La complicación de las democracias

Rosanvallon aborda las transformaciones políticas contemporáneas desde la perspectiva de lo que podríamos llamar la “complicación de las democracias”. La misma se comprende, sobre todo, como una expansión de las actividades ciudadanas y de las formas de la legitimidad más allá de lo que el autor llama la “democracia electoral-representativa”.

La democracia electoral-representativa constituye, en efecto, una forma histórica de resolver la paradoja de la democracia. En primer lugar, Rosanvallon sostiene que la historia de la democracia estuvo signada por la tensión entre un pueblo-principio y un pueblo-sociedad, es decir, entre el principio político democrático de la soberanía del pueblo y el hecho sociológico del pueblo empírico. El pueblo no tiene consistencia sociológica, no es ni el pueblo de los órdenes y jerarquías del antiguo régimen, ni un Pueblo-Uno. El pueblo es “inhallable”, para retomar la expresión que emplea en el título de otra de sus obras (1998). Entonces, el gobierno representativo fue una forma de resolver históricamente esta tensión, pero siempre como traición en alguna medida. Las elecciones sustituyeron la sustancia, la unidad -que estarían implicadas en una idea de “voluntad general”- por el número, es decir, por el principio mayoritario. Paralelamente, la democracia electoral-representativa hizo equivaler el momento electoral con la duración del mandato. El problema de la temporalidad también deriva del hecho de que en la democracia el poder sea un lugar vacío; como tal, está atravesado por una doble temporalidad: una permanencia y una fractura dada por los momentos de reposición periódica del poder. Los cambios contemporáneos se inscriben en esta historicidad de las democracias, signadas por las distintas respuestas a estas tensiones: por ejemplo, nuevas formas de legitimidad y nuevas instituciones responden a un intento de recuperación de la temporalidad de la permanencia, que la democracia electoral-representativa reduce a la fractura. A la vez, nuevas formas de la actividad ciudadana responden a la necesidad de completar el ejercicio de la soberanía del pueblo más allá del acto electoral.

Para Rosanvallon, nuestro presente es una época de desacralización de la democracia electoral-representativa. La desacralización revela las ficciones sobre las que ésta se apoya y las vuelve así menos operantes. El elemento común a los libros de la trilogía es que esta democracia electoral-representativa resulta hoy insuficiente; la legitimidad electoral de los gobernantes ya no coincide como antes con la legitimidad de sus acciones, ya no la garantiza. Pero lo que cabe señalar aquí especialmente es que las transformaciones contemporáneas aparecen en los textos de Rosanvallon como manifestaciones de la contingencia en las soluciones pasadas a las tensiones de la democracia. En su tratamiento del presente y de lo nuevo, Rosanvallon deja ver el corazón de la democracia como una forma de sociedad signada por la contingencia y la fragilidad.

Veamos cuáles son los factores contextuales que lo llevan a identificar estos cambios desde los años ochenta: nuevas actividades ciudadanas y nuevas formas de la legitimidad. Por un lado, estamos frente al advenimiento de una “sociedad de la desconfianza”, caracterizada por elementos de orden científico -el paradigma del riesgo reemplaza al del progreso-, macroeconómico -el mundo económico se vuelve cada vez menos predecible- y sociológico -disminuye la confianza interpersonal en nuestras sociedades-. Esta desconfianza generalizada se manifiesta también en la desconfianza frente a los políticos o los gobernantes. De este modo, la erosión de la confianza es compensada por una organización de la desconfianza, mediante prácticas informales e institucionales que configuran lo que el autor llamará una “contrademocracia”. Por otro lado, se combinan factores políticos y sociales que ponen en cuestión los supuestos de la democracia electoral-representativa. Lo político se desideologiza y se personaliza, al mismo tiempo que pierden centralidad los partidos. Así, se produce una “desacralización de la elección”, que deja de constituir una forma de establecer una orientación del mundo, un rumbo, y pasa a ser sólo un modo de designación de gobernantes. Pierden sentido los programas, que son reemplazados por clivajes políticos fluctuantes, y por eso pierden su capacidad para orientar el futuro. Entonces, la elección deja de implicar la legitimidad de las políticas que se implementan durante el período de gobierno.

En paralelo, se producen cambios en el sentido de la noción de mayoría: el pueblo aparece cada vez más como una sucesión de situaciones específicas y singulares; como una “adición de minorías”. Las minorías ya no son percibidas como opresoras sino que son cada vez más valoradas o reivindicadas. Así, la identificación entre mayoría y voluntad popular también se debilita. Son estos factores los que conducen a una ampliación de las formas de legitimidad compensando la erosión del pilar electoral-mayoritario de la democracia.

