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Introducción
A lo largo de la historia han existido, en todas las sociedades, espacios o lugares para encerrar, aislar y/o castigar a las personas que infringen las normas o leyes, es decir medios de represión, contención y eliminación del delito. La evolución de los mismos ha sido creciente, desde contextos disciplinarios, que describe Foucault, de encierro sin justificación aparente, de confinamiento de personas marginales (delincuentes, locos, enfermos, vagabundos, prostitutas, etc.) o declarados peligrosos -desde distintos prismas-, de tortura, castigo físico, entre otros (Foucault, 1975); dando lugar a un cuestionamiento de los mecanismos sociales y teóricos que hay detrás de los cambios masivos que se dieron en los sistemas penales occidentales durante la era moderna, y que influyó en el cambio de concepción aceptada de que la prisión viene a ser una forma humanitaria de pena. Así, se produjo un reemplazo hacia otras formas de castigo menos violentos, aunque continuaron siendo castigo, según los valores y parámetros de las democracias occidental actuales (Chantraine, 2004).
Las prisiones, por lo general, son instalaciones autorizadas por la entidad gubernamental y forman parte del sistema de justicia de cada país. Así, el conjunto de prisiones, otras instalaciones de cumplimento de pena, constituyen los fundamentos de la concepción de justicia, los procedimientos (administrativos, judiciales, terapéuticos, relacionales, profesionales, de intervención, etc.) y la organización que las gestiona conforman el denominado sistema penitenciario.
En la actualdiad "las prisiones siguen siendo un mal necesario". Éstas son las palabras con las que se inicia el preámbulo español de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, destacando el número de situaciones críticas de dichas condenas que privan de libertad a las personas que prevé su existencia. Todo esto se erige en un proyecto de difícil sustitución por otra/s sanción/es de diversa naturaleza y que sirvan a las necesidades exhortadas por la política de seguridad y de la intervención social de cada nación.
Por último, estas temáticas son polémicas con esta población vulnerable, en los distintos niveles de la sociedad y el Estado español. Por otro lado, genera una enorme sensibilidad social, motivo por el cual en el presente artículo queremos hacer en este contexto -y sus múltiples realidades- un análisis más detenido, centrando en los datos estadísticos de la población internacional, en el que da un mayor énfasis a Europa y América, e intentando esgrimir en los mismos un estudio sobre las mujeres y, complementado con una dimensión profunda en las principales características y rasgos socio-demográficos de las mujeres que están en reclusión a través de los resultados de esta investigación a escala nacional realizada en España.
Los factores de riesgo, exclusión social y conflictos
La delincuencia proviene de la voluntad de alguien de violar las normas sociales-legales e incluso morales establecidas. Esa responsabilidad existe y los distintos problemas (salud, drogodependencias, dificultades económicas, concepciones religiosas o políticas, etc.) no justifican la comisión de ilegalidades, injusticias o crímenes. Sin embargo, según las situaciones que enumera Gallizo (2010) en las prisiones españolas, y también en el conjunto de los países europeos existe un alto porcentaje de internos/as que sufren enfermedades mentales que no han adquirido en la cárcel, padecen de drogodependencias y presentan un bajo nivel educativo, con antecedentes de fracaso escolar; la mayoría no han tenido nunca un empleo estable y muchos han padecido en su infancia abusos, malos tratos, abandonos, etc. En síntesis, que en la cárcel se concentra mayoritariamente el resultado de algunos fracasos de nuestras sociedades.
En otros términos, según Fanny Añaños, los/as presos/as -y especialmente las mujeres- son personas que han sufrido -y sufren- diferentes tipos de exclusiones y desigualdades, tales como: exclusión primaria, referida a distintas desventajas sociales-económicas y/o situaciones problemáticas antes de entrar a prisión; exclusión secundaria, la que visibiliza a la persona por su entrada a la prisión y agrava más a aquellos/as que ya tenían previamente un grado de exclusión primaria; y, exclusión terciaria, la que llevan consigo la premisa o etiqueta de "ex preso/a" y que va generar dificultades y/o problemas en los procesos de reinserción en los distintos campos (sociales, laborales, personales, relacionales, etc.). Con frecuencia, cuestionablemente, los procesos de inserción o reinserción fracasan, de modo que, a menudo, estas personas continúan marginadas, excluidas y, en definitiva, violentadas (Añaños, 2012, 2013); lo que muchas veces puede generar la comisión de nuevos delitos o reincidencias, por ende, la vuelta a prisión.
La cuestión del género en prisión
La situación de los hombres y mujeres en las prisiones suelen ser diferentes. En primer lugar, histórica, cultural y numéricamente la delincuencia ha estado asociada a los hombres. En segundo lugar, el comportamiento delictivo de las mujeres ha sido un tema largamente ignorado y poco tratado, de tal modo que incluso Zaffaroni (1993) llega a afirmar que la mujer ha sido excluida tanto del discurso dominante en la criminología y el derecho, como del discurso punitivo. Sin embargo, las figuras que encarnan la transgresión femenina eran -y son- duramente perseguidas y castigadas (Azaola, 2005), especialmente con un marcado moralismo a nivel familiar y social.
En opinión de Pilar Migallón y Andrea Voria (2007), estas mujeres que no sólo han transgredido la ley, sino que también han incumplido determinadas normas de género, lo cual supone una doble sanción social que generalmente se traduce en estigmatización y marginación. Donde, además, las connotaciones e impactos de los distintos tipos de exclusión son más grandes, puesto que los factores como la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, los escasos apoyos institucionales, las dificultades de vivienda, los ingresos insuficientes, las redes sociales pobres, los movimientos migratorios, la desestructuración familiar, las madres solteras, etc., actúan sobre ellas con más fuerza y las hace más vulnerables o las pone en los límites del riesgo para la comisión de delitos. De hecho estos últimos años se ha producido un incremento delictivo no sólo en cifras sino también de diversidad o tipo de mujeres: minorías étnicas, extranjeras, adultas-mayores, jóvenes en teoría "normalizadas e integradas" -pero éstas pretenden mejorar su calidad de vida-, profesionales, políticas, funcionarias, entre otras (Añaños, 2010, 2013; Añaños y Yagüe, 2013).
