Abordaje conceptual-metodológico de los casos de estudio

Desde el enfoque de la cuestión agraria comprendemos que los conflictos por la tenencia de la tierra expresan las contradicciones del desarrollo capitalista en el agro, especialmente en el contexto de América Latina. Las contribuciones de ^{Mançano Fernandes (2013}) en este aspecto resultan claves para entender la conflictividad agraria a partir tres procesos: territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Este autor señala que el agronegocio se territorializa apropiándose de la tierra ocupada por campesinos, promueve su desterritorialización y, al mismo tiempo, su reterritorialización por la vía de la lucha por las tierras y de las políticas públicas. Esto último acontece en tanto los campesinos interpelan a los organismos estatales, reivindicando infraestructura necesaria que les permitan vivir en la tierra (^{Mançano Fernandes y Barbosa Ramalho, 2001}).

En los procesos de territorialización del campesinado se adquieren nuevos sentidos y nuevas apropiaciones de territorialidad. Estos “sentidos alternativos del territorio” se configuran en los procesos de socialización política vividos en la experiencia de la lucha por la tierra, en la búsqueda de trascender los aspectos hegemónicos de la “propiedad individual y privada capitalista”. De esta manera, socialidad y territorialidad se articulan en los entramados comunitarios de cada experiencia, tornándose vitales su análisis y teorización (^{Bacallao Pino, 2014: p. 245}). Estas “tácticas de socialización política” se encuentran estrechamente ligadas al fortalecimiento “del vínculo con el territorio”. Son socializaciones políticas que se afirman en “el ejercicio concreto de la lucha por el territorio” y se contraponen con el “carácter enajenante de la política estatal”, siendo la base fundacional de una política de la autonomía (^{Gutiérrez Aguilar, 2011} en ^{Navarro, 2013}b: p. 165).

En este trabajo nos ocupamos de las estrategias de lucha desplegadas por sujetos sociales agrarios que disputan su patrimonio común y su territorio con los agentes del agronegocio. Por consiguiente, recuperamos la propuesta conceptual-metodológica de ^{Gutiérrez Aguilar (2013}), que desde una perspectiva crítica analiza la lucha desde la inestabilidad y el despliegue sistemático de sus contradicciones para dilucidar sus horizontes internos, es decir, el conjunto de aspiraciones o anhelos no siempre coherentes entre sí. Esto supone concebir la lucha como “el conjunto de poliformas, aspiraciones y prácticas políticas que habitan en formas incómodas del cuerpo social, ocultas y constreñidas por el orden dominante” (^{Gutiérrez Aguilar, 2013: p.16}). Otro elemento medular en este esquema es el término entramados comunitarios para denotar los aspectos sobre los que se sostienen las acciones de lucha. Con este término, Gutiérrez Aguilar alude a los saberes, capacidades y relaciones de carácter colectivo centradas en la reproducción cotidiana de la existencia, aunque también atravesado por tensiones y contradicciones (^{Gutiérrez Aguilar, 2013}).

Distintas vertientes teóricas han abordado la complejidad de las problemáticas vinculadas a la gestión de bienes comunes. Entre ellas, desde el enfoque de la nueva economía institucional se destacan los aportes de Elinor ^{Ostrom (2000}) al análisis de los problemas de autoorganización que enfrentan los usuarios de bienes comunes, centrándose en la existencia de instituciones que regulan la apropiación y gestión de los sistemas de recursos comunes. Asimismo, los define como un “sistema de recursos naturales o hechos por el hombre, que es lo suficientemente grande como para volver costoso, aunque no imposible excluir a destinatarios potenciales de los beneficios de su uso” (^{Ostrom, 2000: p. 66}). Desde este enfoque se argumenta que la persistencia en el tiempo de dichos sistemas se asienta en esas instituciones, entendidas como el conjunto de normas que regulan la conducta de sus usuarios en relación con el acceso y uso, como a la distribución de los beneficios y los costos derivados de su explotación.

A los fines de este estudio adoptamos un concepto más amplio de los comunes, ya que bajo este término no solo designamos la riqueza material bajo alguna forma de propiedad colectiva, sino también las relaciones sociales que en un grupo humano específico se estructuran respecto a un patrimonio en común, debido al interés compartido en su conservación y ampliación (^{Helfrich, 2008}). De esta definición se desprende también una acepción de los comunes como práctica política, en tanto se reconocen impulsos de lucha y resistencia de diversas colectividades para contribuir a la protección, recuperación y ampliación de un patrimonio natural, social y cultural. (^{Lafuente, 2008})

Una tercera dimensión clave en el análisis de estas experiencias son los modos de vinculación que se dan tanto entre agentes estatales y los campesinos, como también entre estos últimos en el marco del conflicto agrario por la tierra. Desde el enfoque orientado al actor propuesto por ^{Long (2007)} y a partir del concepto de interfaz social identificamos disputas de intereses y significados en torno a la gestión de los recursos comunes. Long sostiene que a partir del análisis de las interfaces es posible dilucidar “tipos de vínculos y las fuentes de discontinuidad social, como también los medios culturales y organizacionales”, a partir de los cuales se reproducen y transforman estos espacios (^{Long, 2007: p.136}).

