Introducción

La historia de los países de Centroamérica ha tenido importantes puntos en común, alcanzaron su independencia juntos y también juntos lucharon por la unidad centroamericana. Luego Costa Rica ha mostrado ciertas especificidades que lo alejan del resto de los países de la región, pero El Salvador, Guatemala y Nicaragua siguieron mostrando importantes puntos en común, sincronías y efectos de contagio en sus guerras, procesos de paz y liberalización política. Adicionalmente estos tres países comparten en la contemporaneidad la pobreza generalizada, desigualdad, sistemas políticos deficientes y Estados débiles. Sin embargo, también se encuentran algunas diferencias históricas y contemporáneas que son significativas para entender sus actuales sistemas políticos.

El objetivo de la investigación es analizar la formación y contemporaneidad del clivaje derechas/izquierdas en los sistemas políticos centroamericanos de posguerra, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. La metodología a utilizar es el Análisis Histórico Comparado (AHC), ya que el rastreo inductivo de contextos amplios y la descomposición secuencial de la narrativa histórica densa nos permite inferir los eventos claves y sus configuraciones causales con un peso explicativo mayor. La hipótesis guía del estudio es que el clivaje derechas/izquierdas, su constitución y su expresión contemporánea son fundamentales para entender la pluralidad política y la calidad democrática en general en los sistemas políticos centroamericanos de posguerra.

Para cumplir con el objetivo el artículo se presenta en tres partes, en Intersticios de guerra y política se caracterizan los fundamentos del clivaje contemporáneo derechas/izquierdas, su imposibilidad para expresarse en forma política, su continua expresión violenta y sus principales actores, en Paz y liberalización política se analizan las transiciones hacia la paz y la democracia, sus limitaciones, su temporalidad y la transformaciones de los actores de la guerra en actores políticos, y finalmente en Pluralidad ideológica y democrática: la negada, la ausente y la defectuosa, se comparan las ofertas programáticas institucionales democráticas, y cómo su presencia o ausencia define la vida política y la calidad democrática de El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Intersticios de guerra y política

Como advierte ^{Torres-Rivas (2015: 132-133)}, la visión regional de las guerras civiles centroamericanas no puede ignorar el carácter esencialmente nacional de cada conflicto y las formas particulares de constituirse. En los tres países los orígenes son de larga data, su coetaneidad es esencialmente diversa y con tiempos de crisis distintos. En El Salvador se puede fechar su inicio después de la insurrección y La Matanza campesina de 1932, momento en la cual la oligarquía cafetalera cedió el poder al Ejército; en Nicaragua desde 1937, cuando la intervención militar estadounidense se prolongó en la dictadura sultánica de los Somoza, y en Guatemala, a partir de la experiencia nacional-revolucionaria arbencista de la Revolución de Octubre de 1944. Desde este momento el régimen y el Estado estuvieron definidos como un poder contrarrevolucionario ^{(Torres-Rivas 2015}; ^{Torres-Rivas 1981a)}.

Desde estos momentos se fundaron las bases para que los regímenes políticos estuvieran dominados por la violencia y la guerra, por los conflictos intra-oligárquicos y militares, por la exclusión de la mayoría de la población de la esfera política y de los beneficios materiales, y en algunos momentos con gobiernos civilistas, pero sólo de fachada, en Guatemala y en El Salvador, y del sultanismo familiar y militar de los Somoza y de su Guardia Nacional en Nicaragua.

En El Salvador, La Matanza de 1932, como es conocida la represión que sufrieron los campesinos que se levantaron luego del golpe de Estado que derrocó a Arturo Araujo, quien ganó las elecciones presidenciales de 1931, ya anunciaba la crisis que iba a sobrevenir en la década de 1970.

En El Salvador desde esta fecha hasta la década de 1970 la oligarquía y los militares se aliaron para dominar el país. En la década de 1960 emergió y le fue permitida la competencia al reformista Partido Demócrata Cristiano, pero cuando en la década de 1970 representó una verdadera amenaza al poder tuvo como respuesta la represión. Las pugnas intra-oligárquicas aparecieron relativamente de forma tardía, ya que la burguesía era pequeña en tamaño y estaba bajo la hegemonía indisputada de los cafetaleros, pero en la década de 1960 las disputas se hicieron presentes. La década de 1970 comenzó con la guerra entre El Salvador y Honduras en 1969, una crisis económica y el regreso de miles de migrantes salvadoreños que se encontraban en Honduras. En 1972, obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales el jefe del Partido Demócrata Cristiano, José Napoleón Duarte, pero es desconocida por la alianza oligárquico-militar. En 1979 con un marco que indicaba la inmediatez de una guerra civil, donde cada vez había más movilización popular como represión autoritaria, se dio un golpe de Estado y se intentó instaurar un gobierno plural con vocación reformista, pero este esfuerzo fue infructuoso ^{(Torres-Rivas 1981a}; ^{Halperin 2005}; ^{Turcios 1997}; ^{Krennerich 2005a}; ^{)Wood 2005}.

Este es un claro ejemplo de la batería de recursos que utilizaron las fuerzas conservadoras para mantenerse en el poder. También queda en evidencia la imposibilidad de realizar cambios socioeconómicos y políticos de forma pacífica y democrática, o al menos propiamente políticas, sin violencia. La llamada Unión Nacional Opositora (UNO) liderada por el Partido Demócrata Cristiano fue un actor de izquierda moderada, reformista, que surgió como alternativa frente al terror de la derecha y la revolución de la izquierda.

En Nicaragua, Anastasio Somoza García, jefe de la Guardia Nacional creada por Estados Unidos, asumió la presidencia en 1937. Con la llegada de Anastasio Somoza García a la presidencia comenzó un periodo de cuarenta y tres años que incluyó las administraciones de sus hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle. Un régimen sostenido principalmente por los militares y por el apoyo de los Estados Unidos. Se redactaron y reformaron constituciones pero éstas sólo fueron fachadas, existieron elecciones pero sólo los partidos permitidos por los Somoza pudieron participar, los de izquierda tuvieron prohibida la competencia. Somoza controló la economía del país como su finca, su grupo económico se constituyó como el más importante de Centroamérica con la producción de más del 30% del PIB nacional, también respondió a los intereses de los sectores agrícolas y comerciales, ofreciéndoles orden y estabilidad. Ya en la década de 1970, debido a los masivos fraudes electorales, a la corrupción especialmente evidenciada con el manejo de la ayuda internacional para el terremoto de Managua de 1972, y al aumento de la brutal represión (incluido el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro), los Somoza fueron perdiendo el apoyo de la oligarquía y de Estados Unidos, y los sectores populares se fueron radicalizando ^{(Torres-Rivas 1997}; ^{Torres-Rivas 1981a}; ^{Rocha 2010}; ^{Krennerich 2005b}; ^{Halperin 2005}; ^{Montobbio 2011)}.

