Introducción

Uno de los derechos humanos de mayor tendencia progresista es el de la vivienda, incorporado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el grupo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y en la Agenda 2030 como la política de transformación mundial más reciente (^{Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 2018}). Sin embargo, pese a que la vulneración del ejercicio del derecho humano a la vivienda menoscaba directamente el desarrollo del proyecto de vida (^{Boullosa 2019}), en el caso de las y los indígenas residentes en las ciudades, no se ha estudiado suficientemente.

Con la firma de tratados internacionales y la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, México reconoce los derechos humanos en su Constitución, lo que los hace exigibles por todas las personas en el país. El derecho humano a la vivienda no se agota con tener una estructura donde vivir, sino que exige la existencia de los medios para acceder a ésta y el disfrute efectivo de la misma. En otras palabras, el derecho humano a la vivienda lleva aparejada la habitabilidad. Habitar es, en definitiva, un asunto trascendental desde la perspectiva ontológica, toda vez que la realización del ser exige condiciones óptimas para que se materialice el pleno desarrollo humano. Es, asimismo, un concepto dinámico en función de los cambios en las condiciones de vida de los distintos grupos humanos.

Desde finales de la década de los setenta, tanto en México como en América Latina, la globalización y la tecnificación generaron un gran rezago de las zonas rurales y el campo. Esto empujó a cada vez más personas a migrar desde lo rural hacia lo urbano. Así, aunque las personas indígenas y los espacios rurales se han asociado en una suerte de pareja inseparable, aquellas han participado en asentamientos de zonas urbanas y lo hacen en circunstancias que potencian sus condiciones de vulnerabilidad (^{Pérez y Gabayet 2017}). No obstante, las políticas públicas, específicamente en materia de vivienda (^{Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018}), aún no reconocen esa importante realidad.

En este artículo se presenta un análisis sobre el derecho humano a la vivienda adecuada desde la voz de la población indígena urbanizada en la Ciudad de México que, para el año 2015, ascendía a 785 000 habitantes (^{Gobierno de la Ciudad de México 2021}) y cuya situación evidencia carencias en el disfrute de ese derecho. Para lo anterior, además de elementos estadísticos recuperados de bases de datos oficiales y fuentes secundarias, se realizaron entre vistas y tres ejercicios de observación en campo los días 9 y 12 de agosto, y 11 de septiembre de 2020 para recoger la perspectiva de la comunidad indígena triqui, originaria del estado de Oaxaca, sobre su acceso a la vivienda adecuada. Se emplea como estudio de caso al asentamiento triqui de La Candelaria, ubicado en la colonia Zona Centro, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Como se indica más adelante, la pandemia por SARS-cov-2 (Covid-19) dificultó la realización del trabajo de campo, consistente en entrevistas y observación, del cual deriva este texto.¹ En cuanto a las primeras, inicialmente se había planteado la posibilidad de aplicar diversas entrevistas, por separado, a diferentes integrantes de la comunidad. Sin embargo, las autoridades y representantes de la comunidad coincidieron en que, ante la coyuntura sanitaria, lo más prudente era llevar a cabo una única sesión, guardando las medidas de protección debidas, en un formato de diálogo con tres de los hombres integrantes de la Autoridad Tradicional y Cultural, y con Venancio Martínez, líder de la comunidad.

Respecto a la observación de campo, la visita a la comunidad fue cancelada en dos ocasiones debido a las condiciones de salud pública generadas por la pandemia y en atención a las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias en lo referente al distanciamiento social. Como resultado del incremento de contagios y de los casos fatales, fue imposible realizar más de tres visitas de observación, atendiendo también a los requerimientos y estipulaciones de la comunidad como parte de su protocolo de protección. Durante las visitas se tomaron medidas para mantener la sana distancia, respetar los procedimientos de la comunidad y procurar permanecer en la unidad habitacional exclusivamente el tiempo aprobado por la propia comunidad.

Como se puede advertir, la pandemia generó un escenario en el que, además de las complicaciones sanitarias, se obstaculizó la posibilidad de tener acceso directo a todas las personas residentes de La Candelaria y el acercamiento debió ser a través de sus representantes. Indudablemente, desarrollar una investigación que incluya la voz de mujeres y jóvenes daría lugar a perspectivas diferentes que vale la pena explorar y comparar. En las condiciones disponibles, las preguntas fueron estructuradas a partir de tres componentes transversales: a) el fenómeno migratorio rural-urbano; b) los elementos de la vivienda y zona de residencia para verificar el cumplimiento de lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la materia, teniendo en cuenta los elementos de la vivienda adecuada; y, finalmente, c) la interseccionalidad de la población indígena a partir de sus percepciones, como aspecto relevante en la materialización del disfrute de su derecho humano a la vivienda adecuada (^{Arroyo Rodríguez 2021}).

Pese a haber contemplado entrevistas estructuradas, la manera en que la comunidad solicitó que se llevaran a cabo, las transformó en semiestructuradas e integraron aspectos como: datos generales de identificación de la comunidad, su composición, el promedio de tiempo de residencia en la Ciudad de México, las labores a las cuales se dedican, la organización interna y la distribución de roles en el trabajo. Posteriormente, se buscaba comprender la perspectiva, vivencias y necesidades de la comunidad respecto a su lucha por la vivienda y al establecimiento de su vida en la ciudad. Sobre este último aspecto se plantearon preguntas para reconocer los factores sociales, políticos o espaciales de discriminación que más enfrentan, con el propósito de vislumbrar cómo se han traslapado diversas categorías de exclusión en la comunidad que, de cara al reconocimiento de su interseccionalidad, han dificultado además el disfrute de sus derechos humanos y, en particular, el derecho a la vivienda.

