Introducción

La administración de Andrés Manuel López Obrador, al igual que las de sexenios anteriores, ha tenido que afrontar el fenómeno de la migración en tránsito por México hacia Estados Unidos. No obstante, lo ha hecho en un contexto definido por al menos tres elementos singulares: el primero fue la expectativa de que habría un cambio en México -una cuarta trasformación (4T)-, y eso incluye una política migratoria en la que predomine el respeto a los derechos humanos (DH) de las personas, como el de migrar en busca de mejores lugares para vivir y trabajar, por lo que el gobierno manifestó la necesidad de una reingeniería de las instituciones encargadas de la atención a migrantes, además, destacó como uno de los ejes principales de la política promover el desarrollo de las zonas expulsoras para que las personas no tengan la necesidad de emigrar (^{UPMRIP, 2019}).

El segundo elemento que caracterizó el 2019 fue el cambio en el perfil y la dinámica del flujo migratorio por México, entre lo que destacó la mayor presencia de uni dades familiares, pero sobre todo la organización de migrantes y agrupación en cara vanas para ingresar y cruzar en forma conjunta el territorio mexicano, con el obje tivo de llegar a la frontera suroeste de Estados Unidos. Estas transformaciones conlle van distintos efectos y necesidades en cuanto a la atención de las personas migrantes, incluso respecto de las estrategias de contención del flujo migratorio.

El tercer aspecto distintivo de 2019 fue la presión constante de Donald Trump para que México detuviera el flujo de migrantes. La nueva administración en México afrontó una escalada de amenazas que llegó a su cúspide en mayo de ese año, con una situación inédita en la relación bilateral entre ambos países: el ultimátum de imponer aranceles sobre los productos mexicanos si el gobierno de López Obrador no lograba reducir la migración irregular que llegaba hasta la frontera México-Estados Unidos. Ante esta amenaza, el 7 de junio, México tuvo que comprometerse a tomar medidas para reducir los flujos migratorios irregulares, incluso las partes fijaron un plazo de cuarenta y cinco días para que hubiera resultados.

En este peculiar contexto, el gobierno mexicano dio respuesta al fenómeno de la migración en tránsito buscando conciliar dos enfoques opuestos, como son el control migratorio y el de respeto a los DH de los migrantes. El objetivo de este trabajo es documentar y analizar esta respuesta, en busca de cambios y continuidades en la política respecto de la migración en tránsito. En el análisis se consideran los factores mencionados que, sin duda, provocaron tensión entre superar las amenazas del gobierno estadounidense y respetar y garantizar los DH de las personas migrantes.

El trabajo está conformado por tres apartados: en el primero se examinan dos cuestiones clave para entender la política migratoria mexicana: la contención y la protección; en el segundo, a modo de breve contextualización histórica, se muestra la respuesta que las tres últimas administraciones¹ del gobierno en México han dado a la cuestión del tránsito migratorio irregular; en tanto que en el tercero se presenta un análisis de los sucesos de mayor relevancia para entender la evolución de la política migratoria durante el primer año de López Obrador, el cual inicia con la revisión documental (hemerografía, documentos programáticos, comunicados de prensa del gobierno, entre otros) y prosigue con el análisis de las cifras de los registros administrativos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) e Instituto Nacional de Migración (INM) sobre personas presentadas ante las autoridades migratorias, así como las cifras de personas devueltas (mayormente deportadas), ya que son los principales indicadores que suelen utilizarse para monitorear la migración en tránsito y el esfuerzo de contención por parte del gobierno mexicano.

El análisis de este trabajo evidencia algunos aspectos relevantes para evaluar lo sucedido durante 2019: primero, la necesidad de un marco analítico preciso, lo que implica no simplificar procesos y escenarios, ya que se corre el riesgo de asociar even tos de relevancia mediática con puntos de quiebre en la política migratoria. En segundo lugar (y también desde una perceptiva metodológica) está la necesidad de evaluar las acciones de cada administración, en función de los aspectos contextuales o coyun turales, pues lo observado en este año es distinto a lo atestiguado en años anteriores.

La política mexicana sobre el tránsito migratorio: contención frente a protección

En las últimas décadas, el componente más sobresaliente de la gestión migratoria en México es la contención de la migración irregular, esto es, impedir el paso y el libre tránsito por el territorio nacional a las personas extranjeras que no acudan a los cauces oficiales para su internamiento en el país (^{París Pombo, 2016a}). Los sucesivos gobiernos mexicanos han desplegado y dispuesto de todo un aparato encargado de detectar, detener y deportar a los migrantes en situación irregular, tanto a nivel de fron tera, como en el interior del territorio, la conocida como “frontera vertical” (^{Torre Cantalapiedra y Yee Quintero, 2018}).

