Introducción

El estado de Quintana Roo ha sido uno de los lugares que más ha crecido en el sector turístico, debido a sus particularidades naturales, a la amplia oferta de mano de obra barata que se puede encontrar en el lugar y a la infraestructura que posee; es decir: el territorio cuenta con los servicios necesarios para la expansión del capital. Debido a ello, el espacio se ha reconfigurado a lo largo del tiempo porque se requiere -cada vez más- del acaparamiento de territorio y fuerza de trabajo, es por ello que el despojo de tierras se convierte en un problema cotidiano en la región.

Al consolidarse Cancán como un destino de sol y playa, la lógica de acumulación requirió la ampliación de la oferta turística hacia poblaciones aledañas, por lo cual surgió la Riviera Maya en 2002 (^{Córdoba y García 2003}). Este proyecto incluyó el municipio de Tulum, colocándolo en condiciones de disponibilidad para el mercado; esto quiere decir: las tierras que antes estaban dedicadas a la economía extractiva, los espacios comunitarios y el entorno natural y cultural son absorbidos por el capital a través de diversas dinámicas de apropiación, principalmente para la implementación de proyectos turísticos-inmobiliarios.

Al sur de Tulum se localiza el ejido José María Pino Suárez (JMPS), el cual se encuentra en una superficie privilegiada, ya que tiene un amplio frente costero. La zona que conforma la selva está poco habitada, cuenta con cenotes, mangles y una laguna (Chunyaxché), y, sobre todo, destaca su cercanía con la reserva de la biosfera de Sian Ka'an, esto representa un espacio ideal para la especulación y la construcción de megaproyectos, lo cual supone la atracción de inversionistas nacionales y extranjeros así como un turismo dirigido a personas con alto poder adquisitivo.

Esta situación trajo consigo diversas problemáticas por el acceso a las tierras ejidales para la construcción de un megaproyecto turístico-inmobiliario como parte de la oferta turística del lugar, lo que desencadenó disputas por el territorio y violentos despojos por parte del Estado y del capital. Lo anterior expone los conflictos ambientales del turismo en el ejido JMPS.

En el primer apartado de esta investigación se presenta una aproximación al marco teórico metodológico que se utilizó, el cual se sustenta en la ecología política; en la segunda parte se profundiza en la problemática del caso de estudio, comenzando con el análisis de la tenencia de la tierra en el ejido, y contináa con los procesos de despojo y disputas por el territorio; posteriormente se aborda el análisis de los conflictos ambientales del turismo en el ejido JMPS, manifestando que esta problemática no es una situación aislada ya que se ha presentado en otros sitios, sobre todo en lugares con potencial turístico y finalmente se exponen las conclusiones.

Además del sustento documental de la investigación, se realizó trabajo de campo en la localidad, entre febrero del 2016 y julio del 2017, con visitas al lugar cada tres meses, permaneciendo en él aproximadamente 20 días. Se inició con la utilización de guías de observación no participante, un diario de campo y, finalmente, al reconocer a los actores clave, se aplicaron entrevistas a profundidad a ejidatarios, pobladores, personal administrativo de dependencias gubernamentales y visitantes lo que, en conjunto con la propuesta teórica, permitió analizar y documentar los conflictos ambientales del turismo en el ejido.

Los conflictos ambientales del turismo desde el enfoque de la ecología política

El discurso de desarrollo y modernidad que ha acompañado a las sociedades occidentales a través del tiempo ha ido permeando la forma en la que se piensa y se utiliza la naturaleza con el fin de reproducir el sistema capitalista. La transición de un valor de uso a uno de cambio es la pauta que ha llevado a la subsunción del hombre y la naturaleza al capital, permitiendo su reificación, es decir, que se conviertan en una cosa u objeto de mercantilización, lo que afecta las relaciones sociales que resultan de la interacción hombre-naturaleza, causando de esta manera una crisis ambiental (^{Leff, 2004}).

Como parte de la necesidad de expansión y reconfiguración del capital ante sus crisis, la intensa básqueda de zonas para desarrollarlas productivamente ha posibilitado que territorios, antes considerados improductivos, entren en una dinámica de mercantilización, ocasionando problemáticas en torno a la gestión y acceso a los recursos.

Así, las diversas formas de valorización, gestión, acceso y control de la naturaleza y el territorio han creado fuertes tensiones entre el Estado, el capital y las poblaciones, ya que los distintos intereses en relación con la naturaleza ocasionan disputas sobre todo entre dos grupos principales: el primero, formado por el Estado y el capital, los cuales funcionan como una compleja red de poder que domina, entre otras formas, a través de la instauración de políticas; mientras que el segundo incluye a los pobladores locales, que son quienes, mayoritariamente, gestionan los recursos, encaminados a su propia subsistencia.

