3.1 Condiciones internas y su puesta en práctica

Primero, el cónyuge es, junto con los hijos menores de edad, la persona a la que evidentemente se otorga el derecho a la reagrupación familiar, aunque la Directiva no define el significado de “cónyuge” en el Artículo 4. Según la legislación nacional, la definición de miembro de una familia migrante no es clara porque difiere según se hable de ciudadanos de la UE y de familias nacionales. Las leyes migratorias requieren que el cónyuge de un reagrupante haya alcanzado una edad mínima antes de poder unirse a este último (Cuadro 1), y exige que no exista una separación matrimonial en términos jurídicos para que la reagrupación familiar sea posible.

Otro requisito relacionado con la reagrupación familiar de los cónyuges es la duración de la relación; por ejemplo, Chipre requiere que la pareja se haya casado al menos un año antes de la presentación de la solicitud. Por otra parte, un matrimonio formal no significa que las parejas mantengan una relación real. Un contrato de matrimonio legal es un símbolo y no lo que fundamenta la relación, y algunos matrimonios pueden ser un fraude ( ^{Wray y Hutton, 2014, p. 209} ). La migración familiar debe establecerse en función de un matrimonio o relación de pareja real y permanente. Se aplica todo el rigor jurídico con respecto a la disolución del matrimonio en el caso de un segundo o posterior matrimonio, lo que establece derechos económicos de mantener de buena fe al cónyuge, parientes dependientes e hijos en común. Esta obligación requiere el acatamiento de un sistema de protección que prohíbe los matrimonios polígamos y regula los matrimonios forzados, de conformidad con una edad mínima y controles para el repudio.

En general, los Estados europeos han adoptado un enfoque prohibitivo que busca imponer límites en dos niveles diferentes: civil y penal ( ^{Shah, Foblets & Rohe, 2014, p. 143} ; ^{Buchler, 2011} ). Por ejemplo, en el campo de acción penal, la poligamia y los matrimonios forzados están específicamente establecidos en las leyes y establecen que los matrimonios múltiples son un delito que puede dar lugar a sanciones penales. Este enfoque se adopta, pero un rápido vistazo a la evolución del derecho y la jurisprudencia nacionales en Europa pone de manifiesto algunas diferencias, así como una falta de seguridad jurídica en cada caso. Por ejemplo, como se demostró en Francia en 1992, el Tribunal de Apelaciones de Versalles negó los beneficios de la previsión social a la segunda esposa de un marido musulmán y en 1988 el Tribunal de Apelaciones de Provenza igualmente negó a una mujer musulmana su pensión alimenticia por ser la segunda esposa, dado que la poligamia constituía un delito en contra del orden público francés ( ^{Shah et al., 2014, p. 32} ). Según la ley francesa, sólo si se llevara a cabo una ceremonia islámica en el país de ciudadanía de los esposos, se consideraría que el matrimonio tiene validez legal, y siempre y cuando no viole el orden público francés ( ^{Fournier, 2004, p. 15-26} ).

Al igual que en Francia, según la ley alemana el reconocimiento de matrimonios polígamos significa en la práctica que las mujeres musulmanas pueden obtener beneficios de previsión social, como la herencia, derecho a la custodia de sus hijos, y pagos para la manutención de éstos ( ^{Shah, 2003, p. 382} ). El enfoque de España sobre la poligamia en su contexto de inmigración no es muy diferente al de Alemania, y establece un reconocimiento sólo parcial en el contexto de las reclamaciones de subsidios matrimoniales o planes de pensiones para proteger los intereses de las viudas. Ha sido de ayuda que las leyes españolas establezcan que cada uno de los cónyuges divorciados sobrevivientes tiene derecho a la pensión del fallecido de forma proporcional a la duración de sus respectivos matrimonios con el fallecido. No obstante, en 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró que sólo al primer cónyuge se le asignaría la pensión reclamada.

