1. Introducción

Hablar de seguridad humana en el siglo XXI tiene implicaciones sociales, políticas, económicas, ecológicas y culturales. Este concepto surgió a partir de la nueva conceptualización de la seguridad y los diferentes enfoques que se han desarrollado a finales del siglo pasado y principios de este para abarcar los retos que enfrenta la sociedad y más específicamente las personas. Esto se generó a partir de la consideración de que no sólo el Estado es la unidad básica para entender la seguridad y sus implicaciones en diferentes sentidos y órdenes.

Hay que considerar dos cuestiones importantes sobre la seguridad humana: las personas o individuos forman parte del referente esencial para la construcción de la idea de lo que es y debe ser la seguridad. Las amenazas ahora son globales y cambiantes; asimismo, existe un desarrollo estratégico de amenazas a las personas desde diferentes frentes y bajo diferentes formas: tecnológicas, económicas, ecológicas y de salud, entre otras formas que incluso al momento de escribir estas líneas se están desarrollando.

La segunda premisa es que no es sólo al Estado a quien le corresponde proteger a las personas que radican en su interior, sino que ahora debe desarrollarse una extensa gama de acciones colectivas y coordinadas con otros Estados u organismos. La finalidad de dicha coordinación es defender a las personas en diferentes ámbitos y tratar de homologar criterios para considerar que algunos tipos de amenaza para las personas en alguna parte del mundo y en ciertas sociedades también pueden afectar a otras. Así, deben crearse marcos regulatorios legales que abarquen consideraciones que no están estipuladas o previstas en ellas.

En este trabajo se plantea analizar que la guerra contra el narcotráfico en México vulneró la seguridad de las personas, pues carecía de una estrategia clara y definida por parte del Gobierno de Calderón. Asimismo, la violencia entre las organizaciones y de las organizaciones contra el Estado incrementó la inseguridad de las personas a tal punto que el índice de violencia se incrementó como nunca antes se había visto en el país después de la Revolución mexicana.

Internamente había muchos intereses y objetivos políticos que hicieron que la administración de Calderón decidiera luchar contra los narcotraficantes en el país. También querían mostrar al Gobierno norteamericano que su política contra las drogas había cambiado; de esa forma, podría haber un aliado en esta lucha, porque de acuerdo con la administración de México el problema era más grande de lo que pensaron cuando decidieron luchar contra estas organizaciones criminales. Sin una estrategia clara, la violación de los derechos humanos se propició como nunca antes en México, tanto por el personal de las instituciones de seguridad como por las organizaciones criminales.¹

2. El concepto de seguridad humana

La seguridad humana es un concepto que se enfoca en los individuos y, de forma más amplia, en los valores y los objetivos como la dignidad, la equidad y la solidaridad. El fin de la Guerra Fría no trajo los dividendos de paz y seguridad que se esperaban; por el contrario, surgieron amenazas que no eran latentes en el contexto bipolar pero que existían. La seguridad ya no se vio sólo a nivel de Estados, sino en diferentes temas y desde diversas perspectivas. Los individuos jugaron un papel importante en esta nueva redefinición de la seguridad y de prioridades que deben analizarse como parte de la seguridad.

La seguridad humana parte de la seguridad de los Estados que enfrentan amenazas militares, concentrándose ahora en la seguridad de las personas y las comunidades. Una vez que el concepto se ha enfocado en las personas, se propone extender la noción de seguridad más allá de la existencia de la vida, del bienestar y la dignidad del ser humano.²

A nivel de los individuos, la perspectiva sobre la seguridad se focaliza en las amenazas que enfrentan las personas: conflictos étnicos, terrorismo, migración y desplazamiento forzado de personas, pobreza extrema, marginalización de grupos o comunidades, enfermedades venéreas, entre otras. El individuo ha alcanzado el estatus de un todo; se ha convertido en un actor que cuenta en sí mismo. Con la seguridad humana, las personas son el objeto último de estudio, y lo definen en términos de su vulnerabilidad y su capacidad de afectar el cambio en otros.

