Introducción

En los últimos meses, se han publicado en medios periodísticos nacionales, regionales y locales del norte de la Patagonia argentina, una serie de notas que tienen como común denominador desacreditar la pre-existencia del pueblo indígena "mapuche" (que se asienta en dicha zona).¹ Entre ellas se encuentran "La cuestión mapuche", firmada por el periodista Rolando Hanglin, publicada en el matutino La Nación (de gran circulación nacional) el 22 de septiembre 2009. También debemos mencionar "El regreso de la Araucanía" de Luis Moreiro y "Los argumentos que invalidan el reclamo territorial de los mapuches" en el mismo diario (el día 18 de octubre de 2009), el artículo de Roberto Porcel "Pueblos originarios y los posteriores" del día 14 de Agosto de 2009 en el matutino Río Negro y "Un nuevo malón mapuche" en el mismo diario del día 23 de diciembre de 2009 de Isidoro Ruiz Moreno.

Estos artículos de opinión -escritos por autores no especializados- son presentados como si fuesen un análisis de la realidad social. Sin embargo, no incorporan los aportes desarrollados desde las diferentes disciplinas sociales en las últimas décadas, tanto en el ámbito nacional como internacional, referidos a la cuestión étnica, indígena y en particular en relación al pueblo originario mapuche.

Es por ello que un grupo de profesores e investigadores provenientes de las Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, deseamos refutar tales lecturas, sobre la base de investigaciones científicas realizadas en algunos casos, a lo largo de 25 años, y considerando los aportes de diferentes disciplinas a nivel nacional e internacional.

Cabe señalar que estos discursos distan de ser ingenuos, por eso deben entenderse necesariamente en el contexto en el que tienen lugar. Por un lado, el pueblo mapuche -al igual que otros pueblos originarios- viene protagonizando en forma creciente variados conflictos como resultado de diversas actividades económicas que impactan en sus territorios: hidrocarburífera, hidroeléctrica, turística, forestal, agrícola, como así también la privatización y extranjerización de tierras, el surgimiento de emprendimientos inmobiliarios, etc. Paralelamente, se han ido produciendo múltiples procesos de reconfiguración y movilización étnica, que involucran a comunidades y organizaciones de este pueblo originario, que redefinen la relación con los ámbitos territoriales. Tanto la demora en la regularización, como el retorno a territorios ancestrales del cual los indígenas fueron históricamente despojados, forman parte de estas reivindicaciones. Un último factor -central por cierto- es que en el año 2006 fue promulgada la ley Nacional 26,160 de "Emergencia y Regularización de la Propiedad Comunitaria Indígena"² La misma ha generando fuertes reacciones entre los grandes propietarios y diversos sectores hegemónicos.

Al analizar los principales argumentos que esgrimen estas notas periodísticas y dar cuenta de las principales falacias en términos antropológicos en que incurren, hemos concluido que semejantes lecturas recurren a explicaciones esencialistas y biologicistas de las identidades, negando el cambio histórico, y desconociendo que las mismas se construyen en la interacción y no en el aislamiento. En definitiva, siguen definiendo a las poblaciones como una "sumatoria de rasgos" (biológicos y culturales), centrándose en análisis estáticos de "la identidad", no permitiendo visualizar cómo los pueblos se van "adaptando" y actualizando en sus identificaciones de forma dinámica y variable (^{Berón y Radovich, 2007}). Argumentos que por cierto, en el ámbito académico nacional e internacional se encuentran perimidos hace varias décadas, pero que aún se encuentran muy arraigados, tanto en el sentido común, como en los medios masivos de comunicación.

Para ello organizaremos la exposición en base a diferentes argumentos estigmatizantes presentes en estos artículos, que implican distintos tipos de "negaciones" a los reclamos mapuche por sus derechos: a partir de las denominaciones de los diferentes rótulos étnicos, la pretendida identificación de mapuche con "chilenos" y diferentes figuras de ilegalidad: usurpación, "terrorismo", "intentos de secesión", etc.

La negación a partir de la denominación: "jamás existió una etnia llamada mapuche"

En estos artículos e informes periodísticos, una de las formas de negar el derecho del pueblo mapuche a reclamar por sus territorios y su identidad, es afirmar que "jamás existió una etnia o tribu llamada 'mapuche' dentro del territorio argentino", simplemente porque "la palabra 'mapuche' no aparece en ninguna parte" (^{Hanglin, 2009}). En este artículo puede leerse:

Lo primero que notarán es que la palabra "mapuche" no aparece en ninguna parte: los cronistas de Indias, los geógrafos militares, los mismos caciques en sus correspondencia política (que es abundante), los autores clásicos (...); todos hablan de los indios de la Pampa y la Patagonia como "serranos", "pampas", "ranqueles", "vorogas", "catrieleros", "tehuelches", "pehuenches", e incluso "puelches"... pero jamás existió una etnia o tribu llamada "mapuche" dentro del territorio argentino.