Es por ello que los diferentes intereses en relación con el ambiente generan disputas y dan lugar a violentos despojos por parte del Estado y el capital, para la apropiación de los territorios y recursos de las comunidades. El entramado de actores que controlan la economía y la política no basta, es necesario también controlar los recursos naturales siguiendo la lógica de acumulación de capital, lo que ha llevado a un imperialismo ecológico (^{Bellamy y Clark, 2004}).

Esta situación desencadena conflictos de corte ambiental; ^{Leff (2003)} y ^{Martínez (2006)} visualizan los conflictos ambientales a partir de la distribución desigual de los recursos, así como por los distintos intereses y formas de valorización de la naturaleza, que en su mayoría son antagónicos entre los actores involucrados.

Es importante mencionar que lo ambiental es pensado no solo en términos ecológicos, sino como un conjunto de componentes que permiten el estableci miento de la relación sociedad-naturaleza: lo ambiental implica lo económico, político, cultural, social y ecológico, por lo cual la alteración de alguno de estos elementos decanta en un desequilibrio sistémico.

Las reflexiones realizadas con respecto a las problemáticas ambientales -y en específico a los conflictos- han llevado a plantear a la ecología política como un marco de estudio adecuado, que proporciona los elementos teórico-metodo-lógicos para el análisis de los problemas ambientales a partir de componentes políticos y sociales, dentro del metabolismo sociedad-naturaleza. Es importante mencionar que este metabolismo está atravesado por relaciones de dominación dentro del sistema capitalista, lo que permite mirar el poder como un elemento clave en el estudio de los conflictos ambientales.

La ecología política como campo de estudio comenzó a tener presencia en la década de los años 70, como un esfuerzo por dar a conocer los límites del desarrollo industrial y la degradación ambiental que este generaba. Diversos autores plantean que tiene sus raíces en los estudios de la economía política, la cual incorpora en sus análisis los problemas ecológicos (^{Palacio, 2006}). Ya en la década de los 80 se fortaleció al conjuntar diversas disciplinas dentro del conocimiento ambiental, que permitirían ampliar el espectro de las reflexiones en torno a las problemáticas que se suscitan por las diversas formas en que el capital emplea a la naturaleza en aras de la acumulación (^{Alimonda, 2011}).

^{Martínez (2015)} considera que el objeto de estudio de la ecología política es el análisis de los conflictos socioambientales o los conflictos ecológico distributivos, como él los denomina, los cuales están atravesados por un poder político. ^{Lipietz (2011)} advierte que la ecología política debe ser analizada desde una visión totalizadora, lo que contribuiría a la construcción de estudios ambientales más amplios e integradores. Además, en sus reflexiones da cuenta de la interacción entre individuos, territorio y sociedad como un conjunto de elementos engarzados y mediados por la política.

Por su parte, ^{Robbins (2012)} señala que existen cinco tópicos dominantes en la ecología política: la degradación y marginación, la conservación y control de los recursos, el conflicto ambiental y la exclusión, los sujetos e identidades ambientales, y los actores y objetos políticos; los cuales suponen constructos que la teoría crítica de la ecología política utiliza como fundamento y así contribuye en la básqueda de diversas formas de reflexionar sobre los problemas ambientales.

Por otro lado, ^{Alimonda (2017)} pensaba la ecología política como un campo teórico-político que contribuye al análisis y reflexión de las diversas formas de dominación de la naturaleza, como parte fundamental del modo de producción capitalista, impuesto por los países imperialistas a través del tiempo. Los análisis de Alimonda cuentan con características propias del pensamiento crítico latinoamericano, es decir que se remiten a las formas históricas de colonialismo.

Además, esta disciplina analiza los procesos de significación, valorización, apropiación y devastación de la naturaleza, los cuales no pueden ser cuantificados por medios económicos, ya se trate de la naturaleza o de la implementación de normas ecológicas (^{Leff 2003}). Esto permite realizar una crítica a los actuales procesos productivos y de diversificación de actividades, que han intensificado la utilización de la naturaleza, priorizando el valor de cambio sobre el valor de uso.

El incesante aprovechamiento de la naturaleza lleva a reflexionar en torno a lo que ^{O'Connor (2001)} denomina la segunda contradicción del capital, es decir la contradicción capital-naturaleza, en tanto que "los ciclos de reproducción de la naturaleza no son tan rápidos como el ciclo de rotación del capital" (Veraza 2007, citado por ^{Navarro y Pineda 2009, 83}), por lo tanto la ecología política se vuelve un quehacer político de reivindicación de la naturaleza y su relación con la sociedad.

