Objetivo general

Analizar la persistencia de la división tradicional del trabajo doméstico al interior de los hogares, con la finalidad de demostrar que la condición de marginalidad en zonas urbanas donde priman la escasez, la inadecuada distribución y baja calidad del agua incrementa las cargas del trabajo reproductivo y reduce las probabilidades de empoderamiento de las mujeres; situación que se torna en impedimento para la construcción de la igualdad de género y el disfrute del derecho humano al agua.

Planteamiento del problema

Para esta investigación, la noción de marginalidad ha sido fundamental toda vez que constituye una categoría analítica que permite comprender una parte de la población que no vive al margen de la sociedad capitalista, sino que se encuentra estructuralmente ligada a ella porque constituye parte esencial para su reproducción (^{Bennholdt-Thomsen, 1981}). En este mismo sentido, ^{Juliano (2004)} parte de las nociones de marginación y exclusión en la construcción de género para demostrar que la moderna sociedad capitalista e industrializada ha explotado el trabajo de las mujeres tanto en sus funciones asignadas (reproductivas), como en las toleradas (productivas) a partir de una presunta condición natural que inclinaría a las mujeres al autosacrificio y a una adscripción no cuestionada a los roles establecidos. Las mujeres marginadas están incluidas en el sistema social, pero desde posiciones periféricas, en las que no se les reconoce poder legítimo, ni prestigio. La sociedad no prescinde de las y los marginales, desarrolla políticas asistenciales, relega, “pero reconoce a la parte oscura del nosotros” (^{Juliano, 2004: 28}).

En 1975, Larissa Adler de Lomnitz, escribió en el prefacio de su ya clásico libro Cómo sobreviven los marginados, que la marginalidad ha sido objeto de estudio de las ciencias sociales desde la década de 1950, cuando fue notorio el crecimiento de barriadas en torno a las grandes ciudades como Lima, México y Río de Janeiro. En aquel entonces, ella realizó una crítica desde la antropología urbana a la predicción optimista de que los marginados serían asimilados al sistema de producción industrial. Su investigación demostró que lejos de asimilarse, las barriadas marginales se expandieron en torno a los espacios urbanos como resultado de la migración rural-urbana que lejos de mermar, se intensificó (^{Adler de Lomnitz, 1975}) pero también, se diversificó.

Hasta la década de los sesenta del siglo xx, la migración interna fue principalmente rural-urbana, concentrada en las grandes ciudades (México, Guadalajara y Monterrey). A partir de los setenta estas ciudades dejaron de ser el único destino de la migración rural, al mismo tiempo que surgieron nuevas pautas en los procesos migratorios internos que dieron lugar al crecimiento de ciudades de menor tamaño, que produjo flujos importantes de población entre distintas zonas urbanas e inclusive, de zonas urbanas a rurales. En este proceso, las grandes ciudades -particularmente la Ciudad de México- dejaron de ser el destino principal de la migración, la cual se diversificó hacia ciudades medianas, en buena medida gracias a la inversión en infraestructura (vías de comunicación, parques industriales y redes comerciales) que propiciaron el desarrollo urbano generalizado, al mismo tiempo que facilitaron la apertura económica que garantizó el ingreso de México a la globalización entre 1980-1990 (^{Partida, 2013}).

Lo interesante de este proceso es que la marginalidad entendida como categoría de análisis que permite comprender a una parte de la población estructuralmente ligada a la sociedad capitalista porque constituye parte esencial para su reproducción, lejos de disminuir, se reprodujo en todas las ciudades y conglomerados urbanos desarrollados a partir de 1980. Las y los marginados de este país son fundamentalmente urbanos, acceden a los empleos asalariados más bajos, desempeñan ocupaciones sin calificación y desvalorizadas, como el que realizan las mujeres que se ocupan en todas las versiones posibles de los servicios domésticos y del cuidado (camareras, intendentes, galopinas, empleadas de limpieza, trabajadoras del hogar, cocineras, niñeras, cuidadoras de personas mayores, barrenderas, lavanderas o planchadoras, entre otras actividades del mismo tipo), el comercio informal y el comercio sexual. La sociedad capitalista en su versión neoliberal requiere de estas ocupaciones marginales en el ingreso, invisibles en la valorización de su contribución a la economía, pero indispensables para su mantenimiento y reproducción.

A partir de estas consideraciones, el estudio de caso tiene como eje vertebral el agua de uso doméstico en hogares con jefatura femenina en colonias marginadas de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, para analizar los efectos que produce la persistencia de la división tradicional del trabajo doméstico sobre la vida de mujeres marginales que cotidianamente deben enfrentar grandes dificultades derivadas del abasto deficiente del agua.

La categoría de hogar³ suele utilizarse en los estudios sociodemográficos al mismo nivel que la de familia y unidad doméstica (a pesar de que las tres categorías tienen significados diferentes) para referirse a las unidades residenciales conformadas por un conjunto de personas -ligadas o no por lazos de parentesco- que comparte una vivienda y un gasto destinado a la manutención. Es en el ámbito doméstico donde las mujeres procrean, crían y facilitan la socialización de sus hijos, hijas y familiares dependientes, donde se reproduce la fuerza de trabajo, se organizan las actividades destinadas a la obtención y distribución de recursos monetarios y no monetarios para el consumo. Los hogares con jefatura femenina han recibido cada vez más atención por parte de los estudios sociodemográficos con perspectiva de género porque evidencian cambios en los roles de sus integrantes, visibilizan el papel de las mujeres en la organización y manutención del grupo doméstico y proponen patrones alternativos de autoridad familiar (^{de Oliveira et al., 1999}).

