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Mi interés por los entresijos de las categorías, las normas y los reglamentos establecidos por el Estado y las burocracias que los aplican surge de una preocupación por cómo se crean, sostienen, amplifican y reproducen las desigualdades. Aunque esta cuestión ha sido fundamental en la sociología, y algunos de los últimos presidentes de la ASA la han examinado en sus discursos desde sus respectivas perspectivas teóricas (Lamont, 2018; Lareau 2015; Ridgeway, 2014), mi contribución se centra en las categorías creadas por el Estado que determinan la elegibilidad para recibir recursos tangibles e intangibles. Presento una lente a través de la cual explorar cómo las burocracias estatales producen exclusión y marginación mediante las normas de elegibilidad. Por ejemplo, las burocracias estatales llenan las categorías de “indocumentado” o “no elegible“ mediante la aplicación de estándares administrativos, aunque las personas clasificadas en ellas no se convirtieron de forma natural en “no elegibles” o “indocumentadas”. Sostengo que las desigualdades sistémicas arraigadas en todos los ámbitos de la vida se incrustan y mantienen por medio del funcionamiento silencioso pero formidable de las normas y los reglamentos que sostienen las categorías institucionalizadas en los sistemas burocráticos (Bourdieu, 1994). Adoptar esta perspectiva puede revelar las estructuras que generan y mantienen las desigualdades y las categorías en el corazón del trabajo sociológico, lo que puede reorientar nuestras preguntas y generar nuevos conocimientos sobre los grupos que estudiamos.
La clasificación en categorías estatales se lleva a cabo mediante la aplicación de normas y reglamentos, es decir, las herramientas que traducen el poder estatal en procesos que estratifican el acceso a los recursos materiales y simbólicos (Bourdieu, 1994, 2018). Histórica y contemporáneamente, los poderosos intereses económicos y políticos, los sistemas de colonización y las ideologías imperantes de raza, clase y género están incorporados en los estándares administrativos en los cuales se basan los sistemas de clasificación formales. Cuando las burocracias estatales aplican normas y reglamentos, trazan una línea divisoria entre las personas elegibles (y presuntamente merecedoras) y las no elegibles (presuntamente no merecedoras); este sistema incluye a algunos grupos pero también desplaza y abandona a otros, configurando así estructuras de desigualdad. Las interacciones regulares de los grupos socialmente vulnerables con el Estado revelan cómo el aparato administrativo transforma las categorías sociales en prácticas trascendentales que sostienen la desigualdad arraigada.1 En última instancia, estos encuentros rutinarios son fundamentales para la construcción del propio Estado (Auyero, 2012).
A pesar de su apariencia imparcial, las categorías formalizadas y los sistemas de clasificación se basan en supuestos normativos sobre los grupos sociales, lo que crea un orden moral consecuente que se distribuye de forma desigual en los ejes de estratificación (Bea y Poppe, 2021). Así, lejos de ser herramientas objetivas que simplemente facilitan el establecimiento de la elegibilidad para asignar beneficios, los sistemas de clasificación crean y reproducen desigualdades sociales duraderas, con efectos de gran alcance sobre la ciudadanía, los derechos y la pertenencia (véase Miller, 2021). Como señalan Herd y sus colegas (de próxima publicación, p (2), las cargas administrativas (por ejemplo, los costos de cumplir las normas y los requisitos) “recaen en mayor medida sobre los grupos más marginados, lo que socava su reclamo de derechos de ciudadanía… las cargas no suelen ser el resultado de la falta de atención o de capacidad, sino de un diseño intencional” (véase también Gowayed, 2022; Miller, 2021).
En este artículo, ilustro mis argumentos basándome en gran medida en mi trabajo sobre la inmigración a Estados Unidos y la violencia de género contra las mujeres en Centroamérica. Ambos casos me han permitido examinar el poder de las leyes, las categorías estatales y las normas y los reglamentos en la vida de las personas. Ambos casos ofrecen lo que Merton (1987, p. 10) denomina “material estratégico de investigación”, es decir, casos empíricos “que ponen de manifiesto con especial claridad la estructura y el funcionamiento de fenómenos de interés más general”. Y en ambos casos, me centro en las vidas de grupos socialmente vulnerables: inmigrantes en situación legal precaria y mujeres pobres víctimas de violencia de género, en su interacción con los organismos estatales. Como señalan Espíritu y sus colegas (2022), centrarse en las vidas vulnerables, no como un problema que hay que resolver, sino como la base de un paradigma, puede hacer inteligibles cuestiones de importancia más general. Por lo tanto, confío en que mis argumentos tengan una resonancia más amplia para esclarecer cómo, por medio de normas y reglamentos, las burocracias sostienen las desigualdades estructurales y crean dislocaciones en todos los ámbitos de la vida.