Estas notas, que paradójicamente se proponen realizar "(...) una lectura seria de todo lo que se ha dicho y escrito sobre los indios de la pampa" (^{Hanglin, 2009}), omiten las múltiples investigaciones antropológicas e históricas que han problematizado acerca de las categorías y los rótulos mediante los que se han identificado a los grupos indígenas (^{Nacuzzi, 1998}; ^{Nacuzzi y colaboradores, 2008}; ^{Mandrini, 2007}).

Diversos investigadores y equipos especializados en el país que vienen trabajando esta problemática, han advertido la lectura crítica que debe efectuarse de las mismas. Como afirma la etnohistoriadora Lidia ^{Nacuzzi (y colaboradores 2008)}, estos nombres provienen de documentos escritos por misioneros, funcionarios coloniales y viajeros, que posteriormente fueron retomados en forma acrítica por los primeros etnógrafos. Por lo tanto, los rótulos que en estos artículos periodísticos se presentan como "verdaderos" e "inmodificables" fueron registrados por autores no especializados:

(...) una multiplicidad de nombres y rótulos étnicos registrados por distintos autores no especializados pasaron a formar parte de los cuadros clasificatorios de la etnografía. Sobre frágiles bases se construyó, entonces, una clasificación étnica (...) que habría de perdurar transformándose en la visión autorizada de la cuestión, prácticamente hasta nuestros días (^{Nacuzzi et al. 2008: 35}).

Esto explica porqué la terminología utilizada en las fuentes es confusa, debido a que suelen mezclarse distintos criterios que dan lugar a una multiplicidad de nombres. Muchas veces un mismo término puede designar a distintos grupos o puede aplicarse a un mismo grupo distintas denominaciones (^{Mandrini, 2007}). Pero además, siguiendo con estas advertencias,

(...) gran parte de los nombres sólo tienen significado espacial o designan la posición de un grupo respecto a otros: así, se puede ser huilliche para quienes están situados más al norte o picunche para los que viven al sur (^{Mandrini, 2007: 28}).

Por lo tanto, las menciones a las diferentes parcialidades presentes en los distintos documentos "oficiales" (que son las retomadas por estas notas) no son "verdades" absolutas, sino construcciones sociales que deben ser contextualizadas históricamente. La mayoría de las veces -por no decir siempre- fueron escritas por los sectores dominantes según sus prejuicios e ideologías.

Una de las limitaciones que presenta el retomar estas fuentes sin ningún tipo de problematización, es que estas denominaciones fueron efectuadas por los españoles y que por lo tanto, no necesariamente coinciden con la que los propios grupos se han dado a sí mismos (autónimos). Además, suelen corresponderse con las terminologías utilizadas para denominar a otros pueblos en su afán de ordenamiento para la dominación. Por esto las lecturas actuales, advierten sobre las limitaciones de considerar como rótulos validos, los efectuados desde el "exterior" a dichos grupos. Así, entendemos que el término "araucano" constituye en realidad una atribución efectuada por "otros" (exónimo). En cambio, la categoría de "mapuche" se corresponde con una identidad que engloba diferentes parcialidades (territoriales, dialectales, etc.) y que implica la propia identificación y el distanciamiento de las denominaciones que tradicionalmente fueron popularizadas por los conquistadores.

La forma como conciben a los diferentes grupos tales lecturas de las identidades, dejan fuera de todo análisis el cambio sociocultural, las relaciones hispano-criollas e indígenas muy anteriores a la Conquista del Desierto y las grandes transformaciones operadas a partir de la inserción de los pueblos indígenas en las sociedades nacionales. Al no poder comprender (o desconocer) estos procesos, se recurre a la pretendida "invasión" o "absorción" como única explicación posible para dar cuenta de la aparición o desaparición de los diferentes grupos indígenas. No es de sorprender, por lo tanto, que las limitaciones en las perspectivas de estas notas, los lleva a pasar por alto que algunas de las parcialidades que ellos mismos mencionan (por ejemplo "huiliches" y "pehuenches") integran en la actualidad una identidad genérica más amplia que las engloba: la "mapuche". Por ello, y en contraposición con tales lecturas, sabemos que los descendientes de muchas de las parcialidades mencionadas como "verdaderas", a partir de los procesos dinámicos y contextuales de reactualización identitaria, integran en gran medida la etnia mapuche. De hecho, en la Provincia de Chubut, hay una multiplicidad de comunidades y organizaciones indígenas "mixtas", "mapuche-tehuelche", siendo dos pueblos que las lecturas tradicionales se esfuerzan en presentar como "enemigos" (ya que supuestamente los mapuche "chilenos" exterminaron a los tehuelches "argentinos").³

Desde ya el hecho de rescatar a diversas parcialidades y otros pueblos indígenas -como el tehuelche- como los "verdaderos" originarios de la región, forma parte de una operación de estigmatización hacia el pueblo mapuche: estos otros pueblos sí poseen legitimidad, sin embargo siempre se encuentran "extintos", por lo tanto tampoco pueden reclamar por sus derechos. Son representativas en este sentido las notas publicadas en pleno conflicto con los mapuche: "Los Poyas, habitantes milenarios del Nahuel Huapi"⁴ (Diario Angostura Digital, 26/07/08), o "Los últimos Tehuelches" (Parte I y II, Diario Angostura Digital, 20/10/08 y 21/10/08)⁵, que tienden a exaltar a los "Poyas" y "Tehuelche" -respectivamente- como "verdaderos" pueblos originarios de la zona.