Es en el ámbito doméstico donde se despliega la división sexual del trabajo, entendida como una de las formas que asume la desigualdad entre mujeres y hombres. Fueron las feministas marxistas quienes insistieron en la necesidad de estudiar al trabajo doméstico para comprender la reproducción social; abordado como objeto de estudio específico gracias a la noción de género, a través de la cual se diferencia el trabajo doméstico (no remunerado) del trabajo extradoméstico (remunerado). A pesar de los avances observables en cuanto al ingreso masivo de las mujeres a la esfera del trabajo remunerado, que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial era un ámbito principalmente masculino (^{Giddens, 2009}), las mujeres siguen siendo casi las únicas responsables del trabajo doméstico, esto es, de la producción de bienes y servicios fuera del mercado laboral dirigidos al consumo de su familia (^{Rendón Gan, 2003}).

Aun cuando el trabajo doméstico es fundamental tanto para la provisión de satisfactores y la atención de necesidades básicas para quienes forman parte del hogar, la familia y la reproducción social, su valor económico apenas fue reconocido en el PIB y las cuentas nacionales del país gracias a “La cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México” (^{INEGI, 2016b}). Realizado con perspectiva de género, es el primer y único esfuerzo de análisis estadístico que permite dimensionar el aporte de los hogares a la economía nacional, con base en la producción y el consumo de los servicios del hogar no medidos en la contabilidad nacional. Según la cuenta satélite, el valor anual de las labores domésticas y de cuidados no remuneradas por persona que lo realiza según sexo, ascendió en 2015 a 49 600 pesos por cada mujer y a 18 100 por cada hombre, con una diferencia de 31 500 pesos anuales del trabajo no remunerado de las mujeres sobre el de los hombres. En cuanto al valor porcentual frente a algunos sectores económicos respecto del PIB, este mismo estudio señala que las labores domésticas y de cuidados representan 24.2 % del PIB, en tanto que las actividades manufactureras contribuyen con 17.7 %, el comercio 16.4 % y los servicios educativos con 4.2 %. En promedio, la aportación porcentual al PIB de las labores domésticas y de cuidados según sexo, se mantiene en una proporción mujeres-hombres de 18/6

Los mismos datos vistos desde la perspectiva de la carga total de trabajo (que incluye bienes agropecuarios, la recolección de productos no cultivados, la caza, la confección de prendas de vestir, la producción de calzado, la fabricación de muebles y accesorios, el suministro de agua, entre otros) medida en millones de horas por semana, da como resultado que las mujeres mexicanas destinan un total de 3 032 millones de horas semanales a su jornada, mientras que los hombres destinan 2 500. Esto da un diferencial de género de 532 horas más de carga total de trabajo para las mujeres. Medidas estas labores en horas semanales por cada mujer y hombre, tenemos que ellas dedican a las labores domésticas y de cuidados de la población de 12 años y más, 39 horas a la semana, en tanto que ellos, sólo 13. En cuanto a las labores domésticas y de cuidados de menores de entre 5 y 11 años, las mujeres emplean 4.7 horas a la semana y los hombres, 4.2. Respecto al trabajo no remunerado en bienes de autoconsumo, ellos utilizan 6.5 horas semanales y ellas, 5.2 (^{INEGI, 2016b}).

Sirvan estos datos para demostrar que la desigualdad en la participación al interior de la esfera del trabajo doméstico no remunerado indica una brecha (inequidad) en el tiempo promedio que las mujeres y los hombres destinan a los quehaceres domésticos, tanto en los hogares en donde las mujeres participan además en el mercado laboral, como en los hogares en los que las mujeres tienen dedicación exclusiva al trabajo doméstico. En el primer caso, la sobrecarga de trabajo para las mujeres es aún más notable ya que deben dividir su tiempo entre el trabajo laboral remunerado y el trabajo doméstico no remunerado, es decir, que cotidianamente realizan lo que en teoría de género se denomina doble jornada laboral (^{García et al., 1999}). Las mujeres pobres de 45 a 64 años dedican hasta 15 horas semanales más que los hombres en la misma situación, lo que representa casi dos jornadas completas de trabajo adicional por semana (^{INEGI, 2016b}).

Como sostiene Marina Subirats (²⁰⁰²) el trabajo doméstico es una nueva frontera para la igualdad, porque expresa la desigualdad en las condiciones de vida de mujeres y hombres y permite evidenciar la sobrecarga de trabajo que ellas realizan en la vida cotidiana. Sobrecarga que se incrementa en las mujeres que viven en condiciones de marginación, que no disponen de los ingresos suficientes para sustituirlo o reducirlo -porque nunca se elimina- mediante la contratación de asistencia doméstica, la adquisición de bienes materiales, servicios o máquinas (^{Rendón Gan, 2003}). Una de las particularidades de esta investigación es que, al vincular el trabajo doméstico con el uso doméstico del agua en hogares con jefatura femenina en colonias marginadas, se observa con claridad cómo se incrementa la sobrecarga y, con ella, se reducen sus posibilidades de empoderamiento.