Comienzo con una visión general de las categorías creadas por el Estado y sus posibles efectos. A continuación, analizo tres procesos de categorización estatal: la construcción social, la normalización y la desalineación. La atención a estos procesos esclarece la manera en que se mantienen intactas las estructuras de desigualdad mediante la aplicación de una vasta maraña burocrática de normas y reglamentos. Insto a los sociólogos a que indaguen acerca de las fuerzas mayores y los intereses poderosos que dictan las normativas incluidas en las categorías creadas por el Estado. Por último, concluyo con una llamada a la acción que pretende rectificar algunas exclusiones intelectuales a medida que construimos el conocimiento sociológico.
Poder, categorías y recursos del Estado
Las categorías creadas por el Estado tienen el poder de modificar la vida de quienes deben interactuar rutinariamente con las agencias estatales (Massey, 2007). Aunque las prácticas excluyentes permanecen aun después de que se eliminan formalmente las categorías legalmente excluyentes (Bonilla-Silva, 1997; Monk, 2022), sostengo que las categorías formalizadas que las burocracias utilizan para la distribución de recursos tienen implicaciones direct as en la desigualdad duradera. Los Estados pueden ser progresivos y regresivos, “extendiendo derechos y promoviendo el bienestar y la inclusión con una mano y quitándolos con la otra” (Htun y Weldon, 2017, p. 159); así, las burocracias pueden fomentar la inclusión (véase Marrow, 2011). Aquí me centro en el lado excluyente de las burocracias porque así es como se manifiestan en las vidas de las personas, en las cuales se enfoca mi trabajo. Sin embargo, mi enfoque puede revelar mucho sobre las fuerzas que subyacen a los sistemas estructurales que incluyen y excluyen mediante normas y reglamentos.
El enfoque que propongo se centra en las burocracias del desplazamiento, lo cual es útil para evaluar los debates políticos en curso, como los que rodean a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). El año 2022 marca el décimo aniversario de la orden ejecutiva de la presidencia de Obama que extendió la protección temporal contra la deportación y otorgó permisos de trabajo a ciertos jóvenes indocumentados, hecho que benefició a unas 800 mil personas.2 Sin embargo, debido al requisito de edad y a una fecha límite para la solicitud que se estableció en 2012 y nunca se actualizó, la mayoría de los jóvenes indocumentados que se graduaron de la escuela preparatoria en 2022 no cumplían los requisitos para inscribirse en el programa DACA. Otro ejemplo es la difícil situación de 9.3 millones de trabajadores inmigrantes indocumentados que no recibieron ayudas federales por la pandemia de Covid-19 (Ley CARES),3 a pesar de que públicamente se les reconocía como “esenciales” y se les procla maba héroes por sostener con su trabajo a sectores económicos críticos durante la pandemia (véase Bonilla-Silva, 2022). De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional, la misma agencia que tiene en la mira a esos trabajadores inmigrantes, creó la categoría de “trabajadores esenciales”, lo que subraya la importancia de su trabajo en los sectores económicos críticos (Roberts, & Burks, 2021).4
Mediante la evaluación de la elegibilidad, las categorías estatales configuran la distribución de recursos y sanciones que estructuran las oportunidades en la vida. Las fechas límite, las comprobaciones de antecedentes, los requisitos para obtener licencias, las tasas y los requisitos de ciudadanía dividen a las personas en elegibles (que presuntamente merecen un beneficio específico) y no elegibles (que presuntamente no lo merecen). Estas demarcaciones acarrean consecuencias profundas para los pobres, los socialmente vulnerables, los pueblos nativos/ indígenas y las personas de raza negra y morena. Así pues, me centro en las categorías “externas” (Tilly, 1998; cf. Brown, 2020), que no sólo determinan quién merece un beneficio, sino que también justifican la distribución desigual de recursos, derechos y sanciones tangibles y simbólicos.5 Los inmigrantes que presentan un formulario que el sistema tarda años en tramitar, o que no pueden pagar una cuota, corren el riesgo de ser detenidos y deportados. Las mujeres pobres que no puedan abortar porque al embrión se le han concedido derechos como persona iguales a los de la mujer (Goodwin, 2020) verán trastocadas sus vidas. Por ejemplo, en El Salvador, donde el aborto está clasificado como “homicidio agravado” y completamente prohibido, los abortos espontáneos no provocados se consideran un delito. Algunas mujeres son sentenciadas a treinta años en prisión por la mera sospecha de haber abortado intencionalmente. Este ejemplo subraya el poder punitivo de las clasificaciones creadas por el Estado y puede predecir el panorama que se avecina en Estados Unidos (Viterna, 2022).