En cuanto al abordaje metodológico, mediante la estrategia de estudios de casos avanzamos hacia una comprensión profunda y holística de los emprendimientos comunitarios y ganaderos desde la experiencia vivida de los actores sociales involucrados. En la selección de los casos consideramos los siguientes criterios: a) son dos experiencias pioneras, ya que luego de la puesta en marcha de este tipo de emprendimientos ganaderos basados en la gestión asociativa de bienes comunes en los parajes de Santa Catalina y El Hoyo se multiplicaron y en la actualidad se registran diecinueve encierros comunitarios orientados a la producción bovina en esos dos departamentos (Figueroa y Moreno); b) su origen está vinculado al enfrentamiento entre los campesinos ocupantes con ánimos de dueño y empresarios que pretendían desalojarlos; c) gran parte de los cambios en los modos de gestionar el sistema de recursos de uso común y la ejecución de proyectos productivos ganaderos responden a propuestas técnicas realizadas por extensionistas estatales que operaban bajo la órbita del ex Programa Social Agropecuario (actual Secretaría de Agricultura Familiar dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación).

Desarrollamos el trabajo de campo en un período comprendido por los años 2014-2015 e involucró el registro de observaciones y entrevistas en profundidad, individuales y grupales. En la fase exploratoria del estudio, el criterio que primó en la selección de los informantes fue la accesibilidad para entablar relación con algunos informantes que podrían operar como porteros, facilitando el contacto con otros y la posibilidad de ampliar el espectro de interlocutores. A medida que avanzamos en el trabajo de campo optamos por dos procedimientos para la selección de entrevistados: por un lado, el muestreo bola de nieve, a fin de reconstruir las posibles redes de relaciones sociales entre ellos y, por otro, la saturación de información en relación con las categorías analíticas.

Entrevistamos a campesinos ocupantes con ánimo de dueño que residían al momento de la investigación en ambos parajes: Santa Catalina (departamento Figueroa) y El Hoyo (Departamento Moreno). Se trata de pobladores rurales, de sexo masculino y femenino, cuyas edades oscilan entre 30 y 60 años de edad que intervinieron en la defensa de la tierra comunal durante los conflictos por su tenencia, que son (o fueron) miembros de la Comisión Directiva¹⁰ y socios de las organizaciones campesinas que los nuclea, como también aquellos pobladores que se han asociado para la gestión de la producción de ganado bovino. Además, entrevistamos a cuatro extensionistas de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación (exPrograma Social Agropecuario) que tienen entre ocho y 20 años de antigüedad en el ejercicio de este trabajo e intervienen en los parajes (o lo hicieron en algún momento), principalmente durante los conflictos por la tierra y la puesta en marcha de los emprendimientos productivos bovinos que analizamos en este trabajo.

A modo de aproximarnos al área de estudio comprendida por los parajes de Santa Catalina y El Hoyo, cabe subrayar que comparten algunas características socio demográficas, económico-productivas y agroecológicas. Ambas son poblaciones rurales dispersas; Santa Catalina se encuentra en el departamento Figueroa, mientras que El Hoyo está emplazado en el límite de los departamentos Figueroa y Moreno. Según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, en 2010 la totalidad de la población en Figueroa reside en áreas rurales. Respecto a la dotación de infraestructura de servicios básicos, vale decir que gran parte de los hogares, en particular en el ámbito rural, se abastecen de agua de lluvia, ríos, canales o acequias para el consumo humano, y utilizan carbón o leña para cocinar. Mientras en el departamento Moreno 12.05 % de los hogares no tienen electricidad, en el departamento Figueroa este valor asciende a 28.18 % (^{INDEC, 2010}). Santa Catalina y El Hoyo son lugares de difícil acceso, debido al escaso desarrollo de infraestructura vial, ya que para acceder desde las rutas hay que recorrer grandes distancias por caminos de tierra que durante los días de lluvias se tornan intransitables.

Según los registros censales de 2010, la población en los departamentos Figueroa y Moreno presentan elevados niveles de analfabetismo, que alcanza valores de 8.25 % (el más alto a nivel provincial) y 6.66o%, respectivamente; además, gran parte no completó el nivel primario de educación (^{INDEC, 2010}). En Santa Catalina y El Hoyo solo cuentan con establecimientos educativos que ofrecen nivel primario y, por lo tanto, quienes pretenden continuar sus estudios secundarios y superiores deben dirigirse a las zonas urbanas más próximas, o bien, a la capital provincial, lo que implica recorrer grandes distancias o bien un cambio de residencia.