Género, institucionalismo y marginalidad: hacia una propuesta teórica

Quizás el aporte teórico más relevante del análisis que se propone en este artículo resulte del vínculo entre la teoría de género, el feminismo institucionalista y la marginalidad urbana. Los estudios de género y las diferentes aproximaciones teóricas que de ellos han derivado, son producto de la teoría feminista y de una metodología no sexista, que ha dado lugar a un paradigma en las ciencias sociales que posibilita reflejar y prestar atención a las dinámicas de poder, a las relaciones sociales, a los procesos de producción del conocimiento y a los contextos en los que se produce la investigación. La perspectiva de género a lo largo de todo el proceso de investigación posibilita estudiar a las mujeres y sus narrativas, y con ellas, se compromete con una forma de hacer ciencia donde, además de contar (^{Díaz Martínez, 2015}), recupera una parte fundamental de los itinerarios cotidianos que les obstaculiza tornarse en sujetas de su propio desarrollo y, por tanto, en mujeres que, al menos, dispongan de ciertas condiciones para ingresar a un proceso de empoderamiento, entendido como la adquisición de poder de suma positiva sobre la propia vida y el desarrollo de la capacidad de disponer de las cosas y hacer elecciones en el conjunto de sus relaciones con otros individuos, grupos, comunidades e instituciones (^{Rowlands, 1995}; ^{Kabeer, 2001}).

Por género se entiende la construcción simbólica que contiene al conjunto de atributos socioculturales asignados a las personas a partir del sexo (^{Lamas, 1996}). Joan ^{Scott (1996}) sostiene que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, así como una forma primaria de relaciones significantes de poder, las cuales se articulan a partir de cuatro elementos principales: los símbolos y los mitos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples; los conceptos normativos a través de los cuales se expresan los significados de hombre y mujer, femenino y masculino; las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género, como el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo, la escuela, la política y la identidad de género (^{Scott, 1996}).

El enfoque institucionalista permite concentrarse en uno de los cuatro elementos señalados por ^{Scott (1996)} que en esta propuesta se abordan desde dos perspectivas. La primera, se refiere a lo que ^{Jennings (2004} ha denominado feminismo institucionalista y, la segunda, se inscribe en lo que Virginia ^{Guzmán y Sonia Montaño (2012)} han identificado como el papel del Estado en la reproducción o cambio de las relaciones de género.

Según ^{Jennings (2004)} la economía institucional del trabajo subraya el contexto social de los mercados de trabajo y la relación de la familia con éstos, lo que ha contribuido de manera significativa al análisis feminista de la evolución de los roles familiares y del mercado laboral de las mujeres, sin criticar al individualismo de la teoría neoclásica, ni desarrollar un concepto de cultura. De hecho, esta autora sitúa los orígenes del feminismo institucionalista en la obra de Thorstein Veblen titulada Teoría de la clase ociosa y publicada en 1899, donde sostiene que a lo largo de la historia las mujeres han sido primero objetos poseídos, luego productoras de bienes de consumo para sus dueños y, finalmente, objetos inactivos dedicados a lucir la riqueza de los hombres.

La referencia a Veblen es importante porque da cuenta de dos asuntos fundamentales para el feminismo: la sociedad moderna naturalizó el confinamiento de las mujeres al ámbito doméstico como fuente de prestigio y signo de riqueza, como extensión de la propiedad: “sólo las desacreditadas trabajan a cambio de dinero” (^{Jennings, 2004: 167}). “Para Veblen, el abastecimiento incluye muchas de las tareas domésticas que realizan las mujeres, aunque puntualiza que, tratándose de ellas, la sociedad sólo respeta de veras el gasto inútil. Ni siquiera hoy, una vez incorporadas al trabajo asalariado, han podido desprenderse por completo de su imagen social de consumidoras frívolas y extravagantes, y la trascendencia económica de su trabajo doméstico continúa sin reconocerse” (^{Jennings, 2004: 168}).

Al aplicar la propuesta teórica al caso de estudio, se observaron dos fenómenos estrechamente relacionados. Por un lado, la ineficacia de la institución gubernamental que se ocupa de la distribución del agua en los hogares y por el otro, el impacto negativo que las formas de distribución institucionalmente adoptadas tiene en la vida cotidiana de las mujeres. Ambos (ineficacia y distribución) terminan por reforzar el hábito y la norma cultural que estipula que son ellas las únicas responsables de resolver el problema del agua al interior de sus casas. El análisis institucionalista permitió profundizar en el funcionamiento y estructura del organismo operador en todo su entramado institucional (vicios y limitaciones) para dar cuenta de que tanto la infraestructura hidráulica, como las condiciones que rigen la distribución del agua y los problemas de coordinación institucional, no consideran a las mujeres como actoras sociales fundamentales para el desarrollo comunitario, sino como receptoras pasivas de un servicio deficiente. Justo aquí, es donde el Estado, a través de los organismos operadores, desempeña el rol de reproductor de las relaciones de género ^{(Virginia Guzmán y Sonia Montaño, 2012}).

