Artículos

 

Relaciones entre organizaciones y movimientos sociales. Redes y oportunidades políticas: los casos de la Red Nacional de Acción Ecologista (Argentina) y la Red Nacional de Derecho a la Información Ambiental (México)^*

 

Mario Alberto Velázquez García^**

 

^** Profesor-Investigador del Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública de El Colegio de Sonora, Obregón 54, col. Centro, C. P. 83000, Hermosillo, Sonora, México. Correo electrónico: mvelazquez@colson.edu.mx

 

Recibido en mayo de 2004
Revisado en febrero de 2005

 

Resumen

Este artículo describe y analiza las transformaciones en la operación y coordinación de las organizaciones ambientales. La teoría de oportunidades políticas constituye el marco de la investigación, y los referentes empíricos son los casos de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) en Argentina y la Red Nacional de Derecho a la Información Ambiental en México (REDIA). Este trabajo se vincula con las discusiones sobre recursos para las acciones colectivas y las formas de participación social.

Palabras clave: organizaciones ambientales, sociología de las organizaciones, Red Nacional de Acción Ecologista, Red Nacional de Derecho a la Información Ambiental, oportunidades políticas y redes.

 

Abstract

This article describes and analyzes the changes regarding the operation and coordination of environmental organizations. The research framework is the theory of political opportunities, and the empirical references being the following cases: the National Network of Ecological Action (RENACE, in its Spanish initials) in Argentina, and the National Network of Environmental Information Right in Mexico (REDIA, in its Spanish initials). This work deals with the debates about the resources available for collective actions, and social involvement.

Key words: environmental organizations, sociology of the organizations, National Network of Ecological Action, National Network of Environmental Information Right, political opportunities, and networks.

 

Introducción

En América Latina, el gobierno, los partidos políticos, las organizaciones campesinas y la Iglesia dominaron el panorama político durante décadas. A principios de los años ochenta, la sociedad civil comienza a crecer y diversificarse. Al crecimiento de dichos grupos lo acompaña una nueva ola de movilizaciones sociales que, al igual que las organizaciones no gubernamentales (ONG), comparten una creciente diversificación de sus objetivos, formas de acción y posturas frente al gobierno. Las organizaciones feministas, de género, de derechos humanos, ambientales, gay, etcétera, además de construir temas nuevos, experimentan con formas novedosas de manifestarse y posicionarse frente al Estado.

El tema de la relación de los movimientos sociales con las ONG en América Latina, y más específicamente con las ambientales, ha sido poco estudiado. A pesar del crecimiento en número e importancia de los movimientos ambientales y su continua relación con organizaciones ambientales (OA), existe una tendencia analítica por separar el estudio de ambos grupos, aunque en ocasiones su división sea poco clara (Themudo, 2000; Leff, 1998; Alfil y Méndez, 2000; Jelin, 2003; Nicholls, 2002; Bandy, 2004).

La presente investigación busca aportar información para analizar la relación que establecen los movimientos y las organizaciones ambientales latinoamericanas. El punto central del análisis son las oportunidades políticas que tienen las redes ambientales en México y Argentina. El objeto empírico no es en sí los movimientos o las organizaciones ambientales, sino el funcionamiento de su ordenamiento (las redes), en el medio que las rodea. Como podemos ver, no es un estudio de redes, sino de la forma en que los movimientos buscan influir en el gobierno a través de ellas (Hjelmar, 1996; Provan y Milward, 1995).

Las hipótesis que se exploran derivan de la teoría de movilización de recursos: ¿qué peso tienen los actores externos en la construcción de las estrategias, formas de coordinación de los movimientos y las organizaciones sociales? ¿Qué alianzas construyen los movimientos y las organizaciones sociales? ¿Cómo se dan los procesos de intercomunicación y cuál es la dinámica que resulta? ¿En qué medida su capacidad de lograr cambios no depende sólo de las oportunidades políticas que existen, sino también de fortalezas y debilidades internas?¹ (Tarrow,1997;Themudo,2000; Klandermans, 1991; Jørgensen, 1996).

Primero presentaré una descripción breve de la integración de las organizaciones y los movimientos sociales en América Latina, esto con el objetivo de ver sus coincidencias y diferencias. Posteriormente, revisaré los elementos teóricos sobre oportunidades políticas que permitirán analizar la relación de los movimientos con el gobierno. Después describiré los casos, pues considero que la observación de la realidad no puede ser totalmente transparente, sino que está influida por la teoría utilizada.

 

Las organizaciones y los movimientos ambientales en América Latina

Durante los primeros sesenta años del siglo XX, los Estados latinoamericanos asumieron el papel rector como constructores de los procesos de modernización de sus sociedades. Una de las formas de lograrlo fue recurrir a la selección de determinados actores sociales y formas de organización como las que potenciarían el desarrollo; los sindicatos, las organizaciones campesinas, burocráticas, industriales y militares fueron privilegiadas sobre otras; todas las demás fueron nulificadas o ignoradas (Avritzer, 1999; Zermeño, 1996).

Para mediados de los años ochenta, el fin de los regímenes autoritarios originó la aparición de nuevas formas de organización y temas de interés público (Tarrés, 1998). Algunos de estos nuevos actores revalorizaron la relación entre la sociedad y el Estado, así como los recursos utilizados para realizar protestas y demandas, puesto que un entorno social diferente les brindaba posibilidades antes no contempladas (Avritzer, 1999).

En esta misma década, los movimientos sociales de la región presentaron una serie de cambios importantes; por ejemplo la desaparición de los sujetos, que se consideraban centrales para encabezar los procesos de transformación histórica; de esta forma, los obreros, campesinos y estudiantes perdieron su lugar de privilegio como agentes exclusivos de movilización, en parte porque surgieron nuevos temas de acción colectiva; segundo, los actores que encabezaban movimientos hacían demandas específicas que involucraban diferentes procesos y dimensiones de la vida, lo que causaba la contradicción de intereses de diferentes luchas, aunque existiera la misma pertenencia de clase, en términos generales podemos decir que se presentó en la región lo que se ha denominado los nuevos movimientos sociales. Es decir, un obrero metal mecánico puede estar más interesado en participar en las acciones de grupos gay o ambientales que en las luchas sindicales (Melucci, 1999). Los nuevos grupos empiezan a cuestionar las formas de acción de los movimientos sociales tradicionales; las conformaciones de organización para los movimientos como los sindicatos comienzan a ser sustituidas por asociaciones más flexibles y pequeñas, lo que permite tener márgenes de acción más eficientes. La importancia de este cambio en los movimientos sociales se debe a la continua relación que éstos establecen con las organizaciones sociales (Verduzco, 2003; Álvarez y Castillo, 1986; Ávila, 1998; Balbis, 2002; O'Donnell y Schmitter, 1986).