La contrademocracia se define como la democracia de la desconfianza frente a la democracia de la legitimidad electoral. Pero no se trata de lo contrario de la democracia, sino más bien de una forma de democracia que se contrapone a la otra. No es tampoco la versión liberal de la desconfianza;³ es una vía democrática de la desconfianza, en el sentido de que implica velar por que el poder sea fiel a sus compromisos, por que no se autonomice de la sociedad y responda de algún modo al interés general. Esta contrademocracia se despliega mediante una serie de poderes que constituyen el ejercicio indirecto de la soberanía; no tienen ni pueden tener una expresión constitucional, son más bien informales, y es sobre todo por sus efectos que se manifiestan.

PODERES DE CONTROL. Estos poderes ponen a prueba la reputación del poder. Es posible establecer diferencias al interior de este conjunto. Los poderes de vigilancia suponen una inspección continua de los diferentes dominios de la acción gubernamental, una vigilancia cívica permanente frente a la intermitencia de la elección. Los poderes de denuncia implican una atención sobre la conducta de los gobernantes; son las reputaciones personales las que aquí se ponen a prueba, mediante los denominados “escándalos”; la desideologización de lo político propia de nuestro presente produce una relación inédita de nuestras sociedades con la transparencia, un abordaje más individualizado de las cuestiones políticas va de la mano con una mayor exposición de los gobernantes a la observación de sus conductas. Los poderes de calificación implican, por su parte, una puesta a prueba de orden técnico, un testeo de la competencia de los gobernantes, que parecen volverse así, como afirma Rosanvallon, “los alumnos de los gobernados”. Hay toda una serie de nuevos actores del control que se desarrollan, desde los años ochenta en particular: organizaciones no gubernamentales, autoridades independientes de vigilancia, instancias de evaluación, observatorios de todo tipo, internet. Con estos poderes de control, que pueden ser permanentes mientras la democracia electoral-representativa es intermitente, emerge la figura del Pueblo-controlador.

PODERES DE OBSTRUCCIÓN O DE VETO. Se trata de poderes de rechazo, que tienen por cierto su expresión electoral,⁴ pero que se manifiestan sobre todo como la reacción ciudadana ante las decisiones de los gobernantes. La negatividad tiene una ventaja estructural en el mundo contemporáneo, que ya no está estructurado por las confrontaciones ideológicas de antaño: a diferencia del proyecto, el rechazo cumple la voluntad completamente, proporciona un resultado eficaz e inmediato; y las mayorías de reacción son más fáciles de formar que las mayorías de acción. La crítica siempre existió como dimensión de la democracia: el derecho a resistencia, por ejemplo, fue conceptualizado antes que el derecho a voto; luego tomó otras formas, como la oposición dentro del marco representativo, o la lucha contra el sistema, o la lucha de clases. Pero hoy en día, al declinar el rol de los partidos políticos, declina también el rol de la oposición; y los descontentos -o los indignados, valdría decir-, que no aspiran a tomar el poder, reemplazan a los rebeldes. Es por eso que estos poderes contrademocráticos se expresan sobre todo mediante manifestaciones callejeras que hacen retroceder a los gobiernos o los obligan a introducir modificaciones en las decisiones, o a retirarlas simplemente. Los poderes de veto tienen una gran significación: como sostiene el autor, pareciera que la soberanía del pueblo se expresa cada vez más como una sucesión de rechazos puntuales, de modo que es posible hablar de una “soberanía social negativa”, que da lugar a la emergencia de la figura del Pueblo-veto.

PODERES DE JUICIO O DE PUESTA A PRUEBA POR MEDIO DEL JUICIO. Estos poderes se vinculan con lo que suele llamarse la “judicialización de la política”. Pareciera existir actualmente una preferencia por el juicio como modelo de toma de decisiones frente al modelo de la elección. A diferencia de la elección, el juicio cierra las disputas, obliga a explicarse y justificarse y trata casos particulares. Sobre todo, la búsqueda de culpables reemplaza el ejercicio satisfactorio de la responsabilidad política. Estos poderes se manifiestan a través del rol creciente de los jueces en la escena política; pero es el pueblo el que juzga a través de los jueces, emergiendo así la figura de un Pueblo-juez.

