Algo por elucidar

Todos los historiadores están de acuerdo, como lo estuvieron en su tiempo los mexicanos: la suspensión del culto público el 31 de julio de 1926 por parte de la Iglesia católica para protestar contra la ley Calles que entraba en vigor, llevó a su vez el gobierno a cerrar los templos para hacer los inventarios y a prohibir el culto privado. El resultado casi inmediato fue el gran levantamiento católico que pasó a la historia como "la Cristiada". ¿Cómo propuso esto el episcopado mexicano? ¿Cómo aprobó la Santa Sede decisión tan grave? Cuando terminé de redactar, en 1971, mi tesis de doctorado sobre la Cristiada, no había podido consultar los archivos vaticanos y tampoco los del episcopado mexicano. La poca información que encontré estaba en los archivos diplomáticos franceses, en el archivo de don Miguel Palomar y Vizcarra, en el de la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas, así como en el archivo de la Compañía de Jesús que estaba entonces en el seminario de Puente Grande, Jalisco.

¿Qué pude concluir en aquel entonces? Pensaba que la responsabilidad de tan grave decisión recaía sobre el episcopado mexicano en general y que Roma se había dejado llevar, a última hora y con mucha reticencia, a aprobar tal medida. En gran parte me dejé guiar por el diplomático francés Ernest Lagarde, hombre sagaz que mantenía excelentes relaciones tanto con el gobierno como con la Iglesia. Su famoso informe del 18 de septiembre de 1926 "à son Excellence, M. Aristide Briand, Paris" me permitía oponer a un episcopado intransigente y radical, una Roma que no compartía sus miras combativas. Llegué a hablar de "la línea de conciliación impuesta por Roma" y a decir que "Roma frenaba".¹ Anoté que monseñor Tito Crespi, encargado de la Delegación Apostólica después de la expulsión del delegado Giorgio Caruana, insistía vivamente a favor de una solución de conciliación, incluso después de la publicación, el 2 de julio de 1926, de la ley Calles en el Diario Oficial, y que para esa fecha, principios de julio, había una mayoría en el seno del episcopado favorable a la contemporización.²

Luego, citando a Lagarde, señalaba que en la tarde del 11 de julio hubo "un cambio completo de la situación" y que por primera vez los obispos pensaban en suspender el culto. En Roma, el cardenal Gasparri, secretario de Estado, "personalmente opuesto, incapaz de desaprobar, aunque advirtiese el grave peligro que había en parecer que no se tenía en cuenta la opinión de los obispos, no dejó, sin embargo, de buscar por medio de conversaciones directas, la posibilidad de un arreglo".³ Lagarde organizó y participó en dicho intento.

Lo que escribí en las páginas 264 y 265 del mismo tomo, estaba apuntalado en las otras fuentes mencionadas:

Los directores de la Liga y sus consejeros jesuitas pensaban que era preciso mirar la realidad de frente. Era ciertamente el enfrentamiento; pero el Episcopado no se decidía. De acuerdo en resistir, los obispos dudaban en cuanto a la manera de resistir. Algunos temían que la suspensión del culto impulsara a los pueblos, ya muy agitados, a la violencia y a la desesperación [...] Roma no sabía qué hacer y temía sobre todo imponer una solución a unos obispos divididos. Durante ese tiempo, se activaba la Liga con éxito, movilizando a los católicos en todo el país. Su resistencia impresionó a los [obispos] moderados [...] Esto es lo que explica el endurecimiento de Mons. Díaz. Crespi; se quedó solo, y el 11 de julio el Comité Episcopal decidió suspender los cultos, si Roma daba su aprobación. Mons. Orozco [...] era tan poco partidario de la suspensión de los cultos que fue preciso que el P. Méndez Medina, sj, fuera a Guadalajara para convencerlo de que diera su aprobación.⁴

Eso me lo contó el mismo jesuita, el 23 de mayo de 1967. No me dijo, o no me fijé, que estuvo recorriendo toda la república para convencer a los numerosos obispos reticentes.

El Comité Episcopal informaba a la Santa Sede que pedía su aprobación para "el único medio que cree eficaz, y que consiste en que, unidos todos los obispos, protesten contra ese decreto [...] y suspender el culto público en toda la nación [...]". Roma tardó en contestar, hasta que el 23 de julio llegó el telegrama firmado por Gasparri: "s.s. condena ley a la vez que todo acto que pueda significar o ser interpretado por pueblo fiel como aceptación o reconocimiento de la ley. A tal norma debe acomodarse Episcopado México en su modo obrar de suerte que tenga la mayoría y si posible la uniformidad y dar ejemplo de concordia". Concluía yo que había sido necesaria toda la energía de un Calles para unir a los obispos en la resistencia, esto temporalmente y jamás sin restricciones. En la indefinición del telegrama romano que no mencionaba la palabra "suspensión de los cultos", creía adivinar que la Santa Sede, mal informada y dubitativa, se dejaba torcer el brazo por el episcopado mexicano. Y siempre pensé que si Roma no hubiese aprobado, implícitamente, la medida, el conflicto religioso hubiera tomado otro curso, sin esa terrible guerra de tres años, prolongada en los años 1930 por una interminable guerrilla.

Pasaron muchos años. Recientemente se abrieron todos los archivos. Trabajé en el riquísimo Archivo Histórico del Arzobispado de México. Carmen José Alejos Grau, el padre Juan González Morfín e Yves Solis me compartieron generosamente documentación consultada en el Archivo Secreto Vaticano y un artículo de Paolo Valvo que me convencieron de que era tiempo de volver a la pregunta de cómo se tomó la decisión fatal de julio de 1926; especialmente cuando leí lo que monseñor Tito Crespi escribía al superior suyo, monseñor Giorgio Caruana, el 5 de agosto de 1926:

Circa questa misura [la suspensión de los cultos] la cantata maggioranza [de obispos] è una turlupinatura stile mexicano [...] è una truffa.⁵

Paolo Valvo, a quien debo de conocer ese documento muy importante, sostiene que "lejos de ser deseada por la mayoría del Episcopado mexicano, esa decisión crucial parece ser el resultado de una maniobra política llevada por un pequeño grupo de jesuitas radicales que fueron capaces de contornar la red diplomática de la Santa Sede para obtener el consenso directo de Pío XI en persona".⁶ Al leerlo me acordé de lo que me había dicho el padre Alfredo Méndez Medina, sj, en 1967, y de la importancia de los jesuitas en las organizaciones católicas más importantes, movimientos de Acción Católica, tan caros a Pío XI, sindicalismo católico y, algo esencial, en la Liga, la cual llamaría a un levantamiento general en enero de 1927.