En el Reino Unido, el enfoque tradicionalmente liberal en cuanto a la inmigración de las esposas de polígamos se vio considerablemente restringido por la introducción de la Ley de Inmigración de 1988 ( ^{Shah, 2003, p. 383} ). Esta ley impuso una eficaz prohibición para la admisión de una esposa si otra esposa o viuda del mismo hombre ya había sido admitida en el país ( ^{Shah, 2003, p. 391} ). Se han presentado dificultades similares en cuanto a las restricciones sobre la práctica de la poligamia en las políticas de inmigración de los Países Bajos, donde a una mujer residente que había adquirido la nacionalidad neerlandesa y luego se casó en Marruecos con un hombre que ya tenía esposa se le negó el divorcio ya que se consideraba que su matrimonio estaba tan relacionado con los Países Bajos que violaba la política pública neerlandesa y, por tanto, el segundo matrimonio no se podía reconocer ( ^{Campbell, Bala, Duvall-Antonacopoulos, Macrae, Paetsch, Bailey, Baines, Amani & Kaufman, 2005} ).

El planteamiento es parecido en el caso del reconocimiento de los divorcios llevados a cabo en otras jurisdicciones, siempre y cuando no den origen a objeciones por motivos de “orden público”. Sin embargo, surgen controversias multiculturales debido a que varios sistemas legales del mundo islámico permiten que un esposo se divorcie de su esposa simplemente pronunciando la palabra talaq tres veces. Los tribunales de algunos países europeos toman en cuenta las circunstancias en torno al repudio, y si el divorcio resultante es de hecho inaceptable según los valores del país en cuestión, mientras que otras jurisdicciones simplemente establecen, sin importar las circunstancias del caso en particular, que la institución del divorcio por repudio contraviene los principios de igualdad entre sexos, o los principios del derecho procesal ( ^{Kruninger, 2015} ). Por ejemplo, la posición francesa implica la negación del reconocimiento de cualquier divorcio basado en el repudio, se haya establecido, o no, después de un proceso legal en el caso de proximidad suficiente de los cónyuges involucrados según el ordenamiento normativo francés.

En los Países Bajos, un argumento de peso en la discusión es el principio de favor divortii y los intereses de la esposa a partir del repudio, a fin de evitar relaciones jurídicas atípicas, que es la razón de fondo detrás de la actitud neerlandesa hacia los divorcios basados en el repudio ( ^{Kruininger, 2015, p. 217} ). Las enmiendas a la ley belga en 2005 establecen que no se reconoce el talaq musulmán, salvo en los casos en que no exista una relación con Bélgica; la misma ley establece que los actos en el extranjero que reconozcan la decisión del marido de disolver el matrimonio no se reconocerán en Bélgica, a menos que las mujeres se beneficien de ese mismo derecho, reconociendo así el talaq. A pesar de la ambivalencia con respecto a las consecuencias del talaq pronunciado en países no europeos, los tribunales españoles y alemanes ahora tienden a reconocer éstas de una manera un tanto análoga a través de un tipo de acomodo legal que incorpora el repudio islámico al divorcio, pero únicamente si existe la posibilidad de divorcio para la mujer ( ^{Quiñones, 2013} ).

Las parejas no casadas y del mismo sexo se agrupan bajo otras norms de inmigración y se separan de las parejas casadas cuando la relación matrimonial no es simplemente una condición jurídica oficial. Por ejemplo, en lo que respecta a las parejas del mismo sexo, diversos Estados Miembros europeos (por ejemplo, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, España, Suecia y Reino Unido) han decidido otorgar el derecho a la reagrupación familiar tanto a las personas registradas como a las parejas no casadas del mismo sexo, mientras que tres de ellos limitan esto a relaciones registradas solamente, excluyendo así a las parejas no casadas en convivencia de facto (por ejemplo, República Checa, Alemania, Luxemburgo). Ciertamente, la posible inclusión de este tipo de relaciones no maritales se ha solucionado, pero existen problemas potenciales para la determinación de elementos comunes en cuanto al marco legal del registro de la unión de facto. Por consiguiente, las parejas no casadas (es decir, parejas registradas, no registradas, o en convivencia, dependiendo del país) se consideran miembros de la familia. No obstante, hay algunos países que establecen condiciones adicionales con respecto a las características de la relación (Cuadro 1). Por añadidura, las normas europeas sobre reagrupación familiar no consideran que sea discriminatorio otorgar derechos de reagrupación familiar al cónyuge del reagrupante, pero no a la pareja de éste que no esté legalmente casada, incluso cuando el país de origen de las personas involucradas no permita que se casen dos personas del mismo sexo.