¿Por qué México ha optado por una política de contención? A lo largo del tiempo se han dado diversas respuestas a esta interrogante, entre las principales razones/justificaciones de esta contención se han señalado: 1) el cumplimiento de la legalidad vigente, 2) la seguridad nacional, 3) las presiones/influencia de Estados Unidos y 4) la protección de los migrantes (véase el Cuadro 1).

Sin embargo, la política mexicana respecto de la migración en tránsito por México no puede reducirse a la contención, sino que debe tener una dimensión de protección de los migrantes ante los abusos, agresiones y discriminación que sufren al transitar de manera irregular por México (^{Faret, 2019}). ¿Por qué México debería/debe optar por la protección de los migrantes? La respuesta en este caso está centrada en las obligaciones del Estado como garante de los DH de los migrantes (véase el Cuadro 2).

A partir de estas dos facetas de la política migratoria, un debate importante ha girado en torno a si las políticas de contención son compatibles con las de protección de los migrantes y con el respeto y garantía de sus DH; quienes afirman que son incompatibles -entre ellos, varios defensores de los derechos de los migrantes-, señalan que las prácticas de control que buscan contener los flujos son per se violatorias de los DH de los migrantes e inhiben la protección de aquéllos (^{Olivares y Jiménez, 2019}), pues consideran que el libre tránsito a la integridad física de los migrantes recogidos en las declaraciones de DH son irreconciliables con las barreras y prácticas de contención de la migración. Asimismo, en diversas ocasiones, académicos, periodistas y activistas han denunciado que las acciones de contención han conducido a los migrantes a la clandestinidad y a las rutas más riesgosas e inhóspitas, lo que se materializa en incrementos de los abusos y agresiones que sufren en sus recorridos por el país (^{Casillas, 2016}; ^{París Pombo, 2016b}).

Por su parte, como lo muestran las leyes, textos programáticos y comunicados de prensa, los sucesivos gobiernos de México han mantenido que el control -la contención- de la migración es compatible con la protección de los migrantes y el respeto de sus DH, por lo tanto, las acciones de detener y deportar a los migrantes en tránsito irregular pueden realizarse sin vulnerar los DH de los migrantes. Además, han argumentado -cínicamente- que la contención es realizada, al menos en parte, en beneficio de proteger a los migrantes (cuarto punto del Cuadro 1).

En suma, los dos aspectos clave de la actual política mexicana respecto a la migración en tránsito irregular, la contención de la migración y las políticas de protección de los migrantes tienen diversos puntos de fricción. En este sentido, el predominio del primero en la práctica ha favorecido que el segundo no se haya materializado, sino que se manifieste más en una retórica fundamentada en el discurso de DH.

Dos décadas de contención y de ausencia de protección efectiva (2001-2018)

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), el gobierno mexicano puso en marcha el Plan Sur (2001-2002), programa que consideraba la contención de los migrantes en tránsito por el país en círculos graduales, desde los estados de Chiapas y Tabasco hasta el Istmo de Tehuantepec, y también la combinación de esfuerzos interinstitucionales entre las diferentes agencias municipales y estatales para el control efectivo de los flujos que ingresaban por la frontera sur (^{Casillas, 2016}). Varios investigadores coincidieron en que el Plan Sur tiene una lectura en clave política, en cuanto a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ya que dicho programa se interpretaría como el poder del gobierno estadounidense para influir en la política migratoria me xicana, y que esta última, a su vez, podía ser una moneda de cambio del gobierno mexicano para lograr el “acuerdo migratorio comprensivo” con Estados Unidos (^{París Pombo, 2016a}). Asimismo, durante el mandato de Fox se duplicó el número de estaciones migratorias (pasaron de veinticinco a cincuenta y dos) y el control migratorio se realizaba a lo largo de las distintas rutas migratorias, ya fuera que la mayoría de las detenciones siguieran realizándose en el sur del país (^{Casillas, 2016}).

En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) predominaron dos cuestiones: la seguridad nacional y el combate contra el crimen organizado (^{Velázquez y Domínguez, 2013}), además, ambos fungieron como lente a través del cual se observaron asuntos de la agenda, como la migración. En este sentido, aunque los círculos de control, los puntos de revisión y la militarización de la frontera sur no estaban explícitamente recogidos como en el Plan Sur, las medidas empleadas en el Plan de Reordenamiento de la Frontera Sur (2006-2007) fueron incluso más estrictas; el involucramiento de fuerzas de seguridad para hacer una frontera más segura y luchar contra el crimen organizado fueron empleadas, entre otras, para aplicar la ley de migración (^{Pérez Casanova, 2014}).

Otro aspecto para resaltar en la administración de Calderón Hinojosa es la Iniciativa Mérida (2008), acordada con el gobierno de Barack Obama. Según Daniel ^{Villafuerte Solís (2017)}, dicha Iniciativa fue un instrumento de intervención con el que se apoyó una política antiinmigrante, con equipamiento para labores de registro de personas en la frontera entre Guatemala y México.

