Introducción

Centroamérica es una región integrada por siete países —Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua y Costa Rica— que comparten un proceso histórico que los une, problemas en común y desafíos por cumplir. Dos son las asignaturas apremiantes que tienen como naciones independientes: por un lado, establecer regímenes democráticos y, por el otro, superar la situación de atraso y pobreza que prima en la región. En cuanto al tema político, cabe señalar que Centroamérica encara el siglo XXI con el peso de una larga etapa de inestabilidad política, de reajuste constitucional y de recomposición de la cohesión social. Como señala Carol González-Villarreal:

Con excepción de Costa Rica, los países de la región, incluido Panamá, fueron sacudidos a lo largo de la década de los ochenta hasta fines de la década de los noventa, por un conflicto político-militar, que afectó profundamente su tejido social. Entrado el siglo XXI hasta la actual época, la puesta en marcha de Acuerdos de Paz, el proceso de retorno a la democracia formal en los países afectados por el enfrentamiento armado y las tendencias de descentralización de las decisiones de gobierno en Costa Rica, marcaron el comportamiento político y social de las naciones centroamericanas ^{(GonzálezVillarreal, 2017, p. 17)}.

Con excepción de Belice, que es una monarquía constitucional parlamentaria, los países de la región buscan fortalecer sus sistemas políticos con un ejecutivo fuerte, pero con equilibrio de poderes y sin el lastre del autoritarismo. En Centroamérica hay países con regímenes políticos formalmente democráticos, donde se realizan elecciones y se renuevan los cargos públicos de manera periódica. Hablamos de regímenes presidenciales cuyo mando recae en los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales, pero que también contemplan la descentralización y poderes en las diversas regiones y municipios; esta última instancia administrativa es la más pequeña, pero la más cercana a las necesidades de la sociedad, de ahí la importancia del gobierno municipal. Como señala Carol González-Villarreal:

En todos los países de la región, la autonomía municipal está presente y regulada en la normativa, donde el municipio se define como la división político administrativa, siendo una unidad básica de administración territorial. Las diferentes legislaciones, determinan aspectos básicos relacionados al ámbito político administrativo, al de recursos económicos, al de competencias y servicios, y relativos al desarrollo. Entre los puntos en común se encuentran: La autonomía municipal, la elección de alcalde, síndicos y concejales por medio de sufragio universal y la posibilidad de contar con ingresos por concepto contributivo (ingresos fiscales, impositivos tributarios, rentas tributarias, etc.); es decir, la potestad de generar sus propios recursos e invertirlos en el municipio ^{(González-Villarreal, 2017, p. 50)}.

Estudios recientes sobre Centroamérica tratan de explicar la intrincada dificultad para establecer sociedades con instituciones políticas fuertes y estables en países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, mientras otros intentan exponer algunas debilidades de la democracia en países como Costa Rica ^{(Álvarez et al., 2019)}. Otros se ocupan de la cultura política y de los sistemas de partidos en países como Honduras ^{(Castellanos y Romero, 2019)}, Panamá ^{(Valdés, 2007)} o Belice ^{(Hoffman, 2009)}. Sobre la vertiente relativa a la participación política de la mujer se encuentra información en estudios sobre las políticas de cuota de género en América Latina ^{(Fernández, 2011}; ^{Freidenberg y Lajas, 2014)} y en Centroamérica ^{(Letona, 2017)}, y en análisis de casos de Nicaragua ^{(Comisión Interamericana de Mujeres, 2016)}, Honduras ^{(Freidenberg, 2019)}, Panamá ^{(Freidenberg y Brown, 2019)}, Belice ^{(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012)} y Costa Rica ^{(Bolaños, 2006)}; en estudios resaltan los progresos por alcanzar la democracia paritaria y los innegables avances de la mujer en la representación parlamentaria, y se subraya la baja participación de mujeres en los gobiernos municipales, área de estudio poco abordada.

Las indagaciones sobre partidos políticos, elecciones y cuotas de género en Centroamérica son relevantes porque permiten conocer, con base en el análisis de las reformas electorales y prácticas partidistas, qué tanto se ha avanzado en la participación política de las mujeres como alcaldesas, e igual de importante es explicar quiénes son las mujeres que han ocupado estos cargos, no solo en cuanto a su número y porcentaje de participación, sino sobre su formación académica y política, su experiencia y la evaluación de su ejercicio gubernamental. En esa tesitura destaca el estudio de Alejandra ^{Massolo (2007)} sobre gobiernos locales en América Latina, en el que la autora analizó los efectos negativos del sistema electoral de partidos y las prácticas políticas sobre la participación de la mujer en el ámbito municipal; asimismo, delineó el perfil de las alcaldesas por rango de edad (36-43 años), estado civil (63 % casadas), escolaridad (54 % con bachillerato o licenciatura) y tipo de municipios que gobiernan ^{(Massolo, 2007)}.