Los estudios que utilizan la ecología política como marco de análisis han ido en aumento en los áltimos años, sobre todo en el contexto latinoamericano y en lo referente al extractivismo (^{Machado 2015}; ^{Martínez 2015}; ^{Noguera y Giraldo 2017}) y a los conflictos socioambientales (^{Martínez 2006}; ^{Toledo, Garrido y Barrera 2014}; ^{Navarro 2015}), principalmente.

Por lo tanto, la ecología política es planteada como disciplina que permite analizar la relación hombre-naturaleza mediada por el poder, a través del estudio de la subordinación de la naturaleza al capital, como parte de los procesos de producción capitalista. Cabe señalar que la ecología política no se limita a una reflexión sobre los problemas ambientales, sino que plantea un marco teórico y metodológico de estudios más complejos y multidisciplinarios, que cuestiona las estructuras propias del desarrollo capitalista, e indaga en las fuentes del poder político y económico, así como su forma de organización, a fin de evidenciar el dominio sobre la naturaleza y la sociedad.

Esto permite cuestionar las estructuras en las que se produce y reproduce el poder, el cual es un componente fundamental de las relaciones sociales, en todos los niveles, incluyendo las interpersonales (^{Foucault 1980}). La materialización del dominio se puede ver reflejada en los actores que lo ejercen, lo que hace fundamental su análisis para entender las relaciones de subordinación de la naturaleza y el hombre a lo largo del tiempo.

Ahora bien, el turismo instrumentado bajo una lógica capitalista se distingue por ser una de las actividades económicas primordiales para el mantenimiento del sistema capitalista ya que genera divisas e incentiva flujos financieros de mercancías y de personas. Asimismo, debido a que el turismo utiliza la naturaleza y el territorio como base de su producción, desencadena la transformación de espacios, paisajes y sociedades en torno a él, reconfigurando el territorio, insertándolo en la dinámica comercial y convirtiéndolo en un eje de acumulación (^{Cordero 2006}; ^{Palafox 2010}; ^{Vilchis, Zizumbo, Monterroso, Arriaga y Palafox 2016}).

Es por ello que la naturaleza y el territorio están siendo objeto de despojo, acción que ha sido legitimada por el Estado al modificar las leyes a favor de la mercantilización y privatización del ambiente para la realización del turismo. De esta manera, se permite la penetración y el flujo de capitales extranjeros, ocasionando disputas territoriales.

Estas contiendas pueden ser comprendidas a partir del análisis realizado por ^{Vilchis et al. (2016)}, quienes, retomando a ^{Hurtado (2008)}, argumentan que la mercantilización de la naturaleza, en este caso con fines turísticos, atraviesa tres fases fundamentales: a) cercamiento, es decir, contemplar las transformaciones estructurales necesarias establecidas por el Estado para la implementación de nuevas actividades económicas; b) penetración, referente a la imposición violenta de las formas estructurales en las comunidades receptoras, y c) subsunción, fase en la que se hace posible la incorporación de capital privado al espacio para desarrollarlo productivamente. Lo que establece una lucha constante por el acceso y distribución de los recursos.

De manera puntual, a partir del análisis anterior, se entiende por conflictos ambientales del turismo las disputas derivadas del acaparamiento de la naturaleza y del territorio a favor de la expansión del turismo. Esta situación desencadena problemáticas en torno al uso, acceso y gestión de recursos, siendo el despojo el elemento fundamental para lograr la apropiación ambiental.

Por consiguiente, los actuales conflictos derivados de los procesos de expansión de la actividad turística que afectan a las comunidades locales se deben analizar cuestionando las políticas que marcan la pauta para la inversión y privatización de recursos. De acuerdo con ^{Cordero (2006)}, en estos casos, los conflictos comienzan por la apropiación del espacio, lo que desencadena disputas por el territorio.

Además de Cordero, autores como ^{Toledo, Garrido y Barrera (2014)}; ^{Vicencio y Bringas (2014)}, ^{Marín (2015b)}, ^{González y Vázquez (2016)} y ^{Bojórquez, Ángeles y Gámez (2018)} han realizado estudios en los que resaltan casos en los que la actividad turística es protagonista de diversas conflictividades, evidenciando que la construcción y puesta en marcha de megaproyectos turísticos, lejos de beneficiar a las comunidades, como lo presentan en el discurso el Estado y los empresarios, son una forma de colonización, que implica la incorporación de la comunidad como fuerza de trabajo, el despojo, la apropiación de tierras, la especulación inmobiliaria y la devastación de la naturaleza.

