Introducción

En este artículo buscamos analizar un tema que generalmente recibe poca atención en los análisis sobre acciones colectivas: ¿cuáles son los resultados de un movimiento social? Específicamente, nos interesa estudiar la movilización feminista desarrollada en México en 2019 y 2020, relacionada a la violencia contra las mujeres. Ahora bien, por resultados de una movilización social es posible que se entienda una gama amplia de elementos que pueden ser considerados como los efectos de una protesta social. En este trabajo nos concentraremos en aquellas consecuciones relacionadas con la política pública, en especial dos momentos de estas acciones de gobierno: la creación de la agenda pública y los cambios concretos a los instrumentos de gobierno para la atención de un problema específico.

¿Por qué medir los resultados de un movimiento social (MS) por la agenda pública y los instrumentos de gobierno? Partimos de suponer que uno de los objetivos de los MS es lograr cambios en lo público, de tal manera que el resultado de acción podrá ser valorada a partir de su capacidad de influir en este campo social. Esto hace indispensable que iniciemos aclarando qué entenderemos por público. En un primer sentido, lo público hace referencia a la opinión pública, es decir, los medios por los cuales los individuos y las organizaciones discuten cuáles temas deben ser considerados de interés general y cuáles son los mecanismos para resolverlos.¹ En un segundo sentido, lo público hace referencia a la serie de decisiones, acciones y omisiones del gobierno que tienen como objetivo generar un bienestar colectivo. Bajo esta definición, resulta razonable sostener que una manera de conocer el resultado de una protesta es saber cómo influye en un área específica de la opinión pública: la generación de la agenda pública del gobierno y, por otro lado, los resultados de una protesta buscan influenciar los actos concretos que un gobierno utiliza para mejorar el bienestar colectivo en un tema como el que nos ocupa en este caso, la violencia contra las mujeres.

Los efectos que tienen los MS en las organizaciones, particularmente las gubernamentales e industriales, es un tema relativamente reciente. La investigación sobre teoría de las organizaciones y movimientos sociales ha buscado demostrar que los segundos son, después de la tecnología, el mercado y los cambios políticos, el sector que más influye en la transformación de las organizaciones.² Algunos textos que iniciaron este interés fueron los de Skowronek (1982), Keller (1990), Rao (1998), Hoffman (2001).³ Los MS influyen en las organizaciones por medio de protestas, cambiando por ejemplo las políticas sobre la labor infantil, pero también buscando cambios directos en el funcionamiento interno de las organizaciones por medio de demandas o boicots. Una tercera vía es por la afinidad que puede existir entre miembros de la organización con las causas del movimiento, o porque la firma comercial o instancia de gobierno se ven forzadas a trabajar con las personas que protestan.⁴

Al analizar los resultados de un MS en la generación de la agenda pública y los instrumentos de gobierno, la investigación se convierte en un tema de orden relacional y de gobernanza, es decir, buscamos entender la manera en que dos actores sociales (un movimiento social y el gobierno) interactúan para definir y resolver una problemática social específica.

El presente trabajo no será un análisis del(los) movimiento(s) feminista(s) o de las políticas públicas del actual gobierno contra la violencia de género, sino, sobre el efecto que tuvieron las MS en la organización interna y funcionamiento de tres organizaciones. En este artículo reconocemos que es imposible hablar de la existencia homogénea de un movimiento feminista; existen en realidad un conjunto muy heterogéneo de grupos, asociaciones y mujeres que individual o colectivamente participaron, impulsadas por distintas causas y razones, en algunas o todas las protestas sociales u otro tipo de actos colectivos que tuvieron lugar durante 2019 y 2020. En adelante, cuando hacemos referencia al Movimiento Feminista (MF) es para nombrar al “ciclo de movilización social”⁵ donde los distintos actos y protestas protagonizados por los grupos de mujeres tuvieron un papel central en la agenda nacional y en algunos casos, local.

Respecto a la selección de autoridades de las cuales analizaremos su respuesta ante el MF, elegimos: el gobierno federal y de la Ciudad de México, así como la autoridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aunque se trata de tres tipos distintos de organización, con características particulares, el elemento que las iguala para nuestro análisis es que las tres son organizaciones que recibieron demandas de diversos grupos y colectivos feministas durante las protestas desarrolladas en 2019 y 2020. En el caso de la UNAM, podemos considerar que fueron los sucesos en esta casa de estudios uno de los detonantes de la ola de MS feministas por todo el país, por ello la importancia de tomarla en cuenta. En el caso del gobierno federal y de la Ciudad de México, se trataba de dos autoridades autodenominadas “progresistas” y cercanas a las causas feministas que tenían poco de ser elegidas y que recibirían su “bautizo de fuego” frente a una protesta social con estas movilizaciones de mujeres.

El realizar un análisis sobre un MF que está en pleno desarrollo representa una serie de retos metodológicos de consideración. Resulta una tarea difícil determinar hasta qué momento es necesario hacer el corte del material que podemos considerar determinante y que, en este caso, va produciéndose cotidianamente. En otras palabras, resulta difícil decir cuáles pueden ser los resultados del MF en marcha, ya que podría terminar mañana o tener resultados no esperados ni por las mismas organizadoras. No obstante, el utilizar como medida de los resultados del MF los cambios o continuidades que se produzcan en la agenda pública y en los instrumentos concretos de operación gubernamental nos permite tener referentes concretos, sobre las capacidades de influir en lo público de un MS determinado.

Consideramos fundamental analizar el MF actual por varias razones: esta acción social feminista es una de las más importantes dentro de este tipo de movilizaciones sociales en México, no solo en términos del número de mujeres involucradas, sino porque se ha convertido en un tema central de la agenda pública a nivel nacional. Esta primera razón permanece ligada con la segunda. Sostenemos que el presente MF se convertirá en el MS más significativo del actual gobierno, dado que su presencia representa un desafío para los temas de agenda pública que este gobierno se había planteado, así como a sus propias capacidades para tratar y resolver una protesta que no tenían contemplada. Desde nuestra perspectiva, el MF actual tiene el potencial de convertirse en una fuerza capaz de generar un gran daño en la legitimidad y popularidad de uno de los gobiernos y de uno de los líderes políticos con más alta aceptación en la historia del México contemporáneo: Andrés Manuel López Obrador.

En un primer momento presentamos una propuesta teórica y metodológica que nos ayuda a entender cuál es la relación entre el gobierno y los MS, así como una propuesta de tipos ideales que nos permite clasificar las acciones del gobierno frente a este tipo de protestas sociales. Proponemos la existencia de cuatro respuestas: 1) automáticas o reflejo; 2) de apariencia o coyunturales; 3) oportunistas, y 4) profundas o de largo alcance. Posteriormente analizamos el contexto internacional y nacional en el que se produce esta protesta social. En un tercer apartado mostramos la serie de eventos específicos que han desencadenado una creciente protesta social de las mujeres. Iniciamos con las protestas originadas por el asesinato de estudiantes en la UNAM (el caso de Lesvy, en 2017). Este acontecimiento marcó un parteaguas para un ciclo de protestas de carácter feminista y aquí podemos encontrar las primeras respuestas de algún tipo de autoridad ante las demandas.