En el sistema penitenciario español, a pesar de los avances importantes que ha realizado, se sigue observando algunas diferencias en el tratamiento y la atención que se realiza entre hombres y mujeres, en especial: en la estructura y los servicios masculinizados o pensados exclusivamente para los hombres y que se suelen aplicar a las mujeres (Parlamento Europeo, 2008; Yagüe, 2007, 2008; Juliano, 2010; Añaños, 2010; Añaños y Yagüe, 2013); desconocimiento e indiferencia de los rasgos específicos de las mujeres (El Diagonal, 2005; Parlamento Europeo, 2008; Orte, 2008; Yagüe, 2007, 2008; Almeda, 2010); dominio de enfoques de intervención terapéuticos y asistenciales, además, de oferta de programas formativos y laborales en tareas auxiliares (Defensor del Pueblo Andaluz, 2006; Parlamento Europeo, 2008; Cruells y Igareda, 2005, Añaños, 2012; Del Pozo, Jiménez y Turbi, 2013); atención de baja calidad en el tratamiento de drogopendencias en comparación con los hombres/inexistencia de programas específicos (Defensor del Pueblo Andaluz, 2006; Martínez-Cordero, 2008; Delgado Pérez, 2008); y un alto índice de fracasos en los tratamientos y escasa representación femenina en los programas (Roca y Caixal, 2002; Llopis, 2008; Casares et al., 2008), entre otros.
La perspectiva de género en las prisiones es igualmente un tema novedoso, cuya implantación, dependiendo de los países, es aun tímida o inexistente; donde la diferencia o tratamiento se entiende en términos de separación de sexos y poco más. Como señalaremos más adelante, las cifras internacionales no realizan ninguna distinción entre hombres y mujeres, lo que nos lleva a pensar que las mujeres están invisibilizadas en los números globales de población mayoritariamente masculina.
Algunos datos y cifras de partida
Tener datos precisos de las condiciones estructurales del sistema penitenciario y de las características de la población reclusa resulta difícil, porque los patrones de clasificación, las normas específicas aplicadas y los procesos, los métodos y las variables de registro empleadas, con frecuencia, difieren de un país a otro. Sin embargo, se hacen esfuerzos por tener aproximaciones a nivel internacional, así el International Centre for Prision Studies elabora una lista mundial llamada "World Prison Population List", que reúne la información de 218 países en 2011 y de 222 países en 2013 -y territorios dependientes-, donde nos presentan unos datos globales sin distinción de sexo. Aunque la Unión Europea tiene sus propias listas mediante Eurostat.
Por otro lado, en la edición de 2015 se publica la Lista Mundial de Mujeres en Prisión (World Female Imprisonment List), elaborada por World Prison Brief y el Institute for Criminal Policy Research, de la Universidad de Londres, donde se sacan datos específicos centrados sólo en mujeres de 219 países, no pudiendo obtener información de Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Corea del Norte, Somalia y Uzbekistan. Todas estas listas mundiales han estado dirigidas por el investigador Roy Walmsley, de modo que en lo siguiente se aludirá a las encuestan realizadas por Walmsley (2011, 2013 y 2015).
De acuerdo con el International Centre for Prision Studies (Walmsley, 2011), más de 10.1 millones (en adelante -m-) de personas se encuentran en prisiones en todo el mundo, principalmente en condición de detenidos, o preventivos o condenados como presos/as. Casi la mitad de ellos se encuentran en Estados Unidos (2.29 m), Rusia (0.81 m) o China (1.65 m). De acuerdo a la Tabla 1, existen, además, en China en torno a 650 mil personas en centros de detención y que no entran en la contabilidad oficial. Con datos de la siguiente encuesta (Walmsley, 2013) se aprecia un incremento a 10.2 millones y se mantiene el peso mayor en Estados Unidos (2.24 m), Rusia (0.68 m) o China (1.64 m); igualmente, al menos, hay unos 650 mil reclusos en China y 150 mil reclusos en Corea del Norte detenidos "administrativamente" no contabilizados oficialmente. En cambio, en la última encuesta de 2015 (Walmsley, 2015) visualizamos aproximadamente unas 700 mil mujeres en instituciones penitenciarias, una cifra que es muy pequeña en comparación a los datos de hombres; sin embargo, estos datos siguen el modelo general, se hallan mayoritariamente en Estados Unidos (205 400), China (103 766), Rusia (53 304), Tailandia (44 751), Brasil (37 380), Vietnam (20 553), India (18 188) y México (13 400).
Estados Unidos, en 2011, tiene la mayor población penal del mundo, con una población reclusa de 743 por cada 100 mil habitantes de la población nacional, seguido de Ruanda (595), Rusia (568), Georgia (547), Islas Vírgenes de Estados Unidos (539), las Islas Seychelles (507), San Cristóbal y Nieves (495), Islas Vírgenes Británicas (468), Belice (439), Dominica (431), Bermudas (428), Granada (423) y Curazao (422). En 2013 se producen algunos cambios, por ejemplo, se produce un ligero descenso en Estados Unidos (716), Ruanda (492), Rusia (475) e Islas Vírgenes Británicas (460); en contra aumentan en San Cristóbal y Nieves (714), Islas Seychelles (709) y Belice (476) y; emergen de forma considerable en Barbados (521), Anguila -Reino Unido- (487) y Cuba (510). El caso de Cuba es singular, porque en 2013 es la primera vez donde se puede extraer datos globales de población penitenciaria.
En la Tabla 1 (1a, 1b, 1c) podemos ver la población reclusa de América, diferenciando los distintos países.
Tabla 1a Población penitenciaria en América
Fuente: elaboración propia a partir de Walmsley (2011, 2013, 2015). International Centre for Prison Studies (ICPS)/World Prison Brief (WPB) y el Institute for Criminal Policy Research (ICPR).
Tabla 1b. Población penitenciaria en América
Prison Studies (ICPS)/World Prison Brief (WPB) y el Institute for Criminal Policy Research (ICPR).
*Población media diaria, incluidos los menores infractores.
Tabla 1c Población penitenciaria en América
Fuente: elaboración propia a partir de Walmsley (2011, 2013, 2015). International Centre for Prison Studies (ICPS)/World Prison Brief (WPB) y el Institute for Criminal Policy Research (ICPR).
La Tabla 1, visibiliza la primera posición que ocupa Estados Unidos, tanto en cantidad poblacional (por encima de los dos millones de población reclusa y también en el número de mujeres -205 400-) como por tasa de presos por habitantes (743 en 2011, con un incremento a 784 cuando el informe lo realiza Eurostat (Tavares et al., 2012), hay un ligero descenso en 2013 a 716 y, en caso de las mujeres ocupa el segundo lugar con 64 600 en 2015). Una cuestión que evoca una profunda reflexión ya que este país es considerado como uno de los más desarrollados y ricos del mundo y que lidera la política internacional.