Cuarenta y seis documentos enumerados en ^Anexo, que van del 25 de octubre de 1924 al 6 de agosto de 1928, permiten reconstruir la maniobra y situar a los protagonistas: se dividen en dos bandos, el de los "transigentes ultra modum", que sus enemigos llamarían a partir de agosto de 1926, concretamente después de la entrevista entre el presidente Calles y los obispos Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz, "traditores", "herejes", "arreglistas"; el de los "intransigentes" que sus adversarios calificarían también de "integristas", "radicales", "partidarios del todo o nada". Los primeros forman "el partido de la economía" (en palabras de monseñor Ignacio Valdespino, obispo de Aguascalientes) y los segundos el "partido jesuita" o "liguero".⁷ La frontera entre los dos bandos era permeable y en medio se encontraban los indecisos que esperaban la decisión romana para acatarla sin discutir.

Un repaso de los acontecimientos

El 11 de enero de 1923, en presencia del delegado apostólico monseñor Ernesto Filippi, se puso la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete. El gobierno federal reaccionó con la expulsión del representante de la Santa Sede, por tratarse de una ceremonia religiosa fuera de los templos. Prudentemente el Vaticano manifestó una gran moderación, al grado de considerar que había sido una imprudencia por parte de la Iglesia mexicana; en octubre de 1924, la celebración en la ciudad de México de un Congreso Eucarístico Nacional, provocó una crisis semejante y la misma crítica romana; hay que saber que en el mismo momento el presidente Obregón había entablado contactos diplomáticos discretos con la Secretaría de Estado, de modo que el 25 de octubre, el secretario de Relaciones Exteriores, Aarón Sáenz, escribía al cardenal Gasparri que podía mandar un nuevo delegado apostólico, el cual tendría todas las garantías y no correría el riesgo de ser expulsado.

Pocas semanas después el nuevo presidente, Plutarco Elías Calles, cuya toma de posesión casi coincidió con la llegada de monseñor Cimino, el nuevo delegado apostólico, manifestó claramente que no iba a seguir esa línea; fue tan así que permitió el 21 de febrero de 1925 la creación violenta de una Iglesia Católica Apostólica Mexicana, una Iglesia cismática que, si bien no prosperó, asustó e indignó a los católicos mexicanos y preocupó a Roma. La primera consecuencia de lo que Álvaro Obregón no dudó en calificar de grave error, fue el surgimiento de la Liga en marzo; la segunda, la salida en mayo del descorazonado delegado Cimino. En la fundación de la Liga, varios jesuitas tuvieron una participación decisiva; era un viejo proyecto del padre Bernard Bergoend, sj, ahora acompañado de los padres Arnulfo Castro, asesor de la Confederación Nacional Católica del Trabajo, Mariano Cuevas, Leobardo Fernández, Carlos María de Heredia, Rafael Martínez del Campo, Ramón Martínez Silva y Alfredo Méndez Medina, director fundador del Secretariado Social. El obispo de Aguascalientes, Ignacio Valdespino, pudo escribir sin exagerar: "Los jesuitas han tomado una parte muy activa en la organización de la Liga, de la que puede decirse que ha sido el alma [de la lucha] [...] La Liga es su misma creatura".⁸

Un buen testimonio de la reacción del partido moderado es lo dicho por el arzobispo de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores al arzobispo de Puebla, Pedro Vera y Zuria: "Lamento, indignación, tristeza y esperanza [...] abrigo temores de que la chispa provoque incendio [...] por los choques inevitables a que suelen dar lugar las pasiones populares. Pero mayor aún es el temor que me inspiran estos sucesos por la natural desconfianza que en el pueblo católico tienen que producir el no disfrutar de las garantías a que tiene derecho".⁹ Un segundo testimonio es el del arzobispo de Antequera (Oaxaca), José Othón Núñez, quien escribía el 1 de abril de 1925 al arzobispo de México, el impetuoso José Mora y del Río, que convocaba a "una reunión de todos los obispos para uniformar nuestro criterio respecto a la conducta que debemos seguir en los actuales difíciles momentos. Si lo delicado de mi salud no me lo impide, iré a la reunión, para celebrar la cual es obvio suponer que se consideró maduramente el pro y el contra y que por consiguiente, se juzgó que producirá mayores bienes que los males de que puede ser pretexto; pues los enemigos, suspicaces y malignos [...] dirán que se adoptaron resoluciones contrarias a ellos y lo que después de las juntas se haga por los católicos se atribuirá a los prelados, todo lo cual quizá empeoraría la situación angustiosa de la Iglesia en México. Ojalá que hubiese otro medio más expedito para el fin deseado".¹⁰

Los diplomáticos romanos no pensaban de otra manera, si hemos de creer el comentario de monseñor Cimino a la carta colectiva publicado por el episcopado contra la Iglesia cismática: "mi impresión es que el tono de la carta aparece por una parte demasiado agresivo [...] Si un solo obispo no estuviese conforme, entonces que nada se publique en forma colectiva". Aludía al hecho de que la carta pastoral, presentada como colectiva, no lo era.¹¹

Al final del año 1925, el novísimo y joven arzobispo de Durango José María González y Valencia, muy instruido, con temperamento de líder político, dominador, inquieto y el obispo de San Luis Potosí, Miguel de la Mora, valeroso e infatigable organizador, viajaron a Roma y entregaron al Papa una carta fechada a 12 de noviembre. Lo interesante es que la encíclica del 21 de febrero de 1926, "Paterna Sollicitudo Sane", por la cual Pío XI manifestaba su preocupación inquieta por la Iglesia mexicana, se inspira en gran parte de dicha carta, y refleja la intransigencia que caracterizó siempre a monseñor González y Valencia. ¿Será exagerado deducir que el Papa tenía su línea propia sobre la cuestión mexicana? Lo que no se puede negar es que no coincide con la moderación constante de Pietro Gasparri, cardenal secretario de Estado, que tenía un contradictor en la persona del cardenal Boggiani, considerado como el especialista de México, por haber sido delegado apostólico en tiempos de Madero y hasta 1914; por cierto, sus informes de aquellos años eran bastante críticos para el clero y los fieles mexicanos, hasta con tintes racistas.