Buzan se refiere a la seguridad como un proceso político, cuando un tema se presenta como una amenaza para un objeto designado al que se refiere; Murray dice que es la condición de estar protegido de o no estar expuesto al peligro; seguridad de cuidado, ansiedad o aprensión; un sentimiento de seguridad o libertad de la ausencia de peligro.³

La definición de la seguridad de forma subjetiva va a ser todos los elementos que conforman el nivel micro de las personas y su experiencia, como perder el empleo, tener un seguro médico, educación, vivienda, comida, etcétera. De forma macro, será la seguridad de los Estados de protegerse de posibles invasiones, tener armas de destrucción masiva, entre otras acciones que no dejan de referirse a la seguridad.

La historia trata de definir y refutar la seguridad humana como concepto. En las relaciones internacionales, se ha denominado indistintamente como una nueva teoría, como punto de partida para el análisis, una visión del mundo, una agenda política, un marco de política, e incluso un nuevo paradigma.

El concepto de seguridad humana es todo; pero es neutral desde un punto de vista intelectual y político. Implica una mirada renovada a los paradigmas y las responsabilidades existentes. Así, la comunidad, la nación y otros grupos son referentes de seguridad, que prometen un enfoque en las personas y los pueblos, pero más ampliamente, en los valores y objetivos como la dignidad, la equidad y la solidaridad. Pero este nuevo paradigma implica algo más que el establecimiento de la persona como el centro de una constelación de amenazas, actores y programas.

¿Es esto relevante para los cambios de la política internacional hoy en día? La respuesta es afirmativa. El enfoque de seguridad humana responde a la necesidad de abordar los principales cambios en las relaciones internacionales y, sobre todo, al aumento de la interdependencia de las naciones y de los individuos. Con el fin de la Guerra Fría los Estados y los individuos enfrentan nuevas inseguridades. La seguridad, en el sentido de la sostenibilidad y desarrollo, es cuestionada debido a la persistencia de la pobreza generalizada, la falta de derechos y la opresión de género a la que las sociedades y los individuos están sujetos.⁴

¿Cuáles son las nuevas amenazas que enfrentan las sociedades y los Estados en su conjunto? ¿Qué poderes y obstáculos enfrentan las personas para su pleno desarrollo prometido después de que la humanidad dejó de enfrentar un holocausto nuclear? Estas preguntas han guiado los estudios sobre la seguridad humana en los últimos años.⁵

Las amenazas que enfrenta la sociedad del siglo XXI son poco convencionales. A veces no son directas y otras no son declaradas de forma oficial como agresiones contra la población o sociedad que las enfrenta. A finales del siglo XX se enfrentaron en Europa del Este regímenes totalitarios que tenían como objetivo acabar con poblaciones civiles que no formaban parte de una misma etnia cultural, pero convivía en un mismo espacio con otras (bosnios y croatas). Algunos actos terroristas a principios del siglo XXI, como los ataques terroristas del 9/11 en la ciudad de Nueva York cobraron la vida de miles de personas, no sólo por el acto mismo, sino por sus consecuencias: la invasión norteamericana a Afganistán e Irak, donde se evidenció que la ONU no se tomaba en cuenta y quedaba de lado por razones políticas e intereses individuales.

Algunas amenazas a la seguridad humana son:

El Informe 1994 del PNUD sobre Desarrollo Humano (IDH) sintetiza las amenazas a la seguridad humana en siete componentes:

Ninguna de estas amenazas y formas de violencia se puede abordar en su singularidad. Todas las amenazas, actores, instrumentos y posibles soluciones a los retos están profundamente interconectados y son interdependientes en un contexto global, donde las fronteras y la soberanía nacionales han perdido gran parte de su relevancia.