En resumen, una de las transformaciones más importantes que produjeron las nuevas formas de organización social fue la posibilidad de darle voz a grupos que tradicionalmente habían sido relegados por partidos políticos, sindicatos u organizaciones populares. Intereses como los de género, medio ambiente o de los homosexuales lograron generar espacios para plantear sus demandas (Tarrés, 1998).

El florecimiento de las agrupaciones no lucrativas tuvo el respaldo de los organismos financieros multilaterales y las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas. Los gobiernos dejaron de ser considerados como los principales promotores del desarrollo; las organizaciones no lucrativas o no estatales comenzaron a verse como una alternativa (Themudo, 2000). Para éstas, sobre todo las de países en desarrollo, los recursos externos son una de las variables que explican su expansión; en el caso de América Latina, la mayoría de los recursos que financian a las ONG proviene de grupos externos. Sin embargo, esta entrada de divisas también representa algunos retos para ellos, por ejemplo, muchas de las agencias que financian a las ONG tienen actitudes paternalistas. Además, aunque el monto destinado a ellas creció significativamente en los años ochenta y noventa, seguía siendo limitado. Esto provocó una competencia entre las ONG por los recursos, sin embargo, esta contienda es difusa, oculta y sujeta a diferentes formas de autocontrol; es difícil conocer conflictos públicos por los recursos entre organizaciones, generalmente los problemas se resuelven en forma privada (Fernández, 1985).

Un punto de contacto importante entre los movimientos sociales y organizaciones como las ONG son los cuadros que las forman; muchos de los dirigentes o miembros de agrupaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, cristianas o indígenas son sus nuevos titulares u organizadores. Esto genera, entre otras cosas, un contacto natural y fluido entre los integrantes tanto de los movimientos como de las organizaciones sociales, porque en muchos casos se trata de las mismas personas o de gente que tiene contactos entre sí (Avritzer, 1999;Tarrés, 1998; Salamon, 1994).

Durante los años noventa, México y en general América Latina, vive una expansión de las movilizaciones sociales de diferentes tipos, sobre todo las de grupos indígenas, campesinos, de gente sin acceso a los servicios básicos, de salud y educativos, así como agrupaciones ambientales, entre otras. Para explicar su presencia se menciona una serie de acontecimientos: cambios estructurales en las economías de la región, acompañados por políticas de ajuste; restricción de las áreas de intervención de los Estados, con una disminución del gasto social; pérdida en la legitimidad de Estados; crisis financieras globales, con consecuencias negativas para los mercados de la zona, y en general un deterioro de las condiciones económicas de la mayoría de la población. En lo relativo al medio ambiente, crece la deforestación descontrolada de grandes extensiones, la sobreexplotación provoca deterioro y disminución de las zonas de cultivo, la desaparición de especies animales debido a la caza clandestina, así como una creciente contaminación de los mantos acuíferos y del aire de las ciudades, etcétera, por nombrar sólo algunos problemas.

Los movimientos sociales en la región comienzan a transitar de una etapa fundamentalmente contestataria, en la que el enfrentamiento entre gobiernos represores y reticentes con formas alternativas de organización era constante, a un periodo donde los distintos gobiernos tienen una actitud de mayor tolerancia y apertura hacia sus acciones, además de que muchos de los movimientos cuentan con un amplio reconocimiento social. El cambio en la postura del Estado frente a estos grupos, no es únicamente producto de convicciones internas, sino que se debe en gran parte al trabajo de los movimientos y las organizaciones sociales.

En forma específica, los movimientos ecologistas en América Latina han tenido que desempeñar, principalmente, una actividad reactiva; con énfasis en la suspensión o reducción de los daños producidos por el gobierno, las empresas o la población sobre alguna especie animal, vegetal, un río, un bosque u otro tipo de zona natural. Debido al gran perjuicio que las actividades humanas le han causado al medio ambiente, muchos de los grupos emprendieron acciones de conservación a inicio de los años ochenta buscando con ello preservar una parte de la naturaleza, una especie animal o zona amenazada (Hernández y Fox, 1995; Kaimowitz, 1996). Sin embargo, desde mediados de la década de 1990 las formas de comprender el ambiente, las estrategias y los objetivos de estos grupos se han diversificado de manera importante; existen organizaciones dedicadas a promover procesos productivos sustentables, a fomentar la educación ambiental, proyectos de ecoturismo, supervisión de los programas de gobierno, la conservación de una zona o especie y la mejora del ambiente en las ciudades, entre otros.

Con estos antecedentes, veamos las similitudes y diferencias de los movimientos y las organizaciones sociales. Un primer punto común para su análisis es que ambos son considerados vehículos para la democratización y transformación cultural, y por consiguiente para la modificación de los comportamientos cotidianos y políticos de los ciudadanos (Makoba, 2002; Olvera, 1999). En los países del Tercer Mundo, la meta de ambos grupos es paliar o resolver algunos de los problemas más graves de la zona, como la pobreza, contaminación y violencia.

Otra característica común entre ambos grupos es su origen; una gran cantidad de sus miembros está vinculada a la Iglesia católica, a grupos de izquierda o se trata de gente que ha ocupado puestos en partidos políticos (Verduzco, 2003; Salamon, 1994). A pesar de su origen, las organizaciones sociales defienden, en la mayoría de los casos, su dependencia institucional, creando mecanismos que les permitan escapar del control de las jerarquías eclesiásticas de grupos ideológicos o de partidos políticos (Fernández, 1985).

Los movimientos y las organizaciones comparten también la constante lucha por obtener financiamiento. Ambos grupos han tenido que aprender a operar con pocos recursos. La escasez de medios tiene que ver con cuestiones internas y externas: deficiencias en la organización interna, falta de preparación de los administradores o dirigentes, restricciones del marco legal, actos represivos del gobierno, poco interés de la población general o un contexto político adverso (Fernández, 1985; Olvera, 1999; Salamon, 1994).

Sin embargo, existen diferencias de organización, operación y manejo de recursos y estrategias entre los movimientos y las organizaciones sociales. Algunas de ellas son las siguientes:

1. Tipo de objetivos, en el primer caso son más concretos y específicos, mientras que en las organizaciones tienden a ser más generales;

2. La duración, en el caso de los movimientos es, regularmente, más corta. Las organizaciones tienen como objetivo básico la preservación;

3. Grado de institucionalización, por la brevedad de sus objetivos y sus características de confrontación, los movimientos no buscan su registro en instituciones gubernamentales, por el contrario, las organizaciones sociales sí. Debido a ello, su funcionamiento está regido por una serie de derechos y obligaciones, que no están contemplados para los movimientos;

4. Por el tipo de objetivos y regulaciones a los que están sujetos, además de las diferencias, asumidas por el grupo, existe una desigualdad en las tácticas de los movimientos y las organizaciones sociales.