Como dijimos antes, el análisis no es sobre el(los) movimiento(s) feminista(s) que tuvieron lugar durante 2019 y 2020, sino de la respuesta y cambios que provocó en el gobierno federal mexicano, el gobierno de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma de México. El artículo fue elaborado, mayoritariamente, durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19, por lo que el material utilizado fue seleccionado entre aquel que estaba disponible en estas circunstancias, particularmente, aquel que era accesible por internet. Para el objetivo de este trabajo no resultaban un impedimento insalvable las limitaciones de contacto y movilidad, dado que, en la actualidad, todos los gobiernos comunican mediante distintas redes sociales sus acciones y cambios en sus programas y políticas. Las redes de comunicación también se han convertido en uno de los principales recursos tanto de los grupos que protestan como de las autoridades para hacer públicas sus opiniones sobre este tipo de acciones colectivas. En este sentido, el artículo buscó adaptarse a la investigación en tiempos de la Covid-19 y al mismo tiempo, a las nuevas formas de comunicación entre las autoridades y el público general.

En el siguiente apartado presentamos la propuesta metodológica/teórica para clasificar los resultados que tienen los movimientos sociales. Presentamos, a manera de antecedente, un breve resumen de las distintas protestas y acciones de mujeres que dieron origen a la ola de movilización social de 2019 y 2020. Posteriormente identificamos las protestas en la UNAM y después, las marchas y protestas feministas que conformaron lo que llamamos como el MF. Durante la presentación de estos últimos dos apartados realizamos el análisis sobre cuál fue la respuesta de las instituciones universitarias, de los gobiernos federal y de la Ciudad de México. Finalmente presentamos las conclusiones.

La gobernanza y los movimientos sociales

Los MS representan un reto para todos los gobiernos, a tal punto, que los distintos tipos de mecanismos que utiliza un gobierno frente a este tipo de acción colectiva constituye una forma de saber si se trata de una autoridad democrática o de otro tipo. Las protestas sociales tienen un rol y un significado muy distinto para un gobierno democrático que para uno autoritario.⁶ En el primero, una protesta es una forma legítima de organización social que permite a un grupo de personas y colectivos manifestarse de manera abierta, expresando su punto de vista sobre un tema público que consideran que no ha recibido la suficiente atención o es una situación que resulta insostenible. Para una democracia las protestas sociales no se interpretan como una amenaza o desafío a la legitimidad del gobierno, sino que constituyen una forma de expresión de grupos que pueden o no ser afines a la autoridad. En el caso de los gobiernos autoritarios, las protestas sociales son abiertamente prohibidas o son marchas públicas que violan restricciones legales, por lo que la autoridad utiliza formas de represión más o menos violentas para dispersarlas, arrestar a sus participantes y principalmente a sus dirigentes. En estos regímenes las protestas constituyen un desafío a la legitimidad de las autoridades, por lo que sus participantes son considerados como rivales o enemigos del estado.⁷

Los gobiernos, por otra parte, son un conjunto de reglas, objetivos y recursos, pero también de individuos que tienen una serie de conocimientos, experiencias e intereses que no siempre están de acuerdo con las mentadas por la organización.⁸ Esto hace, por una parte, que no sea posible hablar de una respuesta única o unificada de un gobierno, particularmente uno que funciona dentro de un escenario democrático; sino de una serie de respuestas diferenciadas que responden a la historia, cultura organizacional, recursos y reglamentos; pero también, a los individuos que dirigen o conforman en un momento específico cada organización.⁹

En los análisis de MS, particularmente aquellos realizados desde las posturas neoinstitucionales, la relación entre este tipo de acciones colectivas y los gobiernos es planteada desde una perspectiva organizacional, donde los primeros son enmarcados como parte del entorno. Desde esta perspectiva, las organizaciones requieren generar cambios internos que les permitan adaptarse a los requerimientos o cambios de su entorno. En este sentido, los MS son impulsores de cambios en el entorno de las organizaciones, lo que puede resultar en transformaciones en el comportamiento organizacional a través de sus políticas.¹⁰

Para analizar el tipo de respuesta de las organizaciones gubernamentales proponemos un gradiente de acciones de un gobierno frente a una protesta social, partiendo desde aquellas que buscan dar una respuesta de la organización a partir de los recursos ya disponibles (en este sentido es una respuesta automática), hasta aquellas que reflejan transformaciones de amplio calado que fueron necesarias implementar dentro de la organización para responder a las demandas de su entorno. Las acciones que emprenda el gobierno responden a un conjunto de elementos: el tiempo de duración de las protestas, el alcance que logren las acciones, la organización del movimiento social y la difusión que las protestas tengan en los medios de comunicación; mientras mayor sea la duración, alcance y difusión, más importantes y profundas serán las acciones gubernamentales. Pero también responden a elementos internos de la organización: implementar respuestas que demuestren “acción” por parte de la organización, activar mecanismos de discusión y procesamiento de las demandas por vías legales y/o burocráticas.¹¹

Proponemos dividirlas en cuatro grandes conjuntos, tomando como punto de partida el nivel de impacto de las acciones y de transformación de la agenda pública, el nivel de involucramiento de los grupos demandantes en dichas acciones, así como el nivel de satisfacción del MS de cumplimiento de sus solicitudes. Al primero lo llamaremos automáticos o reflejos, al segundo lo denominaremos como de apariencia o coyunturales, al tercero, oportunista y al cuarto, profundas o de largo alcance. Con respuestas automáticas o reflejos nos referimos a aquellos tipos de mecanismos que aparecen casi simultáneamente al presentarse un acontecimiento que el gobierno considere puede producir una protesta social, ya sea esta de tipo espontánea o más organizada. Tales acciones forman parte de la “cultura organizacional” y los funcionarios recurren a ellas por costumbre, imitación o porque las cosas siempre han funcionado así y son tomadas sin que exista ningún tipo de interacción entre la autoridad y el grupo social que protesta (en particular) o la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, la descalificación de las protestas adjetivándolas de golpistas o de derecha o izquierda (dependiendo del grupo en el poder o del acontecimiento), sin tener más información sobre la composición del grupo o sus demandas. Lo que nombramos como respuestas de apariencia o coyunturales son las medidas tomadas por el gobierno con el objetivo principal de simular dar respuesta a la problemática o tema reclamado, sin que exista un verdadero análisis o planeación sobre las causas y los mejores medios para resolver los asuntos demandados. Este tipo de medidas, consideramos, buscan generar una imagen de eficiencia y rapidez en la acción gubernamental, donde la consulta de las acciones se queda al interior de una agencia de gobierno o tiene lugar a nivel interinstitucional, sin involucrar de manera abierta a los actores fuera del gobierno. El tercer conjunto propuesto son las oportunistas, por ellas hacemos referencia a las acciones de distintos niveles de gobierno o agencias del mismo gobierno donde se utiliza algún acontecimiento o protesta para sacar adelante un tema de su propio interés o que les permite atacar y criticar a otros niveles o grupos de gobierno. Este tipo de acciones son frecuentes en gobiernos democráticos donde una misma fuerza política no tiene el control de todos los niveles o formas de gobierno; por ejemplo, miembros del Congreso distintos a los del grupo en el gobierno han reclamado a la autoridad federal el aumento de los feminicidios en el país y han intentado poner candados o medidas de política que son contrarias al programa de gobierno. La cuarta clasificación planteada son las medidas profundas o de largo alcance que, creemos, responden a un ejercicio de consulta, análisis y planeación que permite a las autoridades plantear respuestas que cuentan con la participación ciudadana y tienen como objetivo dar una solución integral y con resultados durables a la problemática planteada.