Para el caso de Centroamérica destacan amplios estudios sobre el perfil sociopolítico de las alcaldesas de El Salvador ^{(Urquilla, 2016)}, Costa Rica ^{(Obando, 2016)} y Panamá ^{(Bernal, 2016)}, cuyos autores y autoras, con base en datos estadísticos, confirman varios de los rasgos descritos por Massolo y puntualizan la clara relación entre las mujeres aspirantes al cargo con la carrera político-partidista, los antecedentes familiares de participación política y mayor desarrollo en capacitación y formación política (2017, p.59). En general, la información sobre alcaldesas en la región incluye el número y el porcentaje que representan, el partido político al que pertenecen y, en menor medida, su nivel de estudios; sin embargo, es difícil encontrar datos sobre su formación profesional, su trayectoria política y su experiencia en el cargo, como sí ocurre con las legisladoras o jefas de Estado. Parece que las huellas y pasos de los senderos de las mujeres como alcaldesas en Centroamérica están invisibilizados. Los diagnósticos efectuados sobre este tema indican una baja representación y una enorme brecha entre géneros en cuanto a empoderamiento. Alejandra Massolo señala lo siguiente:

Siendo el municipio la instancia de representación y gobierno más próxima a la ciudadanía, vinculada a los asuntos de la vida cotidiana, paradójicamente no ha facilitado el acceso de las mujeres a los cargos de representación municipal. Los gobiernos locales latinoamericanos carecen de pluralidad de género, puesto que son mayoritariamente encabezados por hombres. Claramente no se verifica una correlación positiva entre mayor cercanía y mayor participación de las mujeres en los cargos de representación y dirección. Por lo cual, el principio de proximidad que legitima específicamente al gobierno local, no funciona como principio que favorece la equidad de género ^{(Massolo, 2007, p. 47)}.

Promover la representación política de las mujeres, como un medio necesario para alcanzar una democracia sustantiva, eficiente, eficaz e incluyente en Centroamérica, tiene que ver con el impulso de acciones afirmativas de género y de políticas públicas en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; pero también es necesario encumbrar el papel de las alcaldesas y ofrecer mayor información sobre su hoja de vida. Por ello, se considera importante analizar quiénes son las mujeres que han ocupado el principal cargo en la administración pública municipal en el contexto centroamericano, además de construir sus perfiles, lo que permitirá identificar sus características profesionales, políticas y sociales.

En este artículo se explica quiénes son y cuál es el perfil profesional y político de las alcaldesas en Centroamérica que fueron electas entre 2017 y 2020. Debido a la falta de información sistematizada sobre ellas, principalmente en los casos de El Salvador y Nicaragua, se utilizaron tres fuentes: 1) la oficial, proporcionada por los institutos electorales de cada país, en la que se ofrecen datos biográficos y de experiencia política, 2) la divulgada por los partidos políticos sobre la trayectoria social y política de sus candidatas, y 3) la publicada por periódicos, en que hacen referencia a historias personales, familiares o de escándalos públicos de las candidatas. El análisis se realizó a través del método comparativo, con el cual se examinan las diferencias y semejanzas de tres tipos de perfiles: experimentadas, con actividad previa en cargos partidistas y de gobierno; no experimentadas, militantes partidistas o con alguna participación en la burocracia municipal y ciudadanas, quienes destacan por su actividad en el ámbito social o comunitario. El fin es establecer los rasgos distintivos de las alcaldesas en Centroamérica y destacar las áreas de oportunidad para incrementar la participación de las mujeres.

El trabajo está organizado en tres apartados. En el primero se exponen las características del enfoque de paridad de género y se señalan los criterios e indicadores para establecer los perfiles de las alcaldesas, referidos al contexto social y político de Centroamérica. En el segundo se hace un análisis descriptivo de la formación profesional, la trayectoria política y la experiencia burocrática de las alcaldesas en los siete países de la región. En el tercero se presenta un análisis comparativo de los tres tipos de alcaldesas con el fin de destacar sus características y los espacios de oportunidad para incrementar la participación política de las mujeres como cabezas de los gobiernos municipales.

La paridad de género y el perfil de las alcaldesas de Centroamérica

La paridad de género, como perspectiva que propone medidas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es el enfoque desde el cual se analiza la participación política de las mujeres como alcaldesas en los municipios de Centroamérica. El concepto se utiliza para analizar los diferentes factores que impiden la competencia equilibrada entre géneros en los ámbitos educativos, económicos, sociales y políticos; entre los obstáculos se destacan tres dimensiones: 1) estructurales, referidas a las desigualdades de género producidas en el mercado laboral, niveles educativos o brechas de ingreso; 2) culturales o ideológicas, referidas a las creencias sobre el rol de la mujer en la sociedad y sus efectos en la capacidad, interés y oportunidad para acceder al poder político, y 3) las políticas institucionales, vinculadas a las instituciones que rigen el comportamiento político, como las normas del sistema electoral o de partidos políticos ^{(Ríos, 2008)}. Dicho contexto de limitaciones y prácticas discriminatorias hacia las mujeres ha provocado el surgimiento del enfoque de paridad de género, que en términos generales:

busca que mujeres y hombres participen en igualdad de condiciones en todas las actividades de la sociedad, especialmente en cargos públicos. La paridad implica que ningún género tenga más de 40 % de los cargos o, en su versión más radical, establece una distribución de 50 % a 50 %. Asimismo, constituye una fórmula que busca superar la idea de una “ciudadanía neutra” a través de la proporcionalidad equitativa de mujeres y hombres en todos los órganos de decisión y representación pública ^{(Medina, 2010, pp. 27-28)}.

El principio de paridad de género engloba, entonces, todas las políticas, medidas legales y acciones que tienen el propósito de alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En el ámbito político se plantea garantizar la postulación y el acceso de las mujeres a todos los cargos de gobierno y parlamentarios, ampliar los espacios de participación pública y mejorar la representación en la actividad pública. El objetivo es desterrar las prácticas de discriminación de que son objeto, superar los prejuicios sociales y culturales que varones, instituciones y sociedad les imponen y eliminar las “barreras” reales e imaginarias que impiden alcanzar la igualdad sustantiva; es decir, romper el llamado techo de cristal, concepto que hace referencia a:

Las barreras invisibles o veladas que limitan e impiden a las mujeres el ascenso a niveles jerárquicos superiores dentro de organizaciones o la disposición de ingresos más igualitarios respecto a sus pares masculinos: un juego de palabras para ilustrar cómo pese a estar involucradas en los espacios productivos y siendo actoras importantes dentro de la actividad económica, existirían elementos invisibles —vinculados a la construcción de género— que impiden que puedan tener una participación o reconocimiento equitativo y similar al de sus pares masculinos ^{(Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, 2019, p. 7)}.