Igualmente tienen poblaciones penitenciarias muy elevadas Brasil (496 251), México (222 330), Colombia (84 444), Argentina (60 611), Chile (52 563), Perú (47 164) y Venezuela (43 461). Datos que en 2013 se incrementa especialmente en Brasil con 548 003, en México con 246 226, en Colombia con 118 201, en Perú con 61 390, en Argentina con 60 789 y en Venezuela con 48 226 población reclusa. Si comparamos e identificamos sólo a las mujeres de esa población reclusa podemos señalar que es más baja. Sin embargo, siguiendo el modelo global de población reclusa, Estados Unidos estaría en primer lugar; Brasil (37 380), México (13 400), Colombia (8 482), Perú (4 396), Canadá (4 124) y Venezuela (3 260).
En cambio, si analizamos las tasas poblacionales nacionales, además de Estados Unidos, observamos a Islas Vírgenes, Estados Unidos (539), St Kitts y Nevis (495), y por encima de los 400 a Belice, Bermuda (Reino Unido), Dominica, Granada, Curazao e Islas Vírgenes UK. En 2011 llama la atención el hecho de no tener datos disponibles de Cuba, datos que sí se recogen en 2013 pero solo de la población global y diferenciando entre sexos.
En 2013 esta secuencia de países es muy parecida al modelo global: Estados Unidos (716), St Kitts y Nevis (714), Islas Vírgenes (Estados Unidos, 539), Barbados (521) y Cuba (510); no obstante la tasa media en América del Sur es de 202, mientras que en el Caribe es de 376. Estas tasas en las mujeres son más bajas destacando Estados Unidos (64.6), El Salvador (45.9), Greenland (Dinamarca, 28.7), Panamá (27.5), Islas Caimán (Reino Unido, 25.7) e Islas Vírgenes (Estados Unidos, 25) por cada 100 mil habitantes.
También se visualiza que en un mismo continente hay diferencias considerables, por ejemplo en 2013 la tasa media en América es de 175, mientras en el Caribe es de 357.5. Si nos vamos a otros continentes: en África la tasa media en los países del oeste es de 47.5 mientras que en el sur es de 219; en Asia, la tasa media para el sur y centro (sobre todo el subcontinente indio) es de 42 mientras que en el oriente es de 155,5; en Europa la tasa media en la parte occidental es de 96, mientras que para los países que abarca también Asia (Rusia y Turquía) es de 228 y; finalmente en Oceanía (incluyendo Australia y Nueva Zelanda) la tasa media es de 135.
Centrando la mirada en Europa, las cifras de población carcelaria y la delincuencia las elabora Eurostat, incluyendo en su registro tanto adultos como menores de edad condenados y en prisión preventiva en todos los tipos de establecimientos penitenciarios, pero excluye a aquellos que se hallan en procesos administrativos y de investigación sobre el estatus migratorio. Así, siguiendo la citada fuente (Tavares et al., 2012), entre 2007 y 2009 hubo más de 630 mil presos/as en la Unión Europea (UE), dando lugar a una tasa promedio de 129 presos/as por cada 100 mil habitantes en los Estados miembros. Además, de estos datos, en la Tabla 2 (2a, 2b, 2c) se muestra los resultados de otras fuentes como las del International Centre for Prison Studies (ICPS), World Prison Brief (WPB) y el Institute for Criminal Policy Research (ICPR), editados por Walmsley (2013, 2015).
Tabla 2a Población penitenciaria en Europa
Fuente: elaboración propia a partir de Tavares y Thomas, 2009; Tavares, Thomas y Bulut, 2012; Eurostat / Walmsley (2013, 2015), International Centre for Prison Studies (ICPS), World Prison Brief (WPB) y el Institute for Criminal Policy Research (ICPR).
Tabla 2b Población penitenciaria en Europa
Fuente: elaboración propia a partir de Tavares y Thomas, 2009; Tavares, Thomas y Bulut, 2012; Eurostat / Walmsley (2013, 2015), International Centre for Prison Studies (ICPS), World Prison Brief (WPB) y el Institute for Criminal Policy Research (ICPR).
Tabla 2c Población penitenciaria en Europa
Fuente: elaboración propia a partir de Tavares y Thomas, 2009; Tavares, Thomas y Bulut, 2012; Eurostat / Walmsley (2013, 2015), International Centre for Prison Studies (ICPS), World Prison Brief (WPB) y el Institute for Criminal Policy Research (ICPR).
De la Tabla 2, datos de Eurostat (Tavares et al., 2012), se desprende que el mayor número de presos/as en relación con la población nacional se encuentran en Letonia, Lituania, Estonia y Polonia (cada una de ellas con más de 230 presos por cada 100 mil habitantes). La República Checa y Eslovaquia tenían más de 150. España y el Reino Unido (excepto, Irlanda del Norte) incrementaron su población penitenciaria en los últimos años. Esta tendencia también se puede observar en algunos de los candidatos de la Unión Europea o en los países candidatos potenciales, como Turquía, Montenegro, Croacia, Serbia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Por otra parte, Islandia, Finlandia, Dinamarca y Eslovenia tuvieron el menor número de presos/as por habitante en Europa, con menos de 70, mientras que la tasa en Suecia y Noruega fue ligeramente superior. Sobre Grecia no hay datos desde 2008 y en el caso de Montenegro y Turquía el último dato corresponde a 2008. No se tienen datos de los nuevos países balcánicos (Kosovo, Bosnia y Herzegovina y Albania).
Por su parte, los informes del ICPS en 2013 y el WPB/ICPR en 2015, son más actuales e incorporan más países, teniendo en cuenta toda la geografía europea, independientemente de si pertenecen a la Unión Europea, países EFTA (European Free Trade Association/Acuerdo Europeo de Libre Comercio), candidatos de la Unión Europea o potenciales candidatos de la Unión Europea. Así en 2013 es la Federación Rusa la que tiene la mayor población penitenciaria europea (681 600 reclusos), seguido por Ucrania (137 965), Turquía (137 133), Inglaterra/Gales (84 430), Polonia (83 610), España (68 220), entre otros. También los rusos poseen la tasa sobre 100 mil habitantes más alta (475), seguido de Azerbaiyán (413), Bielorrusia (335), Lituania (329), Ucrania (305), siendo la mayor parte países con influencia soviética. En contra están con las tasas más bajas como Islandia (47) y Finlandia (58).
