Introducción
Este artículo se enmarca en el extenso y controvertido debate sobre la relación entre instituciones y crecimiento económico. Algunas de las teorías más influyentes sugieren que las instituciones que movilizan el ahorro y coordinan la inversión (Bardhan, 2004; Bordo y Cortés Conde, 2001), las que propician que los gobernantes rindan cuentas de sus actos (Benhabib y Przeworski, 2006; Keefer, 2005) o aquellas que protegen los derechos de propiedad (North y Thomas, 1973; Acemoglu et al., 2001) son las que de mejor forma coadyuvan al crecimiento económico. En dicho contexto, las instituciones judiciales juegan un papel trascendental, pues protegen derechos individuales, apoyan la rendición de cuentas, aseguran el cumplimiento de políticas y resuelven controversias entre los actores (Pérez-Liñán y Castagnola, 2009, p. 88).
Aunque la literatura sobre instituciones judiciales se ha interesado en las relaciones entre las cortes y la actividad económica, los trabajos prioritariamente observan los efectos de los desempeños judiciales sobre determinados sectores económicos. Chemin (2009) evidencia la existencia de una relación negativa entre la duración esperada de los procesos legales y el desarrollo de los mercados crediticio, agrícola y manufacturero en India. Cristini et al. (2001) evalúan la influencia de la eficiencia judicial sobre el tamaño del mercado crediticio en diferentes provincias argentinas mientras que Japelli et al. (2001) demuestran que la ineficiencia en la toma de decisiones judiciales tiene altos costos económicos para el mercado crediticio italiano. Finalmente, Voigt y Gutmann (2013) ofrecen evidencia empírica que corrobora que los derechos de propiedad constitucionales combinados con independencia judicial promueven el desarrollo.
A diferencia de la literatura mencionada, en este artículo seguimos la idea de Przeworski y Curvale (2007) en cuanto señalan que al momento de explicar resultados económicos favorables las diversas características del diseño institucional se encuentran subordinadas a la existencia misma de las instituciones. Por ello, planteamos que las instituciones estables; es decir, aquellas capaces de perdurar en el tiempo y que no sucumben ante cambios coyunturales sino que son preferidas por los actores incluso cuando podrían perder bajo tales reglas, son las que fomentan mejores desempeños económicos. En el caso de América Latina, la inestabilidad institucional ha sido una de las características esenciales de la mayoría de los países durante las últimas tres décadas, por lo que constituye una región clave para evaluar nuestra propuesta teórica. Adicionalmente, la mencionada inestabilidad se ha observado no sólo en la salida anticipada de presidentes sino también en los frecuentes cambios constitucionales y en el diseño institucional en general (Scartascini et al., 2011). El campo judicial ha se guido la misma dinámica y los casos de remociones anticipadas de jueces, fundamentalmente de aquellos pertenecientes a cortes supremas y constitucionales, ha sido una constante en la región.
Precisamente por la frecuencia con la que se ha removido a las cortes, la mayoría de los trabajos fIJan su atención en las variables sociopolíticas que explicarían dicho fenómeno (Pérez-Liñán y Castagnola, 2015, 2015a; Llanos et al., 2015). Como consecuencia de ello, son prácticamente inexistentes los estudios en los que se considere el tipo de relación que mantiene la estabilidad judicial (EJ) frente a variables del contexto macroeconómico, como el crecimiento. ¿En qué medida se relaciona el grado de EJ de los países con el nivel de crecimiento económico? o ¿en qué medida el efecto de la EJ es autónomo respecto al de la independencia judicial (IJ) sobre el crecimiento económico?, son algunas de las preguntas de investigación a las que este artículo busca dar respuesta. Nuestra intuición inicial es que más allá del grado de IJ de un país, lo que los agentes económicos valoran prio ritariamente para invertir es el grado de EJ. Constatar empíricamente las hipótesis que se desprenden del argumento previo es interesante pues constituye la implicación en una serie de discusiones teóricas previas tanto en el campo de la relación entre instituciones judiciales y resultados económicos como en el de la distinción entre EJ e IJ.
