Introducción

Chile posee dos triple-fronteras¹ y ambas se ubican en el Norte Grande. Una se encuentra en la Puna de Atacama, donde confluyen Bolivia, Argentina y Chile, zona transfronteriza que ha sido denominada “región circumpuneña” (Benedetti, 2005); la otra, que se conoce como el “tripartito” o “trifinio”, está ubicada a 4 115 metros de altura en la meseta de Ancomarca, donde convergen Perú, Bolivia y Chile, y la denominamos “andina”.

La triple-frontera andina se estableció una vez ratificado el Tratado de Lima, en 1929, cuando se formó una Comisión Delimitadora presidida por los ingenieros Federico Basadre y Enrique Brieba, peruano y chileno, respectivamente, a quienes les correspondió la colocación de los hitos fronterizos. Se colocaron 80 hitos, siendo el núm. 80 el correspondiente a dicho tripartito; por el lado boliviano se encuentra “el hito núm. 5 correspondiente a la frontera pactada en el Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile. Es un hito de fierro con los nombres de los tres países colindantes y señala las direcciones: Perú, Chile y Bolivia (17^o29’57” de latitud y 69^o28’28” de longitud)” (Pons, 1961: 220). Este hito fue reemplazado por otro de cemento con forma de obelisco, donde cada cara tiene una de las banderas de los tres países.

La franja del tripartito andino es uno de los lugares más inhóspitos del planeta por lo extremo de su clima² y supera los cuatro mil metros de altura, sin embargo, es un territorio habitado por tres comunidades andinas aymaras, pertenecientes a la misma etnia: la pacaje (Herrera, 1997: 17), cuyas voces no fueron escuchadas por los tres estados nacionales cuando se definió la triple-frontera, por lo que las separaron y les asignaron una nacionalidad distinta a cada una. Michel de Certeau afirma que lo que habla desde lejos, desde un rincón heterológico, necesita ver escrita su voz.³

Las fronteras son, por definición, el locus de la heterología.⁴ La existencia de estas tres comunidades andinas, Ancomarca, Charaña y Visviri, en dicha franja tri-fronteriza ha dependido de las decisiones de la diplomacia, también sus respectivas nacionalidades han dependido de esas decisiones. Sostenemos que fue vista desde la diplomacia como un territorio heterológico, porque se podía intervenir “en beneficio” de todo el cuerpo social. Los límites fronterizos generalmente han sido resultado de acuerdos diplomáticos que han dividido o fragmentado territorios que, desde una perspectiva cultural y no sólo geográfica, expresaban una totalidad. La división o fragmentación de esos territorios, en algunos casos, incluyó también la división o fragmentación de las comunidades que lo habitaban.

Una de estas tres comunidades andinas fue fragmentada por el Tratado de Lima de 1929: la comunidad de Ancomarca.⁵ Dicha fragmentación fue posible porque -sostenemos- en el siglo XIX e inicios del XX para la diplomacia no fueron visibles o simplemente fueron fusionadas con el territorio. Sin embargo, en el transcurso del siglo XX, durante los procesos de globalización y glocalización (^{Bello, 2012}), las triples-fronteras en América Latina han comenzado a visibilizarse a nivel internacional, entregando a esas comunidades una posición geopolítica estratégica. La triple-frontera andina que nos ocupa no ha estado ajena a esos procesos. La principal expresión de dicho cambio en ese territorio fue la creación de la Alianza Estratégica Aymaras Sin Fronteras (AEASF) -en el poblado de Putre- que trajo consigo un fenómeno nuevo, con efectos positivos y negativos.

En síntesis, este artículo se propone demostrar cómo las comunidades andinas que habitan territorios fronterizos y que fueron vistas desde la diplomacia y el estado-central como heterológicas y marginales y, por lo mismo, diplomáticamente negociables sus territorios, han devenido a ocupar una “posición estratégica” (Womack, 2007) a nivel local, regional, nacional, internacional y especialmente a escala transfronteriza (Jessop, 2004). La transición de una posición heterológica a otra estratégica o geoestratégica tuvo un impacto social y cultural para estas tres comunidades, como a comienzos del siglo XXI lo tuvieron los procesos de peruanización, bolivianización y chilenización (^{Díaz, 2006}), cuando los Estados-nacionales definían el destino de esos territorios.