El año de 1926 empieza con la decisión tomada por el presidente Calles de reglamentar el artículo 130 de la Constitución; el 7 de enero pide poderes extraordinarios al Congreso para hacer aprobar su ley reglamentaria. 2 de febrero: encíclica sobre México; 4 de febrero: El Universal publica una declaración de monseñor Mora y del Río, "no reconoceremos y combatiremos los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución". El presidente ordena en seguida la expulsión de los sacerdotes extranjeros, el cierre de los conventos, luego el cese de la enseñanza en escuelas confesionales. El día 23 de febrero, el intento oficial de cerrar, en la capital, el templo de la Sagrada Familia provoca un motín y la muerte de siete feligreses. Luego la decisión de los gobernadores de Colima y Michoacán de limitar el número de sacerdotes y de exigir su registro civil, conduce a la suspensión de los cultos en las dos diócesis.¹²

Una pausa antes del enfrentamiento

Ernest Lagarde, bien informado por el delegado apostólico, señala que el episcopado está profundamente dividido; califica el arzobispo de México, número 1 en la jerarquía, de "anciano decrépito, amigo de las intrigas políticas", y Manríquez y Zárate, obispo de Huejutla, Castellanos, obispo de Tulancingo, Lara y Torres, obispo de Tacámbaro, de "ligueros, exaltados e impulsivos", como González y Valencia. Vera, de Puebla, Banegas de Querétaro, los hermanos Guízar, de Chihuahua y Veracruz, Fulcheri de Zamora, Uranga de Cuernavaca, Tritschler de Mérida: "moderados y conciliadores", como

[...] el arzobispo de Morelia, monseñor Leopoldo Ruiz, teólogo notable, hombre enérgico y de una gran dignidad de vida; él y De la Mora, de San Luis Potosí, han hecho ambos de su diócesis y de su clero los mejores de México; Orozco de Guadalajara, batallador, ambicioso, irreflexivo, hostil a toda conciliación, hasta el punto de que Roma ha tenido que reprenderlo con frecuencia; [Pascual] Díaz [de Tabasco], jesuita, inteligente, ambicioso, intrigante, intolerante, que en las funciones de secretario del Comité Episcopal [...] tiende a desempeñar un papel cada día más importante en los asuntos religiosos.¹³

A la distancia, el historiador puede apreciar positivamente el cuadro pintado por el diplomático francés, con una sola discrepancia: el juicio sobre el jesuita y obispo Pascual Díaz, cuyos cambios de línea necesitan un estudio serio. Hay que notar que Lagarde estaba fuertemente prevenido contra la Iglesia mexicana por sus informantes de la red diplomática vaticana. Lo que sigue pudo haber sido escrito por los delegados apostólicos sucesivos, en particular por los últimos, monseñor Caruana y su asistente monseñor Tito Crespi: "Celoso de su independencia [el clero] se resiente de todo control y tolera difícilmente la tutela de Roma [...] una de las virtudes más vigorosas de la raza, en el Episcopado, es más viva aún y no hay historia más uniformemente dolorosa que la de los representantes de la Santa Sede en México [...] No existe únicamente conflicto entre la Iglesia y el poder civil, sino también entre el clero local y la santa Sede".¹⁴

Según Lagarde, y eso lo confirma el Archivo Secreto Vaticano,

El Vaticano deseaba el apaciguamiento [...] se inclinaba a una política de contemporización, de arreglo tácito, que hubiera dejado subsistir intactos los textos incriminados, pero hubiese permitido, al no colocarse en el terreno de los principios, esperar que de hecho no fuesen aplicados.

Eso se logró, pero doce años después, a partir de 1938 y hasta la reforma constitucional de 1991:

A los obispos mexicanos que, en sus incesantes visitas ad limina apostolorum, fatigaban a la Secretaría de Estado con sus fulminantes anatemas [...] aconsejaba la moderación y el apaciguamiento. Por todas esas razones la Curia lamentaba que el clero mexicano, liguero y batallador, en lugar de buscar junto con los poderes públicos un acomodo de hecho, se mantuviera en una hostilidad abierta.¹⁵

Más que de "el Vaticano", era el punto de vista de la Secretaría de Estado, del cardenal Gasparri quien "resistió durante largo tiempo a los vehementes reproches de los dos prelados [monseñor González y Valencia y Miguel de la Mora en noviembre de 1925] que acogió con bastante buen talante [...] Se inclinaba, y con él el cardenal de Lai, Mons. BorgonginiDuca y todos los miembros auxiliares de la Curia que conocían México, a la contemporización".¹⁶ Pero Pío XI hizo más que recibir a los dos prelados "con bastante buen talante", puesto que lo convencieron de elaborar la encíclica del 2 de febrero de 1926.

Al 15 de marzo de 1926, 202 sacerdotes extranjeros habían sido expulsados del país, 118 colegios católicos y 83 conventos cerrados; sin embargo, en muchos estados, obispos y gobernadores fueron capaces de llegar a un compromiso aceptable; en desorden alfabético: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Huajuapam de León (Oaxaca), Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, o sea 14 estados. Eso acabó de convencer al presidente Calles de que tenía que imponer a todos los estados la ley reglamentaria federal del artículo 130. A la vez que explicaba por qué era imposible conseguir la unanimidad entre los obispos: cada estado era un mundo, cada diócesis también.

El caso ejemplar de Michoacán

En Colima, la crisis que había empezado a fines de febrero con la limitación a veinte del número de sacerdotes y su obligatorio registro ante el gobierno, subió a los extremos con los siete muertos del 5 de abril, cuando la gigantesca manifestación católica fue dispersada a balazos; el 7 de abril el viejo obispo Amador Velasco suspendió el culto y no hubo compromiso posible. El caso de Michoacán es a la vez semejante y diferente. Semejante, porque a fines de febrero el Congreso local limitó el número de sacerdotes e impuso su registro, porque los católicos se movilizaron y se suspendió el culto el 18 de abril. Diferente, porque el gobernador ofreció una solución de compromiso que el arzobispo aceptó. El culto se reanudó el 15 de mayo.

Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores manejó el conflicto con prudencia y pedagogía para con su clero y los fieles, a quienes dirigió, a lo largo del conflicto, varias cartas e instrucciones, cinco entre el 18 de marzo y el 19 de mayo. Cuando suspendió los cultos, después de agotar todos los recursos, ordenó dejar los templos abiertos y confiados a los laicos, organizó la vida sacramental en casas privadas, elaboró la petición de reforma de la ley que firmaron decenas de miles de personas, prohibió toda violencia; incluso, en circular del 30 de abril, después del motín de Zitácuaro (26 de abril) que había causado la muerte de cuatro civiles y un oficial, pidió se suspendieran las manifestaciones pacíficas.

