Introducción

Desde finales del siglo XX, se ha desarrollado un contexto favorable en México para la operación de megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica. La construcción de un marco político orientado a la transición energética, la diversificación de los modelos de producción y consumo de energía, así como la necesidad de hacer frente al cambio climático justifican el aprovechamiento de la energía solar y eólica en el país para fines sociales.¹ No obstante, poco se ha dicho sobre las transformaciones positivas y negativas que acarrean los megaproyectos de energía eólica y solar sobre la vida social, las prácticas económicas, las estructuras socio-productivas desarrolladas en la ruralidad mexicana y sus efectos sobre el propio ambiente.

La mayoría de las investigaciones recientes abordan, entre otras cosas, la relación de estos megaproyectos con el neoextractivismo en América Latina (^{Olmedo-Neri y Gómez-Liendo, 2020}), el desarrollo de movimientos sociales en su contra (^{Rosset y Martínez-Torres 2016}; ^{Howe, Boyer y Barrera, 2015}), las reconfiguraciones socioterritoriales derivadas de su implantación (^{Ojeda-Gutiérrez, 2020}; ^{Diego-Quintana, 2019}), así como su impacto en la política energética mexicana (^{Flores-Rangel, Pérez-Macías y Velázquez-Quesada, 2018}).

De hecho, las pocas investigaciones sustentadas en estudios de caso en Oaxaca (^{Mejía-Carrasco, 2017}) y Yucatán (^{El-Mekaoui y Baños-Ramírez, 2021}; ^{Fernández-Xicoténcatl y Munguía-Gil, 2020}) identifican que estos megaproyectos generan conflictos dentro de las comunidades rurales y particularmente entre las personas que poseen una propiedad social sobre la tierra. De esos problemas destacan dos situaciones: por un lado, la disyuntiva económica para aquellos agricultores que, después de ser contactados por las empresas, deben decidir entre arrendar sus tierras para estos megaproyectos o seguir obteniendo un ingreso mediante la producción agropecuaria en dichas parcelas (^{Olmedo-Neri, 2019}), y por otro lado, la evaluación de las diferentes percepciones sobre estas iniciativas como consecuencia de la distribución desigual de sus beneficios y la generalización de los efectos sociales, productivos y paisajísticos derivados de su operación (^{Fernández-Xicoténcatl y Munguía-Gil, 2020}).

De allí que se pretenda abonar al análisis de estos efectos mediante un perspectiva socioespacial y documental de los megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica en el estado de Yucatán. La selección de tal estado se debe tanto a su potencial solar y eólico, como a la estrategia desarrollada desde las empresas y el gobierno mexicano, en sus tres niveles, para analizar la relevancia de estos megaproyectos en la mejora de la calidad de vida de la población (^{GIZ, 2021}).

De esta manera, se articula un marco teórico a partir de dos conceptos estratégicos: el de Nueva Ruralidad (^{Carton-de-Grammont, 2004}; ^{Torres, 2012}), para referir al conjunto amplio de cambios desarrollados en las zonas rurales, y el de desagrarización (^{Escalante, Catalán y Reyes, 2007}; ^{Carton-de-Grammont, 2009}; ^{Camarero, Carton-de-Grammont y Quaranta, 2020}), para vincular los efectos generados por los megaproyectos de energía solar y eólica a:

… la pérdida de centralidad de la actividad agraria como base económica de las sociedades, y hace referencia especialmente a la disolución del papel director que ha tenido para la organización de la vida rural y en la configuración de las estructuras sociales de dichas áreas (^{Camarero, Carton-de-Grammont y Quaranta, 2020, p. 198}).

Por ello, la desagrarización se refiere a la paulatina reducción, que no es desaparición, de la relevancia social, económica, cultural y política de las actividades agropecuarias y sus estructuras agrarias dentro de la ruralidad, así como a la diversificación del ingreso económico de las familias que viven en zonas rurales, particularmente “el impresionante crecimiento de los ingresos no agrícolas en los hogares rurales” (^{Carton-de-Grammont, 2009, p. 15}). En este sentido, la hipótesis que se plantea en esta investigación es que los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos socaban las estructuras agrarias de tipo social, incrementan el ingreso no agrícola a través del arrendamiento de tierras y fomentan la fragmentación social en las zonas rurales al profundizar las diferencias cualitativas y cuantitativas entre la población rural agrícola y la no agrícola.

Finalmente, los resultados muestran que los 23 megaproyectos analizados afectan indirectamente 260 parcelas, correspondientes a 16 núcleos agrarios, mismos que aglutinan a 5,851 ejidatarios. Estos datos, sumado a la sistematización de la información obtenida de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), las Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) y los Estudios Técnico Justificativo (ETJ) permiten avizorar las tensiones desarrolladas dentro de las estructuras organizativas de la propiedad social antes, durante y después del megaproyecto. Aunque son pocos los megaproyectos que están actualmente en operación, identificar los cambios que generan en las zonas rurales es un punto de partida para anticipar su porvenir no solo en Yucatán, sino en el país. Por lo tanto, analizar sus procesos de concreción permite vislumbrar sus efectos y analizar sus consecuencias sobre la sociedad rural mexicana.