Por otra parte, las reflexiones en torno al turismo desde el marco de la ecología política han ido tomando presencia en los debates académicos de Iberoamérica; entre los más representativos se encuentran los de ^{Murray y Blázquez (2016)} quienes advierten que una de las razones principales de la escasez de estos estudios, es que el turismo sigue siendo visto como un cliché del desarrollo económico de la sociedad.

Asimismo, como parte de las reflexiones desde la ecología política, se recurrió a la historia ambiental, ya que su aporte es de suma importancia para comprender las transformaciones de los procesos productivos a través del tiempo, lo que permite mostrar los cambios en el ambiente. ^{Alimonda (2014)} define de manera general la historia ambiental como el estudio de las interacciones en la relación sociedad-naturaleza a través del tiempo, mediadas por el poder.

La historia ambiental entonces, no se presenta como un relato histórico de los hechos, sino que su aporte va más allá al plantear un análisis crítico de las transformaciones ambientales, indagando en los diversos usos que se ha dado a la naturaleza y el territorio como parte de los procesos de producción y reproducción capitalista.

En resumen, para dar cuenta de los conflictos ambientales del turismo desde la ecología política en el ejido JMPS, se muestra en un primer momento a tra vés de la historia ambiental el proceso del territorio, sobre todo lo referente a la tenencia de la tierra. Asimismo, se han descrito los intereses económicos y políticos asociados al desarrollo de un megaproyecto turístico. Se identificaron los actores involucrados en el despojo y las disputas por el territorio, lo cual permitió visualizar las estrategias que se utilizan para mercantilizar y privatizar los recursos, mostrando la existencia y operación de una compleja red de poder cuya principal finalidad es apropiarse de los espacios para continuar acumulando.

Así, a partir de la propuesta teórica se realizó el diseño del trabajo de campo, que consistió en observación no participante, la utilización de un diario de campo y la aplicación de entrevistas a profundidad a ejidatarios, pobladores, turistas, pose-sionarios de predios y pequeños empresarios hoteleros, con la finalidad de tener un acercamiento a la realidad social que se vive en el lugar y demostrar así que la expansión capitalista de la actividad turística en Tulum, en el marco del neoliberalismo, ha generado procesos de despojo y disputas por el territorio, que derivan en conflictos ambientales que afectan a la naturaleza y a la sociedad y, por lo tanto, a las colectividades que luchan en contra de la racionalidad dominante.

El caso del ejido JMPS, Tulum, Quintana Roo⁵

La tenencia de la tierra

En México la estructura agraria es resultado de la ley de 1915 y el Artículo 27 de la Constitución de 1917; dicho marco regulatorio posibilitó el reparto de tierras a campesinos para la producción agrícola, con lo cual se logró la conformación de ejidos y comunidades agrarias. El reparto agrario duró aproximadamente 70 años, con lo cual se estableció el ordenamiento territorial y el papel del sector agrícola en la economía nacional (^{Navarro, 2015}).

Las problemáticas con la tenencia de la tierra en comunidades ejidales han estado presentes desde dicho reparto agrario, sin embargo, se intensificaron con la modificación del Artículo 27 constitucional en 1992, ya que se abrió la posibilidad de enajenar terrenos ejidales facilitando el cambio de tierra colectiva a privada, concesiones para el uso de los recursos naturales, así como la privatización y mercantilización de los mismos, creando incentivos para inversionistas extranjeros.

En este contexto agrario, la comunidad perteneciente al ejido JMPS queda inmersa en una situación de conflictos e incertidumbre con respecto a la tenencia de la tierra, ya que desde la conformación del lugar y hasta la actualidad, se han presentado disputas que, lejos de desaparecer, se han acrecentado, sobre todo en lo referente a la plusvalía que ahora representan los espacios derivado de la expansión del turismo.

El ejido JMPS, localizado al sur de la cabecera municipal de Tulum (ver Mapa 1), fue constituido en 1973 para 47 campesinos originarios de Tenosique, Tabasco (^{Secretaría General de Asuntos Agrarios, 1973}). La asignación del Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) fue posible gracias al Plan de Colonización del Sureste mexicano, a cargo del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), bajo el mandato del presidente Luis Echeverría Álvarez (^{Mendoza 1997}), para continuar con la producción agrícola en zonas en donde no se pensaba instaurar una actividad industrial, lo cual desencadenó una intensa movilización poblacional. Desde este momento se comenzó a desarrollar una serie de conflictos por la tenencia de la tierra en relación con la desigual distribución de terrenos y el acaparamiento de tierras de manera ilegal por parte de empresarios especuladores.