La utilización en estas notas periodísticas, de la perimida denominación de "araucanos", en contraposición a la que el propio pueblo define de "mapuche", no sólo implica la negación del criterio válido en términos científicos de la auto-adscripción, sino también el jurídico. De hecho la Reforma de la Constitución Nacional de 1994, con la sanción del artículo 75, inciso 17, ha incorporado los derechos de los Pueblos Originarios, asignando con rango constitucional el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de estos pueblos, garantizando -entre otros- el derecho a la identidad, además de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras. En este mismo sentido, el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes del año 1989, que la Argentina ha ratificado por Ley N° 24.071, es concluyente al respecto en su artículo 1°, inciso 2° al afirmar: "La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio".

La negación por la extranjería: "los mapuches son originarios de Chile"

En estos mismos artículos e informes periodísticos se afirma reiteradamente que los mapuches son de "origen chileno", tal como señala la nota "Un nuevo malón mapuche" "(...) otra vez, como en el pasado, indios mapuches de origen chileno reclaman propiedad en el territorio argentino" (Ruiz Moreno, 2009). Asimismo, en el artículo "La cuestión mapuche" antes citado, se sostiene:

Pero atención: en esa historia, que tiene muchos capítulos y muchos matices, no hay buenos y malos. No hay ángeles. No hay víctimas. No hay "mapuches". No hay "genocidio". No hay habitantes originarios, o mejor dicho sí los hay: originarios de Chile (^{Hanglin, 2009}).

Cabe señalar que este prejuicio no es nuevo sino que data de largo tiempo. Sin embargo, lo que es nuevo es la insistencia y virulencia con que se ha re-instalado este argumento en el año 2009, contrastando con las explicaciones dominantes en el mundo académico y con las propias legislaciones vigentes -que desde ya se basan en el conocimiento actualizado de la problemática-.

Durante años esta noción de "araucanización" ha sido utilizada para negar el "origen nacional" de los mapuches, planteando que no son "originarios" de la Argentina, sino "invasores" chilenos. Para entender el comienzo de este prejuicio, es necesario remontarse a los tiempos de la conformación del Estado-nación a fines del siglo XIX. Como afirmamos en trabajos anteriores (^{Radovich y Balazote, 2009}; ^{Radovich, 2003}; ^{Balazote, 1995}) en aquel entonces, la constante amenaza de conflictos con Chile por los territorios limítrofes, permitió que la cuestión nacional subsumiera o encubriera la cuestión étnica. Las "teorías conspirativas" -muy similares a las que hoy vuelven a escucharse- actuaron como ingeniería ideológica del nacionalismo oficial, para encubrir o negar la "cuestión indígena", ya sea subordinándola al problema global, al considerarse que un creciente reconocimiento de los derechos de las poblaciones mapuches atentaría contra la soberanía nacional al debilitar la frontera; o bien negándola, al integrar la cuestión indígena al conflicto nacional otorgándole a los mapuches, al menos simbólicamente, una nacionalidad: la "chilena". Pero además en esa necesidad de "homogeneizar" a la población, ha actuado como un factor fundamental la gran presencia de población de origen chileno en esta zona⁶, cuando en los hechos no estaban conformadas las fronteras nacionales. De hecho lo tardía de la conformación de las mismas, comparado con otras regiones del país, es otro de los factores que explican las intensas políticas de estigmatización hacia la población de bajos recursos (como "indígenas" y "chilenos") efectuadas en la región (^{Méndez, 2009}). Como contrapartida fueron exaltados los "pioneros", en especial de origen europeo, y ciertas adscripciones como la de "primeros pobladores" o "pobladores" que contribuyeron a ocular las diversas adscripciones "indeseadas" para dichas construcciones hegemónicas. De hecho, en lo que respecta a la región cordillerana (compuesta por bellos paisajes de lagos y montañas), durante el siglo XX desde los sectores hegemónicos se promovió la imagen de la región como una "Suiza Argentina", imprimiendo una estética aristocratizante y europeizante -favorecida por cierto parecido físico con los Alpes-. Así vemos cómo permanentemente se ha intentado crear y recrear la "comunidad imaginada" -en términos de ^{Anderson (1993)} - con dichas características, al tiempo que la población indígena fue incluida en dicha conformación, pero homogeneizada en términos identitarios con los restantes sectores populares y siempre asociada a un supuesto origen chileno.