Durante el proceso de chilenización, la escuela pública tuvo un papel relevante (^{González, 2004}) en un doble sentido: la integración de las comunidades fronterizas a la sociedad nacional y la reproducción en el aula del capital cívico nacional,⁶ la cual, décadas después, fue la pátina social y cultural que -sostenemos-, les permitió a los dirigentes andinos asumir el liderazgo de los municipios rurales y, posteriormente, crear la organización de la AEASF (^{González, Ovando y Rouviere, 2008}).

La posición heterológica: La diplomacia en el proceso de definición de la triple-frontera

Se puede afirmar que la triple-frontera andina es resultado de la negociación diplomática de Chile con Perú y Bolivia, que se produjo al término de la Guerra del Pacífico. Por tanto, el Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile de 1904 y el Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Chile de 1929 fueron fundamentales en la definición de los límites en esa zona y, por lo mismo, del destino de las comunidades de Ancomarca, Visviri y Charaña.

El acuerdo diplomático que tuvo por resultado el tratado de 1929 fue el más relevante para estas comunidades, pues dio origen a Visviri, producto de la división de Ancomarca (^{González Cortez y Gundermann, 2009}) por el límite internacional entre Perú y Chile.

También fue importante el proceso diplomático previo al tratado de 1929, porque dejó registro y testimonios de la mirada desde la diplomacia hacia el indígena de sierra. Ambas diplomacias (peruana y chilena) coinciden en la misma perspectiva sarmientina de civilización y barbarie (^{Bravo, 1993}).

Previo a la firma del tratado de 1929, hubo un largo periodo de 35 años -entre 1894 y 1929- en que se inició la discusión en torno al plebiscito establecido en el Tratado de Ancón de 1884,⁷ entre Perú y Chile, que decidiría la soberanía de las provincias de Tacna y Arica. En ese contexto, las autoridades peruanas y chilenas se enfocaron en los habitantes de ambas provincias por ser ellos quienes tenían el derecho de votar en el plebiscito. Este acontecimiento permitió conocer la opinión de las autoridades de ambos países respecto de la población altoandina, o, como se decía en la época: indígena de la sierra.

En la búsqueda de posibles votantes (quienes debían saber leer y escribir) las comisiones peruanas y chilenas se interesaron en censar la población. La comisión peruana anota lo siguiente:

Las subdelegaciones de la sierra, Putre y Belén, presentan el fenómeno inverso de una aplastante mayoría de nativos sobre los residentes,⁸ y la explicación está en que los pobladores de esos distritos son indígenas, y tienen relativa civilización y cultura, dedicándose perennemente a la guarda de sus pequeños intereses agrícolas y ganaderos, que transmiten de padres a hijos, sin que se note en ellos el espíritu emprendedor de querer abrirse paso en centros más adelantados y cultos, donde la lucha por la vida, requiere en los concurrentes mayores condiciones de preparación de las que poseen esos indígenas (^{Rada y Gamio, 1927: 438}).

La idea de “progreso” de la autoridad peruana no sólo desconoce la importancia de la cultura andina, sino que, por lo mismo, duda tácitamente de la lealtad patriótica de su voto en el plebiscito.

La perspectiva chilena, por su parte, se expresa claramente en la opinión de Luis Barceló, quien fuera Intendente en Tacna, en un documento oficial enviado por el gobierno chileno al árbitro estadounidense en 1923:

La inmensa mayoría de la casi totalidad de la población de las subdelegaciones de Tarata y Palca, del departamento de Tacna, y de las de General Lagos, Putre, Belén y Codpa, del Departamento de Arica, está constituida por indios de la raza aymara. Todos esos indios hablan el idioma aymara. Los que habitan la parte más oriental de la provincia, es decir, el distrito de Mauri, la subdelegación de General Lagos y las regiones del Departamento de Arica que limitan con Bolivia, hablan exclusivamente esa lengua, sin que se haya difundido entre ellos el idioma español. Esto se debe al hecho que allí no hay centros de población, sino que los indios viven aislados, a grandes distancias unos de otros, dedicados al pastoreo de llamas y alpacas (citado por ^{Díaz y Galdames, 2010: 39}).

