1. Tasa de desempleo juvenil

La población económicamente activa (PEA) en México equivale al 57.8% de la población total, de los cuales el 50.4%⁸ son jóvenes (14 a 29 años). La tasa de desempleo nacional es del 5.36% y la de los jóvenes es de 8.6%; prácticamente el doble de la tasa de desempleo.

Cuadro 4 Población ocupada por edad. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2010.

Concentrándose el desempleo juvenil, de una manera más preponderante, entre los jóvenes de 20 a 29 años:

Cuadro 5 Población desocupada por edad. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2010.

Se ha señalado que la población juvenil integra el bono demográfico del país, en la medida en que representa un alto porcentaje, en relación con la población adulta (nueve millones) pensionada (tres millones). Los jóvenes mexicanos seguirán aumentando hasta el año 2015, cuando llegué a su máximo histórico de 29.5 millones, a partir de ese momento se iniciará el descenso de la población joven.⁹ Sin embargo, el mencionado bono demográfico encuentra el problema del desempleo, prácticamente del doble de la población en general.

2. Jóvenes y subocupación

Como ya ha sido señalado, actualmente los jóvenes tienen una tasa de desempleo más alta que la de los adultos, incluso, cuando cuentan con un empleo, éste es de mala calidad, ya sea por su precariedad, su temporalidad o la falta de protección social. Por ejemplo, uno de cada tres subocupados es un joven.

Cuadro 6 Población subocupada por edad. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2010.

Paradójicamente, los jóvenes que estudian suelen atravesar largas fases de educación; de hecho, en muchas ocasiones continúan estudiando ante la falta de expectativas laborales. Además enfrentan un mercado de trabajo que les solicita experiencia, pero sin poder acceder a un primer empleo, encontrándose en un círculo vicioso.

Por otro lado, los jóvenes se enfrentan a una ruptura en las prácticas sociales y el tejido social, lo que los ha llevado a vivir en una sociedad sin sentido, en donde los únicos "valores" que se les presentan son el egoísmo¹⁰ y el consumismo.¹¹ Frente a ellos se encuentran desarticuladas las expectativas del tejido social (tolerancia, relaciones de pareja, paternidad, familia, trabajo, seguridad). El deterioro de estos mecanismos de convivencia social hace que los jóvenes sólo den por cierta la incertidumbre.

3. Jóvenes y economía criminal: "Prefiero morir joven y rico que viejo y pobre"¹²

La economía criminal se

...integra con la proliferación y constelación de actividades económicas que transgreden normas legales, de fenómenos y procesos criminales: fraude fiscal; trabajo clandestino; transferencias ilegales; producción y distribución de bienes y servicios ilegales, contrabandos (bienes suntuarios, divisas, armamento, alcohol y tabaco, drogas, juegos ilícitos). Abarca también los delitos de cuello blanco y los actos y tráficos ilícitos que aprovechan las posibilida des abiertas por el intervencionismo estatal en la economía y sus principales mecanismos e instrumentos.¹³

Los menores o jóvenes que participan en la economía criminal suelen ser vendedores de droga o trasportadores de la misma, sicarios o halcones ¹⁴ -vigilantes e informadores-, entre otras actividades.¹⁵ La mayoría de los jóvenes que participa en la economía criminal obtiene ingresos reducidos. Aunque dada la pobreza existente en sus lugares de origen, la cantidad que se les paga, desde su perspectiva, puede ser considerada alta. Además de que a pesar de sus ingresos bajos, la posibilidad de ejercer poder hace que se sientan con "poder".

Se ha señalado que los jóvenes expulsados de la escuela o del empleo tienen enfrente tres caminos: trabajar de ilegales en Estados Unidos, entrar a la informalidad o al crimen. En relación con las actividades criminales, a los jóvenes que hoy se desempeñan como "halcones" (vigilantes en actos delictivos) se les da un celular y una camioneta, lo que les hace sentir cierto estatus. Dichos jóvenes que se desplazan hacia la criminalidad, igual que en una empresa, están en un proceso escalafonario, quieren ser primero halcones, luego sicarios y seguir escalando.¹⁶ A pesar de que en realidad no es así, ya que sólo son un instrumento de la delincuencia que permite proteger a los delincuentes realmente importantes que controlan un negocio ilícito. Es tal la situación en que se encuentran actualmente algunos jóvenes, que prefieren unos años de aparente riqueza a toda una vida de pobreza.