Las categorías y clasificaciones estatales son omnipresentes, están integradas en todo lo que hacemos, y resultan tan familiares que a menudo pasan desapercibidas. Los Estados clasifican a las personas como parte de su trabajo, ya que un Estado con recursos finitos “no tiene más remedio que clasificar. Todo Estado debe trazar líneas entre tipos de personas y tipos de acontecimientos cuando formula sus leyes penales y civiles, recauda impuestos, asigna beneficios y regula las transacciones económicas” (Starr, 1992, p (264). Las distinciones categóricas, sostiene Tilly (1998, pp. 7-8), son la forma en que “quienes controlan el acceso a los recursos que producen valor resuelven los problemas organizativos acuciantes”. La normalidad de las lógicas organizadoras de la distinción categórica está incrustada en las prácticas burocráticas que determinan la elegibilidad, que sostienen los sistemas de estratificación (Saglam, 2022) y el poder del Estado, ya que “la clasificación es el medio y el armazón del poder y, como tal, es parte integral del Estado moderno” (Mayrl, & Quinn 2017, p. 61). Significativamente, los innumerables sistemas de clasificación, omnipresentes pero rara vez reconocidos, son parte integral de cómo vemos el mundo y entendemos las acciones del Estado. Como observan Morgan y Orloff (2017, p. 13), “el poder de un Estado no sólo reside en su capacidad para impedir la salida o coaccionar el cumplimiento, sino también en su capacidad para inducir el acuerdo para fabricar categorías, normas y principios de organización social, económica y política que penetran profundamente en la conciencia individual”. Según la conceptualización de Bourdieu (1994, pp. 4-5), el Estado “se encarna simultáneamente en la objetividad, mediante estructuras y mecanismos organizativos, y en la subjetividad, como estructuras mentales y categorías de percepción y pensamiento”. Éstas son las categorías creadas por el Estado en las que me centro, aquellas que revelan el poder del Estado por medio de sus burocracias, que transforman la vida de las personas y conforman las lentes a través de las cuales vemos el mundo y normalizan las clasificaciones y los sistemas estatales de exclusión.
Otros estudiosos han argumentado que la categorización es fundamental para el estudio de la desigualdad (Brubaker, 2017; Massey, 2007). Así, Massey (2007, pp. 5-6) señala que “todos los procesos de estratificación se reducen a una combinación de dos mecanismos sencillos pero poderosos: la asignación de personas a categorías sociales y la institucionalización de prácticas que asignan los recursos de forma desigual entre esas categorías, hecho que produce “lo que Charles Tilly (1998) denominó ‘desigualdad categórica’”. De acuerdo con esta línea, mi objetivo reside en esclarecer cómo surgen las estructuras de desigualdad en las normas administrativas que las burocracias utilizan para distribuir los recursos, lo que revela un vínculo clave entre las burocracias del desplazamiento y la ciudadanía.