El artículo se estructura alrededor de cuatro secciones. En la primera sección discutimos sobre los conceptos de EJ e IJ, las variables utilizadas para explicar su desempeño y las formas de observación empírica utilizadas. En la segunda sección revisamos la escasa literatura que aborda la relación entre EJ y crecimiento económico y planteamos las hipótesis que se desprenden de nuestro argumento teórico. En la tercera sección presentamos los datos utilizados, proponemos un indicador inédito de EJ y evaluamos un modelo estadístico para testear la influencia que ejerce dicha variable sobre el crecimiento económico. A la par, valoramos los efectos que genera la EJ sobre el crecimiento económico aislándolos de los que produce la IJ Posteriormente discutimos los hallazgos de los modelos estadísticos y reflexionamos sobre las distinciones teóricas existentes entre IJ y EJ y que dan cuenta de que a un incremento de EJ no sigue necesariamente un incremento en IJ. La última sección ofrece algunas conclusiones.
Estabilidad judicial e independencia judicial: el estado de la investigación científica
Gran parte de la literatura que discute la relación entre instituciones y de sempeño económico se ha ocupado prioritariamente de identificar cuáles atributos institucionales producen mejores resultados para las economías nacionales. Aunque interesante, dicha perspectiva de análisis parte del supuesto de la existencia de instituciones estables. Por tanto, hay dos ideas que están tras el razonamiento mencionado: a) si y solamente si una institución es estable es posible que otros atributos institucionales puedan consolidarse y b) si y solamente si una institución es estable es viable la presencia de mejores resultados económicos en los países (Przeworski y Curvale, 2007). En términos analíticos, definimos una institución como estable cuando es capaz de perpetuar comportamientos a través de la provisión de incentivos que permiten a los actores subordinarse a ella en lugar de subvertirla por la fuerza. Desde otra perspectiva, sostenemos que una institución es estable cuando los actores con poder suficiente para revertir el orden formal encuentran suficientes incentivos para aceptarlo, a pesar de que en ocasiones sean perjudicados con la distribución de recursos resultante.
Si trasladamos este argumento teórico al campo de las políticas judiciales podemos sostener que: a) la estabilidad judicial (EJ) es requisito sine qua non para la presencia de otros atributos de las cortes de justicia, como la independencia judicial (IJ), y b) a medida que la EJ se incrementa también aumentan las probabilidades de mejores desempeños económicos para los países. Por otro lado, planteamos que en escenarios en los que existen altos niveles tanto de EJ como de IJ los rendimientos económicos nacionales tienden a incrementarse aún más. Un corolario de nuestro argumento es que la presencia de EJ no garantiza necesariamente IJ. En el plano conceptual, planteamos que la EJ está dada en función del mantenimiento de los jueces en sus cargos mientras dure el mandato constitucional o legalmente establecido (Lara-Borges et al., 2012; Pérez-Liñán y Castagnola, 2009, 2015). Empíricamente, los estudios sobre EJ se han concentrado en torno a jueces supremos o constitucionales ya que las cortes de nivel intermedio e inferior suelen acogerse a leyes secundarias, cuya lógica se relaciona con el servicio burocrático de los países.
Por tanto, si los jueces supremos dejan sus funciones al cumplir setenta y cinco años, como en Chile, o cuando al término de su periodo de ocho años la legislatura no los ratifica, como en Costa Rica, se trataría de casos en los que se observa mayor EJ. En escenarios opuestos, como Honduras o Ecuador antes de la llegada del presidente Correa, en donde los jueces son destituidos de forma anticipada sin que medie un mecanismo institucional, se podrían definir dichos casos como de menor EJ. Dado que la EJ es un concepto que está relacionado con el comportamiento de variables ecológicas a las cortes (unas de naturaleza política y otras de naturaleza social), en general se suele medir a través de escalas o categorías más que de forma dicotómica.