Fuente: Elaboración propia, en colaboración con Arturo Vilchis Onofre.⁶

Mapa 1 Localización del ejido JMPS 

Para la instauración del NCPE se otorgaron 10 409 hectáreas a 49 beneficiarios, distribuidos de la siguiente manera: 47 campesinos obtuvieron 20 hectáreas cada uno, para fines productivos, y el área restante estaba destinada para la construcción de servicios públicos y de esparcimiento (^{Secretaría General de Asuntos Agrarios, 1973}).

Los dos predios restantes se otorgaron a dos particulares que ya contaban con un terreno frente al mar, incluso antes de la conformación del NCPE, sin embargo, fueron reubicados dentro del establecimiento, es decir, les otorgaron aproximadamente 200 hectáreas a cada uno (^{Secretaría General de Asuntos Agrarios, 1973}), con la condición de que sus predios anteriores fueran de uso común para darle salida a la comunidad y evitar conflictos con la tenencia de la tierra, quedando canceladas sus antiguas escrituras (^{Cacho 2015}).

A pesar de ello, los dos posesionarios tomaron ventaja de la situación de inestabilidad en el lugar y vendieron de manera ilegal diversas porciones de tierra de las antiguas escrituras. Este fue el parteaguas de todas las disputas del territorio que se han generado, ya que en 2015 se estaban apropiando de aproximadamente 120 hectáreas de terreno frente al mar con falsos títulos de propiedad (^{Cacho 2015}).

Esta situación se tradujo en una estrategia para el acaparamiento de tierras propiedad de la nación que, en su momento, por no ser de carácter productivo o poblacional, aún eran consideradas terrenos baldíos,⁷ lo que lleva a pensar en mecanismos de especulación y fraude para la capitalización. El trasfondo de la inestabilidad e ilegalidad de la apropiación territorial es la realización de un megaproyecto turístico-inmobiliario de gran impacto, ya que el turismo, al ser visto como motor de desarrollo en el país, representa el escenario ideal para la inversión.

Debido al impulso que tuvo el turismo en la zona de Cancún, se promovieron destinos alternativos, ello provocó que después de 2007 se pusiera en marcha un megaproyecto turístico-inmobiliario en la zona del ejido, perteneciente a un corporativo del lugar. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó el cambio de uso de suelo para que el proyecto se pudiera concretar; dicha autorización se dio mediante la presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la empresa, de acuerdo con el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en los apartados que refieren al cambio de uso de suelo de áreas forestales, selváticas y zonas áridas, aprovechamientos forestales en selvas tropicales, así como desarrollos inmobiliarios que afecten ecosistemas costeros (^{LGEEPA 2012}). Así, mediante estas instancias federales, la participación del Estado se hace presente legitimando los procesos de despojo y apropiación territorial.

El objetivo del megaproyecto turístico-inmobiliario es convertir un espacio de 77.88 hectáreas en una zona urbana, para lo cual se requiere el cambio del uso de suelo y, según lo presentado en el mia, con "el interés de contribuir a la mejora de la infraestructura para satisfacer las necesidades de los viajeros de todo el mundo y en especial de los habitantes de la ciudad de Tulum y sobre todo optimizar el aprovechamiento del predio" (^{SEMARNAT, s/f: II-2}). Se evidencia, así, cómo la necesidad de expansión del capital, a través de la actividad turística, requiere del acaparamiento de espacios que estaban destinados a actividades productivas primarias, transformando el uso de suelo, y cómo, además, el discurso de desarrollo de comunidades y mejora de la calidad de vida por medio del turismo es un disfraz para lograr la instauración de un turismo devastador.

Dicho megaproyecto surgió cuando el territorio de Tulum aún pertenecía al municipio de Solidaridad, pero al consolidarse como municipio autónomo cambió el Plan de Desarrollo Urbano (^{DOF 2008}), lo que contribuyó a la construcción de la primera etapa del proyecto denominado Aldea Zamá, desarrollado en los límites del Parque Nacional Tulum. Esta zona se comercializa como un lugar de elite internacional, dirigido a un público con alto poder adquisitivo, de modo que pueda disfrutar de la naturaleza y cultura del lugar de manera exclusiva. Para ello ya se han construido una serie de departamentos y residencias, los cuales se venden con un precio mínimo de 100 mil dólares, además de lotes aún sin construir que van desde los 87 mil hasta los 260 mil dólares (información recabada en campo, febrero de 2016).

