Introducción

El término “violencia de género” es de uso habitual no sólo en ámbitos feministas, sino también en los medios de comunicación, en el lenguaje institucional e incluso en las conversaciones diarias (^{Cobo, 2014}). La Organización de las Naciones Unidas (^{ONU, 2021a}) lo define como las acciones en contra de alguna persona debido a su género, acciones cuyo origen reside en la desigualdad, el abuso de poder y en normas dañinas. La violencia de género la padecen mujeres y niñas en su vida diaria.

Las estadísticas a escala mundial muestran que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia de género. Por eso su eliminación se ha vuelto una prioridad internacional (^{Lippel, 2016}), lo que se ha traducido en directrices internacionales de implementación voluntaria, como los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS)¹ que sugirió la ONU en 2015 como parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. De los 17 ODS estipulados en el pacto, el objetivo 5 está relacionado de manera directa con la igualdad de género: “lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”.

Algunos datos que ha publicado la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (^{SADER, 2019}) indican que la contribución de las mujeres representa 43% de la mano de obra en los proyectos productivos agropecuarios a escala mundial. En México, tan solo 15% de los productores agropecuarios son mujeres. Esto muestra la contribución poco esencial de las mujeres en la producción primaria de alimentos. Por eso es importante evaluar la implementación del objetivo 5 en el sector agropecuario.

Algunos empresarios de diversos sectores atribuyen ciertas virtudes a las mujeres trabajadoras: el orden, los detalles, la delicadeza, la disciplina, la tolerancia, la eficiencia, la concentración y la responsabilidad. Sin embargo, señalan como defectos la debilidad física, la conflictividad, la competencia y cierta violencia encubierta entre ellas (^{Todaro, Godoy y Abramo, 2001}). En México, con una muestra de 142 363 viviendas, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares realizada en 2016 arrojó que 26.6% de las mujeres encuestadas refiere haber sufrido violencia laboral a lo largo de su vida, expresada en violencia emocional (48.4%), sexual (47.9%) o física (3.7%), ejercida por los compañeros de trabajo (31.8%) y por los jefes directos (23.8%). En dicha encuesta, Aguascalientes resultó ser uno de los estados de México que exhiben más violencia laboral (^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2017b}) (véase Figura 1).

Fuente: ^{INEGI (2017b)}.

Figura 1 Violencia laboral contra las mujeres, porcentajes 

Las mujeres encuestadas aseguraron recibir un menor salario que los hombres, aunque se realice el mismo trabajo o se cuente con el mismo cargo, además de considerar que tienen menos oportunidades de ascender de puesto (^{INEGI, 2017b}). Esta situación se mantiene debido a las normas que atribuyen a las mujeres limitaciones físicas para desempeñar ocupaciones consideradas masculinas, y se les adjudican cualidades para desempeñar actividades que son consideradas femeninas. Es a partir de esta expresión de identidades de género basadas en normas hegemónicas del mundo laboral, que se toman la mayoría de las decisiones que tienden a mantener la segregación y la violencia en el trabajo (^{Todaro et al., 2001}), lo cual contribuye a creer que el papel de las mujeres influye solo en el desarrollo de la familia (^{Engels, 1884}) y no en la fuerza laboral, pues en épocas anteriores y aun en la actualidad se las ha menospreciado y considerado frágiles para ciertas actividades (^{Martínez y Baeza, 2017}).

Por razones culturales, se solía asociar a los hombres con la producción y a las mujeres con la reproducción (^{Ballara y Parada, 2009}). Sin embargo, en los últimos años la participación de las mujeres en el mercado laboral y en la producción agropecuaria se ha incrementado, con lo cual se han producido cambios en la estructura familiar y en las comunidades. Un estudio sobre la situación de la educación superior en el estado de Aguascalientes dio a conocer que en 2019 se matricularon 60 192 alumnos. De ellos, 30 839 eran mujeres y 29 353, hombres. De la matrícula total, 726 eran estudiantes de licenciaturas del sector agropecuario (agronomía, medicina veterinaria y zootecnia, agroindustria), de los cuales 54.69% era del sexo femenino y 45.31%, de género masculino (^{Instituto de Educación de Aguascalientes, 2019}). Aun así, y aunque las mujeres además contribuyen en el gasto familiar y en la producción de alimentos, las desigualdades no se han eliminado (^{Ramírez, 2011}).