Entonces, al lado de la figura del Pueblo-Elector aparecen tres nuevas figuras en lo que respecta a la actividad ciudadana: el Pueblo-controlador, el Pueblo-veto y el Pueblo-juez.⁵ La actividad ciudadana no se limita ya a la actividad electoral, sino que adquiere nuevas formas. Esto significa que se pluralizan las modalidades de aparición de la soberanía del pueblo. La actividad ciudadana se expande en esta nueva organización de la desconfianza que son los poderes contrademocráticos. Por eso, no cabe hablar de un “ciudadano pasivo”; esta idea no es para Rosanvallon más que un mito. No estamos frente a la apatía política o frente al repliegue en la esfera de lo privado, como tanto se ha dicho, sino más bien frente a una multiplicación de formas activas de expresión ciudadana. La ciudadanía política no declina sino que muta, se transforma. El peligro o riesgo contemporáneo no es entonces la despolitización sino lo impolítico -sobre lo que volveremos más adelante.

Pero dijimos que la complicación de las democracias también concierne a las formas de la legitimidad. Las transformaciones contemporáneas en este sentido provienen del hecho de que las ficciones fundadoras de la democracia electoral-representativa, aquellas que sostienen la idea aceptada por todos de que en la democracia el pueblo es la única fuente de la legitimidad del poder, son cada vez menos operantes en nuestros días. Una de estas ficciones ha sido la asimilación práctica de la voluntad general con la expresión mayoritaria. Se consideró parte de la esencia de la democracia que el voto de la mayoría estableciera la legitimidad del poder, mezclando así una técnica de decisión (la regla mayoritaria) con un principio de justificación (cuál es la fuente del poder). La segunda ficción ha sido la asimilación del momento electoral con la duración total del mandato, identificando la naturaleza del régimen con las condiciones de su establecimiento. Esta doble ficción fundadora no ha hecho más que generar desencanto a lo largo del tiempo, y hoy en día se pone más que nunca en evidencia el carácter ficticio, contingente, de esta solución.

Un significativo desencanto fue generado por la emergencia de los partidos de masas, que parecieron, a principios del siglo XX, faccionalizar la política y transformarla en una pugna de intereses encontrados. Este desencanto se vio compensado durante el siglo pasado por una nueva construcción, que se concibió como el elemento de objetividad y de interés general que equilibraba los elementos subjetivos y conflictivos de la democracia electoral-representativa: la administración pública. Si bien en este punto la historia que nos narra Rosanvallon no resulta extrapolable a todos los contextos,⁶ en Francia la administración pública se construyó como una maquinaria burocrática, identificada con el interés general, portadora de la racionalidad y el desinterés. Esta tecnocracia se constituía mediante la prueba del concurso, que oponía la objetividad de los más competentes a la subjetividad de la elección partidaria. Ahora bien, desde los años ochenta también este pilar de la democracia entró en crisis: la retórica neoliberal y las teorías del New Public Management pusieron en cuestión y deslegitimaron el poder administrativo. Este pilar de la democracia asociado a la objetividad, a la racionalidad y a la temporalidad de la duración frente a la ruptura, fue reemplazado así por nuevas instituciones que vienen a cristalizar nuevas figuras de la legitimidad democrática, nuevas formas de ser concebido como democráticamente legítimo.

LEGITIMIDAD DE IMPARCIALIDAD. En esta forma de legitimidad, el interés general está garantizado por el hecho de que nadie, ninguna parte involucrada, tiene una ventaja o un privilegio, es decir: el camino hacia lo general se alcanza por medio del equilibrio entre las distintas partes implicadas en una cuestión, por la equivalente distancia frente a los intereses particulares. Las denominadas instituciones independientes de regulación o control son sus instituciones características. Las mismas se consideran independientes por su composición: sus miembros no son electos popularmente, y, por lo general, se emplea una combinación de fuentes de nominación, en la que los partidos políticos pueden designar sólo a una parte de ellos, pero donde los expertos o las personalidades públicas son centrales. También se caracterizan por una forma particular de tomar decisiones mediante la deliberación: son instituciones deliberativas-pluralistas, como señala el autor.

La imparcialidad, sin embargo, no es la mera independencia; se trata de una cualidad activa que debe ser demostrada públicamente de manera constante; de allí la importancia que tiene para estas instituciones, si es que se busca que cumplan su rol democrático, el hecho de ser percibidas socialmente como imparciales y no cooptadas por los partidos políticos o los grupos de interés. De lo que se trata es de sustraer determinados campos al conflicto y a la temporalidad inestable del mundo electoral-mayoritario. Se trata de completar un dominio del conflicto entre ideas e intereses, con un dominio del consenso. Sobre el conflicto entre ideas e intereses, subjetivo, se apoya precisamente la competencia electoral; sin este conflicto la democracia no puede existir. Pero tampoco puede existir sin otros espacios que se constituyan como espacios de lo común y del consenso objetivo, del reconocimiento de ciertos valores compartidos.