Por otra parte, de acuerdo con los criterios de exclusión respecto a la estructura de la familia nuclear, existe un área de competencia falsa con respecto a la situación de los niños. La admisión familiar busca incluir a los dependientes de un solicitante, incluidos los nacidos fuera del matrimonio, o de una relación familiar registrada. Claro está que esto sólo se refiere a los menores y deben estar solteros para tener derecho a la reagrupación familiar. Por consiguiente, las norms de reagrupación familiar excluyen a los hijos o hijas mayores, sin importar si son dependientes o no. No existen disposiciones para incrementar la edad a 21 años –como se ha explicado en detalle sólo en el caso de los hijos de ciudadanos europeos, pero existen restricciones adicionales con respecto a la edad máxima de los hijos, y algunos países establecen diferentes niveles de cobertura: menores de 16 años; menores hasta 18 años y solo mayores de 18 años en casos de dificultades excepcionales. Sin embargo, un asunto muy controvertido es el requisito de demostrar la relación familiar y la edad, incluso de forma implícita mediante pruebas de ADN ( ^{Comisión Europea, 2008} ; ^{Red Europea de Migración, 2018} ; ^{La Spina, 2012, p. 65} ; ^{McIntosh, 1988, p. 113} ). Efectivamente, según disposiciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y como se recordará, la paternidad biológica no implica en sí misma de pleno derecho la existencia de una relación familiar entre padres e hijos, sino que está vinculada a otros tipos de indicios de vida familiar. En pocas palabras, dado que el Tribunal de Estrasburgo decidió optar por la suposición de vida familiar si existen vínculos legales o de sangre entre padres e hijos, abuelos y nietos y, a veces, entre hermanos, es evidente que la familia no es una estructura puramente biológica si, además, no existe una definición universal de familia a la cual apegarse ( ^{McIntosh, 1988, p. 104} ).

Hoy en día no es suficiente que un hijo sea soltero y tenga la edad adecuada para determinar si puede ser beneficiario de la reagrupación familiar. La relación familiar debe probarse y, por ejemplo, para poder renovar un permiso de residencia en Portugal, el reagrupante debe justificar la necesidad de la reagrupación familiar de los hijos adultos, y certificar que han cursado los estudios obligatorios durante su estancia en la comunidad de acogida. Junto con la edad, la discapacidad es un factor que también se toma en cuenta para la reagrupación en el caso de hijos que no pueden valerse por sí mismos debido a su condición. No obstante, este requisito legal tiene más que ver con el concepto de cuidados médicos dada la situación particular de dependencia derivada de la delicada condición del menor, y menos que ver con la relación familiar real. Esto es posible incluso cuando no son hijos del reagrupante, pero éste es su tutor legal y tiene facultades de representación que no se contraponen con los principios del Derecho. De hecho, existen problemas básicos asociados a las diferentes adopciones legales y culturales; por ejemplo, la kafala, una institución de acogida de la ley islámica que permite la adopción legal de un niño por una persona distinta de sus padres biológicos. Muchos Estados Miembros, como España, no consideran que la kafala sea una relación o adopción real, de acuerdo con las normas nacionales ( ^{Pascouau, 2011, p. 168} ; ^{Böcker & Strik, 2011} ). Sin embargo, si los hijos biológicos y adoptados han de ser tratados de la misma manera, es lógico creer que esta demanda es una forma desproporcionada de discriminación con respecto al objeto de estas diferentes condiciones para la reagrupación familiar. El Artículo 10.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que hace referencia a las obligaciones estipuladas en el Artículo 9.1, señala que “las solicitudes de un menor o de sus padres para ingresar o salir de un Estado Parte con el propósito de una reagrupación familiar serán atendidas por los Estados Partes de manera positiva, humana y expedita”.