La información sigue siendo escasa para comprender las diferencias de género en torno a los recursos productivos del sector primario, así como la capacidad de varios países para incorporar las cuestiones de género en sus programas de desarrollo. Incluso donde se han registrado avances en la participación de las mujeres en el sector productivo, los prejuicios culturales y la ausencia de políticas públicas suelen estar presentes (^{Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2009}). Aunque en diversos países de América Latina hay una creciente participación de la mujer en el sector agropecuario, la diferencia salarial entre hombres y mujeres se sigue reproduciendo aún (^{Ballara y Parada, 2009}; ^{Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2012}).

Las trabajadoras del sector agropecuario laboran en condiciones semejantes alrededor del mundo y experimentan la misma violencia simbólica y cotidiana que se manifiesta en el acoso sexual y el hostigamiento por el hecho de ser mujeres (^{Mora, 2014}), además de enfrentar de forma continua una serie de obstáculos socioculturales, políticos y económicos que limitan su participación en las actividades laborales y en el acceso a los recursos. Así, para comprender algunas de las limitaciones que enfrentan las mujeres, es necesaria la puesta en práctica de estrategias que posibiliten el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia, por lo cual el objetivo de este estudio es evaluar la percepción de la violencia de género en las trabajadoras del sector agropecuario del estado de Aguascalientes, México.

Materiales y métodos

El diseño del estudio es de tipo descriptivo y fue realizado en once municipios del estado de Aguascalientes, donde las mujeres encuestadas fueron elegidas de acuerdo con la técnica de paneles, la cual consiste en reunir a un grupo de ellas mediante un muestreo no probabilístico de selección experta (^{Pimienta, 2000}). Se escogieron ochenta mujeres que cumplían con los criterios de clasificación. Sin embargo, cinco de ellas se negaron a dar respuesta al instrumento de evaluación por temor a represalias, por lo que la investigación se circunscribió a la respuesta de las 75 restantes.

Limitaciones. Debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, el acceso a las unidades de producción agrícolas y pecuarias fue constreñido. Por eso las encuestas se llevaron a cabo de manera virtual, lo cual condicionó que el estudio se realizara solo con las mujeres con las que se podía establecer contacto por un medio digital. El principal obstáculo ha sido la escasez de información empírica y científica sobre estudios de violencia laboral en el sector agropecuario.

Criterios de selección. Mujeres inscritas en el padrón de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) del estado de Aguascalientes, con estudios superiores en el área agropecuaria, con empleo de tiempo completo remunerado; o pequeñas productoras del sector agrícola o pecuario, con un mínimo de un año de experiencia laboral en el sector y con personal bajo su supervisión.

Zona de estudio. Se realizó en el estado de Aguascalientes, el cual se encuentra a 1 888 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio anual de entre 17 y 18 grados Celsius (°C), una precipitación pluvial media anual de 526 milímetros (mm), un clima semiseco y una población de 1 425 607 habitantes, de los cuales 728 924 son mujeres (^{INEGI, 2020}). En el tercer trimestre de 202l, el estado contaba con 650 144 personas económicamente activas, de las cuales 9.3% correspondió a mujeres mayores de 50 años. Hay que subrayar que en este estado la industria manufacturera es la principal rama de actividad económica (^{Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2022}).

Instrumento de evaluación. Para la recolección de los datos, se elaboró como instrumento de medición una breve encuesta virtual con once reactivos y opciones de respuesta en la escala de Likert. Tres preguntas corresponden a los datos personales y ocho competen a la evaluación de violencia de género en el área laboral agropecuaria. Dicha encuesta se llevó a cabo entre febrero y abril de 2021. Por atravesar tiempos de pandemia, se hizo de manera virtual mediante la plataforma SurveyMonkey^®.

Prueba piloto. Se consideró que la confiabilidad y la validez de las distintas secciones de un cuestionario pueden ser evaluadas en un estudio específico (piloto) con una muestra menor (^{Hernández y Velasco-Mondragón, 2000}). Así, durante el desarrollo de esta investigación, el instrumento de medición fue aplicado primero durante enero de 2021 a tres mujeres que laboraban en la producción pecuaria y a dos en la producción agrícola del estado de Aguascalientes. En colaboración con dichas mujeres, se decidió ajustar la redacción del cuestionario y eliminar dos preguntas que ellas consideraban innecesarias (estado civil y número de hijos), argumentando que independientemente de su estado civil y número de hijos, el sector primario demanda una participación activa y constante de su parte. Es importante mencionar que el tiempo promedio para responder las preguntas fue de entre dos y tres minutos.

Análisis de los resultados. Una vez recabada la información, se realizó un análisis estadístico-descriptivo mediante el programa SPSS^® (Statistical Package for Social Sciences) versión 27.