Sin embargo, los acuerdos son menores cuando se trata de identificar los determinantes de la EJ. Algunos trabajos señalan que cuando los presidentes carecen de amplias mayorías legislativas existen más probabilidades de mantener la EJ (Leiras et al., 2015; Ríos-Figueroa, 2007; Chávez, 2004; Iaryczower et al., 2002). Para otros autores, la inestabilidad del apoyo legislativo hacia el presidente (Hilbink, 2007), los cambios en las coaliciones de gobierno (Basabe-Serrano y Polga-Hecimovich, 2013) o la llegada de un nuevo gobierno (Helmke, 2005, 2002) son las variables decisivas para explicar los cambios en la EJ. Finalmente, otro grupo de investigadores señala que tanto las transiciones a la democracia (Finkel, 2008; Ginsburg, 2003) como los regímenes semidemocráticos son momentos históricos que facilitan el mantenimiento de la EJ (Popova, 2012).
Respecto a la IJ, la definimos como el grado de autonomía que tienen los jueces para decidir los casos respecto de factores políticos, sociales o económicos ajenos a las cortes. Nos referimos por tanto a la dimensión de la IJ que la literatura especializada ha denominado independencia judicial externa (Kapiszewski y Taylor, 2008; Ríos-Figueroa y Taylor, 2006; Couso, 2005; Domingo, 2000). En cuanto a los trabajos que exploran los factores que afectan a la IJ, una de las variables que con frecuencia se menciona es la EJ. El argumento es que si los jueces son más estables en sus cargos y por tanto la incertidumbre de ser destituidos de forma ilegal es menor, su autonomía para decidir los cargos libres de presiones va en aumento (Helmke, 2005, 2002). Como corolario, si los jueces se encuentran inseguros respecto al mantenimiento de sus espacios de trabajo sus fallos podrían orientarse en contenido o dirección hacia el beneficio de aquellos actores que podrían garantizarles algún nivel de certidumbre. En consecuencia, en dicho contexto la autonomía de los jueces para decidir se hallaría menoscabada.
Como mencionamos, nuestras conjeturas tienen que ver no sólo con la relación entre EJ y desempeños económicos sino también con la influencia que podría ejercer sobre los desempeños económicos la presencia tanto de EJ como de IJ. Al respecto, los trabajos de investigación en América Latina son escasos. Biglaiser y Staats (2012) han reportado que aquellos países en desarrollo en los que se respeta el imperio de la ley, y existen cortes independientes que protegen los derechos de propiedad, tienden a mejorar la calificación de sus bonos nacionales. La medición de las variables anotadas ha sido realizada por dichos autores en función de una serie de indicadores entre los que no se considera la EJ. De otro lado, aunque recurriendo a las variables explicativas ya mencionadas y con las mismas limitaciones respecto a la observación de la EJ, Staats y Biglaiser (2012) han constatado que el imperio de la ley y cortes independientes y garantistas de los derechos de propiedad influyen sobre el incremento de la inversión externa directa. En la misma perspectiva, Acevedo y Mora (2008) concluyen que un marco jurídico neutral y justo favorece la inversión externa directa. En este último trabajo se observan empíricamente las variables citadas a partir de indicadores de derechos de propiedad privada y corrupción.
En definitiva, los pocos trabajos realizados para América Latina se han concentrado en observar la posible influencia de la IJ sobre los desempeños económicos, dejando de lado analizar los efectos que podría generar la EJ sobre la citada variable dependiente. Adicionalmente, no existen evidencias de trabajos en los que se evalúe la incidencia por separado y en conjunto de la EJ y la IJ sobre los desempeños económicos. Por ello y a fin de cubrir el vacío detectado, en la siguiente sección proponemos un marco teórico en el que identificamos los efectos que de forma autónoma podrían generar tanto la EJ como la IJ sobre los desempeños económicos de los países.
Las relaciones entre desempeño económico, estabilidad e independencia judicial
Como mencionamos previamente, si hacemos "viajar" el argumento teórico de Przeworski y Curvale (2007) al campo de las políticas judiciales es posible sostener que la EJ es requisito sine qua non para la presencia de otros atributos de las cortes, como la IJ. Un corolario de nuestro argumento sería que la presencia de EJ no garantiza necesariamente la IJ. Una implicación adicional que proponemos es que en ausencia de EJ la IJ no puede desarrollarse, al ser aquella el cemento de las instituciones. De esta propuesta se derivan tres escenarios bien diferenciados. El primero se da en aquellos países en los que a pesar de la presencia de EJ, la IJ no se encuentra consolidada. En el segundo escenario, y que representa el ideal de la democracia representativa, se encuentran los países en los que existe EJ y también IJ. El tercer escenario se verifica en los países en los que, ante la ausencia de EJ la IJ tampoco puede florecer. Acorde a nuestra propuesta teórica, no es posible hallar países con IJ a pesar de ausencia de EJ. El Diagrama 1 representa la relación entre EJ e IJ que planteamos en este artículo.