No ha sido ajeno a este proceso de "chilenización" el papel jugado por las Ciencias Sociales mediante el uso del etnónimo "araucano". En efecto, su uso ha estado estrechamente relacionado con el intento de no reconocer a los mapuches como una de las poblaciones indígenas "originarias" del actual territorio argentino. Evidentemente este enfoque resulta sumamente funcional a las construcciones ideológicas que justifican la exclusión de los alcances de la ciudadanía a los integrantes de este pueblo originario (^{Radovich y Balazote, 2009}; ^{Radovich, 2003}).

Desde la antropología social, la etnohistoria, la arqueología y la historia, el concepto de "araucanización", y sobre todo su utilización por los etnólogos difusionistas, ha sido ampliamente cuestionada y criticada por diversos autores (^{Bandieri, 2005}; ^{Mandrini, 2007}; ^{Berón, 1999}; ^{Radovich y Balazote, 2009}; ^{Radovich, 2003} y ^{Lenton, 2000}). Esta noción, sostiene que este grupo indígena ingresa, se establece o impone en las pampas a partir del siglo XVII, y su presencia se hace efectiva en el siglo XVIII.

Sin embargo, estudios arqueológicos recientes han refutado estas falacias, ya que diversas investigaciones demuestran una presencia más temprana de contactos continuos en la región pampeano-patagónica entre los pueblos ubicados a ambos flancos de la Cordillera de los Andes (^{Berón, 1999}; ^{Berón y Radovich, 2007}). Registros arqueológicos evidencian procesos de interacción social -tan tempranos como mediados del Siglo XIII- de mayor complejidad que lo argumentado tradicionalmente. En este sentido, cerámica originaria del centro-sur de Chile ha sido registrada en sitios de la provincia de La Pampa, neuquinos y del Sur de Mendoza, en coexistencia con cerámica de tipo local (^{Berón y Radovich, 2007}). Asimismo (pero con una antigüedad aún mayor), se han registrado aros de cobre nativo en un sitio cercano a la localidad de Temuco (Chile), idénticos a los encontrados en el Parque Nacional Lihué Calel en la provincia de La Pampa (Argentina) (ver croquis) (^{Mera y Munita, 2008}, ^{Berón et al. 2009}). Esta manufactura prehispánica posee la misma antigüedad a ambos lados de la cordillera: CA. (alrededor de) 1000 AP. (hay fechados radiocarbonicos precisos, ver ^{Berón, 2007} y ^{Berón et al. 2009}). Estas relaciones evidencian la movilidad regional de las poblaciones a ambos lados de la cordillera y la profundidad temporal de este proceso, siendo además muy anterior a lo que los documentos "oficiales" registran, y aún a lo que la tradición ha fijado como inicios probables (^{Berón y Radovich, 2007}; ^{Berón, 1999}).

Acorde con estas renovadas lecturas, trabajos históricos, etnohistóricos y antropológicos vienen conceptualizando "la cordillera" como un espacio sumamente dinámico de larga data. Por esto, investigadores de Chile y Argentina han enfatizado la imposibilidad de dar cuenta de la dinámica regional si no se atiende a esta extensión territorial y a la profundidad histórica de estos procesos. Como señala el historiador Mandrini,

(...) aprendimos -tanto en Argentina como en Chile- que era imposible entender a las pampas sin la Araucanía, o a la Araucanía sin las pampas, como lo reflejan los trabajos de investigadores de ambos países (...) Al hacerlo, la cordillera dejó de ser el muro o la barrera que separaba esos mundos para convertirse en un espacio que los articulaba. Comenzamos a pensar en una historia común, de pueblos indisolublemente unidos (2007: 25).

En Chile, en similares términos se expresa el antropólogo ^{Rodríguez Pinto (2000)}, quien remarca el intenso comercio que se venía sosteniendo a ambos lados de la Cordillera de los Andes desde el siglo XVII en torno a una diversidad de productos. Este intercambio involucraba a una multiplicidad de pueblos indígenas, los que participaban de dicho proceso superando el esquema simplista por el cual los "araucanos" trasladaban ganado exclusivamente hacia el Oeste. Por su parte, el antropólogo chileno Álvaro ^{Bello (2002)} ha estudiado en detalle el uso de los pasos cordilleranos por parte de diversos grupos indígenas, muy anteriores a la denominada "Conquista del Desierto" y a la "Pacificación de la Araucanía", empleados por diferentes grupos indígenas, estableciendo diversas alianzas comerciales. Diversas investigaciones arqueológicas ratifican la profundidad temporal de estas interacciones.