La era de las mujeres, del movimiento #MeeToo a “tú eres el violador”

Las manifestaciones y movimientos de mujeres que ocurrieron durante 2017 en diferentes partes del mundo marcaron un punto de partida para entender lo que hoy sucede con los movimientos feministas en México. La campaña #MeToo, que tomó fuerza a partir de la divulgación en importantes medios estadounidenses¹² de denuncias por acoso sexual en contra del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, desencadenó una iniciativa en redes sociales en el que con la etiqueta #MeToo, mujeres de todo el mundo denunciaron el acoso y violencia sexual del que han sido víctimas durante toda su vida.

El efecto del movimiento llegó a México con declaraciones de varias artistas locales, quienes también señalaron haber sufrido hostigamiento y acoso sexual en algún momento de sus carreras, por parte de altos ejecutivos de cadenas televisivas. A las actrices se les unieron las comediantes, escritoras y periodistas, entre otros grupos; en cuestión de días fueron creadas cuentas de Twitter para denunciar el hostigamiento sexual en ámbitos como los medios de comunicación, el cine, el teatro, la música, la política, la academia y la publicidad. Aunque #MeToo movilizó en redes sociales a miles de mujeres mexicanas, el impacto de este movimiento en el país no llegó tan lejos como en Estados Unidos, en dónde recientemente una corte de Manhattan declaró culpable a Harvey Weinstein por dos cargos: acto sexual criminal y violación en tercer grado.¹³

Además del #MeToo, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2017 también significó un parteaguas importante para las manifestaciones feministas. Las acusaciones de mujeres que sufrieron algún tipo de acoso sexual por parte de Trump y las grabaciones dadas a conocer durante las elecciones, donde el entonces candidato republicano hablaba sobre su manera de “tomar a las mujeres” por su vagina (grab them by the pussy),¹⁴ causaron gran indignación entre los colectivos feministas de este país. Como resultado, apenas un día después de la toma de poder del empresario, las mujeres convocaron a la primera gran movilización de la sociedad estadounidense en contra de él. Desde ese entonces, anualmente se llevaron a cabo manifestaciones en las ciudades más importantes de Estados Unidos en contra de las políticas de Trump y para luchar por los derechos femeninos y de las minorías.¹⁵ El movimiento #MeToo tuvo distintas réplicas, por ejemplo, en Francia inició el #BalanceTonPorc (#DelataATuCerdo), en Rusia #IAmNotAfraidToSpeak, Italia #QuellaVoltaChe (Aquella vez que) y en España #YoTambién.

Dentro de este contexto, a partir de 2017 las marchas y manifestaciones de mujeres en México comenzaron a tomar mayor notoriedad, alentadas tanto por el escenario mundial como por la escalada de violencia contra las mujeres al interior del país. La marcha del 8 de marzo de 2017 (Día Internacional de la Mujer) en la Ciudad de México, si bien registró una relativa baja asistencia, 3 mil mujeres según datos de la Secretaría de Gobierno capitalina, recibió una amplia cobertura en los medios de comunicación.¹⁶

El ámbito académico y universitario ha formado parte fundamental dentro del crecimiento de los movimientos feministas mexicanos, que de igual forma cuentan con referentes internacionales como el movimiento feminista chileno, que en 2018 reunió a miles de estudiantes chilenas quienes accionaron para, en cuestión de semanas, tomar y cerrar facultades de al menos 15 universidades de ese país en reclamo de los abusos y acoso por parte de docentes hacia estudiantes, así como de la enseñanza y exaltación de prácticas sexistas. La efervescencia de un fenómeno tal en el país que por décadas ha sido considerado como modelo político y económico a seguir en Latinoamérica, mostró que también en esos contextos persisten las prácticas machistas y violentas contra las mujeres. La máxima expresión de este movimiento, que dio la vuelta al mundo e impactó de manera importante en México, ocurrió a en noviembre de 2019 cuando durante una protesta en la ciudad de Valparaíso el colectivo feminista Las Tesis interpretó el himno “Un violador en tu camino”.¹⁷

Al grito de “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”, el performance fue replicado en ciudades como Berlín, París, Madrid, Bogotá, Londres y, por supuesto, la Ciudad de México, en donde miles de mujeres de todas las edades tomaron el Zócalo capitalino para demandar el alto a la violencia; de manera simultánea, el performance fue realizado en Ciudad Universitaria, frente al edificio de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).¹⁸

Finalmente, otro movimiento internacional que las feministas mexicanas acogieron desde su inicio es la “marea verde”, originada en Argentina como expresión a favor de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Los pañuelos verdes que caracterizan el movimiento vieron por primera vez la luz el 8 de marzo de 2018 al calor de la discusión de la aprobación de la ILE en la Cámara de Diputados y el Senado argentinos;¹⁹ a pesar que al final la iniciativa fue rechazada, la ola de la “marea verde” llegó a México para poner en la agenda pública la ILE e incentivar iniciativas de despenalización del aborto en estados como Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chihuahua y el Estado de México, entre otros.²⁰