Conviene hacer una advertencia. Como sabemos, el Estado no es un actor homogéneo o solitario, sino una constelación de instituciones (Morgan, & Orloff, 2017), y sus múltiples unidades administrativas pueden perseguir objetivos diferentes con lógicas contradictorias (Mehrotra, 2017; Wacquant, 2022). Sin embargo, “el Estado no es cualquier conjunto de instituciones… El acceso del Estado a la fuerza coercitiva legí tima, y al poder administrativo y normativo le confieren una capacidad única” (Htun, & Weldon, 2017, p. 159).6 Cada organismo tiene sus normas, requisitos de elegibilidad y reglamentos; por lo tanto, cada unidad administrativa puede crear obstáculos o barreras e impedimentos institucionales (véase Sackett y Lareau, de próxima publicación). Por ejemplo, al entrar en el sistema de asilo estadounidense, los inmigrantes indocumentados menores se enfrentan a lógicas contradictorias: como menores, un organismo los clasifica como merecedores de protección; como indocumentados, otro organismo los somete al sistema de aplicación de las leyes migratorias (Galli, 2023). No obstante, las agencias estatales con objetivos aparentemente contradictorios pueden cooperar y puede parecer que prestan servicios de forma eficaz (Lara-Millán, 2021). Como resultado, las personas que navegan simultáneamente por los múltiples sistemas de clasificación de los organismos gubernamentales se enfrentan a un laberinto de normas y requisitos contradictorios. Estas normas y reglamentos se acumulan y envuelven a las personas en “un estado de confusión burocrática” (Ordoñez, 2008, p. 57), atrapándolas en múltiples capas burocráticas (véase Brown, 2020; Fernández-Kelly, 2015; Haney, 2022; Sackett y Lareau, de próxima publicación).
Los efectos de las categorías en la vida de las personas
Las categorías y los sistemas de clasificación, junto con sus normas y reglamentos inventados, afectan todos los aspectos de la vida: acceso a la vivienda, espacio físico, situación jurídica, educación, atención médica, empleo y protección frente a la violencia. Los efectos son inmediatos, pero también “duraderos”, ya que se reproducen a lo largo del tiempo y de las generaciones, creand o una “desigualdad categórica” (Tilly, 1998) que afecta las oportunidades en la vida. La clasificación de una persona como inmigrante indocumentado, por ejemplo, reduce drásticamente su acceso al empleo formal y a una serie de recursos materiales y simbólicos. Los efectos son tan potentes que repercuten lateralmente en otros miembros de la familia de un individuo, multigeneracionalmente en hijos y nietos, y en comunidades enteras. Incluso las políticas de acogida relativamente más favorables para los refugiados (Waters, & Pineau, 2015) los convierten en minorías y los encauzan hacia la pobreza, ya que los sistemas de bienestar que rigen sus vidas reclasifican sus capacidades, disminuyen su potencial y luego diseñan programas para remediarlo (Gowayed, 2022).
En un estudio que llevé a cabo en Los Ángeles en 1995 (Menjívar, 2002), descubrí que las mujeres inmigrantes guatemaltecas aprovechaban una serie de vínculos informales para acceder a atención médica para ellas y sus familias porque su condición de indocumentadas las excluía de la atención médica formal. Veinticinco años más tarde, en una etnografía que hemos estado realizando en una zona rural de Kansas, encontramos el mismo patrón (Gómez Cervantes, & Menjívar, 2020), las mujeres inmigrantes guatemaltecas indocumentadas siguen activando sus vínculos informales para responder a su inelegibilidad para la atención médica formal registrada en la Ley de Atención Médica Asequible (Affordable Care Act) (Waters, & Pineau, 2015). La clasificación persistente de los guatemaltecos como indocumentados (no como solicitantes de asilo) ha provocado un cuarto de siglo de exclusión de este grupo social de una serie de beneficios sociales y empleos seguros, además de ponerlo en la mira de las autoridades de inmigración (Adler, 2006; Gómez Cervantes, Alvord, & Menjívar, 2018). Estas exclusiones determinan de forma desproporcionada las pautas de integración y ciudadanía a largo plazo, pues alcanzan a cónyuges e hijos y repercuten en comunidades enteras (Gómez Cervantes et al., 2018).