Dentro de las distintas experiencias nacionales se puede encontrar que el rasgo más distintivo de estos regímenes es el uso de la violencia como instrumento principal de poder. El asesinato fue recurrente e incluyó a los dirigentes más notables de oposición, desde Pedro Joaquín Chamorro, periodista y director del diario La prensa, crítico de los Somoza, asesinado en 1978, hasta el arzobispo de San Salvador y defensor de los derechos humanos, Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado en 1980 mientras ofrecía una misa.

En Guatemala, la Revolución de Octubre de 1944, un proyecto prematuro de desarrollo bajo el control nacional y de modernización capitalista apoyado en una amplia movilización popular, obrera y campesina, dio paso a una administración reformista con Juan José Arévalo, primer presidente electo popularmente en el país en 1944 y que por primera vez permitió actuar libremente a las organizaciones de trabajadores y campesinos, introdujo la seguridad social. Luego le sucedió Jacobo Árbenz en 1951 con una ofensiva nacionalista y revolucionaria que incluyó la intensificación de las reformas sociales, como la Ley de Reforma Agraria que entregó tierras a más de 100 000 campesinos, incluyendo las de la United Fruit Company; pero Arbenz fue derrotado y el movimiento popular, las organizaciones obreras y campesinas, vencidos por una confabulación norteamericana, patrocinada por la United Fruit Company y ejecutada por la CIA y el Ejército guatemalteco ^{(Torres-Rivas 1981a}; ^{Halperin 2005}; ^{Bendel y Krennerich 2005}; ^{Seligson 2005)}.

Las dictaduras militares se configurarán más nítidamente en El Salvador a partir del golpe del 25 de enero de 1961 cuando se produce la institucionalización definitiva del Ejército como ejecutor del poder del Estado; en Guatemala a raíz del golpe institucional del 30 de marzo de 1963, que impidió la elección de Juan José Arévalo y colocó en el centro del poder a las Fuerzas Armadas como institución, y en Nicaragua la estructura sultánica de los Somoza aseguró de antemano el control del poder con apoyo directo de la guardia pretoriana. Estos regímenes tuvieron como base el ejercicio sistemático de la represión y después de 1975 el abierto terror generalizado ^{(Torres-Rivas 2015)}.

En estos países, especialmente en Guatemala y El Salvador, la oligarquía, la élite terrateniente exportadora, cuya posición privilegiada se basó en la agricultura represiva laboral y en una asociación con las Fuerzas Armadas, fue muy débil. Por ello, el ejército, en alianza con la oligarquía terrateniente en un segundo plano, y con el apoyo financiero, logístico e ideológico de Estados Unidos, se convirtió en el elemento principal de una nueva burguesía más especulativa que productora, la cual se enriqueció mediante el bandidismo y mantuvo el orden con la sistemática represión. Se realizaron elecciones pero fueron fraudulentas, no se respetaron los derechos civiles y políticos, los actores de izquierda fueron excluidos ^{(Touraine 1989}; ^{Karl 1990}; ^{Bendel y Krennerich 2005)}.

Así pues, a diferencia de otras experiencias como las del Estado Burocrático Autoritario de los países del Cono Sur donde las capacidades del Estado se ampliaron como Estados desarrollistas, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua se sentaron las bases de un Estado débil, que adicionalmente es ineficaz, sin recursos, corrupto e ilegítimo.

Si bien durante la década de 1960 se presentaron expresiones de descontento social, éstas fueron violentas y esporádicas como las acciones populares estudiantiles de marzo y abril de 1962 en Guatemala, las acciones populares en defensa de los detenidos políticos y la movilización estudiantil de 1967 y 1969, encabezadas por Agüero y Pedro Joaquín Chamorro en Nicaragua, y la huelga general contra el general José María Lemus en El Salvador. Las fuerzas políticas institucionales y moderadas no tuvieron oportunidad real de llegar al poder. En general, durante la década de 1960 no hubo fuerza social capaz de articular una alternativa frente a los regímenes militares, las fuerzas populares abandonadas por sus antiguos líderes pasaron a la defensa pasiva. Es en este escenario donde los movimientos guerrilleros empezaron a tomar forma, y paralelamente, por el lado de las dictaduras, se consolidó la Doctrina de Contrainsurgencia, basada en las acciones represivas y en el terrorismo de Estado generalizado; se sistematizó la persecución y el Estado de guerra contra el movimiento sindical y campesino, los partidos de izquierda, las expresiones religiosas y culturales críticas y la sociedad en general, la coacción física fue el único método de dirimir la crisis social ^{(Torres-Rivas 1986}; ^{Torres-Rivas 1981b}; ^{Bendel y Krennerich 2005)}.

En las décadas de 1960 y 1970 hubo un crecimiento económico nunca antes alcanzado en la historia de la región, impulsado principalmente por el proceso de integración del Mercado Común Centroamericano, lo que provocó una significativa desigualdad económica en su población y una crisis inter-burguesa que derivó en una crisis de hegemonía. Este crecimiento económico también aceleró la expansión de la agricultura comercial, lo que alejó del campo a los pequeños agricultores y promovió el desarrollo industrial que trajo la expansión de la clase urbana trabajadora y de la clase media, configurándose amplios sectores que demandaron reformas. Las élites bloquearon todos los esfuerzos para reformar los sistemas socioeconómicos y la forma de ejercer el poder, una reforma agraria o liberalización política, impidiendo así cualquier desenlace moderado o pacífico. Adicionalmente, en la generalidad de América Latina el periodo luego de 1975 se caracterizó por un ascenso en las luchas populares, donde la movilización obrera y campesina definió mejor sus intereses y se radicalizó, haciendo del movimiento popular un movimiento autónomo ^{(Torres-Rivas 2015}; ^{Torres-Rivas 2001}; ^{Torres-Rivas 1986}; ^{Halperin 2005)}.