 

Apuntes teóricos sobre la estructura de las oportunidades políticas

El estudio de los movimientos sociales generalmente ha hecho hincapié en analizar los elementos internos que determinan su funcionamiento, sin embargo, dado que este tipo de fenómenos está inmerso en un medio social, comenzó a delinearse la necesidad de analizar la influencia que las condiciones externas ejercen en su formación. Esto inició una corriente de estudios conocida como estructura de oportunidades políticas (EOP) o simplemente oportunidades políticas (OP) (Edelman, 2001). Esta corriente supone que la acción colectiva tiene las siguientes consecuencias generales: 1) demuestra a otros que existe la oportunidad de actuar; 2) descubre las debilidades del oponente, generalmente, el gobierno; 3) permite conocer a los aliados que permanecían ocultos y 4) puede derribar barreras institucionales, que obstaculizaban la recepción pública de nuevas demandas (Tarrow, 1997).

El concepto de oportunidades políticas se ha convertido en una pieza central en la investigación sobre movimientos sociales. Esto se puede ver en los trabajos, entre otros, de Costain (1992), Brockett (1991), Meyer (1993) y Tarrow (1997) donde se trata de explicar el surgimiento de diferentes acciones colectivas a partir de este concepto. Así, un movimiento inicia debido a un cambio en las oportunidades políticas; mismas que facilitan o reprimen los costos de participación; permiten identificar potenciales aliados y muestran en qué son vulnerables las autoridades y las élites (Tilly,1995).Algunos estudios como los de Tilly (1994), analizan la frecuencia de los sucesos de confrontación durante largos periodos. Por su parte, Tarrow (1997) analiza la apertura y clausura de las oportunidades políticas en periodos más cortos. Un cuestionamiento a este tipo de estudios es que los actores anteriores, es decir, la organización del movimiento y sus agentes, han pasado a jugar un papel pasivo, debido al peso que adquieren los rompimientos o crisis entre élites (Traugott,1995;Tilly,1995; Tarrow, 1995).

Las OP se han utilizado como variable explicativa, tanto del surgimiento de movimientos como de los resultados obtenidos (Costain, 1992; Brockett, 1991; Meyer, 1993; Tarrow, 1997). Sin embargo, también puede ayudar a predecir la forma que tomarán; el tipo de respuesta estatal condiciona las acciones emprendidas por ellos. Existe una relación entre las demandas hechas por los movimientos sociales y las reformas para la participación, aplicadas por el Estado (McAdam, 1999); los cambios de tipo legal o institucional para una mejor expresión de las protestas generalmente provocan movimientos reformistas, poco ambiciosos y más institucionalizados. Por otro lado, los que encuentran aliados dentro de un sistema político, cuando anteriormente no contaban con ellos, generalmente son acciones que buscan reformas institucionalizadas. Una disminución importante en la capacidad represiva de un Estado genera movimientos de reforma no institucionalizados. Sin embargo, no se puede decir que exista una relación directa entre una disminución en la represión y un aumento en la movilización social.

Las oportunidades políticas, referidas a cuestiones culturales, tocan temas como la existencia de una disposición de ánimo en la sociedad (Gamson y Meyer, 1992). De esta forma, una dualidad importante en las oportunidades políticas es lo estable y volátil. Por ejemplo, la disposición de ánimo está abierta después de un conflicto armado o una recesión económica. Estos momentos son de debilidad para el Estado, lo que facilita que diversos grupos se decidan a participar en la negociación de un orden social. El término ventanas de oportunidad se refiere a coyunturas o acontecimientos específicos, que le dan a un movimiento determinado la ocasión temporal para actuar. Por ejemplo, un asesinato violento puede ser la ventana de oportunidad para los grupos que piden un incremento en las penas carcelarias.

La teoría de OP considera que la división entre las élites es el principal catalizador de la movilización social; dado que en el momento en que sucede dicha ruptura se difuminan las diferencias entre reforma y revolución. Por su parte, Della Porta y Diani (1999) colocan a la represión como la variable más significativa para explicar el surgimiento de acciones colectivas, debido a que: 1) los propios movimientos consideran a la represión, o la ausencia de ésta, como el indicador más claro sobre cuál será la actitud del Estado ante las protestas; 2) la represión influye en el tipo de protestas posibles y en la elección de estrategias a las cuales pueden recurrir los grupos; 3) la represión tiene una serie de implicaciones culturales para ambos bandos, así como efectos mediáticos sobre su uso.

Tarrow nombra represión a la fuerza del Estado. Las estructuras de represión en los estados autoritarios Tarrow (1995) las define como: "[...] cualquier acción por parte de un grupo que eleva el coste de la acción colectiva del contendiente. Una acción que reduce el coste de la acción colectiva es una forma de facilitación". Este recurso estatal es parte de lo que define a un Estado autoritario, sin embargo, su uso genera resultados contrarios a los buscados. Otra de las consecuencias de la represión es darle una connotación política a las acciones cotidianas. En los Estados no represores, los sistemas representativos tienen una peculiar forma de eliminar y reprimir los movimientos de oposición; al permitir e incentivar la participación pueden procesar los elementos más desafiantes de la política y así canalizar la movilización hacia lo electoral, para convertirla en una acción controlada. Se crea así una paradoja; la libertad de manifestarse, y la existencia de canales para hacerlo limita realmente las posibilidades de elección de la gente. La represión, por otra parte, no es aplicada de forma homogénea por ningún Estado, existen acciones colectivas que serán promovidas y otras castigadas o reprimidas.

El uso posible de coerción estatal se analiza según perspectivas diferentes, por ejemplo las oportunidades estables creadas por las instituciones de gobierno, así como la cultura política existente; es decir, las leyes según las que se crean y operan los cuerpos policiacos, la preparación con la que cuentan y las ideas culturalmente aceptadas sobre cómo deben actuar. Así, existe una serie de reglas, normas y procedimientos que suelen aplicarse en una sociedad a los actos disruptivos y a las acciones del Estado frente a ellos.

Otra dimensión que condiciona el tipo de respuesta estatal es su interacción con los diferentes agentes sociales; cada uno de ellos tiene su propia opinión sobre la actuación policial, la misma que se expresa en los medios de comunicación. Esto genera condiciones favorables o contrarias en cuanto a la aplicación de represión estatal. En términos generales, podemos decir que existe un discurso que busca fortalecer los derechos humanos, al que se contrapone un discurso de respeto a la ley y al orden a cualquier precio. Estos dos límites discursivos se encuentran en disputa al momento de considerar los límites de la actuación policial contra un movimiento determinado o acto colectivo. Por ejemplo, un factor que aumenta el apoyo a la coerción estatal es la polarización de los discursos políticos; dado que en este contexto los grupos buscan restaurar el "orden", mediante la aplicación estricta de la ley. Por otro lado, cuando un conflicto entre el Estado y un movimiento se transforma en un juego de suma cero, la opinión pública tiende a solidarizarse con el Estado. En cambio, si los discursos son menos radicales, la opinión pública tiende a concederles mayores derechos humanos a los manifestantes. Otro factor que afecta la permanencia de un discurso a favor de los derechos humanos o de mayor respeto a la ley y el orden son las tácticas concretas que adopte la protesta; generalmente ante el uso de acciones violentas, la opinión pública tiende a favorecer la aplicación de la ley.