Las lecturas que enfatizan la pretendida "invasión" (sólo en sentido Oeste-Este), no sólo omiten que la región cordillerana en Norpatagonia ha sido un espacio sumamente dinámico como evidencian estos registros históricos y arqueológicos, sino que desconocen los múltiples relatos que evidencian una más temprana presencia mapuche en las pampas, muy anterior a la conformación de ambos Estados-nacionales. En este sentido, autores como Palermo retrotraen tal presencia al siglo XVI (y no al XVII y en especial al XVIII como asevera la explicación tradicional) (^{Berón, 1999}). El testimonio de Juan de Garay del año 1581 es un dato muy sugerente, que identificaba la existencia de tejidos de lana chilena en la zona de Cabo Corrientes (^{Berón 1999} y ^{Bello, 2002}), "(...) tejidos que los naturales traen de la cordillera de la espalda de Chile" (Muñiz en ^{Bello, 2002: 57}).

Croquis Nº2: Norpatagonia chilena y argentina 

Los trabajos históricos que en la actualidad resultan predominantes en diferentes centros académicos del país, revelan cómo la Cordillera de los Andes pasó recién a ser un "límite" luego de la conformación de los Estados Nacionales -y en algunos casos varias décadas después-. Además explican que los circuitos de intercambios socioeconómicos trasvasaban los límites impuestos en términos nacionales. Esto explica que, luego de las campañas genocidas y de la ocupación militar de los territorios indígenas, existieron en la región áreas que lograron mantener durante algunos años cierta autonomía económica a través de la articulación comercial con localidades fronterizas del lado chileno (^{Bandieri, 2005}; ^{Méndez, 2005}). Es recién en la década del 40 a raíz de los cambios económicos vinculados a medidas proteccionistas y a la reafirmación de la organización estatal en ambos países que esta situación comienza a modificarse y empieza a hacerse efectiva la "frontera" (^{Bandieri, 2005}). Esto explica porque "(...) hasta los años 30, en muchas localidades del sur argentino circulaba la moneda chilena" (^{Balazote, 1995: 64}).

Desde estas miradas contrapuestas a las lecturas "fijistas" -que conciben a las fronteras entre ambos estados como "estáticas" y "ahistóricas"- es comprensible que la ciudad de San Carlos de Bariloche, ubicada en la región cordillerana cerca del límite con Chile, ha tenido un acelerado crecimiento poblacional en las primeras décadas del siglo XX (de 196 habitantes en el Censo del año 1895 a 6,909 en el año 1914, cifra muy superior a las restantes localidades cordilleranas), explicable por la estrecha vinculación de esta localidad con la ciudad chilena de Puerto Montt, interrelación que caracteriza la historiadora Laura ^{Méndez (2005)} como "Una región y dos ciudades"⁷.

A partir de lo argumentado en estos párrafos, observamos como constituye una lectura sesgada, atribuir a ambos países los límites efectivos que hoy ocupan, como si la injerencia de ambos Estados-nación no hubiera sido posterior a la conquista de las áreas en que se asentaban las poblaciones indígenas. Como vimos, en muchos casos la constitución del "límite" tendría lugar varias décadas después de la constitución formal de dichas fronteras. Esta misma falacia implica trasladar esta supuesta rigidez a la nacionalidad de las poblaciones provenientes de uno y otro lado de la cordillera.

Una muestra elocuente se observa en la zona de El Manso (Provincia de Río Negro), donde una vivienda del año 1899 tiene la particularidad que el límite con Chile se conformó con posterioridad al predio donde ya se encontraba instalada esta casa, por lo tanto la mitad del terreno "quedó" en Argentina y la otra mitad en Chile y el "hito" fronterizo (poste de color rojizo) se encuentra en el jardín (ver foto adjunta y croquis). Evidencia irrefutable, de hasta que punto las relaciones entre poblaciones y territorios trascienden y son anteriores a las fronteras jurídicas que se han constituido entre ambos Estados-nación.

Fotografía en ^{Belelli, et al., 2008}.

Foto: Hito limítrofe en el paso del Manso, ubicado en el interior de la vivienda 

Asimismo, las lecturas tradicionales, retomadas en estos artículos periodísticos, omiten reiteradamente que muchas familias que supuestamente "venían" de Chile, habían residido en el actual territorio argentino y migraron hacia el oeste con la avanzada militar de fines del siglo XIX. Es decir, aquello que se lee como una invasión trans-cordillerana, en realidad ha sido otra cosa que el "regreso al territorio originario". De hecho existen innumerables casos documentados, en las cuales estas familias eran oriundas de la Provincia de Buenos Aires.⁸

A partir de lo expuesto, sostenemos que la atribución de los mapuches como "chilenos" o "argentinos", referida a tiempos anteriores a la conformación de las fronteras es una estigmatización que es inseparable de la dinámica de conformación de los Estados y de las relaciones con sus "otros" internos. En este sentido, no han sido ajenas, las representaciones sociales que históricamente se han promovido y predominado sobre el territorio, tal como ha señalado Gilberto Giménez: "El concepto de representación desempeña, entonces, un papel determinante en la teorización del territorio y por lo tanto de las fronteras que lo delimitan" (2007: 23). En este caso, se ha concebido históricamente, desde el imaginario colectivo, la frontera con el vecino país de Chile como ancestral y casi "infranqueable" -favorecida por la imagen de "frontera física" que trasmite la Cordillera de los Andes-.