Cuando el gobernador le ofreció entregarle directamente para todos sus sacerdotes las tarjetas oficiales, en blanco para que él las llenara, aceptó, puso fin a la suspensión de los cultos y mandó, el 19 de mayo, una "instrucción reservada a los sacerdotes" para explicar su decisión. El 23 de mayo escribió al Papa, con copia a monseñor Pascual Díaz, secretario del Comité Episcopal. El 25 del mismo mes escribió en latín al cardenal Gasparri para decirle que su experiencia demostraba lo deseable que sería tener una regla común para todos los obispos: "uniformis ratio procedendi ac se gerendi in his difficultatibus quibus Episcopi Mexicani implicamur". Y lo difícil para lograrla puesto que cada estado sigue una línea diferente.¹⁷

Monseñor Ruiz y Flores, el futuro delegado apostólico de 1919 a 1937, quien firmaría los "arreglos" de junio 1929 con el presidente Emilio Portes Gil, en compañía de monseñor Pascual Díaz, fue aprobado por los moderados y rudamente criticado por los intransigentes; así, el 4 de junio, monseñor José María González y Valencia plantea directamente al Papa nueve preguntas en latín: las 7 y 8 critican al "compromiso" michoacano porque crea un precedente peligroso de "transacciones tentare".¹⁸18 El arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, mandó a sus hermanos obispos unas "Observaciones sobre la reglamentación del culto que reverentemente expone el arzobispo de Guadalajara al Episcopado nacional".¹⁹ A la pregunta de si se puede

[...] admitir la reglamentación [por el gobierno] en cualquier forma que se presente, en mi humilde concepto, yo digo que no podemos ni debemos admitirla [...] Respeto cualquier opinión en contrario, pero como se busca [...] lo que más convenga para salvar tal vez para siempre, los intereses capitales de la Iglesia, los cuales están en riesgo inminente y el honor del Episcopado mexicano [...] admitir la reglamentación es admitir una autoridad extraña y esto es cismático.

Más adelante afirma que "la razón de que pueden venir males mayores en la intransigencia no vale, porque es mayor mal el escándalo que se produce con las capitulaciones con el gobierno".

Así que el arzobispo de Morelia resultaba "cismático", culpable de "capitulaciones" mientras que se exaltaba la "intransigencia". Monseñor Ruiz y Flores contestó y el secretario del Comité Episcopal, Monseñor Pascual Díaz, mandó copia de su argumentación a los obispos el 18 de junio de1926:

La tolerancia de un mal no sanciona el mal mismo, ni mucho menos el principio en que se funda. Nuestra aceptación del acuerdo del gobernador no es pues el acatamiento de una ley justa, sino una pura tolerancia [...] La licitud de la tolerancia de un mal proviene de la imposibilidad moral de evitarlo, y de los mayores malos que se evitan tolerándolo [...] La suspensión provocará la clausura y confiscación de todos los templos y es ocasión de perjuicio espiritual de los fieles [...] A cada prelado toca resolver en su caso, porque ni las leyes son idénticas, ni idénticas las circunstancias en cada lugar.²⁰

Si el cardenal Pietro Gasparri estaba de acuerdo con la conducta del arzobispo de Morelia, parece que en Roma no todos pensaban lo mismo. Cuando el delegado Giorgio Caruana fue expulsado de México el 16 de mayo de 1926 -había llegado en marzo-, propuso a don Leopoldo Ruiz y Flores como sucesor; su moderación explica que el Papa creyera mejor que no se le nombrase. Pío XI esperó tres años para hacerlo, a la hora de los arreglos.²¹ Y cuando

[...] el Comité Episcopal decidió enviar a Roma un representante por medio del cual se informara a la Santa Sede del curso de los acontecimientos, en la junta del Comité en que se designó ese representante, el Sr. arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, pidió permiso para poner su veto al Sr. arzobispo de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores, alegando que era demasiado condescendiente, opinión que él se formó sin duda por los acontecimientos de Morelia al darse la ley de limitación de sacerdotes por el gobernador General Ramírez en la cuaresma de 1926.²²

Anteriormente, el 21 de abril, el episcopado había publicado una Pastoral colectiva muy firme, consignando el "non possumus" y pidiendo una urgente reforma de la Constitución. El gobierno contestó el 10 de mayo con la orden de expulsión del delegado apostólico, quien salió para La Habana, dejando la delegación en manos de monseñor Tito Crespi. Antes de salir, aconsejó crear un Comité Episcopal de cinco miembros: presidente, el arzobispo de México Mora y del Río, secretario monseñor Pascual Díaz, vicepresidente monseñor Ruiz y Flores, con dos consejeros, monseñor Orozco y Jiménez, monseñor Vera y Zuria. Dos radicales, Mora y del Río y Orozco, dos moderados, Ruiz y Flores y Vera, y el obispo jesuita por definirse, de quien Lagarde decía: "jesuita, inteligente, ambicioso, intrigante, intolerante". Resultaría ser, con monseñor Ruiz y Flores, jefe de fila de los moderados y tolerantes, abominado de los "intransigentes" por lo mismo; los ligueros lo calificaron de "ex jesuita".

El 2 de mayo el cardenal Gasparri contestó a una consulta del arzobispo de México sobre cuál conducta adoptar frente a las medidas gubernamentales:

Cattolici potrebbero firmare dichiarazioni qualora non sieno contrario diritti di Dio, ed evitaranne di dare información che potrebbero essere pericolosi ai Viscovi e ai sacerdoti. Perció

El cardenal Gasparri, nombrado secretario de Estado en 1914, hombre de 74 años, había sido delegado en Perú, Bolivia, Ecuador; diplomático, jurista, papabile en 1914 y 1922, defendió siempre la línea moderada. Tenía como subsecretario al cardenal Giuseppe Pizzardo, una figura clave en la Curia romana. Su sobrino, monseñor Francesco Borgongini-Duca, era el secretario de Asuntos Extraordinarios, dependencia de la Secretaría Papal. Posiblemente bajo la influencia del cardenal Gasparri, el segundo mensaje del Papa a los obispos mexicanos (14 de junio) predicaba tanto la firmeza como la paciencia, pero la publicación del decreto reglamentario del artículo 130, el 2 de julio, en el Diario Oficial del gobierno federal, llevó Pío XI a manifestar su preocupación, vía el cardenal Gasparri.

Al pie del muro

El 14 de junio el presidente Calles había firmado la famosa ley que entraría en vigor el 31 de julio. El mismo día, el P. Rafael Martínez del Campo, sj, escribía a monseñor Francesco Borgongini-Duca y su colega Alfredo Méndez Medina, sj, escribía al padre general W. Ledóchowsky. El encargado de la delegación en México, monseñor Tito Crespi, denunció a su jefe monseñor Giorgio Caruana, "la intromisión preponderante de muchos jesuitas en los asuntos de las diócesis". Habla de un "partido jesuita" al cual pertenece el obispo Pascual Díaz, sj, pasado del moderantismo al radicalismo.²⁴ Aparentemente no sabía, en ese momento, que varios jesuitas habían logrado la entrega de un breve memorial al Papa, por conducto del obispo Vicente Castellanos y Núñez, de Tulancingo. Habían tomado un atajo para evitar el camino oficial y el filtro de la Secretaría de Estado.²⁵

Por su lado, y en la misma línea, el 1 de julio, el arzobispo Mora y del Río, en su calidad de presidente del Comité Episcopal, y monseñor Pascual Díaz, secretario del Comité Episcopal, mandaron a Roma una carta "pro memoria" que afirmaba que "el único camino es la intransigencia absoluta y uniforme", y pretendía que dieciocho obispos estaban ya de acuerdo: "y es casi seguro que es la opinión de todos". Algo que realmente era por verse.