En este contexto, durante la década de 1970 surgieron en Centroamérica movimientos vinculados con organizaciones guerrilleras y grupos políticos militares que cuestionaron la situación y la forma autoritaria del Estado, los cuales encontraron un amplio apoyo popular.

A diferencia de las décadas anteriores, donde las fuerzas contrarias a los regímenes militares como el arevalismo en Guatemala, la Democracia Cristiana en El Salvador y los grupos socialcristianos y liberales en Nicaragua, vieron a los sectores populares como fuerzas auxiliares y tuvieron igual recelo por la revolución que por la represión militar; en esta década de 1970 el movimiento social fue popular y revolucionario, articuló a sectores diversos como los campesinos de las zonas rurales, a estudiantes y grupos de trabajadores de clase media urbanos que sufrían las mismas experiencias de arbitrariedad y violencia, como también articuló a distintas ideologías como el marxismo de los militantes comunistas, el radicalismo de los sectores nacionalistas de la pequeña burguesía y el cristianismo, que a partir de un juicio religioso del orden político, ofreció a importantes sectores del campesinado una crítica social y una praxis revolucionaria ^{(Torres-Rivas 2015}; ^{Torres-Rivas 1986)}.

Estos últimos, los movimientos cristianos de base formados por sacerdotes y laicos fueron los protagonistas directos en la lucha popular y se hicieron uno con las masas. La práctica de la reflexión teológica de la liberación, y de la opción preferencial por los pobres, se expresó en la radicalización de sacerdotes, religiosos/sas y laicos/as. La mayoría los cristianos social y políticamente comprometidos, incluidos sacerdotes, monjas y laicos y los cristianos revolucionarios, pusieron en práctica los postulados propuestos por los teólogos de la liberación. La Teología de la Liberación es una propuesta política e ideológica que coloca en el centro de la reflexión/acción política a la realidad de miseria y explotación de las masas y a la práctica de solidaridad con el prójimo, el explotado, dando al ministerio religioso un carácter popular crítico frente al discurso teológico tradicional de la Iglesia jerárquica, que había sido uno de los grandes aliados en el orden establecido. Este acto político es fundamental para entender lo popular centroamericano hasta la contemporaneidad ^{(Torres-Rivas 2015}; ^{Torres-Rivas 1986)}.

En esta instancia se advierte que la propuesta popular deja de ser exclusivamente espontánea, y toma un perfil más definido, dentro de su heterogeneidad lograron aglutinarse detrás del objetivo común: la liberalización socioeconómica y política.

Ya en 1979 la victoria de la Revolución Sandinista significó no sólo la caída de la dictadura sultánica de los Somoza, sino también la reestructuración total del poder del Estado, la derrota de las Fuerzas Armadas que era la institución más importante del orden político, y la derrota hemisférica más importante que habían sufrido los Estados Unidos. A partir de este acontecimiento la inestabilidad y los conflictos nacionales centroamericanos toman otro carácter regional, ya que la derrota de los Somoza representó la caída del principal aliado estadounidense en la región, por lo que el gobierno de Washington combatió inmediatamente al sandinismo y envió un mensaje a los otros países de la región indicándoles que no iba a tolerar un gobierno contrario a sus intereses. Apoyó a la Guardia Nacional de Somoza que operó desde Honduras, convirtiendo a este país en el centro de operaciones de la Contra^{(Torres-Rivas 2015}; ^{Torres-Rivas 1986)}. La insurrección armada en Nicaragua resolvió de manera revolucionaria las diferencias inter-burguesas. Por su parte, en Guatemala también hubo una salida reaccionaria a la crisis inter-burguesa, la movilización de los dominados se produjo en un prolongado periodo contrarrevolucionario que fortaleció el eje burguesía y ejército. Y finalmente en El Salvador, a la mitad de ambas experiencias, el papel determinante de la sublevación popular sólo alcanzó a activar la crisis inter-burguesa y provocar una importante escisión en octubre de 1979 ^{(Torres-Rivas 1986)}.

Así comenzó lo que ^{Torres-Rivas (1997: 1)} denominó el ciclo revolucionario. Éste comenzó con las luchas guerrilleras en Guatemala y Nicaragua en la década de 1960 y se profundizó con la victoria sandinista en julio de 1979, y alcanzó su momento culminante cuando el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador ocupó varias áreas de la ciudad de San Salvador en diciembre de 1989, para terminar finalmente con la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones democráticas de febrero de 1990.

Así pues, se observa la configuración de un clivaje derecha izquierda altamente polarizado y con una enorme violencia política, que tiene su máxima expresión en las guerras civiles, enmarcado en un contexto histórico de exclusión y pobreza. Las sociedades se polarizaron, por un lado se encontraba un Estado de terror que se alineaba a los intereses de la derecha, y en el otro polo los movimientos revolucionarios que buscaban de forma violenta las reivindicaciones históricas de la izquierda.

En este periodo no se buscó la derrota política del adversario sino la aniquilación física del enemigo, la guerra y la política se hicieron una sola, o, propiamente dicho, la guerra se sobrepuso a la política al no dejarle espacio propio.

La guerrilla guatemalteca se caracterizó por ser nacional popular, una guerrilla local, que planteó como objetivos la integración nacional, la lucha de clases y la acción antiimperialista; en El Salvador el Frente Farabundo Martí fundado en 1980, tuvo componentes que moderaron la posición ideológica del conjunto, mientras que en Nicaragua el conflicto armado llevado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional fue de liberación nacional, nacionalista y revolucionario. En las zonas rurales los conflictos fueron especialmente intensos, se crearon diversos escuadrones del terror para que los propios campesinos realizaran funciones de inteligencia militar y represión hacia otros campesinos, como la organización policíaco-política ORDEN en El Salvador, los Comisionados Militares en Guatemala y los Jueces de Mesta en Nicaragua. Esta violencia tuvo su peor expresión en Guatemala, donde a partir de 1980 se convirtió en etnocidio. Paralelamente, en las zonas urbanas hubo una represión indiscriminada contra toda forma de protesta ^{(Touraine 1989}; ^{Torres-Rivas 1997}; ^{Torres-Rivas 1981a}; ^{Halperin 2005)}.

La represión de las dictaduras conservadoras fue más brutal que eficaz, no pudieron sostener a los regímenes y propiciaron una significativa articulación en su contra. En Guatemala, especialmente, el enorme peso material de los instrumentos represivos y la brutalidad de su aplicación aniquilaron a las fuerza guerrilleras. El Frente Farabundo Martí en El Salvador y el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua se convertirían en los principales actores de izquierda de sus países.