Una de las críticas a la EOP es su aplicabilidad en casos como el latinoamericano. En esta región no se puede hacer una separación tajante entre los viejos reclamos de pobreza, educación, violencia y corrupción con las nuevas demandas de género, ambiente y grupos gay. El caso del medio ambiente es paradigmático para mostrar esto. Por un lado, existen grupos ambientales europeos y norteamericanos con características posmaterialistas, constituidos en una nueva élite intelectual separada del resto de la población (Melucci, 1999). Sin embargo, los estudios en países subdesarrollados muestran que este tipo de acciones colectivas se relacionan más con reclamos presentes desde hace tiempo, por el uso de los recursos, la pobreza o la desigualdad social (Edelman, 2001), que con tendencias posmaterialistas.

Como una propuesta para completar la capacidad de análisis de la teoría de oportunidades políticas, aquí se propone el término desventajas políticas, con ello se busca no sólo analizar los elementos positivos que aparecen en el panorama social para las organizaciones sociales, sino tal como lo sugiere el análisis de la represión, aquellos aspectos que inhiben su creación. De esta forma, las desventajas políticas son las acciones, coyunturas o situaciones que, de forma consciente o inconsciente, inhiben las acciones colectivas.

La inclusión del término para el análisis permite que la teoría de las oportunidades políticas se aleje de una tautología lógica; éstas existen cuando algún grupo las convierte en oportunidades. El análisis científico requiere contrastar con su inverso, en este caso, decir de antemano qué es una oportunidad y qué es lo contrario.

Un ejemplo de desventajas políticas es visible internacionalmente para las organizaciones ambientales: cuando algunas industrias altamente contaminantes se trasladan a regiones pobres, los países receptores en muchas ocasiones mantienen o modifican sus marcos regulativos a fin de conservar las nuevas industrias, dada la gran necesidad de recursos económicos. Esto generalmente significa una serie de desventajas, que a la larga pueden terminar con sus posibilidades de desarrollo. En el ejemplo, los Estados industrializados, para preservar los intereses de sus fábricas, utilizan los acuerdos sobre contaminación para protegerlos, lo que nulifica las acciones de los grupos que protegen el medio ambiente. Otro ejemplo está en el mismo crecimiento de las grandes organizaciones ambientales internacionales, porque si bien esto ha significado una expansión del movimiento de protección al medio ambiente también ha sido una nueva forma de colonialismo, debido al dominio que ejercen sobre los nuevos grupos, mediante el control en la distribución de los recursos monetarios. Las organizaciones internacionales constituyen tanto una oportunidad como una desventaja política para los nuevos grupos.

 

Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), una red dentro del movimiento ambiental argentino

La Red Nacional de Acción Ecologista surge en 1985, como un proyecto para reunir organizaciones ambientales de Argentina.² Desde su creación, los miembros han estado aumentando constantemente; en 2003, sumaban 79 organizaciones, localizadas en 17 provincias.

Los grupos que componen RENACE se caracterizan por su heterogeneidad; tanto en el tamaño de las organizaciones, forma de funcionamiento, objetivos básicos, acceso a recursos financieros, antigüedad, como en sus posturas políticas o religiosas. Pero también existen coincidencias importantes; su preocupación por el creciente deterioro de la situación ambiental en su país y en general en el mundo; un rechazo a la clase política argentina, por la corrupción y los intereses de grupo que la controlan; una crítica a proyectos productivos o de gobierno, que afectan el medio ambiente con el argumento del crecimiento, y sobre todo la importancia que conjuntar esfuerzos tiene para la acción colectiva.

El objetivo declarado de RENACE es: "[...] la distribución de información actualizada, el apoyo entre grupos ante situaciones de conflicto, la generación de campañas ambientales regionales o locales, el intercambio de experiencias y de logros en el medio ambiente de las acciones ciudadanas"³ (RENACE, 2003); es decir, la red funciona como una especie de puente, que pone en contacto y moviliza a diferentes grupos permitiendo así una organización expedita de movilizaciones y marchas.

Las organizaciones que componen a RENACE, en su mayoría, realizan su trabajo dentro de barrios o regiones muy específicas. Preferentemente se dedican a la resolución de problemas concretos como contaminación de ríos, colonias, la instalación de empresas o depósitos nocivos, desaparición de bosques y la construcción de granjas comunitarias, entre otros. Como RENACE, existe una serie de temas prioritarios; en el momento del estudio eran: 1) la instalación de una planta de desechos radioactivos provenientes de Australia;⁴ 2) la lucha del pueblo Mapuche-Tehuelche al noroeste del Chubut y 3) la instalación de nuevos basureros en la zona metropolitana de Buenos Aires.

Además de los temas locales que cada grupo trata de resolver, la RENACE funciona como una especie de señal de alarma, respecto a aquellos problemas que por su gravedad o inminencia requieren atención expedita. Cuando se presenta una situación de este tipo, la red convoca a todos sus miembros para que colaboren de diferentes formas en la solución de la emergencia ambiental. La idea es que la red permita articular y coordinar esfuerzos,⁵ puesto que por sí mismas las organizaciones no tienen recursos suficientes para resolver determinados problemas. Por otro lado, la mayoría de las organizaciones cuenta con objetivos muy específicos y de corto o mediano plazo. Esto en ocasiones puede ser una debilidad, debido a que la búsqueda de soluciones para problemas inmediatos puede generar consecuencias no esperadas en el futuro. La RENACE busca paliar esta diferencia mediante la construcción de proyectos más generales y de largo alcance.

En cuanto a su contacto con el gobierno, la RENACE cumple varias funciones importantes para los grupos que la componen: 1) permite a grupos pequeños que están relacionados en problemas muy locales, que sus actos se conozcan internacionalmente; 2) otorga a los grupos foros de cabildeo a los que de otra forma no podrían acceder; 3) presiona a los gobiernos locales para que resuelvan los problemas; 4) ubica al gobierno en una situación tal que ejerza presión internacional para la resolución de un problema, debido a que los acontecimientos son seguidos por organizaciones mundiales en contacto con RENACE;⁶ 5) difunde en forma importante las acciones del gobierno, que considera contrarias al interés público. Para ello, la misma red es un recurso crucial, aunque también se busca difundir la información por medios masivos, como la prensa.