Resultados

Resultados personales y laborales. Una vez hechas las encuestas de manera virtual, se procedió a analizar la información, cuyos resultados descriptivos se presentan en la Tabla 1.

La mayoría de las mujeres encuestadas tenían entre 21 y 29 años de edad (50.67%) y una antigüedad laboral menor de cinco años, lo que denota la participación de una generación joven en el sector agropecuario, hecho que concuerda con la extinta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que en 2017, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, estimaba que en México había 30 000 000 de jóvenes, de los cuales más de 700 000 trabajaban en el sector agroalimentario, y reconocía la importancia de la juventud en el área (^{Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, 2017}). La mayoría de las mujeres encuestadas mantiene una actividad laboral directa en la ganadería (42.67%), seguida de actividades agrícolas (32%), y 21.33% aseguró realizar ambas actividades.

Trato igualitario. Para medir la percepción sobre el trato igualitario laboral entre hombres y mujeres dentro del sector agropecuario, se empleó la escala de Likert, como se muestra en la Figura 2. Si bien la mayoría de las mujeres percibe estar de acuerdo en recibir un trato igualitario en su área laboral, 28% de ellas refiere mantenerse en una posición neutral. Se entiende que asume una postura de neutralidad “aquella instancia que, ante un conjunto de opciones existentes respecto de un objeto determinado, no apoya a una (o unas) de ellas por encima de las demás” (^{Trilla, 1995, p. 95}). La asunción de una postura de neutralidad puede deberse a que la persona no percibe desigualdades de género en el trato entre hombres y mujeres en su espacio laboral, aunque puede intervenir de forma activa como mediadora en la manera de discutir el tema. Sin embargo, si la persona interviene sobre el contenido, emite juicios de valor sobre las opciones enfrentadas (^{Bustelo y Lombardo, 2006}; ^{Trilla, 1995}). Por su parte, 22.67% dicen estar en desacuerdo y 4% totalmente en desacuerdo en que, en la actualidad, hay un trato igualitario.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Trato igualitario entre hombres y mujeres 

^{Pacheco (2012)} afirma que la protección de los derechos laborales de la mujer ha sufrido una transformación debido a la mejor comprensión del valor del trabajo, de la identidad femenina y de la repartición de responsabilidades en la vida familiar. Sin embargo, ^{Ramírez (2011)} asegura que aún es necesario formular políticas públicas que promuevan la igualdad con perspectiva de género en la distribución de responsabilidades, de oportunidades y de desarrollo pues, como bien dice ^{Huyer (2016)}, las actividades de las mujeres en el sector agropecuario se caracterizan por tener una brecha global de género en cuanto a vulnerabilidad, acceso a los recursos y productividad, por lo que es necesario tener en cuenta su potencial productivo en este sector. ^{Meza (2018)} sugiere que la discriminación laboral contra las mujeres está determinada por prejuicios sociales dados por desacuerdos en el trabajo relacionados con el género, ya que se ha comprobado que el nivel de educación y la experiencia laboral no son causantes del estancamiento de las mujeres. El autor concluye que en los mercados laborales se reproduce la inequidad.

Aunque hombres y mujeres reciban un trato igualitario, esto no asegura equidad, ya que toda organización se enfrenta a mentalidades que son el resultado de procesos culturales e institucionales que inducen a la reproducción de la violencia de género. ^{Lomas (2013)} asegura que el reto está en crear una cultura organizacional fundada en valores y comportamientos, tanto de hombres como de mujeres, que asegure la igualdad dentro y fuera del trabajo porque, aunque se haya legislado en favor de la equidad de género, los esfuerzos son insuficientes: es necesario un proceso de aculturación que cambie ideas y prácticas socialmente aprendidas (^{Castillo y Gamboa, 2013}).

Porcentaje de mujeres y hombres laborando. Los resultados demuestran que 66.67% de las mujeres encuestadas refiere que hay mayor participación masculina en el campo laboral agropecuario, mientras que 21.33% dice que hombres y mujeres laboran en la misma proporción (véase Figura 3). Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (^{INEGI, 2017a}), las características sociodemográficas del sector arrojan que 85.5% de los productores es de sexo masculino y 14.5%, de sexo femenino. Es importante mencionar que entre 2012 y 2014 hubo un aumento de participación femenina de 13.5 a 15.1%. Sin embargo, podemos observar que en contraste con 2017 (14.5%), la participación femenina disminuyó 0.6% con respecto de 2014.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Porcentaje de mujeres y hombres en el campo laboral agropecuario, 2021  