Así quedaron definidos los perfiles originarios inmediatos de los principales actores políticos contemporáneos de Centroamérica y sus principales objetivos de política.

Paz y liberalización política

En la década de 1980 se llevaron a cabo elecciones presidenciales en El Salvador (1982), en Nicaragua (1984) y Guatemala (1985), sin embargo este ejercicio electoral, si bien representó una importante liberalización política, no fue del todo democrático ya que las elecciones no fueron inclusivas y se dieron en un escenario de violencia generalizada. Adicionalmente en un contexto de políticas neoliberales dentro del denominado Consenso de Washington el Estado mantuvo su debilidad y estuvo cooptado por grupos empresariales cada vez más influyentes, y aumentó la pobreza y la desigualdad. Estados Unidos siguió teniendo una gran influencia en Centroamérica, en esta oportunidad a través de su ideología económica y de los vínculos comerciales financieros entre los empresarios de ambas partes, lo cual permitió, con las políticas públicas y con los agentes privados, favorecer los intereses de la derecha. La derecha en el poder no sólo mantuvo el control político y socioeconómico sino que también profundizó el control mediático gracias a sus capacidades materiales para comprar medios de comunicación.

En Guatemala comenzó el proceso de elecciones presidenciales y legislativas en 1985; Vinicio Cerezo Arévalo, de la Democracia Cristiana, resultó electo presidente y en 1990 lo fue el conservador Jorge Serrano Elías, siendo ésta la primera transferencia en el siglo de dos civiles en la presidencia, aunque los militares mantuvieron importantes cuotas de poder. En El Salvador las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en 1984, el ganador sería José Napoleón Duarte de la Democracia Cristiana y en los siguientes comicios en 1989 fue electo Alfredo Félix Cristiani de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido que luego dominó la vida política del país, mientras que ningún partido de izquierda participó en las elecciones ^{(Miranda 2018}; ^{Bendel y Krennerich 2005}; ^{Krennerich 2005a}; ^{Halperin 2005)}.

La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) merece atención aparte por su importancia en la vida política salvadoreña. ARENA es un claro ejemplo de partido heredero del autoritarismo, fue formado en 1981 por los exagentes de la inteligencia militar y de los escuadrones de la muerte, y durante sus primeros años se consolidó como la principal fuerza política salvadoreña; demostró -a pesar de su vocación antidemocrática- ser muy hábil en materia electoral, al ganar cuatro elecciones presidenciales consecutivas: 1989, 1994, 1999 y 2004, utilizando recursos como redes clientelares y la intimidación directa a los votantes; pasó rápidamente a un proceso de moderación donde tomó mayor peso la articulación de los intereses de las élites empresariales, que tuvieron como soporte técnico e ideológico a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), fundada con la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Las redes clientelares a nivel nacional, una agenda programática equilibrada que enfatiza los temas económicos y de seguridad, y una campaña muy cuidada de marketing político que acude recurrentemente al miedo, lo han posicionado como un partido dominante. Es sólo en las elecciones presidenciales de 2008 que sale derrotada, luego de sufrir una división en la elección del candidato presidencial. ARENA es el principal ejemplo de Latinoamérica de un partido de derecha joven y exitoso electoralmente ^{(Koivumaeki 2014}; ^{Wood 2005)}.

Por su parte, en Nicaragua fue el actor de izquierda, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto con un amplio frente nacional antidictadura, el que llegó al poder y propició el colapso total del sultanato de los Somoza, pero rápidamente pasó a dominar el sistema de partidos políticos y las instituciones políticas en general, sin dejar espacios para las cualidades democráticas.

El FSLN gobernó de forma autoritaria, intolerante y jerárquica, es decir, con los valores del militarismo. El gobierno sandinista no logró formar consensos en los temas de mayor interés nacional, creó un enorme sector empresarial pero éste fue improductivo, nacionalizó la banca pero no consiguió ahorros, las inversiones sociales fueron limitadas, y en los últimos años la gestión se caracterizó por ser una de las más neoliberales de la región. Adicionalmente, a estos elementos internos se le sumaron el embargo económico y a la suspensión de la ayuda de los organismos financieros internacionales. Por ello, el país alcanzó una inflación del 36.000% y un 60% de desocupados, pasando a ser el segundo país más pobre de América Latina, sólo superado por Haití. La principal contribución del FSLN a la liberación política fue aceptar su derrota en las elecciones presidenciales de 1990, única experiencia de una revolución armada que ha cedido voluntariamente el poder en unas elecciones abiertas y competitivas ^{(Torres-Rivas 1997}; ^{Colburn y Cruz 2012}; ^{Montobbio 2011}; ^{Krennerich 2005b}; ^{Rocha 2010)}.

Durante la década de 1980 se convocaron asambleas constitucionales y se realizaron elecciones, estas liberalizaciones políticas y los posteriores acuerdos de paz fueron consecuencia, especialmente, de un arreglo contrainsurgente sugerido por iniciativa de Estados Unidos, el resultado de pactos acordados entre fracciones de la élite militar, empresarial y política, guiadas por las iniciativas de La Embajada ^{(Torres-Rivas 2010: 56 y 57)}. La liberalización política no fue el resultado de una victoria de los movimientos insurgentes, ni con una dinámica de abajo hacia arriba. Las instituciones democráticas fueron instauradas por actores no democráticos, los actores de derecha que mantenían el poder, el ejército y la oligarquía, desconfiaban de estos mecanismos, pero la coyuntura les obligó a tolerarlos ^{(Torres-Rivas 2015}; ^{Torres-Rivas 2010}; ^{Torres-Rivas 2001)}.

Así pues, esta liberalización electoral fue muy limitada y mantuvo convivencia con prácticas autoritarias en un contexto de guerra, lo que condicionó la política de estos países. Si bien se logró que los civiles fueran los que llegaran a la presidencia, los temas de mayor importancia seguían siendo resueltos por los militares. Fueron recurrentes las violaciones a los derechos humanos y a los derechos civiles y políticos y el fraude electoral. Es sólo con la pacificación de Centroamérica que se puede hablar propiamente de una transición hacia la democracia. A diferencia de la mayoría de los casos a nivel mundial y de América del Sur, donde primero fue el acuerdo de paz y luego las elecciones, en Centroamérica tenemos experiencias de secuencia inversa, por lo que se advierte que no se puede plantear teóricamente una secuencia única de transiciones.