Los pobladores de Figueroa y Moreno se encuentran ocupados principalmente en actividades vinculadas a la producción agrícola, ganadería, apicultura y actividad forestal, como también en la construcción. Además, un componente importante de los ingresos de los hogares son las asignaciones sociales (en concepto de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares). Los datos del Censo 2010 revelan que los hogares en los que al menos algún integrante percibe una pensión contributiva presentan 55.39 % del total en el departamento Figueroa y 52 % en Moreno.

Aunque Figueroa y Moreno son departamentos donde es posible diferenciar zonas con distintos perfiles productivos, en los parajes donde focalizamos esta investigación existen sistemas productivos que combinan la ganadería con la actividad forestal, debido a la falta de riego, las escasas precipitaciones (una media que oscila entre los 600 a 700 milímetros anuales), la elevadas temperaturas durante gran parte del año, y los suelos con baja retención de humedad que dificultan el desarrollo de la agricultura en esta zona del chaco semiárido. Estas condiciones agroecológicas junto a la insuficiente infraestructura productiva limitan los rendimientos productivos en ganadería. Asimismo, la persistencia de las prácticas de manejo a monte, también inciden en la degradación de este recurso por sobrepastoreo (^{de Dios y Ferreyra, 2011}).

Los orígenes de la lucha: conflicto y negación al despojo de las tierras comunes

La intrusión de empresarios en las posesiones campesinas de Santa Catalina y El Hoyo a principios de la década de 2000 impulsó la movilización de las familias para frenar el desalojo frente al desmonte y el deslinde de las superficies de uso común. A raíz de estos enfrentamientos, los campesinos se congregaron para discutir, diseñar y ejecutar acciones colectivas de autodefensa y protesta, desplegando procesos de socialización política en torno a la lucha por la tierra.

Santa Catalina, localizada en el departamento Figueroa de la provincia de Santiago del Estero, es una población rural formada por unas 24 familias campesinas, dispersas en una superficie de 4535 hectáreas, que se dedicaban a la cría de ganado bovino y caprino, como también a la extracción forestal para la elaboración de postes. En 2003 se inicia un conflicto con dos empresarios que argumentaban acreditar la titularidad de dominio sobre esas tierras y avanzaron realizando desmonte para instigar al desalojo de los campesinos. Así rememora uno de ellos las situaciones de conflicto:

porque como hacen los tordos a los bichitos cuando otros bichitos le quieren quitar el nido... bueno, nosotros así reaccionamos cuando nos han querido quitar nuestro nido (...) habían ido los empresarios a esperarlos ahí para sacarlos han empezado a amenazarlos amenazarlos... con hacerles pasar la camioneta por encima. Campesino del paraje Santa Catalina (65 años)

A partir de ese momento, las acciones de defensa y protesta para frenar el despojo de las tierras de uso comunitario fueron planificadas en el seno de organizaciones de base campesina como: la comisión vecinal que nucleaba a las familias de Santa Catalina y la DUFINOC (Delegados Unidos de Figueroa Norte Once Comisiones)¹¹ y espacios organizativos interinstitucionales como la Mesa de Tierras del departamento Figueroa¹². El despliegue del antagonismo contra el despojo abarcó un amplio espectro de acciones que combinaban la vía institucional-judicial y otras de carácter disruptivo. Dentro de este último tipo de acciones se destaca la participación de los campesinos de Santa Catalina en un corte de las rutas provinciales N° 2 y N° 5, organizado por distintas organizaciones campesinas y otras ligadas a la Pastoral Social de la Iglesia Católica con el objetivo de visibilizar la problemática por la tenencia de la tierra en la provincia. Se trató de acciones que surgieron de la conformación de alianzas con los sectores más afectados por las diversas formas de desalojo de sus tierras frente a la violencia infringida, no solo por empresarios sino también por las fuerzas de seguridad estatal que intervienen en los conflictos. También los campesinos debieron hacer frente a las denuncias penales realizadas por los empresarios en su contra, acusándolos de usurpación de inmuebles, acción catalogada como delito contra el patrimonio según el Código Penal de la Nación Argentina.

Asimismo, las acciones de resistencia desplegadas por canales institucionales estuvieron orientadas a contrarrestar las denuncias penales por usurpación, pero en mayor medida a regularizar la tenencia precaria de la tierra y el reconocimiento de sus derechos posesorios. Bajo el amparo de las disposiciones del Código Civil de la Nación Argentina que regulan la prescripción adquisitiva veinteañal, los campesinos poseedores de Santa Catalina iniciaron el juicio para obtener una sentencia favorable declarativa de dominio que les permita contar con las escrituras de las tierras¹³.