A partir del análisis se observa que la proyección e implantación de los megaproyectos de energía eólica y solar en las zonas rurales generan tensiones dentro de la población rural agrícola y profundiza sus diferencias con la población rural no agrícola. Así, estos megaproyectos contribuyen a la desagrarización de las sociedades rurales y a su fragmentación social por la distribución desigual de sus beneficios.

Marco Teórico

La noción Nueva Ruralidad ha sido ampliamente trabajada en México y América Latina (^{Carton-de-Grammont, 2004}, ²⁰⁰⁹; ^{Gaudin, 2019}; ^{Giarracca, 2001}; ^{Olmedo-Neri, 2019}; ^{Pérez-Correa, Farah-Quijano y Carton-de-Grammont, 2008}; ^{Torres, 2012}; ^{Torres-Mazuera, 2008}). Existe cierta polémica en torno a su construcción conceptual para saber si los fenómenos anclados bajo esta categoría son “nuevos”, producto de la mundialización con la paulatina reducción de las diferencias estructurales entre ruralidad y urbanidad, o bien “emergentes”, es decir que siempre estuvieron allí, pero que actualmente cobran una mayor visibilidad y relevancia. No obstante, hay un reconocimiento implícito sobre el mundo rural contemporáneo: este ya no es igual al que se analizaba hace cincuenta años, por lo que se requieren nuevas herramientas teóricas-conceptuales para explicar las transformaciones de los territorios rurales, de su población, de sus dinámicas productivas e imaginarios sociales.

En este debate, los megaproyectos que aprovechan los recursos naturales en zonas rurales, el agua por ejemplo, registran una larga trayectoria que provocó numerosos conflictos entre la población rural y el Estado mexicano. Por lo que, aquellas iniciativas que explotan la luz solar y la fuerza eólica desde finales del siglo XX serían fenómenos emergentes que desencadenan conflictos al interior de la población rural (^{Bastian-Duarte, 2019}; ^{Campo-Márquez, Nelson-Edelstein y García-Vázquez, 2009}; ^{Sener, 2019}). Bajo este contexto, los megaproyectos de energía eólica y solar son una continuidad en la explotación de recursos naturales, sin embargo, son también una novedad en cuanto al modelo de negocio en el que se sustentan, así como por la participación de nuevos actores en el proceso de negociación y mitigación de potenciales conflictos. Es, entonces, necesario profundizar en la doble dimensión, continuidad y cambio, de estos megaproyectos energéticos.

En México, las hidroeléctricas fueron los primeros megaproyectos que aprovecharon un recurso natural para fines energéticos (^{Vargas-Velázquez, 2019}). En ellas el Estado se encargaba de negociar con las comunidades para establecer los procesos de indemnización y reubicación de la población. Esta participación gubernamental respondía a su voluntad de concretar su proyecto de Nación. Hoy, el aprovechamiento de la luz solar y de la fuerza eólica es una ampliación de esta primera forma de explotar la naturaleza para beneficio del ser humano. Sin embargo, es a la vez una novedad, al menos en dos sentidos: el primero radica en que su promotor ya no es el Estado, sino el sector privado quien desarrolla la iniciativa, negocia con la población potencialmente afectada y adquiere el mayor beneficio económico de este modelo de producción energética, todo esto dentro del nuevo marco legislativo vigente en México (^{Bastian-Duarte, 2019}; ^{Olmedo-Neri, 2021}).

El segundo cambio tiene que ver con el recurso natural que se aprovecha gracias al desarrollo tecnológico que ha posibilitado tanto la ampliación de las formas de explotación como el incremento de la eficacia y eficiencia de dicho proceso. La explotación de los recursos naturales está condicionada históricamente por las posibilidades técnicas y operativas de la sociedad en un momento dado, por lo que la capacidad de aprovechar la energía solar y eólica para fines sociales o productivos supone tanto un adelanto tecnológico como un salto productivo derivado de la innovación. Por ello, la implantación de megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica en las zonas rurales constituye un fenómeno social, económico y ambiental complejo, así como un proceso de explotación ampliado con nuevos actores. De hecho, el desarrollo de estos megaproyectos de energía posee un fuerte carácter externo, producto de la globalización (^{Bauman, 2010}). Son iniciativas que se crean en el marco del aprovechamiento de las “nuevas” ventajas competitivas de los territorios, pero sin responsabilizar a las empresas de la transformación de la relación sociedad-naturaleza que ello supone.