De hecho, los obispos estaban más y más divididos. A principios de julio, con la cuenta para atrás en marcha, el episcopado se declaró "en reunión permanente y secreta", bajo dirección del Comité Episcopal, en realidad del arzobispo de México y de Pascual Díaz, los otros tres residían en provincia. Al principio, la mayoría de los obispos estaba claramente a favor de la moderación, según informaban Tito Crespi y Ernest Lagarde. Habían tomado abiertamente posición en contra de una suspensión de los cultos en toda la república: trece obispos, los de Aguascalientes, Cuernavaca, Chihuahua, Chiapas, Guadalajara, Guanajuato, Morelia, Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Zamora. Vale la pena subrayar la presencia del intransigente Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, en dicho grupo. Mantuvo su oposición a la suspensión hasta el final con argumentos muy bien fundamentados. En el seno mismo del Comité Episcopal había una mayoría en contra, a la cual pertenecía monseñor Pascual Díaz.

En una nueva reunión, el 11 de julio, de cinco arzobispos y cuatro obispos, según el padre provincial Luis Vega, sj, se votó la intransigencia. La mayoría aprobó tres decisiones que aparecerían redactadas en la carta pastoral colectiva del 25 de julio: 1) no se admitía el registro de los sacerdotes ante el gobierno civil; 2) se suspenderían los cultos en todas las iglesias del país el día 1 de agosto, y 3) se informaría a la Santa Sede sobre esas resoluciones, con la provisión de que el silencio de Roma sería considerado como una aprobación implícita. Monseñor Orozco y Jiménez no había asistido a la reunión y el padre Alfredo Méndez Medina, sj, tuvo que ir a Guadalajara para convencerlo de inclinarse frente a la dizque "mayoría".²⁶

A la distancia, monseñor Leopoldo Ruiz y Flores apunta: "El Comité Episcopal estudió detenidamente el asunto, vio que no había más remedio que suspender el culto, consultó al Papa, por conducto de Mons. Caruana, Delegado Apostólico para México, expulsado del territorio y residente en La Habana: el Papa contestó que el Episcopado obrara como creía conveniente". ²⁷

El 12 de julio monseñor Tito Crespi informaba a monseñor Liberati Tosti, delegado apostólico en las Antillas, de la decisión tomada por un grupo de obispos y aconsejaba que Roma tomara tiempo antes de responder al Comité Episcopal. El 15 de julio, el cardenal Gasparri recibió un telegrama de monseñor Rafael Guízar que manifestaba su oposición a la suspensión ("Humildemente opino suspensión cultos en toda república es sumamente perjudicial"), y una consulta semejante de su hermano monseñor Antonio Guízar (Chihuahua) preguntando qué hacer con la obligación del registro de los sacerdotes, otra forma de no estar de acuerdo con la suspensión. El 18, el delegado en las Antillas mandó a Roma el mensaje del Comité Episcopal con ese telegrama: "Mayoría Episcopado Mexicano intenta cerrar iglesias 31 corriente al no poder ejercer el culto según canon entrando en vigor nueva ley 31 corriente. Episcopado pide aprobación s.s. Persona en cargo espera contestación Habana. Delegado será aquí esta semana".²⁸

Monseñor Tito Crespi hizo lo imposible para que la Santa Sede no diera contestación positiva a los mexicanos. Pasando por París, es decir utilizando los buenos oficios de Ernest Lagarde para escapar al espionaje del gobierno mexicano, mandó en francés el siguiente telegrama al cardenal Gasparri; reenviado por París a Roma el 19 de julio (la fecha es importante), dice lo siguiente:

Informé al Delegado Apostólico en La Habana que el Comité de Prelados revisó su postura inicial bajo la presión de un pequeño grupo y de jesuitas, y decidió suspender el culto para protestar contra el último Decreto; ausencia de respuesta por parte de la Santa Sede se considerará como la aprobación de esta medida.

Me permito informar Vuestra Eminencia que el Decreto fija la aplicación de las penalidades al 1° de Agosto [...] que el gobierno está dispuesto a tomar medidas extremas, que los obispos no están todos de acuerdo [...] Opino que es preferible antes de tomar tan grave decisión que los católicos esperen la reglamentación del artículo 130 o, mejor aún, el resultado de los trabajos que apuntan a una reforma de la constitución. El Encargado de Negocios de Francia [Ernest Lagarde] negocia amigablemente el asunto con el Secretario de gobernación y dice que aquél le asegura que el Gobierno y el Congreso tomarían en serio una petición legal de reforma. Me propone arreglar una entrevista con el Secretario de gobernación. Ruego V. E. hacerme saber si autoriza tal conversación.²⁹

El cardenal autorizó la entrevista entre monseñor Tito Crespi y Adalberto Tejeda, en presencia de Ernest Lagarde, pero el 21 de julio, la Secretaría de Estado mandó el siguiente telegrama (repetido el 22 y el 25), al arzobispo de México, presidente del Comité Episcopal:

Ricevuto cifrato 10 Santa Sede condanna legge ed insieme ogni atto che possa significare od essere interpretato dal popolo fedele come accetazione o riconoscimento legge stessa. A tale norma tutto episcopado mexicano debe conformare sua azione in modo da ottenere la Maggiore possibile uniformità a dare ejemplo di concordia. Cardinal Gasparri.³⁰

¿Cómo se logró una "mayoría"?

Dos años después, el 6 de agosto de 1928, en un "Memorándum estrictamente confidencial para el Padre Provincial Luis Vega, S.J.", monseñor Pascual Díaz, sj, ya en calidad de intermediario oficial entre el delegado apostólico en Washington, monseñor Fumasoni-Biondi, encargado de los asuntos mexicanos, y el episcopado de México, empezaba así:

Acabo de saber que un miembro del Episcopado mexicano sostuvo hace cuatro o cinco días una conversación acerca de la cuestión religiosa en la que indudablemente sacó la peor parte la Compañía [de Jesús], no sólo porque se le puso la responsabilidad de lo que ha ocurrido y ocurre a nuestros hermanos, sino porque la persona con quien tuvo la conversación es persona de importancia y además poco aficionada a la misma Compañía.