El análisis del caso de estudio se concentra en el agua de uso doméstico, esto es, en los usos cotidianos que le dan las mujeres al interior de sus casas con la finalidad de paliar el abasto escaso e intermitente (tandeo) hacia sus hogares: agua para beber, para la preparación de alimentos, baño, aseo personal y servicio sanitario, limpieza de la casa y patios, lavado de trastes, ropa y enseres, y riego de plantas. En las colonias investigadas, las formas que asume el uso doméstico del agua muestran la persistencia de roles y estereotipos de género que determinan tanto la división sexual del trabajo, como la gestión deficiente del organismo operador. Por tanto, el problema de investigación no se inscribe en la escasez o en la crisis del agua, sino en el hecho de que los organismos operadores carecen de sustentabilidad financiera y no son garantes de los derechos colectivos (^{Arrojo, 2006}). Según este autor, los organismos operadores deben prestar tres clases de servicio: como derecho humano debe ser gratuito; pero como derecho ciudadano, debe ser pagado para absorber los costos de extracción y distribución. Como negocio, el agua ha de asumir el valor de recurso que genera riqueza, y que al cobrarse sostiene las dos primeras clases de la prestación del servicio.

El análisis del caso parte de las tres clases de prestación del servicio señaladas por ^{Arrojo (2006)} pero en buena medida se centra en la gestión deficiente de los organismos operadores, que no atienden las necesidades vitales de abasto, ni en tiempo, ni cantidad, ni calidad; situación que afecta fundamentalmente a las mujeres, principales responsables de llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el agua de uso doméstico. En todos los hogares estudiados se paga mensualmente por el servicio (en algunos casos una cuota fija y, en otros, el costo depende del consumo). Además de la cuota mensual, pagan el costo de la pipa (ya sea en dinero o en tiempo para la gestión y las filas) e invierten en la compra de depósitos (tambos, tinacos, botes o pilas) y mangueras para aliviar los efectos del tandeo, que se ha convertido en la práctica institucional habitual de distribución del agua en la ciudad. En todos los casos, las mujeres deben invertir tiempo y esfuerzo en el acarreo de los depósitos tanto al interior de las casas, como para distribuir el agua en las actividades implicadas en los diferentes usos domésticos. Y, en todos sin excepción, se compra agua embotellada para beber y, a veces, también para la preparación de los alimentos y el baño diario.

Por tanto, la prestación del servicio de agua como negocio está garantizado a través del consumo de agua embotellada, pero la riqueza que genera queda en manos privadas y no contribuye al sostenimiento de las otras dos clases de prestación del servicio. Los organismos operadores no respetan el derecho humano al agua gratuita (^{Arrojo, 2006}) en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades vitales de quienes integran los hogares más marginales de la ciudad de La Paz. De este análisis deriva una de las hipótesis centrales de la investigación: el agua de uso doméstico de las más pobres es la más cara. Las mujeres jefas de hogar en colonias marginadas son quienes deben resolver el abasto del agua en sus casas, lo que implica una gran inversión de tiempo y dinero que limita sus oportunidades para el empoderamiento de género y, por tanto, para el florecimiento personal y humano (^{Damián, 2007}).

El organismo operador

Hasta el año 1974, Baja California Sur fue territorio federal. A partir del decreto presidencial que le otorgó la calidad de entidad federativa, la vida política, social y económica se rigió tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), como por la Ley Orgánica del Distrito y los Territorios Federales (LODTF) promulgada en 1928. Desde entonces y hasta 1974, se suspendieron los ayuntamientos, por lo que la dotación y distribución de agua potable, así como el desagüe, saneamiento y limpia recayeron tanto en el gobierno territorial, como en las delegaciones, que se regían por la LODTF y los reglamentos correspondientes.⁵

En 1985, mediante decreto presidencial se modificó el artículo 115 de la Constitución que facultó a los municipios para prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. El 30 de julio de 1986, en la Trigésima Quinta reunión ordinaria del VI Ayuntamiento de La Paz, se aprobó el proyecto de decreto para crear el organismo descentralizado que opera el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de La Paz.⁶

Hasta finales del año 2005, Baja California Sur no tenía una Ley de Aguas, al entrar en vigor la Ley de Aguas para la entidad y en apego a lo establecido por el artículo 25, el día el 3 de noviembre de 2005 y mediante acuerdo municipal, dictado en la xi Sesión Extraordinaria de Cabildo del xii Ayuntamiento de La Paz, se creó el organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento (OOMSAPAS), dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con libre administración de su hacienda conforme a lo establecido por los artículos 1 y 2 fracción iv del propio Acuerdo de Creación, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur (BOE) el 30 de noviembre de 2005.

El OOMSAPAS, tiene como objetivo prestar servicios públicos municipales eficientes, con base en el marco establecido tanto en la Constitución, como en la Ley de Aguas, con la finalidad de garantizar el servicio en condiciones que aseguren su continuidad, regularidad, calidad y cobertura, con la meta de lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios y la protección del medio ambiente municipal. Sin embargo, la distribución del agua en la ciudad se ve afectada al menos por tres grandes problemas: la escasez, las fallas técnicas en la red pública y la administración.