En lo sustantivo lo señalado por Barceló es efectivo, pero demuestra la mirada “civilizatoria o moderna” desde la distancia hacia un otro que habla otra lengua y que vive aislado. Por tanto, se podría concluir de sus palabras que no es fácil consultarlo y menos integrarlo. El Estado-nación chileno envió alfabetizadores a esa zona, pero no pensando en esta población sino en los colonos y en los trabajadores que construyeron el ferrocarril entre Arica y La Paz.

La mirada de las autoridades peruana y chilena tendió a coincidir respecto del “indígena de la sierra”, donde la perspectiva positivista de “civilización y barbarie” era la dominante para calificar a esta población.

No puede extrañar el intento del Estado-nación, sea peruano, boliviano o chileno, de integración de la población de la frontera a la idea de país,⁹ porque, como lo señala Benedict Anderson, se crea el concepto de nación como forma de pertenencia y lealtad a la colectividad nacional (1993). Sin embargo, es necesario que la frontera esté definida previamente, de lo contrario, esos territorios son márgenes heterológicos.

La definición de la frontera entre Perú y Chile en 1929, conocida como “línea de la Concordia”, significó un corte de cirujano en un territorio culturalmente unificado. La “línea de la concordia” que en rigor siguió el trazado del ferrocarril de Arica a La Paz, entre los hitos 71 al 78 dividió a la comunidad de Ancomarca, dejando la mayor cantidad de estancias en Perú, incluido el pueblo central. Las estancias de Ancomarca eran Palpujo, Chijlia, Puquilla, Mococomone, Challamoco, Challacagua, Colpa, Churicujo, Challajaque, Canka, Ceuka, Quilapulaca, Uchusuma, Copapujio, Calapalaque, Viluyo, Quescra, Vidrenca, Patalaca y Calanasa. Si seguimos a Héctor González Cortez:

De acuerdo a los nombres de los primeros detentores de derechos, sólo los actuales predios Pacocagua, Chisllani, Parcoma, Ancomarca, Queullire-Ilave y Colpitas de la inscripción colectiva de 1911 quedaron en el sector chileno. En una muestra de la forma en que se han reconfigurado los límites de identificación colectiva, estos predios forman parte de lo que se reconoce actualmente como la comunidad o localidad de Visviri, que agrupa también la parte más septentrional de lo que era el distrito o ayllo de Cosapilla (el predio Piazalla), localizado al sur-este del río Putani, y el sector del bofedal de Visviri, que corresponde a terrenos que antes pertenecieron a Bolivia (con los predios Chujnumani, Bocatoma, Churo, Cantutani, Fondo Cabuta y Colpachuncho) (2009: 6).

Este fenómeno no fue exclusivo de esta frontera, también se pueden detectar casos similares en la frontera entre Bolivia y Chile, especialmente en Tarapacá. Tampoco lo es sólo entre estos tres países, pues América Latina en la definición de sus fronteras dividió comunidades que pertenecían a la misma etnia o hablaban la misma lengua.

Bajo la administración chilena, después del Tratado de Ancón, las comunidades andinas se apresuraron a inscribir sus tierras, pero no todas lo lograron en tanto comunidades indígenas, sino como comunidades de particulares (^{González y Gundermann, 2009: 61}).

Por lo demás, cada estancia (compuesta de uno o más grupos de patriparientes) de Isluga, en un proceso que se había iniciado en 1886, ya tenía inscritos o inscribirá también títulos por separado para respaldar sus terrenos. Lo mismo ocurrirá con los otros dos casos de inscripción “comunitaria” registrados en el altiplano, Ancomarca y Tacora, que fueron inscritas por grupos de particulares y cada estancia procuró tener títulos aparte (^{González y Gundermann, 2009: 70}; nota al pie 48).

Para el caso de Ancomarca, dicha inscripción en tanto grupos de particulares por cada estancia (caserío con un linaje determinado) fue favorable en el proceso posterior a 1929, cuando la comunidad debió escindirse, de lo contrario esa partición pudo haber sido aún más traumática.