En términos empíricos, en el cuadrante correspondiente a los países con altos niveles de EJ y baja IJ -superior izquierdo- se ubican Ecuador y Venezuela durante los gobiernos de los presidentes Correa, Chávez y Maduro, respectivamente (Conaghan, 2012; Sánchez Urribarri, 2011). En el cuadrante asignado a los países con altos índices tanto de EJ como de IJ -superior derecho-, hallamos tradicionalmente a Chile, Uruguay y Costa Rica (Lara-Borges et al., 2012). El cuadrante correspondiente a los países en los que están ausentes tanto la EJ como la IJ -inferior izquierdo- se encuentra Paraguay durante todo el periodo posterior a la salida del general Stroessner (Basabe-Serrano, 2015). Finalmente, según nuestra propuesta teórica, el cuadrante inferior derecho permanece vacío ante la imposibilidad de hallar casos de IJ en ausencia de EJ.
En cuanto al argumento de Przeworski y Curvale (2007) respecto a la relación entre desempeños económicos y estabilidad institucional, nuestra propuesta teórica sigue la lógica descrita en el Diagrama 1. En efecto, nuestra conjetura es que en aquellos escenarios en los que se ha sedimentado la EJ, aún cuando la IJ no esté presente, es más probable que los rendimientos económicos de los países vayan en aumento (cuadrante superior izquierdo). No obstante, si un mayor grado de EJ va acompañado de IJ, nuestra conjetura es que los rendimientos económicos de los países tenderán a ser aún mejores (cuadrante superior derecho). Como corolario de la constatación empírica previamente descrita, en aquellos casos en los que tanto la EJ como la IJ presentan resultados deficientes, los rendimientos económicos tenderán a presentar los peores resultados posibles (cuadrante inferior izquierdo).
En la siguiente sección verificamos empíricamente nuestra propuesta teórica. En primer lugar, evidenciamos si las variables EJ e IJ son efectivamente autónomas y que, por tanto, es posible que sigan trayectorias diferentes. En segundo lugar, verificamos que la EJ afecta positivamente los desempeños económicos de los países (cuadrante superior izquierdo). Asimismo, evaluamos si la presencia de buenos rendimientos tanto en términos de EJ como de IJ produce mejores desempeños económicos que la sola presencia de altos niveles de EJ (cuadrante superior derecho). Como hemos manifestado, la imposibilidad de que se presente IJ en escenarios de ausencia de EJ deja vacío el cuadrante inferior derecho. A manera de hipótesis resumimos nuestro argumento de la siguiente forma:
Datos, estrategias metodológicas y discusión de resultados
Para valorar empíricamente las hipótesis que anteceden tomamos como proxy de la variable dependiente el nivel de crecimiento económico, medido como la tasa de crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) per cápita. Seleccionamos para el análisis dieciséis países latinoamericanos en el periodo 1900-2001 en función de la información proporcionada por Maddison (2003).1 Si bien hay factores que el crecimiento económico no puede capturar de forma efectiva, optamos por esta medida en virtud de que la información está disponible para un mayor periodo. Además, resulta intuitivamente más adecuado considerar un indicador global como éste, pues permite observar un vínculo causal explícito respecto a la EJ.2 De acuerdo con la Gráfica 1, la tasa de crecimiento económico promedio en los dieciséis países latinoamericanos incluidos en este estudio alcanza un valor de 1 487 para el periodo analizado. Además, se observan pronunciadas depresiones tras las dos guerras mundiales y durante la crisis mundial de 1929 mientras que la última gran desaceleración se produjo hacia 1980. Fuera de estos cuatro mínimos locales, que responden a la coyuntura internacional, existen largos periodos durante el siglo XX que podrían tener origen en factores nacionales.