El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) también estuvo marcado por la contención, de acuerdo con el paradigma de la seguridad nacional, especialmente a partir de la puesta en marcha del Programa Frontera Sur en 2014. De acuerdo con Erick Olson, del Wilson Center, el lanzamiento de este programa estuvo influenciado por Estados Unidos (^{Durand, 2019}). Sobre el papel, este programa tenía dos objetivos: la ordenación de los flujos migratorios y el respeto y garantía de los DH de los migrantes (^{Segob, 2015}). En la práctica, a pesar de que no contó con un presupuesto o apoyo, el INM incrementó el número de detenciones, entre otras, debido a la adopción nuevamente de un sistema de cinturones de control que llegaban hasta el Istmo de Tehuantepec (^{París Pombo, 2016a}; ^{Durand, 2019}). Así, la cifra de personas deportadas por autoridades mexicanas a Guatemala, Honduras y El Salvador ascendió a 132 000 devoluciones en 2015, superando en casi el doble a las de 2013 (72 000 devoluciones) (^{El Colef et al., 2019}).

Por otra parte, los sucesivos gobiernos mexicanos han desplegado un discurso y promovido normas que sitúan la protección de los migrantes y el respeto y garantía de sus DH como primer fundamento de la política migratoria mexicana. Esto se advierte sobre todo a partir de la administración de Calderón Hinojosa, en sus textos programáticos (por ejemplo, los Planes Nacionales de Desarrollo, el Plan Especial de Migración 2014-2018) y legales (^{Cámara de Diputados, 2020}; ^{Congreso de la Unión, 2017}). Sin embargo, en el campo de los DH, con frecuencia no hay correspondencia entre el desarrollo discursivo y normativo y la situación práctica, pues no se respetan tales derechos y, además, es frecuente su manipulación (^{Arias Marín, 2015}). Esto se debe a que la fuer za simbólica de los DH que puede ser (y es) empleada para encubrir la ausencia de de rechos, o incluso posibilitando las violaciones escandalosas de aquéllos (^{Neves, 2004}).

Así, mientras los textos programáticos y las leyes aluden constantemente a la protección de los migrantes y el respeto irrestricto de sus DH, la realidad práctica difiere bastante. En cuanto a la normatividad, “la falta de eficacia jurídica resulta clara si observamos la violación sistemática de derechos reconocidos, por ejemplo, en la Ley de Migración o plasmados en los tratados internacionales” (^{París Pombo, 2016a: 93}). La “masacre de los 72” en San Fernando, Tamaulipas (2010) y la masacre de Cadereyta, Nuevo León (2012) constituyen la parte más visible de la violencia y la delincuencia en contra de los migrantes en tránsito irregular por México, en las primeras décadas de este siglo; sin embargo, los abusos y agresiones en su totalidad incluyen incontables robos, atracos, secuestros, extorsiones, violaciones sexuales, asesinatos, que han sido ampliamente documentados por la academia, por las OSC, entre otros (^{Calva Sánchez et al., 2015}; ^{Redodem, 2019}).

Al observar las cifras de abusos y agresiones reportadas, se concluye que en estas dos décadas no ha existido una medida de protección eficaz para el grueso de los migrantes en tránsito. En este sentido, la contención no se considera una forma efectiva de protección de los migrantes, pues, como se constató con la aplicación del Plan Sur y el Programa Frontera Sur (^{Casillas, 2016}; ^{París Pombo, 2016a}), están asociados a mayores abusos y agresiones contra los migrantes.

En síntesis, ya sea fundamentada en la seguridad nacional, en la protección de los migrantes, o por las presiones/influencia de Estados Unidos, la política mexicana respecto de la migración en tránsito irregular por el país ha mantenido como principal respuesta la contención, al menos desde inicios del siglo XXI. Sin embargo, México ha carecido de una política efectiva de protección a los migrantes en tránsito por el territorio mexicano y de respeto a sus DH.²

Cambios y continuidades en la política migratoria respecto del tránsito

En diciembre de 2018, en un contexto migratorio marcado por el tránsito de caravanas de migrantes y el cambio de gobierno, se presentaron a través de la SRE y la Segob los ejes principales de una “nueva política migratoria”, basada en dos pilares fundamentales: la defensa de los derechos de los migrantes y la promoción del desarrollo económico en las regiones de expulsión. De acuerdo con el comisionado del INM, Tonatiuh Guillén, supondría pasar: “[…] de un enfoque de la migración como un asunto de seguridad nacional para México, en el que se privilegiaba la detención masiva de personas indocumentadas, utilizando incluso a las policías federal, estatales y municipales, el Ejército y a la Marina, además de los agentes de migración, a un enfoque que se regirá por el respeto a los derechos humanos” (^{Ureste, 2018}).