3. Seguridad humana como discurso político

La seguridad humana es un paradigma complejo que ha dado lugar a muchos debates académicos. En última instancia, como argumenta Smith, no es posible una definición neutral. Esto se debe a que implica nuevas responsabilidades. Definir la seguridad humana se ha convertido en un juego de poder para una variedad de actores; cada uno adapta su definición de acuerdo con sus propios intereses.⁸

Algunos Estados han adoptado la seguridad humana como su opción de política exterior, como dinámica de la política interna del Estado y el deseo de los sectores de la élite de la sociedad para adoptarla como una forma de mejorar el papel de su país en la escena internacional. La seguridad humana como la política exterior es una oportunidad para llamar la atención a los Estados con media potencia en el ámbito internacional.⁹

Cuando la seguridad humana se adopta como política diplomática, el paradigma se define con el fin de servir a los intereses particulares del Estado. Ejemplo de ello son Canadá y Noruega, que han visto en el tema de la seguridad humana una oportunidad para obtener una mayor independencia con respecto a las instituciones internacionales, más influencia en las Naciones Unidas, y credibilidad en la escena internacional.

¿Qué es la seguridad humana en el análisis final y por qué hay tantas definiciones y críticas?

La definición más simple de la seguridad es: ausencia de inseguridad y amenazas; es decir, la libertad tanto de miedo (de bienestar físico, sexual o psicológico ante el abuso, la violencia, la persecución o la muerte) como de querer (empleo remunerado, comida y salud). La seguridad humana, por lo tanto, se refiere a la capacidad para identificar las amenazas, evitarlas cuando sea posible y mitigar sus efectos cuando se producen. Por lo tanto, la definición de la seguridad humana comienza con su yuxtaposición con la definición Estadocéntrica tradicional de las escuelas realista y neorrealista.

El enfoque más minimalista a la seguridad humana, es decir, “la libertad al miedo”, tiene por objeto garantizar la seguridad de los individuos de la amenaza directa, su integridad física y la satisfacción de sus necesidades básicas. Las amenazas que se abordarán se mantienen relativamente de forma tradicional: conflictos armados, violaciones a los derechos humanos, la inseguridad pública y el crimen organizado. Tal definición estrecha se justifica por su calidad analítica y su aplicabilidad política, en oposición a la definición que todo lo abarca.

Los académicos que apoyan la visión amplia de la seguridad humana reconocen la definición maximalista con su valor añadido, incluyendo ir más allá de las amenazas violentas clásicas.

MacLean destaca, por ejemplo, que la seguridad humana no se limita a cuestiones “sobre” el beneficio individual (como la educación, la salud, la protección contra la delincuencia, y similares), sino que denota la protección de la violencia no estructurada que suele acompañar a muchos aspectos de la seguridad no territorial, como la violencia que emana de la escasez del medio ambiente o la migración masiva.¹⁰

Las diversas definiciones de seguridad humana difieren según la naturaleza de las amenazas, los valores y las prioridades que se persiguen y las estrategias de prevención. Sin embargo, hay elementos comunes, como el hecho de que la seguridad se ve más allá de la prerrogativa del Estado. En segundo lugar, está la interdependencia entre la seguridad de las personas y la de los sistemas. Por lo tanto, los seres humanos se convierten en punto de los intereses nacionales y mundiales. En tercer lugar, está la ampliación de la noción de la violencia, que va más allá de las amenazas físicas a tales resultados, como la desnutrición.

4. La guerra contra el narcotráfico en México

En México, el número de muertes a causa de la guerra contra el narcotráfico alcanzó a lo largo del sexenio del presidente Calderón más de 90 000 defunciones por cada 100 000 habitantes, considerando un acumulado anual. La información sobre el número de homicidios en México fue recopilada de la base de datos del INEGI, en el rubro “muertes por homicidio”. De esta forma, se estableció que las muertes en México son producto de la violencia entre grupos delictivos o entre éstos y el Estado.¹¹ Estos datos hacen pensar que la violencia continuará e incluso puede llegar a agravarse dada la difícil situación económica en el país.