La variable independiente EJ ha sido calculada a partir de la base de datos de Lara-Borges et al. (2012). El indicador de EJ que empleamos es el promedio de años que los jueces han estado en sus puestos para un determinado año. Si bien esta medición no captura la posibilidad de que los jueces sean reelectos, constituye una buena aproximación de la EJ. Así, al contabilizar el número promedio de años que los jueces llevan en sus puestos, dicho indicador resume un tipo de estabilidad de más largo plazo en términos retrospectivos. Los datos de Lara-Borges et al. (2012) indican que la duración legal de los mandatos judiciales oscila entre cero y diez cuando es posible la reelección y entre cero y quince cuando la reelección no es factible.3 La Gráfica 2 reporta que el promedio de años en el cargo de los jueces es de 4.85 (n=1804) mientras que el mínimo es cero. El máximo de 17.1 años se observa en Honduras durante el año 1948. En vistas de la distribución sesgada de esta variable (véanse anexos 1 y 2), hemos optado por utilizar la transformación logarítmica de esta variable en los análisis de regresión.
Para observar la IJ recurrimos a la variable denominada "independencia judicial latente" (IJl) diseñada por Linzer y Staton (2014) y que se encuentra disponible para el periodo 1948-2010. Este índice de IJ es apropiado para el estudio que proponemos pues la EJ no está incluida en la medición. De esta forma evitamos problemas de colinealidad entre IJ y EJ. La medición de Linzer y Staton (2014) fue calculada con base en ocho indicadores y oscila entre cero y uno, representando este último valor los niveles más altos de independencia judicial.4 El promedio de la variable IJ para las 1040 observa ciones comprendidas entre 1948 y 2012 es 0.39 lo que indica que en promedio los dieciséis países se inclinan ligeramente hacia los valores más bajos de la escala. El valor mínimo está representado por Nicaragua en 1971 (0.0376) y el máximo (0.9306) corresponde a Chile en el año 2007 (0.9306). En la Gráfica 3 se puede observar que el valor promedio de IJ en los dieciséis países revela patrones muy marcados de crecimiento hacia 1960 para decaer de forma ostensible casi dos décadas después. Posteriormente se observa una recuperación consistente en el resto del siglo, alcanzando los valores máximos en la actualidad.
La correlación entre el indicador de EJ y el indicador de IJ es muy baja y con signo positivo (0.2031) por lo que se refuerza la idea de que ambos conceptos están medidos de forma autónoma. En razón de que la cobertura del indicador de IJ sólo se encuentra disponible desde 1948, estimamos dos grupos de modelos: el primero estimado con datos desde principios de siglo pero sin el control por IJ y el segundo desde 1948, e incluyendo IJ. En lo que sigue testeamos nuestra hipótesis (h1) de que el la EJ tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico.5 La especificación del modelo de regresión que estimamos captura aspectos fundamentales que influyen en la tasa de crecimiento económico, además de la inclusión de la variable EJ. Vale la pena apuntar que es posible que exista una relación de endogeneidad entre crecimiento económico y la permanencia de los jueces en sus cargos, puesto que es concebible que la prosperidad económica promueva la estabilidad institucional y específicamente la estabilidad de las instituciones judiciales. En ausencia de variables instrumentales adecuadas, utilizamos los valores retrasados de EJ. Los valores retrasados de variables endógenas pueden ser tratados como variables exógenas porque para la determinación de los valores del periodo actual éstos están dados como constantes (Kennedy, 2003).
El modelo incluye un conjunto de controles de naturaleza económica y política. Entre los primeros está el nivel de desarrollo económico pues existe consenso en la literatura con respecto a que esta variable es un determinante de la tasa de crecimiento de una economía. Por su parte, el modelo de Solow (1956) establece que las economías pobres tienden a crecer más rápidamente que las economías ricas, por lo que incluimos el término cuadrático del nivel de desarrollo. Dado que la tasa de crecimiento económico medida como crecimiento del PIB per cápita depende directamente de la tasa de crecimiento de la población la hemos incorporado al modelo como variable de control. La tasa de crecimiento de la economía mundial es un control crucial puesto que en un mundo estancado es menos probable que, por ejemplo, países exportadores encuentren las condiciones para crecer -y ello estaría dado por consideraciones que escapan al contexto nacional-. Estas variables fueron calculadas con base en datos de Mitchell (2003) e información recopilada de The Correlates of War Project y Global Financial Data.