Los datos de esta investigación coinciden con lo expuesto por ^{Orduño, Kallas y Ornelas (2019)}, quienes aseguran que las mujeres se encuentran marginadas en la toma de decisiones y la aplicación de las políticas públicas en el sector agropecuario, debido a la reproducción de normas hegemónicas. Este punto puede ser importante si tenemos en cuenta los resultados de la investigación de ^{Bond, Punnett, Pyle, Cazeca y Cooperman (2004)}, quienes aseguran que la proporción de sexos (hombres/mujeres) en el trabajo puede influir en el lugar donde se producen el sexismo y la discriminación por razón de género. También lo puede hacer en la frecuencia con la que estas situaciones se repiten. Sugieren que esa proporción pone a prueba la disponibilidad de recursos moderadores, como el apoyo de los compañeros, de los supervisores y la capacidad de respuesta de la organización ante la discriminación.

Puestos de dirección y mando. La investigación develó que 53% de las mujeres perciben que los hombres son quienes tienen los puestos gerenciales de las empresas agrícolas y pecuarias y solo 21.62% considera que ambos géneros gozan de puestos de mando en la misma proporción (véase Figura 4).

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Puestos de mando 

Las limitaciones para que una mujer logre puestos de dirección y mando se relacionan por lo general con prácticas androcéntricas en los centros de trabajo donde no se toma en cuenta a las mujeres y ellas tienen que demostrar las capacidades para competir con los hombres. Además, estos suelen crear redes informales en sus centros de trabajo mediante las cuales reproducen las desigualdades de género (^{Alvesson y Billing, 2009}; ^{Vázquez y Urbiola, 2014}).

^{Damisa y Yohanna (2007)} señalan que, en la región de Kaduna, en Nigeria, aunque la mujer está muy involucrada en la agricultura del país, su participación en la toma de decisiones sobre la explotación es bastante baja. Atribuyen este hecho a la edad, la educación, la tenencia de la tierra y la situación económica de la mujer, lo cual se contrapone con lo que exponen ^{Arcos-Soto, Suárez-Pineda y Zambrano-Vargas (2017)}, quienes sostienen que en los puestos gerenciales del sector agrícola y pecuario de Boyacá, Colombia, la condición de género influye más que la de edad y la escolaridad, pues consideran que la actuación de la mujer en puestos directivos de este sector es sobresaliente, porque se enfocan más en los beneficios sociales para sus colaboradores, con lo cual crean empatía; contrario a los hombres que tienen el mismo puesto, quienes dan mayor importancia a las capacidades técnicas y profesionales de sus subordinados y van tras los resultados de orden económico.

^{Martínez-Salvador y Martínez-Salvador (2020)} realizaron una investigación en organizaciones de cacaoteros del estado de Tabasco, México, donde lograron identificar acciones colectivas que se llevan a cabo con la finalidad de crear procesos sociales que impulsen el papel de las mujeres en la producción agrícola de cultivos nativos de la región. Sin embargo, siguen considerando necesario realizar un mayor número de investigaciones que tengan por objeto el empoderamiento femenino en el sector productivo primario.

Comentarios sexistas y racistas. Es necesario definir el sexismo como la clara discriminación contra uno de los dos sexos (femenino o masculino), aunque hay que advertir que es más frecuente contra las mujeres (^{Mejías et al., 2005}). En cambio, el racismo se define como una caracterización debida a los atributos naturales de algún grupo de seres humanos. A dichos atributos se los relaciona con características intelectuales y morales que dan pie a la consideración de inferioridad y a la exclusión (^{Wieviorka, 2002}). Durante el presente estudio se observó que 58.67% de las mujeres refirió haber sido objeto o testigo de algún comentario sexista en su área de trabajo. Así mismo 47.30% refirió haber sido objeto o testigo de algún comentario racista en contra de las mujeres o de los hombres, lo cual coincide con lo que han reportado diversos autores: que las mujeres experimentan diferentes formas de sexismo, que van desde bromas o algún tipo de comentario que las degrada, hasta los estereotipos, además de que se las excluye del equipo de trabajo o ser objetos de sabotaje o acoso directos (^{Pogrebin y Poole, 1997}; ^{Under, 2001}).