Por todo lo anterior, podemos decir que, en términos generales la RENACE funciona en sí misma como una creadora de oportunidades políticas para los grupos que la componen; además, sus acciones tienen algunas de las consecuencias señaladas por la teoría de movimientos sociales, como creadores de oportunidades políticas: 1) descubrir las debilidades del oponente, en este caso, del gobierno; cosa que logra al mostrar los actos de corrupción o las irregularidades que existen en proyectos públicos; 2) dar a conocer a los aliados que permanecían ocultos. En el caso de la RENACE, le permite a las organizaciones ambientales locales entrar en contacto con personas o grupos que pueden coincidir con sus intereses o ayudarlos de diferentes formas, ya sea con recursos, trabajo de cabildeo, información o difusión de sus acciones y 3) derribar barreras institucionales, que obstaculizaban la recepción pública de nuevas demandas. La red cuenta, en ciertas circunstancias, con acceso a funcionarios de alta jerarquía, lo que en muchas ocasiones significa atención más rápida a una demanda.

Debido a que los miembros de RENACE se enfrentan a un gobierno caracterizado por altos grados de corrupción, y que tiene un pasado reciente de represión violenta contra organizaciones independientes, su funcionamiento tiene algunas características especiales. Primero, la gente no puede consultar toda la información que posee, algunos contenidos son de uso exclusivo de sus miembros; esto como medida de seguridad ante posibles intentos de filtración de grupos con intereses contrarios a los de la red; el acceso restringido a la información es un recurso importante, si consideramos la desconfianza de los grupos sociales hacia los partidos políticos y el gobierno, debido a los actos de corrupción y el pasado de represión. Segundo, en toda negociación con el gobierno, la RENACE hace público el contenido de las pláticas, para evitar que éste intente cooptar o corromper a las organizaciones, además de darle legitimidad a las acciones de la red.

Para retomar el término propuesto en la parte teórica, la RENACE enfrenta desventajas políticas por el grado de corrupción del gobierno y la laxitud de leyes ambientales argentinas. Esto es claro en el caso de la producción de soya transgénica, donde el gobierno se ha negado a establecer formas de control, y se ha dificultado la realización de estudios al respecto.

Otro factor determinante en la creación de un escenario de desventaja política es la fuerte crisis económica que atravesó Argentina en los años recientes. Esto le restó prioridad a los problemas del medio ambiente, privilegiándose la búsqueda del crecimiento; lo que le restó interés a los actos de los grupos. Por otro lado, un gobierno en situación de crisis es más propenso a aceptar proyectos que contaminan, siempre y cuando generen empleos e inversión. Este es el caso de la soya, que si bien representa uno de los productos principales de exportación para Argentina, su cultivo tiene severas consecuencias para la diversidad y el medio ambiente. Es el mismo caso del proyecto federal por construir un depósito de desechos nucleares, procedentes del extranjero.

Para el funcionamiento de las organizaciones y de la red misma, una de sus principales desventajas políticas son los problemas para conseguir financiamiento interno o externo. En el caso interno, debido a la crisis económica nacional y en el externo, por la competencia por los recursos entre organizaciones.

Un último escenario de desventaja política está en las dificultades que enfrenta la RENACE para difundir los problemas del medio ambiente de sus organizaciones; por un lado, existe poco interés de los medios de comunicación para incluir en sus noticias temas ambientales que no sean catástrofe. Por otra parte, y de más gravedad, está el control y censura que el gobierno argentino ejerce sobre algunos de los principales periódicos y canales de televisión.

En lo que respecta a la represión, si bien los gobiernos argentinos han dejado atrás muchas de las prácticas más violentas, todavía existen mecanismos de presión y de acoso hacia miembros de movimientos que se oponen a programas gubernamentales. Sin embargo, las formas de inhibir los actos de estos grupos son más sutiles, como por ejemplo dificultar su presencia en las negociaciones comerciales o no proporcionar la información requerida.

 

La Red Nacional de Derecho a la Información, una red mexicana

El anuncio de un acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México creó una serie de preocupaciones entre los grupos protectores del medio ambiente de los tres países. Como una manera de orquestar las acciones, organizaciones de Estados Unidos, México y Canadá crearon redes para discutir los riesgos y tratar de impedir el acuerdo: The Binational Health and Environmental Coalition of Ambos Nogales; The International Sonora Desert Aliance; The Texas Center for Policy Studies; The Southwest Organizing Project of Environmental Justice y Concerned Citizens, entre otros (Verduzco, 2002; Liverman, et al., 2002).

Para los grupos ecologistas mexicanos en la frontera norte, el periodo de 1989 a 1994 fue de gran actividad. El momento más importante de este ciclo de movilizaciones se produjo en 1992, cuando está a punto de firmarse el Tratado de Libre Comercio (TLC) (Verduzco, 2002). Uno de los objetivos era obtener información relativa a la producción, almacenamiento y transportación de materiales peligrosos. Dado que esta información es pública en Estados Unidos desde 1986 y en Canadá desde 1993, se esperaba que el tratado de comercio obligara al gobierno mexicano a develar sus datos.

Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, debido en parte a la presión de los grupos ecologistas y también a su interés real en los problemas del medio ambiente, acordaron crear tres instituciones: la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BANDAN), encargadas de lo relacionado con la infraestructura ambiental de la frontera. La tercera es la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), con sede en Montreal, el organismo para la protección del medio ambiente en los tres países (Liverman, et. al, 2002).

En el mediano plazo, la intervención de la CCA fue un factor decisivo para que el gobierno mexicano incluyera el derecho a la información (DI) como un objetivo en su agenda oficial. Para 1997, México estableció un sistema nacional de información sobre desechos industriales. Sin embargo, el requerimiento a las empresas para que proporcionaran información era voluntario, lo que explica que sólo 5 por ciento de las industrias lo adoptaran (Liverman, et al., 2002).

La CCA realizó las siguientes acciones para apoyar la creación del registro de emisiones: 1) ayudó al grupo La Neta, de la ciudad de México, para que creara la página en Internet Emisiones virtuales sobre residuos tóxicos, y organizó foros de información sobre este tema; 2) financió al Colectivo Ecologista de Jalisco, para impartir talleres dirigidos a industriales, para enseñarles a llenar los formularios gubernamentales del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y 3) también apoyó al grupo Presencia Ciudadana Mexicana para publicar información y convocar conferencias sobre asuntos relativos al medio ambiente. Otros grupos que han recibido apoyo de la CCA son: Fronteras Comunes, Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Periodismo para elevar la Conciencia Ecológica.

Al convertirse Vicente Fox en presidente de México, nombró al ex director ejecutivo del CCA, Víctor Lichtinger, secretario del Medio Ambiente. Debido a que la creación de una legislación para el DI fue una de las metas de la organización que anteriormente encabezara Lichtinger, era de esperarse una pronta solución. Sin embargo, en el primer año de la nueva Administración no se avanzó mucho en la creación del Registro de Emisiones Contaminantes, principalmente, porque el gobierno alegaba falta de recursos, además de no contar con el equipo humano suficiente. Un factor que cooperaba con el retraso era el poco interés de la prensa por darle seguimiento a temas del medio ambiente, sobre todo, frente a la enorme atención que generaban las actividades del nuevo presidente, proveniente de un partido distinto al Revolucionario Institucional.