El aspecto en que en la actualidad varios obispos, además del arriba mencionado, le ponen la culpa de la situación actual, es decir declaran que la suspensión de cultos la promovieron y sostuvieron los PP. Méndez Medina y Martínez del Campo; que los campeones de la lucha armada han sido los nuestros en Guadalajara, especialmente los dos citados y el P. Martínez Silva, en México, y varios de los nuestros en el Sur de los Estados Unidos.³¹

El "partido jesuita", así bautizado por monseñor Tito Crespi en su mensaje a monseñor Giorgio Caruana, el 28 de junio de 1926, fue calificado de "partido liguero" por monseñor Ignacio Valdespino, moderado obispo de Aguascalientes, amigo y hombre de todas las confianzas de monseñor Pascual Díaz, sj. Varios jesuitas formaban la parte eclesiástica del "partido" que contó con el apoyo indefectible de tres obispos, José María González y Valencia, de Durango, Leopoldo Lara y Torres de Tacámbaro y José Manríquez y Zárate, el volcánico, incontrolable, irresponsable obispo de Huejutla.³² Al principio seguían la misma línea monseñor Emeterio Valverde, de León y Jenaro Méndez de Tehuantepec.

El grueso del contingente laico lo formaban la plana mayor de la Liga y los "muchachos", ya no tan muchachos de la acjm. En la Liga, más importante que el anciano presidente Rafael Ceniceros y Villareal, Miguel Palomar y Vizcarra, el vicepresidente tapatío, antiguo diputado del Partido Católico Nacional, quien estaba muy ligado a los jesuitas del "partido", en particular al grupo formado en Europa, compuesto del francés Bernard Bergoend, inspirador del Partido Católico Nacional en 1911 y fundador de la acjm en 1913; Arnulfo Castro, asesor de la cnct, Carlos María de Heredia, Rafael Martínez del Campo y Alfredo Méndez Medina. Al grupo pertenecía también el historiador Mariano Cuevas, sj, Rafael Martínez Silva, sj, consejero de la Liga, el padre Ocampo, sj, sub asistente eclesiástico de la acjm, el padre Jacobo Ramírez, sj, director de las congregaciones Marianas con el arzobispo de Durango; el padre provincial Luis Vega (1925-1931) y el subprovincial Carlos Mayer compartían su radicalismo intransigente, como muchos "hermanos", quizá la mayoría, sin que se pueda decir cuántos de los 300 jesuitas mexicanos eran radicales y cuántos moderados. El obispo Pascual Díaz, secretario del Comité Episcopal, era jesuita como ellos y se ganó con el delegado apostólico y Ernest Lagarde la fama de oportunista por sus cambios de línea en 1926: moderado, luego intransigente en julio, moderado en agosto, y definitivamente moderado en 1927 y hasta su muerte. Hay otra explicación que el oportunismo. El hecho de ser jesuita y sometido a la presión de los "hermanos" explica mucho.

Hasta 1925, el provincial había sido el italiano Camillo Crivelli, un moderado que frenaba a los jesuitas radicales y apoyaba al delegado apostólico. En 1923, en un memorándum al padre general Ledóchowsky señaló la exageración nacionalista de aquéllos, en particular del padre Mariano Cuevas. Lo sustituyó el padre Luis Vega, sj, quien compartía discretamente el punto de vista de los intransigentes y los cubrió a lo largo del conflicto. El historiador jesuita José Gutiérrez Casillas reconoce que "cuando los católicos mexicanos no tuvieron otro recurso que recurrir a las armas [...] ningún jesuita siguió este camino. Sin embargo, puede decirse que mediante las instituciones por ellos fundadas, parte de la responsabilidad de la oposición armada cayó sobre sus hombros. Como entre los laicos, entre los jesuitas había profunda división de criterios, y no formaban un frente único". Menciona a la acjm y a la Liga como "asociaciones en las que tuvieron parte indirecta los jesuitas y a las que particularmente prestaron todo su apoyo [...] Los fundadores de la Liga provenían en su mayor parte de asociaciones fundadas o sostenidas por los jesuitas [...] En general, se puede decir que la inmensa mayoría de los jesuitas se inclinaba y apoyaba la defensa armada".³³

El Comité Episcopal, presidido por el arzobispo de México que simpatizaba con el "partido jesuita", confió en 1926 misiones importantes a dos jesuitas; nombró al padre Rafael Martínez del Campo intermediario oficial entre el Comité Episcopal y la Liga. Monseñor Ignacio Valdespino comentó: "Tiene papel dominante el P. Martínez del Campo, sj, quien se cree trae de oreja a la Liga. Intenta arrastrar al Comité y poner a v.i.i. [monseñor Pascual Díaz] una riendita para que vaya al campo que del Campo quiere. El Hermano Mayor [monseñor Mora y del Río, arzobispo de México] es incontrolable, imprevisible, impolítico, errático pero más bien intransigente".³⁴

El papel del padre Martínez del Campo está confirmado en el memorial en latín que él mismo mandó al padre general, el 12 de septiembre de 1927, para reivindicar con orgullo su papel.³⁵ El segundo nombramiento fue el del padre Alfredo Méndez Medina, quien recibió en junio de 1926 el encargo de visitar todos los obispos para recoger su opinión sobre la conducta por tener frente a la inminente aplicación de la ley Calles. Se trataba de un sondeo preliminar a cualquier toma de decisión. Paolo Valvo al analizar el cuestionario redactado por el padre Méndez Medina y presentado a los obispos, concluye que es "capcioso"; presenta implícita, pero inevitablemente la intransigencia como la única vía posible. Admite que la tolerancia a las medidas gubernamentales podría ser, en algunos casos, "lícita", "decorosa", "conveniente", pero para afirmar que en el caso presente resultaría "peligrosa", "escandalizaría al pueblo, a quien difícilmente se le haría comprender la licitud y conveniencia de dicha tolerancia [...] dificultaría la posición de los Prelados que quisieran resistir resueltamente [...] dividiría el criterio del Clero y daría lugar a que pierda la confianza en los Prelados".³⁶ Obviamente, la conclusión implícita es que moderación y tolerancia causarán puros desastres, y que la intransigencia, a saber la suspensión de los cultos, se impone como la línea que todos, sin excepción deben seguir. En esos mismos días de junio, hay que recordar que monseñor Orozco y monseñor González y Valencia atacaban rudamente al arzobispo de Morelia, Ruiz y Flores, culpable de "tolerancia".