Acoso sexual. El estudio mostró que 25.33% de las mujeres confirmó haber sido objeto o testigo de acoso sexual (físico o verbal) en su área laboral del sector agropecuario. Sin duda, desde el origen de las organizaciones, el acoso sexual ha sido un problema en el ámbito laboral, pero hace cuarenta años que comenzó a ser reconocido de forma pública como una problemática que necesita la intervención de la gerencia y la creación de políticas públicas (^{Berdahl y Raver, 2011}). El acoso sexual se manifiesta en cualquier tipo de agresión de índole sexual que ocasione un ambiente laboral hostil e intimidatorio (^{Matud, Velasco, Sánchez, Pino y Voltes, 2013}; ^{Tejerina-Contreras, 2016}). Es un acontecimiento traumático que puede provocar que la víctima sufra de forma física y mental y causar una disminución en la eficacia y en la productividad laboral, así como un elevado absentismo, una alta rotación y una baja moral del personal (^{Naveed, Tharani y Alwani, 2010}).

Sensibilización. La sensibilización se define como una actividad que forma parte de la cultura inclusiva y promueve la creación de actitudes de respeto, solidaridad, valoración y tolerancia (^{Ordorika, 2015}). La última pregunta del instrumento de evaluación se concentró en determinar la percepción de las mujeres sobre la sensibilización de los hombres en cuanto a la igualdad de género. Para ello se empleó la escala de Likert, como se muestra en la Figura 5, donde se obtuvo que 40% de las mujeres asegura mantener una posición “neutral” en cuanto a este tema se refiere. Sin embargo, 26.67% asegura estar de acuerdo y 22.67% está totalmente de acuerdo en percibir una mayor sensibilización de los hombres en igualdad de género. Sin embargo, 10.66% (5.33% en desacuerdo y 5.33% totalmente en desacuerdo) de las mujeres sostiene no percibir ningún tipo de igualdad de género en el sector.

Fuente: elaboración propia.

Figura 5 Sensibilización del sector agropecuario sobre igualdad de género 

Es necesario tener presente que la igualdad de género es una cuestión de derechos humanos, de justicia social y de desarrollo sostenible. El fortalecimiento de la capacidad organizativa de las mujeres y su participación en los organismos locales necesitan el apoyo de todos los niveles de gobierno de su región (^{Azanaw y Tassew, 2017}). Para ello, el primer paso para las actividades de la producción agrícola y pecuaria es el reconocimiento de la existencia de una segregación laboral por razón de género y admitir la necesidad de adoptar el uso de un lenguaje no sexista, de una capacitación continua sobre el tema y de que se requieren relaciones laborales en términos de igualdad (^{Rodríguez, 2015}).

Discusiones

Los resultados de esta investigación en lo que respecta al porcentaje de hombres y mujeres que laboran en el sector agrícola y pecuario difieren de los que publicó ^{Ramírez (2011)}, quien dice que en los últimos años pareciera surgir una igualdad entre la capacidad productiva de hombres y mujeres del área agropecuaria. La autora dice que esto se relaciona con la reducción en la brecha entre niveles de educación y salud. Sin embargo, aunque diversos autores reconocen que las mujeres desempeñan un papel importante en el sector agropecuario, en América Latina su participación en la fuerza de trabajo de este sector es de 20%, porcentaje bajo en comparación con más de 50% registrado en ciertas partes de África y Asia (^{FAO, 2021}). La investigación que realizaran ^{Sakamma y Umesh (2018)} en la India demostró que la tenencia de tierra de mujeres representa 10.5% del total, mientras que la de los hombres es de 89.5%. Aunque las trabajadoras agropecuarias representan 39.2% en ese país, su nivel de empoderamiento general es bajo, situación similar a la de México, donde solo tres de cada diez personas ejidatarias o comuneras son mujeres (^{Organización de las Naciones Unidas Mujeres México, 2021}).

En cuanto a la variable de puestos y dirección de mando, los resultados del presente estudio coinciden con los del trabajo de ^{Kashyap y Verkroost (2021)}, quienes realizaron 1 022 encuestas (515 mujeres y 507 hombres) a empleados de tiempo completo de empresas privadas e instituciones públicas que tenían entre 24 y 45 años de edad, con al menos un año de experiencia. La finalidad era evaluar y mitigar las brechas de género que imperan en los puestos directivos. Dicho estudio concluye que la falta de estímulo de los líderes de las empresas para mejorar la paridad de género, la ausencia de visibilidad sobre la inequidad, el desconocimiento sobre los procesos de reclutamiento diversos, los sesgos inconscientes de género, una cultura corporativa anticuada y la falta de políticas de flexibilidad en el trabajo, son las principales barreras para la equidad (^{Kashyap y Verkroost, 2021}). ^{Ordóñez (2015)} afirma que pareciera ser que la discriminación laboral en contra de las mujeres se reproduce en los espacios laborales y habla de la existencia de diferentes situaciones en el mundo laboral que aún tienen lugar, como la negación de puestos gerenciales y ver el embarazo como un problema.