Por un lado los terrenos contemplados para el desarrollo del proyecto, sobre todo los contiguos al Parque Nacional Tulum, fueron obtenidos mediante el Instituto de Patrimonio Estatal de Quintana Roo, terrenos que antes habían sido conferidos a la Universidad de dicho estado (A. G. 11/02/17), lo cual supone un despojo para esta institución; por otro lado, al requerirse parte de los predios pertenecientes al ejido JMPS, que son aproximadamente 350 hectáreas, el resultado es una apropiación violenta e ilegal, que comienza a gestar las disputas por el territorio. El descontento de la población fue evidente, ya que se manifestó en contra de la expansión de un turismo devastador, notando las irregularidades que había en el mia y la relación con políticos que buscaban un beneficio propio, pero sobre todo por el constante despojo de predios en la zona (A. G. 11/02/2017).

Actualmente el ejido cuenta con 74 posesionarios, es decir, 25 más de los campesinos que formaron originalmente el lugar, sin contar a los dos acaparadores de tierras (C. E. 17/02/2017). Con el tiempo, las parcelas se han subdividido y han entrado en juego otros intereses, lo que complica aún más la posesión de la tierra y, por ende, la documentación que la respalda. En esta desorganización, las disputas por el territorio, derivadas de los distintos intereses involucrados -sobre todo para la instauración del turismo-, han generado constantes conflictos entre ejidatarios, políticos y empresarios.

De acuerdo con una entrevista realizada por un periódico local al director de Catastro de Tulum, el funcionario explicó que los terrenos que cuentan con un título de propiedad están inscritos en el Registro Público de la Propiedad y tienen una clave catastral; por otro lado, los terrenos de procedencia ejidal carecen de registro en la institución antes mencionada, por lo tanto, son los que se encuentran en este momento en disputa entre particulares y ejidatarios. Además, existen información y títulos de propiedad duplicados, lo que complica todavía más la tenencia de la tierra, por lo cual se ha presentado una serie de problemáticas legales que han llegado hasta el despojo (^{Pineda 2016 b, junio 28}).

A pesar de lo anterior, no fue sino hasta 2015 que las autoridades de la Secre taría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano promovieron la regularización de las escrituras o bien documentos de acreditación de posesión de terrenos (C. E. 17/02/2017), esto se traduce como una estrategia del gobierno para tener un control tanto de los predios que se encuentran en disputa como de los que están "disponibles", es decir, de los terrenos que nadie ha reclamado ni sobre los cuales existe algún tipo de documentación de posesión, y de esta manera ponerlos a disposición del capital para facilitar el desarrollo turístico en Tulum.

Así, la falta de claridad acerca de la tenencia de la tierra, aunada a la pretensión de ofrecer complejos hoteleros e inmobiliarios en Tulum a personas de alto poder adquisitivo, además de la especulación, lo cual representa una posibilidad de ampliar la actividad turística con las características de un polo de desarrollo como Cancún, ha traído serios problemas; esto refleja una de las principales razones por las cuales se pretende hacer una elitización de Tulum, continuando con la acumulación capitalista. Por ese motivo las empresas están despojando a los loca les con la finalidad de acaparar el espacio y desplazar a los pequeños empresarios hoteleros, de restaurantes y comercios locales.

Los conflictos ambientales del turismo en el ejido JMPS

En relación con el marco teórico y de acuerdo con el trabajo de campo, se pudo constatar que desde el reparto de ejidos existió una serie de inconsistencias respecto a la tenencia de la tierra, lo que desencadenó la apropiación de terrenos por parte de especuladores, quienes aprovecharon el manejo deficiente del Estado para acaparar espacios, sobre todo frente al mar, ya que suponían un aumento de plusvalía a futuro. De esto se derivó que, cuando el turismo comenzó a expandirse en el caribe mexicano, la plusvalía de dichos espacios aumentó y poco a poco empezaron los despojos en la franja litoral de Tulum para la construcción de megaproyectos turístico-inmobiliarios, lo que desencadenó disputas por el territorio y, por ende, los conflictos ambientales del turismo.

Cabe resaltar que los conflictos han sido parte del devenir histórico, generados por la desigual distribución de los recursos que se desarrolla en un escenario de subordinación del más débil y, si bien no habían sido pensados desde una lógica ambiental, las recientes problemáticas de uso y acceso a los recursos, así como el despojo de comunidades de sus medios de vida, han llevado a un cambio en las reflexiones en torno a los conflictos.

Para entender esto, también habría que comprender el vínculo de la sociedad con la naturaleza a través de una relación histórica, que en el caso del ejido jmps permitió dar cuenta de cómo se ha ido fragmentado dicha relación, y entonces, el conflicto comienza cuando se empieza a tensionar la estabilidad histórica sociedad-naturaleza, a consecuencia de la inserción de un agente externo al hábitat con intereses distintos a los establecidos por la comunidad (^{Folchi 2001}).