Las especificidades de la guerra y de los procesos de paz van a condicionar la evolución política y socioeconómica de la región. En 1987 los cinco presidentes centroamericanos -con la destacada participación del luego Premio Nobel de la Paz Óscar Arias- firmaron el Acuerdo de Esquipulas, donde se comprometieron a buscar la paz y a establecer gobiernos democráticos. Esto inició un proceso donde los militares, anteriormente el principal actor político, perdieron protagonismo, y donde la violencia de Estado, anteriormente principal instrumento político, perdió terreno frente a los mecanismos democráticos.

Como puntualiza ^{Torres-Rivas (2001: 15 y 16)}, Nicaragua, El Salvador y Guatemala quedaron muy afectados material y políticamente luego de la guerra. La guerra en Nicaragua fue mercenaria y destrozó casi la totalidad de las bases productivas; la paz sólo se alcanzó después de Sapoá (marzo de 1989) y fue un acuerdo desesperado que se logró por la cadena de concesiones que hicieron los sandinistas frente a La Contra, que mantuvo una estrategia de destrucción de las bases materiales del país y que contó con amplio financiamiento estadounidense. En El Salvador la guerra fue propiamente civil, de clases, si bien su base productiva se vio afectada, lo fue en menor medida que el caso nicaragüense, y su proceso de negociación de paz y sus resultados fueron de mayor calidad debido al virtual empate entre las dos fuerzas en conflicto. Y en Guatemala, no hubo guerra civil en estricto sentido, sino dos momentos de conflicto armado bien precisos y limitados en el tiempo, pero surgió un poder contrainsurgente que aplicó el terrorismo de Estado contra la oposición, especialmente la legal, pacífica y pública, y no cambió, a diferencia de los otros dos países, la naturaleza de la élite agraria.

Es importante resaltar este último punto, ya que en Nicaragua y El Salvador se llevaron a cabo importantes redistribuciones de la tierra que transformaron a las élites agrarias al afectar su poder, ya que si bien en la actualidad las élites familiares son las mismas que existían antes de la crisis revolucionaria, y a pesar del amplio proceso de contrarreforma nicaragüense, las élites no tienen la misma capacidad discrecional. Mientras que en Guatemala la tenencia de la tierra destacó por su continuidad, como su poder derivado de las lógicas de economía política.

Sobre los procesos de paz ^{Torres-Rivas (2001: 16 y 17)} señala que si bien en Nicaragua fue donde se firmó primero la paz, la pacificación de la guerra se alcanzó de manera más débil y tardía, a mediados de la década de 1990. En Guatemala fue donde el conflicto se prolongó más, y si bien, a diferencia de Nicaragua, el cese al fuego lo consiguió antes del acuerdo final, redujo la conflictividad rural, y se alcanzaron diversos y amplios acuerdos que constituyen en conjunto una propuesta sustantiva de nuevo país, las relaciones entre civiles y militares continuaron favoreciendo a los últimos como actores activos de la vida pública, en un contexto sin partidos políticos estables y de carácter nacional, y donde la élite cafetalera mantuvo su dominio, a diferencia de lo ocurrido en El Salvador. En El Salvador se firmó la paz en enero de 1992 en un escenario favorable económicamente y una decidida cooperación internacional, la economía se reconstituyó al disminuir el predominio de los intereses agrario-cafetaleros en favor de los servicios, el comercio, el sector bancario financiero y la maquila, cambiando la naturaleza de la élite dominante y favoreciendo el juego democrático. Las estructuras y principios de un régimen de paz, incluyendo las normas del arreglo pacífico del conflicto que las constituyeron, fueron las más sólidas de la región; en las relaciones cívico-militar los civiles salieron favorecidos, gracias, especialmente, al apoyo de los Estados Unidos a los gobiernos civiles, adicionalmente, y de especial importancia, es el surgimiento de dos grandes formaciones partidistas: la Alianza Republicana Nacional (ARENA) y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), cuya fuerza electoral contribuyó a la estabilidad del proceso.

Luego de la guerra todos los países presentaron significativos cambios, y los acuerdos de paz y luego la competencia política obligaron a los principales actores a abandonar la violencia como principal recurso de influir la política. Realmente es con los acuerdos de paz, y no con las primeras elecciones, que la esfera pública centroamericana está gobernada por lo político y lo civil, y no por la violencia y los militares.

Para este proceso no solamente fue importante que los actores de derecha en el poder perdieran espacios de dominación política desde la victoria de la Revolución Sandinista, sino también que las fuerzas de izquierda revolucionarias tomaran el camino político y civil.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, al finalizar su primera administración presidencial, con su derrota electoral y paso a la oposición, cambió su perfil programático. El partido pasó a ser más una máquina electoral donde el personalismo de Daniel Ortega se hizo más incuestionable; los intelectuales, artistas, escritores y profesionales se separaron de la agrupación, y en 1994 sufrió una importante escisión. En 1995 Ortega llegó a un pacto con herederos políticos de los Somoza para instaurar un bipartidismo y asegurarse la repartición del poder, abandonó todos los elementos programáticos y éticos de la Revolución Sandinista. Todo esto iba a permitir, luego de la victoria electoral de Ortega en 2007, que el antiguo FSLN se convirtiera en parte del orteguismo, una mezcla de poder estatal partidario, control de instituciones y organizaciones sociales afines y alianzas con sectores económicos y países extranjeros donantes ^{(Torres-Rivas 2001}; ^{Miranda 2020a}; ^{Chaguaceda 2012}; ^{Colburn y Cruz 2012}; ^{Ortega 1997)}.

El FMLN aglutinó a cinco grupos guerrilleros, desde el inicio tuvo permanentes tensiones entre el ala radical y el ala moderada que no coincidieron en la forma de llegar y ejercer el poder, y luego de los acuerdos de paz sufrió una escisión. Desde la década de 1980 estuvo haciendo trabajos de masas, generando frentes sindicales y participando en movimientos obreros. Durante la década de 1990 se incorporó a la competencia electoral obteniendo importantes victorias en las legislaturas y a nivel local, mientras que a nivel nacional no logró resultados iguales debido a las disputas internas entre las facciones. A lo largo de la década fue moderando su perfil programático y finalmente en 2009 obtuvo la presidencia con el periodista Mauricio Funes, un candidato moderado no militar, lo que significó el fin de veinte años de administración de ARENA y el primer gobierno con mayoría de izquierda en la historia del país. Durante esta primera administración el presidente Funes comenzó un proceso de desideologización del FMLN que ha generado importante resistencia y tenciones ^{(Torres-Rivas 2001}; ^{Torres-Rivas 2010}; ^{Colburn 2009}; ^{Wood 2005}; ^{Réserve 2016)}.