La presión de los grupos ecologistas de Estados Unidos y Canadá comenzó a ser más fuerte. Esto fue evidente en una mesa organizada por la CCA en marzo de 2001, donde se cuestionó la voluntad del gobierno de México por crear un registro de contaminantes. Los grupos mexicanos presentes expresaron su interés por buscar otras alternativas para compartir información.

Las organizaciones ambientales mexicanas comenzaron una intensa labor de cabildeo con diputados y senadores federales. Participaron grupos como Informa, Proyecto Fronterizo para la Educación Ambiental, Enlace Ecológico de Agua Prieta y el Comité Cívico de Divulgación Ecológica y Greenpeace de México (Nauman, 2002), entre otros. A fines de año, el gobierno federal presentó la propuesta para la creación del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

El 15 de diciembre de 2001, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Ambiental para crear el RETC, con carácter de obligatorio. Esta fue la primera ley federal mexicana que incluía el acceso público a la información de los registros gubernamentales (Nauman, 2003). En el mismo mes se fundó la Red Nacional de Derecho a la Información Ambiental (REDIA). Al igual que en el caso de la RENACE, muchos de sus principales organizadores era gente con preparación universitaria. En este caso, varios estaban directamente relacionados en su trabajo cotidiano con cuestiones del medio ambiente, como biólogos y químicos, entre otros.

Su creación se dio en el marco del II Encuentro Nacional de Ecologistas, donde participaron 50 organizaciones de 26 estados del país. En su organización intervinieron Alternativa Ciudadana 21, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C., Presencia Ciudadana y la Unión de Grupos Ambientalistas (CCA,2003).Algunas de las ventajas que los grupos canadienses y estadounidenses veían en la creación de una red en México eran las siguientes: 1) permitiría el monitoreo constante sobre la actuación de la autoridad; 2) facilitaría la capacitación y crecimiento del número de activistas; 3) mejoraría la comunicación entre ONG; 4) permitiría construir una estrategia de medios masivos de comunicación; 5) sería un foro para analizar la política de educación y salud y 6) ayudaría a cabildear el derecho a saber, con funcionarios clave (CCA, 2003).

La red logró que los datos sobre emisiones contaminantes fueran de conocimiento general, sin embargo, todavía existen huecos legales y muchos de los desechos no son reportados por las empresas. A tal grado que se calcula que únicamente 12 por ciento de los desechos producidos se almacenan adecuadamente (Instituto Nacional de Ecología, 2004).

La red ha tenido problemas de funcionamiento debido a carencias administrativas, sin embargo, continúa operando y como parte de la Unión de Grupos Ambientalistas (UGAM) cuenta con 75 organizaciones. Sus funciones principales son: 1) solicitar información sobre desechos al gobierno; 2) capacitar a organizaciones locales para solicitar la información; 3) promover el acceso a los datos sobre desechos contaminantes; 4) crear un foro de contacto por Internet y 5) mejorar los mecanismos legales de acceso a los datos oficiales. La UGAM cuenta con libros sobre temas de ecología y artículos disponibles en la página de Internet, así como un reglamento sobre la aceptación de nuevos miembros, código de ética y reglas que rigen la actuación de las organizaciones participantes.

Como parte de la UGAM, la red cuenta con la membresía de las siguientes organizaciones: Comisión Ambiental Metropolitana; Centro Mexicano para la Filantropía; Consejo de la Sociedad Civil; Red para el Desarrollo Rural Sustentable; Red para la Infancia y la Adolescencia; Coordinación Internacional del Día de la Tierra; Red Latinoamericana de Acción Climática; Red Interamericana por la Democracia; Climate Action Network; Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable y el Consejo Consultivo Mixto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

La red y la mayoría de sus grupos no muestran una oposición de principio al trabajo con el gobierno, por el contrario, y como lo muestra un trabajo de Kurzinger et al., (1991), 75 por ciento de las organizaciones ambientales mexicanas estudiadas tenía alguna liga con el Estado y 30 por ciento recibía apoyos de él. Sin embargo, la participación de las organizaciones ambientales para la definición de las cuestiones operativas del acceso a la información no se da en las mejores condiciones, pues el comité ejecutivo está conformado de manera que la representación de los industriales tiene mayor peso. Otro problema para las agrupaciones sociales es la falta de recursos para cubrir los gastos de sus representantes, además de dárseles poco tiempo entre el momento de ser convocados a las reuniones y su participación en ellas.

La lucha por el derecho a la información es parte de la búsqueda por la apertura general de la información gubernamental. En una reunión celebrada en febrero de 2001 en la Universidad Iberoamericana, se consolidó una propuesta para una Ley de Transparencia Federal y Acceso a la Información. Un grupo de organizaciones y diferentes actores sociales formaron el Grupo Oaxaca, a fin de impulsar este derecho a obtener información pública. A fines de 2003 se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

 

La estructura de oportunidades políticas de los grupos ambientalistas en México y Argentina

Desde la Conferencia de Estocolmo, quedó claro que existe una diferencia importante entre la definición de ambientalismo en los países desarrollados y los más pobres. En algunos casos ha significado que los proyectos específicos, apoyados con recursos de organizaciones de países desarrollados, se basen en modelos que no contemplen las características culturales o las necesidades específicas de la población concreta. Además de ser proyectos que, en la mayoría de los casos, no permanecen el tiempo necesario para institucionalizarse (Hjelmar, 1996).

Las agencias internacionales de financiamiento colocan la eficiencia económica como una de las prioridades para la concesión de proyectos productivos, antes que la existencia de acuerdos amplios y la legitimidad de los procesos (Hochstetler, 2003). Sin embargo, la sustentabilidad es un término que está cada vez más presente en dichos proyectos. Esto genera oportunidades políticas importantes, tal como lo demuestra el caso mexicano; donde la firma de un tratado de comercio abre los canales de participación y relación con organizaciones externas. En este punto, es importante resaltar que algunas de las oportunidades políticas parecen estar dadas, mientras otras se construyen en terrenos donde no existían.

La situación regional es crucial en la estructura de oportunidades políticas para los grupos ambientalistas; ya que proporciona la posibilidad de contar tanto con recursos monetarios, como con acceso a la información y nuevos contactos con grupos de presión y agencias de desarrollo. En el caso de RENACE, estas oportunidades se aprovechan con su proyecto para participar en un observatorio latinoamericano. En el otro caso, la creación de la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte constituye una coyuntura importante para las organizaciones ambientales, pues es un factor crucial para el seguimiento de las demandas de la REDIA.

En el caso de Sudamérica y el MERCOSUR, el desarrollo de mecanismos formales de participación para los grupos sociales es limitado, ya que se da mayor importancia a los gremios empresariales y sindicales. En este sentido, Balbis (2001) sugiere que estos dos han intentado limitar la intervención de otros grupos sociales. En el MERCOSUR, el grupo de trabajo número 6 fue el que participó en las OA, y los organismos no empresariales fueron excluidos de las reuniones donde se tomaban decisiones (Hochstetler, 2003).