El primero se explica por las características climáticas de Baja California Sur, donde 92 % del territorio corresponde a la categoría de muy seco, 7 % a clima seco y semiseco y sólo 1 % presenta clima templado subhúmedo (^{INEGI, 2013}). Debido a que no existen ríos caudalosos y lagos, la disponibilidad de agua depende totalmente de fuentes subterráneas. Según la Comisión Nacional del Agua (^{conagua, 2015a}) en la entidad existen 39 acuíferos clasificados con base en la dinámica disponibilidad/déficit; de los cuales, 17 tienen cero disponibilidad, con un promedio general de déficit de -0.66 mm³/año. Los 22 acuíferos restantes presentan un promedio de disponibilidad de 0.95. Sólo como referente, la disponibilidad media anual de agua subterránea en México es de 22.6 mm³ (21.65 puntos porcentuales sobre la disponibilidad media anual de agua subterránea en Baja California Sur) (^{conagua, 2015a}). El acuífero de La Paz, principal fuente de abastecimiento de la ciudad presenta recarga media anual (R) de 27.8 mm³, descarga natural comprometida (DNCOM) de cero, disponibilidad -1.16, y déficit de -1.16 (^{conagua, 2015b}). Según ^{Cruz Falcón (Cruz Falcón et al., 2018}) la ciudad demanda dos terceras partes del agua subterránea que se extrae del acuífero, lo que ha provocado que las extracciones anuales sobrepasen la disponibilidad total.

El segundo problema identificado por el Consejo Consultivo del Agua, A.C. (^{CCA, 2015}) proviene en parte de la escasez, ya que la ciudad presenta un déficit de 100 litros de agua por segundo, y en parte, por problemas derivados de la extracción, falta de sectorización y fugas. Además, existen problemas técnicos, azolve de pozos y rupturas de tuberías de una red pública envejecida cuya modernización requiere de una gran inversión en infraestructura hidráulica y tanques de almacenamiento. Para el CCA, el problema son los propios organismos operadores cuyas gestiones son ineficientes y opacas dado que funcionan con criterios políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y transparentes de gobierno (^{CCA, 2011}).

Ante la imposibilidad institucional del OOMSAPAS para resolver estos problemas, se ha acudido a la distribución del agua en la ciudad mediante el reparto por tandeos programados cada mes en las más de 260 colonias y barrios de la ciudad. Aunque OOMSAPAS reconoce que lo ideal sería incrementar la inversión pública en infraestructura, la institución enfrenta problemas históricos de endeudamiento y falta de transparencia en el manejo de los recursos financieros, lo que le impide acceder a programas federales o fuentes alternas de financiamiento.

OOMSAPAS admite que los horarios de distribución de agua mediante tandeo no responden a las necesidades de los y las usuarias, sino a una decisión técnica basada en un criterio exclusivamente numérico: a mayor número de habitantes por colonia o sector, corresponden más horas de abastecimiento. Aunque hay horarios programados, tanto el flujo como la presión del agua dependen del momento en que se abren las válvulas, de allí que en las colonias periféricas (donde se ubican las que integran el estudio de caso) el agua tarda más tiempo en llegar a las casas, lo que reduce el tiempo de abasto para el llenado de tinacos o depósitos. Para OOMSAPAS es imposible llevar agua diariamente y de manera simultánea a toda la ciudad debido a que ésta se nutre de un sistema de alrededor de 200 pozos distribuidos en diferentes zonas del entorno urbano.

La apertura y cierre de las válvulas se programa por colonia o sector de tal manera que la distribución del agua depende del horario programado o tandeo, sin importar que éste ocurra en horarios nocturnos o laborales. Cabe añadir que tanto la red de distribución, como los equipos utilizados para la extracción del agua de los pozos tienen más de 20 años de antigüedad, lo que eleva los costos de mantenimiento. El organismo operador no atiende asuntos vinculados con el derecho humano al agua ni las necesidades específicas de las mujeres. La única diferencia que hacen es la de clasificar a usuarios domésticos, comerciales e industriales para establecer tarifas diferenciadas por volumen de consumo.

Independientemente de la problemática que enfrenten, las mujeres son invisibles para la institución responsable del abasto de agua de uso doméstico, porque no figuran al momento de definir las reglas ni conocen las prácticas a través de las cuales se diseñan procedimientos técnico-administrativos; tal como ocurre, por ejemplo, con la programación de los calendarios de tandeo. Para OOMSAPAS, las cuestiones relacionadas con las mujeres o con la perspectiva de género no existen, ni siquiera como consideración al hecho de que el acceso al agua de uso doméstico en cantidad, calidad y precio es un derecho humano.

Breve descripción demográfica y urbana de la ciudad de La Paz, Baja California Sur

La ciudad de La Paz además de la capital del estado de Baja California Sur es cabecera municipal. El municipio ocupa casi un tercio del total del territorio estatal cuya superficie es de 73 677 km². Los 20 274.98 km² del municipio se distribuyen a lo largo y ancho de la porción sur del estado de Baja California Sur. Al norte, colinda con el municipio de Comondú y al sur, con el municipio de Los Cabos. Al oeste, con el Océano Pacífico y al este, con el Golfo de California.