Pocos meses después, en mayo de 2019, el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2019) afirmó que “la política del gobierno federal ha dado ya un giro en relación con la que había venido poniendo en práctica el régimen anterior” (^{Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2019: 32}) y seguía alimentando los dos pilares del discurso de la nueva política migratoria.

Al abordar la cuestión migratoria, se subraya la importancia del desarrollo de los lugares de origen para prevenir la migración forzada por el hambre o violencia, y se señalaba:

que los proyectos regionales de desarrollo actúen como “cortinas” para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte: el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Zona Libre de la Frontera Norte generarán empleos y condiciones de vida digna para atraer y anclar a quienes huyen de la pobreza. El objetivo central de esta política no es, como se ha querido interpretar, resolverle a Estados Unidos el problema de la llegada de migrantes, sino garantizarles a éstos los derechos al trabajo, la vivienda, la seguridad, la educación y la salud que el país les ha negado por décadas […]. El Ejecutivo Federal aplicará las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él (^{Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2019: 31}).

Sin embargo, desde el 20 de diciembre de 2018 se observó una primera acción del gobierno mexicano que chocaba con este discurso, la anuencia -o en su defecto, la falta de oposición- para que las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos -que ingresen por la frontera suroeste- esperen su proceso en México. Esto debido a la implementación por parte del gobierno estadounidense de la sección 235(b)(2)(c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad (^{SRE, 2018}) -después, eufemísticamente re bau tizada como Protocolos de Protección a Migrantes (Migrant Protection Protocols, MPP)-. Esta medida está encaminada a obstaculizar y disuadir a quienes pretenden obtener asilo en Estados Unidos, pone en riesgo la integridad física y mental de los solicitantes que deben esperar en ciudades fronterizas donde hay altos niveles de inseguridad.

En contraste, la manera en que se recibió a la caravana de migrantes, que partió de Honduras y alcanzó el territorio mexicano en enero de 2019, podía interpretarse como expresión de un nuevo talante respecto de la migración en tránsito. Los migran tes llegados con la caravana y en otros contingentes sumaron más de trece mil personas, a su mayoría las autoridades les entregó una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), como se muestra más adelante (con datos de la Segob et al.), en enero de 2019 las autoridades mexicanas entregaron 11 282 de estas tarjetas, la inmensa mayoría (el 93 por ciento) en el estado de Chiapas.

La respuesta, hasta cierto punto permisiva, del gobierno de Peña Nieto a las caravanas de finales de 2018, la retórica favorable a las personas migrantes del gobierno de López Obrador -desde incluso antes de dar comienzo a su mandato (^{Morena, 2018})-, y esta entrega masiva de TVRH a inicios de 2019 coadyuvó a que se produjera el auge de los flujos migratorios hacia Estados Unidos el mes de mayo.³ La entrega de TVRH en particular fue ampliamente interpretada como una política de cuasi puertas abiertas del gobierno de López Obrador, pese a que anteriormente el comisionado del INM había señalado que México no sería un país “santuario” ni de “puertas abiertas” (^{Roldán, 2018}).

Lo que era completamente previsible es que estas acciones del gobierno mexicano suponían una confrontación con el mandatario estadounidense, quien basó su campaña y su mandato en la guerra contra los migrantes y los refugiados. La respuesta airada del mandatario estadounidense no se hizo esperar: el 19 de enero tuiteó que México no hizo nada por detener la caravana que se dirigía a Estados Unidos (^{Agencia Efe, 2019}).

En febrero de 2019, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, valoró la entrega de TVRH como ejercicio exitoso, dando a entender que el 90 por ciento de las personas se quedaron en México y fueron pocos los que persistieron en llegar a Estados Unidos (un 10 por ciento) (^{MPI, 2019}). Aunque algunos medios señalaron en este mismo sentido que la política de TVRH y de permisos de trabajo podrían ser un imán para atraer más migrantes hacia México, también señalaron que las políticas de López Obrador en favor de los migrantes estaban propiciando incrementos en el flujo de migrantes hacia territorio estadounidense (^{Ernst y Semple, 2019}; ^{Semple, 2019}).

Lo cierto es que, si se considera que Estados Unidos ha sido el destino preferido durante décadas de los migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador -en particular, de las caravanas que llegaron a finales de 2019 (^{El Colef, 2019})-, la aseveración de Sánchez Cordero resulta poco sostenible, pues la mayoría seguramente acabó por hacer uso de éstas para proseguir hacia el norte. Ya que las TVRH no sólo permiten a las personas quedarse en territorio mexicano para residir y trabajar por un año, de igual modo les facilitan: 1) el libre tránsito de manera regular por el territorio del país, sin estar sujetos a los procesos de detención y deportación y 2) hacer uso de las rutas y medios de transporte más seguros (^{Torre Cantalapiedra, 2020}). Se puede afirmar que el otorgamiento de las TVRH a las caravanas de inicios de 2019 fue una de las medidas de protección a los migrantes en tránsito más importantes en las últimas décadas, aunque limitada a la duración del programa y a quienes optaron por esperar a que les fueran entregadas por parte de las autoridades.