Informado por un padre Méndez Medina, orgulloso de haber convencido a monseñor Orozco, el arzobispo Mora y del Río escribió al Papa, el 1 de julio, que "los obispos ya interrogados, que hasta el momento son 18, optan por la intransigencia absoluta, y es casi seguro que es la opinión de todos".³⁷ Esa carta fue oportuna y directamente entregada al Papa por el obispo Vicente Castellanos de Tulancingo que se encontraba en Roma. Mientras tanto, por el más lento canal diplomático vaticano oficial, una carta de monseñor Ruiz y Flores era transmitida el 28 de junio por monseñor Crespi al delegado Caruana en La Habana: el padre Méndez Medina, sj, autorizado por el Comité Episcopal propone "a los obispos un cuestionario que me parece muy tendencioso porque está destinado a desaprobar lo que se hizo en Morelia, y con el cuestionario venía una comunicación de Mons. Orozco (la que cité más arriba) en la cual se aconsejaba la intransigencia absoluta. Sin embargo la única respuesta intransigente se reducía a la suya. He visto las respuestas de Puebla, Huajuapam de León, Monterrey, Cuernavaca, Querétaro y otras que no recuerdo, todas en el sentido de la tolerancia".³⁸

¡Qué contraste entre las dos cartas! ¿A quién creer, al arzobispo de México o al de Morelia? El primero dice 18 intransigentes ("y es casi seguro que es la opinión de todos"); el padre Martínez del Campo, sj, dice también 18 en su carta del 14 de junio a monseñor Borgongini-Duca. Interesante coincidencia aritmética. Se puede dudar de la información transmitida por el padre Méndez Medina, pero no de sus esfuerzos, exitosos en el caso de monseñor Orozco, para lograr una mayoría, por pequeña que fuese, a favor de la "intransigencia absoluta". Después de la suspensión efectiva de los cultos, el 9 de agosto de 1926, el padre provincial Luis Vega reportó al padre general W. Ledóchowski que el padre Méndez Medina había convencido, uno por uno, a la mayoría de los obispos, los cuales estaban dispuestos a tolerar las nuevas disposiciones antes de su intervención; que había insistido siempre en la necesidad de la "uniformidad". Luis Vega habla de la decisiva reunión episcopal del 11 de julio,³⁹ la que se decidió a favor de la suspensión; dice que asistieron cinco arzobispos y cuatro obispos -un documento posterior (1928) de la Liga habla de once- y que, al principio, la mayoría estaba todavía inclinada hacia la sumisión. El provincial explica el cambio de la siguiente manera: "Para gloria de Dios creo que podemos decir que la situación actual de firmeza en que se encuentra la Iglesia mexicana y que ya está aprobada por la S. Sede, se debe a la Compañía".⁴⁰

Al final de esa junta se mandó al delegado en La Habana el documento para conseguir la aprobación de la Santa Sede; si bien el documento mencionaba como un hecho que la mayoría de los obispos estaba a favor de la suspensión, monseñor Díaz mandó copia a todos los prelados para conseguir su aprobación. Hasta ahora no se ha encontrado una lista nominativa, ni la cifra final de los que aprobaron. Es más, el 12 de julio, monseñor Tito Crespi telegrafió a La Habana:

Comité Episcopal cambió primera decisión como resultado intrigas pequeño grupo y de jesuitas que buscaba formar mayoría para cerrar templos República si Roma no contesta proposición antes fin mes. Oportuno indicar Obispos esperar instrucciones positivas Roma antes actuar.⁴¹

En seguida después de la suspensión de los cultos, el 5 de agosto, el mismo Tito Crespi, cuyo consejo no había sido escuchado en Roma, escribió con amargura:

Circa questa misura la cantata maggioranza è una turlupinatura stile mexicano. Avevo preparato un rapporto alla S. Sede circa questo fatto, ma lo ritenni anche perché una volta precipitate le cose è inútiles indignarci sul passato irrimediabile. Sta il fatto che la cantata maggioranza è una truffa [...] Dopo la ultima decisiones le dirretive dell`episcoato dalle persone più prudenti sono passate agli elemento che finora erano stati considerati como impulsivi. Vedreme gli effeti Della nuova situazione che fa Molto trepidare.⁴²

¿Cómo se tomó la decisión en Roma?

El 28 de junio, monseñor Tito Crespi advertía a su jefe monseñor Giorgio Caruana, en La Habana, que "la parte que desea una resistencia decisiva busca provocar nuevas instrucciones por parte de la Santa Sede". En efecto, este era el sentido de las cartas mandadas directamente al Papa, por encima de la Secretaría de Estado, un Papa que había, en noviembre de 1925, prestado una benévola atención a lo dicho y escrito por el arzobispo de Durango González y Valencia.

El 18 de julio se reunió en Roma la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios convocada desde el día 11 para estudiar la cuestión mexicana; la sesión, suspendida al fin de la jornada, concluyó dos días después, el 20 de julio.⁴³ Participaron, activamente o en silencio, los cardenales Bisleti, Tommaso Boggiani (delegado apostólico en México de 1912 a 1914), De Lai, un integrista en la línea de Pío x, Fruewirth, el secretario de Estado Gasparri, Merry del Val, ex secretario de Estado, responsable del Santo Oficio, muy reaccionario, y Sbarretti. No tomaron la palabra Fruewirth, Merry del Val y Sbarretti.

Se tomó como base de discusión los informes del delegado Caruana y las cartas de los prelados mexicanos Mora y del Río, González y Valencia, a favor de la intransigencia, de Ruiz y Flores, defendiendo la tolerancia. El primero en intervenir fue el cardenal De Lai para defender el compromiso acordado en Michoacán entre el gobernador y el arzobispo. Gasparri habló en el mismo sentido, precisando que había contestado por escrito a las críticas hechas por el arzobispo de Durango al de Morelia. De hecho, el secretario de Estado, fiel a su moderación habitual, hizo suya la postura de monseñor Ruiz y Flores, a la escala del país: "In questo senso non est illicitum nonnullas transactiones tentare".

Tommaso Boggiani rechazó categóricamente las "transacciones", después de presentar la situación jurídica mexicana desde las Leyes de Reforma hasta la ley Calles. Según él, monseñor Ruiz y Flores estaba totalmente equivocado y sería "un error gravísimo hacer concesiones que desaprobarían los buenos mexicanos". El punto clave de su argumentación fue que había que conseguir una "conducta uniforme" por parte de los obispos, puesto que el único criterio válido era no someterse a una legislación vejatoria. Invocaba el antecedente de la Revolución Francesa para decir que la Iglesia mexicana debía seguir el ejemplo de la Iglesia de Francia: rechazar absolutamente la Ley, ejercer el culto de manera privada y si eso fuese imposible, "sufrir en Dios [...] el pueblo mexicano es profundamente católico y estará encantado de sufrir por su fe y la libertad de la Iglesia".