La legislación sobre reunificación familiar determina la composición de las familias inmigrantes (Delgado, 2022; Menjívar, Abrego, & Schmalzbauer, 2016). Hemos observado que las normativas para solicitar la inmigración de los familiares, como los límites numéricos de los visados de preferencia familiar, los impedimentos para la readmisión y los requisitos de ingresos, contribuyen a mantener separadas a las familias (Enchautegui y Menjívar, 2015). Estos hallazgos contrastan notablemente con la narrativa de un sistema de inmigración centrado en la familia. Aunque en apariencia se creó para reunificar a las familias inmigrantes, la reunificación familiar es paralela y complementaria a las prácticas de aplicación de la ley que separan a las familias. Por medio de normas y requisitos, la burocracia silenciosa del sistema de reagrupación familiar reconfigura las familias inmigrantes tan profundamente que puede afectar a más familias que las separaciones más visibles por deportación (Enchautegui, & Menjívar, 2015). Estos enredos legales, junto con los programas de aplicación de la ley, obligan a los inmigrantes a vivir separados de sus familias y a formar las configuraciones familiares transnacionales que prevalecen hoy en día en las comunidades inmigrantes (Kasun, 2017). Los efectos se extienden a lo largo de distintas zonas geográficas, como atestiguan las experiencias de las familias inmigrantes en Estados Unidos y en los países de origen (Abrego, 2014; Kasun, 2017). Los efectos también persisten a lo largo del tiempo y de las generaciones, perjudicando a los cónyuges e hijos (e incluso nietos) de los inmigrantes que los sistemas estatales clasifican como indocumentados (Enríquez, 2015).
Las separaciones familiares creadas por el Estado se encuentran históricamente arraigadas en ideologías clasistas y racistas, basadas en estereotipos sobre la raza, la clase social y la familia; por lo tanto, han afectado sobre todo a las familias pobres, negras, nativas americanas, asiáticas y latinas. La separación de los niños de sus padres en el contexto de la esclavitud, los internados, la guerra contra el crack, el sistema de asistencia infantil, la encarcelación masiva y los campos para familias inmigrantes separadas en la frontera sur de Estados Unidos, hoy están todos conectados políticamente; son el producto de proyectos del Estado para controlar a las poblaciones por medio del miedo.7 Estas separaciones atestiguan una historia de terrorismo estatal basado en el racismo y aplicado contra comunidades raciales de color que tienen una alta probabilidad de estar atrapadas en las garras de las instituciones estatales (Briggs, 2021; Roberts, 2022; Rocha Beardall, & Edwards, 2021). A partir de supuestos normativos sobre las familias que consideran a las personas socialmente vulnerables como inelegibles para vivir con sus padres e hijos, estos grupos soportan el peso de las regulaciones administrativas y reciben el peor impacto del poder del Estado a causa del dolor de las separaciones familiares. Así, la mera consciencia del escrutinio de las fuerzas de inmigración aumenta la sensación de riesgo de separación de los inmigrantes (Asad, 2023), con efectos de largo alcance en todas las etapas y esferas de la vida (Simmons, Menjívar, & Valdez, 2021; Torche, & Sirois, 2019).8
Los estudios sobre la vigilancia policial y el confinamiento subrayan las consecuencias duraderas de la clasificación de una persona como delincuente o como previamente encarcelada, lo que señala la base profundamente racializada de las clasificaciones que afectan particularmente a los afroamericanos (Western, & Sirois, 2019). Los efectos indirectos alcanzan a las familias de los individuos (Adams, 2018), a los hijos (Haskins, 2016; Turney, 2017), a las parejas (Comfort, 2008) y a los derechos civiles y de ciudadanía (Miller, 2021), con efectos persistentes después del encarcelamiento (Haney, 2022; Miller (2021; Western (2018). Estos efectos no son involuntarios, sino el resultado de un “diseño intencional” (Herd, & Moynihan, 2018) sustentado en “44,000 leyes, políticas y sanciones administrativas, 19,000 restricciones del mercado laboral, mil restricciones de vivienda [y] cuatro mil reglamentos [que] conforman la participación cívica”, que hacen que las personas clasificadas como previamente encarceladas no puedan acceder a la mayoría de los recursos, con efectos duraderos en sus oportunidades vitales (Miller, 2022, p. 167). Dado que el sistema de inmigración utiliza las mismas lógicas punitivas del sistema carcelario (Hester, 2015; Kurwa, & Gurusami, 2022),9 los inmigrantes latinos experimentan las mismas consecuencias perjudiciales que los atrapados por el sistema penitenciario (Bosworth, Parmar, & Vázquez, 2018; López, & Castañeda, 2022; Patler, & Branic 2017; Ryo, 2019).10 En nuestra investigación sobre las vidas posteriores a la reclusión de las mujeres centroamericanas solicitantes de asilo (Menjívar, & Gómez Cervantes, s.f.), encontramos que los programas de fianzas y de alternativas a la reclusión en los que se coloca a las mujeres, las mantienen a ellas y a sus familias atrapadas en el sistema y endeudadas (véase también Haney, 2022; Harris, 2016; Harris, Pattillo, & Sykes, 2022).