El proceso de urbanización en Baja California Sur comenzó entre las décadas de 1960-1970, cuando se operó el tránsito de población rural a urbana. Hasta 1960, la población rural representaba más del 60 %. En los setenta, la población urbana ascendió a 54 % hasta llegar a las condiciones actuales que asciende a 86 %. El estado de Baja California Sur tiene un total de 786 864 habitantes, de los cuales, 32 % reside habitualmente en La Paz, donde, además, se concentra 84 % del total de la población municipal. La Paz tiene un total de 249 727 habitantes, con una relación mujeres/hombres de 50.03/49.9 (conapo, 2017).

El crecimiento de la población en La Paz se ha ralentizado a un promedio anual de 2.4 %, sobre todo si se compara con la tasa de crecimiento anual que se presenta en la región urbana de Los Cabos (4.0 %). Tanto el municipio como la ciudad ocupan el segundo lugar con menor crecimiento después del municipio de Comondú. A nivel estatal, La Paz concentra el mayor porcentaje de hogares con jefatura femenina con 25.1 %, dos puntos porcentuales por encima del promedio estatal (23.1 %), esto es que, de cada cuatro hogares, uno es dirigido por una mujer (^{INEGI, 2015b}).

Metodología y delimitación territorial del estudio

Para la realización de la investigación base, se desplegaron varias estrategias teóricas y empíricas, las primeras han sido explicadas en los apartados precedentes, las segundas consistieron en la recolección de datos cuantitativos y cualitativos provenientes de dos instrumentos primarios: la Encuesta regional sobre género, agua y desastres naturales⁷ diseñada por el equipo de trabajo, mediante la cual se captó información de cinco colonias (Márquez de León, El Cardonal, La Pasión, Progreso Vivah y Vista Hermosa) con alto nivel de marginación. La definición de la muestra se realizó mediante un muestreo aleatorio simple para proporciones (margen 10 %, nivel de confianza 80 %), definido por el grado de homogeneidad que prima en hogares con jefatura femenina y alto nivel de marginación. Además, se realizaron siete entrevistas semiestructuradas (seis con jefas de hogar, las cuales fueron videograbadas, y una con el director de relaciones públicas de OOMSAPAS) y fueron utilizados cinco cuadernos de campo.

A las fuentes primarias, se sumaron las siguientes fuentes secundarias: Censo General de Población y Vivienda de 2010 del cual se derivó, mediante consulta especializada con asesores del INEGI, la información sociodemográfica correspondiente a las manzanas que integran las colonias seleccionadas y que sirvió de base para la determinación del muestreo. Incluimos la Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México (^{INEGI, 2015a}), la Encuesta Intercensal 2015 (^{INEGI, 2015b}), así como la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (^{INEGI, 2016b}); instrumentos fundamentales tanto para la caracterización del caso de estudio, como para completar y validar los resultados obtenidos a través de las fuentes primarias.

La selección de las colonias se realizó con base en los indicadores de alta marginación urbana por AGEB definidos por conapo (²⁰¹⁰). En total, se aplicaron 42 cuestionarios proporcionalmente distribuidos entre las 5 colonias. Para desarrollar la estrategia de investigación en campo fue fundamental visualizar la configuración urbana de la ciudad de La Paz, que articula a una zona conurbana integrada por los poblados de Chametla y El Centenario (ambos emplazados en línea con la carretera norte) y, las colonias Calafia y La Pasión, (emplazadas en línea con la carretera al sur). Según ^{Lizárraga (2013}), la configuración de la ciudad (Figura 1) ha transitado por tres evoluciones que han dado lugar a una ciudad fragmentada, que diferencia perfectamente al emplazamiento original hoy en pleno proceso de gentrificación, de las nuevas periferias, donde se localizan la totalidad de las colonias marginadas de La Paz.

Figura 1 La Paz: una ciudad fragmentada 

A la condición de fragmentación, se suma la distribución según el índice de marginación urbana por AGEB (^{conapo, 2010}), gracias a la cual fue posible identificar las colonias con muy alto grado de marginación en el mapa de la ciudad de La Paz, tal y como se observa en la Figura 2.

Figura 2 La Paz, grado de marginación urbana por AGEB, 2010 

Identificadas las colonias, se localizaron los hogares con jefatura femenina por manzana en el Inventario nacional de viviendas (actualizado a 2015), de cuyo Sistema de Información Geográfica (SIG) se obtuvieron las dos capas de información esenciales para el análisis: hogares con jefatura femenina y rezago social.

Una característica fundamental de las colonias estudiadas es que todas se originaron en el proceso ya señalado de migración hacia las ciudades medianas, que, en el caso de La Paz, comenzó hacia finales de la década de los setenta, como resultado de la apertura de la ruta de navegación entre los puertos de Mazatlán y Topolobampo, Sinaloa. La inversión en infraestructura portuaria, el establecimiento de la ruta marítima, la construcción de la carretera transpeninsular, el emplazamiento de colonias y campos agrícolas, el desarrollo turístico y la zona libre de aranceles a la importación funcionaron como elementos centrales para la migración hacia Baja California Sur. Aunque ralentizado en La Paz y acelerado en Los Cabos, este proceso no ha cesado desde entonces.