Entre las cifras que se han manejado de jóvenes en la economía criminal, se calcula aproximadamente la participación de un millón de jóvenes. Héctor Castillo Berthier ha señalado que en México se han creado las condiciones para que cerca de un millón de jóvenes pobres, por falta de trabajo, de educación y ante la indiferencia de las instituciones públicas y sociales, sean vulnerables al asedio del crimen organizado. Cifra que representa aproxima damente entre el 3 y el 5 % de los 27 millones de mexicanos que tienen entre 15 y 29 años de edad.¹⁷

Por su parte, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados ha señalado que al menos 23 mil jóvenes han sido reclutados por las organizaciones criminales durante la actual administración federal, mientras que la lucha contra el crimen organizado ha dejado, desde 2006, un saldo de 10 mil menores huérfanos.¹⁸

Como se puede apreciar, los jóvenes son uno de los principales grupos so ciales afectados por la economía criminal. De hecho, de la segunda encuesta Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional, aplicada en el Distrito Federal y en el Estado de México, se desprende que la mayoría de los internos son jóvenes (45.3%) que provienen de hogares pobres y familias con altos índices de disolución. Entre los internos jóvenes existe un ingreso temprano al mercado laboral. Uno de cada tres empezó a trabajar antes de cumplir 12 años y uno de cada dos antes de cumplir 15 años. Sin embargo, "no es la falta de trabajo, sino la mala paga lo que parece haberlos inducido a la delincuencia".¹⁹

4. Empleo juvenil e informalidad

Puede suceder también que el trabajo que desarrollan se encuentra en la economía informal.²⁰ La noción del sector informal presenta varios problemas, sobre todo a causa de la existencia de diversas definiciones sobre el mismo. El sector informal, como ya ha sido señalado anteriormente, es denominado de diferentes maneras: economía paralela, economía invisible, economía negra, economía escondida, economía subterránea, economía popular, economía alternativa, etcétera.

Sin embargo, la noción que había imperado sobre otras es la de sector informal. Esta denominación apareció por primera vez en la teoría económica del desarrollo. En 1971 Keith Hart fue el primero en utilizar este término, pero es el informe de la OIT sobre Kenia el que lanza y vulgariza el concepto a partir de 1972.²¹

Recientemente, la OIT ha considerado más adecuado denominar al sector informal como economía informal, debido a que:

Si bien no existe una descripción o definición precisa aceptada universalmente, por lo general se entiende que el término "economía informal" abarca una gran variedad de trabajadores, empresas y empresarios con características identificables. Todos ellos tropiezan con determinados inconvenientes y problemas de distinta intensidad en los contextos nacionales, rurales y urbanos. El término "economía informal" es preferible al de "sector informal", ya que las actividades de los trabajadores y las empresas a los que se aplica no se pueden asociar con un único sector de la economía, pues sus actividades abarcan diversos sectores. No obstante, el término "economía informal" suele restar importancia a los vínculos, las zonas grises y la interdependencia existente entre las actividades formales y las informales. El término "economía informal" hace referencia al conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Las actividades de esas personas y empresas no están recogidas por la ley, lo que significa que se desempeñan al margen de ella; o no están contempladas en la práctica, es decir que, si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley, ésta no se aplica o no se cumple; o la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa o imponer costos excesivos.²²

En México, por ejemplo, la tasa de informalidad media es del 60%, pero hay entidades federativas en donde la tasa de informalidad es del 80%, tal y como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Tasa de informalidad laboral (%). 

Fuente: SYPS-INEGI, encuesta nacional de ocupación y empleo.