En general, la transición hacia regímenes democráticos ha favorecido la participación de grupos ambientalistas, por medio de los canales institucionalizados. Esta situación presenta variaciones en cada caso. En Argentina, las reformas constitucionales de 1994 ampliaron las posibilidades de participación, aunque comparativamente con otros países como Brasil, todavía las oportunidades son escasas (Hochstetler, 2003). Sin embargo, recursos como las audiencias públicas y la coparticipación administrativa son instancias importantes para que la gente participe en las cuestiones del medio ambiente. Las defensoras del pueblo también han sido ampliamente utilizadas por dichos grupos. Estos recursos se han empleado en luchas ambientales de grupos que pertenecen a la RENACE, contra la instalación de tiraderos en zonas periféricas a Buenos Aires y en la operación de una mina en Esquel.

En el caso de México, la apertura democrática creó transformaciones visibles en los mecanismos y oportunidades de participación, y los grupos que han impulsado y sabido aprovechar los cambios son las organizaciones civiles. Éstas se han caracterizado por su gran capacidad de innovación en actuación y desarrollo en sectores poco visibles anteriormente, como los de género o los ambientales. Este es el caso de la REDIA, que impulsó, a la vez que se benefició, de la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información.

En el contexto de una revitalización política y administrativa de los municipios en México, las OA tienen altas posibilidades de participación en proyectos, lo que coincide con su vocación de ver en lo local su área prioritaria de acción. En el ámbito federal, también existen instancias de consulta y participación entre OA y el gobierno. En este sentido, una de las diferencias entre los integrantes de la red de medio ambiente en los casos estudiados es la percepción que tienen sobre el trabajo con el gobierno. En Argentina, la mayoría de los integrantes entrevistados mostraba poco interés a trabajar con el gobierno, debido a la desconfianza. En el caso mexicano, las organizaciones muestran una disposición creciente a colaborar con el gobierno. Sin embargo, la relación de los grupos ambientalistas mexicanos no está exenta de desencuentros y disputas por la falta de apoyo (Ávila, 1998).

En los casos estudiados, los factores internos adversos para la RENACE y la REDIA son: 1) que centran sus actividades en el logro de objetivos inmediatos, sin considerar la perspectiva del largo plazo; 2) que las organizaciones privilegian la solución de problemas en áreas delimitadas, concentrando sus recursos en ello. Esto hace que se pierda la capacidad de mantener la perspectiva amplia, y obstruye la afinidad entre los objetivos generales y particulares de diferentes grupos; 3) que los escasos recursos monetarios de muchas organizaciones no les permite pagar remuneración alguna a sus miembros lo que coloca su participación en una coyuntura permanente: la necesidad de generar los medios necesarios para la subsistencia, y su compromiso con la organización; 4) que la competencia implícita o explícita entre organizaciones por los recursos exiguos puede darse en condiciones de competencia desigual. En este sentido, el tamaño o la pertenencia a una red puede ser un factor que limite las posibilidades de otros grupos; 5) que existen indicios de que tiende a disminuir la capacidad de crítica, en lo referente a las relaciones de unos grupos con respecto a otros, y con el gobierno; 6) que falta una revisión seria de las posturas adoptadas por los grupos ambientales frente a los tradicionales e indígenas, así como su postura frente a la idea de modernidad (Quadri, 1991). Si bien es difícil generalizar todos los factores para los dos casos, la mayoría se presenta de una u otra forma en ambos.

Sobre el comportamiento de los Estados, si bien se presentan actos voluntarios e involuntarios que inhiben la participación de estos grupos, presenciamos un cambio en las formas de acción; las violentas, a la utilización de mecanismos legales y dentro del "juego" de lo político. Si bien los Estados no emplean los mecanismos represivos tradicionales, utilizan las instituciones y la ley como instancias que controlan o inhiben las formas de participación. Es necesaria una mayor adecuación de las leyes frente a los cambios en las sociedades latinoamericanas.

Los movimientos especializados en determinados objetivos, como el medio ambiente, han sufrido una transformación importante en los recursos para su manifestación y formas de organización. Por ejemplo, la creación de las redes es un elemento principal. La aparición de agrupaciones de segundo orden busca superar el aislamiento, y permitir acciones regionales, nacionales o supranacionales. Las redes funcionan como un lente de aumento sobre temas en los que la sociedad todavía no concentra su atención y sus mayores esfuerzos; un llamado a la consciencia sobre la destrucción de los recursos (Jelin, 2003). Este es el caso de RENACE en Argentina o la REDIA en México.

En el contexto económico, político y social de las organizaciones y los movimientos ambientales latinoamericanos, existen varios factores que obstruyen su crecimiento; aunque esto no ha dejado de ofrecer oportunidades políticas para las movilizaciones. Algunos de estos elementos son la corrupción del gobierno, las crisis recurrentes, la pobreza, la falta de interés de la prensa y del público en general. No obstante, hay un crecimiento significativo de los grupos preocupados por el medio ambiente.

Un punto para considerar a las redes como oportunidades políticas estratégicas es que las OA en México y Argentina son pequeños grupos con presencia local y capacidad de negociación limitada frente a los gobiernos. La RENACE y la REDIA se constituyen en interlocutores visibles y significativos para la negociación; así, una organización que por sí misma tendría poca repercusión, puede potenciar su capacidad de protesta. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la red ha logrado que se incluya a miembros de diferentes corporaciones en convenios sobre asuntos ambientales, y que su opinión se considere al momento de designar al ministro del ramo.

En ambas redes, los dirigentes se caracterizan por su preparación académica y experiencia anterior en diferentes organizaciones políticas o sociales. El conocimiento académico, sobre todo el relativo a ciencias naturales, es eventualmente una oportunidad política importante para la construcción de una protesta ambiental; proporciona las herramientas técnicas que permiten "leer" por ejemplo, actos u omisiones del gobierno o de empresas contaminantes, que de otra forma no podrían ser advertidos como peligrosos por el ciudadano común. Por su parte, la experiencia previa en asociaciones políticas o sociales dota de conocimientos en actividades de organización, además de proporcionar redes de contactos dentro y fuera del país, que pueden ser de gran utilidad para obtener recursos o reconocimiento, además de contar con experiencia en negociaciones con el gobierno o con diferentes actores políticos. Muchos de estos líderes proporcionan a sus organizaciones su prestigio personal; elemento de gran importancia en situaciones de confrontación o búsqueda de recursos económicos.