El texto está organizado en cuatro secciones. En la primera se abordan los fundamentos epistemológicos del concepto de vivienda y del derecho humano a la vivienda. La segunda parte expone la situación del acceso y goce de este derecho humano por parte de la población indígena urbanizada en las zonas ya referidas. El tercer apartado presenta el estado del derecho a la vivienda adecuada de la población indígena triqui de La Candelaria, a partir del análisis de los siete elementos que ha determinado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) para declarar adecuada una vivienda, analizándolos a través de la noción de interseccionalidad. Finalmente, se presentan las conclusiones y algunas recomendaciones para la garantía y progresivo reconocimiento de los derechos humanos de grupos como las personas indígenas urbanizadas, cuya condición interseccional les ha significado exclusión y discriminación históricas.

El derecho humano a la vivienda adecuada en la elaboración de políticas públicas

Pese al reconocimiento internacional de la universalidad del principio de igualdad de las personas, prevalecen actos discriminatorios y brechas de desigualdad basados en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que contravienen el ejercicio de los derechos humanos y las libertades políticas, económicas, sociales, culturales (Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas: 2). En muchos casos, más de uno de los aspectos anteriormente señalados dejan a una persona o grupo de personas en una situación de mayor vulnerabilidad. Esto, a su vez, comporta menos probabilidades de crecimiento personal y económico, de visibilización social y política.

Así, más que referirse a mera discriminación, definir tal panorama requiere reconocer las circunstancias particulares de los grupos históricamente violentados. Esto precisa ampliar la perspectiva y develar la conjugación de desigualdades que contribuyen a una situación de mayor vulnerabilidad a partir de las experiencias de una persona o grupo de personas (^{Cruells 2015}). El concepto de interseccionalidad es útil para ello, en tanto que la interacción conjunta de elementos como etnia, género, sexo (e incluso habilidades), constituye un fenómeno de exclusión estructural tejido por las instituciones sociales.

Introducido por Crenshaw en el feminismo negro de Estados Unidos, el concepto de interseccionalidad tiene como uno de sus ejes principales el elemento del género como factor de exclusión y discriminación estructural (Sordo 2017); sin embargo, las condiciones en que se desarrolló la investigación de la que deriva este artículo, donde se analizó el acceso y garantía de la vivienda adecuada a la comunidad indígena urbanizada estudiada, no permitieron desarrollar la dimensión de género. Pese a ello y sin pretender desdibujar la esencia primigenia de la interseccionalidad, se ha adoptado una visión transversal que extiende su entendimiento, como propone ^{Hill Collins (2000)}, también como un asunto institucional. En esta visión, la interseccionalidad desencadena discriminación estructural, al coincidir numerosas formas de opresión que dan como resultado el fenómeno de la exclusión. De ese modo, múltiples grupos sociales son sujetos de segregación política, jurídica y social, lo que desencadena discriminación y exclusión estructurales que permean todas las esferas de la vida pública y privada. En el caso de las políticas públicas, estas conductas y prejuicios generan ineficiencia, comprendida ésta como el no cumplimiento de los objetivos y deberes mismos de la acción del Estado.

Lo anterior permite adelantar la necesidad de elaborar políticas públicas -enfocadas a atender cualquiera de las materias posibles- bajo una perspectiva interseccional para visibilizar las problemáticas de cada uno de los grupos sociales, sin desconocer sus realidades, las múltiples inequidades que enfrentan y la segregación a la que constantemente se ven expuestos. De lo contrario, aquellas consistirán en una suerte de instrumentos oligopolizados que iterarán puntos de vista que solamente satisfacen las necesidades de un sector, generalmente el más privilegiado (^{Coll-Planas y Cruells 2013}).

En este punto podría retomarse que, más que el concepto de interseccionalidad, sería mejor descansar el análisis en el enfoque antidiscriminatorio o de igualdad de trato -atinadamente desarrollado por ^{Rodríguez Zepeda (2011)}- a efecto de dejar constancia de los déficits de cumplimiento en materia de vivienda en el caso concreto de la comunidad indígena triqui de La Candelaria. Ello, dado que, como señala ese autor:

los problemas de desigualdad en México no se presentan sólo en la estructura socioeconómica, sino que se localizan también en el terreno de las actitudes de exclusión y desprecio sistemático hacia grupos determinados; y que tienen como consecuencia la disminución o anulación de los derechos fundamentales de quienes los componen (^{Rodríguez Zepeda 2011}).

Sin embargo, otros elementos sugieren la presencia del fenómeno de la interseccionalidad en la forma de la multidimensionalidad de las opresiones que ha enfrentado y enfrenta la comunidad indígena. Esto lleva a documentar la interseccionalidad como realidad que se actualiza en su historia y en su lucha; acaso porque no basta con derribar la barrera de lengua, etnia o vestimenta, pues aunque aparentemente se tire una, otras tres se levantan; y, aun teniendo como raíz común el indigenismo, no se agotan en él.

Al reflexionar acerca del derecho humano a la vivienda, vale la pena recordar que el espacio incide ampliamente en el ser mismo, pues es inconcebible habitar un espacio sin ser o estar traspasado por él. La vivienda, entendida como el espacio en el que una persona habita y que a su vez la habita a ella, tiene una gran relevancia en la dignificación del ser humano y de su proyecto de vida (^{Boullosa 2019}). En otras palabras, tener un lugar para habitar permite un espacio para ser y, en la medida en que se es, se construye más y se transforma el espacio en uno con la identidad de quien lo habita (^{Heidegger 1994}). De esta forma, cobra sentido que la vivienda tiene, al menos desde el estudio filosófico, dos fines: uno material y otro espiritual. Ante falta de uno, o la no fusión de ambos, se limita el desarrollo pleno de la persona (^{Gallegos 2015}).

En una tríada muy acertada, la vivienda ha sido planteada como un espacio que da lugar a la memoria, la identificación y la orientación, de lo cual se concluye que su desarrollo es bilateral y recíproco: tanto ella crea al individuo, como éste a ella (^{Juárez 2016}). Por último, conviene resaltar que la vivienda se convierte, definitivamente, en un elemento esencial en la construcción y preservación de la memoria; y es base material y espiritual para la realización del proyecto de vida. Más aún, el derecho humano a la vivienda ha sido planteado, a partir del principio de progresividad de los derechos humanos, como a una vivienda "adecuada". Aunque referirse a un derecho humano, cualquiera que sea, debería ser suficiente acotación para que se le tome con la rigurosidad que merece, lo cual aún no sucede con los derechos socioeconómicos.