El grito de la UNAM: la primera línea de acción de la autoridad

Los colectivos feministas dentro de las universidades mexicanas, particularmente los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han resultado fundamentales para explicar el ciclo de protestas de este MS en México, así como el tipo de respuesta de las autoridades universitarias y de gobierno. En los últimos tres años, los grupos feministas de los diversos planteles y facultades de esta casa de estudios presentaron una serie de reclamos relacionados con la calidad de las instalaciones, las medidas de seguridad para los estudiantes, la transparencia y honradez de las autoridades en temas como la asignación de clases y plazas, pero principalmente casos de acoso y abuso sexual por parte de profesores y estudiantes hacia mujeres estudiantes y profesoras. Aunque desde antes ya existían protestas periódicas contra el acoso sexual en la UNAM, tales manifestaciones no atrajeron la atención de una parte significativa de los miembros de la comunidad universitaria. Esta situación comenzó a cambiar por los homicidios de universitarias dentro de los campus. El asesinato en mayo del 2017 de Lesvy Osorio en la zona de Ciudad Universitaria se convirtió en paradigmático por la falta de interés de las autoridades capitalinas y de la universidad por resolver este tipo de casos.²¹ Después del caso de Lesvy, le siguieron otros como los de Miranda²² y Aideé, estudiantes del CCH plantel Oriente; en total, la UNAM contabilizó en solo dos años (2017-2019) seis alumnas asesinadas.²³ Un caso posterior, ocurrido en el 2020 fue el de María del Rosario, jefa de departamento de la Facultad de Medicina.²⁴

Estos acontecimientos detonaron en protestas de estudiantes que promovieron el paro de actividades desde noviembre de 2019. La suspensión de clases inició en las facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales, de Psicología, de Artes y Diseño, de Economía y de Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como en los planteles Azcapotzalco, Sur y Oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y las Preparatorias 3, 6, 8 y 9.²⁵ El alcance fue tal de la demostración, que alrededor de 15 institutos detuvieron actividades con el objetivo de mostrar su rechazo a la violencia y acoso contra las mujeres.²⁶ Sin embargo, las manifestaciones no se limitaron al ámbito de la UNAM, a ella se unieron más universidades como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Autónoma del Estado de México, la Autónoma de Campeche, la Autónoma de Hidalgo y la Universidad del Noreste, entre muchas otras. Esto demostró que el aumento de los feminicidios, la violencia y acoso contra las mujeres no son exclusivos de una ciudad o institución, sino que constituyen un problema extendido por todo el país. Lo anterior quedó claro durante las actividades de conmemoración del 8M del 2020, en las que universitarias de todo el país realizaron marchas, pegaron pancartas y hojas (estas últimas fueron nombradas como “los tendederos” haciendo alusión a la frase de “sacar los trapitos al sol”)²⁷ donde documentaron con nombre y apellidos a docentes y administrativos que durante años han acosado tanto a estudiantes, como profesoras o administrativas; de esta forma, en los tendederos del acoso por primera vez muchas mujeres se atrevieron a contar sus historias.

Las autoridades universitarias tuvieron al inicio respuestas reflejo, que se producen cada vez que las instalaciones son tomadas por estudiantes. Estas consistieron en la expedición de comunicados donde corroboraban la suspensión de actividades, sin mencionar las razones del paro o alguna postura de la autoridad respecto a las demandas, pero haciendo llamados al diálogo o buscando directamente entablar conversaciones con los paristas.²⁸ Otro tipo de respuesta reflejo es la creación de comisiones internas, en el caso de la UNAM la “comisión independiente y autónoma” y “comisión de equidad y género”, esta última ya existente.²⁹ La creación de comisiones como respuesta a las demandas estudiantiles representan lo que Velázquez llamó una “muralla de papel”, es decir, medidas institucionales que buscan dilatar la posible solución con reuniones y acuerdos burocráticos.³⁰

Los contingentes feministas y grupos de apoyo que encabezaban los paros no aceptaron la propuesta de la autoridad universitaria de que esta problemática se resolvería mediante las mesas de negociación y la suspensión de actividades académicas continuó. Ante ello, las autoridades utilizaron un segundo nivel de respuestas, las que nosotros denominamos respuestas coyunturales. En un comunicado inédito, el 12 de noviembre la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM reconoció errores en la atención a víctimas de violencia de género, pidieron disculpas y aceptaron parcialmente las demandas como la destitución de la titular de la Atención a Víctimas y revisar el funcionamiento de esta dependencia.³¹ El mismo día, la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM lanzó una convocatoria para que todas(os) los integrantes de la comunidad universitaria hicieran propuestas para combatir la violencia de género. Esta última acción es otro tipo de respuesta reflejo. La estrategia de recepción de propuestas buscaba demostrar la voluntad de la autoridad universitaria por resolver el problema, pero, al mismo tiempo, era una idea vaga y sin fechas, donde se diluía la participación de los grupos que encabezaron las protestas dentro del conjunto de la “comunidad universitaria”, lo que le restaba protagonismo y liderazgo a estos grupos, no solo dentro de la misma consulta, sino en el procesamiento de los resultados de la misma que serían sistematizados por “un grupo de universitarias comprometidas y expertas en el tema”.³²

Un orden distinto de respuestas reflejo ante las protestas universitarias de la UNAM fueron los actos violentos, encabezados por grupos jóvenes que se mezclaban con los estudiantes durante sus protestas. En el MF que aquí analizamos, todavía no ha sido posible identificar quiénes son los que patrocinan o respaldan este tipo de grupos y acciones; sin embargo, su presencia es constante en las protestas universitarias contemporáneas y ha sido utilizada para descalificar o desviar la atención a las demandas centrales de los grupos que se movilizan. El 14 de noviembre una protesta de estudiantes frente a la rectoría central terminó con actos vandálicos de estos grupos. Aunque las autoridades universitarias condenaron los daños fueron cuidadosos de separarlos de los problemas de violencia de género dentro de la universidad.³³

El 21 de noviembre la Facultad de Filosofía y Letras hizo pública una respuesta a las demandas de los estudiantes en la que se planteaban lo que denominamos como respuestas de apariencia; buscaban dar una solución parcial a lo que los estudiantes exigían: 1) modificación de artículos específicos del Estatuto General de la UNAM; 2) la destitución de funcionarios del área jurídica, y 3) la creación de una comisión tripartita (alumnas, profesoras y trabajadoras) que sería integrada a partir de las propuestas de cualquier miembro de la comunidad, por lo que no necesariamente las participantes en las protestas serían miembros. De nueva cuenta, más que buscar un cambio sustancial en las relaciones y estructuras que permiten y toleran el abuso a las estudiantes, se estaba erigiendo una “muralla de papel” en la forma de nuevas organizaciones y cambios menores en los reglamentos.³⁴

#NiUnaMenos. Marchas feministas

La cobertura y la narrativa que los medios de comunicación hacen sobre los movimientos sociales son dos puntos cruciales para este tipo de acciones colectivas. En México, la cobertura que realizan los medios de comunicación tradicionales y las plataformas digitales de las protestas reflejan la pluralidad y las diversas maneras en que el MF es interpretado actualmente. Aunque cada periódico o medio de comunicación tiene su propia línea editorial y preferencia en el espectro político ―no existe la cobertura “objetiva” de las protestas sociales en México―, es posible reconstruir a partir de estos canales de información las distintas marchas y las reacciones que los funcionarios y las instituciones tuvieron frente a estas. A continuación, analizaremos las respuestas gubernamentales al tiempo que hacemos una cronología de las marchas feministas a partir de marzo de 2019.