Cabe preguntarse si el otorgamiento de las TVRH fue un genuino intento de dar comienzo a un verdadero cambio en la política migratoria hacia la protección de los DH de los migrantes, o más bien si se trató de una respuesta ad hoc ante la coyuntura de la llegada de una caravana. Sea como fuere, el 28 de enero de 2019 se dio por finalizado el Programa Emergente de emisión de TVRH en la frontera de México-Guatemala (^{INM, 2019}) -la entrega de estas tarjetas, de manera aparentemente indis criminada, se prorrogó a febrero- y no la forma en que se atendió la globalidad del fenómeno de la migración en tránsito por México.

A finales de marzo, Sánchez Cordero advirtió de la conformación de una caravana que podría alcanzar las veinte mil personas, que denominó como “caravana madre”. Además de tintes alarmistas, el discurso de la secretaria de Gobernación afirmó expresamente la necesidad de tomar ciertas medidas para detener a la migración irregular, en este caso dejar de ofrecer las TVRH y dar en su lugar otro tipo de visas de viaje y de trabajo, en contradicción con el discurso que dio en Washington, D.C., en el evento organizado por el Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute, MPI), cuando señaló como exitosa la entrega de este tipo de documentos, y en consonancia con que pusieran fin a la entrega de este tipo de documentos.

El presidente Trump pidió a México detener toda la inmigración irregular el 29 de marzo, bajo la amenaza de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México (^{Rogers, 2019}). Cabe mencionar que, desde la irrupción de las caravanas de migrantes en México, las presiones de Estados Unidos fueron constantes, tanto en el sentido de la contención, como en el de que México firmase un acuerdo de tercer país seguro.⁴

El 22 de abril de ese año, las autoridades migratorias mexicanas realizaron el aseguramiento de 371 personas, a las que previamente les ofrecieron el otorgamiento de Tarjetas de Visitante Regional (TVR) -tarjeta que sólo permite visitar durante siete días ciertas entidades federativas del sur de México y que no permite trabajar ni el libre tránsito por México (^{Gobierno de México, 2019})-. El día después, al ser cuestionado por estos hechos, el presidente López Obrador afirmó que no era de una medida de contención, sino en favor de la seguridad de los migrantes (^{López Obrador, 2019}).

En abril, varios medios de comunicación, con base en las cifras de detención reali zadas por las autoridades migratorias mexicanas, pusieron en duda el discurso de la nueva política migratoria, especialmente al observar el incremento de las cifras de detención que se produjo en abril de 2019 (^{Ureste, 2018}).

En mayo, el aumento de personas extranjeras en la frontera México-Estados Unidos detenidas por las autoridades estadounidenses, cruzando de manera irregular o llegando a los puertos de entrada sin documentos, fueron la excusa para que la administración de Trump presionara al gobierno mexicano con una subida de aranceles para todas las importaciones desde México, hasta que éste no lograse disminuir la migración irregular que llegaba hasta su territorio. Los aranceles partirían de un cinco por ciento, pero “gradualmente” se irían incrementado hasta llegar al 25 por ciento en octubre.

Ante esta amenaza, el 7 de junio México asumió el compromiso -por medio de una declaración “conjunta” (^{U.S. Department of State, 2019})- de tomar medidas para reducir los flujos migratorios irregulares, entre otras, desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur del país, así como aceptar la ampliación de los MPP. El despliegue de 25 441 agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur de México tuvo un costo, sólo en salario, de casi quinientos millones de pesos mensuales, sin considerar la alimentación y el alojamiento (^{Sin Fronteras, 2019}). En el acuerdo fijaron un plazo de 45 días para que el gobierno de Estados Unidos evaluase las actuaciones de México.

En septiembre de 2019, las autoridades mexicanas anunciaron que darían continuidad a las políticas que habían acordado con Estados Unidos (^{Olivares y Jiménez, 2019}), muestra de que se acabaron las medidas que permitieran el libre tránsito o fueran permisivas, además, se continuó con prácticas como el desmantelamiento de una caravana de migrantes centroamericanos, caribeños y africanos que se formó en Tapachula, cuando se dirigía hacia el norte del país, en esta acción participaron la Guardia Nacional, la Policía Federal y el INM.

A finales de diciembre de 2019, se presentaron los resultados del “Plan Nacional de Migración y Desarrollo”, que pusieron en marcha en junio tras la amenaza de los aranceles, en dicho evento, el canciller describió eufemísticamente la contención migratoria realizada, que incluyó operaciones y revisiones realizadas por la Guardia Nacional, el INM y la Secretaría de Seguridad, y supuso decenas de miles de detenciones y deportaciones, como acciones de protección y solidaridad con los migrantes, y subrayando que todas las actuaciones se ejecutaron con respeto irrestricto de los DH de las personas extranjeras.