En el ámbito político las cuotas de género se han constituido como el principal mecanismo para que las mujeres ganen espacios de inclusión en el sistema político, con lo cual se ha logrado mejorar ligeramente su representación política en las distintas esferas de gobierno. Sin embargo, se debe subrayar que el avance de empoderamiento de las mujeres será limitado si no ejercitan la participación política, concepto este en el cual se engloban todas las acciones y conductas que apuntan a influir en las decisiones públicas y que varían en grado de intervención. Comprende acciones como: votar, asistir a un mitin o asamblea, estar afiliado a un partido político, influir sobre otras personas sobre preferencia política, ser postulado como candidato o candidata a un cargo de elección o tener un cargo público o de partido ^{(Pasquino, 2004)}.

En el ámbito de la participación política de las mujeres como alcaldesas en Centroamérica es importante considerar el impacto de las cuotas de género y el análisis de las causas que limitan su inclusión como candidatas, pero es igual de importante revisar si su perfil profesional y político tiene relación con su postulación al cargo, es decir, explicar si su hoja de vida, su trayectoria social y política y sus características personales influyen en la obtención del cargo. El perfil de las candidatas comprende; datos personales, características sociales y culturales, condiciones de vida, origen político, desempeño laboral, profesión, trayectoria social o comunitaria y redes sociales ^{(Massolo, 2007)}; dichos rasgos son relevantes porque ayudan a entender qué elementos personales y profesionales de las mujeres evalúan los partidos políticos para postularlas como candidatas, y qué aspectos toma en cuenta la ciudadanía para otorgarles o negarles su voto en su camino para alcanzar el cargo.

Cabe señalar que el alcalde o alcaldesa es quien dirige el aparato burocrático administrativo de la comunidad y encabeza el Consejo Municipal, por ello es la figura política de mayor jerarquía en los municipios y representa el icono político más importante en el ámbito local. Administrativamente, el o la titular de la alcaldía es responsable de la dirección, planeación, organización y materialización de las decisiones que satisfacen las demandas de la población gobernada; políticamente, es líder, coordinador(a), gestor(a) y representante de los asuntos municipales de cara a alcanzar el mayor bienestar para la comunidad. Electoralmente es el cargo público que más atrae a la ciudadanía por ser la autoridad pública más cercana y porque consideran que es quien se encargará de atender y satisfacer sus necesidades inmediatas, como servicios públicos, educación, empleo, salud y seguridad.

Los gobiernos municipales en Centroamérica recaen en un Consejo que está integrado por un alcalde o alcaldesa, uno(a) o dos vicealcaldes(as) o síndicos(as), y un número variable de regidores(as) o concejales(as). Las decisiones sobre el rumbo que sigue la administración pública municipal son tomadas en forma colegiada por el Consejo Municipal, el cual está encabezado y dirigido por un alcalde o alcaldesa, quien es electo(a) por mayoría relativa para ejercer durante un periodo establecido y en muchas ocasiones con posibilidad de reelección. Las alcaldías se eligen, al mismo tiempo que los miembros del Consejo Municipal, mediante el sistema de “planillas” y se renuevan, en su totalidad, el mismo año en que ocurre la elección. En Belice, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, las elecciones son cada tres años, en Honduras y Costa Rica cada cuatro y en Panamá cada cinco. La cantidad de municipios (distritos o cantones) son: nueve en Belice, 81 en Panamá, 82 en Costa Rica, 153 en Nicaragua, 262 en El Salvador, 298 en Honduras y 340 en Guatemala.

Las elecciones municipales recientes en las que se eligió a los(as) alcaldes(sas) y miembros de los consejos municipales, se realizaron en Honduras y Nicaragua en 2017, en Belice y El Salvador en 2018, en Guatemala y Panamá en 2019 y en Costa Rica en 2020. Los países que cuentan con sistema de cuotas de género son: Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Honduras, del 50 % y El Salvador de un

30 %, mientras en Belice y Guatemala no existe tal sistema (Comisión Interamericana de Mujeres, 2016). El dato es relevador porque parece haber una estrecha relación entre representación política femenina e implementación de cuotas de género; en Nicaragua resultaron electas 65 mujeres (42.5 %), doce en Panamá (14.8 %), nueve en Costa Rica (11 %), 28 en El Salvador (10.7 %), 23 en Honduras (7.7 %), once en Guatemala (3.2 %) y ninguna en Belice. Los resultados electorales recientes revelan que no se ha logrado incrementar la representación política de las mujeres debido, entre otros factores, a la ausencia o baja efectividad de la aplicación de las cuotas de género, ya que las prácticas de simulación y los resquicios normativos en las leyes electorales y de partidos políticos limitan la inclusión de las mujeres como candidatas a alcaldías y, por tanto, determinan su baja participación política ^{(Cedillo, 2021)}.

Se ha confirmado que, en Centroamérica, para los cargos de este tipo la representación de la mujer se ubica en el umbral del 12 % y que, salvo en el caso de Nicaragua, los países de la región no logran rebasar lo que el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe llama la “barrera” para municipios encabezados por una mujer en América Latina, que es del 30 % ^{(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013)}. Los partidos políticos de la región aún tienden a privilegiar candidatos masculinos como cabeza de planilla, cumplen las cuotas electorales colocando a mujeres en segundo lugar en las planillas municipales o las incluyen como suplentes, por lo que “el número de alcaldesas progresa lentamente, o se estanca, en alrededor de 10 %-15 %” ^{(Romero, 2016, p. 14).} En dicho contexto se han hecho evidentes distintas formas de violencia política en contra de las mujeres, violentando sus derechos para ser postuladas como candidatas y limitando su representación política en los gobiernos municipales (^{Krook, 2017}; ^{Torres, 2018}).