La comunidad de Ancomarca tiene antecedentes coloniales y republicanos tempranos, ha sido referida por autores como ^{Risopatrón (1890)} y ^{Dagnino (1909)}, no así Charaña.¹⁰ Según el ordenamiento territorial de las provincias de Tacna y Arica, establecido después del Tratado de Ancón, la comunidad de Ancomarca formaba parte del departamento de Tacna y de la subdelegación de Palca: “Dentro de los límites de esta subdelegación estaban los caseríos de Higuerani, Viñani, Cobani, Camuñani y La Portada en la zona de la sierra de Guaylilla, y en la altiplanicie ‘los pueblos indios’ de Cosapilla, Tacora y Ancomarca” (^{Díaz y Galdames, 2010: 34}).

Cosapilla y Tacora quedaron después de 1929 en territorio chileno por estar dentro de los diez kilómetros establecidos al sur del ferrocarril de Arica-La Paz. La parte de Ancomarca que quedó en Chile se conoce actualmente como Visviri. Lo relevante es que Visviri se diferenció notoriamente de su comunidad de origen, producto del proceso de chilenización durante el siglo XX, especialmente, por la asimilación de la nacionalidad, la pérdida de la lengua aymara (^{Gundemann, 1990}), y por la presencia del ferrocarril que, para las primeras décadas del siglo XX, fue expresión de modernidad.

Una definición del proceso de chilenización en la zona interior de la provincia de Arica, referido sólo al campo educativo, es la de Alberto Díaz:

El proceso de chilenización se caracterizó por actuar simultáneamente en diferentes esferas de acción: adelantos en materia de construcción, imposición de la cultura nacional en las escuelas primarias rurales a través de la castellanización y la alfabetización en los poblados rurales, que, en este momento, eran sinónimo de peruanidad o incivilización bajo una lógica sarmenteana. En el área de Arica se construirían escuelas destinadas a generar conciencia nacional chilena en los educandos, donde los profesores actuarán como verdaderos promotores de la identidad y soberanía patriótica chilena, por lo que el Estado tempranamente destinó maestros normalistas para entregar el servicio de instrucción escolar (2004: 220).

En términos generales, los procesos de chilenización, peruanización o bolivianización expresaron la implementación de las instituciones nacionales en todo el territorio a través de agencias y agentes estatales, con el propósito de reproducir culturalmente la identidad y el carácter nacionales correspondiente. Estos procesos se profundizan en zonas de frontera donde se duda de la lealtad a la comunidad nacional. La implementación de las instituciones en los territorios de los márgenes suele estar acompañada de violencia estructural (^{Galtung, 1995}), dependiendo del tipo de institución que se pretenda imponer. Dicha violencia fue resistida simbólicamente por los habitantes de los márgenes mediante la destrucción de los hitos fronterizos después del tratado entre Bolivia y Chile en 1904. Las autoridades de los países involucrados comprendieron que no fueron actos de “mover” los hitos sino de su destrucción simbólica, es decir, por resistencia a su mera presencia en el territorio andino.

La resistencia desde la heterología: La destrucción de los hitos en la frontera entre Bolivia y Chile, después del tratado de 1904

Las comunidades altoandinas se hicieron escuchar ante la presencia de los peritos después del Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile de 1904. Lo hicieron a su modo, como después de una fiesta andina, destruyendo los hitos, lo cual puede constatarse en el archivo de la Subdelegación de Putre:

Durante la fiesta de Sajama “Bolivia” (29 de marzo), Eloy Altaminaro, proveniente de Curahuara de Carangas, en compañía de Modestos Temio y otros vecinos de Sajama destruyeron las pirámides o hitos fronterizos, una en el paso de Huacollo y otra en el paso de Casiri. Esto es informado por el inspector Jose Aranda al Subdelegado Mauricio Rerynaudel que lo remite al Gobernador de Arica con fecha 1 de abril de 1906.¹¹

No es de extrañar que haya surgido resistencia entre los pobladores de la franja fronteriza, que se expresó en el rechazo a los mojones o apachetas que fueron utilizadas como hitos.