El 8 de marzo de 2019, miles de mujeres se congregaron en la Ciudad de México para marchar en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer; participaron colectivos feministas, familiares de mujeres desaparecidas y violentadas, estudiantes, periodistas y muchos más grupos de mujeres. Todas con la misma consigna: exigir un alto a la violencia feminicida, no a la criminalización del aborto y legislación a favor de los derechos de las mujeres.³⁵

A pesar de la magnitud del evento, el tema no trascendió en muchos medios, al día siguiente las portadas de los diarios nacionales Reforma, Excélsior y La Jornada destacaban otros temas como la compra de curules en el Congreso de la Unión y el estado crítico del sistema de salud capitalino;³⁶ únicamente El Universal puso en su portada “Prevalece la violencia contra la mujer en México”.³⁷ En ese momento, el debate sobre temas de género se concentraba en la legislación sobre el aborto y la postura tanto del presidente como del líder de Morena en el Senado era que “no era momento de polemizar sobre el asunto”.³⁸

Para el 12 de agosto, las mujeres capitalinas volvieron a tomar las calles, esta vez en protesta por varios casos de violación en los que policías eran señalados como presuntos responsables y, nuevamente, para condenar la violencia de género. El contingente marchó de las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la sede de la Procuraduría de la Ciudad de México, al llegar ahí, entre gritos realizaron algunas pintas a las oficinas. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, José Orta, salió del edificio para hablar con medios de comunicación y las manifestantes arrojaron “diamantina” color rosa, a lo que el funcionario reaccionó molesto y declaró que existía un clima radicalizado y sin disposición al diálogo.³⁹ La marcha y la confrontación del funcionario con las manifestantes provocó dos respuestas reflejo por parte de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Primero, la funcionaria (des)calificó a la protesta del 12 como un acto de “provocación”, sin realizar ninguna reflexión sobre las causas que provocaron esta movilización. Acto seguido, tuvo una segunda respuesta reflejo informando que el Gobierno de la Ciudad de México abriría carpetas de investigación contra quienes resultaran responsables de los daños en los edificios.⁴⁰

La descalificación y amenaza de procesos judiciales que hizo la jefa del Gobierno a las participantes en la marcha del 12 de agosto lejos de disuadir a las manifestantes, funcionaron como un aliciente. El 16 de agosto, las mujeres tomaron de nueva cuenta las calles de la Ciudad de México con el grito unánime de: “exigir justicia no es provocación”. Las protestas se replicaron en varias entidades como Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, entre otros. La respuesta automática (que resultaba consistente con la postura de la autoridad) provino ahora por parte de los medios de comunicación impresos, digitales y televisivos, quienes en su gran mayoría resaltaron la parte disruptiva de la protesta mostrando imágenes de las pintas en estaciones del Metrobús, en algunos espacios como el Ángel de la Independencia, la Glorieta Insurgentes y el incendio a una estación de policía.⁴¹

Ante el crecimiento de la protesta feminista en número y lugares, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, decidió continuar con un tipo de respuesta automática condenado ahora los medios usados para protestar, pero no las razones de la acción colectiva. El 17 de agosto (un día después de la marcha), Claudia Sheinbaum declaró que era cierto que hay hartazgo, “pero la violencia no puede justificarse de esa manera, la violencia hacia las mujeres no se resuelve con más violencia”; de igual forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a decir que quienes se manifiesten deben hacerlo sin violencia y cuidando el patrimonio cultural, pues “¿qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso los derechos de las mujeres, con la destrucción?”.⁴²

En el caso de México, la respuesta automática por parte de los gobiernos es en parte un ejercicio discursivo retórico, donde la autoridad responde a las críticas que una protesta supone a su funcionamiento asegurando que está realizando su trabajo. En este sentido, en la conferencia “mañanera” del presidente de México, posterior a la marcha del 16 de agosto, respondió a los cuestionamientos que la prensa le hizo respecto a que el número de feminicidios y la violencia eran detonantes de las manifestaciones:

[…] estamos trabajando todos los días con ese propósito, ese es nuestro tema principal, garantizar la seguridad de hombres y mujeres. No estamos desatendiendo el problema. No lo estamos delegando a otros. Casi todo el gobierno está orientado a garantizar la paz en el país.⁴³

A las pocas semanas de estos acontecimientos, concretamente el 8 de septiembre, en la Ciudad de México ocurrió la marcha del silencio, en la que cientos de mujeres y sus familiares se manifestaron para exigir justicia contra feminicidios y hacer un llamado para localizar a las mujeres que permanecen desaparecidas.⁴⁴ Esta movilización contó con una mayor presencia de participantes que las anteriores marchas feministas de este mismo año.

Otra forma de respuesta automática de los gobiernos mexicanos, particularmente contra aquellas marchas que consideran contrarias a sus posturas políticas, es ignorarlas. La frase que el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) utilizó respecto a las protestas de diputados perredistas en 1994 contra su informe de gobierno: “ni los veo, ni los oigo”, ejemplifica dicha postura. La protesta pacífica del 8 de septiembre recibió poca atención por parte de las autoridades locales, estatales y federales, al grado que ningún funcionario quiso hacer declaraciones al respecto. Por su parte, el presidente en su conferencia matutina del día siguiente de la movilización no hizo mención alguna a este tema; habló sobre el Presupuesto de Egresos 2020, impuestos, corrupción y reforma energética, pero nada relacionado con violencia de género.⁴⁵

Sin embargo, una semana después, el 15 de septiembre, se dio una respuesta coyuntural, el presidente envió a la Cámara de Diputados la propuesta de Ley de Amnistía, en la que, en caso de aprobarse, se beneficiaría a mujeres condenadas por aborto, así como a los médicos o parteras que participaron.⁴⁶

Días después, concretamente el 25 de septiembre, el movimiento feminista consiguió un logro importante: la despenalización del aborto en el estado de Oaxaca. Con 24 votos a favor y 10 en contra, el estado se convirtió en la segunda entidad a nivel nacional, después de la Ciudad de México, en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Durante el debate generado días antes de la votación, más de 130 organizaciones sociales y colectivos de mujeres se manifestaron a favor de que los diputados de Oaxaca dieran luz verde a la iniciativa; uno de ellos, el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, de igual forma exigió frenar la intromisión de creencias religiosas en la vida pública y política del estado.⁴⁷

Para el 3 de octubre, la Secretaría de Gobernación también mostró un pequeño avance, una respuesta coyuntural, en materia de atención a la violencia contra las mujeres, al emitir una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para siete municipios del Estado de México por desaparición de mujeres, convirtiéndose en la primera de este tipo a nivel nacional. Ante esto, organizaciones civiles como Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos, la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia consideraron que la activación de la alerta representaba un avance y abría un camino de esperanza; empero, lanzaron un exhorto al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, a reconocer públicamente la crisis de desapariciones y acatar puntualmente las recomendaciones ordenadas por la alerta.⁴⁸