Ahora bien, considerando los resultados de este estudio sobre los comentarios sexistas y racistas, desde tiempo atrás, ^{Murrel y James (2001)} aseguran que los efectos de la discriminación por razón de género en el ámbito laboral están asociados con relaciones negativas con los compañeros de trabajo y los jefes inmediatos, así como con niveles bajos de satisfacción laboral y compromiso organizacional. Es importante mencionar que las mujeres que sufren algún tipo de discriminación tienden a experimentar mayores niveles de daño físico y psicológico a lo largo de su vida, que aquellas que no atraviesan por este tipo de experiencias (^{Klonoff, Landrine y Campbell, 2000}).

Resulta lógico que se considere necesario estudiar los efectos de los comentarios sexistas y discriminatorios en el lugar de trabajo (^{Messing et al., 2003}). Por ejemplo, ^{Swim, Hyers, Cohen y Ferguson (2001)} pidieron a un número determinado de personas que contabilizaran los comentarios sexistas (comentarios que reflejen estereotipos de género) observados o experimentados en cualquier entorno de la vida diaria y que dijeran cuál había sido su efecto emocional. El resultado fue que dichos comentarios produjeron ira, ansiedad y depresión. En una investigación similar en hombres y mujeres italianos (quienes por lo general aceptan algunos insultos sexistas), ^{Fasoli, Carnaghi y Paladino (2015)} examinaron si la aceptabilidad social de este tipo de insultos cambia en diferentes relaciones sociales (contexto laboral o relación afectiva) y en función del género de quien lo profiere (hombre o mujer). Los autores concluyeron que las personas encuestadas calificaron los insultos sexistas como más ofensivos e inaceptables si eran pronunciados por un hombre (^{Fasoli et al., 2015}).

^{Banerjee et al. (2018)} confirman que la violencia de género impera en cualquier área. Tras realizar una encuesta sobre este tema al Comité de Mujeres para la Oncología de la ESMO (European Society for Medical Oncology), manifestaron que 37.7% de las mujeres encuestadas aseguró haber recibido comentarios sexuales no deseados por parte de un superior o colega.

Ahora bien, los resultados de otros estudios sugieren que las personas que no han sido objeto de comentarios racistas o sexistas pueden no tener las mismas percepciones negativas a las que están sujetas las personas que sí han recibido tales comentarios. De hecho, son más respetadas y apreciadas cuando se enfrentan a un comentario claramente prejuicioso (^{Dickter, Kittel y Gyurovsky, 2012}). Sin embargo, ^{Bond et al. (2004)} creen que, en el caso específico del ámbito laboral, la necesidad económica es una variable que induce a adaptarse al ambiente laboral hostil, lo que lleva a aceptar los comentarios de los compañeros de trabajo o a considerar que no es necesario que las organizaciones den solución a este tipo de situaciones.

Dicha aceptación da pie a entornos laborales desfavorables, donde cualquiera puede ser víctima de violencia de género o de acoso sexual. Además, estas pueden ser blanco de ataques por razones de género (construcción social), identidad de género (construcción personal), clase social, raza, orientación sexual, discapacidad o una combinación de estas condiciones. Sin embargo, la violencia de género y el acoso sexual afectan a las mujeres de manera desproporcionada y son por lo general los hombres los perpetradores de esas ignominias (^{OIT, 2018}).

Considerando que, en los lugares de trabajo dominados por los hombres, las mujeres sufren acoso sexual con más frecuencia que en otros lugares de trabajo (^{Flores, 2014}), ^{Parker (2018)} refiere que en la encuesta de Pew Research de 2017, 49% de las mujeres que trabajan en lugares donde abunda el género masculino, asegura que el acoso sexual es un problema, en contraste con 32% de las mujeres que trabajan en lugares donde el género femenino tiene mayoría. Estos estudios muestran que la vulnerabilidad al acoso sexual del que son objeto las trabajadoras del sector agropecuario se agrava debido a la escasa cobertura de la legislación laboral y a los deficientes servicios de inspección, a lo cual se suma que los empleadores de las unidades de producción agropecuaria carecen de políticas internas preventivas de violencia de género (^{Henry y Adams, 2018}).