En el marco del conflicto, y con el objetivo de reunir suficientes pruebas que den cuenta de la posesión en el proceso judicial, las familias campesinas delimitaron con alambrado perimetral las tierras de uso comunitario y efectuaron la mensura y la confección del plano de levantamiento territorial mediante un subsidio otorgado por el Registro de Aspirantes a la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Posteriormente, efectuaron la inscripción del inmueble en el registro provincial (Dirección de Catastro) y comenzaron a tributar el impuesto inmobiliario del co-dominio. Sin embargo, a pesar de la efectividad de las acciones de resistencia colectiva para preservar las tierras en disputa, aún no lograron una solución jurídica definitiva que les garantice evitar potenciales desalojos.

El Hoyo es una población rural integrada por 65 familias, dispersas en una superficie de 10 000 hectáreas, ubicada a 168 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero. En 2004 una empresa extra-provincial irrumpió sobre las tierras de uso compartido e instigó al desalojo de las familias que allí residen mediante el avance de topadoras y amenazas con armas de fuego.

En efecto, se desencadenaron procesos sociales organizativos que devinieron en la resistencia al “avance de las topadoras” para impedir el desmonte, y el acantonamiento de hombres en carpas negras¹⁴ levantadas en el área de conflicto al sur de la posesión. También buscaron detener el desalojo mediante la vía judicial, solicitando a las autoridades de la justicia provincial que intervengan en el conflicto, lo cual se efectivizó mediante una medida cautelar tomada por el juez que ordenó el cese de las actividades de la empresa hasta tanto no se resuelva la situación de dominio de las tierras en disputa.

No obstante, en el marco del conflicto se formalizó la asociación de las familias al adquirir la personería jurídica, dando lugar a la creación de la Asociación de Fomento Comunal El Hoyo. En el seno de la organización, los campesinos socios discutían y tomaban definiciones acerca de las diferentes tácticas de lucha en dos direcciones: las acciones de autodefensa orientadas a frenar el avance de la empresa sobre sus tierras y, por otro, aquellas dirigidas a afianzar la posesión mediante el cercamiento de las superficies de uso común y la ejecución de proyectos productivos para el desarrollo de la actividad pecuaria.

La formación y el fortalecimiento de alianzas territoriales con otras organizaciones de base campesina y agencias gubernamentales que les brindaban asesoramiento jurídico, técnico y financiero, fue clave en ambos sentidos. A través de estos vínculos, la asociación de fomento comunal ejecutó proyectos productivos gestionados de manera asociativa. Todos estos factores devinieron en la conformación de los “encierros comunitarios ganaderos”.

“Los potreros se han elegido así vamos a hacerlos aquí para defender la tierra”. Campesina del paraje El Hoyo (36 años).

“se venían los empresarios de allá (del sur); entonces nosotros ya veíamos que no íbamos a tener tierra (...) y después hemos hecho otro potrero más de un kilómetro y medio más para allá... claro, como para hacer posesión hemos hecho los potreros nosotros”. Campesino del paraje El Hoyo (40 años)

A partir de los conflictos por la tierra y las acciones desplegadas en defensa de ese bien común, advertimos cómo entre los campesinos de Santa Catalina y El Hoyo comienza a gestarse un “nosotros”. Su constitución como sujeto colectivo de lucha en la medida que perciben a la tierra no solo como un recurso sino como un medio de vida, ya que tiene dimensiones culturales, sociales y políticas (^{Paz y Jara, 2013}). Por lo tanto, la negación al despojo en defensa de “lo común” es el punto de partida de un proceso de lucha que se desarrolla estrechando, ampliando y consolidando vínculos de naturaleza comunitaria.

A través de estas experiencias de auto organización identificamos las múltiples formas en que se expresa la insurgencia frente al despojo de “lo común”, desde la protesta social y los campamentos de resistencia al desmonte hasta la judicialización de los conflictos. Estas acciones estuvieron atravesadas por procesos de socialización política en distintas escalas que implicaron la construcción de alianzas territoriales mediante los vínculos estrechados con otras organizaciones de bases campesinas y representantes de organismos públicos¹⁵.

A partir de esta red de relaciones se configuraron espacios de socialización política en el sentido accionado por ^{Mançano Fernandes (2009}), es decir, espacios de comunicación, interacción-aprendizaje y lucha-resistencia, dado que en estos ámbitos organizativos se produce un conocimiento de carácter vivencial, construido desde la experiencia colectiva de la lucha por la tierra y en torno a los procedimientos institucionales y no-institucionales para evitar el desalojo en situaciones de conflicto. Los campesinos de Santa Catalina y El Hoyo sostienen que el contacto con estas organizaciones les permitió redefinir sus estrategias de lucha debido a la información proporcionada en las reuniones. Estas últimas devienen en instancias de intercambio de experiencias, construcción de conocimiento y aprendizaje recíproco en las organizaciones campesinas que abonan el desarrollo de socialidades ancladas en la negación al despojo de “lo común”.

