes a reorientar instituciones, actividades y comportamientos de los actores del SES. En esos paquetes gubernamentales el plagio académico no figuró, como si no existiera o sucediera aisladamente, por lo que no merecía un trato especial. Los hechos ocurridos en años recientes, así como los análisis y reportes generados por expertos contradicen esa mirada. Existen indicios de que el plagio está instalado en la vida académica y tal vez ganando mayores espacios. Antes de que el problema cauce un deterioro mayor en la confianza de las IES, conviene desplegar acciones de política pública. Por ejemplo, podría iniciar con la exigencia de que todo establecimiento escolar cuente con códigos de ética frente al plagio, continuar con la recuperación de información documental sobre el tema, algo que podría incorporarse al muy conocido formato 911. Incluso, podría considerarse mejorar la legislación sobre el plagio en las IES.
Formación en la ética académica. Las IES suelen formular supuestos sobre sus estudiantes que son firmemente creídos por sus académicos y funcionarios. Uno de estos supuestos considera que todo estudiante que accede al nivel superior cuenta con conocimientos y destrezas para la lectura y la escritura de textos especializados. En contra de esta creencia, los expertos en literacidad muestran que las capacidades de estudiantes son menores a las supuestas, por lo que se requiere formación en estas áreas. Con la ética sucede algo similar. Profesores y funcionarios suponen que los estudiantes arriban a las aulas universitarias con arraigados valores éticos que les permitirán conducirse adecuadamente en su nueva vida escolar. Esto no es del todo correcto. Además de que los estudiantes forman parte de una sociedad en la que imperan sistemas de reglas encontrados y contradictorios, no todos ellos cercanos a la ética universitaria, en su vida escolar previa no tuvieron oportunidad de conocer adecuadamente los valores de la ética académica, por ejemplo, es infrecuente que en los niveles anteriores al superior, se enseñen y practiquen los sistemas de citación.
Como se ha señalado antes, algunas IES cuentan ya con estrategias de capacitación en estos temas, pero no solo se trata de dar a conocer los códigos de conducta o las técnicas de citación, sino más ampliamente generar e instrumentar programas de socialización sobre la creación intelectual y la necesidad de otorgar los debidos créditos a sus autores.
Reflexiones finales
El plagio académico es un acto deleznable con graves consecuencias para los creadores de obras intelectuales, las instituciones en las que se produce y la sociedad en general, por lo que debe ser señalado y sancionado. Este ensayo coincide con esta afirmación. Sin embargo, las características actuales de los SES, su diversidad en instituciones, funciones y actores agregan mayores elementos para considerarlo bajo un nuevo lente. Esto no significa dispensa para ninguna de las IES, con independencia de su orientación y régimen legal; ellas deben asumir la responsabilidad sobre las conductas indebidas de sus integrantes, así como los mecanismos institucionales para su prevención. Tampoco libera de responsabilidad a los académicos, especialmente aquellos que se dedican de tiempo completo y que tienen entre sus funciones la revisión de trabajos escolares, muy especialmente la dirección de tesis de grado y posgrado; ellos aceptan y avalan esos escritos como veraces y de la autoría de quienes lo presentan. Este compromiso podría extenderse a los integrantes de los comités revisores, puesto que suponen que analizan escrupulosamente cada tesis en la que participan. Pero no sería el mismo caso para los profesores de tiempo parcial que son impulsados (en ocasiones obligados) a cumplir tareas para las cuales no reciben paga o peor, que se les invita a cometer conductas inapropiadas.
Por su parte, los estudiantes igualmente tienen responsabilidades frente al plagio, pero no de la misma magnitud. Quienes recién inician los estudios deben ser socializados en las reglas éticas que imperan en la academia, sobre todo en el respeto a las obras intelectuales de otros, de no ser así, difícilmente adquieren el compromiso ético. Para los tesistas de licenciatura o posgrado la autenticidad y veracidad de sus trabajos debe ser un compromiso ineludible porque suponen que ya cuentan con los valores éticos de la academia y son supervisados por sus directores, así como los comités revisores.
Finalmente, podrían formularse otras recomendaciones: revisar las mejores experiencias institucionales de prevención, la contratación de asesores expertos, construir alianzas entre las IES para tratar el tema y otras más. Pero quizá la recomendación más acertada en este momento sea abrir la discusión y análisis sobre el plagio académico.