Por ejemplo, en una investigación de ^{Kim-Jung, Vázquez-Breckwich, Torres, Nicola-Bud y Karr (2016)}, cuyo objetivo de estudio era comprender las percepciones de las trabajadoras agrícolas mexicanas sobre el acoso sexual en su lugar de trabajo (Washington, Estados Unidos), los resultados demostraron que ellas experimentan con frecuencia diferentes formas de acoso sexual. Aseguraron, además, que tuvieron que enfrentar distintas consecuencias laborales y de salud debido a esa afrenta, lo cual coincide con lo que afirman ^{Naveed et al. (2010)}. ^{Kim-Jung et al. (2016)} creen que podría prevenirse el acoso sexual realizando cambios en diferentes áreas y niveles de la organización. Ese tipo de estudios muestra la necesidad de visibilizar la participación de las mujeres en la producción primaria de alimentos, vigilar los salarios, las difíciles condiciones de trabajo y la vulnerabilidad de las trabajadoras frente a los abusos (^{Hunt, 2016}); también la necesidad de sensibilización a los hombres y mujeres en torno a la violencia laboral por razón de género. Las mujeres que laboran en el sector agropecuario aún se enfrentan a una serie de desafíos para lograr una mayor inclusión laboral, por lo que es imprescindible poner en marcha políticas públicas que eliminen situaciones desfavorables en sus actividades sociales y económicas (^{López y Molina, 2018}).

Para la Unión Europea, la necesidad de la igualdad de género en el sector agropecuario es un tema que tiene importancia política, y obliga a los gobiernos a producir documentos y programas estratégicos que se ocupen de él. Un ejemplo del porqué se dan este tipo de respuestas gubernamentales es la investigación de ^{ČerniČ (2015)} en Eslovenia. Los resultados, basados en los datos de la encuesta Generaciones y Relaciones de Género en las Granjas Eslovenas 2007, exhibieron que si bien las familias rurales mostraron buenas capacidades de desarrollo en términos económicos y demográficos, no se observó un desarrollo significativo en términos de igualdad de género, como la división del trabajo y la toma de decisiones en las unidades de producción agropecuarias familiares. La inflexibilidad en los roles de género en esas unidades se explica por el acceso desigual que tienen las campesinas a la tenencia de tierras agrícolas y a la educación en agricultura; también por su poca participación política (^{ČerniČ, 2015}).

Lo que se ha expuesto coincide con los resultados de ^{Damisa y Yohanna (2007)} y de ^{Sakamma y Umesh (2018)}, quienes aseveran que la poca tenencia de tierras agrícolas que detentan las mujeres, parece ser un problema generalizado. Si bien las normas de sostenibilidad que aplican las organizaciones privadas pueden contribuir a una mayor igualdad de género en el sector agropecuario, en el caso de los productores de café de Uganda se observó que esas normas no eliminan por completo las disparidades de género, pero al menos pueden contribuir a que en un futuro el objetivo de igualdad se cumpla (^{Meemken y Qaim, 2018}). En Austria, una investigación concluyó que hay múltiples barreras institucionales, políticas y sociales que impiden una implementación efectiva de igualdad de género en la política de desarrollo rural, lo cual obstaculiza el empoderamiento de las campesinas de dicho país (^{Oedl-Wieser, 2015}).

Sin embargo, en Etiopía, en la actualidad, se han creado reformas centradas en una mayor atención a las mujeres en los programas de desarrollo agropecuario, lo cual ilustra un avance significativo en la igualdad de género. Esta experiencia plantea la posibilidad de que otros países repliquen su modelo de actuación y sea una oportunidad para acelerar el progreso en el cierre de la brecha de género en todo el mundo (^{Kumar y Quisumbing, 2015}).

Ahora bien, si tomamos como ejemplo los datos de los estudios mesoamericanos, en específico sobre las operadoras agrícolas de productores de café orgánico, se observa que la proporción de las mujeres registradas en los sindicatos ha aumentado de manera significativa. Si bien en estas organizaciones ellas tienen mayor acceso a los beneficios de la red de productores de café orgánico y disfrutan de mayores ingresos económicos, también se constató que la carga de cumplir con las normas, junto con el estancamiento de los precios reales, excluye a algunas de dichos beneficios (^{Lyon, Bezaury y Mutersbaugh, 2010}). En Cuba, ^{Martínez y Baeza (2017)} analizaron los avances y retos que atraviesan las mujeres en la agricultura del país, y concluyen que si bien han logrado desarrollar tareas imprescindibles en la producción agropecuaria, ello no se ha generalizado, pues aún se puede apreciar que no todas las medidas que se han adoptado están dirigidas a la consecución de la igualdad de género como objetivo fundamental.