Siguiendo a ^{Navarro (2013}b), los sujetos de lucha despliegan una amplia batería de acciones para efectivizar la presión política mediante la utilización de canales institucionales y jurídicos, la acción no convencional y disruptiva, e incluso la coordinación de esfuerzos con otras organizaciones sociales. La experiencia de lucha por la tierra de los campesinos de El Hoyo y Santa Catalina refleja la negación al despojo, como una primera ruptura con el poder empresarial, pero que no concluye cuando se logra frenar el desalojo. La lucha se expresa en el hacer cotidiano de las familias campesinas a través de la reedición de las formas de manejo de los recursos naturales de uso común con la constitución de los encierros ganaderos. Esta es una cuestión de la que nos ocuparemos en la siguiente sección.

Los brotes de la lucha: emprendimientos productivos basados en la gestión de los comunes

Antes de los conflictos con los empresarios, Santa Catalina y El Hoyo eran áreas de ocupación campesinas sin límites definidos donde la agricultura tiene escasas posibilidades de desarrollo debido a las fuertes restricciones para el riego. Las familias se dedicaban a la extracción forestal para la fabricación de postes y carbón, y a la ganadería extensiva, aprovechando la oferta forrajera natural disponible en las amplias superficies de monte de uso común y el trabajo de la mano de obra familiar para el control de rodeo.

A partir de los conflictos y sus vínculos con otras organizaciones campesinas y organismos estatales, los objetivos de la lucha eran afianzar la posesión y mejorar sus condiciones de vida mediante el cercamiento de las tierras comunales y la ejecución de proyectos productivos pecuarios. Por lo tanto, los cerramientos comunitarios lejos de provocar un desmembramiento de las socialidades comunitarias implicaron su refuncionalización con la puesta en marcha de “encierros ganaderos” de gestión asociativa.

Estas iniciativas productivas orientadas a la producción de terneros y su venta en destete¹⁶ comienzan a gestarse y desarrollarse a partir de los vínculos estrechados entre campesinos-técnicos estatales con la implementación del Programa Social Agropecuario (actual Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación). La propuesta técnica consistió en implementar un sistema silvopastoril mediante la clausura de lotes destinados a la cría de ganado dentro de las áreas de uso comunitario. Desde el punto de vista de los técnicos del PSA, sus recomendaciones se sustentaban en el potencial productivo de la zona, que residía en la tenencia de recursos pecuarios, forestales y tierra, incorporando prácticas de manejo silvopastoril a partir de la implantación de pasturas que permitían aumentar la productividad del rodeo y atenuar los costos ecológicos de la actividad ganadera y forestal. No obstante, sostienen que la propuesta deriva de los aprendizajes que surgen de la experiencia de lucha por la tierra. Así lo manifiesta uno de los técnicos que trabaja con los campesinos de ambas poblaciones, incluso antes de los conflictos:

“esta propuesta surge, digamos, de la lucha... del camino ...digamos... si vos me escuchabas a mí, en 2003, y era una postura totalmente diferente a la que hoy tengo ...y a la de muchos dirigentes” Técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación-Ex PSA-(42 años).

Aunque los conflictos y el cercamiento de tierras de uso comunitario en ambas poblaciones rurales comenzaron al mismo tiempo, la puesta en marcha de los encierros ganaderos en cada una tuvo sus particularidades. En Santa Catalina, los cambios en los sistemas de producción y en los modos de gestionar los recursos comunes acontecieron de manera progresiva. En un primer momento los referentes de la asociación vecinal rechazaban recomendaciones técnicas en defensa de la cría de ganado a monte natural; por ejemplo, el manejo forrajero a base de pastos implantados. Los fundamentos del rechazo a la adopción de esta práctica forrajera se fundaba en una sobreestimación de la calidad de los pastos criollos, nativos del monte por sobre pastos invasivos y exóticos.

Los vínculos entre los campesinos a través de su asociación vecinal con técnicos del PSA y la DUFINOC fueron claves en el desarrollo de los emprendimientos ganaderos. Estos actores sociales eran unidades ejecutoras de distintos programas estatales de alcance nacional, como el Programa de Fondos Rotatorios para Pequeños Productores, el Programa Manos a la Obra y el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR), que brindaban asistencia técnica y otorgaban créditos y subsidios a pequeños productores agropecuarios. Por lo tanto, sobre la base de estos vínculos engendrados antes del conflicto por la tierra, los campesinos de Santa Catalina lograron ampliar su sistema de recursos de uso común mediante la compra de 31 vientres a los campesinos de El Hoyo; instalaciones ganaderas (como bretes, mangas, corrales y balanzas), como también la realización de obras hídricas (represas y canales) para el abastecimiento y distribución del agua en sus campos.