Este escenario es posible si se observa la falta de estrategia del Gobierno mexicano en su lucha contra el narcotráfico, la cual abrió diversos frentes, desplegó a un ejército con poca preparación, adiestramiento y equipo frente a un enemigo disperso en territorio nacional, con arraigo social de base, amplia capacidad económica para corromper, con operaciones transnacionales y fuertemente armado. La lucha contra el narcotráfico necesita ser una guerra de inteligencia, porque definitivamente no es una guerra convencional, y el ejército mexicano no tiene las capacidades para ganarla.¹²

Uno de los problemas que enfrentó la administración de Calderón fue la corrupción en las instituciones de seguridad pública. Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, mencionaba que había una alta corrupción en las fuerzas de seguridad mexicanas, una descoordinación entre ellas, así como una marcada tendencia a rivalizar y a no cooperar ante el problema que enfrentaban. Así, criticaba al Gobierno de Calderón por no conseguir los resultados que se habían propuesto con la Iniciativa Mérida. Ante la insinuación de una mayor colaboración de su Gobierno con agentes norteamericanos en instituciones de seguridad pública, surgió el rechazo de la opinión pública, de los políticos e intelectuales mexicanos, debido al marcado nacionalismo que surge en este tipo de escenarios, que hacen recordar el pasado de la relación donde hubo momentos de tensión e intervencionismo.¹³ A pesar de lo anterior, la administración de Calderón estaba haciendo más flexible su política exterior al pedir ayuda a su socio comercial y vecino, porque consideró que en ese momento, y con este grado de violencia, su capacidad no estaba a la altura para tratar el problema por sí solo.

En México, tradicionalmente, las organizaciones delictivas habían operado mediante una presencia pactada y asociada con el Gobierno. De hecho hubo gobernadores que eran los principales operadores de esta actividad en diferentes partes del país.¹⁴

El régimen priista era una fuerza política que controlaba todo el país, capaz de someter a cualquiera que retara su poder en cualquier momento y con cualquier acción. Los poderes locales no eran libres de actuar para negociar o tratar con organizaciones de esta índole, sino que sus acuerdos eran tácitos y de complicidad para cometer actos de corrupción para aplicar la ley en el momento en que se prestara la oportunidad. Pero a raíz de la crisis de poder centralizado en los años noventa y sobre todo con la transición política que se vivió a inicios del siglo XXI, esta relación se rompió y las organizaciones crecieron y se fortalecieron. Cuando se decidió combatirlas abiertamente, ya estaban robustecidas para hacer frente al Estado y sobre todo a los rivales que surgieran.¹⁵

Otro dato que hay que mencionar es que cuando se cerró el corredor de paso por el Caribe hacia Estados Unidos en la década de los ochenta, las organizaciones delictivas de Colombia establecieron una nueva ruta: el territorio mexicano.¹⁶ Ya había narcotraficantes en México cuando los colombianos comenzaron a usar esa ruta, pero eran organizaciones pequeñas y hasta la década de los ochenta comenzaron a crecer por el tráfico de drogas hacia

Estados Unidos y su complicidad con el Gobierno mexicano.¹⁷ Aunque no eran las organizaciones más importantes en el continente, fueron la base de la siguiente generación de narcotraficantes, puesto que eran modestas en organización, perspectiva de mercado y conformación interna para competir con las colombianas.