Sumado a lo anterior, analizar este tipo de megaproyectos implica reconocer dos elementos: por un lado, un conjunto de conflictos entre las personas con propiedad social ante el arrendamiento parcial o total de los terrenos con la consecuente distribución del beneficio para unos y no para otros; por otro lado, la presencia cada vez más pronunciada de una población rural no agrícola que se ve afectada o beneficiada por la proyección, instalación, operación y suspensión/desmantelamiento de estos megaproyectos.² La distribución irregular de los beneficios y las afectaciones en la población contribuye a lo que se pretende definir como fragmentación social en las zonas rurales.

La fragmentación social es un concepto reciente que ha tomado relevancia para explicar las transformaciones en las sociedades rurales. Según ^{Carton de Grammont (2016)}, la fragmentación social es resultado de, al menos, dos factores estrechamente vinculados: la desagrarización (la disminución de la importancia de las actividades agropecuarias en los hogares rurales frente al incremento de los ingresos no agrícolas) y su impulso por la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las zonas rurales. Estos elementos contribuyen, entre otras cosas, a la profundización de las diferencias socio-demográficas entre los hogares rurales agrícolas y los hograres rurales no agrícolas.

Ante la falta de una definición formal de fragmentación social, resulta factible una propuesta conceptual que permita entrever cómo la heterogeneidad de los actores fomenta la pérdida de las relaciones sociales en una comunidad. Por ello, la fragmentación social no solo debe entenderse como la mera destrucción de los vínculos sociales existentes entre las personas de un mismo grupo, ni referir solo a la desigualdad social distribuida y expresada espacialmente en una ruptura socioterritorial (^{Longhi, Bolsi, Paolasso, Velázquez y Celemín, 2013}). Más bien, es necesario pensar la fragmentación social como un proceso donde la progresiva diversificación de actividades económicas, dinámicas sociales y prácticas culturales entre personas de un mismo grupo termina transformando sus vínculos sociales y consecuentemente el sentido de comunidad tiende a desaparecer. Esta heterogeneidad de actividades y referentes colectivos promueven el distanciamiento (in)consciente entre los individuos, lo cual aumenta la pérdida de aquel sentido que diferencia cualtitavamente a la comunidad de la sociedad (^{Schluchter, 2011}).

Así, la diversificación de las actividades de los pobladores rurales propicia la individualización de sus lazos productivos y sociales. Este proceso es parte de la fragmentación social y su concreción promueve implícitamente la ruptura del territorio. Sumado a lo anterior, la fragmentación social se profundiza en una localidad rural cuando crece demográficamente: en ese proceso de concentración poblacional los vínculos sociales se definen a partir de la nueva proximidad entre individiuos generada ya no por el territorio, sino por sus actividades económicas, sus marcos culturales y sus afinidades sociales.

Aplicando esta propuesta a los efectos que generan los megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica en las zonas rurales de México, es posible identificar cambios en diferentes escalas, tanto a nivel micro en las unidades familiares agrícolas como meso en las sociedades rurales locales. En nuestro estudio de caso, los megaproyectos de energía eólica y solar promueven la fragmentación social al diversificar los ingresos económicos de las unidades familiares agrícolas mediante la renta de terrenos. Esto transforma la lógica de funcionamiento y producción de la unidad familiar, encaminándola a un carácter pluriactivo donde “la actividad más lucrativa marca la dinámica del trabajo familiar” (^{Carton-de-Grammont, 2016, p. 57}). En este caso, si bien la renta destaca por su incorporación en el ingreso familiar, esta incluso puede reorientar el trabajo familiar o ampliarlo a otras áreas de interés fuera de lo agropecuario.

La diversificación de ingresos económicos en una unidad familiar rural es un rasgo de la desagrarización; este proceso se presenta en México desde finales del siglo XX dada la progresiva reducción en la rentabilidad de las actividades agropecuarias (^{Carton-de-Grammont, 2009}; ^{Escalante, Catalán, Galindo y Reyes, 2007}). Por lo tanto, el ingreso económico derivado de la renta de sus tierras transforma el propio concepto de agricultor o campesino, dado que sus actividades económicas se diversifican, iniciando o profundizando el proceso de desagrarización.

En el caso que estudiamos, paralelamente a la diversificación de sus ingresos, el usufructo del arrendamiento de tierras genera la percepción en el agricultor de ser parte del servicio de producción de energía. Esto transforma no solo el significado sobre qué implica ser un agricultor, sino que también genera conflictos en la estructura agraria local donde participa, ya que es percibido como diferente por parte de los demás miembros de esta (^{Muñoz, 2008}). En otras palabras, el arrendamiento de tierras para fines no agropecuarios transforma perceptivamente al agricultor y lo diferencia socialmente de sus pares con quienes dinamiza la estructura agraria. Este proceso de distinción perceptiva y productiva contribuye a la fragmentación social dentro de las sociedades campesinas y sus estructuras organizativas.