El inspector interino, Alfonso Aranda, de Caquena envía al Subdelegado de Putre la importancia de verificar las posiciones de los hitos fronterizos con Bolivia y se denuncian desobediencias a la autoridad de ciertos pobladores. Esto lo realiza a través de una carta el 14 de agosto de 1914.¹²

La desobediencia de los pobladores de la frontera y la destrucción de los hitos fronterizos ha sido siempre asociada a una motivación nacionalista, sin embargo, consideramos que en ese periodo se trata de una reacción contra la instalación de los mojones en ambos países por los peritos el año 1906, en un territorio que tiene un valor sagrado para sus habitantes, especialmente, porque escogieron como hitos a algunas apachetas.¹³

Desde Ticnamar, el 11 de julio de 1906, el Subdelegado de Belén D. Rojas, en compañía del Guardián Cereceda y el Sargento Ríos, comunica al Gobernador de Arica que se dirigieron a los hitos fronterizos con Bolivia, donde descubrió que la apacheta de Tambo Quemado ubicado en punto llamado Vacoya le falta la plancha donde lleva los nombres de Chile y Bolivia, la que fue quebrada y robada. Al hito de Chungará le faltan algunos transversales que fueron robados. El hito de la apacheta Caranguilla le falta la plancha de los nombres de Chile y Bolivia en que fue quebrado y robado. El hito del punto Macaya (costado norte del río Lauca) le falta la misma plancha que los anteriores. Estos hitos quedan acuñados con grandes piedras y recomendados a los celadores del Chungará y Huayatire y se encuentran a dieciocho leguas de distancia.¹⁴

La conclusión de la autoridad chilena no fue, por lo mismo, asociar la destrucción de los hitos por parte de “bolivianos”, sino de indígenas o de indios, es decir, despojó de toda interpretación nacionalista esta acción de resistencia. “El Subdelegado de Belén D. Rojas, el 20 de mayo de 1906 le informa al Gobernador de Arica que han sido destrozados varios de los límites por indios bolivianos que probablemente han de vivir en la parte fronteriza con Bolivia”.¹⁵

Sin duda estas acciones llevaron a las diplomacias boliviana y chilena a buscar acuerdos para establecer los hitos fronterizos y darlos a conocer a los habitantes. Una carta del director de la Oficina de Mensura de Chile al intendente de Tarapacá, fechada en Santiago el 16 de diciembre de 1911, hace mención del hito de Visviri y del hito del cerrito Prieto, donde queda claro que Chile estuvo dispuesto a ceder en este último punto para dejar establecido el hito Visviri en el tripartito andino.

Por haberse presente otra dificultad de mayor trascendencia respecto de la ubicación del punto Visviri, en Tacna, propuse al Director de la Comisión boliviana de límites, que aceptaremos la propuesta chilena en hito de Visviri, que quedó erijido, la propuesta boliviana en el mogote de Pisiga que no pudo desmarcarse por haberse retirado de la rejión el comisionado boliviano.¹⁶

Las franjas fronterizas también nos hablan de los estados nacionales, porque sus políticas públicas y también las empresas privadas se expresan allí en toda su extensión en beneficio de la razón de estado o del interés particular. El Estado-nación tiende a privilegiar la unidad (social y territorial) por sobre la diversidad social (Lechner, 1984), y es en estas franjas fronterizas donde la unidad social y territorial se pone a prueba. Por lo anterior, la escuela pública tuvo un papel esencial -una vez definida la frontera- de restauración del tejido social con el resto de la sociedad. El discurso pedagógico en la frontera tuvo por principal objetivo la integración cultural.¹⁷

La posición estratégica de las comunidades de la triple-frontera

Nos interesa el concepto de posición estratégica con el propósito de entender cómo las comunidades marginales -heterológicas- logran alcanzar una ventaja geoestratégica, bajo el marco de una nueva geopolítica (^{Amilhat, 2012}). Si seguimos a John Womack, los “grupos no eran estratégicos por su posición o algún otro atributo, sino por su conducta”, y dicha conducta estaría dada por el “carácter esencial de su función o grado de indispensabilidad, facilidad de reemplazo, carácter crítico de su habilidad, carácter esencial de su ubicación” (2007: 90). A diferencia de lo que acontece en una industria, en una comunidad rural, el carácter estratégico está dado por su posición geográfica y por su conducta, es decir, tanto por la existencia en su territorio de una triple-frontera como por un fenómeno específico y por la capacidad de organizarse a partir de la toma de conciencia de dicha posición.