Además de lo anterior, en la década de los noventa los siguientes factores contribuyeron a que crecieran y se consolidaran los narcotraficantes mexicanos: fueron los únicos productores de cannabis, heroína y de traficar cocaína; la apertura comercial que tuvo México con Estados Unidos al firmar el TLC; la detención o muerte de los principales líderes de los cárteles de Medellín y Cali de Colombia; el acceso a tecnología y telecomunicaciones; el sometimiento que ejercieron sobre autoridades locales y finalmente su desarrollo diversificado de crear empresas, comprar bancos, propiedades y hacer inversiones tanto en México como en Estados Unidos; así como de incurrir en otras actividades ilícitas que les favorecieron para seguirse desplazando y fragmentarse en el país con el objetivo de seguir controlando el mercado de consumo de Estados Unidos.¹⁸

Guerrero expone que las razones de la violencia en México se debieron a lo siguiente: a) capturas y asesinatos de líderes; b) la competencia entre los nuevos grupos; c) las pequeñas organizaciones recurrieron a la violencia para incursionar en diversos negocios además del mercado de la droga; d) la violencia es el principal recurso para imponerse en un territorio y acceder al mercado de la droga; e) exterminio de pandillas y criminales para defenderse de la policía y los militares; f) si un líder es abatido o capturado, si hay sospechas de traiciones o venganzas, se recurre a la violencia para solucionar estos desequilibrios.¹⁹ Todas estas razones se podrían analizar a profundidad en el contexto de la guerra contra el narcotráfico en México, pero en este trabajo se hace énfasis en la relación entre la violencia y la violación de los derechos humanos de las personas en México. Sostenemos que no hubo una estrategia clara al atacar a estas organizaciones.

Benítez señala que la guerra por las drogas en México se debe a que el Estado decidió enfrentarlas y a que hubo una competencia entre los narcotraficantes por el control de rutas y el mercado de Estados Unidos. Además, la disputa entre las organizaciones criminales fue reconocida hasta por el presidente, quien mencionó que había una estrategia de corto y largo plazo en el país para acabarlas; pero lo que no señaló fue que esta era una guerra que no controlaba el Estado mexicano, sino que se podría decir que la propició.²⁰ Aunado a esto, Carpenter señala que la violencia en México fue provocada porque el Estado atacó a los narcotraficantes. Afirma que su fortaleza radicó en que ya eran organizaciones estructuradas como empresas; su interés era controlar el mercado de droga en el cual operaban y no dejarse someter por otras organizaciones o por el Estado.²¹ Los narcotraficantes mexicanos, a diferencia de los colombianos, ven muchos aspectos del sector ilícito de las drogas: financiamiento, exportación, venta en los mercados internacionales y control de los centros de distribución en Estados Unidos. Su comportamiento es monopólico; su actitud es despiadada, de codicia y de explotación.²² El poder de los narcotraficantes mexicanos creció y la violencia en las calles manifestó su objetivo de darse a conocer ante otras organizaciones.

La forma en que empezaron a operar los nuevos narcotraficantes era mediante la contratación de sicarios. Estas personas ya no tenían lealtad a la organización ni protegían una zona previamente acordada, sino que luchaban por el poder y el dinero en extensiones geográficas más grandes, lo cual representaba ganancias con el tráfico de droga desde México hacia Estados Unidos.

La lógica de las organizaciones era actuar como empresas. De este modo, podemos entender que a falta de líderes que los controlaran y sometieran por la fuerza o disuasión, su deseo fuera sobrevivir entre la competencia. Sus acciones eran violentas, no de mercadeo como se hace en las empresas legítimas para posicionarse en la oferta y demanda de productos en la economía formal.

Otra explicación es que la competencia se da, y se intensifica, al interior de ellas con el fin de obtener su liderazgo, de forma violenta, pues sobrevive el más fuerte. Por lo tanto, se cree que el uso de la fuerza, desde el principio, no fue la mejor estrategia para combatir estas organizaciones en México.