Mientras que en Guatemala las fuerzas guerrilleras se aglutinaron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que participó por primera vez en las elecciones presidenciales de 1999, donde obtuvo la victoria Alfonso Portillo del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido fundado y dirigido por el exdictador Ríos Montt ^{(Bendel y Krennerich 2005}; ^{Seligson 2005)}.

A pesar de las distintas capacidades y derivas programáticas, el paso de las guerrillas a partidos políticos fue un importante muestra de que los actores fundamentales habían adoptado los mecanismos democráticos para resolver sus conflictos.

En Nicaragua, ya en las elecciones de 1990, llegó a la presidencia la opción democrática más moderada, Violeta Barrios de Chamorro. Estas fueron las primeras elecciones que lograron atraer la participación de todos los partidos políticos y establecer una lógica competitiva, con la presencia de cientos de observadores internacionales. Para las elecciones de 1996 ya se había creado un clivaje FSLN-anti FSLN, que le dio la victoria a Arnoldo Alemán. Alemán, quien tuvo vínculos con el sultanato de los Somoza y con el líder histórico del FSLN Daniel Ortega, llegó a un pacto con este último en 1995 que reescribió las leyes constitucionales y electorales con el fin de excluir a los partidos minoritarios y asegurar un monopolio del poder político para ambos, lo que trajo consigo la partidización de los poderes judicial, electoral y contralor, como la inmunidad para Ortega ^{(Torres-Rivas 2001}; ^{Martí I Puig 2016}; ^{Martí I Puig 2013}; ^{Miranda 2020a}; ^{Colburn y Cruz 2012}; ^{Pérez 2012}; ^{Krennerich 2005b}; ^{Montobbio 2011)}.

Durante esta década de 1990 en El Salvador se creó un claro clivaje bipartidista que dominó la política salvadoreña por casi tres décadas, por la derecha arena y por la izquierda el FMLN. Y en Guatemala siguió dominando la derecha y la extrema derecha, en las elecciones de 1995 obtuvo la victoria Álvaro Arzú, líder del Partido de Avanzada Nacional (PAN) donde destacaba el grupo denominado la Nueva Derecha, y en las elecciones de 1999 salió victorioso Alfonso Portillo, quien, luego de la imposibilidad legal de Ríos Montt para presentar su candidatura, se postuló por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) ^{(Miranda 2018}; ^{Krennerich 2005a}; ^{Turcios 1997}; ^{Bendel y Krennerich 2005)}.

Las transiciones de Centroamérica fueron dobles, de la guerra a la paz y del autoritarismo militar a la democracia. Adicionalmente se dieron, sin tradición democrática que recuperar, en un contexto completamente inhóspito y con unos objetivos bastante complejos que alcanzar, recuperarse de los estragos de una guerra interna, superar el clima de polarización, y las conflictividades socioeconómicas producto de la implementación de ajustes neoliberales y políticas mercantilizadoras.

Dentro de estas generalidades encontramos importantes diferencias que son elementos claves para entender las especificidades nacionales contemporáneas. Un primer elemento fundamental para entender la calidad de las transiciones es la relación cívico militar, en este punto se encuentra que en Guatemala, a diferencia de El Salvador y Nicaragua, los militares y sus aliados de la oligarquía agraria tradicional mantuvieron su amplio dominio político, limitando la liberalización política y socioeconómica, lo que explica la deficiencia relativa de la democracia guatemalteca contemporánea. El segundo punto, en gran parte consecuencia del primero, es la pluralidad democrática de las agendas programáticas. En Guatemala la alianza militar oligarquía terrateniente ha entorpecido la pluralidad programática y la llegada a la presidencia de la izquierda, en Nicaragua si bien hubo alternancias durante el periodo analizado, éstas fueron más de nombres, pero no de agenda programática, ya que el militarismo fue una continuidad y en materia socioeconómica fue el actor de izquierda el que aplicó las políticas más neoliberales de la región. Finalmente es El Salvador el que ha mostrado una mayor pluralidad programática en sus políticas, con un bipartidismo bien definido, lo que explica por qué el país tiene, relativamente, una mayor calidad democrática.

Pluralidad ideológica y democrática: la negada, la ausente y la defectuosa

Para ^{Bobbio (1989)} el pluralismo es una característica fundamental de la democracia, y la calidad de ésta se encuentra asociada a la capacidad efectiva que tengan los partidos políticos de diversas tendencias ideológicas de llegar al poder. ^{Bobbio (1995)} también señala que el clivaje antitético derecha/izquierda es una distinción política fundamental y no es sólo ideológica, sino que también es de intereses y programática, el elemento principal de diferenciación es la posición que tienen sobre la idea de igualdad. Para la derecha la desigualdad es algo natural por lo que el Estado no debe intervenir, mientras que para la izquierda es algo artificial o social, por lo que el Estado debe aplicar políticas para reducirla. La derecha generalmente se preocupa por la igualdad ante la ley mientras que la izquierda busca adicionalmente la igualdad fáctica de oportunidades. Otra diferencia que se puede observar en el clivaje derecha/izquierda es el énfasis en los temas de interés. La derecha presta más atención a temas como orden y seguridad, mientras que la izquierda, a los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales.

^{Morlino (2005} y ²⁰¹⁴⁾ también señala que una democracia de calidad es aquella que satisface a los ciudadanos (calidad en términos de resultado); donde los ciudadanos disfrutan de libertad e igualdad (calidad en términos de contenido) y tienen el poder de verificar y evaluar en qué medida el gobierno se atiene a sus demandas de acuerdo con el Estado de derecho (calidad en términos de procedimientos). El buen funcionamiento de estas tres dimensiones depende de la efectividad del pluralismo.

Así pues, el pluralismo y el clivaje derecha/izquierda es un marco analítico apropiado para analizar la contemporaneidad de la calidad democrática y la vida política en general centroamericana.