LEGITIMIDAD DE REFLEXIVIDAD. En esta forma de legitimidad se llega al interés general por medio de una multiplicación y una complejización de los puntos de vista. En el lugar de la simplificación que supone la elección, la legitimidad de reflexividad coloca la insistencia reflexiva de volver a pensar las decisiones, de pluralizar los enfoques y los ángulos sobre cada cuestión para lograr una visión más completa de la misma. En efecto, la reflexividad puede verse como la cara opuesta de la elección, que condensa la diversidad de argumentos en un lenguaje único y simplificado: el de la boleta electoral. Las cortes constitucionales, o las instituciones que pueden realizar el control de constitucionalidad, son las instituciones características de la reflexividad. Pero la reflexividad jurídica de las cortes constitucionales puede prolongarse como reflexividad social y cognitiva en el campo político, gracias a la acción de los movimientos sociales, de organizaciones de la sociedad civil, de diversas agencias públicas y ciudadanas de control, y también gracias al trabajo crítico de las ciencias sociales. En este caso, de lo que se trata es de volver a pensar, frente a cada decisión, en las distintas partes involucradas, en los distintos puntos de vista, multiplicando la deliberación y obligando a los poderes a argumentar, a rendir cuentas o justificar públicamente sus acciones.

LEGITIMIDAD DE PROXIMIDAD. Aquí el interés general se logra por la consideración y el reconocimiento de las singularidades sociales; en lugar de poner una distancia frente a cada particularidad -como la legitimidad de imparcialidad-, la proximidad supone una inmersión en el mundo de lo particular, una atención a los individuos concretos, sus experiencias, vivencias e historias. Esta figura de la legitimidad no tiene para el autor una institución característica, sino que remite a un conjunto de expectativas sociales sobre el comportamiento de los gobernantes, sobre su conducta:⁷ lo que aparece como más democráticamente legítimo es que éstos escuchen las experiencias singulares, que tengan en cuenta las especificidades de cada situación. A los ciudadanos les importa cada vez más escuchar que la decisión que finalmente se toma con respecto a su caso los tome en cuenta; no quieren que su situación singular sea ignorada por la abstracción de las reglas. De allí que la compasión y la empatía hayan adquirido un rol central en la vida política: hoy se despliega toda una nueva gestualidad del poder tendiente a mostrar la empatía que los gobernantes son capaces de tener con los gobernados, a mostrar cómo pueden comprender la singularidad de la experiencia de los ciudadanos concretos. Cada vez es más importante que los gobernantes recorran el territorio, que visiten a las víctimas que han pasado por tragedias o catástrofes, de modo que se configura una “política de la presencia”, a tal punto, señala agudamente Rosanvallon, que pareciera que el “estar presente” reemplaza el proyecto de “volver presente”, de “re-presentar”. Esto es acrecentado por la centralidad de los medios de comunicación audiovisuales, cuya función, más que dar a conocer lo que dicen o hacen los gobernantes, es de manera creciente, mostrarlos, poner en escena su personalidad, su intimidad y su conducta.

Han aparecido, entonces, nuevas formas de ser considerado legítimo desde un punto de vista democrático, que no tienen que ver con la consagración en las urnas y los partidos políticos. Pero estas formas se basan en cualidades, que no están adquiridas de una vez y para siempre, sino que deben ser probadas de manera permanente en la conducta y la acción de las instituciones. Se trata de formas de legitimidad que apuntan a la durabilidad, pero al mismo tiempo son precarias, requieren que la sociedad perciba a las instituciones o comportamientos que las encarnan como imparciales, reflexivos o próximos.

Estas tres nuevas figuras de la legitimidad democrática componen un proceso de “descentramiento de las democracias”, es decir, de pérdida de centralidad de su dimensión electoral-representativa, y sus instituciones conforman la “democracia indirecta” como una parte del régimen político, que viene a compensar los límites y desencantos de la democracia electoral-representativa para ir más allá del conflicto subjetivo y partidario y de las formas de decisión mayoritarias.

Las instituciones de la democracia indirecta vienen a ocupar el lugar que le corresponde al consenso y a la deliberación en la democracia. Encarnan la objetividad frente a la subjetividad del conflicto de intereses del mundo partidario, propio de la esfera electoral-representativa; y al mismo tiempo, encarnan el ideal de unanimidad que remite al “pueblo principio” y su “voluntad general”, frente a las formas de decisión mayoritarias y agregativas características del ámbito electoral. Por otra parte, parecen delinear los contornos de una nueva división de poderes: en un momento en que la división clásica de poderes pierde su significación, porque los poderes ejecutivos se presentan como la única sede verdadera del poder en las distintas latitudes y en los distintos sistemas de gobierno, las instituciones de la democracia indirecta podrían venir a configurar la forma contemporánea de la división de poderes.