Se consideraba que el Estado, al haber capturado, extraditado o aniquilado a sus líderes, propició una escalada de la violencia entre ellas y en su interior. Los acuerdos y pactos se borraron una vez que sus jefes ya no estuvieron presentes en las organizaciones para disciplinarlos, aunque algunos controlaban a sus organizaciones desde los penales cuando estaban en México. Las muertes que solían ser un arreglo de cuentas entre las organizaciones, se ejecutaban en su interior de forma sigilosa y selectiva. Esto se transformó para hacerse de día y de forma pública, sin tomar en consideración a la población civil. El objetivo era amedrentar a los rivales.²³

Entre los nuevos narcotraficantes mexicanos no ha habido pactos que impidan la violencia entre ellos, como en el pasado, cuando competían o eran enfrentados por el Estado. Ahora, al haber dado paso a las organizaciones pequeñas hacia Estados Unidos, crecieron y se fortalecieron rompiendo los breves acuerdos que lograban y buscaban imponerse mediante la fuerza. Además, como tenían en mente el objetivo de las ganancias, no veían otras posibilidades de sobrevivir en el mercado de la competencia en la venta de drogas, más que por medio de la violencia.

Pereyra pone de ejemplo a los zetas como prueba de la escisión que tuvieron las organizaciones delictivas. Ellos surgieron a partir de la deserción de las fuerzas armadas de México, reclutándose como brazo armado de la organización del Golfo. Cuando su líder, Osiel Cárdenas, fue extraditado, se salieron de la organización y crearon la suya. A través de la violencia contra las otras organizaciones, se fueron apoderando del tráfico de drogas a Estados Unidos. La Familia y los Zetas eran organizaciones que recurrían a la violencia para imponerse a las organizaciones del Golfo, Juárez y Sinaloa, y de esta forma tener acceso al mercado estadounidense.²⁴

Benítez hace un análisis de cómo estas organizaciones se han dividido, quiénes han sido sus líderes -por breves periodos, en algunos casos-, qué nuevas organizaciones han surgido a partir de otras y cuáles han desaparecido. Esta radiografía confirma el hecho de que la violencia no sólo es el mecanismo por el cual se consolidan o desaparecen las organizaciones en el mapa criminal, sino que no existía otra forma de aventajar a la competencia porque era una actividad ilícita, atacada por el Estado. Sólo podían sobrevivir enfrentándose entre ellas y contra el Estado, mediante la violencia.²⁵

Por ello, se sostiene la hipótesis de que la ingobernabilidad que se vive en diferentes partes de México es producto de esta violencia, que posiciona a las organizaciones como verdaderos poderes del Estado. Aunque Felipe Calderón no lo haya reconocido, en la práctica, eran estas organizaciones las que ejercían el control y la autoridad en localidades donde la fuerza de las autoridades era mínima y era sometida por la corrupción o el miedo.²⁶

La guerra entre las organizaciones delictivas se puede ver entonces como la escisión que tuvieron de 2008 a 2010, y el proceso de consolidación que se fue dando para que otras alcanzaran el acceso al mercado de Estados Unidos. El incremento de muertos se relaciona con esta violencia en el país. Este proceso se generó fuera de todas las consideraciones políticas y sociales que se pudieron haber sostenido por parte de la administración calderonista, porque los narcotraficantes estuvieron dispuestos al extremo de las acciones violentas en que incurrieron, con tal de consolidarse en el país. De este modo, atestiguaron las ganancias que significaba esta actividad (decapitaciones, uso de ácido para desaparecer cuerpos, muerte de población civil, ataques en pleno día y en plena actividad social y económica).²⁷

5. Derechos humanos y violencia en México

Con este escenario, la sociedad mexicana se encontró atrapada en una guerra que atentaba contra su seguridad individual y, sobre todo, vulneraba su espacio y vida cotidiana en lugares de convivencia. Si tomamos en cuenta los años que van del 2006 al 2012, parte de la presidencia de Felipe Calderón, se pueden ver tres características para exponer cómo la seguridad de las personas había sido violentada y amenazada. Primero, se debe de considerar que la tasa de homicidios en el país, previo a 2006, estaba por debajo de los diez mil homicidios por cada cien mil habitantes al año. A partir de esa fecha, incrementó; entre 2010 y 2011, fue el momento en que hubo más homicidios en México. Aunque los datos no dicen si fueron defunciones producto de la guerra contra los narcotraficantes, es un referente para establecer que este índice de muertes era, en parte, resultado de esa acción de Estado.