Centroamérica entró al siglo XXI con presidentes civiles electos popularmente, elecciones más libres, mayor pluralismo democrático de derecha a izquierda, mayor tolerancia política y una sociedad civil más activa. Sus problemas siguieron siendo apremiantes, pero ya se buscaban resolver dentro del marco democrático, como la falta de una cultura democrática que ve a la democracia de forma exclusivamente instrumental, premura por dar respuestas a los problemas materiales más inmediatos como la pobreza y la desigualdad, la violencia, y la amplia brecha entre las expectativas y las condiciones concretas de la democracia.

En Nicaragua la democracia es la de menor calidad y donde el Estado liberal es más débil, esto se debe especialmente a la cooptación del Estado por parte del orteguismo, que adicionalmente limita la competencia política en general.

Luego de presentarse tres veces como candidato presidencial, Daniel Ortega obtuvo la victoria por un estrecho margen en 2006. Luego de estas elecciones los comicios no han sido justos ni competitivos, si bien no hay fraudes en la parte final del acto electoral, el gobierno, en colaboración con el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral, utilizan todos los recursos gubernamentales para una competencia desequilibrada. La administración de Ortega se ha caracterizado por las violaciones al orden constitucional, ilegales reelecciones, corrupción, personalismo y corporativismo; desde su llegada comenzó un proceso de partidización hegemónica de todo el Estado nicaragüense, que es especialmente perjudicial al tomar en cuenta que FSLN está controlado discrecionalmente por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Su base política ha estado constituida por empresarios, organismos financieros internacionales y países donantes como Venezuela, y un sector de la Iglesia católica. En los primeros años mantuvo un conjunto de políticas clientelares que no fueron sostenibles en el tiempo, especialmente luego del declive económico de Venezuela ^{(Miranda 2020a}; ^{Miranda 2018}; ^{Martí I Puig 2016}; ^{Martí I Puig 2013}; ^{Pérez 2012}; ^{Rojas 2010)}.

Por su parte, la Unidad Nicaragüense Opositora (UNO), que aglutina las fuerzas anti-orteguismo, se ha mostrado muy fragmentada, incapaz de presentar una agenda programática alternativa que incluya temas tan vitales para el país como los socioeconómicos. Y cuando la sociedad civil se ha manifestado públicamente, ha sido fuertemente reprimida.

En 2013 Daniel Ortega realizó unos cambios constitucionales que incluyen la reelección indefinida presidencial y su capacidad de legislar, para tener un mayor dominio de las instituciones del Estado, dando comienzo a un periodo de autoritarismo legalizado, donde las leyes pierden su función reguladora y límite del poder discrecional, éstas sancionan y dan legalidad, mas no legitimidad, a los actos del gobierno. En 2021 Ortega ganó nuevamente las elecciones presidenciales en unos comicios caracterizados por las denuncias internas y externas de ilegitimidad, con un significativo número de opositores encarcelados.

Guatemala se posiciona en el nivel intermedio en calidad de la democracia en el estudio, si bien no hay un autoritarismo que controle las instituciones políticas como en Nicaragua, tampoco hay una estabilidad de las instituciones y del sistema de partidos como en El Salvador. La vida política guatemalteca se ha caracterizado por la inestabilidad del sistema de partidos políticos y la imposibilidad de la alternancia programática en la presidencia.

En Guatemala, las administraciones presidenciales de Alfonso Portillo (2000-2004) del Frente Republicano Guatemalteco dirigido por Efraín Ríos Montt, la del empresario Óscar Berger (2004-2008) por la Gran Alianza Nacional (GANA) y la de Álvaro Colom (2008-2012) del autodenominado partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se caracterizaron por la debilidad, corta temporalidad y falta de definición ideológica de los partidos políticos, la fragmentación partidaria más alta de América Latina, el trasfuguismo, la volatilidad electoral más alta de Centroamérica, actores con poder de veto como los militares y la élite económica, los escándalos de corrupción, el aumento de la violencia general y política, ausencia de rendición de cuentas, la presencia del ejército en funciones de control ciudadano, la continuidad de la pobreza más generalizada de América Latina, inestabilidad política y social, violaciones a los derechos civiles y políticos especialmente de la población indígena, una presencia limitada o ausencia del Estado y de las instituciones políticas en general en grandes partes del territorio, y denuncias nacionales e internacionales sobre los vínculos del gobierno con el narcotráfico ^{(Miranda 2018}; ^{Meléndez 2015}; ^{Lautaro 2013}; ^{Lautaro 2012}; ^{Azpuru y Blanco 2008}; ^{IDD-LAT 2008}; ^{IDD-LAT 2004)}.

Ya en 2008 ganó las elecciones presidenciales con el Partido Patriota Otto Pérez Molina, un militar retirado que participó en el conflicto armado de la década de 1980 y fue comandante del destacamento militar de Nebaj Quiche en 1982, zona del genocidio. Pérez Molina se vio obligado a renunciar y luego fue encarcelado. Desde su elección la inestabilidad política aumentó, se polarizó la sociedad y se agudizaron los problemas de las anteriores administraciones.

Paralelamente, la izquierda tiende a desaparecer debido a su imposibilidad de articular y transformar en propuestas programáticas las demandas sociales de una de las poblaciones más pobres de América Latina, y a su fragmentación que se ha traducido en varios partidos de extrema debilidad.

Como nota positiva, se debe destacar el juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt y a José Mauricio Rodríguez Sánchez, y el encarcelamiento de los expresidentes Alfonso Portillo y Otto Pérez Molina, lo que evidencia el fortalecimiento e independencia del Poder Judicial.

En este escenario, Jimmy Morales, comediante sin experiencia política con un programa presidencial de seis hojas, ganó las elecciones presidenciales de 2015.

Morales llegó a la presidencia apoyado por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) fundado por exmilitares vinculados con el genocidio y por grupos empresariales. La administración de Morales también se caracterizó por la continuidad o agudización de los problemas guatemaltecos (pobreza, corrupción, violencia, inestabilidad política y social), su mandato culminó con uno de los índices de aprobación más bajos de la historia democrática del país ^{(Pallister 2017}; ^{Robles 2018)}.

Finalmente, en 2019 fue electo presidente Alejandro Giammattei, un conocido político de la derecha conservadora, candidato presidencial en las elecciones de 2007, 2011 y 2015, con un discurso de mano dura en materia de seguridad, a favor de la pena de muerte, y de intolerancia frente a los derechos de la comunidad LGBTI.