Sin embargo, más allá del número de alcaldesas en Centroamérica, resulta de interés definir su perfil sin estereotipos valorativos de superioridad o inferioridad, sino con base en criterios e indicadores que hagan referencia a sus cualidades profesionales, políticas y personales para ocupar el cargo. La propuesta para definir los perfiles de las alcaldesas tiene como base un estudio elaborado para el caso mexicano¹ por ^{ONU Mujeres (2018)}, complementada con indicadores característicos del contexto centroamericano, región que emerge de una etapa de guerras civiles y experiencias autoritarias, en donde destaca el rol desarrollado por las mujeres en los espacios público y privado ^{(Herrera, 2010)}, como el salto de la participación social y comunitaria a ser potenciales candidatas ^{(Tello, 2009)}, y aspectos como la experiencia política, la reelección, los vínculos familiares de poder y el prestigio académico y profesional para ocupar la alcaldía ^{(Massolo, 2007}; ^{Tello, 2009)}.

Con base en los indicadores planteados en los estudios mencionados, además de las características destacadas de las mujeres en el contexto social y político de Centroamérica, se proponen tres tipos de perfiles para alcaldesas en los que se destaca la formación académica y profesional, la experiencia burocrática, política o social de su trayectoria, las redes de poder y la reelección en el cargo. Los perfiles son:

1) alcaldesas experimentadas, 2) alcaldesas con poca experiencia y 3) alcaldesas ciudadanas.

Entre los perfiles de alcaldesas se incluye este último, el de “ciudadana”, por la particularidad del contexto centroamericano, debido a que en la etapa de posguerra civil en El Salvador, Guatemala y Nicaragua las mujeres destacan más por su labor social y comunitaria que por ser profesionistas; de igual forma, se utiliza la reelección como indicador clave, porque en los países de la región es una práctica frecuente. Con estos perfiles de alcaldesas no se busca establecer las condiciones que deben reunir las mujeres que aspiran al cargo, sino solo destacar las cualidades personales, profesionales y políticas que revelan su formación y trayectoria, de tal forma que ningún perfil es mejor que otro, sino que cada alcaldesa posee rasgos distintivos de empoderamiento.

Análisis descriptivo del perfil de las alcaldesas de Centroamérica

Con el objetivo de superar una visión meramente cuantitativa de la representación política de las mujeres en Centroamérica e ir más allá del número y su porcentaje, a continuación se presenta un análisis descriptivo del perfil de las alcaldesas de la región. Los perfiles especificados se refieren a la cualidad de las mujeres en el cargo, electas, salvo en el caso de Belice, entre los años 2017 y 2020; el análisis permite ubicar a las alcaldesas en cada país como experimentadas, poco experimentadas o ciudadanas, en virtud de su actividad profesional, su recorrido burocrático y su experiencia municipal, además de destacar rasgos particulares como la reelección, los vínculos familiares de poder y la trascendencia política en el ámbito local o nacional. La presentación se efectuará con base en el porcentaje de representación femenina: primero en el caso de Belice, luego Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, y al final Nicaragua, que presenta el mayor número de casos.

Belice

En las elecciones municipales en Belice de 2018 ninguna mujer resultó electa en las alcaldías; sin embargo, este país sí ha contado con participación femenina, incluso en el periodo 2006-2012 las mujeres alcanzaron el 22.2 % de representación política para alcaldías ^{(Palacio, 2009)}. A fin de establecer el perfil de las alcaldesas se revisaron los casos de: Sylvia Sarita Flores Ávila, Elsa Paz y Zenaida Victoria Moya. El análisis de trayectorias indica que Silvia Flores Ávila es experimentada, pues, además de ser profesionista, con estudios en Economía y Ciencias Políticas, ganó el cargo de alcaldesa en dos ocasiones, fue diputada y senadora y ocupó la cartera de ministra de Desarrollo Humano y Mujeres ^{(Caribbean Election, 2020}; ^{González, 2019)}. Zenaida Victoria Maya, administradora de empresas, también es experimentada porque fue dos veces alcaldesa y, aunque desarrolló su trayectoria en organizaciones sindicales y cooperativas, laboró en el Ministerio de Desarrollo Económico ^{(Palacio, 2009)}. Elsa Paz, por su parte, es experimentada por haber sido alcaldesa en tres ocasiones, pero también tiene perfil ciudadano ya que realizó trabajo social y comunitario, además de desempeñarse en cargos de la burocracia local (ver Tabla 1).

Guatemala

La representación política de las mujeres en las alcaldías de Guatemala, en 2019, fue de once de 340 municipios (el 3.2 %); su filiación partidista se distribuyó así: cuatro de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dos de Unión Cambio Nacional (UCN), dos de Podemos y una de los partidos Todos, Valor y Vamos ^{(Quinteja, 2020}; ^{Sánchez, 2019)}. En este país, el número de alcaldesas poco experimentadas es mayor, a pesar de que siete de las once alcaldesas cuentan con estudios de licenciatura, y ejercen profesiones en los campos de educación, contaduría, trabajo social y medicina; el factor que determina esto es el bajo número de mujeres que repiten en el cargo, solo cuatro. Lo que caracteriza a las alcaldesas es haber ocupado con anterioridad algún cargo burocrático o partidista ^{(Ramos, 2019)}: Alicia Méndez en la Asociación Brazos Amorosos; Dora Aldina Pérez, coordinadora del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ); Floridalma Morales, promotora de participación ciudadana; Mayra Elizabeth Palencia, candidata a la alcaldía en 2015, y Mirna Vargas, concejala propietaria y candidata, perdedora, a la alcaldía de Estanzuela (ver Tabla 2).