Un tercer ejemplo de singularidad y exclusión es la reagrupación familiar de los ascendientes. Debido a los límites impuestos a la familia nuclear, este tipo de reagrupación se rige por una cuestión de dependencia y parentesco que da lugar a un campo jurídico minado en relación con las abuelas y madres migrantes. De hecho, el poder discrecional legítimo de los Estados Miembros en virtud de las pautas de la Directiva 2003/86/CE aplica ciertas limitaciones estrictas sobre la edad y el grado de relación, pero en términos de esta última, las decisiones suelen coincidir. En la ley de inmigración europea, esta disposición se enfoca expresamente a los familiares de primer grado del reagrupante y su cónyuge, y es parecida a las disposiciones en cuanto a los hijos de las parejas del reagrupante. Es necesario contar con cierta dependencia, y las leyes migratorias de los países de destino establecen una edad mínima de 65 años para los padres (por ejemplo, la República Checa o los Países Bajos) o haber alcanzado la edad de jubilación, y también toman en cuenta si están solos o son solteros (por ejemplo, Países Bajos, Estonia, República Checa e Italia). Entretanto, se considera que las familias son dependientes cuando demuestran que se les han transferido fondos o se han solventado los gastos de bienestar de la familia. En este caso, la edad requerida es una edad máxima, además de los motivos para el ingreso de dicho familiar. Así, se entiende indirectamente que la vida familiar de los ascendientes con sus hijos adultos no es lo habitual, por lo que este tipo de familia extendida debe justificarse por razones humanitarias, como una enfermedad o discapacidad, pero las autoridades migratorias podrían aceptar estas razones o no, de conformidad con los términos de circunstancias excepcionales de dependencia. La posibilidad de compartir la vida en familia con ascendientes de más de sesenta y cinco años es una rara excepción que se permite únicamente en caso de necesidad económica por lo que el reagrupante debe comprobar que genera suficientes ingresos, y este es el caso de España e Italia, por ejemplo ( ^{Bonizzoni, 2009, p. 93} ). Alguna que otra vez, se admite a otro tipo de familiares bajo algún esquema de reagrupación de familias, como los hermanos del reagrupante (Hungría) o personas que se encuentren bajo la custodia parental o el cuidado del reagrupante (por ejemplo, Hungría, República Checa, Portugal, Estonia, Finlandia), según disposiciones algún programa de reagrupación familiar.

Estas limitaciones contradicen en gran medida el principio de no discriminación porque, a pesar de la sección 4.2 a) de la Directiva 2003/86/CE, los Estados Miembros pueden no autorizar la entrada y la residencia del ascendiente o del cónyuge del reagrupante. Las limitaciones en el ejercicio de la reagrupación familiar para los ascendientes y otros parientes influyen de forma negativa en la protección de los derechos de las familias contemplados en el Artículo 8 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos (CEDH) ( ^{Cholewinski, 2002} ), la Directiva y, sobre todo, la configuración directa e indirecta del modelo y el desarrollo de la dinámica familiar.

3.2 Condiciones externas y su puesta en práctica

La Directiva 2003/86/CE establece una serie de condiciones externas que los Estados Miembros pueden exigir a los solicitantes de una reagrupación familiar, con cierto margen de discrecionalidad. Por ejemplo, el Artículo 7 de la Directiva permite a los Estados Miembros exigir a un reagrupante que compruebe que cuenta con alojamiento adecuado, seguro médico, e ingresos fijos y regulares, y que cumple con los requisitos de integración. Por otra parte, otro tema delicado relacionado con la “concepción de dependiente” es el acceso al empleo para los miembros de la familia. El Artículo 14.2 de la Directiva otorga amplias facultades discrecionales a los Estados Miembros para decidir las condiciones en las que los miembros de la familia ejercerán las actividades laborales en las que se percibe un salario, o las que realizan por cuenta propia, conforme a las leyes nacionales.

En primer lugar, la Directiva de la UE exige la condición obligatoria de un período de residencia anterior a la solicitud, normalmente de dos años. La posibilidad de que un nacional de otro país (que no resida legalmente en el país de acogida) pueda ser reagrupante para fines de reagrupación familiar, a menudo depende de su situación migratoria en el Estado Miembro. Austria, Dinamarca, Estonia, Alemania y Letonia requieren un permiso de residencia permanente para ser elegible para la reagrupación familiar. En la mayoría de los países de la UE, en cambio, el requisito se considerará cubierto si el posible reagrupante cuenta con un permiso de residencia temporal. Chipre y Francia también requieren un permiso temporal válido durante al menos un año. Otros Estados Miembros de la UE otorgan diferentes derechos en materia de reagrupación según el tipo de permiso de residencia. Por ejemplo, las personas que no cuentan con un permiso de residencia temporal no tienen derecho a la reagrupación con padres o abuelos, con lo cual sólo los titulares de los permisos de residencia permanentes podrán ingresar a sus familiares. En general, los titulares de permisos de residencia temporales pueden ingresar a los miembros de su familia nuclear. Además de la situación jurídica del reagrupante, el Artículo 8 de la Directiva 2003/86/UE autoriza a los Estados Miembros a establecer un período de residencia legal antes de que las familias puedan reunirse con el reagrupante. El período de residencia legal que se requiere varía entre los Estados Miembros y puede ser desde 12 meses (Irlanda, Luxemburgo, Eslovenia y Países Bajos) y más, pero no debe exceder los dos años (Chipre, Hungría, Letona, Letonia, Malta, Polonia) o tres años en Austria ( ^{EMN, 2016, p. 27} ). Además de la disposición en cuanto a vivienda adecuada e ingresos fijos, y un seguro médico con suficiente cobertura, también es requisito contar con una vivienda de calidad, un requisito con el que no cuentan todas las familias residentes en las sociedades de acogida y en las redes de bienestar social.