En la recta final de 2019, el 25 de noviembre en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cientos de mujeres marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, la demanda fue la misma de las anteriores manifestaciones de este mismo año: alto a la violencia machista y a los feminicidios.⁴⁹ Ante ello, las autoridades de la Ciudad de México decidieron comenzar un despliegue de respuestas coyunturales, en este caso, no orientadas a resolver las demandas de los grupos que protestan, sino a reducir las consecuencias que tendría para la autoridad, los edificios y monumentos públicos frente a la movilización. Con este fin, el gobierno capitalino pidió que “voluntariamente” más 2 mil servidoras públicas (vestidas de blanco) formaran un “cinturón de paz” alrededor de los edificios públicos o estatuas que anteriormente habían sido pintadas. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que las servidoras públicas se inscribieron libremente para participar en el operativo; ninguna de las funcionarias que participó recibió algún curso o preparación que le ayudara a manejar una situación de este tipo y tampoco se les dotó de equipo para su seguridad personal.⁵⁰ La respuesta coyuntural del cinturón de seguridad parecía tener dos objetivos: proteger los edificios públicos y de no ser esto posible, generar desprestigio a las participantes de la movilización (y con ello a su causa) al confrontarlos con funcionarias desarmadas y sin ninguna otra forma de protección que sus propios cuerpos.

Entretanto, durante “la mañanera” en Palacio Nacional, el presidente utilizó una respuesta automática queriendo presentarla como parte de su respuesta coyuntural, es decir, recurrió de nueva cuenta al ejercicio discursivo retórico sobre la labor del gobierno, queriendo presentarlo como acciones nuevas contra el problema creciente de la violencia contra las mujeres: “lo más importante es dar a conocer todas las acciones que se están aplicando para evitar la violencia contra las mujeres”. En esta misma conferencia, del 25 de noviembre, se presentó la respuesta coyuntural, en este caso, la firma de un convenio con ONU Mujeres y la iniciativa de adicionar la violencia digital como delito. No obstante, en los medios de comunicación nacionales, los temas que acapararon mayor atención fueron la aprobación del T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) y la situación con los cárteles mexicanos.⁵¹

La violencia de género y las marchas feministas no son temas recurrentes dentro de la agenda presidencial. En la conferencia presidencial del día siguiente del anuncio del convenio con ONU Mujeres, el presidente no realizó ninguna referencia a este tema y la conferencia fue dedicada en su mayor parte a la presentación del plan de infraestructura para el fomento a la inversión privada en el país. Esta falta de mención del tema contrasta con una tendencia del presidente de hablar por varios días consecutivos de algunos temas como el neoliberalismo, los gobiernos anteriores o la corrupción.⁵²

El 3 de diciembre el Congreso de la Ciudad de México generó una respuesta de tipo oportunista aprobando la llamada “Ley Olimpia”, con la que se busca sancionar la violencia digital, que consiste en la divulgación de imágenes de contenido sexual, sin consentimiento de las personas involucradas. Decimos que se trata de una medida oportunista porque se trataba de una iniciativa de ley que ya había sido aprobada en otras entidades del país como Chiapas (5 de marzo), Coahuila (12 de julio), Baja California (20 de junio) y Aguascalientes (28 de noviembre), entre otras entidades, pero que no había sido aprobada en la Ciudad de México y se aprovechó la coyuntura de las marchas para impulsarla. No obstante, esta ley en el medio y largo plazo puede constituir una respuesta profunda, que ayude a disminuir algunas de las formas de violencia contra las mujeres. Esta ley, que reformó el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también reconoce como delito el grooming, entendido como el hecho de solicitar por medios de transmisión imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas a menores de edad. Las penas por estos delitos oscilan entre cuatro y seis años de prisión.⁵³

El fin de año generó múltiples reflexiones de feministas que actualmente, sin ser líderes del movimiento, son voceras del trabajo y de las luchas que cada grupo de mujeres hacen desde sus trincheras, ese es el caso de Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), quien el penúltimo día de 2019 publicó en el medio digital Animal Político una columna en la que celebraba las acciones feministas y logros alcanzados durante el año:

Este año fue de grandes retos para el feminismo, que una y otra vez logró impactar a la sociedad en temas de acoso, violencia, feminicidios, igualdad y aborto. La sociedad civil, no sólo las organizaciones sino las mujeres movilizadas, han sido las protagonistas de un movimiento que se ha colocado en la vanguardia y detonado discusiones para cambiar paradigmas… Las movilizaciones organizadas, la puesta en marcha de nuevas redes, la viralización de la demanda y la utilización de nuevas herramientas para visibilizar la violencia contra las mujeres representan una oportunidad única en la que GIRE, sin duda, estará presente […].⁵⁴

Recién inaugurado el 2020, la actividad del movimiento feminista tuvo una respuesta coyuntural en los medios de comunicación; pasando de ser una nota marginal para convertirse en una de las acciones colectivas que más atención recibió por parte de la prensa. Muestra de ello es, por ejemplo, la portada de La Jornada del 30 de diciembre de 2019, en la que se destaca que durante ese año se registraron 507 mil casos de violencia contra mujeres en México; por su parte, el 14 de enero de 2020, el diario El siglo de Durango también resaltó en su primera plana que en 2019 creció la violencia contra mujeres.⁵⁵

El 15 de enero las alumnas que mantenían en paro la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM tuvieron un encuentro con autoridades universitarias que concluyó con la firma de una carta compromiso en la que el director de la facultad, Jorge Enrique Linares, se obligó a atender las demandas de las paristas, entre las que resonó la atención efectiva a las denuncias por violencia de género.⁵⁶ Esto significó un cambio en la respuesta de la UNAM ante las protestas, pasando de una respuesta automática a una coyuntural, donde se asumió la necesidad de generar cambios, aunque tampoco fueron específicos sobre estos. Este acuerdo pasó desapercibido en los comentarios matutinos del presidente de la República hasta 15 días después, cuando en la “mañanera” del 31 de enero recomendó a las partes involucradas en el conflicto de la UNAM mantener el diálogo y que “se pusieran de acuerdo”.⁵⁷

El 4 de febrero, la situación en la máxima casa de estudios del país volvió ser noticia cuando un total de 11 planteles se sumaron al paro iniciado en Filosofía y Letras, este suceso, convocado en su mayoría por redes sociales, fue acompañado por una protesta frente a la torre de rectoría en la que un grupo de manifestantes entregó un pliego petitorio. Hubo pintas en el edificio, vidrios rotos y algunos incendios, hechos que originaron una respuesta automática mediante la difusión de un comunicado institucional en el que se reprobaban dichas acciones.⁵⁸