Los DESC aún son tratados como derechos meramente aspiracionales, resultando ello en una especie de licencia o autorización que basta para que los Estados, aparentemente, hagan su mayor esfuerzo para garantizarlos, aunque los resultados no respalden ese planteamiento. Es por ello que, tratándose de derechos socioeconómicos, se ha desarrollado el análisis del umbral de valor que considera la garantía de los mismos desde dos aspectos: supervivencia y suficiencia (^{Bilchitz 2017}). Verbigracia, en cuanto al derecho a la vivienda, no basta con que se tenga un espacio físico donde vivir, sino que se requiere que éste cumpla con parámetros reales que permitan aseverar que es suficiente y satisface las necesidades de quienes lo habitan.

La idea de que una vivienda sea adecuada remite, no sólo a tener un espacio seguro donde habitar, sino al conjunto de elementos que garantizarían el goce y disfrute de este derecho.² En esa medida, el Comité DESC de la ONU define tal adecuación como el cumplimiento de siete elementos: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e) asequibilidad; f) lugar; y g) adecuación cultural (^{Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 2018}). Con tal acción se busca coadyuvar a una medición real del nivel de protección y garantía que los Estados deben comprometerse a garantizar en aras de generar las condiciones y acceso digno a la vivienda de todas las personas. Si bien es cierto que estos derechos no pueden satisfacerse plenamente, es indispensable procurar su máxima realización.

Población indígena y vivienda en la Ciudad de México

El Estado mexicano reconoce que la auto adscripción, según la conciencia de identidad indígena, es un criterio para determinar quiénes son personas indígenas. Así, en 2010, había 15 700 000 de ellas, aunque, atendiendo al criterio de hogares indígenas -prevaleciente a efectos de la aplicación de las políticas públicas en la materia- la población estimada era de 11 100 000 millones, de la cual 48% habitaba en localidades urbanas intermedias y grandes (^{Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sostenible y la Soberanía Alimentaria 2015}). Al año 2020, de acuerdo con el criterio de hogares, la población indígena se contó en 11 800 000 millones (^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020}). Sin embargo, las políticas públicas, la planeación y el presupuesto en general suelen no considerar al importante número de personas indígenas residentes en las ciudades.

Lo anterior coincide con la misma realidad en algunas entidades federativas, en donde autoridades gubernamentales y sociedad en general consideran que es suficiente con "permitir" a los pueblos indígenas asentarse en zonas urbanas. Así, de manera muy superficial o incluso nula, se les integra a los diversos ámbitos de la vida debido a que, por acción u omisión, se refuerzan estereotipos discriminatorios históricos (^{Oehmichen 2016}).

El fenómeno migratorio rural-urbano de la población indígena se ha evidenciado con gran fuerza en la capital del Estado mexicano, la ahora entidad federativa 32, Ciudad de México, que representa un universo plural de características físicas, culturales y cosmogónicas. Encabezada en número por otomíes y mazahuas, la migración de la población indígena a la Ciudad de México ha aumentado notoriamente desde 1940, cuando alcanzaba casi 18 000 personas (1.2% de la población total). En la década de los ochenta, la crisis económica y la falta de oportunidades laborales estimularon esa migración, asentada en áreas conurbadas como Naucalpan y Nezahualcóyotl por la carestía de vivienda en la zona central.

En los primeros años del nuevo milenio, las personas indígenas representaban 1.8% de la población de la ciudad y se habían extendido a las delegaciones de Iztapalapa y Gustavo Madero; además de que destaca la llegada de zapotecos y totonacas. Diez años después, se hablaban más de 30 lenguas diferentes (^{Pérez y Gabayet 2017}). En 2015, 8.8% de los casi 9 000 000 habitantes de la Ciudad se autoadscribían como indígenas, de quienes poco menos de 129 000 personas hablaban alguna lengua indígena, destacando el náhuatl (30%), el mixteco (12.3%) y el otomí (10.6%) (^{Gobierno de la Ciudad de México 2020}) dato que en 2020 cayó a poco más de 125 000 personas (^{Gobierno de la Ciudad de México 2021}). Sin embargo, el asentamiento indígena en el territorio capitalino ha estado marcado por contrastes. A diferencia de la población urbanizada no indígena, las y los integrantes de las diversas etnias asentados en Ciudad de México enfrentan condiciones de mayor pobreza y precariedad en alimentación, vivienda, educación (^{Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018}). Debido a la conjugación de factores como la lengua, el color de piel y las expresiones culturales, la población indígena en la Ciudad desempeña labores a cambio de una baja remuneración y en condiciones precarias. Así son albañiles, vendedores ambulantes, personal de limpieza o se vinculan a empresas en cargos de bajo rango (^{Vázquez y Campos 2016}). Ser indígena, incluso, aumenta la posibilidad de ser víctima de violencia social y por el Estado; a las múltiples expresiones de racismo y clasismo que sufren se añade el peligro contra su integridad física (^{Oehmichen 2016}).

La población indígena está en desventaja y más aún si es hablante de lenguas originarias (^{Consejo Nacional de Población 2016}). Sus posibilidades de movilidad social aumentan cuando niegan su origen étnico, evitan el uso de atuendos tradicionales y, especialmente, el uso de la lengua materna (^{Bueno 1994}). En materia de vivienda adecuada, las personas indígenas residentes en la Ciudad de México enfrentan condiciones precarias, pues habitan edificios y construcciones con infraestructura deteriorada o se asientan en terrenos sin servicios básicos. Además, ello vulnera el derecho indígena a disponer de espacios comunitarios para su reproducción cultural y el disfrute de su derecho a la ciudad (^{Pérez y Gabayet 2017}).