En todos los casos, los legisladores requieren contribuciones financieras durante el año siguiente a la fecha de la solicitud. El reagrupante debe declarar cualquier posible cambio en sus ingresos de los meses anteriores. Y también requieren que el solicitante de la reagrupación familiar no obtenga estos ingresos del sistema de beneficencia social o del sistema de salud, aunque los ingresos de otros miembros del hogar se pueden tomar en cuenta. La cantidad de recursos establecida en la ley o la reglamentación se tomará sólo como referencia y, por tanto, la consecuencia directa de no cumplir con la disposición relacionada con los ingresos no necesariamente significa el rechazo automático de la solicitud. Por otra parte, las “necesidades” pueden variar mucho según las personas, como en el caso de Chakroun, en donde se estableció que una pareja de 60 años no tiene las mismas necesidades que una de 30 años ( ^{Parlamento Europeo v. Consejo de la Unión Europea, 2006} ; ^{Rhimou Chakroun, 2010} ). El Tribunal ha definido el margen de maniobra de los Estados Miembros. Por ejemplo, los recursos asignados de forma anual al reagrupante para estudios debido a su nivel de ingresos no necesariamente implicará el rechazo de su solicitud. Con todo, en vista de la dificultad para obtener suficientes ingresos en situaciones de crisis económica, Portugal ha adaptado las normas sobre reagrupación familiar para los casos en que un solicitante pierde su empleo de forma involuntaria y, por ende, su nivel de ingresos disminuye. Por último, contar con alojamiento es un requisito previo para la reagrupación familiar. Este requisito puede plantearse con carácter muy general, como alojamiento adecuado, es decir, para la familia, o expresado de forma precisa de acuerdo con el número de metros cuadrados que requiere cada miembro de la familia, o lo que se considera normal para una familia semejante en la misma región, con el fin de cumplir las normas de salud y seguridad general ( ^{Ministro van Biuitenlandse Zaken c. K y A, 2015} ).

En segundo lugar, aunque la integración y el control de fraudes parecen referirse a problemas muy diferentes, normalmente están interrelacionados y se dirigen a los mismos grupos de inmigrantes. Ambos argumentos dan lugar a un amplio escrutinio de todas las familias migrantes, y plantea interrogantes sobre la forma en que la vida de las familias migrantes se adapta a las normas familiares dominantes ( ^{Mullaly, 2011} ). Muchas veces, las sospechas de fraude generalizado o declaraciones falsas de paternidad tienen su origen en estereotipos basados en el género y la etnicidad, y en la falta de comprensión de las diferentes formas familiares, o incluso son resultado de la discriminación, y simplemente se utilizan como alegatos con respecto al tema de la integración. Por ejemplo, el Apartado 5 del Artículo 4 de la Directiva 2003/86/CE establece que “para garantizar mejor la integración y evitar los matrimonios forzados, los Estados Miembros pueden exigir que el reagrupante y su cónyuge tengan una edad mínima, que es de al menos 21 años de edad, antes de que el cónyuge pueda reunirse con él/ella”. Es necesario obtener información precisa sobre la escala del fraude o matrimonios forzados antes de introducir medidas políticas restrictivas para combatir este fenómeno ( ^{La Spina, 2012, p. 39} ). De hecho, varios Estados Miembros están formulando políticas o modificando las leyes para abordar mejor el mal uso del derecho a la reagrupación familiar, aunque un estudio realizado por la ^{Red Europea de Migración (2012)} ofrece evidencia en cuanto a la existencia de matrimonios de conveniencia, pero todavía no ha sido posible cuantificar plenamente este hecho en todos los Estados Miembros.