¿Por qué las triple-fronteras tendrían en sí mismas esa condición geoestratégica? Alejandro Benedetti nos advierte sobre los flujos negativos que se asocian a las triple-fronteras (2007), y José Luis Rhi-Sausi y Nahuel Oddone nos señalan respecto de los “miedos a la frontera” que surgen por la “posibilidad de asociar las actividades en la frontera con comportamientos ilícitos, como el tráfico de armas y el contrabando” (2010: 248). A partir de esto surge el interés de los Estados-nacionales, gobiernos regionales, organismos internacionales, entre otros, por estos territorios que en décadas pasadas estaban olvidados o se les asignaba sólo un valor diplomático.

La AEASF emergió precisamente en el vértice nororiental de la frontera chilena con Perú y Bolivia, específicamente de la comuna de Putre, una zona no sólo marginal y fronteriza, sino tradicionalmente postergada, una de las más pobres del país, y que está muy próxima al tripartito. Sin embargo, desde allí se logra organizar a 57 municipios rurales andinos de los tres países por medio de esta corporación de derecho privado sin fines de lucro llamada, desde 2003, Alianza Estrategia sin Fronteras. Se puede entender esa emergencia social como una “apropiación” de las comunidades a sus propias fronteras e identidades (^{Sahlins, 2000}), lo que posibilitaría una “posición estratégica”.

La posición (geo)estratégica de los habitantes de las fronteras no tiene relación alguna como los procesos de fronterización, entendidos como los fenómenos históricos por los cuales los diversos elementos de la frontera han sido construidos por los poderes centrales y por las poblaciones locales (^{Grimson, 2000}), al contrario, cuando la escala internacional se hace presente en esas zonas transfronterizas tradicionalmente marginales las comunidades pueden tomar conciencia de su posición estratégica apropiándose de sus fronteras.

¿De qué estamos hablando actualmente cuando nombramos la triple-frontera andina? El interés de los gobiernos nacionales y regionales de los tres países o de los organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (ID), nos indica que existen otros motivos como, por ejemplo, la preocupación por el contrabando de artículos electrónicos incrementado por las zonas francas de Iquique y Tacna, el robo y contrabando de vehículos conocidos en Bolivia como chutos, el peligro latente de organizaciones terroristas como Sendero Luminoso, recursos naturales como gas, agua y minerales, patrimonios arqueológico y paisajístico relevantes en peligro, la creación de circuitos turísticos internacionales, migraciones ilegales, etcétera, por lo que el problema de la pobreza de las comunidades indígenas de Ancomarca, Charaña y Visviri es vista como un riesgo frente a los flujos negativos: contrabando, narcotráfico, narcoterrorismo, trata de personas, propagación de enfermedades infecciosas, migraciones ilegales, etcétera. Es decir, en cierta forma, la densidad de los flujos que cruzan actualmente las fronteras, en especial las triple-fronteras, está visibilizando territorios que hasta entonces no eran escrutados y menos escuchados.

Este cambio de enfoque muestra -en las palabras de Rhi-Sausi y Oddone- “uno de los más interesantes y significativos espacios para la cooperación transfronteriza y la integración sudamericana. Varios son los factores que determinan su importancia estratégica, pero en particular destacan sus potencialidades económicas” (2010: 251). La visión del BM presentada en 2002 fue la siguiente:

El objetivo general es apoyar las actividades de trabajo conjunto y de empoderamiento de las municipalidades lideradas por aymaras en las áreas del altiplano de Bolivia, Perú y Chile. Esto implicaría: i) construir un espacio para apoyar la recuperación de su identidad; ii) movilizar su capacidad institucional; iii) fortalecer sus capacidades de gestión en el diseño y promoción de estrategias de desarrollo rural (^{BM, 2002}).