En la medida en que el empleo se genera en el sector informal, en dicho espacio es donde los jóvenes se emplean, adoptando una pluralidad de ocupaciones. En términos generales, se puede considerar que existen cuatro categorías de ocupaciones o relaciones de trabajo en el sector informal. Bien es cierto que las fronteras entre cada uno de estos grupos no son del todo claras:²³

Los datos del empleo informal no agrícola por edad de América Latina confirman que éste tiene una mayor incidencia en los trabajadores jóvenes que en los adultos. En 2011 se estima que el 55.6% de los jóvenes ocupados de 15 a 24 años tenía un empleo informal, en contraste con 45.6% de los ocupados de 25 años y más. Asimismo, se observa que las mujeres enfrentan mayores dificultades para su inserción laboral, pues el empleo informal es más alto entre ellas que en el caso de jóvenes hombres. También resalta que cerca de 40% de los jóvenes entre 25 y 29 años continúa con empleos informales.²⁴

5. Jóvenes y formación profesional

Otro factor que actúa negativamente en contra de los jóvenes es la falta de educación o de una educación de calidad, en todos sus niveles. Problema que inicia desde la infancia o la educación elemental. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI de 2009, 2 millones 678 mil 570 menores entre los 5 y 17 años no asisten a la escuela, de los cuales 122 mil no van por razones de inseguridad, discriminación, o bien por la distancia respecto de la escuela. Sin duda, esta situación repercute en la falta de preparación de los jóvenes, lo que los puede conducir a una situación de desempleo, de empleos poco calificados o de "preferir" la inactividad ante la falta de empleos que reúnan sus expectativas de remuneración.

Conforme a los resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2009 de la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE), existen 3.3 millones de niñas y niños que son considerados población ocupada. Trabajan en el sector agropecuario y la industria manufacturera, la construcción, el comercio y el sector servicios. La necesidad económica familiar obliga a los niños a trabajar; ya que dos terceras partes (64%) declararon que en su hogar se necesita su aporta ción económica y utilizan su ingreso para pagar su escuela o gastos propios. De los niños que laboran, casi la mitad (47.6%) no recibe ingreso o su pago es en especie; de los que perciben ingresos, la mitad (49.3%) recibe hasta un salario mínimo; más de la tercera parte (35.5%) recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos, y sólo 15.2% recibe más de dos. Cuatro de cada diez niños que trabajan (39.7%) no asisten a la escuela; el 27.2% está expuesto a riesgos en su trabajo; 31.9% tiene jornadas de más de 34 horas a la semana; 5.7% trabaja en lugares no apropiados o no permitidos y 4% tuvo un acciden te, lesión o enfermedad que requirió atención médica.

Una infancia inadecuada que implica un trabajo inseguro y no remunerado desde edades, así como la falta de preparación escolar debida a la necesidad de trabajar, sin duda son un gran hándicap para muchos jóvenes, desde su calidad primaria de menores de edad.

Los estudios truncos de los jóvenes o su impresión de falta de opciones laborales es uno de los grandes problemas que enfrenta el país. Según la Encuesta de Educación, Capacitación y Experiencia Laboral, 5% de la población económicamente activa (PEA), que integra a 47 millones 131 mil de mexicanos, no continúa con sus estudios debido a una percepción de que hay una falta de opciones relacionadas con las áreas que estudiaron. Asimismo, casi siete de cada 10 adolescentes carecen de un nivel adecuado de educación y destrezas para acceder a un empleo bien remunerado.

La educación obligatoria en nuestro país, si se analizan evaluaciones ex teriores (como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos -PISA, por sus siglas en inglés-), no se encuentra dentro de los primeros lugares en cuanto a la adquisición, por parte de los estudiantes mexicanos, de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. En la evaluación de 2010,²⁵ en la prueba para comprensión de lectura el promedio para los miembros de la OCDE fue de 493 puntos, en el tema México obtuvo 425 puntos, ocupando el lugar número 48 respecto a los demás países de la OCDE. Los resultados obtenidos en matemáticas fueron de 419 puntos, ocupando el lugar 51, siendo el promedio de la OCDE de 496 puntos. En competencia científica, México obtuvo el lugar 50 con 416 puntos, siendo el promedio de la OCDE de 501 puntos.

Según se desprende de la Encuesta de Educación, Capacitación y Experiencia Laboral de 2009, elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 45% de la población que cuenta con estudios profesionales realiza un trabajo distinto para el que fue formada. Sólo cuatro de cada 10 jóvenes que concluyeron su formación universitaria consiguen empleo en áreas vinculadas con su carrera.