El poder encarnado por medio de las clasificaciones estatales en las naciones ricas no se limita a su territorio nacional, sino que se extiende a sus regiones de influencia. Las categorías de indocumentados y deportados creadas por Estados Unidos afectan la vida de las personas más allá de las fronteras estadounidenses; el estigma que acompaña a esas categorías persiste mucho después de la deportación y perjudica a las personas deportadas en los países a los que son enviadas (Roberts, Menjívar, & Rodríguez, 2017). Las estrategias de control fronterizo de las naciones poderosas se extienden más allá de sus fronteras territoriales (Menjívar, 2014; Nethery, & Silverman, 2015) a las regiones que dependen de la ayuda de esas naciones ricas.11 Estados Unidos, la Unión Europea y Australia, entre otros, han implementado un sistema de exclusión y expulsión en los países de tránsito, reclasificando a los solicitantes de asilo como migrantes económicos y extirpando territorios para evitar que los potenciales solicitantes de asilo lleguen a las fronteras de las naciones ricas (FitzGerald, 2019). Tales estrategias se basan en colaboraciones (Hiemstra, 2019) que facilitan la (re)clasificación de ciertos grupos de inmigrantes no deseados y racializados como terroristas y criminales, lo que a su vez sirve para normalizar su tratamiento punitivo. En la actualidad, la frontera sur de Estados Unidos se ha desplazado tanto hacia el sur que México se ha convertido en una frontera vertical (FitzGerald, 2019) que se extiende hasta penetrar en América Central. Así, los países que expulsan a las miles de personas que buscan asilo en Estados Unidos están aplicando tecnologías militarizadas de control fronterizo (Jaffe, 2021) para impedir que otros solicitantes de asilo crucen sus territorios en su camino hacia el norte.
Tres aspectos de los sistemas de categorías y clasificación
Destaco tres aspectos interrelacionados de las categorías y los sistemas de clasificación estatales: (1) En primer lugar, su naturaleza construida. Los intereses políticos y económicos, las presiones históricas y los sistemas de opresión, como el racismo, el clasismo y el sexismo, configuran las clasificaciones formales. (2) En segundo lugar, su normalización; al estar entretejidas en las prácticas informales de la vida cotidiana, las categorías manifiestan y amplifican el poder del Estado mediante interacciones rutinarias. (3) Y en tercer lugar, sus desajustes. Las categorías formalizadas destinadas a seleccionar a los elegibles por su naturaleza sólo recogen un subconjunto de experiencias de la vida real, por lo que inevitablemente surgen desajustes. Las experiencias vividas se desbordan y caen en medio o fuera de las categorías. Mediante actos de comisión, los Estados ejercen el poder directamente incluyendo (a los elegibles) pero también excluyendo, señalando, vigilando y castigando. Los Estados también ejercen poder sobre la vida de las personas mediante actos de omisión, negligencia y abandono.
Los sistemas de categorización y clasificación se construyen y son naturalizantes por su carácter (Bourdieu, 1994; Wacquant, 2022). Considerar la naturaleza construida de las categorías creadas por el Estado, su normalización por medio de la práctica y sus desajustes brinda una lente poderosa para exponer cómo el desconcertante conjunto de normas y reglamentos crea y reproduce la desigualdad, pero también puede iluminar las posibilidades de cambio (véase Spade, 2015). El uso de este enfoque en el trabajo sociológico puede ayudarnos a evitar la reificación inadvertida de los sistemas de clasificación del Estado, al tiempo que tenemos en cuenta los intereses políticos, económicos e ideológicos incorporados en las normas administrativas utilizadas para crear las categorías que usamos cuando producimos conocimiento sociológico.
Las categorías estatales se construyen
El primer aspecto que destaco de las categorías creadas por el Estado es su naturaleza construida. Como se ha señalado, las categorías y clasificaciones, así como las normas y requisitos administrativos que las estructuran, nunca son neutrales. Los sistemas de clasificación formalizados reflejan los intereses de quienes dominan (Bourdieu, 1994).12 Por ello, los sistemas de clasificación cambian con el tiempo y en el espacio para reflejar los cambios en las fuerzas estructurales que los crean.