La situación de las mujeres reclusas en Europa, en cuanto a cantidad poblacional, es muy parecida a la población global (mayormente compuesta por hombres): Federación Rusa (53 304), Ucrania (7 977), Turquía (5 971), España (4 982), Inglaterra/Gales (3 922), Alemania (3 753), entre otros y; según la tasa de población: las más altas sería la Federación Rusa (36.9), Bielorrusia (29.9), Ucrania (17.7), Letonia (17.3), Lituania (13.3), en sentido contrario estarían los siguientes países: Islandia (1.5), Bosnia y Herzegovina (Rep. Srpska, 1.3/Federación 2.1), Dinamarca (2.5) e Irlanda (2.7).
La Tabla 3 muestra la población de mujeres reclusas en instituciones penales en todo el mundo -por continentes-, ya sea como detenidas (preventivas) o como condenadas, aunque no se ha obtenido información en siete países y la de China es incompleta, con todo, aproximadamente hay una población total de 700 mil reclusas.
En general en 80 por ciento de los sistemas penitenciarios constituyen entre dos por ciento y nueve por ciento de la población penitenciaria total, sólo dieciocho sistemas tienen un porcentaje más alto, siendo éstos (excluyendo poblaciones nacionales por debajo de 60 mil habitantes): Liechtenstein (22.2 por ciento), Mónaco (17.4 por ciento), Groenlandia (13.8 por ciento), Hong Kong y China (19.4 por ciento), Macao-China (17.7 por ciento), Myanmar (16.3 por ciento), Bolivia y Qatar (ambos 14.7 por ciento), Tailandia (14.5 por ciento), Vietnam (14.4 por ciento) y Kuwait (13.8 por ciento).
La proporción de mujeres reclusas es menor en África, donde el nivel medio es de 2.8 por ciento y el más alto en los países asiáticos se encuentra con una media de seis por ciento. La media del mundo es de 4.4 por ciento. También hay variaciones considerables entre países, regiones y continentes en proporción de la población nacional (tasa de población por cada 100 mil), así los niveles más bajos son de nuevo en África (media 2.5), en Asia el nivel medio es tres veces más alto y en América más de cuatro veces. Las tasas de población penal femenina más altas corresponden a Tailandia (66.4 por ciento), Estados Unidos (64.6 por ciento), Seychelles (48.9 por ciento), El Salvador (45.9 por ciento), Turkmenistán (38.2 por ciento), Federación Rusa (36.9 por ciento), Macao-China (33.6 por ciento), Ruanda (32 por ciento), Bielorrusia (29.9 por ciento) y Samoa (29.6 por ciento).
Las tendencias de los últimos años indican que la población femenina en las prisiones del mundo han crecido considerablemente (excepto en África), incluso más rápido que los hombres.
Siguiendo el informe de Walmsley (2015) este incremento se da sobre todo en América Central (Guatemala -casi cuadruplica la población reclusa desde 2001- y El Salvador -casi ocho veces el nivel en 2000-, en América del Sur (Brasil -casi cuatro veces los niveles del 2000- y Colombia -casi tres veces el nivel de 2000-) y, en el Sudeste de Asia, Camboya e Indonesia cuadruplican la población reclusa desde 2000).
El sistema penitenciario español y su población
El sistema penitenciario español ha experimentado en las últimas décadas procesos de transformación profundos, tanto en los enfoques, modos de intervención y en sus acepciones, a la par de los cambios en la sociedad española. El acontecimiento que dio origen a estos procesos fue la aprobación de la Constitución Española de 1978, a partir de la cual se inician cambios en la legislación penal como en el tratamiento de los/as reclusos/as y en las condiciones de las prisiones, prueba de ello es la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y su Reglamento de 1996, múltiples normativas y circulares penitenciarias, así como la mejora y edificación de nuevas instalaciones, equipamientos y servicios.
Entrando en datos concretos, la población penitenciaria española cuenta con 71 387 personas, donde se distinguen 65 970 hombres y 5 417 mujeres, según la estadística en noviembre de 2011 y en junio de 2015 hay 65 472; siendo 60 432 hombres y 5 040 mujeres (Ministerio de Interior, 2011, 2015). Dicha población se encuentra repartida en las Comunidades Autónomas (Gobiernos Regionales) y Ciudades Autónomas que comprenden el territorio nacional.
En la Tabla 4, se refleja la distribución poblacional en estas unidades territoriales, en la que Andalucía1 es la mayor receptora-acogedora en 2011 con 16 500 presos/as y en 2015 con un total de 15 240. En segundo término, otras comunidades, las más grandes a nivel poblacional de España, también registran una importante presencia de presos/as (Madrid, Cataluña y Valencia).
Tabla 4 Distribución de la población penitenciaria española por territorio en 2011 y 2015
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio del Interior (SGIP, 2011, 2015).
Toda esta población, a su vez, tiene una determinada situación procesal-penal. Así por ejemplo, podemos observar que se encuentran penados o condenados, con sentencia judicial definitiva, en 2011, 58 031 personas (53 834 hombres y 4.197 mujeres). En 2015 los datos son inferiores con 55 954 personas (51 707 hombres y 4 247 mujeres), siendo ésta la población objeto de esta investigación. También, se encuentran en espera de sentencia 12 494 (11 331 hombres y 1 163 mujeres) en 2011. Igualmente en el año 2015 se encuentra en espera de sentencia 8 154 (7 434 hombres y 720 mujeres) con medidas de seguridad 612 (564 hombres y 48 mujeres) en 2011.
Una vez la persona tiene una sentencia en firme en el marco del sistema penitenciario, se establece una clasificación denominada Grado Penitenciario, a fin de abordar su caso y actuar en consecuencia. El grado asignado determina un régimen de medidas de control y seguridad (Ministerio de Interior, 2006), en otras palabras, se trata del establecimiento de un régimen de vida y de intervención correspondiente -tratamiento penitenciario-.
En España existen tres grados y la libertad condicional.2 El Primer Grado es aquel que se cumple en régimen cerrado con unas condiciones muy limitadas y rígidas. El Segundo Grado es el ordinario dentro de prisión y el Tercer Grado es un régimen abierto o semi-abierto de semi-libertad. En esta última los/as internos/as podrán salir del centro para desarrollar las actividades laborales, formativas, familiares, de tratamiento o de otro tipo, que faciliten su integración social; éstas las planifica el propio centro o a propuesta de otras entidades colaboradoras que actúan en el medio, según las características de cada penado/a.