Cuatro de las alcaldesas electas en Guatemala cuentan con alguna experiencia política o administrativa, tienen cierto arraigo con su comunidad y han sido refrendadas en las urnas por más de una ocasión; dos han sido reelectas por un periodo consecutivo, una ganó en cuatro ocasiones (Olga Barrios) y otra en cinco (Edilma Navarijo). Un dato sobresaliente es la pertenencia a una familia de poder: Alicia Méndez es hija del expresidente Julio César Méndez (1966-1970) y Edilma Navarijo tiene un hijo alcalde y una hija diputada. Por otro lado, solo dos alcaldesas electas son “ciudadanas”; ambas ya habían sido candidatas en 2015, reconocidas principalmente por su trabajo con la comunidad: Aura Marina Orantes destaca por su labor social y religiosa, mientras que Irma Elizabeth Ávila realiza labor en la comunidad como empresaria y emprendedora.

El Salvador

En las elecciones de 2018 en El Salvador fueron electas 28 mujeres, el 10.7 % del total, de las cuales 20 participan en los tres principales partidos políticos: quince en Arena, cinco en GANA y cinco en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En cuanto al nivel de estudios, 20 de ellas cuentan con estudios profesionales (el 71.4 %), una tiene posgrado (Victoria Hernández) y otra es pasante en Ciencias Sociales; son abogadas, médicas, maestras y egresadas de carreras administrativas (contaduría, mercadeo y relaciones públicas). No puede establecerse una clara asociación entre nivel de estudios y experiencia político-administrativa en el cargo, pues varias de las profesionistas no tienen trayectoria pública, e incluso algunas solo realizan trabajo profesional o comunitario como, por ejemplo, las doctoras Loida Eunice Loza y Yanira Beatriz Guevara, o quienes se dedican a la educación, Hilda María Velásquez y Victoria Magdalena Hernández. En una situación diferente se encuentran Marvin Morena y Pedrina Rivera, que no son profesionistas pero sí tienen mucha experiencia política (ver Tabla 3)

En El Salvador hay cierto equilibrio entre alcaldesas experimentadas, poco experimentadas y ciudadanas debido, entre otros factores, al incipiente proceso de construcción democrática; se registra una mediana incidencia de reelección, y varias mujeres electas cuentan con fuertes vínculos con familias de poder. Respecto a reelección, destacan Zoila Milagro Navas y Leticia de Jesús Hernández, quienes ganaron en once ocasiones, lo que representa que permanecieron más de tres décadas como cabezas de gobierno municipal. También destacan: Marvin Morena Martell (ganaron en ocho ocasiones), Janet Rivera y Ana Luisa Rodríguez (en cinco ocasiones), Elsa Antonia Guevara y Pedrina Rivera (en tres), e Imelda Maribel Rodríguez y Trinidad Josefina Rivas (en dos). En cuanto a vínculos políticos, que confirman la idea de que los vínculos familiares de poder son causa de oportunidad política, sobresale Carmen Elena Calderón, hermana del expresidente Armando Calderón Sol, y Blanca Maribel Solana de Sosa, emergente luego del asesinato de su esposo, otrora candidato en Salcoatitán.

Honduras

En las elecciones de 2017 en Honduras fueron electas 23 mujeres, que representan el 7.7 % del total. El mayor número de alcaldesas son del Partido Nacional (PN), seguido del Partido Liberal (PL) y del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). El perfil de alcaldesas que sobresale es el de las experimentadas, un 65 %, determinado por el alto índice de profesionistas, por la práctica de reelección y porque registran amplia experiencia político-administrativa; doce cuentan con estudios mínimos de licenciatura —destacan las abogadas, administradoras, contadoras y profesoras—, aunque también hay una ingeniera y una arquitecta; quince de ellas ya habían ocupado el cargo en dos o tres ocasiones. Por otro lado, hay un importante número de alcaldesas ciudadanas, quienes contaban con una trayectoria más social que política y solo habían realizado actividad partidista en forma esporádica o habían participado en el Consejo Municipal, como Juana Aracely Pavón, que había sido regidora municipal en Potrerillos. Las alcaldesas con poca experiencia solo son tres, quienes fueron postuladas por sus nexos partidistas o por haber ocupado un cargo en el Consejo Municipal (ver Tabla 4).

Un aspecto por destacar es que cuatro alcaldesas de Honduras cuentan con vínculos de parentesco con algún líder político, rasgo que genera mayor espacio de oportunidad para ser candidatas, ya que son atractivas electoralmente. Se puede mencionar a Miriam Lizet López, hermana de la alcaldesa saliente Iveth Geraldine López Gáleas; a Carmen Idalmi Campos, quien era esposa del alcalde asesinado, en 2015, Santiago Mejía Díaz; a Diana Patricia Urbina Soto, hermana de Arnaldo Urbina, exalcalde de Yoro (2010-2013), y a Gina Yabilet Bonilla Robles, hermana del alcalde fallecido en 2017, Edam Antonio Bonilla Robles. Se puede afirmar que en Honduras el peso del parentesco político es un factor que influye en la postulación de las candidaturas partidistas.