Los homicidios se habían reducido a su mínima expresión dos años antes. En consideración de años anteriores, como lo señala Guerrero, no había pasado de diez habitantes por cada cien mil; la violencia no era tan elevada como aseguraba el presidente Calderón, justificando que esa era la razón por la cual atacaba a estas organizaciones.²⁸

En la gráfica anterior podemos ver que la amenaza a la seguridad de las personas aumentó a partir de 2006 porque la violencia fue un factor que incrementó el número de muertes en el país. En los últimos tres años del mandato del presidente Felipe Calderón (2010 a 2012) llegaron a cifras que sobrepasaron por mucho la media nacional de años anteriores (véase Gráfica 1), aunque en el 2012 había bajado dos dígitos no era el impacto que se esperaba al combatir a los narcotraficantes como lo anunciaba el Gobierno.

Grafica 1 Defunciones por homicidios en México 1994-2012²⁹  

En segundo lugar, se debe de ubicar dónde se generó más violencia en México, tomando en cuenta que no todo el país enfrentaba el mismo grado de violencia y sobre todo que no se debía catalogar al Estado como fallido o sin instituciones, sino que había lugares y regiones específicas en donde se encontraba esta violencia. Mucho tenía que ver la geografía y el riesgo que enfrentaban ciertos estados donde se combatía contra los narcotraficantes o éstos se enfrentaban entre ellos.

2011 fue el años más violento (por el número de muertes que representa), pero observando más de cerca los datos del 2010 y comparándolo con los demás años, se puede considerar que la violencia se agudizó ese año. Esto se debió a que comparando diferentes Estados del país y no en su totalidad, la violencia se recrudeció en algunos de ellos y se incrementó en otros con mayor intensidad en relación a años anteriores (véase Tabla 1).

Tabla 1 Número total de homicidios por entidad federativa 2006-2011 por cada 100 000 habitantes.³⁰  

Nayarit pasó de tener una violencia relativamente baja a que ésta incrementara en más de 50%, de un año para otro. Jalisco elevó su cifra en más de 100%. Nuevo León también representó un incremento de más de 50%. Todo esto se dio del 2009 al 2010; para 2011, incrementó un poco más, en algunos casos, y en otros, marginalmente.

Estas entidades se caracterizan por ser frontera o costa, o por ser lugar de paso importante para los narcotraficantes que envían droga a Estados Unidos. Entonces, es representativo el hecho de que la violencia se haya concentrado en estas entidades que eran importantes para las actividades de los narcotraficantes y no todo el país.

Con base en estos datos, podemos decir que la seguridad de las personas no era la mejor a nivel nacional, y menos en ciertos estados donde se concentraba la violencia.

Otros datos importantes para entender por qué la sociedad consideraba que su seguridad individual había disminuido provienen de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 del INEGI. Se consideró esta encuesta para este estudio porque refleja la percepción de la sociedad al momento en que el mandatario Calderón dejaba la presidencia, cuando la seguridad de las personas no era la mejor, como él había planteado.

Analizando los datos del INEGI se puede observar lo siguiente: en el rubro sobre los temas que generan mayor preocupación a las personas, en primer lugar estaba la inseguridad con 57.2%; luego, en segundo y tercer lugar, el desempleo con 49.3% y la pobreza con 34.2% respectivamente, mientras el narcotráfico era la séptima preocupación para las personas, con 22.7%.

Aunque la inseguridad y el narcotráfico son dos variables que no están relacionadas directamente, la inseguridad refleja la percepción de amenaza directa contra la seguridad individual de las personas y no el tráfico de droga.