Las colonias seleccionadas forman parte de este proceso y comparten las siguientes características: todas surgen como resultado de procesos de invasión tanto de terrenos ejidales, como públicos que finalmente han sido reconocidos como asentamientos humanos regulares, pero que presentan grandes carencias de infraestructura urbana, incluido el acceso a la red de agua potable. El paisaje urbano predominante es el de barrios donde abundan los trazos irregulares, algunos escabrosos, con calles de tierra, sin alumbrado público y viviendas precarias. Cuando la vivienda carece de ciertos servicios básicos como acceso a agua potable o instalaciones sanitarias adecuadas, las mujeres deben generar estrategias para cubrir estas carencias, como ocurre con el acarreo cotidiano del agua potable al interior de la vivienda, donde el abastecimiento que depende de la red pública municipal se hace a través de una llave que se encuentra dentro del terreno, pero afuera de la casa. A esta condición, se añade el sistema de abastecimiento por tandeo, que les obliga a tener tambos, tibores o tinas para al almacenamiento del agua.

Características de las mujeres y sus hogares

El 97 % de las mujeres entrevistadas son mayores de 25 años, 57 % son originarias de La Paz o de alguna otra localidad del estado de Baja California Sur, 36 % nació fuera de la entidad, en los estados (de mayor a menor número de mujeres) de Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo. La mayoría de ellas (67 %) tiene más de cinco años viviendo en su colonia. Una de las características que comparten todas las colonias seleccionadas es que su fundación se originó en invasiones de terrenos nacionales o de reserva territorial para el crecimiento del fundo legal de la ciudad. El 70 % de las mujeres entrevistadas está casada o vive en unión libre, mientras que 30 % son solteras y todas tienen hijos/as (38 % tiene tres; 21 % dos; 12 % uno; 9 % cuatro; 5 % entre cinco y seis, en tanto que 2 % tiene entre siete y ocho descendientes). La Gráfica 1 muestra el nivel educativo y el tipo de unión de las mujeres entrevistadas.

Gráfica 1 Distribución porcentual de mujeres jefas de familia según nivel educativo y tipo de unión 

Con relación a su ocupación principal (55 %) son dueñas de pequeñas tiendas, puestos de dulces, café, papelería y venta de comida; 14.3 % son empleadas domésticas; 7.14 % son meseras. Otras desempeñan labores como trabajadoras del campo, empleadas de tortillería, en grupos musicales y manicuristas. El número de personas que viven en estos hogares varía de tres a cinco personas (67 %), aunque encontramos hogares en los viven entre siete y once personas (32 %) y, en un caso, se entrevistó a una mujer que vive sola.

Principales características de las viviendas

El 62 % son casas de bloque, con piso de cemento y techos de lámina, 33 % son cuartos de lámina, madera y bloque con techo de lámina, algunas tienen piso de cemento y otras sólo de tierra. Con relación al equipamiento, 50 % de las casas tiene el fregadero al interior de la vivienda, aun cuando no tengan agua en la cocina. En 88 % de los casos, el lavadero se encuentra fuera de la casa, que suele hacer las veces de fregadero para la limpieza de trastes y enseres diversos. Sólo 88 % tienen baño completo dentro de la casa, pero no todos están conectados a la red de agua potable ni al drenaje, por lo que el uso de fosas sépticas y letrinas secas es frecuente.

Suministro y calidad del agua potable en los hogares

Es importante detenerse en la ubicación de la toma de agua, ya que en 55 % de las viviendas, la llave de la red pública se encuentra fuera de la vivienda, pero dentro del predio. En 26 % de los casos, el suministro de agua depende de las pipas municipales y el 74 % de las viviendas no tienen agua de la llave al interior de la vivienda. Todas las mujeres coincidieron en que el agua que reciben no es suficiente para satisfacer sus necesidades cotidianas.

En estos hogares el acceso al agua potable siempre depende del tandeo y de la presión con que llega para abastecer tinacos o depósitos de almacenamiento: 45 % sólo recibe agua dos veces a la semana, 30.9% una vez, y 19% tres veces. Si añadimos las variable tiempo y presión con la que se suministra el agua, las labores de recolección se incrementan. Por ejemplo, cuando les suministran agua por tandeo, éste se da entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., en pleno horario laboral y escolar.

Sin excepción, todas calificaron de regular a mala tanto la presión, como la calidad del agua. Para ellas, el acceso al agua es un problema de gran magnitud y está muy lejos de cumplir con lo que implicaría ser reconocido como derecho humano. En ninguno de los hogares visitados se garantiza el acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En todos los casos, ellas son quienes más padecen la falta de agua en sus hogares.