Quizás esta situación se debe a que nuestro país no ha logrado transitar de una sociedad de "oficios" a una sociedad de competencias (lo que implica el fenómeno de la creatividad, el trabajo en equipo, manejo de tecnologías e idiomas, etcétera), es decir de la empleabilidad: contar con las calificaciones, conocimientos y las competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio, así como elegir otro empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían, e integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes periodos de su vida.²⁶ Sin llegar a cometer el error de confundir empleabilidad con flexibilidad y precariedad.

Todo lo anterior, no obstante de que México, con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), en los años noventa invirtió mucho dinero y esfuerzos para certificar, logrando muy bajos resultados, situación que llevó a realizar una profunda evaluación para poder rediseñar la política actual para educación técnica profesional (ETP).²⁷ Para algunos autores, la situación actual es una imagen de desarticulación, las instituciones y los programas que requieren de una política de formación para el trabajo que permita una integración de las diferentes instituciones y programas.²⁸ Paradójicamente, en el caso de México, el conjunto de instituciones y programas de formación para el trabajo es amplio, intervienen múltiples actores, pero las acciones se superponen y entrecruzan.²⁹

Las anteriores estadísticas muestran que desafortunadamente en el país no existe una formación profesional permanente. No se ha logrado consolidar una vinculación permanente entre escuela-trabajo que facilite la inserción de los jóvenes al mundo del trabajo. Tres estadios que resultan clave para contar con un empleo permanente no existen o se presentan de manera limitada:

1. Un necesario enfoque multifactorial y multidimensional

El problema de la inactividad y el desempleo juvenil tienen orígenes multifactoriales y multidimensionales, en ese mismo sentido se deben buscar soluciones. El enfoque hacia los jóvenes tiene que ser multidimensional, en la medida en que es menester promover su integración social y laboral, así como el ejercicio de su ciudadanía plena, procurando combatir las desigualdades existentes en todas sus vertientes: educativas, sociales, culturales, de género, etnia, etcétera.³¹ Las políticas sociales y los planes de desarrollo nacionales deben procurar el respeto, vigencia y ejercicio de sus derechos fundamentales.

2. La necesidad de políticas integrales

Se deben implementar políticas y programas integrales, con planes de acción caracterizados por la diversidad de necesidades de la pluralidad de jóvenes existente (capacitación laboral, formación de jóvenes en la empresa, programas de primer empleo, apoyos de inserción al empleo, igualdad de oportunidades, contratos de aprendizaje, fomento de empresas juveniles, apoyos económicos para las empresas que contratan a trabajadores jóvenes, etcétera), que sean a su vez concretos y operativos involucrando a toda la sociedad.

Programas que ya se han experimentado en algunos países, no siempre de manera exitosa, habría que decirlo, ya que en muchos países la situación de los jóvenes sigue siendo precaria, con altos niveles de desempleo, subempleo o que francamente no realizan ninguna actividad formativa ni desempeñan ningún trabajo,³² por lo que se requiere de una permanente autoevaluación de los mismos.

Sin embargo, se pueden identificar algunos programas que podrían ser fuente de reflexión, adecuándolos a las necesidades concretas de nuestro país. Por ejemplo, el programa brasileño Projovem tiene 4 vertientes interesantes.³³

Cabe resaltar que Projovem recalca la permanencia en el sistema educativo como estrategia para la calificación profesional, de más de que propicia la participación de los jóvenes en el desarrollo de su comunidad. El programa ha impactado en 11 millones de jóvenes.³⁴

En el caso de México se necesita evaluar el funcionamiento de programas como destinados a la creación de empleos. Al respecto, se puede señalar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 40 que "...a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) le corresponde: fomentar el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento".

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) ofrece atención a través de sus cinco modalidades: información y vinculación laboral; apoyos económicos y capacitación; movilidad laboral interna y externa; ocupación temporal, y preservación del empleo. Las oficinas del SNE son las encargadas de la operación de los programas en cada entidad federativa y dependen de los gobiernos de los estados. En el Distrito Federal se denominan unidades delegacionales del servicio de empleo (UDSE) y dependen del gobierno del Distrito Federal.

Actualmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aborda el tema del empleo a través del Centro de Atención Telefónica del Servicio Nacional de Empleo, el Portal de Empleo, el Programa de Empleo Temporal, el Programa de Fomento al Empleo, el Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral, BÉCATE, de Capacitación a Trabajadores en Suspensión Temporal de Labores, el Programa "Abriendo Espacios" que promueve en cada entidad federativa la creación y operación de bolsas de trabajo, la instalación de centros de evaluación para la identificación de las habilidades y capacidades con que cuentan las personas con discapacidad o los adultos mayores que buscan integrarse al aparato productivo y el establecimiento de líneas de co laboración entre organismos públicos y privados para la conformación de redes de servicios, el periódico ofertas de empleo, la realización de ferias de empleo, la bolsa de trabajo, el programa fomento al auto empleo, el programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá, el Programa de Movilidad Laboral Interna dirigido al Sector Agrícola, el Centro de Intermediación Laboral, los kioscos de consulta del Portal del Empleo.

Sin embargo, debe señalarse que en la práctica, salvo excepciones, la mayoría de las entidades federativas no implementa una política de empleo local, específica e independiente a las establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En relación con los jóvenes, destaca la creación en los últimos años del Programa de Primer Empleo. Es de mencionar también la aprobación en 2010 de la Ley del Primer Empleo que busca, a través del otorgamiento de estímulos fiscales, la contratación de jóvenes sin experiencia laboral. Sin embargo, sus resultados han sido exiguos. Al respecto, valorando la importancia de la implementación de dichos programas, se debería hacer una evaluación seria de los mismos para identificar sus ventajas y deficiencias.

Debe señalarse, además, que no sólo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encarga de fomentar el empleo, ya que existen otros programas, como los de la Secretaría de la Reforma Agraria: el Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) y el Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT).

3. El necesario impulso del nexo escuela-trabajo

En México, la conservación del empleo o la preparación para el mismo se realiza también a partir de la capacitación y el adiestramiento que se encuentra regulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 153, fracción A, el cual establece: "Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social".

En la Ley Federal del Trabajo (LTF) son diversos los artículos que regulan la capacitación y el adiestramiento. El artículo 3o. consagra el interés social de promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. El artículo 25, fracción VII, señala que los trabajadores deben ser capacitados y adiestrados en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en las empresas, conforme a lo dispuesto por la LFT. Por su parte los artículos 153 y 159 hablan de la cobertura escalafonaria, adaptan el trabajo de menores a las nuevas reglas de la capacitación y el adiestramiento, modifican las reglas concernientes a los contratos colectivos para incluir la formación profesional, incluyen en la LFT el Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento. Sin embargo, actualmente se puede hablar de la escasa importancia que tiene en nuestro país la capacitación y adiestramiento, por lo que se hace necesaria una reorientación de la misma. ³⁵

Ya algunos autores han señalado que ante las dificultades que implica la modernización de la educación, y particularmente de la formación para el trabajo, en atención a los complejos cambios observados a nivel mundial y a las crecientes demandas internas de educación y empleo, la creación de sistemas educativos que fomenten el "aprendizaje a lo largo de la vida para todos" constituye un factor crítico, como necesidad social y elemento estratégico de desarrollo. Este gran proyecto colectivo puede convertirse en un poderoso instrumento social para la generación de capital humano en América Latina; incrementando, además, las oportunidades de los trabajadores para formarse, elevar sus niveles de ingreso y mejorar las condiciones de bienestar para sus familias. El aprendizaje a lo largo de la vida para todos supone la ampliación del horizonte de formación de la población, ya que, bajo un mismo con cepto, se da cabida a distintas modalidades formativas (formal y no formal, tradicional e innovadora), de cualquier nivel (básico, secundario, superior) y orientación (académica, vocacional general, vocacional técnica); para todo tipo de gente (jóvenes, adultos, hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores) y necesidades educativas (personales, sociales, profesionales).³⁶

Se debe fortalecer el nexo escuela-trabajo, para así transitar de una sociedad de oficios a una sociedad de competencias (que no parta del simplismo de adaptarse acríticamente y mecánicamente sólo a las necesidades de un sector de la sociedad) que les proporcione a los jóvenes la posibilidad de transitar sin obstáculos de la escuela al trabajo. Sin una etapa intermedia de desempleo.