La población global penitenciaria española que en 2011 se encuentra en Primer Grado es de 1 002 (927 hombres y 75 mujeres), en Segundo Grado, 40 839 (38 327 hombres y 2 512 mujeres), en Tercer Grado, 9 833 (8 622 hombres y 1 211 mujeres), sin clasificar 6 357 (5 958 hombres y 399 mujeres); en cambio, en 2015 se hallan en Primer Grado, 1 047 (974 hombre y 73 mujeres), en Segundo Grado, 41 281 (38 511 hombres y 2 770 mujeres), en Tercer Grado, 8 794 (4 464 hombres y 368 mujeres) y, sin clasificar 4 832 (4 464 hombres y 368 mujeres). Estos datos muestran una tendencia similar con preponderancia del Segundo Grado que equivale a los/as internados/as dentro de la prisión o denominado también "régimen ordinario".
Objetivos y metodología utilizada
Los objetivos que se persiguen de cara a la concreción de la presente propuesta, además de conocer la población reclusa internacional y española, consisten en analizar las características o rasgos más significativos de las mujeres estudiadas, las situaciones personales, sociales, familiares, laborales, etc., antes de entrar en prisión y la relación de éstas en la comisión de delitos.
La población de interés son mujeres drogodependientes que se encuentran en el medio penitenciario participando en los programas de reinserción o tratamiento que en España hay para el Segundo y Tercer Grado de cumplimento de la pena. No obstante, no existe ningún censo o material -ni de IIPP3- que nos defina la cantidad poblacional con ese perfil concreto, y se ha partido de datos generales o de estudios parciales. Razones por las cuales se definió un recorrido muestral orientado a toda la población -todas las que quisieran participar-, con el criterio del Grado (2º y 3º, y algunas de 1º que tienen un régimen especial y que participan de tratamientos semi-abiertos) que representen los distintos puntos geográficos del país, que se hallen en determinados módulos o recursos de mayor presencia poblacional, afines al tema y que tengan los conocimientos básicos de español.
Tras un complejo proceso de autorización y de coordinación con la Administración Penitenaciaria, y con cada uno de los centros seleccionados para obtener la información se ha aplicado un cuestionario de 92 ítems. Éste, dependiendo de los casos, ha podido ser autocumplimentado, guiado o mixto, de los que se han obtenido 538 cuestionarios válidos. El dato representa aproximadamente 15 por ciento de la población total femenina penitenciaria española.
El estudio contempló 11 Comunidades Autónomas (de 17 existentes) y se han visitado 42 centros-entidades (de junio a octubre de 2011), conformados por Centros Penitenciarios4 que, a su vez, contemplan distintos módulos, y otros recursos de cumplimiento de pena de IIPP en medio semi-abierto.
Para el análisis de la información se emplearon métodos cuantitativos y estadísticos, se diseñó una base datos en el formato SPSS versión 15 (Statistical Package for the Social Sciences), así como métodos cualitativos de interpretación y análisis.
Resultados-discusión
Características sociodemográficas de la población
El grado penitenciario en el que se encuentra la población estudiada está compuesta fundamentalmente por mujeres en Segundo Grado (68.7 por ciento) y en Tercer Grado (21.3 por ciento) de tratamiento penitenciario, de lo que se puede definir que tienen todas las condiciones y posibilidades de participación en los distintos programas (educativos, formativos, laborales, terapéuticos, específicos, etc.), que ofrece la Administración y entidades colaboradoras.
Las edades de la población estudiada fluctúa entre los 19 y 73 años, siendo la media de 36.4 años. La franja entre 36 y 49 es la más numerosa (45.4 por ciento), seguida de 25 a 35 años (37.2 por ciento), constituyendo ambas 82.2 por ciento. Los puntos extremos representan 9.5 por ciento que tienen entre 18 a 25 años y 7.8 por ciento tienen de 50 años en adelante. El ingreso a prisión se produce desde la mayoría de edad (18 años), por tanto se trata de una población adulta fundamentalmente.
Mayoritariamente son solteras (38 por ciento) o separadas-divorciadas (19.2 por ciento), pero también viven en pareja de hecho5 (20.5 por ciento) o están casadas (16.5 por ciento). Sólo 5.8 por ciento son viudas. Por otro lado, 72.9 por ciento reconoce o expresa que actualmente tiene pareja.
La religión profesada de 62.7 por ciento es la católica, seguida de la evangélica (16.8 por ciento), y a gran distancia la ortodoxa (tres por ciento), la musulmana (1.9 por ciento), los testigos de Jehová (1.7 por ciento) y la protestante (0.2 por ciento). El 61.3 por ciento de ellas son practicantes habituales de su religión. El 11.2 por ciento son ateas o agnósticas.
Estudios alcanzados
El nivel de estudios de las mujeres es bajo, destaca 7.3 por ciento de mujeres que expresan que "no tiene estudios" -analfabetismo tradicional-, 15.5 por ciento señala que tienen estudios primarios incompletos y 18 por ciento estudios primarios completos. El total de estos tres apartados nos da un porcentaje de 40.8 por ciento de nivel de estudios lo que representa casi la mitad de las mujeres en prisión. Un 30 por ciento de estas mujeres ha accedido a los estudios secundarios, pero sólo 16.5 por ciento llegó a terminar dichos estudios y el resto, 13.5 por ciento no han sido capaces de terminarlos (Gráfica 1).
El 21.1 por ciento logró subir el siguiente peldaño educativo: los estudios o módulos formativos técnico-profesionales (12.9 por ciento) y/o de preparación preuniversitaria (8.2 por ciento). Al nivel más alto sólo llegó a 6.9 por ciento, de ellas podemos identificar a 4.6 por ciento que dicen concretamente haber cursado distintas carreras profesionales, aunque no tenemos constancia de que hayan terminado.
La situación de la maternidad
Tienen hijos/as 79.5 por ciento (423), siendo este un dato preocupante por el impacto en las familias, sobre todo en el destino y situación de los hijos/as, puesto que por cuestiones histórico-culturales y roles tradicionales de género son las mujeres las que fundamentalmente se han ocupado del cuidado de los mismos. La media de hijos/as es de 2.57. El número de la descendencia se plantea en la Tabla 5.
Se observa que en gran medida el número varía entre uno (28.4 por ciento) y dos (31.4 por ciento) hijos/as. También, es importante la existencia de familias numerosas,6 de ellas 18.9 por ciento tienen tres hijos/as y 21.1 por ciento cuentan entre cuatro y diez hijos/as. Por otro lado, en 12.9 por ciento de los casos las mujeres tienen con ellas, dentro del sistema penitenciario, a sus hijos/as durante el cumplimiento de pena,7 hasta que el menor cumpla los tres años dentro de prisión y seis años en recursos extra penitenciarios, semi-abiertos o abiertos.