Al día siguiente un conjunto de respuestas automáticas hizo eco de lo dicho por las autoridades universitarias, el Ejecutivo nacional declaró que había “mano negra”⁵⁹ en las protestas universitarias; reiteró que se debían evitar los paros injustificados y la manipulación política. En el mismo tenor, el rector de la UNAM, Enrique Graue, consideró que esas acciones tuvieron dos caras, la de los universitarios y la de los provocadores con intereses ajenos; aseguró que lo ocurrido no desestabilizaría a la institución, ni generaría una respuesta violenta.⁶⁰

En medio de esta situación se presentó una respuesta coyuntural muy utilizada por las autoridades mexicanas: difundir o filtrar una acción judicial contra una persona, buscando con ello demostrar capacidad y respuesta a las críticas. El 5 de febrero la mayoría de los periódicos nacionales publicaron que un alumno de la UNAM fue el primer vinculado a proceso por la Ley Olimpia. El estudiante de 21 años adscrito a la Facultad de Ciencias fue acusado de grabar a una compañera en los baños, por lo que fue abierta la carpeta de investigación por el delito de acoso sexual.⁶¹

El 11 de febrero fueron convocadas otras dos marchas, esta vez en contra de los medios de comunicación que hacen de los feminicidios un espectáculo de sangre; periódicos como La Prensa compiten por tener las imágenes más explícitas sobre hechos sangrientos. El asesinato de Ingrid Escamilla publicado en primeras planas fue interpretado como una respuesta automática contraria al movimiento feminista, generando una “revictimización de la víctima”, así como una normalización de la violencia contra las mujeres convirtiéndolo en un espectáculo que genera ganancias; las mujeres no solo tienen que enfrentar la inacción de las autoridades, sino a un sector de la prensa que decidió explotar este tipo de horror.

Las protestas cambiaron la imagen de la ciudad aquel fin de semana, los globos y flores conmemorativos de San Valentín fueron reemplazados por pancartas, gritos, pañuelos verdes, capuchas y cientos de mujeres exigiendo justicia. Mientras que el 14 de febrero el contingente se concentró a las afueras de las instalaciones del diario La Prensa, el sábado 15 los reclamos llegaron hasta Palacio Nacional.⁶²

Un día antes de que las manifestantes tomaran las calles, el 13 de febrero, el presidente de la República ordenó un conjunto de respuestas automáticas que continuaban con la práctica retórica: ordenó a la Secretaría de Gobernación investigar y castigar la filtración y la publicación de las imágenes aunque esto no quedó más que en una declaración matutina;⁶³ no obstante, minimizó el problema, aludiendo que solo se trataba de viejas prácticas del gobierno y reiteró que su administración trabaja para combatir estos delitos contra las mujeres.⁶⁴ Días después que las manifestaciones feministas llegaran a Palacio Nacional, el lunes 17 de febrero, el presidente tuvo de nuevo una respuesta automática: pidió a las mujeres no rayan, ni pintar las puertas y paredes.⁶⁵

Estos hechos también ocurrieron en el marco de un debate donde las autoridades federales, particularmente el titular de la Fiscalía de la República propuso eliminar la tipificación del feminicidio como delito. Esta propuesta no oficial (pero que fue hecha dentro de un evento público) se filtró a los medios de comunicación a finales de enero;⁶⁶ en el contexto de las manifestaciones feministas la sola sugerencia o posibilidad de que desapareciera el delito de feminicidio (cuya adopción dentro de las leyes mexicanas es considerado una victoria del movimiento feminista) causó mucha indignación y rechazo. El fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, tuvo que salir a aclarar que no se eliminaría el feminicidio en México, pero sus palabras dejaron más dudas que respuestas: “no quiero desaparecer el feminicidio, sino facilitar su investigación […] lo ideal sería homologarlo”.⁶⁷ Este intento fallido y no reconocido de la autoridad federal por cambiar el delito de feminicidio aumentó el distanciamiento entre el titular del ejecutivo y los grupos feministas.

No obstante, diputadas pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como Wendy Briceño, dieron una respuesta coyuntural que buscaba minimizar el impacto negativo que la situación originó hacia el presidente, declarando que el Congreso de la Unión no avalaría ningún retroceso, puesto que el presidente así lo había dicho. Por su parte, Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), en ese momento manifestó que, aunque la tipificación del feminicidio pareciera un asunto superado:

[…] preocupa que a estas alturas el fiscal plantee esta iniciativa. Desconoce las razones por las que se tipificó el feminicidio, no es solo algo legal, sino el reconocimiento del contexto de violencia que se visibilizó desde los 90 en Ciudad Juárez. A pesar de que llevamos varias décadas con estas demandas, el número de víctimas mortales no ha hecho más que crecer.⁶⁸

Como si lo anterior fuera poco, días después, el caso del asesinato de la niña Fátima acaparó todos los reflectores: Fátima era una niña de siete años quien desapareció el 11 de febrero al salir de su escuela ubicada en el sur de la Ciudad de México; tras seis días de búsqueda su cuerpo fue hallado en bolsas de basura con señales de tortura. En esta ocasión las respuestas automáticas por parte de las autoridades, la jefa de Gobierno y el presidente, fueron condenar los hechos y asegurar que se investigaría a fondo para dar con los culpables y castigarlos conforme a la ley; sin embargo, el presidente culpó “a la moral individualista y al pensamiento conservador” de la violencia feminicida.⁶⁹

Dentro de este contexto, las manifestaciones feministas han tenido como característica, entre otras cosas, no tener liderazgos visibles sino funcionar más bajo la idea de una “asamblea”.⁷⁰ Esto tuvo como resultado un cierto alejamiento de las actuales manifestantes frente al feminismo “histórico”. Como resultado, algunas voces reconocidas buscaron dar una respuesta oportunista que les permitiera mantener su rol de lideresas de opinión en estos temas. Este fue el caso de Marcela Lagarde, quien desde hace varias décadas es referente de la lucha feminista y quien en una entrevista para el diario El País reveló que difiere con el presidente de la República en que él encuentre la causa de la violencia contra las mujeres y las niñas en el neoliberalismo.

[…] me parece que le falta perspectiva de género. No acaban de comprender que tenemos que desarticular, modificar y hacer una reforma del Estado. El presidente dijo: ‘No somos machos’ y se cree que porque lo dice se cumple. Se equivoca, son machos, aunque no lo quieran aceptar. El estilo de hacer política, las estructuras políticas, el sistema político son patriarcales. Me parece inaceptable que quienes dirijan este país no tengan una formación profunda en estos temas. Conozco funcionarios y funcionarias que son bastante machistas, simuladores que no hablan con la ciudadanía. Nosotras queremos el trato de ciudadanas, no de vulnerables.⁷¹

Es así como, entre el debate político, la crisis de violencia, feminicidios, la ineficiencia del sistema para brindar seguridad a las mujeres y las respuestas automáticas, coyunturales (pocas) y oportunistas (las menos), llegó la fecha conmemorativa más importante para la lucha feminista, el 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.