Idealmente, los procesos migratorios que transforman la composición de las ciudades deberían llevar a la sociedad, y a quienes elaboran e implementan políticas públicas, a reconocer e integrar la diversidad cultural que la llegada de grupos étnicos imprime a las ciudades. La Ciudad de México no es una urbe uniforme, sino que la diversidad de actores que la conforman reitera lo que su propia Constitución Política local anota: es una ciudad pluricultural (^{Gobierno de la Ciudad de México 2017a}). La inter/pluriculturalidad tiene implicaciones jurídicas que requieren de un andamiaje, de modo que tres premisas deberían estar presentes: tener instituciones que atiendan la diversidad de culturas existentes; respetar el principio de tolerancia y el derecho a la diferencia; y contemplar la promoción, elaboración e implementación de las políticas públicas con una perspectiva claramente pluricultural, y "que representantes de las culturas o etnias que conviven en el territorio tengan participación directa en tales espacios" (^{González 1997}).

La Constitución Política de la Ciudad de México cumple lo anterior y suma otros elementos de progreso significativo para la población indígena residente; no obstante, en vivienda adecuada no existe un reconocimiento constitucional específico. El apartado J del artículo 59 expone lo concerniente al derecho al territorio, pero se enfoca a los territorios legalmente reconocidos mediante resoluciones presidenciales, bienes comunales y dotaciones ejidales. El derecho a la vivienda adecuada no es materia tocada. La Ley de Vivienda para la Ciudad de México vigente reconoce la existencia de población indígena residente en la Ciudad y establece dos elementos importantes en su artículo 56. Por un lado, contempla la mejora de la calidad de las viviendas habitadas por personas indígenas según la fracción I. Por otro, las fracciones iv y vil atienden necesidades específicas en dos aspectos: espacios para la libre manifestación de costumbres y cultura, y esquemas de crédito y subsidio acordes a su realidad socioeconómica (^{Gobierno de la Ciudad de México 2017b}). Sin embargo, las estadísticas y la realidad están marcadas por la violación de ese derecho.

La comunidad triqui residente en La Candelaria, Ciudad de México

La población triqui es originaria del noroeste del estado de Oaxaca. El territorio que ha ocupado colinda con la región mixteca y comprende la zona baja que tiene como cabecera a San Juan de Copala (municipio de Santiago Juxtlahuaca) -cuyos pobladores, de manera particular se identifican como "Tunejeis", que traducido significa "hermano mío"-, y la zona alta, de la cual San Andrés Chicahuaxtla es cabecera (del municipio de Putla Villa de Guerrero). Otras municipalidades que habitan son San Martín Itunyoso y Constancia del Rosario.³ En Oaxaca, el pueblo triqui se dedica a la agricultura, la artesanía, la confección de textiles y el comercio (^{Lewin Fischer y Sandoval Cruz 2007}).

La mayoría de la población triqui ha migrado especialmente a Baja California, Morelos, Sinaloa, Sonora, Veracruz y a la Ciudad de México, así como a Estados Unidos y Canadá. Detrás de ello, está la agudización de los conflictos en la región triqui que les ha orillado a un desplazamiento interno forzado (^{Flores 2018}). Otros factores son el colapso internacional del precio del café, la inserción de las empresas agroindustriales mexicanas en el capitalismo trasnacional, la erosión y degradación de las tierras, la disminución de su territorio, los conflictos por los linderos y la violencia política (^{París 2012}). A finales de la primera década de este siglo, la población triqui de 3 años y más en el país era de 27 137 personas (^{Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 2010}). En la Ciudad de México, según datos más recientes, al menos 1 500 indígenas conforman esa comunidad, ubicándose principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Gustavo A. Madero e Iztacalco (^{Alba 2019}).

El asentamiento de la comunidad triqui en La Candelaria, colonia Zona Centro, alcaldía Venustiano Carranza de la ahora Ciudad de México, tiene su origen en los trabajos de defensa y protección de derechos organizados por el señor Juan Gómez Villagómez. De acuerdo con la narración de una representante de la comunidad triqui (recuperada de la ceremonia de nombramiento de Autoridad Tradicional y Cultural Triqui del día 11 de agosto de 2020), durante la década de los noventa, los triqui trabajaban en la venta de sus artesanías y en actividades de "rebusque" (que, aunque no garantizan un ingreso o renta básicos, brindan la posibilidad de sortear algunas necesidades diarias, de manera parcial) en la Ciudad de México para obtener el sustento diario de las familias.

Ante el fallecimiento del sr. Villagómez, la comunidad de La Candelaria eligió a nuevos representantes: los señores Benito Hernández y Venancio Martínez, quienes con el respaldo de las personas mayores y la comunidad en general organizaron la Asociación de Artesanas y Comercialización Emiliano Zapata, A.C., obteniendo un crédito para una vivienda digna con el lema vivienda pagada, nunca regalada. Pese a condiciones adversas, la comunidad triqui residente en la Ciudad de México se convirtió en una de las más combativas y enérgicas en la exigencia del cumplimiento de sus derechos, particularmente a la vivienda. Para recibir el crédito para vivienda, el Instituto de Vivienda (Invi) exigía tener un predio propio y la comunidad se organizó para reunir dinero y comprar el solar en el que se encontraba su campamento de cuartos de lámina y cartón, y en 2015 el Invi entregó las llaves a cada una de las familias beneficiarias. Hoy, la comunidad triqui en la Ciudad de México se enfrenta a nuevos retos.

Enseguida se presentan los resultados de tres ejercicios de observación participante con la comunidad triqui en la Ciudad de México. Es de señalar que, al momento de la investigación realizada, habitaban la unidad habitacional de La Candelaria 292 personas agrupadas en 68 familias, aunque tres de éstas vivían en una edificación colindante. Las personas se dedican a la confección artesanal de textiles y accesorios que comercian; sin embargo, ante la pandemia por Covid-19 se les retiraron los permisos para vender sus productos, perdiendo sus fuentes de ingreso económico, lo que las coloca en una situación aún más precaria.