En Honduras, como en Guatemala y El Salvador, algunas mujeres han sido postuladas o sustituidas como candidatas debido al vínculo con algún familiar varón. Al respecto, valga recordar la práctica de sustitución de mujeres candidatas por algún familiar varón (esposo, hermano o hijo) en México, conocida como “las Juanitas”, medio utilizado para burlar la aplicación de cuotas de género (^{Cedillo, 2016}). El término se aplica para hacer referencia a la práctica de postulación de mujeres, que después renuncian a su cargo para ceder el lugar a los varones, por acuerdo y como respuesta a los intereses de los dirigentes de los partidos políticos ^{(Rodríguez, Arriaga y Ángeles, 2013)}. La experiencia de participación de las mujeres como candidatas en Centroamérica, como se observa, también registra casos de conveniencia política por parentesco.

Costa Rica

En Costa Rica, país que ha impulsado decididamente la participación política de las mujeres, en las elecciones de 2020 solo fueron electas nueve alcaldesas en los 82 municipios (el 11 %). Cinco de ellas son del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tres del Partido Liberal Nacionalista (PLN) y una del partido Palmares Primero. De las siete provincias, en Alajuela se alzaron con el triunfo tres candidatas; dos en San José; una en Cartago, Heredia, Guanacaste y Puntarenas, y en Limón ninguna mujer fue electa (Artavia y Arias, 2020). Un rasgo que destaca en el contexto centroamericano es que casi todas las alcaldesas cuentan con una profesión; de las ocho con estudios de licenciatura, cinco se dedicaban a la educación, una al servicio médico y tres provenían del área administrativa. Solo una contaba con un secretariado bachiller (ver Tabla 5).

Cinco alcaldesas electas en Costa Rica son experimentadas (55.5 %) por contar con amplia trayectoria política, en principio por haber sido reelectas en por lo menos en una ocasión. Entre ellas destaca Sandra Lissette Fernández, que en 2020 inició su tercer periodo de gobierno. Lo sobresaliente es que han ocupado varios cargos en el aparato burocrático nacional y local, en el Ministerio de Educación Pública o en el Sistema de Salud. Patricia Bolaños Murillo fue funcionaria partidista y coordinadora de campaña del PUSC y Ana Lorena Rovira trabajó como auxiliar de contabilidad y administradora tributaria en Tarrazú. Por otro lado, de las que tienen poca experiencia, dos se dedicaban a la labor docente, en donde tendieron lazos con la comunidad y con la actividad partidista; por ejemplo, Katerine Ramírez fue secretaria del partido local Palmares Primero, mientras que Eva Vásquez trabajó con instituciones educativas y realizaba labor social de forma permanente.

Panamá

En las elecciones distritales de 2019 para renovar los 81 consejos municipales, en Panamá, fueron electas como alcaldesas doce mujeres (el 14.8 %). Seis pertenecían al Partido Revolucionario Democrático (PRD), cinco a Cambio Democrático (CD) y una al Partido Popular (PP). En cuanto al nivel de estudios, diez contaban con estudios técnicos o profesionales, de las cuales dos tenían el grado de maestría (Paula María González y Vielka Gálvez). El mayor contraste con los otros países de la región es el bajo número de alcaldesas experimentadas y reelectas; solo Yesenia Romero había ocupado un cargo en el Ministerio de Obras Públicas, Paula María González había trabajado como notaria pública y asesora en el Tribunal Electoral, y Jannelle González Logreira fue la única alcaldesa que repitió en el cargo. No obstante, sí había un gran número de profesionistas, la mayoría se dedicaba a la docencia, y las demás a otras disciplinas: ingenieras, abogadas, contadoras, médicas o biólogas (ver Tabla 6).

Cabe señalar que la mayoría de alcaldesas electas en Panamá tiene un perfil de poca experiencia política o “ciudadana”, lo que se explica porque su actividad principal es la docencia, el trabajo administrativo o la labor social y comunitaria. La información indica una baja intervención en el aparato burocrático o en la estructura partidista; solo destacan en este aspecto Eneida Mendoza, quien formó parte del Frente Femenino del PRD, Magaly Glicel Ricord, que fue dirigente en Taboga, y Nicolasa Jiménez, que realizó trabajo político desde 2004. Se subraya la experiencia laboral como auxiliares o asistentes para empresas privadas o públicas.

Nicaragua

Las mujeres electas en Nicaragua en las elecciones de 2017 fueron 65 en los 153 municipios (el 42.5 %), por lo que se constituye en el país con mayor número y porcentaje de alcaldesas en Centroamérica, ello en un contexto político en donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es predominante, de ahí que solo la alcaldesa de Wiwilí de Jinotega, Reyna Esmeralda Hernández Mairena (después destituida), era del Partido Liberal Nacionalista (PLN). Un dato sobresaliente es que la mayoría de las alcaldesas (40) son experimentadas (el &1.5 %), cuentan con trayectoria como vicealcaldesas, concejalas o en la administración municipal, han sido reelectas en el cargo por dos o tres ocasiones. En cuanto al nivel de estudios, 42 tienen estudios profesionales, destacan las profesoras, abogadas, médicas, contadoras e ingenieras (ver tabla 7). Un rasgo distintivo en las alcaldesas de Nicaragua es el vínculo directo con la estructura partidista y de gobierno del FSLN que es, el factor de mayor oportunidad para ser candidatas; por ejemplo, Reyna Juanita Ramírez, quien ganó en Managua, la capital, esta fuertemente vinculada al secretario general del partido.