Por ejemplo, el sistema de inmigración estadounidense se basa en un andamiaje de normas y reglamentos que clasifican a las personas y estructuran todo el proceso migratorio (Menjívar, & Gómez Cervantes, 2020). Dos categorías ilustran la maleabilidad de las clasificaciones estatales y su relación con los proyectos penitenciarios del Estado. En la Ley Antidroga de 1988, la categoría de “delito agravado” creó nuevo ímpetu para la deportación. Aunque originalmente estaba reservada para delitos graves como el asesinato o el tráfico de drogas y armas, esa categoría se ha ampliado a lo largo de los años para incluir una gama más amplia de delitos. Hoy incluye infracciones menores, que reclasifican las multas de tránsito y los hurtos en tiendas por parte de los inmigrantes como delitos graves y, por tanto, causa de deportación. La ampliación del alcance de solamente esta categoría ha contribuido al aumento de la población inmigrante deportable de 3.5 millones en 1980 a 12 millones en 2012 (Hester, 2015), y a la quintuplicación de la población inmigrante detenida entre 1994 y 2017 (Ryo, & Peacock, 2018). La capacidad para deportar a esta población se ha visto reforzada por normas administrativas adicionales que afectan de manera desproporcionada a los inmigrantes latinos (Hester, 2015), pues por ellas los inmigrantes que se enfrentan a la deportación renuncian a su derecho a juicio y apelación. Aproximadamente dos tercios de las personas deportadas están sujetas a esos procedimientos de expulsión acelerados (American Immigration Council, 2014).
Las categorías estatales que han permanecido inactivas pueden reactivarse, con mayor intensidad de la inicialmente prevista, para responder a nuevas demandas políticas y económicas, como lo demuestra la categoría de reingreso no autorizado. El encarcelamiento por reingreso no autorizado ha estado nominalmente en la ley desde 1929, pero no se aplicó hasta principios de la década de 1990 (Hester, 2015) bajo la presidencia de Clinton, que amplió masivamente y alineó la aplicación de la ley de inmigración con el sistema penitenciario de base racial (y económica y políticamente rentable). Las primeras entradas no autorizadas constituyen faltas; cada nueva entrada se clasifica como delito grave. La Operación Streamline, una iniciativa conjunta del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia que comenzó en 2005, acelera y fusiona el proceso para que los inmigrantes sean objeto de un enjuiciamiento acelerado que difumina la línea que separa los delitos menores de los graves (Foro Nacional de Inmigración, 2020). Desde la década de 1990, la persecución de los reingresos como delitos graves (vinculada a esquemas penitenciarios con fines de lucro, Gilman, & Romero, 2018) ha contribuido al crecimiento desmedido del número de inmigrantes bajo custodia federal por el “crimen” de regresar tras su deportación. De hecho, “tres cuartas partes de las personas encarceladas en prisiones federales por delitos relacionados con la inmigración están ahí por haber entrado en el país sin inspección o por haber rebasado la duración de un visado de inmigrante” (Hester, 2015, pp. 147).
La reclasificación de inmigrantes en infractores ha generado la población detenida y deportable (Menjívar, & Kanstroom, 2014), lo cual hace que esa población sea formalmente inelegible para vivir en el país. Estos sistemas de clasificación son sexistas, clasistas y racistas. Los inmigrantes, especialmente los hombres pobres de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, tienden desproporcionadamente a ser las víctimas; el 89% de la población detenida procede de esos cuatro países, y el 79% de todos los inmigrantes detenidos son hombres (Hester, 2015; Ryo, & Peacock, 2018).13 Al igual que las secuelas de tener antecedentes penales (Miller, 2021), los efectos nocivos de esas clasificaciones perduran; una condena por delito grave debida a reingresar al país tras la deportación crea antecedentes penales que impiden la regularización del estatus o el reingreso legal. La reclasificación de los delitos menores como delitos graves garantiza que una población inmigrante cada vez mayor (latina en su inmensa mayoría) estará siempre privada de derechos y en situación de riesgo, al tiempo que garantiza que millones de inmigrantes latinos nunca podrán regresar a Estados Unidos por medio de los canales oficiales.14 Así pues, en contra de la creencia popular, el sistema de inmigración estadounidense no está “roto”; funciona precisamente como está diseñado para funcionar.