El 12 de agosto de 2020, la comunidad constituyó la Autoridad Tradicional y Cultural Triqui de La Candelaria ante las autoridades de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de mantener su identidad y derechos. Esto les permitió participar, en febrero de 2021, en la elaboración de un proyecto general para su desarrollo integral, que relaciona la cultura con la economía doméstica. El nuevo proyecto se sostiene en dos ejes: asegurar un fondo productivo de reactivación para la economía, y la edificación de un corredor cultural-comercial-turístico para el desarrollo autogestivo (^{Autoridad Tradicional y Cultural Triqui La Candelaria Ciudad de México 2021}). Al trabajar en proyectos culturales e integrales para que su cultura y tradiciones no se pierdan buscan promover la reactivación económica, la preservación de su identidad con orgullo, la revitalización del uso de la lengua y la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones, entre otros (^{Autoridad Tradicional y Cultural Triqui La Candelaria Ciudad de México 2021}).

Primer ejercicio de observación (9 de agosto de 2020)

Durante este ejercicio, se visitó a la comunidad indígena triqui en su lugar de residencia, la unidad habitacional núm. 74 de La Candelaria de los Patos. En el primer tramo de la parte exterior de la unidad habitacional eran notorios dos espacios separados -para la mejor comprensión de este apartado, se las llamará alas derecha e izquierda- que resulta fundamental caracterizar. En el ala derecha se encontraban las casetas elaboradas con lámina de zinc y otros materiales no perdurables, que sirvieron a la comunidad como precarias viviendas por poco más de cinco años, cuando empezaban a librar la batalla para obtener vivienda. Antes, cuando empezó a migrar a la ciudad hace más de una veintena de años, habitaban en las calles de la ciudad o "donde los agarrara la noche", y en ellas debían realizar sus necesidades fisiológicas y, eventualmente, bañarse.

En el ala izquierda se ubicaba el edificio de la unidad habitacional núm. 74, en cuya pared principal hay un gran mural elaborado por la propia comunidad. Su composición representa a una mujer triqui y destaca su actividad principal, la textil, con la elaboración de los tradicionales huipiles. Por otro lado, resaltaba también su espiritualidad vinculada al credo católico, manifiesto en la imagen de Cristo y la capilla. Los colores llamativos y variados reflejaban su cultura e identidad. Asimismo, a la izquierda de la entrada, destacaba un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, vestida con el huipil tradicional de las mujeres triqui y los listones de colores de este grupo étnico.

Al ingresar a la unidad habitacional se tuvo el primer contacto con el señor Venancio Martínez, líder de la comunidad triqui. Su invitación inmediata fue a acudir a la Plaza de la Constitución (Zócalo) de la ciudad donde, el 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se llevaría a cabo una manifestación pacífica. Como líder y como triqui, el señor Martínez comentó que la lucha de la comunidad se remonta a 30 años atrás, abarcando casi dos generaciones y media. Mencionó que llegaron a la ciudad desde Oaxaca buscando una mejor vida, pero los comienzos fueron complejos, precarios y, en su opinión, hasta crueles.

Años después, tras plantones, solicitudes y manifestaciones, lograron acordar con el Gobierno de la Ciudad la posibilidad de expropiar un terreno para dotar de un asentamiento a la comunidad. El señor Martínez expuso que pasó casi otra década para que el gobierno accediera a construir una unidad habitacional que fuese para ellos, asunto que se veía limitado también por los cambios de gobierno y la renovación de gabinetes. Tras solventar trámites y trabas administrativas, indicó que el gobierno capitalino aportó tres millones de pesos para la obra y señaló que:

pareciera que el gobierno tiene la misión de enredarnos todo en lugar de solucionarnos; nos ponen muchos trámites, nos hablan en palabras que no entendemos y están buscándonos algún error para señalarnos de que somos violentos, groseros o que buscamos pleito. Y eso no es cierto, nosotros sólo estamos buscando que nos cumplan con nuestros derechos.

Los planos originales propuestos por el Gobierno de la Ciudad no agradaron a la comunidad porque cada departamento era de 52 metros cuadrados. Ese espacio resultaba reducido, dado que su composición familiar oscila entre cinco y ocho integrantes. Después de varias jornadas de diálogo, se logró que cada departamento tuviera 60 metros cuadrados, los costos fueron absorbidos por el gobierno. La unidad habitacional tiene 65 departamentos distribuidos en seis pisos; y, también, cajones de estacionamiento que no se utilizan de manera individual, sino que conforman la "zona comunitaria", a falta de un auditorio o área para actos culturales, asambleas y reuniones.

Después de un extenso recorrido a pie, se divisaba el Zócalo. La plática se detuvo. Allí pudo notarse que, de manera organizada, se integraba una manifestación de personas indígenas, reducida en número, siguiendo las medidas de distanciamiento social implementadas en el marco de la pandemia. Este día, el Zócalo era testigo de la asistencia de personas indígenas pertenecientes a diversas etnias, tales como otomíes, nahuas, mazahuas y, por supuesto, triquis. Las y los miembros de la comunidad triqui manifestaron su preocupación por que otras comunidades aún no tienen resuelto el tema de la vivienda. Es de destacar que, durante la celebración y la manifestación referida, el uso del huipil en las mujeres fue elemento central; a tal punto que el bloque de manifestantes estaba delineado por quienes lo usaban, como símbolo de lucha, protesta y, principalmente, identidad.

La pandemia traspasó la realidad de las comunidades indígenas urbanizadas y de aquellas residentes en la Ciudad de México. Este aspecto fue resaltado por las comunidades reunidas en el Zócalo, quienes arengaron que el gobierno capitalino debía ocuparse en implementar un plan de reactivación económica que las beneficiara y no las excluyera. De otra forma, no podrían continuar dedicándose a la venta de artesanías y productos autóctonos, situación que, manifestaron, agravaba su realidad al no contar con recursos económicos ni, la mayoría de ellas, vivienda, educación o servicios de salud garantizados.