Por otra parte, los beneficios y las consecuencias de los megaproyectos de energía solar y eólica promueven la fragmentación social entre la población rural agrícola (con actividades económicas totalmente agropecuarias, miembro de estructuras agrarias, con una relación histórica con la tierra y con una producción para autoconsumo, por ejemplo) y la población rural no agrícola (con actividades económicas no agropecuarias, con procesos de movilidad entre lo urbano y lo rural, con aspiraciones y consumos culturales urbano-globales y que en términos generales no tiene vinculación alguna con la tierra o las estructuras agrarias).

Contrario a lo que podría pensarse, estos dos tipos de población son polos de un continuum que se desarrolla en las sociedades rurales como resultado de los cambios propios de la Nueva Ruralidad (^{Carton-de-Grammont, 2004}; ^{Torres-Mazuera, 2008}; ^{Muñoz-Aguirre, 2008}). En este continuum existe un espacio difuso donde las personas de las zonas rurales se ubican a partir de la hetegoeneidad de sus actividades productivas y sus dinámicas culturales. De esta manera, la diversificación de ingresos y la consecuente diferenciación social de las personas contribuye a conformar ese continuum dado que los cambios progresivos hacen que las características de los hogares y personas de zonas rurales se modifiquen paulatinamente y tiendan a ir de lo rural agrícola a lo rural no agrícola. Por lo tanto, reconocer esta área intermedia resulta útil porque el arrendamiento de terrenos para los megaproyectos de energía eólica y solar sitúa a los productores pluriactivos en ese espacio denso y difuso donde existe un cúmulo de perfiles que se mueven entre estos dos tipos de población rural.³

A partir de estos elementos se puede mencionar que los megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica impactan de mayor manera en la población rural agrícola, esencialmente ejidatarios y comuneros, ya que la selección de parcelas ocasiona conflictos sobre el arrendamiento, genera tensiones por la distribución del nuevo ingreso y acarrea problemas por los procesos jurídico-administrativos que deben realizarse para formalizar esta nueva actividad económica (^{Procuraduría Agraria, 2018}).⁴ Entonces, estos megaproyectos generan procesos de tensión y crisis en la estructura agraria y la propiedad social de la tierra, promoviendo directamente la desagrarización e indirectamente la fragmentación social.

Finalmente, la vinculación entre la población y el territorio es de carácter histórico, cultural, social, político y ambiental, por lo que dicha relación está en permanente desarrollo por los cambios internos que supone la Nueva Ruralidad. Lo destacable de este concepto es que el tiempo en que se presentan y asimilan estos cambios es más rápido; si antes las transformaciones se daban en las sociedades campesinas de manera paulatina (^{Shanin, 1979}; ^{Wolf, 1979}), actualmente el desarrollo tecnológico e informativo en las sociedades rurales constituye una verdadera revolución tecnológica de amplios efectos cualitativos y cuantitativos.

De hecho, de manera similar a lo que pasa en la ciudad, la incorporación de las TIC en la vida cotidiana de las poblaciones rurales pone en tensión los conocimientos locales ante la información de los medios de comunicación; dotan de un saber-poder a los jóvenes que se apropian de estas tecnologías y que cuestionan o transforman las estructuras verticales de poder-conocimiento en sus hograres; mezclan los marcos culturales locales con las aspiraciones urbanas; amplían la frontera productiva y redimensionan el papel del trabajo asalariado frente a las actividades agrícolas (^{Carton-de-Grammont, 2016}; ^{Dirven, 2021}). Por lo tanto, los megaproyectos de energía eólica y solar se inscriben en esta ola de cambios dado que promueven nuevas actividades productivas en las parcelas, derivado de su potencial rentabilidad desde el (nuevo) recurso natural que se pretende explotar.

Metodología

La investigación adopta un enfoque cualitativo y articula la revisión documental con la recuperación de la experiencia alrededor del trabajo en diversos megaproyectos de este tipo en México. El conocimiento de diversos procesos de evaluación y diagnóstico para megaproyectos de energía solar y eólica en el país es la base de la estrategia metodológica empleada en este trabajo.

Para el análisis socioespacial se utilizaron los Sistemas de Información Geográfica (SIG) de fuentes oficiales como la Secretaría de Energía (^{Sener, 2021}), el Registro Agrario Nacional (^{RAN, 2018}), de organizaciones civiles como ^{Geocomunes (2020)}, de instituciones académicas como el ^{Instituto de Geografía de la UNAM (2021)}, así como la georreferenciación de las localidades del estado de Yucatán de acuerdo con el Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (^{INEGI, 2020}).