Así pues, en Guatemala si bien hay posibilidades formales para la alternancia programática, ésta nunca se ha dado de facto y la izquierda ha quedado históricamente marginada del poder. Incluso con la elección de Álvaro Colón, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de perfil socialdemócrata, no se pudieron realizar transformaciones de carácter progresista. El Salvador, relativamente, es el país del estudio que había mostrado mayor calidad democrática, al menos en sus mecanismos, y un Estado más liberal en la autonomía de sus poderes. Esto se debe especialmente a la institucionalización y pluralidad ideológica de su sistema de partidos. La vida política salvadoreña ha tenido como principales autores a los partidos políticos. El bipartidismo salvadoreño tiene un importante nivel de institucionalización, y su intensa competencia ha generado incentivos para que ARENA y el FMLN sean eficientes en sus gestiones nacionales y locales, destacando la calidad relativa de su administración pública y sus menores niveles de corrupción por los procesos de veeduría, pero les ha impedido llegar a acuerdos en temas fundamentales de interés nacional. También es el país del estudio que más recursos le ha dedicado a la inversión social. El bipartidismo configuró un clivaje geosocial, donde las provincias y zonas rurales, la población con baja educación y pocos recursos vota mayoritariamente por ARENA, y en San Salvador, la población con mayor educación y recursos materiales por el FMLN ^{(Miranda 2018}; ^{Allison 2017}; ^{Colburn 2009}; ^{Koivumaeki 2014}; ^{IDD-LAT 2014)}.

Sin embargo, se debe advertir que las instituciones en El Salvador siguen siendo débiles, la violencia es generalizada, la pobreza y la desigualdad siguen presentes, y el malestar social con lo político institucional se hace evidente con el descenso en la participación electoral. ARENA y el FMLN han sufrido desgastes, ARENA se ha visto especialmente afectada por el faccionalismo y el FMLN por la pérdida de apoyo de los sectores tradicionales de la izquierda social que critican el pragmatismo de las administraciones presidenciales.

Finalmente, en 2019 ganó las elecciones presidenciales Nayib Bukele. Empresario y exalcalde de San Salvador por el FMLN se unió para estas elecciones presidenciales a la agrupación Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), la cual se formó a partir de la escisión de ARENA en 2009. Esta es la primera vez desde el periodo democrático que un candidato gana la presidencia sin ser apoyado por ARENA o el FMLN. La administración de Bukele se ha caracterizado por una gestión autoritaria y la utilización de las victorias electorales para concentrar mayor poder en su figura, como cuando utilizó su súper mayoría en las elecciones legislativas para subvertir al fiscal principal y al tribunal más alto.

Encontramos que la pluralidad democrática de las agendas programáticas está negada en Nicaragua, ausente en Guatemala y defectuosa en El Salvador. En Nicaragua no hay posibilidades reales de alternancia, el orteguismo ha cerrado los canales democráticos transformando al sistema político en un subtipo de autoritarismo que se ha nombrado legalizado. En Guatemala, si bien no hay impedimentos para la alternancia como en Nicaragua, ha sido imposible que se lleve una agenda de izquierda democrática, lo que convierte a Guatemala en el segundo país más pobre de América Latina, y junto con El Salvador, el más violento de Centroamérica. En El Salvador se dio la alternancia programática de partidos políticos, pero éstos sufrieron de un desgaste debido a la incapacidad de renovar sus agendas y dar respuestas efectivas a las apremiantes necesidades del país, adicional a la desideologización del FMLN que distanció al partido de los sectores tradicionales de apoyo.

La pobreza y la desigualdad siguen siendo deudas éticas pendientes en Nicaragua, Guatemala y El Salvador ^{(Cepal 2020}; ^{Miranda 2020b}; ^{García y Miranda 2020)}. La democracia es propiamente un concepto político, pero no puede ignorar sus derivados socioeconómicos, y menos cuando estas condiciones limitan el ejercicio de los derechos civiles y políticos.

La violencia generalizada, especialmente en Guatemala y El Salvador, es otra debilidad de la democracia de la región. La democracia es una forma de organización política del Estado, pero si éste es débil y no puede garantizar sus elementos más básicos como el monopolio de la violencia, la democracia no llega con las mismas energías a toda la población. También limita la calidad de la democracia centroamericana la agresión a los periodistas y la falta de libertad y de pluralidad de los medios de comunicación.

Conclusión

El clivaje derecha/izquierda es fundamental para entender el pluralismo y la calidad de la democracia en general. No sólo porque el pluralismo tiene un valor propio dentro de la democracia, sino que adicionalmente posee elementos instrumentales como el equilibrio de fuerzas y la organización de la rendición de cuentas, valores también fundamentales para la democracia. En El Salvador, Guatemala y Nicaragua el clivaje derecha/izquierda ha tenido dificultades para expresarse de forma democrática. En una primera instancia se expresó en la guerra, para luego tener un balance divergente de éxitos y fracasos en la democratización de los actores. Estas divergencias pueden ser explicadas por su evolución histórica y coyunturas críticas.

En El Salvador encontramos que las características de su conflicto y su acuerdo de paz configuraron una bipolaridad bien definida y en equilibrio de fuerzas, ARENA de derecha y el FMLN de izquierda, y que luego la competencia política los moderó y los hizo más competitivos. En Guatemala, la resolución del conflicto y los acuerdos de paz colocaron a la izquierda en una posición de debilidad que aún no han logrado superar. Y en Nicaragua la victoria en la guerra de liberación del FSLN lo convirtió en el actor más importante de la vida política, por lo que su desdemocratización interna debido a la coaptación del orteguismo afecta a todo el sistema político, el cual ya no es democrático.

También se debe destacar que las fuerzas de derechas han sido dominantes y resilientes, y su agenda programática e intereses son los que han prevalecido. La debilidad histórica y dificultad de los actores de izquierda de llegar al poder y aplicar agendas programáticas progresiva puede explicar la generalizada pobreza y desigualdad de la región. Y, adicionalmente, la continuidad en el poder de los actores de derecha tampoco ha logrado sus principales y emblemáticos objetivo programático, el orden y la seguridad.

La mejora de la calidad de la democracia y de las condiciones de vida en general en El Salvador, Guatemala y Nicaragua pasa por una mayor pluralidad de los sistemas políticos de partido, de derecha a izquierda, y su efectividad de alternancia en la presidencia.