Segundo ejercicio de observación (12 de agosto de 2020)

La segunda visita inició con el saludo a las autoridades de la comunidad, quienes desarrollaban los actos preparatorios para acondicionar el andador que separa a la unidad habitacional de las antiguas viviendas de lámina, a efecto de disponer de un espacio adecuado para la celebración de la ceremonia que tendría lugar horas después. En cuanto al edificio, en esta visita se observaron otros elementos: faros de alumbrado público, murales representativos que evocan a Emiliano Zapata, ratificando la lucha de la comunidad triqui y afirmando su identidad cultural a través de la indumentaria tradicional masculina, y la distinción de la importancia de la música y la danza para la comunidad mediante la representación de una niña triqui tocando el violín. Asimismo, todas las viviendas tenían soportes para poner plantas y asegurar pequeños espacios para reconectar con la naturaleza, asunto destacado como relevante para la comunidad.

Cuando todavía no iniciaba la ceremonia, el señor Venancio Martínez recalcó la intención de la comunidad de convertir el andador en un pasaje cultural y turístico en el cual los visitantes nacionales y extranjeros, así como personas indígenas y no indígenas, tuvieran la oportunidad de acercarse a conocer más de la cultura triqui. Esto favorecería, a su vez, que la comunidad obtuviera algunos ingresos económicos para el pago mensual de sus viviendas y los demás gastos cotidianos. La ceremonia de designación de la Autoridad Tradicional y Cultural Triqui dio inicio poco después.

El saludo inicial de la comunidad se expresó en lengua triqui, con ovaciones de sus miembros; los discursos y demás expresiones también se llevaron a cabo en lengua triqui, y la propia comunidad designó a un miembro para traducir al español lo que se estaba diciendo. Las autoridades invitadas también se expresaron. En primer lugar, la maestra Larissa Ortiz Quintero, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi) en la Ciudad de México, manifestó su respaldo y el compromiso de la Sepi y del Gobierno de la Ciudad de México con las comunidades indígenas residentes en la ciudad y, especialmente, con la comunidad triqui de La Candelaria. Habló en español y su discurso fue traducido por un miembro de la comunidad a lengua triqui.

Posteriormente, el licenciado Aarón Vilchis del Reyo, director de Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, dio algunas palabras en español ratificando el compromiso de acompañar a las comunidades indígenas residentes. Refirió que las demandas triquis no eran tema menor, sino que requieren atención y acompañamiento gubernamental para coordinar esfuerzos y garantizar la satisfacción y protección de los derechos humanos de estas comunidades. La comunidad observaba y participaba sin mayor alteración ante la mirada (a veces incisiva o asombrada) de los transeúntes. La mujer a cargo de la preparación de los alimentos realizó el rito de purificación de las nuevas autoridades comunitarias y de la unidad habitacional. Finalmente, se llevó a cabo la designación oficial de la Autoridad Tradicional y Cultural Triqui de La Candelaria, conformada por cinco miembros para fungir como: presidente, vice-presidente, tesorero, vocal 1 y vocal 2. Al tiempo, les fue entregado el bastón de mando como símbolo de su nuevo encargo por un periodo de dos años.

Tercer ejercicio de observación (11 de septiembre de 2020)

Al llegar, la comunidad iniciaba las actividades del día. Las mujeres de todas las edades vestían su respectivo huipil, algunas preparaban mercancía que se disponían a llevar a la zona céntrica de la ciudad para su venta, otros empezaban a verificar los alimentos que se prepararían a lo largo del día, y otros más se ocupaban de labores en el hogar. Mientras estos escenarios se desarrollaban, los miembros de la comunidad interactuaban y se comunicaban de manera bilingüe, privilegiando el uso de la lengua triqui sobre el español. Ya en la unidad habitacional, se buscó tener contacto con el señor Venancio Martínez. Su invitación fue a descender hasta el estacionamiento del edificio para sostener allí una reunión con los integrantes de la recientemente nombrada Autoridad Tradicional y Cultural. El estacionamiento había sido acondicionado para el esparcimiento y convivencia a través del deporte y las paredes aledañas habían sido pintadas y decoradas por la comunidad evidenciando su identidad cultural.

Reporte de resultados de la entrevista estructurada

Inicialmente se había considerado hacer varias entrevistas, por separado, a diversos miembros de la comunidad. Sin embargo, ante las condiciones sanitarias generadas por la pandemia, las autoridades y representantes pidieron que la entrevista fuera en forma de un diálogo con tres de los hombres integrantes de la Autoridad Tradicional y Cultural y con Venancio Martínez, líder de la comunidad. Se dispusieron sillas en semicírculo y se entabló la conversación.

Respecto a la decisión de vivir en la Ciudad de México, la respuesta unívoca fue la búsqueda de mejores oportunidades, tanto para sí mismos como para las generaciones siguientes, particularmente, en los ámbitos económico, educativo y laboral. En sus palabras, estaban "huyendo de la violencia, del hambre, del atraso", aspectos a los que se enfrentaban en su lugar de origen. Destacaron que, aunque se sienten afortunados de contar con una vivienda, no consideran que ésta satisfaga del todo sus necesidades porque, al ser numerosas las familias, el espacio disponible es muy pequeño para el desarrollo de sus actividades domésticas diarias. Esto último se intensificó durante la pandemia.

Adicionalmente, desde que se declaró en México la emergencia sanitaria por el Covid-19, la obligación de quedarse en casa ha impedido que la comunidad lleve a cabo sus labores comerciales como la venta de artesanías, lo cual redunda en la baja, y en ocasiones nula, posibilidad de reunir el dinero para el pago mensual de las viviendas. Manifestaron que aún existen aspectos que les hacen percibirse olvidados por parte de las autoridades locales. Uno de ellos es que la comunidad no tiene contacto con la alcaldía y, por lo tanto, no se sienten acompañados en cuanto a sus necesidades por parte de esta instancia. Expresaron que para ellos está claro que, si tienen dinero, las cosas se pueden hacer; de lo contrario, no hay forma de tener la atención requerida por parte de las autoridades.