Las alcaldesas con poca experiencia, antes de ser postuladas, tenían un cargo administrativo en el municipio, habían sido vicealcaldesas o concejalas, o bien realizaban trabajo político para el partido en el gobierno. De las seis ciudadanas, destacan Consuelo de Jesús Rivera (de Mozonte) y Rose María Connighan (de Waspan), ambas con trabajo comunitario en territorios indígenas ^{(González, E., 2018)}. Entre las más experimentadas destacan Sandra Rosa Vásquez, Rosa Amelia Valle, Luz Amparo García, Bernarda Castillo, Clarissa Esmeralda Vivas, Thelma María Olivas, Eda Griselda Medina, Ana Clemencia Avalos y Gilma Victoria Canales, quienes asumieron sus cargos por tercera ocasión. Julia de la Cruz Rivera fue vicepresidenta y presidenta del Partido Liberal Independiente (PLI), diputada y dos veces alcaldesa de Granada. El impulso de políticas de igualdad de género del FSLN ^{(Mayoral, 2012)} ha propiciado mayor participación de las mujeres como alcaldesas, aunque ancladas a la estructura clientelar-populista del gobierno.

Comparativo sobre el perfil de las alcaldesas de Centroamérica

En el análisis sobre la experiencia y trayectoria política de las alcaldesas en Centroamérica encontramos que en cuatro países —Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica— predominan las alcaldesas experimentadas; en El Salvador hay un equilibrio entre los tres perfiles, mientras que en Guatemala y Panamá lo que despunta es el porcentaje de alcaldesas poco experimentadas. En cuanto a las ciudadanas, en Panamá y Belice representan un tercio del total; en Honduras son más las ciudadanas que las poco experimentadas, y en Nicaragua y Costa Rica apenas llegan al 10 % (ver Gráfica 1). Belice es el único país que no tiene alcaldesas poco experimentadas, lo cual es muy relativo debido al número reducido de casos analizados, solo tres.

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 1  Perfil de las alcaldesas municipales en Centroamérica 

En Belice y Honduras, un factor que determina la amplia trayectoria y experiencia de las alcaldesas es que han ocupado el cargo en más de una ocasión, incluso en algunos casos hasta tres veces seguidas; en Nicaragua es notorio que, además de haber sido alcaldesas, vicealcaldesas o concejalas, las mujeres electas cuentan con trabajo político-electoral y comunitario en el FSLN, mientras que en Costa Rica es el trabajo como profesionistas (profesoras, contadoras o médicas), además de participar en cargos burocráticos dentro de la estructura estatal, lo que las distingue. En El Salvador, el universo se divide en tres tercios: experimentadas (39 %), con poca experiencia (36 %) y ciudadanas (25 %), debido al importante número de alcaldesas que se ocupaban en actividades profesionales y en organizaciones sociales o comunitarias; en Guatemala y Panamá, por su parte, la poca experiencia de las alcaldesas se debe, principalmente, a que influye en su postulación la actividad profesional, social y comunitaria, más que el trabajo partidista o en la burocracia municipal.

Los indicadores que permiten diferenciar los tipos de perfiles políticos de las alcaldesas son cuatro: 1) el grado de adhesión al partido político; 2) la trayectoria social o política; 3) los vínculos de poder establecidos, y 4) la posibilidad de reelección. Los criterios de diferenciación son:

De esta forma, como se registra en la Tabla 8, las alcaldesas experimentadas suelen ser dirigentes de sus partidos políticos, cuentan con amplia trayectoria profesional, política y burocrática, pertenecen a familias o grupos de poder y frecuentemente son reelectas. Las poco experimentadas son militantes en los partidos políticos, realizan trabajo de organización y propaganda política, están vinculadas a dirigentes partidistas y es poco frecuente su reelección. Las ciudadanas, finalmente, suelen no estar afiliadas a los partidos políticos, aunque simpatizan con alguno, se caracterizan por su labor social, gremial o comunitaria, a la que están fuertemente vinculadas, y su posibilidad de mantenerse en el cargo es excepcional

Una de las áreas de oportunidad para que las mujeres participen en la política como alcaldesas sigue siendo a través de los partidos políticos. Como refiere María José Cascante:

A nivel local los partidos políticos continúan teniendo un monopolio de la competencia por las elecciones locales. Con tres excepciones importantes en Honduras y en Panamá donde se permiten las candidaturas independientes y en Guatemala donde se permite la competencia de comités cívicos electorales […], en el resto de los países los partidos dominan la competencia ^{(Cascante, 2018, p. 18)}.

Ello revela mayor dificultad para las alcaldesas ciudadanas y mejores perspectivas para las experimentadas, máxime en regímenes políticos con estructuras político-clientelares.

En cuanto a la preparación académica y la experiencia profesional, destaca el porcentaje elevado de profesionistas que ocupan el cargo, principalmente del área social-administrativa (abogadas, maestras y contadoras), pero también del área de la salud y disciplinas técnicas (médicas, ingenieras o biólogas). La mayor cantidad de profesionistas se encuentra en Costa Rica, seguido de Panamá; en ambos países sobresalen las profesoras, quienes dejaron las aulas para ocupar la oficina principal en la alcaldía, así como las especialistas en salud y contadoras. En Nicaragua y El Salvador se reportó un número importante de profesionistas, lo cual se explica porque el FSLN, ARENA y el FMLN han sabido captar a profesionistas de distintas áreas en su estructura clientelar-partidista. En Belice y Guatemala, países con menor porcentaje de alcaldesas, participan un número reducido de maestras, administradoras y contadoras. La actividad profesional parece estar asociada con la postulación al cargo de la alcaldía municipal.