Sumado a esto se reconoce la relevancia de las evaluaciones que se realizan por disposición oficial para que los megaproyectos sean aprobados por el Estado mexicano. De allí que el trabajo analítico se fortaleció con la revisión de las MIA, EVIS y ETJ disponibles de estos megaproyectos. Aunque en Yucatán se identifican 29 megaproyectos, en este trabajo se analizan espacial y documentalmente 23 de ellos (11 parques fotovoltaicos y 12 parques eólicos). La delimitación responde a la falta de disponibilidad pública de los estudios para concretar un panorama estatal completo; no obstante, el acercamiento permite cumplir con los objetivos y la hipótesis aquí planteados. De allí que tanto la selección como el análisis de los 23 megaproyectos están complementados con la revisión de 19 MIA, dos EVIS y tres ETJ; todos estos documentos han sido puestos a disposición por parte de la organización ^{Articulación Yucatán (2021)}.

Mediante esas fuentes de información se identificó y sistematizó la extensión de tierras arrendadas y su tipo de tenencia, el número de aerogeneradores y paneles solares, así como el uso de la tierra arrendada y el uso de los terrenos colindantes al megaproyecto. Dicha información se presenta en la matriz informativa del Anexo 1.

Finalmente, a partir de estas delimitaciones se generó un área buffer de un kilómetro alrededor de cada polígono de los megaproyectos. La distancia establecida corresponde a un criterio técnico para identificar los tres efectos espaciales directos que más se presentan sobre las áreas colindantes a los megaproyectos. El primero de ellos es que los parques solares de gran escala incrementan la temperatura a su alrededor, generando el efecto llamado “isla de calor”⁵ (^{Barron-Gafford et al, 2016}). El segundo efecto refiere a que los parques eólicos aprovechan las mismas corrientes de aire utilizadas por las aves migratorias, con lo que provocan su muerte cuando colisionan con las palas de los aerogeneradores (^{García-Beltrán, 2020}) y el tercero, alude al derrame de aceites o hidrocaburos (gasolina, diésel) en el suelo, lo que provoca la contaminación de los mantos freáticos (cenotes y corrientes de agua subterráneas) particularmente importantes en Yucatán.

Resultados

La proyección e instalación de los megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica no es espontánea, sino que responde a condiciones técnicas y de rentabilidad económica que caracterizan a este modelo de negocio. Por lo tanto, la potencial ubicación de un megaproyecto considera la radiación solar o la fuerza eólica del territorio donde se pretende instalar, el tipo de tenencia de la tierra que predomina en la zona, la cantidad de actores con los que se negociará el espacio a ocupar, las localidades potencialmente afectadas y la cercanía con las subestaciones eléctricas o las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para distribuir dicha energía.

La infraestructura eléctrica cobra relevancia dentro de la planeación y establecimiento de los megaproyectos energéticos ya que la electricidad producida es vendida, en la mayoría de los casos, al Estado mexicano. Por ello, es estratégico y rentable que un megaproyecto se instale cerca de una subestación o una línea de transmisión para concretar la venta de la electricidad, asegurar su almacenamiento y garantizar su consumo.

Entonces, la infraestructura energética, los megaproyectos y las propias localidades guardan una relación espacial estratégica de acuerdo con el servicio que se pretende ofrecer. El Mapa 1 muestra el panorama espacial entre las localidades rurales, la infraestructura eléctrica y la instalación de los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos. En un primer momento, la concreción de un megaproyecto eólico o fotovoltaico genera conflictos porque trastoca el paisaje y la relación sociedad-naturtaleza construida en las localidades; pero además, al priorizar su rentabilidad y finalidad económica puede desplazar otras actividades productivas de igual o mayor relevancia, como las agropecuarias.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{INEGI (2020)}, ^{Sener (2021)}, ^{Geocomunes (2020)} y el ^{Instituto de Geografía de la UNAM (2021)}.

Mapa 1 Yucatán: infraestructura energética y localidades rurales. 

En otras palabras, la proyección e instalación de los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos generan conflictos por la tensión que crean alrededor de la actividad que definirá la vocación productiva de un terreno: la producción de energía, la conservación ambiental o la producción agropecuaria.

Con este panorama estatal se observa que la ubicación potencial o concreta de un megaproyecto se articula con la infraestructura eléctrica, dada la rentablidad económica de su modelo de negocio. Además de ello, se da un progresivo ensamblaje de las lógicas económicas con el territorio, incrementando el potencial conflicto que desata esta incursión/irrupción. Los conflictos se generan con las poblaciones rurales ya que la operación de un megaproyecto requiere de grandes extensiones territoriales, por lo que el paisaje, la relación con la tierra y su uso se ven afectados cualitativa y cuantitativamente. En el Mapa 2 se observa la coincidencia de la infraestructura eléctrica con las tierras ejidales en el estado de Yucatán. Esto resulta importante porque la ubicación de megaproyectos en o cerca de terrenos con actividad agropecuaria muestra la competencia que puede existir entre diferentes actividades económicas en una misma parcela y por ende, el desarrollo de tensiones y conflictos sobre qué actividad priorizar a través de la negociación o la resistencia.