Sin embargo, la presencia de agencias y agentes nacionales e internacionales también está relacionada con motivos vinculados al paradigma de la “securitización”. Según Campesi:

El concepto indica el proceso de construcción social que impulsa a un sector ordinario de la política a la esfera de las cuestiones de seguridad, por medio de una retórica del peligro preordenada a justificar la adopción de medidas especiales que exceden el marco jurídico y los procedimientos ordinarios de decisión política. En otras palabras, la securitización es el proceso mediante el cual una cuestión viene transformada en un problema de seguridad, con total independencia de su naturaleza objetiva, o de la relevancia específica de la supuesta amenaza (2012: 5).

La securitización está pensada principalmente respecto del problema migratorio, pero en las triple-fronteras se suman otros fenómenos potenciales o reales. El Plan Frontera Norte en Chile y el Plan Cerrojo en Bolivia¹⁸ han aumentado la vigilancia de las fronteras a través de nuevas tecnologías y ampliado el radio de control por los flujos negativos, cuyo origen es transnacional, y son entendidos por las autoridades como nuevas amenazas para la seguridad nacionales de carácter no militar (^{Bello, 2012}). Las comunidades fronterizas como Ancomarca, Visviri y Charaña, que en la actualidad al sumar la población de las tres no alcanzan el millar de habitantes considerando hombres, mujeres y niños, no son más que pequeñas piezas dentro de un escenario internacional amplio y ajeno.

Conclusiones

A los altos índices de pobreza en las comunidades aymaras de Perú, Bolivia y Chile, su condición de marginalidad, la expulsión de su población joven, municipios con escasos recursos operativos, carencia de servicios básicos de salud y educación, la falta de caminos pavimentados, la pérdida de la lengua vernácula, el deterioro de la producción agropecuaria, etcétera, se debe sumar a que su voz no ha sido escuchada y menos escrita en la agenda diplomática de los Estados-nacionales. Sin embargo, cambios en el marco internacional han visibilizado las triple-fronteras, especialmente aquellas que están habitadas por poblaciones marginalizadas y pobres, por ser zonas porosas para la circulación de flujos negativos, cuestionando así la seguridad de toda la sociedad nacional, donde las migraciones ilegales y el narcotráfico son los flujos más recurrentes. Intelectuales como el peruano Nilo Meza comenzaron a hablar de “zonas de integración fronteriza”, donde existen comunidades de países andinos, como Perú y Bolivia (2005), donde se menciona la participación de organismos internacionales, como el BID junto con organismos estatales regionales y nacionales. Si bien es una iniciativa exógena a las comunidades andinas, su importancia radica en que comienzan a visibilizarse franjas fronterizas como el tripartito andino tradicionalmente marginalizadas.

En Putre, el poblado más importante en las proximidades de la triple-frontera, se tomó la iniciativa de gestionar un proyecto de gran envergadura a escala municipal, como respuesta a la oportunidad que ofrecía el interés de organismos internacionales por esas zonas fronterizas. En 2001 se creó la AEASF, que reunió a la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá (Chile, regiones I y XV), a la Asociación de Municipios Rurales Andinos de Tacna (AMRAT, Perú) y a las tres Mancomunidades de La Paz, Oruro y los Lípez-Potosí (Bolivia). En total fueron 57 municipios. La importancia de la AEASF (^{González Cortez, 2006}) nos interesa porque en ella participan las comunidades de Ancomarca, Visviri y Charaña, sumándose a un sueño de desarrollo que la globalización, supuestamente representada en esos organismos internacionales, les traería hasta sus comunidades.

El liderazgo inicial de la AEASF fue del alcalde de Putre, Francisco Humire,¹⁹ con un discurso notoriamente pan-andino. En palabras del propio Humire: “Antes de las fronteras nacionales la región Aymara era una sola, seguramente con problemas como los tiene cualquier región del mundo. Cuando se definen las fronteras nacionales llegaron los problemas ya que nos dividieron”.²⁰

Si bien la perspectiva de Humire es pan-andina, no es contestataria hacia el poder político de los Estados-nacionales, más bien se trata de una demanda institucional, donde lo político se pone al servicio del requerimiento étnico.

No descuidamos el pasado y nuestras reivindicaciones como pueblo, estamos muy conscientes que a nivel comunal y a nivel territorial, cada municipio y cada alcalde tiene y enfrenta problemas concretos que tienen que ver con la pobreza y marginalidad. Si nosotros como autoridades con ascendencia e identidad indígena Aymara no somos capaces de atacar y solucionar estos problemas, es difícil que otra persona sin esta visión regional lo haga.