El cardenal de Lai le contestó que en teoría Boggiani tenía la razón, "pero la aplicación es otra cosa", con los templos cerrados y el ministerio impedido, "el daño sería gravísimo". Aconsejaba, "hic et nunc", hacer como en Michoacán. Los cardenales Bisleti y Gasparri apoyaron la propuesta, lo que provocó Boggiani a pedir que el Papa en persona condenara la ley, como Pío x había condenado la ley francesa de 1905. Volvió a hablar de la Revolución Francesa, luego de la crisis francesa de 1905 (separación de la Iglesia y del Estado, cancelación del Concordato, ruptura de relaciones diplomáticas), algo que parece haber impresionado mucho a un Pío xi, sensible a la continuidad anticatólica de las revoluciones francesa, bolchevique (fue nuncio en Varsovia) y mexicana. El Papa levantó la sesión después de aprobar al cardenal Boggiani; tres de los cuatro cardenales que hablaron, lo hicieron a favor de la moderación, sólo uno propugnó la intransigencia, pero Pío XI habló en su sentido. "Roma locuta, causa finita".

El 19 de julio llegó a la Santa Sede el telegrama en francés, reenviado desde París, en el cual monseñor Crespi denunciaba la maniobra ejecutada "bajo la presión de un pequeño grupo y de jesuitas" y aconsejaba esperar. No hay mención de dicho telegrama en el acta de las sesiones del 18 y del 20 de julio. Queda claro que todo estaba dicho a finales del 18, con la decisión del Papa a favor de la línea Boggiani. Gasparri preparó el texto del telegrama para el Comité Episcopal, pero el Papa lo corrigió personalmente.⁴⁴ No cabe duda que, para esa fecha, Pío XI impuso su propia línea a la Secretaría de Estado, mientras que en 1924 y 1925, había sido la moderación de Gasparri la dominante. El Papa dio la victoria al "partido jesuita" de la Liga. Lo que no se sabe es si el ex delegado en México, monseñor Boggiani, tuvo contactos con dicho "partido" antes del 18 de julio; en noviembre de 1925 había recibido la visita del arzobispo de Durango, eso sí.

Monseñor Tito Crespi pudo escribir al delegado Giorgio Caruana, el 5 de agosto: "Los últimos acontecimientos me han dejado muy triste. Mi expulsión ha sido una liberación y no me duele en cuanto a mi persona. Lo que más me hace sufrir es la poca o ninguna sinceridad con la cual fueron tratados los últimos y decisivos asuntos. Con tales métodos no solamente se irá a la perdición, se perderá además todo lo que se conservaba en las antiguas derrotas, o sea el honor".⁴⁵

Dudas finales

La primera versión de la respuesta de la Santa Sede, redactada por Gasparri, reza así:

Santa Sede condanna legge come pure condanna qualunque atto che importi si apure implícitamente accettazione legge. Episcopato mexicano si regoli in conseguenza. È sommamente desiderabile azione concorde episcopado, ma i Vescovi non debbono essi stessi chiudere le chiese.

La segunda, corregida del puño y letra del Papa, es bastante diferente:

Santa Sede condanna legge ed insieme ogni atto que possa significare od essere interpretato da popolo fedele como accettazione o riconoscimento legge stessa. A tale norma tutto episcopado debe conformare sua azione in modo da ottenere la Maggiore possibile uniformità e dare esempio di concordia.

Que se puede traducir como: "Santa Sede condena la ley a la vez que todo acto que pueda significar o ser interpretado por el pueblo fiel como una aceptación de la ley misma. Los obispos deberán ajustarse a esta norma, procurando obrar con el consentimiento de la mayoría y, si es posible, de la unanimidad para dar ejemplo de concordia".

Todos los obispos no simpatizaban con la suspensión de los cultos, pero todos, disciplinados, firmaron el decreto: ocho arzobispos y veintiocho obispos, "al tenor de la petición hecha por el cardenal Gasparri". Vale la pena notar que en el telegrama romano no aparecen las palabras "suspensión de los cultos", algo que me ha fascinado desde la primera vez que leí el texto. Sin embargo, fue suficiente para que la minoría intransigente logre la unanimidad deseada por Roma. El padre Juan González Morfín comunicó recientemente mi sentir a Paolo Valvo, quien contestó en mayo de 2015:

"Lo que afirma Meyer es formalmente correcto: en el telegrama del cardenal Gasparri de 21 de julio no se hace mención de la suspensión del culto público. Pero hay muchos indicios que muestran que el pontífice aprobaba la decisión tomada por la 'mayoría' del episcopado [cuando] el cardenal Boggiani habló explícitamente de 'regresar al ejercicio privado del culto' y Pío XI aprobó su postura intransigente contra la posición moderada de Gasparri." El texto del telegrama es exactamente el mismo de la "provista" que fue escrita en el verbal a conclusión de la sesión de la aes y que citaba palabras textuales del cardenal Boggiani: "Sabemos que en la mañana del 21 de julio -antes de que el telegrama de respuesta fuese enviado a Cuba- el Papa recibió en privado al obispo de Tulancingo, monseñor Vicente Castellanos y Núñez, que había sido encargado por el Comité Episcopal de representar la posición del episcopado mexicano ante la Santa Sede y el Papa." Según las cartas del Archivo Vaticano y del Archivo de los Jesuitas, este encuentro fue decisivo para convencer a Pío XI de las razones de los intransigentes.

Claramente el texto del telegrama es general e implícito, pero invita a los obispos mexicanos a hacer frente común y a no cumplir actos que puedan significar -o ser entendidos por el pueblo fiel- como una aprobación de las leyes impías. Yo creo que es difícil pensar que el Papa, enviando este telegrama, no haya pensado que los obispos iban a entender sus palabras en el sentido de la intransigencia, es decir, la suspensión del culto público.

Efectivamente, monseñor Vicente Castellanos, enviado a Roma en lugar de monseñor Ruiz y Flores, vetado por los intransigentes, se encontró con el Papa el 21 de julio, "en el buen lugar, en el buen momento", en palabras del provincial Luis Vega, sj.⁴⁶ La presencia de don Leopoldo Ruiz y Flores pudo haber cambiado el curso de los acontecimientos. Le tocaría a él y a Pascual Díaz, sj, asumir la responsabilidad de los "arreglos" de junio de 1929, después de una trágica guerra civil que pudo no tener lugar.

El "partido jesuita" había ganado, pero ésa no era sino la primera batalla. La segunda se libró a favor y en contra de la "defensa armada" a lo largo de los tres años de la Cristiada; la tercera en oponer intransigentes y moderados se dio antes de los "arreglos", para impedirlos, y después de los "arreglos" para criticarlos. El "partido jesuita" no ganó la segunda y perdió la tercera batalla, porque el Papa acabó convenciéndose de que la suspensión de los cultos tenía que terminar cuanto antes y, una vez concluidos los "arreglos", prohibió la lucha armada en defensa de la Iglesia.