En el caso específico de México, se han llevado a cabo esfuerzos para lograr la igualdad de género. Sin embargo, en comparación con los hombres, las mujeres tienen menor colaboración en las actividades sociales, ocupan pocos puestos de liderazgo y tienen menos posibilidades en el mercado laboral (^{Cobo, 2014}). Si recordamos que en 2019 la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral de México era de 45% y la de los hombres de 77%, es necesario reconocer que esa participación es una de las más bajas de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, hay que tener en cuenta la tenencia de tierras y la informalidad laboral, pues en México hay 4.7 millones de personas mayores de 15 años en condición de analfabetismo, de las cuales más de 61% es de sexo femenino (2.9 millones), hecho que deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad en el mercado laboral y con marcadas brechas salariales que alcanzan hasta 35% (^{ONU, 2021b}).

Situaciones como estas dan pauta a que el enfoque de género se mantenga presente en el debate del desarrollo sostenible. Algunos gobiernos han intentado incorporar esta perspectiva en sus políticas, normas y programas. No obstante, aún se está lejos de transformar la realidad de muchas mujeres vulnerables, sobre todo la de las campesinas e indígenas, cuyas condiciones de desigualdad y pobreza están a la orden del día (^{Cobo, 2014}). Como dice ^{Rodríguez (2015)}, el enfoque de género es una herramienta necesaria para hacer frente a la crisis civilizatoria y para dar garantías de igualdad y desarrollo. Es necesario crear propuestas de desarrollo rural que se adapten a las necesidades de las mujeres para interactuar en condiciones de igualdad, a partir de una reflexión comunitaria sobre los eventos históricos y la condición laboral actual de las mujeres en el sector agropecuario y en los procesos de discriminación entre géneros.

Conclusiones

Hoy en día diferentes organizaciones e instituciones reconocen que es esencial la participación de las mujeres en la producción agropecuaria. La presente investigación aporta evidencia acerca de la percepción actual sobre la violencia de género en este sector en el estado de Aguascalientes, México. Es importante mencionar que durante esta indagación el principal obstáculo fue la escasez de información empírica y científica sobre estudios de violencia laboral en el sector agropecuario. Además, está el caso de cinco mujeres (6.25% de la muestra) que se negaron a dar respuesta al instrumento de evaluación de este estudio por temor a represalias, lo cual coincide con lo que dicen ^{Kish-Gephart, Detert, Treviño y Edmondson (2009)}, quienes aseguran que algunos empleados prefieren permanecer en silencio sobre temas que consideran de importancia por temor a las consecuencias negativas que podrían tener a nivel personal y profesional.

Los resultados demuestran que las mujeres perciben con claridad la violencia laboral por razón de género: maltrato, menor participación laboral en el sector agropecuario, menor participación en puestos de mando y dirección, exposición a comentarios sexistas y racistas y acoso sexual durante sus jornadas de trabajo. Sin embargo, parece que logran percibir en sus compañeros de trabajo una mayor sensibilización sobre la igualdad de género. Aun así, sigue siendo indispensable crear políticas públicas con perspectiva de género que constituyan una aportación a la prevención y erradicación de la desigualdad laboral que ha afectado a las mujeres del sector productivo primario y que generen procesos que posibiliten una participación plena en el ámbito laboral.

Los resultados de este estudio tienen la finalidad de visibilizar esta problemática que dificulta y pone en desventaja el desarrollo de las mujeres que laboran en el sector agrícola y pecuario en la región de Aguascalientes. Convoca a la sociedad en general, empresas, sectores de gobierno, comunidad científica y académica a ser partícipes de la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia de género. En el caso específico de las mujeres del sector agropecuario, no se pretende conseguir un trato preferencial, sino un reparto equitativo del trabajo para cerrar la brecha de las desigualdades en un sector que ha sido considerado masculino a lo largo de la historia. Es necesario posibilitar mecanismos institucionales para empoderar de forma económica a las mujeres de este sector productivo mediante un empleo decente y accesible, salvaguardando su integridad física y psicológica. Los resultados de este trabajo dan pauta a futuras investigaciones en el área de la sociología rural: por ejemplo, sobre la evaluación de las brechas salariales y el acceso a prestaciones estipuladas por la ley durante el embarazo, en este y en otros sectores productivos primarios donde se reproduzcan las desigualdades y la violencia de género.