Para controlar los efectos causales autónomos de la EJ respecto a los propiciados por la estabilidad política en general nos centramos en el impacto sobre el crecimiento del número acumulativo de años durante los que un mandatario estuvo en el poder, independientemente del régimen político en vigor.6 El empleo de esta variable como control nos permite además evaluar el impacto de los cambios en el ejecutivo sobre la EJ, una cuestión que ha sido abordada en la literatura sobre IJ. A pesar de que se podría pensar que al observar estabilidad del ejecutivo y EJ se estarían midiendo fenómenos similares, la correlación entre ambas variables es baja (0.1948).7 Incluimos también tres controles por tipo de régimen político, utilizando para ello variables dicotómicas tomadas de las categorías utilizadas por Smith (2005) y en las que el régimen democrático es la categoría base.8 Estas variables se retrasan un año pues existe la posibilidad de causalidad mutua en el mismo periodo con la variable dependiente. En resumen, estimamos el siguiente modelo general de regresión:
CrecimientoEcoi, t
= ϑ + Π PromedioEstanciaCargoi, t + βPIBCapi, t - 1 + γ (PBICapi, t - 1 )2
+ δCrecimientoPobt + εCrecimientoMundot + ζSemidemoi, t - 1
+ θOligarquíai, t - 1 + ψAutoritarioi, t - 1 + ηAñosMandatorioi, t - 1 + μi, t
donde i representa a cada país, t es el subíndice que indica el año y la variable dependiente, CrecimientoEco i, t corresponde a la tasa de crecimiento económico, medida como el crecimiento anual del PIB per cápita. PromedioEstanciaCargo, t es el indicador de estabilidad judicial; PIBCapi, t - 1 el nivel de ingreso per cápita retrasado un año; CrecimientoPob t la tasa de crecimiento de la población y CrecimientoMundo t la tasa de crecimiento económico mundial en un determinado año. Semidemo, t - 1, Oligarquía, t - 1 + y Autoritario, t - 1 son las variables dicotómicas que señalan tipo de régimen; AñosMandatorio i, t - 1 es el número acumulado de años consecutivos en que una misma persona fue jefe de gobierno, retrasado un año. Finalmente, tenemos el término de error. A continuación estimamos la relación causal entre EJ y crecimiento del PIB per cápita a través de una regresión de Prais-Winston con AR1 para corregir por autocorrelación de los errores en vista de la estructura de serie temporal de los datos.9 Además, estimamos otro modelo con errores robustos por clúster de país. El Cuadro 1 presenta los resultados de los modelos de regresión ya descritos.
Fuente: Elaboración propia. Notas: aLa categoría base es democrático. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.
Los resultados del Cuadro 1 revelan que la EJ tiene un impacto positivo y significativo sobre la tasa de crecimiento económico cuando se observa todo el siglo XX, por lo que son consistentes con la H1. Así, a medida que aumenta el número de años promedio que los jueces permanecen en la corte, aumenta el nivel de crecimiento económico. Tal efecto positivo y significativo prevalece en los dos modelos, tanto cuando corregimos por autocorrelación de primer orden como cuando corregimos por paneles los errores heterocedásticos.10 Cabe destacar que ninguna de las variables po líticas tiene un impacto significativo, por lo que dicho resultado es consistente con nuestra intuición de que la estabilidad de las instituciones judiciales provee a los actores económicos los incentivos necesarios para decidir invertir, sin importar el grado de apertura que exista en la competencia política. Las variables de control referidas al crecimiento de la población o al crecimiento económico mundial son, como ocurre típicamente en este tipo de modelos, significativas y tienen el signo esperado. El control que proporcionamos para medir la permanencia continua en el poder de un único líder tampoco parece influir para explicar el crecimiento. Dicho control, en ausencia de una medida sobre IJ para todo el siglo, fue pensado como una aproximación de la dominación de un líder sobre la política que podría traducirse en terreno fértil para injerir en el Poder Judicial.