En tercer lugar, a nivel de la UE, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 2008 y el Programa de Estocolmo lograron la transferencia generalizada de esquemas de integración nacionalistas a la política general de inmigración de la UE en lo que concierne al estado de derecho y la no discriminación (DOUE 2010/C 115/01). Desde 2003, los Estados Miembros del norte y el centro han fomentado ampliamente un cambio hacia el integrismo cívico o la política social conservadora en términos legales y políticos, debido al fracaso del multiculturalismo. Cuatro Estados Miembros (Austria en 2011, Alemania y Francia en 2007, y los Países Bajos en 2006) han venido empleando estas medidas como requisitos para la admisión a su territorio, forzando a los miembros de la familia a aprobar exámenes de idiomas, pruebas de conocimiento de la sociedad de acogida o a firmar contratos que les obligan a tomar cursos sobre educación cívica y, en su caso, de idiomas, antes de ingresar al territorio del Estado Miembro.

En Francia, el proceso de integración se lleva a cabo al llegar. Los componentes de las medidas de integración pueden diferir entre estos países, pero sus efectos sobre la situación jurídica de los miembros de la familia son similares, es decir, sobre su ingreso al territorio y/o su posibilidad para permanecer en éste, y sobre su derecho a acceder al mercado laboral para familias reagrupadas durante un año a lo sumo. Por ejemplo, la mayoría de los Estados Miembros prefieren solicitar que los miembros de la familia cuenten con un permiso laboral: por ejemplo, Austria, Bélgica, República Checa, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Polonia, Rumania, España, Suecia se cuentan entre ellos; este último Estado Miembro aplica una legislación que prohíbe todo tipo de discriminación en el mercado laboral. Así pues, la mayoría de los Estados Miembros deciden limitar o establecer disposiciones más (Austria, Grecia y Eslovaquia) o menos estrictas para el acceso al mercado laboral (Finlandia, Estonia, Lituania). La flexibilidad del marco de referencia de la Directiva prevé un gran margen de acción para ello.

Con todo, otros Estados Miembros requieren que los miembros de la familia asuman ciertas obligaciones formales únicamente al momento de su ingreso, como tomar cursos de integración (principalmente, cursos para prender el idioma) ( ^{Böcker y Strik, 2011} ; ^{Strik, de Hart y Nissen, 2013} ), aunque estas nuevas normas de integración cívica plantean contradicciones inherentes con respecto a la igualdad de trato, la no discriminación, la eficacia, la proporcionalidad y la inclusión social en cada una de las áreas regionales y locales de Europa (III / IV Informe Anual de Políticas de Inmigración y Asilo COM (2012) 250 final; COM (2013) 422 final, COM (2014) 288 final). En la próxima década, la Unión Europea se verá cada vez más influenciada por el enorme impacto de la crisis económica, y se implementarán programas de integración obligatorios para garantizar la inmigración selectiva, el control restrictivo y el acceso a los acuerdos del estado de bienestar. Empero, estas disposiciones/medidas de integración podrían convertirse en una herramienta “nacional” ilimitada para controlar a los no nacionales “dentro” del Estado-nación e incluso en el extranjero. En este contexto, Koopmans sostiene que Suecia, Bélgica y los Países Bajos, que han combinado políticas multiculturales con un sólido estado de bienestar, no han tenido buenos resultados en materia de integración. Y muchos países que tienen políticas de integración más restrictivas o asimilacionistas (Alemania, Austria, Suiza, Francia) o estados de bienestar relativamente austeros (Reino Unido) han logrado mejores resultados de integración en materia de empleo, segregación espacial y encarcelamiento ( ^{Koopmans, 2010, p. 20-25} ). Mientras que en Bélgica el requisito sólo se cumple después de la llegada al país, y debido a las restricciones constitucionales impuestas las medidas de integración únicamente se aplican en la región de Flandes.

No se han llevado a cabo pruebas equivalentes en España, Italia o Suecia. Por ejemplo, en Suecia ha habido poca integración cívica en términos de política migratoria familiar, aunque esto podría estar cambiando debido a la gran afluencia de migrantes que solicitan asilo ( ^{Bech et al., 2017, p. 3} ), y España no emplea oficialmente medidas de integración. Después de todo, las normas adoptadas en 2011 pueden allanar el camino para que los problemas de integración jueguen un papel preponderante en la ley de migración española. De aquí que para renovar un permiso de residencia, o en el caso de no haberse cumplido otros requisitos, sea posible evaluar las medidas que han tomado los migrantes para su integración ( ^{Pascouau, 2011} ; ^{EMN, 2016} ; ^{EMN, 2018} ).