Ahora bien, la gran transformación política de la democracia, que ha sacado de su centro a la dimensión que ocupara durante dos siglos ese lugar (la electoral-representativa) fue también acompañada por una gigantesca transformación social. La de los años ochenta es la década del cuestionamiento al Estado de bienestar y a una forma de concebir la igualdad y la solidaridad social. Por eso es que en el presente también está en cuestión la democracia como una forma de sociedad de iguales o semejantes. Mientras progresa la ciudadanía política, en el sentido de que existe una creciente vitalidad de las expresiones de la democracia como régimen -en la multiplicación de figuras de la legitimidad y de instituciones asociadas a ellas-, y como actividad ciudadana -en la multiplicación de poderes contrademocráticos por fuera del momento electoral-, parecería que retrocede la ciudadanía social. En nuestras democracias las desigualdades crecen durante los últimos años de manera sorprendente.

No obstante, este aumento actual de las desigualdades no es una herencia, una acumulación. Para Rosanvallon se trata de una verdadera “contra-revolución”, ya que se invierte todo el progreso que había significado en el siglo XX el Estado de bienestar, edificado sobre una concepción de la justicia social que se servía de mecanismos redistributivos, lo cual implica también que nos encontramos en un momento único desde el punto de vista de la historia de ciudadanía, que durante dos siglos había parecido sólo poder ser expansiva. Pero, paradójicamente, nuestra época presenta una suerte de “tolerancia implícita” frente a esta realidad: nunca se habló tanto de las desigualdades y al mismo tiempo nunca se hizo tan poco para reducirlas.⁸ Aunque se rechaza de manera global la forma actual de la sociedad tan desigual, pareciera que se aceptan los mecanismos que la producen (por ejemplo, las grandes desigualdades basadas en el mérito individual).

No caben dudas de que para Rosanvallon, si la igualdad no es refundada, se empobrece una dimensión de la democracia que resulta fundamental para el lazo social, y sin la cual no podemos “hacer sociedad”. Pero el problema es que no cabe recurrir a instrumentos de otro tiempo: no es posible volver al ideal de la igualdad como redistribución propia del siglo XX. Y esto ocurre porque la redistribución ha perdido su carácter universal al concentrarse sólo en el combate de la pobreza extrema y la exclusión, de manera que su capacidad para ser la base de una organización general de la sociedad está olvidada. Entonces, es preciso que la igualdad sea pensada primero como relación, como forma de lazo social, y luego como redistribución. Por otra parte, las sociedades contemporáneas ya no son las de antaño: es la propia naturaleza de las desigualdades la que se transforma. A las desigualdades entre categorías o “desigualdades de condición”, se agregan hoy las desigualdades al interior de las categorías sociales o “desigualdades de situación”. Y si el mérito y la responsabilidad individual reemplazan la idea de responsabilidad social que sustentaba el ideal de igualdad-redistribución, también es por una mutación del individualismo.

El individuo contemporáneo no se concibe ya como perteneciente a una categoría o identificado con un grupo, se ha transformado en un individuo-historia, que necesita expresarse a sí mismo y ver reconocida su manera específica y singular de ser. Vivimos en una era de las singularidades. En el presente, la igualdad no puede ser sino una igualdad en la singularidad. Pero entonces es también la igualdad la que “se complica”, puesto que la debilidad de la mera singularidad para la construcción de lo común se compensa sólo alentando al mismo tiempo la reciprocidad y la comunalidad.

1) Singularidad. Se trata para el autor de una forma de relación social: es la diferencia que une en lugar de la diferencia que separa. La singularidad supone que los individuos “hagan sociedad” a partir de lo que tiene de específico, permitiendo salir de la tensión entre el universalismo abstracto y el comunitarismo identitario. Nos encontramos entonces en una nueva era de la emancipación humana en la que ésta pasa por la posibilidad de cada individuo de acceder a una existencia plenamente personal, que debe entenderse como la pretensión de ser alguien, en lugar de cualquiera. La singularidad rechaza toda igualdad de la indistinción. Obliga a redefinir, por ejemplo, las políticas sociales, en la dirección de una gestión más individualizada, tratando menos poblaciones objetivas y teniendo más en cuenta, en cambio, las historias y trayectorias personales.