Para verificar si el efecto positivo de la EJ en el nivel de crecimiento económico es independiente del nivel de IJ, estimamos el modelo anterior agregando esta variable. Incluimos también los controles por tipo de régimen, siguiendo los modelos presentados en el Cuadro 1. Además, consideramos la variable que mide la permanencia en el poder de un único líder con el propósito de evaluar si el hecho de que se mantenga en funciones un gobernante que podría ser benevolente con el capital tiene efecto en el nivel de crecimiento económico. El Cuadro 2 ofrece los resultados de la estimación del modelo que considera el periodo 1948-2001 y en el que se incluye la variable IJ. Igual que en las anteriores regresiones, el primer modelo controla por errores robustos y el segundo corrige por autocorrelación de primer orden con errores robustos. Conforme lo planteamos en la H2, tanto el coeficiente de la variable EJ como el de la variable IJ son significativos y tienen el signo esperado, indicando así que tanto la EJ como la IJ tienen un impacto positivo en los niveles de crecimiento económico. En cuanto al resto de las variables analizadas, las dictaduras repercuten negativamente en el crecimiento económico y las variables de control crecimiento de la población y crecimiento económico mundial son significativas y con el signo esperado.
Fuente: Elaboración propia. Notas: aLa categoría base es democrático. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.
Dada la significatividad reportada tanto para la EJ como para la IJ, exploramos el potencial impacto simultáneo de ambas variables. No obstante, luego de incluir un término interactivo en los modelos presentados en el Cuadro 2, los efectos son nulos. Al testear la pertinencia del término interactivo, los resultados arrojados (P=0.8062 para la regresión lineal y P=0.7015 para la regresión Prais-Winston) dan cuenta de que ambos coeficientes son simultáneamente iguales a 0, por lo que en ninguno de los dos modelos existe interacción significativa entre EJ e IJ.11 Este hallazgo negativo no deja de ser llamativo, pues intuitivamente se pensaría que la interacción de EJ e IJ debería provocar efectos positivos y significativos sobre el crecimiento económico. Más allá de lo expuesto, el resultado que reportamos deja abierta la discusión tanto teórica como metodológica en torno a su explicación.
En resumen, los mecanismos a partir de los que hemos concebido la relación positiva entre EJ e IJ sobre el crecimiento económico tienen que ver con los incentivos que se proporcionan a los agentes económicos al momento de decidir dónde colocar sus inversiones. En primer lugar, cuando los jueces gozan de EJ los inversores pueden prever la dirección de las decisiones judiciales en caso de disputas legales que afecten sus activos, por lo que su nivel de aversión al riesgo desciende. En este escenario la EJ no implica necesariamente que los jueces van a respetar la propiedad privada o beneficiar a los inversores -públicos, extranjeros, privados- con sus decisiones sino simplemente que la permanencia en los cargos ofrece previsibilidad a los agentes económicos de cara a diseñar cursos de acción que maximicen los retornos de sus inversiones. Adicionalmente, este hallazgo teórico confirma la idea más amplia de Przeworski y Curvale (2007) en el sentido de que la permanencia de las instituciones a lo largo del tiempo es el requisito sine qua non para la generación de mejores desempeños económicos.
En segundo lugar, la evidencia empírica aportada da cuenta de que en contextos en los que junto a la estabilidad en los cargos (EJ) los jueces deciden los casos de forma independiente (IJ) son mayores las probabilidades de que florezca el crecimiento económico. Este hallazgo ratifica el argumento de que la estabilidad es el punto de partida para el surgimiento de otras características del diseño institucional, como es la autonomía de los jueces al momento de tomar decisiones. Además, los resultados descritos confirman la idea de que en un escenario óptimo, en el que tanto EJ como IJ presentan rendimientos favorables, los incentivos para los inversionistas son mayores que en aquellos en los que sólo existe EJ. Como ya lo han señalado una diversidad de estudios sobre políticas judiciales, en este escenario se hallarían Chile, Uruguay y Costa Rica.