Medir la contención: las cifras de personas presentadas y devueltas por México

Como parte del análisis de la política migratoria mexicana del primer año de gobierno de López Obrador, se analizan a continuación datos sobre la cantidad de personas presentadas ante las autoridades migratorias en México,⁵ su relación con el monto de oficios de salida y, finalmente, se comparan las cifras de personas devueltas⁶ respecto del monto de personas presentadas ante las autoridades migratorias.

Eventos de personas presentadas. La dinámica de esta cifra se utiliza como indicador del esfuerzo que hace el gobierno para controlar los flujos de migrantes en situación irregular. Sin embargo, con frecuencia se omite que su variación no sólo se explica por los cambios o intensidad de las estrategias para identificar y detener migrantes indocumentados, depende también de la dimensión y características del flujo migratorio. Para solventar esta dificultad, habría que relativizar los datos respecto del flujo total, sin embargo, no hay registros oficiales sobre el flujo de migrantes, de hecho, no hay un mecanismo o ejercicio sistemático que provea ese dato, por lo que únicamente se pueden tener estimaciones, las cuales son pocas -por ejemplo, las de ^{Rodríguez Chávez et al. (2011)} y ^{Rodríguez Chávez (2016)} -, pero no se tienen estimaciones para los años posteriores a 2015. Lo anterior no significa no analizar las cifras, pero sí con la cautela de que los cambios en los montos no reflejan exclusivamente los cambios en la política de contención migratoria.

La cifra de migrantes presentados ante las autoridades durante 2019 es de las más altas del periodo 2012-2019 (véase la Gráfica 1). Las cifras de la Segob et al. indican que, entre enero y diciembre de 2019, hubo 186 000 detenciones, quedando al nivel de las cifras de 2015 (198 000) y 2016 (186 000), que son los años con más sucesos registrados en el sexenio de Peña Nieto y que se produjeron en el marco de la aplicación del Programa Frontera Sur.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Segob et al. (2012-2019).

Gráfica 1 Monto mensual y anual de eventos de migrantes presentados ante las autoridades migratorias mexicanas (2012-2019) 

Además del monto, las cifras sobre personas detenidas destacan por su distribución mensual durante 2019, pues, en los primeros meses, el número de detenciones fue relativamente bajo (8 521 en enero), lo cual, en parte, propició una expectativa sobre lo que sería la postura del nuevo gobierno ante la migración en tránsito. En lugar de de tener a los migrantes, principalmente a los de las caravanas, se les ofrecieron las TVRH para que permanecieran en el país, en tan sólo dos meses (enero y febrero) fueron otor gadas 14 174 visas, un número bastante alto si se considera que en todo 2018 fueron entregadas 17 722. Sin embargo, después de febrero finalizó la forma excepcional en que se entregaron dichos documentos y, simultáneamente, aumentaron las detenciones de migrantes. Las cifras de detenciones aumentaron, respecto de los dos meses previos, a 13 508 en marzo y a 21 197 en abril, la cifra de este último mes fue la más alta registrada hasta entonces para un mes respecto de todo el sexenio anterior, lo que denota un incremento en el esfuerzo de contener el flujo migratorio. Esto es relevante porque muestra que, antes de la amenaza de los aranceles (finales de mayo), ya se estaba deteniendo a los migrantes en un número considerablemente elevado, pero las detenciones eran sobre el flujo migratorio más “silencioso” y tradicional, es decir, el que no participó en las caravanas. Esta situación invita a reflexionar nuevamente acerca de si el hecho de entregar las TVRH a los migrantes de las caravanas y a otros flujos de personas migrantes, llegados coetáneamente a las mismas, fue el inicio de un “giro” en la política respecto del flujo migratorio que sería abortado por las presiones estadounidenses, o fue una forma de atender una situación “extraordinaria”.

En los dos meses siguientes aumentó todavía más el monto de detenciones: en mayo fueron 23 241 y en junio 31 396, esto representa el 29 por ciento del total anual, en ninguno de los siete años anteriores se identifica una concentración tan alta de detenciones. Estas cifras y el hecho de que el gobierno mexicano afrontara una amenaza tan puntual -el incremento en aranceles, e incluso un periodo de tiempo para dar resultados-, marcaron un contexto de la migración en tránsito sin precedentes, en la que el gobierno inclinó su política migratoria hacia la contención, y relegó la parte de la protección de los DH de los migrantes, incorporó a la Guardia Nacional para frenar los flujos migratorios y, como resultado, en junio se observó el monto mensual más alto de eventos en todos los años analizados.