Sin duda, se debe señalar que la transición escuela-trabajo requiere de una inversión a largo plazo en materia educativa. No se puede formar a los jóvenes de manera adecuada si las universidades carecen de los recursos para poder hacerlo. Invertir en la calidad de la educación y la formación resulta fundamental. Asimismo, las universidades requieren impulsar las incubadoras de empresas (entendiendo la palabra en su sentido más amplio) en todas las disciplinas del conocimiento para permitir la transición de la escuela al trabajo.

Es fundamental que las universidades establezcan en todos los campos del conocimiento, asociaciones coordinadas con instituciones públicas y privadas para hacer realidad el empleo juvenil. En ese sentido, uno de los roles principales de las universidades públicas tiene que ver con la estrecha relación que debe haber entre la oferta académica y las necesidades de la sociedad.

Para la OIT, según se desprende de la resolución y conclusiones (La crisis del empleo juvenil: un llamado de acción) de la 1001a. Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2012 la educación, la formación y el aprendizaje permanente generan un círculo virtuoso que promueve la empleabilidad, la productividad, el aumento de los ingresos y el desarrollo. Según la resolución de la OIT, los gobiernos deberían considerar:

4. Ampliar los fines del servicio social

Una herramienta que se podría explorar en el caso mexicano tiene que ver con el servicio social. Según el artículo 24 de la Ley General de Educación, los beneficiados directamente por los servicios educativos deben prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. La prestación obligatoria del servicio social es un requisito previo para obtener un título o grado académico.

Al respecto, la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, en su artículo 53, entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la Sociedad y el Estado.

Por su parte, el Reglamento General del Servicio Social de la UNAM entiende al servicio social universitario, en su artículo 3o., como la realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los estudiantes de carreras técnicas y profesionales, tendentes a la aplicación de los conocimientos que hayan obtenido y que impliquen el ejercicio de la práctica profesional en beneficio o en interés de la sociedad. A su vez, el artículo 4o. del mismo ordenamiento establece los objetivos del servicio social:

Otros fines que también se han señalado para el servicio social tienen que ver con:³⁷

Se ha señalado, además, que el servicio social es una excelente oportunidad para:

El servicio social nació como un instrumento para vincular a la Universidad con la sociedad, ya sea para que los estudiantes apliquen sus conocimientos en beneficio de los intereses de la sociedad. Sin embargo, el servicio social quizá debería reorientar sus funciones para además de ser un mecanismo que le permita a los jóvenes retribuirle a la sociedad la preparación que ha recibido, se convierta también en un trampolín que lo catapulte a un empleo permanente y de calidad. Convirtiéndose el servicio social en un vehículo que permita la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo y en ese sentido hacer efectiva la transición escuela-trabajo. Sin abandonar su noble vocación, se debe insistir, o hacer énfasis también, en convertir al servicio social en un instrumento de transición hacia un empleo permanente y de calidad.

5. La corresponsabilidad en la generación del empleo juvenil

El Estado, los empleadores, los sindicatos y los jóvenes mismos deben estar involucrados en el diseño de las políticas de empleo, así como cubriendo la parte de corresponsabilidad que les incumbe.

En lo que toca al Estado, éste debe tener una participación activa. Por ejemplo, a través del fortalecimiento de la Secretaría del Trabajo, en lo que respecta al servicio nacional de empleo y la formación profesional. Los servicios de empleo públicos deben reorientar sus servicios para ofrecer apoyo a los jóvenes que buscan empleo. El apoyo se puede dar a través de asesoramiento grupal y técnicas de búsqueda de empleo, incluida la planificación del empleo. Así, por ejemplo, el Servicio Nacional de Empleo debe tener, a su vez, una radiografía de la situación nacional de empleo y desempleo de los jóvenes, así como de las necesidades de las empresas.

Las organizaciones de empleadores pueden promover el desarrollo de servicios eficientes que permitan fusionar la demanda del mercado laboral con la oferta de trabajo juvenil. Pueden trabajar estrechamente con instituciones dedicadas a la formación profesional, así como colaborar en la definición de los objetivos y prioridades de las políticas nacionales de educación y formación profesional.

Las empresas pueden crear programas para jóvenes desfavorecidos, que tendrían a su vez el apoyo del Estado. Asimismo, las empresas también pueden favorecer la participación de los jóvenes como aprendices o pasantes, permitiéndoles acumular experiencia en el trabajo.