Conclusiones
En este artículo planteamos que la presencia de instituciones estables favorece la presencia de mejores resultados económicos. Siguiendo las ideas de Przeworski y Curvale (2007) señalamos que prioritariamente a otras cualidades de las instituciones el punto central para analizar los determinantes del comportamiento económico es que las instituciones existan, que sean persistentes, en definitiva, que sean estables. Trasladando estos argumentos al caso de las instituciones judiciales, los hallazgos de este artículo indican que la EJ, medida como el promedio de años que llevan los jueces supremos en sus cargos, impacta positivamente sobre la tasa de crecimiento económico. Sin embargo, por la falta de datos para la primera mitad del siglo XX, en ese análisis no nos fue posible evaluar si la IJ afecta dichos resultados para el mismo corte temporal.
Por la ausencia de información ya mencionada, para evaluar empíricamente el desempeño tanto de la EJ como de la IJ nos centramos en el periodo posterior a 1948 y asumimos nuevamente como variable dependiente la tasa anual de crecimiento del PIB per cápita, con la intuición de que tal factor revela de mejor forma el mecanismo por el que la EJ proporciona incentivos positivos para atraer capital. Como hemos mencionado, parecería que la estabilidad de los jueces en los cargos envía una señal positiva sobre el clima de inversión y que eso influye en los agentes económicos independientemente de otros factores de naturaleza política, salvo el caso de las dictaduras, que impactan de manera negativa los niveles de crecimiento económico. Los modelos estadísticos estimados revelaron que la EJ, aun cuando controlamos por el nivel de IJ, tiene un impacto positivo y significativo en el nivel de crecimiento económico. Por tanto, la primera hipótesis, referida al impacto de la EJ independientemente de los niveles de IJ, fue verificada empíricamente.
Cuando incluimos en el análisis tanto EJ como IJ los resultados fueron robustos con respecto a EJ y el coeficiente de IJ fue positivo y significativo, confirmando la segunda hipótesis que propusimos. Este hallazgo dio cuenta de que el impacto de la EJ sobre el crecimiento económico sobrevive aun cuando incorporamos un control por el nivel de IJ, sugiriendo además que las condiciones de estabilidad e independencia judicial son beneficiosas para propiciar un ambiente atractivo para la inversión económica. No obstante, cuando valoramos el término interactivo entre EJ e IJ en los modelos estadísticos, los efectos fueron nulos. Este hallazgo es clave para el desarrollo de una futura agenda de investigación, pues si se parte del hecho de que ambas variables son independientes entre sí -acorde a la baja y positiva correlación existente entre las dos mediciones- existirían más resquicios que indagar en la relación entre EJ e IJ.
Por otro lado, las contribuciones ofrecidas por este artículo dan cuenta de la necesidad de investigar con mayor profundidad la naturaleza de las relaciones entre instituciones judiciales y desempeños económicos. En ese plano, una de las propuestas para futuras agendas de investigación es considerar de forma más analítica el concepto de resultados económicos. Para ello se podrían observar, por ejemplo, los diferentes tipos de inversión, tanto extranjera como nacional, separándolos de la inversión pública. Asimismo, dada la creciente disponibilidad de datos sobre la estabilidad de las cortes de justicia, cabría analizar los efectos encontrados en nuestra muestra de dieciséis países latinoamericanos en otras regiones del mundo, atendiendo particularmente a diferencias interregionales en los niveles de desarrollo económico. Finalmente, y más allá de las relaciones entre cortes de justicia y variables económicas, este artículo llama la atención sobre la importancia de profundizar en los estudios que relacionen el comportamiento de los jueces con variables ecológicas. Si bien la literatura especializada ha llegado a acuerdos básicos en los vínculos entre política y justicia, los que surgen de la relación entre el Poder Judicial y otro tipo de variables, como la opinión pública, el posicionamiento de los medios de comunicación respecto a determinados temas o las reformas a políticas públicas son parte de un ejercicio investigativo aún por desarrollar.12