2) Reciprocidad. La reciprocidad complementa a la singularidad en la igualdad-relación. Supone el rechazo de la existencia de grupos que se aprovechan del sistema, que se benefician con algunas medidas, que tienen relaciones diferentes con las reglas y las instituciones (lo cual aparece como el equivalente moderno de los privilegios). De lo que se trata es de impedir que haya grupos que parezcan estar “fuera de la sociedad”. El sentimiento actual de ruptura de la reciprocidad apunta a los extremos de la esfera social: los más ricos, los privilegiados, que pueden, por ejemplo, evadir impuestos con mucha facilidad; los que reciben asistencia, de quienes se sospecha la pasividad y el uso fraudulento. Para construir la reciprocidad resulta de vital importancia la transparencia y la persecución de los usos abusivos de la máquina fiscal-social, así como salir del Estado de asistencia mediante una forma de la redistribución que vaya más allá de la pobreza, y vuelva a constituir un medio de organización general de la sociedad.

3) Comunalidad. La comunalidad es el opuesto del separatismo contemporáneo, que se desarrolla en toda la sociedad, pero cuya manifestación más visible se encuentra en el ambiente urbano, escenario de toda suerte de guetos. En las ciudades observamos la yuxtaposición de espacios homogéneos y aislados entre sí. No sólo los ricos tienden de manera creciente a la construcción de grupos que comparten las mismas características, lo que conduce a la yuxtaposición de distintas “similaridades”, selectivas y segregativas. En el espacio urbano es donde importa fomentar la comunalidad, mediante políticas de cuidado de los espacios públicos y comunes, como los parques o los transportes y mediante políticas culturales y artísticas que reúnan a los individuos.

Las democracias, entonces, se han complicado: no pueden ya pensarse en una sola dimensión y cada una de sus dimensiones es múltiple al mismo tiempo. Pero el desafío también es complicarlas para cumplirlas o realizarlas. El proyecto y el diagnóstico muchas veces se superponen. Es una teoría de la democracia como historia y como conjunto de experiencias la que explica este solapamiento entre la identificación de las transformaciones y los programas posibles. Si el proyecto es complicar las democracias es porque todas estas experiencias contemporáneas existen, no pueden ignorarse; y lo que debe buscarse en cambio, es un lugar adecuado para cada una de ellas en la vida democrática, es pensar los caminos para equilibrarlas entre sí, para incluirlas en una democracia realista y exigente al mismo tiempo. A continuación, aventuramos un esquema que ilustra la complicación contemporánea de las democracias.

Fuente: Elaboración propia.

Esquema 1: La complicación de las democracias 

Lo impolítico

Pese a la manera en que Rosanvallon asume las experiencias novedosas como pudiendo formar parte de una definición amplia y exigente de la democracia, no deja por ello de señalar los peligros que entrañan las transformaciones actuales. De allí su noción de “lo impolítico”. Dicho concepto aparece en su obra para indicar las derivas y los riesgos de los cambios contemporáneos. Es un término específico que no significa lo mismo que lo a-político o lo anti-político. Como se desprende de su diagnóstico sobre la complicación de las democracias, no nos encontramos frente a ninguna despolitización: “lo impolítico” viene a nombrar las tensiones que acarrea para nuestras democracias una forma particular de “politización”.

Pero en la trilogía reciente encontramos dos sentidos para este concepto. Por un lado, la separación que crean los contrapoderes entre la sociedad civil y la esfera del gobierno; los contrapoderes se distancian de las instituciones, las rechazan. Debilitan de este modo a los gobiernos a los que dirigen sus demandas. Los políticos son degradados a meros “politiqueros” por ciudadanos que se han vuelto consumidores políticos exigentes, que no buscan plantear alternativas sino que renuncian a ser productores asociados del mundo común. Esto se manifiesta sobre todo en los poderes contrademocráticos, en particular en los de obstrucción o de veto. La pura negatividad constituye una expresión empobrecida de la crítica. Pero también se observa en las transformaciones de la legitimidad democrática: aparece como el rechazo de toda política como “politiquería”; el poder, la política, se presenta como el espacio de los enfrentamientos inútiles y negociaciones entre partidos. Es por eso que los propios dirigentes, gobernantes y candidatos, se dicen ajenos a los partidos, tratan de mostrarse de manera creciente como exteriores a “la política”.

Por otro lado, lo impolítico es la falta de aprehensión global de los problemas ligados a la organización del mundo común. Los poderes contrademocráticos son dispersos y producen así una visión segmentada del campo político. Como dice Rosanvallon: lo que se gana en control multiplicado se pierde en visibilidad y en legibilidad del conjunto. Y en las transformaciones contemporáneas de la legitimidad está presente también esta marca: la dificultad de construir lo común, acompaña especialmente a la legitimidad de proximidad, cuando la compasión y la empatía, la atención a la particularidad, no logran inscribirse en un relato más general. Entendemos estos dos sentidos de lo impolítico como complementarios. Retomando la distinción de ^{Lefort (1986)}, podríamos decir que la crítica de la política de la esfera de actividades políticas, puede implicar también un debilitamiento de lo político como momento de unidad de lo social, de institución de inteligibilidad y visibilidad del conjunto.