En lo relativo a la organización, podemos detectar cinco puntos críticos en el funcionamiento de las redes como RENACE y REDIA:1) debilidad estructural, tanto por el tamaño, como por la disposición y el monto de sus recursos; 2) carencia de un conocimiento mayor en temas de organización y gerencia, sobre todo para sus contactos con el gobierno y las agencias internacionales; 3) falta de una relación completamente institucionalizada y reglamentada entre las organizaciones civiles y el gobierno; 4) problemas en la relación entre las organizaciones del norte y del sur, en cuanto a los objetivos y enfoques (Billis y Mackeith, 1992), lo que disminuye las posibilidades de conseguir financiamientos que no estén condicionados y 5) desventajas políticas que vuelven más costosa la operación de los grupos, tanto por la forma en que funciona el gobierno, como por las condiciones económicas y culturales.

Las redes crean oportunidades políticas, porque reducen los altos costos que toda organización tiene que pagar en sus contactos con el gobierno y la difusión de sus demandas; la red disminuye los costos de transacción, localiza a posibles aliados desconocidos para grupos pequeños y muestra las debilidades o problemas del contrario, el gobierno. Igualmente, las redes disminuyen un costo asociado a la información, la certidumbre; las organizaciones, además de datos, necesitan saber que son confiables; la participación en una red como RENACE o REDIA reduce el costo de incertidumbre.

Las redes requieren también de pocas personas; basta con un grupo coordinado (Keck y Sikkink, 1998). Esto permite el funcionamiento y permanencia del organismo aun en situaciones de escasez. Así, por ejemplo la red vigila las políticas públicas, dado el flujo de información entre grupos, permite a las organizaciones no pagar el precio de permanecer constantemente en movilización. La REDIA permitía a las diferentes OA monitorear la situación de los desechos industriales en diferentes ciudades, además de recibir información de las agrupaciones estadounidenses y canadienses que el gobierno mexicano no les proporcionaba. En el caso de la RENACE, las organizaciones de regiones muy alejadas de la capital pueden contar con información rápida sobre posibles decisiones del gobierno federal que las afecten, sin la necesidad de pagar el traslado hacia Buenos Aires.

Otras oportunidades políticas emergentes de las redes son: la posibilidad de constituirse como grupos de presión, para influir en la construcción de políticas públicas; y la visibilidad nacional e internacional que le proporciona a las movilizaciones, que de otra manera permanecerían desconocidas. Los grupos ecologistas se caracterizan por conocer la importancia de los medios de comunicación para difundir sus demandas, y para ello las redes son vitales.

 

Conclusiones

La conclusión general más importante de este documento es que las redes funcionan como constructoras de oportunidades políticas, para los grupos que las conforman. La presencia de esta forma de relación entre movimientos y organizaciones evidencia debilidades del gobierno, y permite ver a los grupos aliados.

Aunque las redes sean generadoras de oportunidades, también pueden serlo de desventajas políticas. Algunas de ellas son la debilidad de las economías nacionales, la vulnerabilidad de las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley, el todavía poco interés público en el medio ambiente y la falta de recursos de los grupos.

El artículo demostró que las desventajas políticas permiten analizar contextos sociales, económicos y políticos, que inhiben o dificultan la actuación de movimientos sociales. Este concepto ayudará a resolver la tautología relativa a oportunidades políticas; éstas existen cuando están presentes. Las desventajas políticas nos permiten ver aquellos factores que inhiben la formación de acciones colectivas.

Por último, es necesario tomar en cuenta que las oportunidades políticas pueden usarse con fines públicos, y para la promoción de intereses privados. En este sentido, tiene que vigilarse constantemente el aumento en la participación de organizaciones ambientales en las decisiones de gobierno. Si bien los objetivos de la mayoría pueden considerarse de beneficio general, los medios utilizados pueden estar relacionados con intereses de grupo y no ser los de la mayoría de la población.

 

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Notas

^* Elaborado dentro del programa regional de becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Asdi, 2002-2003. "Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe".

¹ La información, en gran parte, la obtuve de publicaciones escritas, así como de páginas de Internet, documentos internos e información oficial, entre otros. En el caso de RENACE, consulté todos los boletines de la red del año 2003 (aproximadamente 120), y para la Red Nacional de Información Ambiental de México, diversas páginas de todos los grupos afiliados. Para conocer el funcionamiento interno de las redes hice entrevistas a profundidad: cinco en México y la misma cantidad en Argentina. Seleccioné a dirigentes de distintas organizaciones, bajo el supuesto de que ellos cuentan con información privilegiada. En las entrevistas insistí particularmente en las formas de comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones, con el fin de comprobar la existencia de nuevos estatus y roles, así como la postura de los sujetos frente al Estado y los partidos políticos, como parte de la organización y como ciudadanos. En general, la disposición para realizar las entrevistas fue mucho mayor en las organizaciones argentinas que en las mexicanas, en estas últimas existe un tipo de recelo por revelar información interna.

² Algunas de las organizaciones que forman RENACE son: Acción por la Biodiversidad, Grupo de Reflexión Rural, Ambiente Sur, Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Bios Argentina, Comisión Ecológica Ituzaingo, Fundación Norte Ecológico, Movimiento Ambientalista Rosaleño (MAR), Vecinos por la Vida, Grupo Ecologista Ohaco, Foro Ecologista de Paraná, Grupo de Protección Ambiental Formosa y Centro Ecologista Renacer, entre otras.

³ Debido a la extensión del territorio argentino y la necesidad de intercambiar opiniones continuamente, la RENACE construyó un espacio para el intercambio de ideas y de datos, llamado Boletín; el cual se publica en la red semanalmente o antes si se considera necesario. Para el funcionamiento de la RENACE, este foro virtual permite un intercambio horizontal de datos.

⁴ El 8 de agosto de 2001 se firma el Acuerdo entre la República de Argentina y Australia sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, varios grupos iniciaron una movilización para la anulación de toda iniciativa y compromiso comercial. Para esta fecha existe una coalición de 2002 organizaciones contra la importación de desechos radioactivos provenientes de Australia. En 2003 se realizaron actividades en diferentes ciudades de Argentina para informar y hacer que la población en general cobrara conciencia. Los acciones incluían: instalación de carpas de información en ferias, recolección de firmas en plazas, presentación en programas radiofónicos, teatralizaciones y la remisión de una carta al canciller de Australia.

⁵ "El trabajo en red funciona cuando una ONG necesita apoyo para una campaña-problema juntada de firmas- requerimiento de asesoramiento técnico o legal- búsqueda de material, datos o información" (RENACE, 2003).

⁶ Los logros de la RENACE son varios, si consideramos lo que han hecho los diferentes grupos que la componen: 1) revisar la constitucionalidad de acuerdos sobre desechos, en la corte de justicia de Australia; 2) detener la construcción de un depósito para desechos nucleares en Gastre, provincia de Chubut; 3) sancionar a la compañía Shell, por contaminación en la estación de servicio Lima e Independencia en Buenos Aires; 4) detener la explotación minera en la zona de Esquel, por daños al medio ambiente y 5) contar con participación en las pláticas del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), entre otros.