No obstante, a partir de los ingresos obtenidos de la venta de animales de propiedad colectiva, los campesinos de Santa Catalina pudieron efectuar la compra de materiales para la delimitación de áreas para cría, el pago del impuesto inmobiliario de las tierras comunes y la devolución de los créditos otorgados en el marco de estos programas estatales. Asimismo, la conformación de los encierros ganaderos les permitió solucionar problemas como el robo del ganado y el mayor control del rodeo en períodos de preñez y parición; como también contribuir a la preservación del monte.

En el ámbito de la asociación vecinal que nuclea a las familias dentro del cerramiento comunitario se tomaban determinaciones acerca del uso y gestión de estos recursos comunes: en particular se plantearon la necesidad de reordenar el uso de las tierras comunes y el modo de aprovechamiento del monte. En primer lugar, se realizó la clausura de lotes de propiedad colectiva destinados a la cría de bovinos y otro orientado a la construcción de un vivero. En segundo lugar inició la formulación de un reglamento interno que regula el comportamiento de las familias al interior del cerramiento comunitario, especialmente en el uso responsable de los bienes comunes; una medida al respecto fue restringir la extracción forestal para la elaboración de postes.

La conformación de los encierros comunitarios y ganaderos en El Hoyo implicaron cambios en las modalidades de uso y gestión de los recursos comunes. Dichos cambios ocurrieron repentinamente y sobre la base de los vínculos estrechados con los técnicos del PSA que proporcionaron asistencia técnica, pero también les facilitaron el vínculo con otros organismos públicos nacionales y provinciales ejecutores de programas nacionales y provinciales; PROINDER¹⁷ y PROCARNE¹⁸, respectivamente. Durante la implementación de estos programas, los campesinos efectuaron la compra de insumos y dos reproductores raza Brangus¹⁹; la aplicación de un plan sanitario para los animales; la contratación de servicios de maquinaria agrícola para rolado selectivo y siembra de pasturas; y la adquisición de mangas, bretes y bebederos.

A diferencia de Santa Catalina, no todos los miembros de la asociación de fomento comunal El Hoyo tomaron la determinación de asociarse para producir terneros. Inicialmente se conformaron dos grupos, integrados por 13 y 12 socios, respectivamente, que realizaron la clausura de dos lotes; el primero que abarca 736 hectáreas, mientras que el segundo tiene una superficie de 44 hectáreas. El proyecto de Experimentación Adaptativa Sustentable implementó en la primera área un sistema silvopastoril que implicó el rolado selectivo de especies forestales, la siembra de variedades megatérmicas²⁰ (gatton, cenchrus y grama rhodes) y la preservación de pastos naturales. Asimismo, se buscó el mejoramiento genético del rodeo mediante la compra de dos reproductores de raza Brangus de uso comunitario para el servicio de las vacas de cada socio. También aplicaron un plan sanitario administrado por los propios campesinos a partir del asesoramiento de técnicos del PSA. A través del Programa PROCARNE los socios del primer emprendimiento pudieron adquirir instalaciones ganaderas, como mangas, bretes y bebederos para uso comunitario. Así reflexiona un socio sobre las mejoras en la producción desde que emprendieron esta iniciativa:

“Hemos mejorado la cría después... bueno, teníamos como pastura que era distinto a lo que era antes al natural... y ahora tenemos en el potrero todo lo que es instalaciones (...) corrales, bebederos y ahora vamos a empezar a tirar agua del pozo”. Campesino del paraje El Hoyo (38 años).

En los vínculos engendrados con los técnicos del PSA durante la implementación de estos programas estatales no solo les permitió acrecentar su acervo de recursos de uso común, sino que también dio lugar a la institucionalización no-formal de acuerdos respecto al uso y gestión de esos bienes de propiedad colectiva entre los usuarios. En gran parte, estos acuerdos estaban basados en las recomendaciones técnicas para el manejo sustentable de los recursos del sistema, tales como la fijación de una cuota de animales por socio dentro del encierro en función de la capacidad de carga animal estimada. Además, entre los socios se establecieron acuerdos socio-organizativos como pautas y turnos de trabajo para tareas vinculadas al cuidado de rodeo entre los hombres de las familias socias, mientras que las mujeres realizaban tareas vinculadas con la gestión y la rendición de proyectos ante los organismos públicos que brindaron financiamiento.

La institucionalización de estos arreglos no fue un proceso espontáneo y exento de tensiones y forcejeos entre los campesinos socios de los emprendimientos, como en su relación con técnicos y otros agentes estatales. En este aspecto se hacen eco los planteos de ^{Ostrom (2000}) en torno a la sostenibilidad de los sistemas de recursos de uso común en relación con la capacidad de los usuarios para crear sus propios mecanismos de comunicación y control en el ejercicio del derecho a la propiedad colectiva y para garantizar su protección. Por lo tanto, la transgresión de algunos acuerdos en relación con el aprovechamiento de las especies forestales dentro del cerramiento comunitario en Santa Catalina y de pastos implantados en los lotes de El Hoyo para el pastoreo del ganado no solo devino en la degradación de los recursos naturales comunes, sino también generó fricciones entre los socios de los emprendimientos.