De esta manera, en la medida en que en estas representaciones de la frontera se "acrecienta" la distancia, sucede lo mismo, por extensión, con la distancia sociocultural que los sectores hegemónicos buscan trazar con ese "otro", reforzando la identificación de "mapuche" con "chileno".

Asimismo, la idea de los mapuches como supuestos "extranjeros" está íntimamente relacionada con el concepto de "desierto", que jugó un papel ideológico fundamental al momento de legitimar el proceso de exterminio. Como los indígenas eran supuestamente "extranjeros" el territorio local se encontraba "despoblado". Como ha afirmado acertadamente Miguel Bartolomé:

El mito de un inmenso territorio "desierto" y sólo transitado por unas cuantas hordas de cazadores "bárbaros", ha sido particularmente grato a la historiografía argentina, en tanto fundamentaba el modelo europeizante bajo el cual se organizó el proceso de construcción nacional (^{Bartolomé 2003: 163}).

Un ejemplo claro de esta tendencia la encontramos en el más reciente de estos artículos periodísticos:

(...) es menester puntualizar que las tribus radicadas en la Argentina se componían de escasos individuos: no hay que creer que la Pampa estaba poblada por entero. En 1879 el general Roca informó al gobierno, según datos necesarios para efectuar su ofensiva, que la totalidad de los aborígenes hasta el río Negro por el sur, y los Andes por el oeste, se calculaba en 20,000 almas (^{Ruiz Moreno, 2009}).

Cabe recordar que contrariamente a la imagen de "despoblado" que intenta reflejar este pasaje, de acuerdo a lo que revela el censo efectuado en el año 1895 -es decir unos años después de la "Conquista del Desierto"- el Territorio Nacional de Neuquén estaba poblado por 14,517 habitantes, el de Río Negro por 9,241, y el de Chubut por 3,748 (^{Torres, 2006}). Esto evidencia que las 20,000 almas que conformaban la población indígena mencionada en esta cita, no era una cifra nada desdeñable por aquel momento. Nuevamente, un ejemplo claro de la lectura sesgada e históricamente descontextualizada de tales artículos, cuyo único objetivo es desacreditar la pre-existencia mapuche.

La negación por la criminalización: acusaciones de ocupación, usurpación y terrorismo

Los argumentos que hemos analizado en los puntos anteriores se vinculan con otro cada vez más presente en estas notas: el de ilegalidad, a través de sus expresiones concretas de "ocupación", "usurpación", "terrorismo" o "intentos de secesión". Nuevamente, estos discursos distan de ser ingenuos, ya que contribuyen al creciente proceso de judicialización y criminalización de los reclamos indígenas y a la vez buscan desdibujar la lucha por el territorio ancestral y el reconocimiento, reduciendo estas acciones a una mera "ocupación" de carácter "ilegal" y "dudosas" intenciones. En este sentido, a pesar que -como vimos- el marco constitucional y legal reconoce los derechos de los Pueblos Originarios y del pueblo mapuche⁹ al territorio y la identidad, en la práctica estos continúan siendo sistemáticamente negados.

Como parte de los discursos promovidos por estas notas periodísticas, ha comenzado crecientemente a asociarse a los mapuche con la noción de "terrorismo". En este sentido, Carlos Sapag, hermano del gobernador de la provincia de Neuquén, ha asegurado en diversos medios periodísticos que los dirigentes mapuche son respaldados por miembros de la FARC y la ETA (^{Bilardo, 2009}). Ante semejantes acusaciones, un dirigente indígena sintetiza -creemos que adecuadamente- la dinámica de estas expresiones en los medios de comunicación:

Sus argumentos [en relación a los del empresario] son pobres, pero, como tiene a los medios de comunicación para disparar, utiliza falacias como la de las FARC y ETA para distorsionar (^{Sánchez, 2009}).

Estos discursos que intentan asimilar a "mapuche" con "terroristas" tienen lugar en un creciente escenario de conflictividad territorial, donde se acusa a los indígenas de diferentes "usurpaciones". En este sentido, un estudio efectuado por la Sociedad Rural de Neuquén indica que hay alrededor de 70 campos "apropiados" por los indígenas (s/autor, La Angostura Digital, 29/08/2009). Desde estas alocuciones, lo que estas "ocupaciones" pondrían en peligro, es el "desarrollo", el "progreso" y el "crecimiento" de la región, ya que los potenciales inversores no arriesgan su capital ante esta "inseguridad jurídica". Lo que se oculta, es la ausencia del cumplimiento de las legislaciones vigentes en relación a los pueblos originarios, de allí la precariedad jurídica de la posesión de los territorios en que se asientan actualmente estas poblaciones -ya sea en calidad de "fiscaleros", o bien con "permisos precarios de ocupación" o como ocupantes "de hecho"-, situaciones que han posibilitado que sean expulsados o que hayan sido afectados sus territorios ancestrales, por una diversidad de actividades económicas, que ponen en jaque su supervivencia. Esto explica que una parte importante de los litigios, se producen por intentos de desalojos -al no tener jurídicamente regularizada la posesión- y también la criminalización de integrantes de las comunidades. De hecho, el funcionario responsable del Consejo de Desarrollo de Comunidad Indígenas (CODECI) de la Provincia de Río Negro -organismo compuesto por representantes indígenas y del gobierno- reconoció que "(...) el Estado provincial está en deuda con los pueblos indígenas y que ninguna de las 126 comunidades de Río Negro cuenta con título comunitario" (^{Aranda, 2009}).