Todas tienen empleos precarios, por los que apenas reciben entre uno y tres salarios mínimos al mes.⁸ El 97.61%, consume agua embotella de purificadores locales o de barrio. En Baja California Sur existen 116 purificadoras, de las cuales 30.2 % se localizan en La Paz. Si se toma como referencia que en cada uno de estos hogares se consume un promedio de cuatro garrafones a la semana con un costo por garrafón de $10.00 pesos (el de menor precio en el mercado), tenemos que se destinan al menos dos días de salario mínimo para la compra de agua embotellada. Si este gasto se mide en función del impacto que tiene sobre la canasta básica (80 productos), calculada para el país a precio de venta de enero de 2016 (^{INEGI, 2016a}), que ascendía a un total de $2 603.72, que incluye el agua embotellada, tendríamos que ellas dedican 6 % del gasto de su canasta básica mensual a este rubro.

Las razones por las cuales compran agua embotellada se fundan en la desconfianza que tienen respecto a la calidad del agua potable, a pesar de que, por lo general, el agua de garrafón proviene de purificadoras locales o de barrio, cuya calidad no se sabe si está o no suficientemente supervisada o garantizada por las autoridades responsables.

Repercusiones del inadecuado suministro de agua en la vida cotidiana de las mujeres jefas de hogares marginados

La principal preocupación de las mujeres (43 %) es que la distribución del agua no es equitativa en la ciudad. Perciben que mientras en colonias del centro o fraccionamientos nuevos la gente dispone de tinacos y cisternas, a ellas no les alcanza siquiera para realizar las actividades domésticas básicas. En algunas colonias incluso les ha faltado el agua hasta por cinco semanas, sobre todo en verano, cuando es más escasa, baja la presión y el suministro por tandeo se reduce.

La segunda preocupación es la duración en tiempo y cantidad del suministro, ya que las horas en que se les da el servicio es insuficiente y la presión es tan baja que no alcanza para llenar los depósitos. Aunque los horarios de suministro varían, suelen ser muy incómodos, les obliga a estar atentas a cuando llega el agua para llenar los depósitos y realizar tareas como lavar la ropa, limpiar la casa y asegurar el baño de sus familias. A veces incluso faltan al trabajo para poder completar estas actividades.

Al cuestionar si ellas o alguien de la familia han sufrido algún tipo de daño o accidente como consecuencia del transporte o carga del agua, 40 % afirmaron padecer lesiones musculares y dolores de espalda provocados por el constante trajín que implica llenar y cargar cubetas para llevarlas al interior de las casas. 46 % de las entrevistadas afirma que son ellas quienes se encargan de resolver la falta de agua, que generalmente implica un gasto extra ya sea porque se ven obligadas a comprar agua embotellada, reunirse con varias vecinas para pedir una pipa o bien pedir agua prestada entre sus familiares y vecinas.

Con relación al baño y la higiene personal, 60 % se baña con cubeta, el resto utiliza regadera, aunque no les alcanza para el baño diario. Debido a las condiciones de precariedad en que viven, no tienen jardín en el sentido estricto del término, aunque la mayoría tiene algunas plantas de ornato en macetas improvisadas, que suelen regar una o dos veces por semana. En general, todas las actividades domésticas son responsabilidad de las mujeres, salvo en los casos de riego de plantas y limpieza de patios donde eventualmente comparten con las parejas o los hijos varones.

Respecto al ámbito institucional, ninguna de las mujeres entrevistadas participa en la toma de decisiones y carecen de representación en el organismo operador, pero lo más importante es que no se organizan ni social ni comunitariamente para enfrentar de manera colectiva sus problemas de abasto de agua, salvo las tímidas estrategias de organizarse para pedir una pipa o los arreglos vecinales y familiares para compartir agua.

Buena parte de la vida cotidiana de estas mujeres gira en torno al suministro del agua. En las charlas informales una señora comentó: “Todo el día se me va correteando el agua”. Cuando se observan las condiciones de precariedad en que viven, se comprende esta frase en toda su extensión y profundidad: las mujeres que tienen “mejores” casas apenas alcanzan 55 m² (pie de casa) edificadas con tabiques de concreto sin enjarrar y techos colados. Estas casas suelen tener un pequeño tinaco no mayor de 450 litros, apenas suficiente para cubrir las necesidades diarias de baño (sanitario, lavabo y regadera) de una familia de cuatro miembros. En este tipo de casas, el agua para la cocina se abastece mediante acarreo en cubeta para el lavado de los trastes o llevando los trastes al patio para limpiarlos en el fregadero.

En las casas construidas con materiales endebles como madera, mampostería y techos de lámina, no es posible instalar un tinaco y suelen tener el servicio sanitario (o letrina seca) y toma de agua fuera de la vivienda. Para almacenar el agua, utilizan tambos o tibores que llenan con manguera, de allí la transportan en cubetas para usarla en la ducha, sanitario y cocina. En la mayoría de los casos, el almacenamiento del agua se realiza con poco o ningún cuidado sobre la limpieza de los depósitos, por lo que con frecuencia se observa tierra, materia orgánica y larvas de moscos o maromeros. En algunos casos, tienen pequeñas pilas de cemento en las que suele acumularse lama. En general, las condiciones de higiene tanto personal como doméstica, son mínimas. Algunas mujeres comentaron que no es posible bañarse todos los días y que hay veces en que no mandan a los niños/as a la escuela porque no los reciben si no se han bañado o no llevan ropa limpia.