Fuente: elaboración propia con datos de ^{Geocomunes (2020)} y ^{RAN (2018)}.

Mapa 2 Yucatán: núcleos agrarios y megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica. 

Cada uno de los megaproyectos se encuentran en diferentes etapas (proyección, instalación-operación, suspendidos/desmantelados). Eso se debe tanto al impulso que le dan las empresas interesadas en su concreción como a la colaboración o resistencia de los dueños de la tierra y la fortaleza de sus organizaciones sociales. De los 12 parques eólicos analizados dos están en operación, ocho están en proyecto y dos suspendidos; por su parte, de los once parques fotovoltaicos uno está en operación, ochos están en proyecto, y dos han sido suspendidos (^{Geocomunes, 2020}). A pesar de esta situación, sea por la búsqueda de posibles personas interesadas en arrendar sus terrenos (privados o sociales) o por la simple intensión del megaproyecto, los efectos potenciales sobre las estructuras agrarias y la percepción social negativa son patentes (^{Ojeda-Gutiérrez, 2020}; ^{Fernández-Xicoténcatl y Munguía-Gil, 2020}). En la Tabla 1 se presentan la información obtenida del análisis espacial y de la sistematización de los documentos técnicos (MIA, EVIS y DTJ) de los 23 megaproyectos analizados.

Estos datos muestran: a) un impacto directo e indirecto sobre las estructuras de la propiedad social de la tierra y b) una potencial afectación visual y territorial que es percibida de manera diferente por la población rural agrícola y la no agrícola. En el segundo caso vale la pena remarcar el posible conflicto con la población rural no agrícola ya que al no conservar una relación de propiedad con la tierra, “no tienen la oportunidad de defender su modo de vida” (^{Ojeda-Gutiérrez, 2020, p. 31}).

Que a nivel estatal poco más de 18 mil hectáreas estén en proceso de negociación para ser arrendadas o el proceso ya se encuentre formalizado, permite dimensionar su creciente impacto sobre el territorio y las actividades rurales.⁹ Con ello, se puede demostrar que la presencia de estos megaproyectos acarrean importantes cambios sobre la tenencia de la tierra, la desagrarización y la fragmentación social en la población rural; mientras ciertas personas se ven beneficiadas de manera directa por arrendar su terreno para el megaproyecto, muchas otras son afectadas de manera indirecta sea por la contaminación ambiental (islas de calor, derrame de aceites o el incremento de mortalidad en aves migratorias), o por la necesidad de abrir nuevos caminos para transportar maquinaria y conectar el megaproyecto a la infraestructura eléctrica pública.

Según la revisión documental, en 18 megaproyectos los terrenos eran utilizados para realizar actividades agropecuarias de pequeña escala antes de su arrendamiento. Esto habla de un cambio drástico en el uso de la tierra para la nueva actividad económica y productiva. Además, en veinte casos los megaproyectos colindan con ejidos o parcelas donde se realizan actividades agropecuarias, lo cual incrementa el conflicto indirecto con productores privados o campesinos que no se ven beneficiados por el arrendamiento pero sí, perjudicados en sus actividades agropecuarias.

A nivel de estructura agraria se presenta un caso particularmente importante que evidencia los conflictos desarrollados sobre la tenencia de la tierra: en el parque fotovoltaico Kambul se ha registrado el cambio no solo del uso de suelo, sino también del tipo de propiedad, pasando de ejidal a propiedad privada (^{Photoemeris Sustentable, 2016}). El cambio en la propiedad de la tierra es resultado, entre otras cosas, de las estratregias coercitivas para agilizar el arrendamiento bajo un contrato individual, de la desagraización de los productores y de la crisis en las estructuras agrarias por el proceso de fragmentación social. Además existen casos de compra de tierras ejidales por parte de la empresa dueña de los parques fotovoltaicos “K’iin (Ticopó)”, “K’iin (Terreno 1)” y “Oxcum-Umán” (^{Axis Ingeniería, 2017}, ²⁰¹⁸). Lo señaldado es resultado de la intervención de los actores y las empresas que promueven y materializan estos megaproyectos, por lo que puede derivar en futuros procesos de acaparamiento de tierras a través de la compra de los terrenos para maximizar la ganancia y evitar problemas legales entre el arrendador y el arrendatario. Finalmente, resulta importante anotar que las localidades cercanas a los megaproyectos identifican un potencial efecto negativo en el ámbito paisajístico, mismo que suele ser uno de los elementos que propician una percepción diferenciada entre los beneficios individuales y las consecuencias colectivas y, por ende, la movilización social (^{Fernández-Xicoténcatl y Munguía-Gil, 2020}).