Las marchas del 8 de marzo de 2020 fueron distintas a las que anteriormente tuvieron lugar en México: el número de mujeres presentes en las distintas ciudades rebasó ampliamente el que existió en las movilizaciones de años anteriores, los grupos mostraron un notable grado de organización y coordinación. Esta fue una demostración de fuerza del feminismo mexicano, donde estos grupos (sin duda diversos) demostraron su hartazgo y sus ganas de luchar por una vida verdaderamente libre de violencia, libre de acoso y libre de machismo. Miles de manifestantes desbordaron el centro de la Ciudad de México, contingentes de varios estados del país y de todas clases sociales se unieron para gritar: ¡ya basta! Al final, el Zócalo capitalino, sus principales arterias y monumentos se pintaron de morado y llenaron de consignas.⁷²

Aunque la megamarcha de la Ciudad de México tuvo el “visto bueno” de las autoridades locales, el gobierno de la ciudad tuvo la misma respuesta automática de anteriores marchas, buscando proteger los monumentos y edificios, se colocaron mamparas y dispusieron a mujeres policías desarmadas. Esto fue interpretado por algunas manifestantes como una especie de desafío por lo que intentaron adueñarse de los espacios resguardados. El día posterior a la manifestación, el presidente mencionó que la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer trascurrió en general, sin problema: “sólo tuvo algunos actos de provocación de violencia, pero muy aislados… grupos que quisieron provocar y afortunadamente los encargados del orden, en su mayoría mujeres, resistieron y no cayeron en la trampa de la provocación de la violencia”.⁷³ El paro de mujeres que en ese momento se llevaba a cabo, no fue mencionado; el presidente se limitó a decir que continuaría combatiendo la desigualdad económica y social.⁷⁴

Porque sí, tras la marcha, fue convocado el 9 de marzo el paro nacional “Un día sin mujeres”, en el que se invitó a todas las mujeres mexicanas a “desaparecer” por un día, a dejar escuelas, trabajos y todos los lugares públicos con la finalidad de visibilizar masivamente la importancia de las mujeres en todas las actividades económicas, sociales y culturales; y para recordar que cada día 10 mujeres son asesinadas en México, que cada día 10 mujeres no llegan a sus casas, a sus trabajos o a sus escuelas.

El paro generó mucha controversia; sin embargo, fue aceptado por una gran cantidad de mujeres, la Ciudad de México fue el sitio donde tuvo mayor impacto esta acción, el transporte público, las tiendas, escuelas y hospitales, entre otros sitios, lucieron vacíos. No obstante, entre el 8 y 9 de marzo 21 mujeres fueron asesinadas, según el reporte diario de víctimas de homicidio del gobierno federal.⁷⁵

Conclusiones

Las contribuciones de este artículo buscaron ser dos: por un lado, una propuesta teórica-metodológica que permitiera clasificar y analizar las respuestas que las autoridades tienen frente a un movimiento social: automáticos o reflejos, de apariencia o coyunturales, oportunista y profundas o de largo alcance. Esta clasificación fue realizada considerando cuál es el alcance que busca tener la acción del gobierno frente a los distintos tipos de manifestaciones de un grupo social que protesta. Esta clasificación podría funcionar para hacer tanto un análisis sobre la frecuencia con la que un gobierno responde de cierta manera, así como para realizar un análisis cualitativo que permitiera interpretar cuál es el sentido que tiene para la autoridad usar preferentemente cierto tipo de respuestas ante las movilizaciones sociales.

El segundo aporte está relacionado concretamente con los movimientos feministas que se presentaron en 2019 y 2020 en México. Este artículo ha buscado contribuir en analizar la respuesta, en términos de política pública, que ha tenido el gobierno mexicano ante esta acción colectiva.

En términos generales, podemos concluir que las movilizaciones feministas en México atraviesan por una oportunidad política paradójica: por un lado, sus demandas nunca han recibido tanta aceptación y respaldo entre la población y las autoridades. La igualdad de género se ha convertido en una política transversal y un discurso socialmente valorado como importante; los políticos que han sido grabados expresando comentarios machistas o misóginos han sufrido sanciones que van desde una amonestación hasta la pérdida de su cargo. Empero, a pesar del apoyo en las calles y las autoridades, los ataques contra mujeres, asesinatos, violaciones y la violencia intrafamiliar continúan creciendo, las autoridades encargadas de proteger a las víctimas son omisas o francamente solapadoras de los comportamientos violentos, perpetuados por otros hombres y al final de día, estamos presenciando uno de los momentos más significativos de los movimientos feministas mexicanos, pero sin que las autoridades respondan con cambios que reflejen la dimensión de la crisis de inseguridad hacia las mujeres por la que atraviesa el país.

Como buscamos demostrar a lo largo de este análisis sobre las respuestas de las autoridades universitarias, federales y estatales (principalmente del gobierno de la Ciudad de México) a las protestas feministas, estas fueron principalmente de tipo reflejo, coyunturales y oportunistas. Lo anterior muestra que no existe un cambio significativo en el tipo de actuación institucional frente a las movilizaciones feministas: los gobiernos anteriores y la administración de Andrés Manuel López Obrador buscan contener, descalificar y retrasar los efectos que las propuestas de estos grupos podrían tener en las políticas públicas y la impartición de justicia. El discurso de apertura ante las protestas sociales y la no represión a las manifestantes se contradice con las declaraciones de funcionarios que abiertamente atacan a las participantes, cuestionan sus objetivos e intenciones o que simplemente no realizan cambios sustanciales en las prácticas policiales y gubernamentales que detengan la violencia y desigualdad de género.

Lo anterior no significa que este movimiento no haya logrado nada, todo lo contrario, ha generado una serie de respuestas profundas en las autoridades: 1) Modificación a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Carta Magna, para establecer la obligatoriedad constitucional de observar el principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión, ordenando el mismo esquema para los estados, así como en la integración de los ayuntamientos;⁷⁶ 2) La Ley Olimpia que busca sancionar la violencia digital fue aprobada en Chiapas, Coahuila, Baja California, Aguascalientes y la Ciudad de México; 3) La Ley Ingrid que castiga en la Ciudad de México la filtración de información e imágenes de delitos en los que las víctimas hayan sido mujeres, niñas o adolescentes;⁷⁷ 4) La aprobación de la Ley del Registro de Agresores Sexuales, también para la Ciudad de México, que mandata la creación de un registro de personas con sentencia firme por la comisión de delitos de carácter sexual,⁷⁸ y 5) El cambio en la legislación interna de la UNAM para establecer la violencia de género como causa “especialmente grave de responsabilidad” (modificación a la Fracción VII artículo 95 del estatuto) y garantizar la paridad de género en la conformación del tribunal universitario (Fracción VII, artículo 99).⁷⁹