¿Cómo evitar entonces estas derivas hacia lo impolítico que acarrean las transformaciones contemporáneas? ¿Volviendo a una democracia centrada en su dimensión electoral, que intente revitalizar los partidos políticos como forma por excelencia de mediación y que busque encauzar de ese modo las expresiones informales de la ciudadanía? ¿Volviendo a depositar en la administración pública la encarnación de la racionalidad objetiva y el largo plazo? ¿Volviendo a una idea de igualdad que tienda a la homogeneización de la sociedad? Apelar a una vuelta al pasado no sería propio de una teoría de la democracia como conjunto de experiencias.

Aferrarse a ciertas instituciones, a ciertos actores, a ciertos mecanismos, no es la manera de evitar los efectos perversos de los cambios contemporáneos. Porque sería ignorar que la democracia es la sociedad histórica por excelencia, aquella en la que el debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo no puede darse por cerrado. La obra de Rosanvallon nos coloca en otra perspectiva. Lo impolítico, en sus diversas manifestaciones y significaciones, constituye antes que nada el producto de distintas simplificaciones de la democracia, que intentan reducir su multiplicidad. Para enfrentar a lo impolítico, es decir, para profundizar la democracia, conviene partir de sus tensiones y no de reducciones, conviene complicar su complicación.

Un universalismo experimental

La teoría de la democracia de Rosanvallon se distingue de las teorías que han llegado a convertirse en clásicas en los estudios políticos. En primer lugar, se separa de las teorías “elitistas” de la democracia⁹ que han destinado a los ciudadanos el único papel de seleccionar a sus gobernantes. Pero también va más allá de las corrientes que han criticado la visión de la democracia centrada exclusivamente en los procedimientos agregativos electorales, como las llamadas “teorías de la democracia participativa”¹⁰ y las “teorías de la democracia deliberativa”. Su concepción es una teoría de la democracia participativa, porque hace de la actividad ciudadana una dimensión ineludible de la democracia frente a cualquier idea del “gobierno de los políticos”, pero va más allá porque llama la atención sobre el abanico de formas en las que los ciudadanos se involucran y actúan en el mundo contemporáneo, aun sobre las que tienen efectos impolíticos; y porque permite reconocer en algunas formas de participación específicas, como los dispositivos participativos, las necesidades democráticas de un tipo de conducta de los gobernantes, llamados cada vez más a crear canales de atención de la singularidad de la experiencia de los ciudadanos.

Su teoría es también una teoría de la democracia deliberativa, en tanto ésta se ve constituida indisociablemente por representación y espacio público. Y sin requerir del amparo de un enfoque sistémico como podría ser el de Jürgen ^{Habermas (1998)}, Rosanvallon va un paso más allá con respecto a esta corriente. No hay ninguna simplicidad en la articulación de representación y deliberación; nada que nos indique tranquilizadoramente que hay actores y espacios propios de la una, y actores y espacios propios de la otra. Esta división tiende a presentarse como evidente en las teorías de la democracia deliberativa, en particular en los trabajos más contemporáneos: la representación es para los políticos, la deliberación para los ciudadanos. Pero en la obra de Rosanvallon la deliberación democrática no es exclusiva de la actividad ciudadana; es fundamental que exista en las instituciones de la democracia indirecta, que encarnan los principios de legitimidad de la reflexividad y la imparcialidad. Y, al mismo tiempo, la actividad ciudadana no es sólo ni siempre deliberativa; al contrario, muchas veces tiende a inscribirse en una pura negatividad cuya función no es presentar argumentos sino manifestar un rechazo a las decisiones de los gobernantes.

Por otra parte, Rosanvallon define a la democracia como conflicto y como consenso al mismo tiempo. Pero una vez más, no se trata de una combinación como la ya presente en otras teorías, devenida quizá una consigna repetida: la “institucionalización del conflicto” (para la cual el consenso es el acuerdo sobre las formas legítimas en las que el conflicto puede desarrollarse).¹¹ El consenso no es sólo el marco en el que el conflicto ocurre, no es sólo sobre las reglas. Debe ser un consenso con contenido, como acuerdo sobre aquello que la comunidad quiere proteger, dejándolo al margen de las divisiones de intereses y opiniones, y pudiendo pensarlo en el largo plazo. Así, hay deliberación consensual y deliberación conflictiva, y cada una tiene un lugar.