En cambio el destino de los hijos/as que no viven con la madre en el medio penitenciario suelen habitualmente estar a cargo o atendidos/as por los abuelos/as (41 por ciento), el padre (26.2 por ciento) y otros familiares (11.7 por ciento); sin embargo, en 5.9 por ciento el sistema de protección del Estado deriva la tutela de los menores en familias de acogida (3.2 por ciento) o en centros tutelados (2.7 por ciento). El 13.8 por ciento se encuentran emancipados/as, de éstos 0.4 por ciento se encuentran también en prisión y 0.9 por ciento ha fallecido. Toda esta población se encuentra en situación de mayor riesgo o de vulnerabilidad.
Orígenes socioculturales
La procedencia sociocultural y geográfica de la población es muy diversa, en grandes grupos podemos distinguir en, primer lugar, a las europeas (76.6 por ciento), a las de América Latina (21.7 por ciento), a las de África (0.9 por ciento), a las de Estados Unidos y Canadá (0.6 por ciento) y, a las de Asia (0.2 por ciento).
Entrando en más detalle vamos a distinguir los lugares de procedencia de las reclusas. Dentro de las europeas, las españolas representan 69 por ciento de la población estudiada, seguida a gran distancia se encuentran las rumanas (2.4 por ciento); en América tenemos a las colombianas (7.2 por ciento), dominicanas (3.5 por ciento), y venezolanas (1.9 por ciento). Con 1.1 por ciento se encuentran mujeres de los siguientes países: Bolivia, Ecuador, Portugal y Paraguay. Igualmente, hay mujeres de otras nacionalidades, aunque con un número inferior a uno por ciento y son mujeres de: Argentina, Bulgaria, Brasil, Suiza, Chile, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Alemania, Argelia, Francia, Reino Unido, Guatemala, Croacia, India, Italia, Lituania, Marruecos, México, Nigeria, Países Bajos, Perú, Polonia, Rusia, Ucrania y Estados Unidos. En suma la población extranjera en el estudio representa 31 por ciento, un grupo por ende sumamente numeroso y de complejidad sociocultural (Gráfica 2).
Por otro lado, en España, existe un grupo cultural específico minoritario correspondiente a la Comunidad Gitana, cuya representación en el estudio -y en el sistema penitenciario- es elevado, 22.3 por ciento de la población. Sus características socioculturales le hacen especialmente vulnerables y con mayores situaciones de riesgo y conflicto, lo que se explica, en parte, por las concepciones, creencias, costumbres y hábitos socioculturales distintos de los parámetros generales de la sociedad española -occidental- en su conjunto, motivos por los cuales los procesos de interacción e interculturalidad se hacen complejos; así mismo esta población ha estado expuesta a situaciones de pobreza, marginación y exclusión. Hecho que actualmente pervive (Gráfica 3).
Unidades de convivencia antes de entrar a prisión
Los entornos en los que se encontraban compartiendo justo antes de entrar en prisión muestran a 26 por ciento que se hallaba durante un mes viviendo con su pareja/marido/esposo, 20.8 por ciento además con los hijos/as; situaciones que se considerarían como familias nucleares tradicionales. Sin embargo, 14.8 por ciento vivía sin pareja y únicamente con sus hijos/as, es decir, familias monoparentales, siendo éstas cabeza de familia. Por otro, vivían con los padres (18.4 por ciento), otros familiares (4.3 por ciento), con amigos/as (3.4 por ciento), en centros protegidos (0.7 por ciento) -que pueden ser albergues-pisos (departamentos) especiales para colectivos en riesgo-, en centros de tratamiento como comunidades terapéuticas (0.2 por ciento) que habitualmente son para superar los problemas de consumo de drogas y, completamente solas (10.1 por ciento).
A pesar que se observa una gran diversidad de convivencia, la mayor parte (43.5 por ciento) cuenta en teoría con el apoyo de su pareja/marido/esposo y de la familia; mientras que aquellas que están solas (10.1 por ciento) o saliendo adelante bajo la responsabilidad añadida de los hijos/as (14.8 por ciento) o aquellas que están viviendo expuestas en las calles (0.8 por ciento), se ubican en situaciones potenciales o reales de mayor vulneración, necesidad, riesgo o conflicto social (Gráfica 4).
Igualmente en las unidades de convivencia, además de la propia mujer, en 49.8 por ciento de los casos vivía con tres y cinco personas, en 30.6 por ciento lo hacían con una y dos personas, en 18.1 por ciento con seis y diez personas y, en 1.4 por ciento con 11 y 18 personas. En suma, los núcleos son mayoritariamente amplios, a partir de tres miembros en adelante.
Relación con las drogas
La relación adictiva con las drogas, sean éstas legales o no, independientemente del motivo de la condena, es una realidad en 60.6 por ciento de las mujeres antes de entrar en prisión. Así, en el estudio se definieron cuatro perfiles de clasificación: adictas activas, aquellas con consumos dependientes vigentes en el momento de entrar en prisión (53.7 por ciento); adictas en Programas de Mantenimiento de Metadona (PMM),8 (2.8 por ciento); ex adictas, son aquellas que han sido adictas activas y que al momento de entrar a la prisión han manifestado que habían dejado de tener esta dependencia, pero siempre se tiene en cuenta esta condición ya que la adicción es un proceso permanente en el que hay que cuidar las recaídas (4.1 por ciento) y; no adictas, vienen a ser las mujeres que no tenían una relación problemática con las drogas (39.4 por ciento).
Un tema asociado al consumo de drogas constituye la multitud de enfermedades ó debido a la escasa o falta de autocuidado sanitarioó como el VIH (9.9 por ciento), hepatitis C (17.1 por ciento), hepatitis A y B (3.2 por ciento), enfermedades de transmisión sexual (2.4 por ciento) y otras enfermedades físicas (33.8 por ciento).
El policonsumo de distintas drogas a la vez es la pauta general, de las que podemos destacar heroína y cocaína con 47.7 por ciento. De estas mujeres que se encuentran en prisión, han consumido antes de entrar en la prisión: cocaína base 12.2 por ciento, cocaína en polvo 13.5 por ciento, cannabis (10.7 por ciento), heroína (8.9 por ciento), alcohol (3.7 por ciento), fármacos adictivos no recetados (1.8 por ciento) y anfetaminas-éxtasis (1.5 por ciento) (Tabla 6).