La capacidad de las mujeres para establecer vínculos tempranos con los grupos de poder, por motivos de parentesco, de amistad, laboral o social, es una opción viable para que ellas puedan alcanzar un mayor empoderamiento. Formar parte de las redes de poder en los países centroamericanos es un plus para que las mujeres puedan ser consideradas, en igualdad de oportunidad que los varones, para encabezar los gobiernos municipales; pero no solo a través de los lazos con familias de poder con grupos o líderes políticos, sino también con organizaciones sociales, gremiales o comunales, que de igual modo aportan el capital social para asumir una candidatura y ocupar el cargo. Sin embargo, también se debe avanzar en superar la dependencia de las mujeres con los vínculos de parentesco, principalmente con varones, ya que en muchas ocasiones su postulación o sustitución, como en el caso de “las Juanitas” en México, representa un obstáculo para romper el techo de cristal imperante en nuestros países y acentúa el problema de la violencia política en contra de las mujeres.

La reelección, finalmente, como medio reconocido para evaluar el desempeño de quienes se dedican a la función pública, es un ejercicio electoral a través del cual la ciudadanía, mediante su voto, ratifica o retira el apoyo al alcalde o alcaldesa; es un mecanismo electoral muy generalizado en las elecciones de Centroamérica y muy poco desarrollado en otros países, como México, en donde su implementación es reciente (desde 2014). El índice elevado de mujeres que han repetido en el cargo en Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica es un indicador de la buena valoración ciudadana sobre el desempeño de las alcaldesas; cabe señalar que en algunos casos han gobernado sus municipios hasta por once ocasiones (ver Gráfica 2). Salvo el caso de Panamá, que tiene poca frecuencia de mujeres reelectas, las alcaldesas en Centroamérica suelen estar bien calificadas para repetir en el cargo, lo que indica que, a pesar del bajo porcentaje de representación política que tienen las mujeres en el principal cargo municipal, hay una buena percepción sobre su desempeño público.

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2  Reelección de las alcaldesas municipales en Centroamérica 

Conclusiones

La participación política de las mujeres como alcaldesas en Centroamerica registra todavía un bajo nivel de representación en los gobiernos locales, por ello, la discusión se ha centrado en los factores institucionales (cuotas de género), económicos (desigualdad de oportunidades) y culturales (aspectos subjetivos) que imposibilitan alcanzar la equidad entre hombres y mujeres. De igual forma, son evidentes las diferentes formas de violencia política de género y la falta de información sobre las mujeres que ocupan cargos de alcaldesas, como se constató al tratar de encontrar datos sobre sus hojas de vida, tipo de profesión y trayectoria social y política que permitieran delinear su perfil, congruente con el contexto gubernativo de Centroamérica, región caracterizada por la presencia de países en proceso de reconstrucción democratica, fortalecimiento institucional, reconfiguración del sistema de partidos y cimentación ciudadana.

El análisis de la situación y las circunstancias que viven las mujeres en Centroamérica, como profesionistas, activistas o ciudadanas; como dirigentes, militantes o simpatizantes partidistas; con vínculos familiares, políticos o sociales; con trabajo electoral, burocrático o comunitario; con mucha, poca o ninguna experiencia en tareas de gobierno, permitió definir tres tipos de perfiles: las experimentadas, poco experimentadas y ciudadanas. Se encontró que las experimentadas desarrollan actividades profesionales, cargos de dirección partidista y burocrática, cuentan con vínculos familiares de poder y son proclives a la reelección; las poco experimentadas tienen como rasgos distintivos la labor partidista y ocupar cargos en consejos municipales y en el gobierno local, mientras que las ciudadanas registran una trayectoria de trabajo comunitario, prestigio social y gestión de servicios.

Las alcaldesas en Centroamerica han sabido aprovechar los reducidos espacios de oportunidad para acceder al más alto cargo municipal, por lo que han procurado, cada vez más, relacionar la actividad profesional con la política, enrolarse en actividades partidistas, laborar en el servicio público municipal, postularse a cargos de elección, insertarse en redes de poder y beneficiarse de su experiencia en gestión, trabajo social y comunitario, todo lo cual les sirve para ganarse el voto ciudadano. En algunos casos es más relevante: la militancia partidista, como en Nicaragua, El Salvador y Guatemala; la actividad profesional, como en Costa Rica; el trabajo social y comunitario, como en Panamá, o la reelección consecutiva, como en Belice y Honduras.

El perfil de “alcaldesa ciudadana”, que sintetiza la forma de participación de las mujeres en el ámbito municipal centroamericano, es pertinente porque recoge la experiencia de vida comunitaria y de labor social que realizan como resultado de varias décadas de guerra civil (Guatemala, el Salvador y Nicaragua) o de un incipiente establecimiento democrático (Honduras y Panamá). Esto teóricamente ayuda a comprender que, en cuanto a la participación política de las mujeres como alcaldesas, es necesario considerar, además de la trayectoria profesional y política, la praxis social y comunitaria. Otro factor relevante para entender la postulación de mujeres es la militancia partidista, sobre todo por la proliferación de partidos clientelares que controlan los espacios públicos a nivel local, sea del FSLN de Nicaragua, el FMLN y ARENA en El Salvador o el PLN y PAC en Costa Rica, por mencionar algunos.

En cuanto a los indicadores sobre el perfil de las alcaldesas en Centroamérica, destaca la reelección como factor principal para conocer la evaluación ciudadana sobre el desempeño de las mujeres en el cargo, sobre todo porque es una práctica común en la región. Es claro que los indicadores propuestos para definir el perfil profesional y político de las alcaldesas permiten acercarnos a la realidad política de las mujeres en la región, pero es importante reconocer que la complejidad centroamericana obliga a mejorar los esquemas de interpretación política; de igual forma, demanda que las instituciones gubernamentales, electorales, partidos políticos y candidatas mejoren los canales de información que permitan conocer mejor quiénes son las alcaldesas en nuestra América.