En los últimos años, y a partir de una mayor capacidad organizativa, el pueblo mapuche ha acentuado los reclamos sobre los territorios que les fueron arrebatados históricamente. Amparados en las nuevas legislaciones vigentes, han buscado formalizar los derechos previstos en relación a los mismos, buscando revertir los lentos avances efectuados hasta el momento en materia de "regularización dominial", y más aún en el reconocimiento de la "propiedad comunitaria". Por esto resultan esclarecedoras las expresiones de un abogado responsable de un organismo jurídico de defensa de las poblaciones indígenas, quien pone en evidencia la ausencia de sustento de estas acusaciones:

(...) estas reafirmaciones y recuperaciones han sido pacíficas y públicas. Ninguno de los 40 procesos penales iniciados contra los miembros de comunidades indígenas que han reafirmado o recuperado sus derechos culminó en una condena. En las 12 causas por usurpación, en ningún caso se acreditó como modo comisivo el uso de "fuerza", "clandestinidad" ni "violencia" previstos en el art. 181 del Código Penal, lo que desbarata lo central de la campaña de miedo impulsada en La Nación (^{Kosovsky, 2009}).

Pero además, otro aspecto que estos discursos ocultan, es la negativa por parte de diversos sectores -el de grandes propietarios- a aplicar la Ley Nacional 26.160 de "Emergencia y Regularización de la Propiedad Comunitaria Indígena". Esta oposición, no se puede dejar de vincular estos procesos de estigmatización y criminalización con el contexto de instrumentación de la misma. Así deben entenderse la demora y dificultades para firmar los convenios entre los organismos involucrados (el I.N.A.I., las Provincias, las Universidades Nacionales de cada región y las organizaciones indígenas). Basta con señalar que en el mes de noviembre de 2009 la Cámara de Diputados votó una prorroga de 3 años (hasta el año 2013) en la mencionada Ley 26,160 y los únicos tres diputados nacionales que votaron en contra de dicha medida -sobre más de 250 parlamentarios que conforman el Congreso Nacional- fueron los del oficialismo neuquino, al considerar que dicha medida "avasalla la autonomía de las provincias" (s/autor, Diario Andino, 17/11/2009). Más de uno ha señalado las causas que explican la negativa del oficialismo y de los propietarios a efectuar un estudio -como contempla esta ley- sobre los títulos de propiedad. Un diputado provincial opositor, además de cuestionar -en relación a estos procesos de estigmatización hacia los indígenas, la "desfatachez de los privados"-, puso en duda la legitimidad de las propiedades privadas que detentan, y pidió "(...) que en un eventual ordenamiento de tierras se verifique la legitimidad de los títulos de propiedad que ostentan y si corresponden con las superficies que estos mismos han alambrado" (s/ autor, Diario Rio Negro, 06/10/2009). En este sentido, coincidimos con ^{Svampa (2007)} cuando afirma que la criminalización de la protesta social, en este caso del reclamo mapuche, es un dispositivo de control social.

El cuestionamiento de la libertad de manifestación y expresión, frente a la conculcación de derechos, y la asimilación de la protesta social al delito, se ha venido expresando en un sostenido avance del proceso de judicialización de los conflictos, visible en la ampliación, multiplicación y forzamiento de las figuras penales, en el número de encarcelamientos y procesamientos a dirigentes y militantes sociales y sindicales, en la estigmatización mediática y social de las poblaciones y grupos movilizados (que apunta a la deslegitimación de los reclamos frente a la sociedad) y, por último, en el incremento de las fuerzas represivas y la creación especial de cuerpos de élite, orientados a la represión de la protesta social (^{Svampa 2007: 10}).

Como afirma esta autora, existe una relación directa entre las economías de enclave y el deterioro de los derechos civiles. Como consecuencia de la profundización del modelo extractivo-exportador, la creciente territorialización de los conflictos ha derivado en el desplazamiento de las comunidades originarias y campesinas y en la mayor persecución de dirigentes y militantes sociales, en un marco de militarización creciente y de fuertes salidas represivas (^{Svampa 2007}). En este contexto, en el vecino país de Chile se ha llegado a aplicar la Ley Antiterrorista (Ley 18,314) a mapuches que han protagonizado distintos actos de protesta.