Situación laboral antes de entrar a prisión
El 60.5 por ciento manifiesta que trabajaba el mes antes de entrar en prisión, en contra 20.9 por ciento se encontraba sin trabajo (desempleo-paro), 16.8 por ciento son amas de casa -que no cotizan oficialmente y que en teoría también estarían en desempleo, pero se distinguen por cuestiones de género- y 1.9 por ciento se encuentran incapacitadas para trabajar. El tipo de trabajo más significativo "con contrato" que señalan estas mujeres son la hostelería y la restauración (22.9 por ciento), como comerciantes y vendedoras (11.2 por ciento), como limpiadoras (5.2 por ciento), en una fábrica-industria (3.9 por ciento), como personal administrativo (tres por ciento), en la agricultura (2.6 por ciento), como autónomas/empresarias (dos por ciento) y como empleadas del hogar (1.9 por ciento). Las mujeres que trabajan "sin contrato" aluden igualmente a la hostelería y restauración (13 por ciento), limpiadoras (8.6 por ciento), comerciantes y vendedoras (4.3 por ciento), cuidadoras de personas mayores o niños/as (4.3 por ciento), venta ambulante (2.8 por ciento), peluquería-estética (dos por ciento), agricultura (1.9 por ciento), empleadas del hogar (1.1 por ciento). También, en este último bloque distinguimos, aunque sean los datos menores, a aquellas que reconocen como trabajo ocupaciones ilegales 0.7 por ciento y haber ejercido la prostitución 0.7 por ciento (Gráfica 5).
Fuente: elaboración propia.
Gráfica 5 ¿Quién aportaba los ingresos en la familia con la que residía cuando usted entró en prisión?
En 29.2 por ciento de los casos, en la unidad de convivencia, es la mujer presa quien asumía total o en mayor medida los aportes económicos, lo que lleva a la reflexión sobre las consecuencias negativas que ha podido repercutir en el entorno por la entrada en prisión. Es importante también el aporte de las parejas-maridos, así como la madre o el padre. Por otro lado, otros ingresos expresados provienen de actos delictivos (21.9 por ciento), ayudas o prestaciones sociales oficiales (18.2 por ciento), prostitución (6.5 por ciento) y mendicidad (dos por ciento).
Entorno delictivo
La comisión de delitos condenados por personas próximas o que rodean a las mujeres objeto del trabajo es un hecho muy significativo, es así que en 69.1 por ciento de los casos existe tal relación delictiva.
Las personas que mayor incidencia delictiva han presentado son las parejas o ex parejas en 52.9 por ciento de los casos, aunque los datos son menores, el entorno familiar inmediato es significativo (padre, madre o hijo). Estos mismos datos, si se desglosa el apartado "otros" indica a miembros como los hermanos/as 9.1 por ciento, primos/as 3.3 por ciento, otros familiares o situaciones combinadas como padre y otros familiares 1.3 por ciento, madre y otros familiares 1.3 por ciento, el padre y madre 0.2 por ciento.
Cabe enfatizar el número de parejas que han estado o están en dicha situación: una única pareja con ingreso a prisión 69.1 por ciento, dos parejas 16.4 por ciento, tres parejas 8.2 por ciento, cuatro parejas 3.6 por ciento y, entre cinco a ocho parejas 2.7 por ciento, otros familiares (tíos/as, cuñados/as, sobrinos/as) 7.8 por ciento; todas son cifras muy elevadas y preocupan en mayor medida aquellas que han tenido más de una pareja con estas circunstancias. Personas muy cercanas, aunque no sean familiares, son los amigos/as quienes comparten muchos momentos de socialización, de tal modo que en 5.1 por ciento de los casos han estado en prisión; cifra que se eleva a 8.6 por ciento cuando se tiene en cuenta las respuestas abiertas (Tabla 7).
Delito de cumplimiento de pena
Los delitos en España se regulan por dos códigos penales, el anterior que ha sido derogado, pero en 2011 sigue vigente para 633 reclusos/as, siendo 604 hombres y 29 mujeres (Ministerio de Interior, 2011). Los presos que cumplen pena siguiendo el código penal anterior son para 2015 (289 hombres y 9 mujeres), debido al paso del tiempo en la evolución y/o cumplimiento de la condena (Ministerio de Interior, 2015). La que actualmente rige corresponde a la aplicación de la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal, con la que se hallan condenadas 57 398 presos/as en 2011 y en 2015 son 55 656 presos/as (51 418 hombres y 4 238 mujeres).
En la Tabla 8 sólo se observa el delito principal -el que tiene mayor tiempo de condena en el estudio-, porque con frecuencia las personas son condenadas por varios delitos y cada una de ellas tiene asociada una cantidad de años definida. Veamos los datos:
El dato más significativo es la pena referida al delito "contra la salud pública" en 47.3 por ciento de los casos. Se refiere fundamentalmente a las condenas relacionadas al comercio, distribución o fabricación de drogas. Este dato prácticamente coincide con la Estadística General Oficial que ofrece el Ministerio de Interior (2011). Igualmente, sobre la tipología de delitos, para el caso de las mujeres en el año 2011 eran 47 por ciento y en 2015 ha bajado a 39.3 por ciento en delitos contra la salud pública. Es interesante observar que el porcentaje de los hombres representa casi la mitad del de las mujeres con 21.53 por ciento.
El segundo grupo estaría compuesto por los delitos de orden socioeconómico (35.9 por ciento), comprendidos por robos (24.7 por ciento), hurtos (4.7 por ciento), robo-hurto y uso de vehículos (2.3 por ciento), estafas (3.8 por ciento), otros delitos socioeconómicos (0.4 por ciento) y, los relativos a la prostitución (0.2 por ciento). Todos estos delitos se hallan muy relacionados a la satisfacción de necesidades y a la búsqueda de recursos económicos. En ese sentido, el delito denominado por la Administración como "contra el patrimonio y el orden socioeconómico" que representaba en 2011, 33.8 por ciento se observa que es ligeramente inferior a los hallados en la investigación (en caso de los hombres representa el primer delito con 39.6 por ciento) (Ministerio del Interior, 2011). En cambio, en el año 2015 para las mujeres representa 34.45 por ciento y para los hombres 38.1 por ciento (Ministerio de Interior, 2015).
Los delitos que implican violencia y/o sangre son los relacionados a con los homicidios (4.3 por ciento), asesinatos (1.5 por ciento), lesiones/daños a terceros (2.8 por ciento), torturas e integridad moral (0.2 por ciento), abusos sexuales (0.2 por ciento) y "contra las relaciones familiares" (0.2 por ciento).