Tabla 2  ³¹  

En las Tablas 3 y 4, podemos ver cómo la percepción de la sociedad sobre las amenazas a su seguridad individual que consideraban más importantes eran desempleo, pobreza y droga. La variación que presentan es porcentual en años de 2013 y 2012 (41% - 44.4%, 34.8% - 44.4% y 32.5% - 37.5%, respectivamente). Se pueden apreciar que el porcentaje de cada una de estas potenciales amenazas a la seguridad de las personas disminuyó del 2012 al 2013. Esto quiere decir que, aunque seguían siendo amenazas latentes, su grado de amenaza menguó.

Tabla 3  ³²  

Tabla 4  ³³  

Por otra parte, 2013 fue el año posterior al periodo de Calderón y podría decirse que ya no era tan intensa la lucha contra los narcotraficantes como en años previos. Sin embargo, la inseguridad de las personas no dejaba tener presente la guerra contra el narcotráfico como causa de inseguridad.

6. Conclusión

Al inicio de este trabajo se planteó que se analizaría cómo la seguridad de las personas había sido amenazada a partir de que el presidente mexicano Felipe Calderón decidió combatir a los narcotraficantes. Para entender este fenómeno, se analizó la evolución del narcotráfico en México, señalando cómo era y cómo se fue transformando la relación entre las organizaciones y el Estado mexicano. Así, se estableció que era un hito en la historia del país que se combatía abierta y decididamente, pero con altos costos para la sociedad.

La definición de la seguridad de las personas se ha estado construyendo. Se ha establecido que las personas son la esencia de la seguridad del Estado y, en la medida en que se establece que la seguridad de las personas (individual) está amenazada, la seguridad del Estado también. Es por ello que el objetivo primordial es la seguridad de los individuos.

Por otro lado, la seguridad de las personas no se refiere exclusivamente a la violencia, sino también a una gran variedad de parámetros y amenazas que van desde el abastecimiento de alimento y lo necesario para su mantenimiento, hasta la garantía del Estado de derecho, para que no haya exclusión ni racismo o xenofobia.

Finalmente, la seguridad de las personas es un reflejo de qué se garantiza al interior del Estado. De esta forma, si no existe un marco legal que garantice el respeto de las personas, su seguridad puede sucumbir. Así, la guerra, el genocidio o el terrorismo son ejemplos de amenaza a la seguridad de las personas.

Podemos ver que la lucha contra el narcotráfico, que inició el presidente Felipe Calderón, aunque no es una “guerra” en los términos convencionales, en la práctica sí lo es porque se enfrentaron, de forma violenta, fuerzas del Estado contra organizaciones que trafican droga hacia diferentes partes del mundo.

La relación que había entre narcotraficantes y Estado evolucionó. Ésta pasó de un pacto de convivencia, que les permitió relacionarse, hasta el descontrol de las diferentes administraciones de gobierno, cuando hubo alternancia en el 2000.

La decisión de combatir a estas organizaciones a partir de 2006 nos lleva a preguntarnos: ¿la seguridad de las personas perdió su garantía por la violencia que se generó?

Se puede ver que la seguridad de las personas ha disminuido y la sociedad mexicana percibe que hay más inseguridad. Eso se demostró en las encuestas de INEGI, donde claramente la población señala que su percepción de seguridad está siendo amenazada porque existe una guerra contra los narcotraficantes y hay violencia. Aunque existen otros factores que perciben como amenaza a su seguridad, como pobreza y desempleo, consideraron el narcotráfico como una amenaza a su seguridad individual.

También se vio que los estados que reportaron más índice de muertes fueron los que pertenecen a la frontera o la costa. De esta forma, la violencia está señalada en ciertas zonas del país, por lo cual México no es un Estado fallido, sino que en ciertos lugares la presencia del Estado no se identifica claramente, porque la violencia no ha disminuido.

Si en México no se crean las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas, lo más probable es que la percepción individual, el desarrollo y la relación con las instituciones de Estado se deterioren cada vez más.