De acuerdo con lo anterior, al ser el turismo una actividad que se maneja desde la lógica de la máxima ganancia, la explotación de recursos y territorios por parte de este sector representa un engranaje más del capital que alimenta la acumulación, con lo que el turismo, al igual que otras actividades productivas, ocasionaría disputas por los diversos intereses involucrados en la posesión y explotación de territorios y recursos, lo que mantiene una constante tensión entre el Estado, el capital y las comunidades locales, que, a su vez, se traduce en estos conflictos ambientales del turismo.

Lo que ocurre entonces, es que el caso del ejido jmps no es un problema aislado, sino una situación que se presenta en otros sitios, con escenarios similares de incertidumbre en la tenencia de la tierra y de gran riqueza natural susceptible de ser aprovechada (^{Marín 2015a}; ^{González y Vázquez 2016}; ^{Bojórquez, Ángeles y Gámez 2018}), y aunque el capital -en conjunto con el Estado- utilice mecanismos diversos para la apropiación territorial, de acuerdo con el contexto social, político y económico en el que se encuentren, el fin es el mismo: continuar con el proceso de acumulación.

Es indudable, entonces, que el poder es un factor a considerar al hablar de estos conflictos, ya que es evidente que la balanza se inclina del lado de los actores que cuentan con influencias estatales y con alto nivel económico, además de una parte de la red de poder que permanece a la sombra, es decir, el narcotráfico, un tema sumamente delicado pero que es necesario mencionar, ya que constituye un elemento que ha coadyuvado al despojo y a la violencia que se vive hoy en día en la región.

Por otro lado, ejidatarios y particulares son actores antagonistas, ya que cuentan con predios o pequeños hoteles en el lugar, y son los más afectados porque tienen menos posibilidades de recuperar sus tierras y recursos, por no contar con herramientas jurídicas ni legales para defenderse, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad ante el capital.

En consecuencia, la población se ha organizado para realizar diversas acciones en contra de la violencia y los despojos, con la finalidad de tratar de dar solución al problema, a través de prácticas emancipadoras, como la creación de comités de lucha, la vigilancia de predios, entre otras. La lucha de las comunidades locales por recuperar sus recursos, territorios y formas tradicionales de producción tiene como objetivo principal la reivindicación para la continuación de la vida. Sin embargo, a pesar de que dichas prácticas suponen un freno civil ante los pro cesos predatorios, esto no ha trascendido, ya que el Estado ha reprimido a través de la fuerza pública cualquier tipo de manifestación abierta, imposibilitando que algún tipo de organización o movilización logre concretarse.

Esta situación fragmenta de manera casi definitiva la relación hombre-naturaleza, ya que, por un lado, los medios de vida son arrebatados a los ejidatarios, obligándolos a cambiar radicalmente sus modos de producción y, por otro lado, el daño al ecosistema es palpable; ejemplo de ello es la destrucción del arrecife de coral y los manglares, que suponen una barrera natural contra huracanes, para -en su lugar- construir el megaproyecto turístico-inmobiliario, con lo que se cambia de modo irreversible el medio natural, además de ocasionar la deforestación total del área y la contaminación del manto freático, que es de suma importancia ambiental para toda la península de Yucatán.

La expansión del turismo hacia el ejido JMPS genera una segregación socioespacial y el aumento de los costos de vida para los pobladores que coexisten no sólo en dicho espacio sino también en los alrededores, obligándolos a vender a empresarios especuladores sus pequeñas propiedades a un muy bajo precio, las cuales, ya reformadas, se comercializarán ya sea como segundas residencias o bien como casas vacacionales, a importes muy altos.

Respecto a los cambios en las relaciones sociales de los habitantes, se detectó que hubo una alteración en sus actividades cotidianas, ya que se vieron en la necesidad de reorganizar su vida diaria para enfrentar los despojos, lo que implicaba un gasto extra al tener que trasladarse a Cancún o Chetumal para dar seguimiento a asuntos legales. Algunos de los pobladores incluso perdieron su empleo por falta de asistencia y, sobre todo, la comunidad ejidal quedó fragmentada, al grado de que las conflictividades se trasladaron a su interior, es decir, se desarrollaron disputas entre los propios ejidatarios en torno a la toma de decisiones y las soluciones para enfrentar la problemática.