Una aproximación más concreta en cada delito, y analizándolo de forma independiente, da lugar a resultados aún más contundentes. Por ejemplo, contra la salud pública (48.7 por ciento), robos (30.1 por ciento), hurtos (11.9 por ciento), robo y hurto y uso de vehículos (3.9 por ciento), estafas (5.8 por ciento), lesiones (6.5 por ciento), prostitución (0.6 por ciento), otros delitos socioeconómicos (0.7 por ciento), asimismo contra la hacienda pública y seguridad social -evasión de impuestos- (0.4 por ciento). Los delitos de asesinato y homicidio son muy parecidos a los generales.
Reincidencia delictiva
Las entradas y salidas del sistema penitenciario es un tema pendiente que cuestiona la eficacia de los procesos de las penas privativas de libertad. Precisamente el objeto de la condena es para que el sujeto asuma su responsabilidad y sea capaz de insertarse o reinsertarse a la sociedad de la manera más digna y normalizada posible. Sin embargo, estos parámetros, como hemos señalado en el marco teórico, son imprescindibles y objetivos finales dentro de todo proceso punitivo, especialmente en el caso español (Gráfica 6).
No obstante, podemos observar que 29 por ciento de la muestra expresa que su condena actual no es la primera que está cumpliendo en prisión, es decir, con anterioridad ya cumplieron condena y al término de ésta han vuelto a ser penados por delitos semejantes a los anteriores (reincidencia) o por otros nuevos. Incluso, en 5.4 por ciento de los casos su delito actual es el quebrantamiento de condena, es decir, han sufrido un incremento de la pena porque han desobedecido o violado los límites de su condena inicial establecida antes del término de la misma (Jiménez y Jiménez, 2013).
Conclusiones
Los datos y situaciones analizados evidencian que la prisión como medida de seguridad, control y represión social es una realidad que se mantiene viva, incluso la tendencia es el incremento de la población carcelaria y, a su vez, un crecimiento de la diversidad poblacional, casi en todos los continentes del mundo, excepto África. La enorme cantidad poblacional (más de diez millones de personas en el mundo) denotan la magnitud del problema. Destacamos que algunos de los países más desarrollados o en emergencia (por ejemplo, Estados Unidos, Federación Rusa o China) son los que tienen unos porcentajes más altos de población en prisión. En el caso de América Latina destacan Brasil, México y Colombia y, en Europa, además de Rusia, Ucrania, Turquía, Inglaterra, Polonia y España.
La población reclusa femenina mundial se sitúa en torno a las 700 mil, y en 80 por ciento de los sistemas penitenciarios constituyen entre dos por ciento y nueve por ciento de la población total penitenciaria, siendo la media en el mundo 4.4 por ciento. Datos muy bajos en comparación a la población masculina que refleja un panorama similar en la distribución poblacional por países.
Tras los resultados de la investigación se comprueba que en este contexto se agrupa a personas que han delinquido, pero que en su mayor parte han sido objeto, a lo largo de sus vidas, de diversos tipos de exclusiones, marginaciones, violencias reales o potenciales que, de un modo u otro han influido en la comisión de delitos (Añaños, 2010, 2012, 2013; Jiménez, 2012; Jiménez y Jiménez, 2013). Es preocupante que prácticamente la mitad de ellas tengan entornos delictivos muy cercanos, donde la pareja o ex pareja sea la persona más significativa. Igualmente, comprobamos que muchas desde pequeñas llevan consigo una historia de abandonos, malos tratos, entornos delictivos ótanto de su medio de origen como especialmente de sus parejasó. Más adelante se han visto con hijos/as y que con su baja formación sus trabajos han sido poco cualificados y precarios y/o, han tenido que recurrir a buscar recursos en el mundo delictivo, la prostitución o la mendicidad. A todo ello se añade los consumos problemáticos (adictivos) de drogas que, paralelamente hunden y/o exponen a situaciones de mayor riesgo y conflictividad social. Todos estos hechos y situaciones producen que en el caso de las mujeres presas los efectos que suelan ser más profundos, al tener en cuenta las repercusiones que tienen para la familia y los hijos.
Los resultados visibilizan a mujeres con distintos tipos de exclusión y marginación social, con escasa formación educativa y precariedad laboral y, la mayor parte cuentan con hijos/as (79.5 por ciento). Sus orígenes socioculturales son diversos (31 por ciento son extranjeras, representando las Latinoamericanas 21.7 por ciento de ese porcentaje) y destaca 22.3 por ciento de mujeres que pertenecen a la cultura gitana. Los entornos han sido delictivos (especialmente sus parejas 53.1 por ciento), los delitos de mayor incidencia aluden al tráfico y transporte de drogas (47.3 por ciento) y tienen reiteración de entradas a prisión, es decir, son reincidentes, en 29 por ciento de las mujeres. Datos que indican la ineficacia del sistema penitenciario como medio disuasorio y preventivo de delitos.
Es evidente que la persona que delinque debe asumir su responsabilidad ante la sociedad. Sin obviar el efecto intimidatorio de la privación de libertad, se recomienda que precisamente su mayor eficacia es lograr, que sea capaz de reemprender una nueva vida sin recurrir al delito valiéndose por sí misma, desarrollando sus potenciales y de forma digna poder vivir en sociedad. De ahí la importancia de la rehabilitación a través de la educación-reeducación, la formación laboral y preparación al trabajo coherente al mercado, el desarrollo de habilidades sociales y personales, y al tratamiento de sus problemas de salud física y mental. Es decir, el medio penitenciario como espacio educativo en sí, convirtiéndose en un espacio de libertad, socialización, aprendizaje y prevención. Como señala Gallizo (2010), partimos del convencimiento de que solamente construyendo espacios de tratamiento, reeducación y rehabilitación para aquellas personas que un día cometieron un delito podremos dar respuestas eficaces que incrementen nuestra seguridad y nuestra libertad ciudadana.
Por otro lado, la política penitenciaria tiene que ser concebida en un marco integral, donde debe enfatizarse los elementos antes señalados. En estos tiempos implican poder ofrecer alternativas integrales, justas, reales, viables, reeducadoras, que reinserten, adaptadas a las necesidades y circunstancias de las personas -y al género- y según sus potencialidades y posibilidades. Es un proceso en el que todos/as los seres humanos se deben involucrar directa o indirectamente, ya que todos podemos estar expuestos o en riesgo latente a que en algún momento nos pueda suceder algo en la vida y podamos pasar de meros observadores a protagonistas de una vida en prisión.
Los opositores y críticos del sistema penitenciario, citan reiteradamente la frase atribuida a Albert Camus en torno a la idea de "una sociedad se juzga por el estado de sus prisiones", o "el derecho humano no debe acabar en la puerta de las cárceles"; por tanto, el medio y métodos penitenciarios representan el avance de la sociedad o el retroceso de su humanidad (Monteverde, 1998).