El tema de la discriminación suscitó una fluida plática. Puntualizaron lo difícil e incluso agotador que les resulta enfrentar diariamente diversos actos discriminatorios en la Ciudad de México que los excluyen del resto de la sociedad y niegan su acceso, disfrute y ejercicio de derechos humanos. De más a menos común e importante, señalaron los siguientes motivos de discriminación: vestimenta, género, costumbres, uso de la lengua materna, pertenecer a la comunidad triqui, color de piel, nivel de estudios y creencias religiosas. Sobre la mayor dificultad que enfrentan al vivir en la Ciudad de México, sin dudarlo, respondieron que ha sido la discriminación. Refirieron que se les llama "indios", "nopales", "payasos", "mugrosos", "oaxacos", "paisanitos". Les han escupido en las calles, les han lanzado objetos de manera violenta y les han negado su participación en diversos espacios. Aseguraron que la discriminación se evidencia en todos los escenarios: el trabajo, la escuela, los círculos sociales y otros.

Al culminar la entrevista, se continuó una plática con ellos para conocer cómo se sintieron con el ejercicio y con cada una de las preguntas. Mencionaron que este tipo de espacios les hace recuperar un poco la esperanza, porque se sentían como verdaderos miembros de una sociedad. El hecho de que alguien más se interese en exponer las problemáticas que enfrentan les hace pensar en que aún hay un largo camino por recorrer para la reivindicación de sus derechos, pero que no están solos en ese camino y que su voz encuentra aliados. Finalmente, se les pidió agregar algo más si deseaban, fuera de todo formato, más allá de cualquier formalidad. A esto, el señor Luciano Hernández Méndez, miembro de la Autoridad Tradicional y Cultural, respondió con las siguientes palabras:

Merecemos vivir mejor y dignamente. Tanto en el lugar donde dormimos, como el lugar al que salimos a caminar. Las comunidades indígenas viven muy precariamente. Queremos vivir mejor, es nuestro derecho. ¿Acaso por ser indígenas no podemos ni tenemos derecho de vivir bien? Y no sólo nos roban economía, sino que nos roban identidad. Como somos indígenas, no podemos vivir en buenas zonas como Lomas de Chapultepec o Polanco. Nuestro mayor reto ahora es continuar logrando que nuestros derechos se respeten. Y aprender a defendernos sin discriminar a otros.

La interseccionalidad como eje articulador de una agenda pública eficaz

Para la elaboración e implementación de políticas públicas eficaces, cuyos contenidos consideren la protección de los derechos humanos de manera transversal, es indispensable que la interseccionalidad sea el filtro a partir del cual se tomen en cuenta las necesidades y condiciones particulares de diferentes grupos sociales. También que se reconozca la manera en la que múltiples formas de discriminación se traslapan en el mismo grupo de personas, especialmente aquellas que históricamente han sido desconocidas o marginadas. Es decir, es preciso que las políticas públicas los nombren, los reconozcan y les brinden herramientas y ventanas de posibilidades para afrontar y superar sus crisis y carencias históricas.

A continuación, para evaluar la situación del derecho de la población indígena triqui en la Cdmx a una vivienda adecuada, se presentan los resultados del análisis en la comunidad de La Candelaria de cada uno de los siete elementos determinados por el Comité DESC.

Elemento 1: disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura

Sobre esto, se concluye que, al interior de la vivienda, la comunidad tiene los servicios públicos básicos señalados por el Comité DESC para la satisfacción de sus necesidades: agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas y energía para la cocción. Por otro lado, hay recolección de residuos, aspecto recientemente logrado por la comunidad. No obstante, este elemento no se satisface completamente dado que el alumbrado público, tan necesario para garantizar la seguridad de los habitantes, no está en funcionamiento.

Elemento 2: Asequibilidad

La asequibilidad no se satisface del todo. A pesar de que el pago mensual por familia se determinó con base en un estudio socioeconómico, la comunidad triqui no percibe un ingreso fijo mensual para solventar sus gastos sin inconvenientes. La asequibilidad implica que se destine un máximo 30% del ingreso mensual a los gastos asociados con la vivienda (^{Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 2018: 53}). Sin embargo, cada hogar triqui destina hasta 50 o 60% de su ingreso mensual a dichos gastos. Así, cumplen sus obligaciones a costa de otras necesidades básicas (alimentación o vestido), lo que aumenta su vulnerabilidad.

Elemento 3: Habitabilidad

Vista desde la protección y seguridad que proporciona la vivienda, la habitabilidad se cumple, puesto que la infraestructura de las viviendas garantiza refugio idóneo y permite a sus habitantes sentirse a salvo de los eventos naturales y los peligros exteriores. Sin embargo, desde la óptica del espacio suficiente, la habitabilidad no se cumple, toda vez que un grupo numeroso de personas convive en los 60 metros cuadrados que comprende la vivienda, misma que tiene sólo un baño. Se considera hacinamiento si en una vivienda se supera el número de 2.5 personas por dormitorio (^{Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 2018}). En este caso, existe hacinamiento porque cada vivienda tiene dos habitaciones y alberga al menos a 3 o 4 personas, que se acrecienta conforme las familias siguen creciendo (hijos e hijas tienen descendencia, pero no posibilidad de tener su propia vivienda).

Elemento 4: Accesibilidad

Sobre este elemento, la unidad habitacional no es accesible para las personas con discapacidad al no contar con rampas de acceso, elevadores o herramientas que faciliten un desplazamiento y desenvolvimiento autónomo. Este faltante prevalece tanto para el ingreso al edificio como a los departamentos y, en su interior, los departamentos tampoco cuentan con diseño universal ni consideran la circulación de personas con discapacidad.