Después de junio, la cifra mensual de detenciones disminuyó y en noviembre (9 404) estaba en los mismos niveles de inicios de año. Sin embargo, esto no indica que el gobierno mexicano hubiese menguado sus esfuerzos por detener el flujo de migrantes, es más probable que aquél haya disminuido, ya que también descendió el número de detenciones por parte de las autoridades estadounidenses en la frontera suroeste, incluso a niveles más bajos que a inicios de 2019 (48 000 en enero y 34 000 en noviembre) (^{U.S. Customs and Border Protection, 2020}).

Además de la detención de los migrantes, hay otros elementos en los que quedó patente la estrategia de contener el flujo migratorio: uno de estos fue la disminución de la entrega de oficios de salida a los migrantes que son presentados ante las autoridades migratorias. Este tipo de documento se otorga a los extranjeros que fueron presentados ante las autoridades en México, con el fin de que salgan de la estación mi gratoria y del país de forma voluntaria. Por otra parte, están los oficios de regularización migratoria que también permiten la salida de las estaciones migratorias, pero con el fin de seguir un proceso administrativo de regularización.

En 2018 se otorgaron 13 748 oficios de ambos tipos, pero la gran mayoría fue de salida (10 446, los cuales representan el 76 por ciento); que en la práctica han sido utilizados por los migrantes para transitar por el país y llegar a Estados Unidos (^{París Pombo, 2019}). Los migrantes que más oficios de salida obtuvieron en 2018 fueron los procedentes de Asia y África: hubo 10 097 eventos de migrantes presentados, y se otorgaron 9 565 oficios de salida (el 95 por ciento), mientras que los procedentes de Centroamérica fueron 117 000 eventos de personas detenidas y obtuvieron sólo 191 oficios (véase la Gráfica 2).

Fuente: Elaboración propia, con datos de la ^{Segob et al. (2018}; ²⁰¹⁹⁾.

Gráfica 2 Porcentaje de eventos de migrantes detenidos que obtuvieron oficios de regularización migratoria y de salida, por región de origen (2018 y 2019) 

En 2019, se observó prácticamente lo opuesto respecto de la entrega de estos oficios: sólo 3 057 oficios de salida, menos de la tercera parte respecto de 2018. En con traste, los oficios de regulación migratoria casi se quintuplicaron: pasaron de 3 349 a 14 979; aunque los procedentes de Asia y África siguen siendo los más beneficiados con oficios de salida, el porcentaje cayó de 94.2 a 19.4 para los procedentes de Asia y del 96.1 a un 10.3 por ciento para los de África. Aunque lo anterior no implica que quienes no recibieron ese oficio hayan sido devueltos a su país, pues aumentó el porcentaje de oficios de regulación migratoria: de un 3.5 al 35.7 por ciento en el caso de los asiáticos, y de un 2.6 al 51.5 por ciento entre los africanos. En el caso de la población procedente de Centroamérica, la situación se mantuvo prácticamente igual, es muy bajo el porcentaje que recibe este beneficio: en 2019, sólo un 2.4 por ciento recibió un oficio de regularización migratoria y sólo el 0.2 por ciento el oficio de salida.

El cambio entre otorgar oficios de salida a oficios de regulación migratoria, se entendería como una estrategia para detener el flujo hacia Estados Unidos; esto bajo el supuesto de que el último de estos documentos no es útil para transitar por México, que es lo que en efecto se observa si el migrante inicia la solicitud para obtener la condición de refugiado en nuestro país; pues durante el proceso debe permanecer en la entidad en que se realiza el trámite y, en caso de necesitar viajar a otra entidad, se debe solicitar una autorización de Comar.

Finalmente, como indicador de la política migratoria del actual gobierno, a continuación se analiza la relación entre el número de personas deportadas y el número de presentadas ante las autoridades migratorias. Para analizar la dinámica de esta relación a través del tiempo, se optó por comparar el número de eventos de personas devueltas (D) en un año y el número de eventos de personas presentadas (P) mediante un cociente (D/P por 100).⁷ La Gráfica 3 muestra estos datos para los últimos siete años (véanse las barras en gris).

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Segob et al. (2012-2019).

Gráfica 3 Monto mensual de eventos de personas presentadas ante las autoridades migratorias mexicanas y de personas devueltas a su país de origen (relación anual, 2012-2019) 

Hasta antes de 2019, la diferencia entre el monto de detenciones y devoluciones era inferior al 16 por ciento; en 2018 fue del 12 por ciento, pero en 2019 subió a un 24.3 por ciento, lo que hace suponer que en este año hubo más eventos de personas presentadas ante las autoridades migratorias que no fueron devueltas a su país de origen. La diferencia en términos absolutos entre detenciones y deportaciones fue de 45 527 eventos (186 750 detenciones y 141 223 devoluciones). Las razones de esta diferencia la constituyen, entre otras, las personas que obtienen los oficios de salida y los de regulación migratoria, entre ambos fueron 18 036 oficios.