Finalmente, Rosanvallon define a la democracia como un proyecto nunca cumplido plenamente. Pero no lo hace desde un enfoque procedimental, como ha predominado en la ciencia política heredera de Robert ^{Dahl (1989)} y su distinción entre democracia y poliarquía. No existe una grilla de instituciones con la que podamos ir a evaluar cada realidad nacional y concluir, en función de su presencia o ausencia, un determinado grado de “poliarquización” del régimen, más o menos cercano al ideal inalcanzable de la democracia.

La democracia no es un procedimiento para Rosanvallon. O sí lo es, pero sólo en parte, puesto que los procedimientos cristalizan ciertos principios, sustituyen a las sustancias, y siempre subsisten dimensiones de la democracia que no es posible transformar en procedimientos. En todo caso, no existe un procedimiento universal o un conjunto de instituciones que universalmente -en el espacio y en el tiempo- sirvan de vara de medida de la democracia. Aunque la democracia sea un horizonte al que tender sin nunca llegar completamente, no hay un “modelo” de democracia. Y esto es porque Rosanvallon define a la democracia como un conjunto de experiencias. En sus palabras:

Para pensar bien la democracia, es preciso, entonces, abandonar la idea de modelo en beneficio de la de experiencia. Las condiciones del vivir juntos y del auto-gobierno, en efecto, no están definidas a priori, fijadas por una tradición, o impuestas por una autoridad. Al contrario, el proyecto democrático constituye a lo político en un campo ampliamente abierto, por el hecho mismo de las tensiones y de las incertezas que le son subyacentes (^{Rosanvallon, 2007b: 15}).

No se trata pues de un modelo que se puede pretender implementar o contrastar con la experiencia; al contrario, para entender la democracia hay que partir de la experiencia, de los “tanteos” y los tropiezos. La ventaja es que una definición de la democracia a partir de la experiencia es una definición que se reclama “realista” sin ser, al mismo tiempo, “mínima” o “minimalista”.¹² Es una teoría exigente, en el sentido de que asume las experiencias que pluralizan y multiplican las dimensiones de la democracia como parte de su propia definición, pero sigue siendo realista porque lo que incorpora es aquello que los hombres han experimentado y experimentan hoy en día. Sin embargo, una definición de la democracia a partir de la experiencia y no del modelo, obliga a considerar su carácter problemático, a interrogarse por las fallas, tensiones, sustituciones, ficciones y desencantos que le son constitutivos. El camino no es esforzarse por “disipar su enigma” por medio de una imposición normativa, ni “exorcizar la complejidad cambiante de la búsqueda democrática” a través de un ejercicio tipológico. Para Rosanvallon,

Lo interesante no es distinguir varias clases de gobierno representativo o intentar hacer entrar las posiciones de los actores o las características de las instituciones en casillas bien definidas [...] Es partir de las antinomias constitutivas de lo político, antinomias cuyo carácter no se revela más que en el despliegue histórico (2007b: 13-14).

Elaborar una teoría de la democracia es siempre elaborar la teoría de su indeterminación. Si la democracia es indisociable de paradojas, aporías, asimetrías, superposiciones y desencantos, es porque nace de la pérdida de fundamento del poder, y este poder, que pertenece al pueblo y a nadie al mismo tiempo, se constituye en un lugar vacío. Con la democracia en la historia adviene la historia como apertura a la contingencia y a la mutación de sentido de los mecanismos e instituciones que los hombres se crean para vivir en común. La democracia como experiencia es una democracia como historia. Implica así un modo particular de historicidad, la imposibilidad de una historia lineal de la democracia, de un dogma de “progreso democrático”, de una visión “evolucionista” o, sencillamente, de una filosofía de la historia de la democracia. Habilita la no-linealidad, la presencia del pasado en los fenómenos novedosos.

Si hay un universalismo democrático, si podemos pensar una teoría universal de la democracia, es sólo a través de sus experiencias, es sólo en los términos de un “universalismo experimental”. Lejos de la facilidad de una definición “formalista” o “minimalista” de la democracia, cuyo atractivo es la ilusión de aparecer como más evidentemente “universal”, Rosanvallon defiende la idea de que la única definición universal posible de la democracia es aquella que radicaliza sus exigencias. Esto significa: aquella que la considera como un conjunto de experiencias, inacabadas, multiplicadas y reclamando el trabajo de volverlas inteligibles; aquella que renuncia a la comodidad de modelos y de grillas y pide interpretar y asumir lo que los hombres experimentan. La democracia es régimen político, forma de gobernar, actividad ciudadana y forma de sociedad; y es plural en cada una de sus dimensiones. Rosanvallon nos coloca de este modo frente a una teoría de la democracia exigente, que acoge el desencanto pasado y contemporáneo y lo transforma en positiva complicación.