Palabras finales: el "estigma" de "ser mapuche" en los medios

En las últimas décadas existe un amplio consenso en las disciplinas sociales y humanísticas en torno a considerar la auto-adscripción, así como el carácter relacional de las identidades (étnicas, nacionales, etc.), entendiendo que éstas se encuentran condicionadas por el contexto histórico en el que se expresan y reproducen. En contraposición con estas concepciones dinámicas, las definiciones y planteos que atienden a los rasgos "estáticos" y esencialistas no permiten explicar el cambio, ni las identidades de los propios sujetos, y no tienen en cuenta el lugar que ocupan los grupos portadores de estas identidades en el contexto social.

No obstante, las lecturas estáticas siguen muy arraigadas en el sentido común, que se expresa en los discursos interesados de diversos sectores sociales hegemónicos, de los que se hacen eco una parte importante de los medios de comunicación, en función de los intereses que poseen. Estos discursos estructurados, poco proclives a reflexionar en torno a los estigmas y prejuicios que sustentan, no constituyen, lamentablemente, una excepción en nuestra sociedad. Se trata indudablemente de un "discurso colonial", aún vigente, que intenta culpabilizar al "otro" a través de la negación de sus derechos a vivir y expresarse en la manifestación de su diversidad en todos los aspectos.

Por lo tanto, como afirman ^{Trinchero y Leguizamon (1996)} -en su análisis de los procesos de estigmatización de indígenas en el norte argentino- la aparición, recurrencia y las formas específicas de producción de discursos estigmatizantes en los medios de comunicación tienen una fuerte relación con la construcción de prácticas de poder. Siguiendo a estos autores, entendemos que la definición de estigma va más allá de una cuestión de atributos desacreditantes y negativos existentes en la sociedad, ya que responden a prácticas de poder concretas y son funcionales a la reproducción de dichas relaciones.

Como hemos visto a lo largo del trabajo, los diferentes argumentos presentes convergen en una connotación "extranjerizante" hacia el pueblo mapuche, ya sea mediante la explicita identificación de "mapuche" con "chileno", a partir de la exaltación de otras parcialidades indígenas como "verdaderas" (en oposición a los mapuche), o bien características donde confluyen lo "exterior" con lo "ilegal" -condensado en las supuestas vinculaciones con grupos "terroristas" de origen internacional-. Evocaciones que en todos los casos, por un lado deslegitiman a los indígenas como un "otro autentico" al interior del ámbito nacional y por otro, posibilitan que los espacios territoriales en conflicto sean ocupados por aquellos que sí detentarían legitimidad: propietarios privados, pioneros, estancieros, empresas, etc.

Estos discursos y los contenidos que poseen, reproducen dos aspectos como parte de las representaciones sociales hegemónicas de la región de Norpatagonia, que han sido centrales en la conformación de la misma y en particular en lo que respecta a las relaciones interétnicas. Por un lado, la idea de una frontera ancestral y establecida "desde siempre" con el vecino país de Chile. De allí que las narrativas históricas de la región, oculten el pasado agrícola-ganadero-forestal vinculado a la estrecha interrelación con el oeste de la cordillera, se subestime la presencia de población de origen chileno que se estableció en la zona que quedó bajo soberanía Argentina y se sobredimensione la presencia de migrantes europeos simbolizados como los "pioneros". Por ello, como ha afirmado ^{Giménez (2007: 25)} "Las representaciones que tienen por referente el territorio o sus elementos componentes, como son las fronteras y las franjas fronterizas, no son representaciones neutras". En este sentido, continúa el autor "(...) no debe subestimarse la participación de los medios masivos de comunicación en la construcción de las representaciones territoriales" (2007: 26), entendiendo que las mismas dependen de circunstancias contingentes y de factores más generales, como el contexto social e ideológico, el lugar de los actores sociales en la sociedad, la historia de los individuos y de los grupos, y sobre todo, los intereses en juego (^{Giménez, 2007: 25-26}). En esa conceptualización del territorio, de la frontera y los actores que han predominado en la región, es que a los mapuche se los ha identificado históricamente como ese "otro" (supuestamente) lejano como son los chilenos y estos mensajes no hacen más que profundizar tal visión. Como hemos afirmado en otra oportunidad,"(...) los mapuches han sufrido una doble discriminación, por un lado específicamente como indígenas y por otro genéricamente como "extranjeros-peligrosos" (^{Radovich y Balazote, 2009: 39-40}).

Por otro lado, pero en directa relación con esto último, estas representaciones reproducen la vieja -y tan cara- noción de "Desierto", como un espacio supuestamente "vacío" que por lo tanto está legitimado que sea ocupado por la "civilización". Una nota de un periódico digital alternativo, entendemos que caracteriza adecuadamente a los autores de estos procesos de estigmatización efectuados en los medios masivos, al denominarlos como "Los nostálgicos del Desierto" (s/autor, "argentina.indymedia", 3/11/09).