A continuación, abordamos las pujas que acontecen en estos espacios de mediación y las contradicciones generadas en torno al uso y gestión de los comunes al interior de los cerramientos comunitarios, a modo de comprender el devenir de las luchas contra el despojo de “lo común” desde sus vaivenes y contradictorias prácticas y visiones respecto a la gobernanza de “los comunes”.

Contradicciones y (des)acuerdos en torno a los comunes

En este apartado puntualizamos en los acuerdos en torno al manejo y gestión de los comunes que no fueron cumplidos con el devenir de la experiencia, especialmente aquellos que los campesinos socios señalaron como medulares para la organización comunal.

La puesta en marcha de cerramientos ganaderos produjo modificaciones en el paisaje y vida cotidiana de las comunidades implicadas en el proceso. En Santa Catalina las principales tensiones se dieron en torno al incumplimiento de los acuerdos descriptos en el reglamento de la Asociación. Los conflictos se evidencian principalmente en torno a tres ejes: el pago del impuesto inmobiliario de la posesión, la disponibilidad del recurso pecuario y la distribución de los resultados económicos obtenidos por las ventas comunitarias realizadas.

En primer lugar, el pago del impuesto inmobiliario del encierro comunitario correspondía a todas las familias emplazadas en el encierro, por lo que el pago resultaría de los ingresos obtenidos de la producción ganadera, especialmente de la venta de animales de propiedad colectiva. A pesar de tales acuerdos, un grupo de familias de la comunidad que ancestralmente se dedicaban a la venta de postes y carbón, decidieron tomar distancia de la producción ganadera comunal en 2014, procurando retomar sus antiguas producciones, principalmente la extracción de postes y, por lo tanto, separarse del encierro y de la asociación de fomento. Así, uno de los pobladores pone de manifiesto las razones que lo impulsaron a dejar de trabajar colectivamente en el campo comunitario:

“toda la vida he vivido aquí; mi padres y abuelos han vivido aquí y siempre hemos vivido del monte, de hacer postes...al principio yo sí he trabajado haciendo el alambre (el cercado de las tierras comunales) porque antes venía gente de otros lados a sacar madera de aquí, creía que con el alambre eso se acabaría, que solo nosotros íbamos a poder trabajar aquí en el monte hasta que un día ellos (sus vecinos de Santa Catalina) me han dicho que no puedo entrar más a sacar postes en el campo, y de ahí me he desentendido”. Campesino de Santa Catalina, (62 años).

Según el relato de uno de los dirigentes campesinos de Santa Catalina, este sector de cinco familias que participaron en la lucha contra el despojo comparte similares intereses con el colectivo; no obstante, sus proyecciones productivas tras la puesta en marcha del encierro eran diferentes. Este grupo de cinco familias de “carboneros y hacheros” aspiraba a cerrar las superficies comunales con el fin de “quedarse con la madera del monte para sus postes y carbones (...)”; al plantear tales iniciativas ante la comunidad, resolvieron desde la Asociación de Fomento inducirlos hacia la producción ganadera cediendo vientres de propiedad comunal para que pudieran realizar un manejo individual de este ganado vacuno, ante el rechazo a la actividad extractiva forestal.

A pesar de que los técnicos extensionistas y el grupo de familias pertenecientes a Santa Catalina intentaron reconvertir productivamente a los carboneros y hacheros, estos continuaron sin compartir los objetivos de la Asociación de Fomento. Su forma de repudiar este modo de manejo de los bienes comunes en Santa Catalina fue mediante la falta de pago al impuesto inmobiliario y el pedido mediante abogados de salida del encierro comunitario, solicitando la porción de tierra equivalente a cada una de las familias. Estos últimos sucesos generaron disputas entre distintas fracciones de la comunidad, llegando a la actualidad a resultados inconclusos para ambas partes.

“hemos quedado de acuerdo en que el que se vaya, se vaya solo, que no se va a dividir la posesión... porque al que se va nadie lo corre... tenemos un acta que dice eso, antes de haber iniciado todo”. Campesino del paraje Santa Catalina (57 años)

Desde la puesta en marcha del encierro, los objetivos colectivos fueron cambiando en relación con el contexto. En un primer momento el principal objetivo fue asegurar la posesión para luego realizar mejoras productivas en el monte; en la actualidad, las visiones individuales sobre el trabajo comunitario y el posible uso o aprovechamiento del monte son diferentes y, por lo tanto, también son distintas las proyecciones. Al desestimar los acuerdos de regulación de los comunes genera modificaciones internas que llevan a algunos dirigentes a repensar sus prácticas de manejo comunal, en especial al momento de la distribución de los beneficios obtenidos por la producción, prefiriendo un rédito individual y, de esta manera, suplantando la visión original de obtener un beneficio colectivo del cerramiento. Es en este punto donde la regulación de los comunes ya no se cimenta solo en la dotación o tipo del recurso natural en sí, sino en cuestiones subjetivas, tales como compromiso, responsabilidad, entendernos todos.