Discusión

Estudiar los megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica desde la Nueva Ruralidad permite vincular sus consecuencias con la desagrarización; de hecho, los efectos generados sobre el territorio, las estructuras agrarias y la actividad productiva agropecuaria contribuyen a la fragmentación social en las zonas rurales. Así, desagarización y fragmentación social se presentan como procesos inherentes al desarrollo potencial y real de los megaproyectos de energía eólica y solar en la ruralidad mexicana.

Detrás de la política energética que promueve el desarrollo de los megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica en México se encuentra un proceso que transforma profundamente las estructuras agrarias, diversifica los ingresos económicos de los hogares rurales y modifica el territorio. Por ende, la creciente “vocación” energética de los territorios transforma directamente tanto las zonas rurales como sus respectivas poblaciones y promueve indirectamente la desagrarización y la fragmentación social. Desplazar actividades agropecuarias en un terreno para la producción de energía supone una disputa sobre el territorio que tiene por apuesta la mayor rentabilidad de la propiedad, diversificando el ingreso económico del arrendador y reorientando el trabajo familiar de dicho hogar rural hacia la pluriactividad.

En un estudio comparativo sobre la ganancia obtenida por un productor al arrendar la tierra o producir maíz en ella, se identifica que en el contexto de una población agrícola envejecida, el arrendamiento a largo plazo de los terrenos agrícolas “se vuelve fijo y no presenta alteraciones provocadas por factores externos como llega a ocurrir en la producción agrícola” (^{Olmedo-Neri, 2019, p. 165}). Por lo tanto, el monto de renta llega a ser, en algunos casos, ligeramente superior que la ganancia obtenida bajo un sistema de temporal, lo cual es considerado por el agricultor a la hora de decidir entre formalizar el arrendamiento o seguir produciendo. Existe, pues, una dimensión económica que interviene en la decisión. Entonces, el monto acordado con la empresa del megaproyecto es, estrictamente, una renta que sirve de jubilación para una población que desde la implantación del neoliberalismo en México no tiene acceso a la protección social propia de un Estado de bienestar.

Además de ello, el tipo de propiedad también es un factor determinante y conflictivo: mientras que el arrendamiento de terrenos privados se concreta con un acuerdo mutuo entre dueño y empresa, formalizar el arrendamiento de tierras bajo una propiedad social conlleva un conjunto de procesos administrativos complejos para cumplir con lo establecido en la Ley Agraria. Por lo tanto, futuras investigaciones podrían profundizar sobre las razones individuales de origen económico, cultural, familiar y social que intervienen a la hora de decidir rentar o no un terreno de uso agropecuario para un megaproyecto de energía eólica o solar. Por otro lado, la decisión de arrendar predios no supone, como podría pensarse, que el productor deje de realizar actividades agropecuarias. Por el contrario, dado que la selección de la superficie responde a su potencial energético, el dueño de la tierra puede arrendar total o parcialmente su terreno, lo que posibilita la diversificación de sus actividades e ingresos.

Consecuentemente, un efecto visible de estos megaproyectos en las unidades familiares agrícolas es que el productor se vuelve de una u otra manera pluriactivo, ya que diversifica sus ingresos con el arrendamiento de sus tierras para actividades terciarias como lo es la producción de energía. Además de esta diversificación económica, existe un cambio perceptivo en su perfil socioprofesional: quienes arriendan sus parcelas para estas iniciativas ya no son en términos estrictos agricultores o campesinos, al menos no completamente, ya que su ingreso no depende exclusivamente de actividades agropecuarias. Por ello, el arrendamiento no solo supone un cambio de uso de suelo y una diversificación del ingreso económico, sino el abandono de la noción clásica de campesino y agricultor que trabaja la tierra (^{Shanin, 1979}; ^{Wolf, 1979}). Esta transformación teórica y empírica (re)ubica al ahora agricultor/campesino pluriactivo dentro del continuum existente entre la población rural agrícola y la no agrícola.

Además de lo anterior, el proceso para volver privados terrenos que tienen un carácter ejidal, sumado a los conflictos internos en los núcleos agrarios sobre la distribución de los beneficios económicos y las consecuencias sobre la tenencia de la tierra, fortalece la hipótesis que los megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica contribuyen directamente a la desagrarización y de manera indirecta a la fragmentación social en las zonas rurales en México. Además de esto, es posible mencionar que la diversificación del ingreso de los dueños de la tierra mediante el arrendamiento, la disminución parcial o total de las actividades agropecuarias que realiza la unidad familiar agrícola del arrendador, el cambio socioprofesional asumido y percibido por el dueño de la tierra, así como los potenciales conflictos derivados de los procedimientos para formalizar el contrato y su legitimidad entre los ejidatarios, son factores que encuadran con la desagrarización del campo mexicano (^{Carton-de-Grammont, 2009}).