Elemento 5: Ubicación

Este elemento se cumple dado que la comunidad tiene acceso a los espacios y al desarrollo de actividades, de acuerdo con sus posibilidades e intereses. La buena ubicación les permite desplazarse con facilidad y en un periodo relativamente corto llegar a lugares como la escuela o el área de labor. Además, la localización es adecuada ya que no está cerca de fábricas o zonas industriales que pudieran generar enfermedades o perturbación a los habitantes.

Elemento 6: Adecuación cultural

Tratándose de población indígena, la adecuación cultural es un elemento fundamental en la vivienda adecuada, respeto y garantía de los derechos humanos. Este elemento está satisfecho y se evidencia, desde el diseño exterior de la unidad habitacional realizado por la propia comunidad triqui, hasta la convivencia cotidiana al interior de sus viviendas y en cada uno de los espacios comunes del edificio. No obstante, todavía quedan retos pendientes para que la comunidad exprese plenamente sus creencias y costumbres en la zona de La Candelaria, pues enfrentan discriminación por parte de las personas que transitan la zona aledaña a la unidad habitacional, lo que en muchas ocasiones los lleva a sentirse restringidos o avergonzados.

Elemento 7: Seguridad de la tenencia

Finalmente, este último elemento se cumple porque no temen un posible desalojo forzoso, puesto que están habitando las viviendas legalmente y conforme a lo que les han señalado las propias autoridades gubernamentales. Además cumplir sus obligaciones pecuniarias les otorga la certeza de que, en un futuro, serán legítimos poseedores de las escrituras de cada vivienda. Por ello, este último elemento se considera satisfecho.

Conclusiones

Atendiendo a una perspectiva progresista de los derechos humanos, la vivienda reviste mucho más que cuatro paredes; involucra un conjunto de aspectos indispensables que, al vincularse, permiten a las personas desarrollarse en el nivel personal y social. La vivienda cobra especial relevancia al ser analizada a la luz de grupos en condición de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, las personas con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos como las personas indígenas.

La experiencia triqui de La Candelaria en la Ciudad de México refleja que uno de los principales reclamos de la población indígena urbanizada es el de una ciudad con ellas y ellos. En ese sentido, más allá de una vivienda, sus integrantes reclaman la posibilidad de disfrutar la ciudad, incluyendo los bienes y espacios que ella contiene y la contienen, sobre dos bases primordiales: la unidad y el trabajo coordinado alrededor de su identidad indígena.

A partir de esos elementos, han conseguido organizarse para dialogar con las autoridades gubernamentales, presentar solicitudes, realizar trámites y abrirse camino en medio de una realidad urbanizada que, desde tiempo atrás, ha desconocido su presencia cada vez más numerosa.

Desde su percepción individual y comunitaria, la mayor problemática que enfrentan los triquis en la Ciudad de México es la discriminación y ésta no por un solo motivo, sino por múltiples y al mismo tiempo. En sus propias palabras, han tenido que aprender a vivir como extraños en su propio país, porque la sociedad y las instituciones gubernamentales los excluyen y discriminan por factores diversos, que explican su condición interseccional. Todavía prevalecen comportamientos excluyentes a partir de los cuales se les recuerda y reafirma la idea de que pertenecen, exclusivamente, a las zonas rurales y, en el mejor de los casos, a la periferia de la ciudad. En el caso de los triqui de La Candelaria, en esa interseccionalidad convergen, por lo menos, 11 categorías: etnia, género, grupo etario, situación económica, nivel educativo, color de piel, lengua, vestimenta, religión, costumbres y su condición migrante.

Pese a los avances conseguidos por esa comunidad a fuerza de lucha constante en los últimos treinta años, la situación de su derecho humano a la vivienda adecuada no se garantiza de manera efectiva, especialmente en lo que respecta a los elementos de habitabilidad. Más que soluciones momentáneas, la población indígena reclama cambios estructurales que reafirmen que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Desde esta y otras líneas de estudio, la tarea es seguir derribando el mito de la jerarquización de los derechos humanos. También ello muestra la invisibilización socialmente tolerada y auspiciada.

El fenómeno migratorio rural-urbano se debe en gran medida a la necesidad de encontrar mejores oportunidades de vida. Sin embargo, este ideal difícilmente se logra materializar porque acceder a ellas implica superar barreras sociales y estereotipos discriminatorios. Un elemento que la comunidad triqui resaltó es su percepción de que los trámites y procedimientos administrativos gubernamentales son incomprensibles, gravosos y les generan desconfianza. Por ello, avanzar hacia la atención ciudadana con enfoque interseccional exige contar con personal bilingüe, procedimientos sencillos, medios diversos para la satisfacción de requisitos, entre otras vías que se traduzcan en cercanía entre la administración pública y las y los ciudadanos.

A pesar de los avances en materia legislativa en la Ciudad de México, la política pública de vivienda no corresponde a su realidad pluri/intercultural y pluriétnica, como muestra el panorama caracterizado por la pobreza y marginación de la población indígena urbanizada. La vulnerabilidad asociada a las condiciones en que desarrollan sus actividades productivas contribuye a que las personas indígenas permanezcan en los deciles más deprimidos de la economía. Su deficiente acceso a la vivienda adecuada hace urgente revisar integralmente las políticas, estrategias y programas públicos para identificar con claridad las deudas históricas que prevalecen en materia educativa, de salud y laboral, entre otras, e impulsar cambios con pertinencia cultural.

La expansión, construcción y disposición de la ciudad no debe entenderse como un concepto neutral, sino que en ella han de contemplarse las dimensiones cultural, espacial y social. En otras palabras, la ciudad debe ser el espacio de todas y todos, lo que implica impulsar la refundación del Estado desde una verdadera óptica intercultural. Por ello, es inaplazable deconstruir los discursos que perpetúan comportamientos hegemónicos atentatorios de los derechos humanos, como ocurre respecto a las personas indígenas, y reflejarlo en la conformación e implementación de la política pública.