Nuestra labor de Alcaldes nos hace -por la naturaleza de nuestro cargo- tener una visión regional y tener conciencia plena de los problemas de nuestras comunidades. Ahora no es novedad que las autoridades rurales tengan la noción de macro-región, entonces si las particularidades de la zona Aymara son las mismas en los 3 países, el sentido común nos lleva a buscar soluciones comunes para la región Aymara.

La acción de los alcaldes rurales andinos, todos integrantes de la AEASF, se ha adaptado rápidamente a la oferta financiera para nuevos proyectos proveniente de los gobiernos regionales y nacionales, y de organismos internacionales, pero reproduce las relaciones de poder verticales conocidas. Por lo anterior, es que los pobladores de las comunidades fronterizas han reaccionado contra sus autoridades municipales. El periódico electrónico El Morrocotudo del 27 de mayo de 2008 inserta una columna de Nazario Mamani, donde reproduce una frase de los comuneros andinos: “No estamos contentos con sus alcaldías, nosotros queremos que nuestros Jilakatas vuelvan a tomar autoridad en nuestros territorios, porque queremos cuidar nuestra madre tierra”. La noticia básicamente se refiere a lo siguiente:

El 16 de mayo de 2008, en el tripartito frontera Perú-Chile-Bolivia, los alcaldes de Charaña, Palca y General Lagos de Bolivia, Perú y Chile respectivamente, realizaron una Feria de Camelidos Sud Americanos, que causó el descontento de las comunidades aymaras del lugar. Cada uno de los alcaldes dispuso de cada una de sus arcas municipales, más de cien mil dólares para un festejo donde las comunidades no han ganado nada.

Recordemos que las comunidades de criadores de alpacas y llamos de la zona, el 16 de junio de 1996 decidieron por voluntad soberana constituir el “PARLAMENTO DEL PUEBLO QOLLANA AYMARA ‘PPQA’” para defenderse de los saqueos de agua de que son víctimas por parte de los proyectos gubernamentales que pretende secar los bofedales de las comunidades alto andinas -donde pastan sus alpacas- lugar cuyo nombre original es “Q’euñaWichinca”, despojándoles sus aguas, perforando túneles, desbrozando canales para llevarse el agua y otros hechos que tanto daño viene causando a la economía de dichas comunidades.

Ancomarca pertenece a la municipalidad de Palca, Visviri a la de General Lagos y la de Charaña a la de su mismo nombre. La pregunta que queda pendiente es ¿qué tan representativa y beneficiosa ha sido la AEASF si consideramos que está constituida por alcaldes?, es decir, autoridades de un tipo de organización foránea y centralizada: el municipio. Inserto en comunidades andinas donde ha existido siempre la asamblea comunal, como el organismo tradicional donde se eligen las autoridades.

La municipalización, en el caso chileno, llegó a las zonas altoandinas en la década de 1980, en el marco de una geopolítica de seguridad nacional (^{Vergara, 2007}). Hans Gundermann nos señala que:

la municipalización del espacio andino tuvo y tiene el objetivo de hacer posible una presencia más efectiva del Estado en zonas interiores limítrofes que, además, eran histórica y culturalmente afines con las poblaciones nacionales de los países vecinos (Perú, Bolivia y Argentina). Se trata así de llevar a efecto una soberanía política culturalmente eficiente sobre la zona (2004: 301).

Posiblemente el cambio más relevante en las últimas décadas ha sido, respecto de lo señalado por Gundermann, la presencia de organismos internacionales que podrían asociarse al fenómeno de la globalización.

Las comunidades de Ancomarca, Visviri y Charaña están viendo que algo acontece en las fronteras del tripartito, aunque ellas continúen realizando su tradicional feria quincenal como siempre, quizá no conozcan neologismos como glocalización o fragmegración (^{Moncayo Jiménez, 2002}), pero es notorio que cruzan por allí nuevos migrantes, hay más camionetas de autoridades circulando y más control policial con otras tecnologías, observan que las fronteras se abren y se cierran (^{Amilhat, 2012}), y ellos se encuentran en medio del observado tripartito.