“no me gustaría volver a hacer alguna compra o venta de animales de todos en conjunto; si volvemos a comprar, vamos a dividir entre cada uno lo que le corresponde... pero continuar societariamente como grupo no...porque yo ya me doy cuenta que no somos para eso... no podemos trabajar juntos porque no somos responsables”. Dirigente campesino de Santa Catalina (65 años).

Los procesos y mecanismos a través de los cuales las luchas transcurren y se materializan en el tiempo difieren en la medida en que se cumplan o no los acuerdos establecidos para la regulación de la apropiación del recurso común. No obstante, es preciso destacar que el encierro comunitario de Santa Catalina propició el surgimiento de un conjunto de capacidades sociales generadas en el proceso de lucha, tales como la construcción de una nueva política, como denomina ^{Navarro (2013}b) al conjunto de acciones locales entrelazadas en busca de beneficios colectivos. Esta política no busca separarse del hacer campesino, ya que estas capacidades adquiridas fueron fundamentales para detener el despojo mediante el retraso, o bien, la directa paralización del proceso de expropiación de sus bienes comunes (^{Navarro, 2013b}).

Las principales disputas acaecidas en la comunidad de El Hoyo tuvieron su eje en los acuerdos productivos establecidos para el manejo del rodeo y en la distribución de los ingresos provenientes de la producción. Este cerramiento comunitario surgió a partir de una propuesta técnica en sintonía con las demandas de los campesinos de asegurar la posesión y mejorar la producción de ganado para el consumo interno como para el mercado. En dicho proceso jugó un papel preponderante el técnico designado para la zona proveniente del PSA, el cual tenía amplia trayectoria en producción ganadera, quien al evidenciar el potencial productivo que sustenta el rodeo criollo coordinó una serie de acciones para la puesta en marcha de un sistema silvopastoril tendiente a la producción de terneros de manera comunitaria.

Cuando el extensionista del PSA se retiró a brindar asistencia técnica los productores desatendieron las pautas establecidas en los orígenes de la experiencia, las cuales tendían a realizar un uso sostenible. El primer acuerdo para el mantenimiento del potrero fue la de vender los terneros en destete y que el dinero resultante de dichas ventas se utilizase para introducir mejoras en el cerramiento, evitando de esta manera la adquisición de una mayor cantidad de subsidios o créditos. Al permanecer los animales en los potreros fuera del tiempo aconsejado se produjo un sobrepastoreo, agotando las pasturas implantadas al iniciar el proceso de “experimentación adaptativa”.

Otro de los desacuerdos en materia productiva se dio en torno a la cantidad de cabezas de ganado que cada familia ingresaba en el encierro. El pacto inicial de igual cantidad de cabezas para cada familia fue transgrediendo en forma creciente, dando lugar a cierta actitud calificada por algunos como “ventajista”. Es decir que, si bien la organización de la producción y la dotación de recursos eran comunitarios, la persecución de resultados en la producción empezó a responder prioritariamente a objetivos individuales y no a los colectivos previamente pactados.

La institucionalización de estos arreglos emprendidos con el fin de regular el uso de los recursos colectivos estuvo sujeto a tensiones dentro de la comunidad, derivando en procesos opuestos en ambas comunidades de Santa Catalina y El Hoyo. En Santa Catalina, la dotación del recurso pecuario y el pago del impuesto fueron las principales cuestiones que generaron conflictos entre los socios del emprendimiento; en cambio, en El Hoyo las disonancias sobre las pautas productivas llevaron al agotamiento de uno de los recursos comunes. Los conflictos no fueron aislados ni tampoco tuvieron su único corolario al interior de la comunidad, sino que el papel que desempeñaron los técnicos fue central para el desarrollo de las experiencias. En El Hoyo, las propuestas productivas no fueron diseñadas por los campesinos, sino que provinieron de los técnicos. A pesar de que el inicio de la lucha estuvo centrado en asegurar la posesión, en la actualidad no han logrado cercar completamente la posesión de 10.000 ha. La visión de lo comunitario en El Hoyo podría sintetizarse como: “la unión para la petición de recursos que reporten resultados individuales”, contraria a otra visión alternativa de largo plazo donde las actividades productivas pudieran reportar beneficios para la comunidad en su totalidad.