Asimismo, el emprendedurismo³⁸ y el cooperativismo³⁹ pueden ser herra mientas básicas para la inserción de los jóvenes al empleo, ya sea a través de incubadoras de empresas o de otros mecanismos que promuevan la creación de empresas. Los mecanismos de emprendedurismo no son ajenos en México, existen en varias universidades o en organismos para jóvenes como el Instituto Mexicano para la Juventud.⁴⁰ Sin embargo, en muchas ocasiones el problema no es tanto la ausencia de dichos programas sino el acceso a ellos para los jóvenes.

El movimiento sindical, asimismo, puede tener una actividad proactiva frente al desempleo juvenil. Son los sindicatos los que tendrían que ir hacia los jóvenes y no esperar a que los jóvenes se acerquen a los sindicatos. Necesitan generar mecanismos que atraigan a los jóvenes para que permanezcan en sus organizaciones. Es un gran reto para los sindicatos, sobre todo ante la imagen, en muchas ocasiones negativa, que tienen los jóvenes de ellos. El sindicato debe ser visto como un espacio de derechos colectivos y no como un espacio de privilegios y corrupción. Los sindicatos deben prestar especial atención a todos aquellos mecanismos de contratación laboral que impidan la sindicalización de los trabajadores jóvenes, así como la simulación de sus derechos laborales.

Por su parte, los jóvenes deben involucrarse y ser involucrados en el diseño de su sino, ya que una vez que cuente con mecanismos que les garanticen una igualdad de oportunidades, deben ser corresponsables del diseño de su futuro personal, laboral, personal y social.

6. El papel de la legislación laboral

La legislación laboral relativa a la promoción del empleo de los jóvenes debería estar acompañada de una política de empleo que permita la inserción laboral de los jóvenes. Las leyes deben tener mecanismos claros de promoción, ejecución, coordinación interinstitucional, vigilancia, monitoreo y evaluación. De otra manera, los cuerpos normativos terminan siendo simples declaraciones de buenas intenciones.

No bastan leyes que sólo establezcan declarativamente la creación de programas de primer empleo. Tampoco pueden ser bienvenidos los contratos de trabajo para jóvenes (aprendizaje, pasantías, becarios, formación profesional, etcétera) que acentúen la precarización del empleo, la inseguridad de los ingresos, una menor protección social y una mayor rotación laboral. Los contratos de aprendizaje deben ser un instrumento inicial que les permita consolidar un empleo. No pueden devenir en un instrumento de precarización de las condiciones de trabajo⁴¹ y de generación de trabajadores que a pesar de contar con un empleo son pobres.⁴²

En ese sentido, es primordial propiciar la transición de contratos temporales a contratos permanentes, y conservarlos sólo ahí donde sean necesarios. Los gobiernos también pueden ayudar o estimular fiscalmente a las empresas a emplear jóvenes con contratos permanentes, reduciendo los costos entre los contratos de trabajo temporal o por tiempo determinado y los contratos de trabajo permanentes o por tiempo indeterminado.

En el caso de México, si bien es cierto que la reforma a la legislación laboral de noviembre de 2012 ha incluido en la contratación por tiempo determinado la posibilidad de incluir un periodo a prueba o un periodo de capacitación inicial. Dichas modalidades contractuales generan suspicacias, ya que se ven como un mecanismo de precariedad laboral. No obstante, los candados establecidos para los contratos a prueba y de capacitación inicial pueden evitar que dichos contratos se conviertan en un camino para la contratación temporal. Al respecto, será necesario conocer qué tanto se han utilizado en la práctica, para evaluar si han cumplido con las finalidades que les otorgó la reforma laboral.

Por otro lado, la inserción laboral de los jóvenes se sigue dando con "modalidades contractuales" no previstas expresamente en la legislación laboral, o que dejan de lado los derechos laborales de los jóvenes. El trabajo benevolente o de voluntariado (laborar en una ONG por ejemplo), las pasantías profesionales, los becarios de empresas o instituciones académicas, son algunas de las actividades laborales de los jóvenes que no encuentran un encuadramiento jurídico claro en nuestro país. Situación que no se puede permitir, ya que la ausencia de regulación clara ha implicado una precarización de dichos trabajo. Legislar al respecto es una necesidad.