Comentarios finales

A partir de lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) y de lo señalado en varios comunicados del gobierno de López Obrador, se afirma que dos de los objetivos prioritarios respecto a las personas extranjeras que llegan al territorio nacional han sido: 1) proteger a los migrantes en el territorio nacional (incluidos los que están en tránsito) y 2) darles mayores oportunidades para establecerse en el país. Aquí hemos confrontado este discurso -que guarda grandes similitudes con el de gobiernos anteriores- con lo que ha sucedido en los hechos.

El primer gran reto para el gobierno actual es separarse de administraciones anteriores, para ello debe poner en práctica el marco normativo vigente en favor de la garantía y de los DH de las personas extranjeras, pues ya existe una regulación para que éstas puedan transitar o permanecer en el país. Lo que ha sucedido históricamente con quienes pretenden transitar por el país es que, pese a los documentos convencionales (por ejemplo, varios tipos de visas, incluidas las de turismo) que per miten cruzar por el país, sistemáticamente les han sido negados a personas de diversos orígenes nacionales por no cumplir los requerimientos legalmente establecidos. Por lo general, se trata de personas de bajos recursos, procedentes de los países econó micamente menos favorecidos, que fueron orilladas al tránsito irregular. Los sucesivos gobiernos de México respondieron a estos flujos irregulares con el establecimiento de una política de contención, basada en sistemas de deportación que han operado de sur a norte del territorio nacional.

En lo que respecta a quienes quieren permanecer en México, sucede algo similar: las personas de varios orígenes nacionales y perfiles vulnerables tienen pocas oportunidades para establecerse en México mediante cauces regulares, por lo que para poder quedarse en el país tienen que atenerse a regularizaciones especiales, al nuevo sistema de refugio introducido en la Ley sobre Refugio de 2011, u otras modalidades de migrar menos convencionales.

En este sentido, el programa de las TVRH en enero y febrero de 2019 fue una acción que, pese a ser puntual, permitió tanto el libre tránsito como el establecimiento, así fuese temporal, en condiciones relativamente seguras. Asimismo, el cambio detectado en 2019 en cuanto a la diferencia entre el monto de eventos de personas presentadas ante las autoridades y el monto de eventos de personas expulsadas, hace suponer que en dicho año las autoridades mexicanas dieron a más personas una alternativa a la detención y deportación. Habrá que seguir estudiando esta diferencia para conocer qué factores la explican y si, en efecto, hay más personas que han logrado transitar o permanecer en el país de forma documentada, que sería un primer paso para garantizar su protección y el respeto de sus DH en general.

No obstante, el número de personas detenidas en 2019 que estuvo cerca del má xi mo observado en la última década y las altas cifras de devoluciones muestran que el go bierno mexicano no logró superar la presión de Estados Unidos, y que al menos desde el mes de marzo se abocaron a contener el flujo de migrantes en tránsito por México. Después del acuerdo sobre los aranceles, parece obvio que el gobierno de López Obrador ha dado continuidad a la ya tradicional práctica de contención migra toria mexicana, con un mes de junio récord en el número de detenciones y se pude poner en duda que México tenga una política “soberana” respecto a los flujos migratorios en tránsito irregular.

Además, la mayoría de las personas extranjeras que llegan a México para establecerse no encuentran cauces legales que les permitan hacerlo de manera segura en el país. La opción de solicitar la condición de refugiado no resulta factible para muchos de ellos, y para quienes sí pueden acogerse a esa opción se encuentran ante un sistema de refugio colapsado por el volumen de solicitudes y los pocos medios que dispuso el gobierno en 2019 para resolverlas.

El accionar de los gobiernos estadounidense y mexicano ha estado marcado principalmente por el juego político. Estados Unidos ha empleado el fenómeno de las caravanas de migrantes y el auge de los flujos migratorios en 2019 para obtener réditos electoreros (en las elecciones intermedias) y recabar el apoyo del gobierno mexicano en su lucha antiinmigrante.

Por su parte, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha vendido más su “nueva política migratoria” que dado verdaderos pasos para cambiar la manera de gestionar el fenómeno migratorio. Esto ha propiciado que se interprete que existió un vuelco en la política migratoria el hecho de la entrega de las TVRH en enero y febrero de 2019 a quienes llegaron en las caravanas. Un verdadero giro en la política migratoria debería ser más sostenible y perdurable en el tiempo.

En conclusión, en este trabajo, al enfrentar los discursos del gobierno mexicano y la evidencia que ofrecen los datos de detenciones y devoluciones encontramos “más de lo mismo” que ofrecieron gobiernos anteriores: una refinada retórica cuyo centro es la protección de los migrantes y se apropia del discurso de DH, en contraposición con una práctica en la que predomina una política de contención cuyo primer fundamento es congraciarse con el gobierno estadounidense.