Por su parte, estos megaproyectos contribuyen a la fragmentación social de las poblaciones rurales en dos niveles: el primero de ellos está al interior de las estructuras agrarias y aquellas personas con una propiedad social de la tierra; en un segundo nivel la fragmentación social se presenta con los efectos reales y percibidos por la población rural agrícola y no agrícola, lo cual puede derivar en el desgaste de los vínculos sociales y con ello la pérdida del sentido de comunidad.

Específicamente la población rural no agrícola se ve afectada por el cambio paisajístico de su entorno y las modificaciones temporales/permanentes de sus actividades cotidianas (movilidad, actividad económica, garantía de servicios básicos, sobreexplotación de recursos naturales o contaminación auditiva/visual) durante la construcción y operación de estos megaproyectos.

Si bien existen estudios de caso que abordan los efectos de los megaproyectos en Yucatán (^{Fernández-Xicoténcatl y Muguía-Gil, 2020}; ^{El-Mekaoui y Baños-Ramírez, 2021}) y otros estados (^{García-Beltrán, 2020}; ^{Howe, Boyer y Barrera, 2015}; ^{Mejía-Carrasco, 2017}; ^{Ojeda-Gutiérrez, 2020}; ^{Olmedo-Neri, 2019}), futuras investigaciones pueden ahondar en las implicaciones dentro de las estructuras agrarias y sus miembros, así como en la percepción de estos megaproyectos en la vida cotidiana de las personas, independiente de si son beneficiadas o no.

El estudio de ^{Fernández-Xicoténcatl y Munguía-Gil (2020)} muestra que el cambio paisajístico es un factor que, en general, la población percibe como negativo, sobre todo porque el despalme de los territorios “trae condiciones de aridez e incremento de temperatura en la zona” (p. 17). Esta percepción está fundada en el cambio visual del entorno de las personas, por lo que futuras investigaciones pueden contribuir con el análisis de la percepción social y cómo se manifiestan sus efectos en la población rural agrícola y aquella no agrícola.

En todo caso, la distribución desigual de los beneficios económicos y la generalización de sus consecuencias socioambientales sobre los territorios rurales evidencian la conflictividad que estos megaproyectos acarrean de manera inherente, lo cual reafirma tanto la desagrarización como la fragmentación social de las sociedades rurales en México.

Finalmente, resulta menester anotar que a pesar del discurso sustentable que se articula alrededor de estos megaproyectos (^{GIZ, 2021}), la modificación del territorio para su instalación y eficiente operación implica el desplazamiento de fauna y flora, lo que contribuye a su percepción negativa. Además de ello, en un sentido más técnico, los megaproyectos se articulan con otros sectores productivos como la minería mediante la demanda de materias primas que se usan o forman parte de la infraestructura para la conversión energética; de allí que pensar críticamente estos megaproyectos implica reconocerlos dentro de la ambivalencia que genera la sustentabilidad, esto es, que no se instauran en el imperio de la sustentabilidad, sino en la sustentabilidad del imperio (^{Torres, 2012}).

Conclusión

El acercamiento a los efectos de los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos sobre las estructuras agrarias y la población rural implica reconocer el carácter emergente y conflictivo de un nuevo proceso propio de la Nueva Ruralidad. El análisis del estado de Yucatán evidencia que existen procesos de desagrarización y fragmentación social en la población rural agrícola y no agrícola, que no han sido abordados con atención, a pesar de su relevancia.

A partir de lo analizado es posible observar que los megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica contribuyen a la fragmentación social dentro de las sociedades rurales; abonan a la desagrarización dentro de las unidades familiares rurales; generan tensiones entre los miembros de las estructuras agrarias e; incrementan las diferencias entre este sector y la población rural no agrícola.

Los conflictos entre los dos grupos se centran tanto en las modificaciones sobre el ambiente como en la distribución arbitraria y, por tanto desigual, de los beneficios y las consecuencias que estos megaproyectos generan en las localidades rurales. En este sentido, existe un grupo social beneficiado y afectado directamente (quienes tienen tierras), pero el impacto social se amplía a la población que no posee una relación directa con los procesos de arrendamiento o los beneficios derivados de la operación de estos megaproyectos.

Es necesario ampliar el análisis de los megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica en otros estados de México para contribuir a la problematización de este fenómeno, identificando similitudes y diferencias. Independientemente de ello, en este trabajo se ha evidenciado que la ruralidad mexicana está siendo transformada cualitativa y cuantitativamente por los megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica. Tales formas de aprovechamiento de recursos naturales son la ampliación de la depredación de la naturaleza gracias a la orientación de la innovación tecnológica hacia un beneficio económico antes que uno social o ambiental.

Así, la hipótesis presentada en este trabajo adquiere materialidad no solo por lo encontrado en el análisis socioespacial y documental, sino por los estudios que a pesar de estar geográficamente distantes evidencian los efectos sociales y estructurales que los megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica desencadenan en la sociedad rural contemporánea.