Entonces, los intereses por el acceso, uso y gestión de los recursos para la realización de la actividad turística son los principales generadores de disputas y, por ende, del conflicto ambiental, el cual se acentúa debido a la inestabilidad económica y política que existe en el ejido. Esta situación constituye una oportunidad para que el capital se inserte en el territorio y el despojo pueda realizarse, impidiéndole a los ejidatarios cualquier posibilidad de desarrollo comunitario, a pesar de las iniciativas de impulsar en su espacio propuestas de turismo en armonía con el entorno natural y social, porque no cuentan con recursos económicos o apoyo de alguna institución gubernamental para llevarlo a la práctica.

De continuar estas condiciones, las afectaciones ambientales se tornarán irreversibles, por lo que habrá escasez de agua para la población, al drenarse el manto acuífero para abastecer a los grandes resorts y residencias, y porque los desechos que se generan van directo al mar, incrementando la contaminación del agua y, con ello, las afectaciones a la flora y fauna marinas.

Otro aspecto muy importante es la transformación del paisaje. Visto como un conjunto de escenarios tanto naturales como sociales, el espacio natural se convierte de manera paulatina en un territorio artificial, lleno de grandes complejos hoteleros e inmobiliarios, aunado a la construcción de infraestructura y la elitización del lugar, acabando con el entorno natural que caracterizaba el lugar, para dar paso a modernas construcciones.

Al tener la posibilidad de mostrar este tipo de enfrentamientos, se pueden vislumbrar otras problemáticas paralelas que es necesario estudiar, como las cuestiones de segregación socioespacial, por ejemplo. Se debe poner atención en los pueblos de "apoyo al turismo" y en la intensa migración, tanto estacionaria como permanente, que labora en el sector. De esta manera se podrá dar cuenta de las precarias condiciones de trabajo. También cabría profundizar en las acciones colectivas y en las propuestas alternativas de organización y gestión para el mejor manejo del conflicto.

Consideraciones finales

A través del estudio realizado es posible argumentar que las poblaciones rurales que conservan su modo tradicional de vida y que se encuentran cerca de grandes desarrollos turísticos, como en el caso revisado, están en peligro de transformarse radicalmente. El capitalismo voraz está cada vez más cerca de alcanzar su objetivo: apropiarse de tierras de gran belleza que antes carecían de valor; y es precisamente que, al cambiar la valorización del espacio en función de la realización del turismo, las comunidades quedan desprotegidas, sin una alternativa que les permita luchar por los recursos que les fueron despojados, lo cual desencadena la pérdida de las costumbres, tradiciones, cosmovisiones y la relación armónica con la naturaleza, obligándolas a insertarse en una dinámica de vida regida por el mercado y el capital.

A través del tiempo se han tejido relaciones de impunidad por parte de los capitales, gobiernos, Estado, líderes políticos y, en muchas ocasiones, hasta el crimen organizado, los cuales entran en un juego perverso donde la naturaleza y el hombre son la piezas fundamentales para la reproducción ampliada del capital y la destrucción de los recursos, los cuales carecen de la posibilidad de regenerarse de manera inmediata o bien al ritmo que requiere el capital y, por consiguiente, se deterioran gradualmente.

Cuando la naturaleza haya sido explotada en su totalidad en determinado espacio, el capital continuará expandiéndose hacia nuevos territorios para continuar acumulando, hasta llegar al punto de no retorno, es decir, de la devastación total. Así, el capitalismo, en una de sus grandes contradicciones, tiende a destruir a sus dos fuentes fundamentales de riqueza: el hombre y la naturaleza, lo que representa la contradicción capital-naturaleza.

Tulum es una muestra de lo que sucede en los litorales de México -y especialmente en la Rivera Maya-, donde la apropiación de tierras y recursos para la expansión de la actividad turística convierte a dichos espacios en escenarios de constante conflicto. Esto puede entenderse como una situación coyuntural que refleja procesos y estrategias en donde el despojo, la explotación, la mercantilización y la privatización de recursos, así como la centralización del poder para su gestión, están desencadenando el deterioro ambiental, y creando a su vez una fragmentación social que se manifiesta a través de la migración, cambios en los procesos tradicionales de producción y formas de vida, luchas entre los propios pobladores y precarización laboral, lo que en pocas palabras podría traducirse como un proceso de desterritorialización.

Es por ello que, a raíz del conflicto, es necesario un cambio y la generación de mecanismos de defensa, donde la sociedad civil juegue el papel más importante y que, a través de ella, se incentive el fortalecimiento institucional, la organización y movilizaciones como estrategias para frenar el despojo, la violencia y la represión, además de la búsqueda de alternativas de desarrollo comunitario a partir de la actividad turística, en donde el vínculo sociedad-naturaleza vuelva a valorizarse como algo fundamental para la vida misma.