Hay muchos otros ejemplos de reclasificaciones de inmigrantes, y Estados Unidos no es una excepción. En una decisión racista antihaitiana, el Tribunal Supremo de la República Dominicana despojó con carácter retroactivo a varias generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana de su ciudadanía dominicana, convirtiéndolos en apátridas de la noche a la mañana (Childers, 2020). Los Emiratos Árabes Unidos han utilizado la residencia temporal y la subcontratación de pasaportes a la Unión de Comoras para reclasificar a minorías nacionales no deseadas como residentes extranjeros (Lori, 2019). Los gobiernos imperiales han diseñado históricamente (re)clasificaciones ambiguas de ciudadanos para categorizar a sus sujetos conforme a ideas raciales. Los chinos británicos nacidos en Hong Kong fueron recategorizados cuatro veces, “reposicionados como pertenecientes a, pero no como parte de Gran Bretaña” (Benson, 2021, p (2). Durante el gobierno imperial estadounidense en Filipinas, los filipinos fueron clasificados simultáneamente como nacionales, ciudadanos y extranjeros (Baldoz, 2011; Quisumbing King, en prensa).15 En la actualidad, los residentes de los territorios estadounidenses están clasificados en una gradación de estatus legales con diversos grados de beneficios. Las normas administrativas se redactan en un lenguaje neutro y formal, y crean reglamentos aparentemente objetivos con el fin de distribuir beneficios; su institucionalización otorga una apariencia de neutralidad y objetividad a las prácticas excluyentes. Sin embargo, los requisitos de merecimiento están impregnados de ideologías basadas en la clase, el género y la raza que reflejan y mantienen sistemas de exclusión más amplios.16 Conceder un beneficio sólo a aquellos cuyas experiencias vitales se ajustan a los requisitos de elegibilidad amplía el poder excluyente de las normativas. Para muchos grupos estigmatizados, las circunstancias estructurales hacen que los requisitos institucionales sean casi imposibles de cumplir, precisamente porque así están diseñadas. Coutin y Fortin (2021) señalan que solicitar un estatus legal en Estados Unidos parece un proceso inclusivo porque ofrece la posibilidad de obtener la regularización, pero la adquisición de un estatus formal exige cumplir con unas definiciones estándar de elegibilidad excluyentes. En algunos casos, las personas transforman sus vidas para adaptarse a los requisitos. Examinamos cómo los inmigrantes que buscan la regularización de su situación (un beneficio) alteran aspectos esenciales de sus vidas de forma permanente, casándose, divorciándose o posponiendo la maternidad para demostrar al Estado que merecen el reconocimiento legal (Menjívar, & Lakhani, 2016). Aptekar (2023) también señala que, a medida que se reducen las vías hacia la ciudadanía y aumenta la inseguridad de los inmigrantes, la promesa de ciudadanía que plantean las fuerzas armadas estadounidenses como herramienta de reclutamiento tienta a algunos inmigrantes a procurar ser incluidos en el sistema oficial a cambio de poner en riesgo su vida.
Aunque las categorías de inmigración se crean en Estados Unidos, sería incorrecto suponer que sólo reflejan las estructuras sociales y los sistemas de exclusión internos del país. Los intereses económicos y políticos de Estados Unidos, y la política exterior, han configurado categorías de admisión de inmigrantes, especialmente cuando Estados Unidos ha intervenido y desestabilizado las instituciones y los sistemas sociales de los países de origen de los inmigrantes. Como advierte Gowayed (2022, p. 8), “los refugiados llegan a los mismos países cuyas políticas exteriores los han subyugado a ellos o a personas como ellos, y cuyas políticas internas están modeladas por los mismos prejuicios raciales que facilitaron esas políticas exteriores” (véase también Aptekar, 2023). Desde la década de 1980, los centroamericanos han estado huyendo de dislocaciones que Estados Unidos contribuyó a crear mediante intervenciones militares, económicas y políticas. Estos inmigrantes se han enfrentado a algunos de los contextos más excluyentes de Estados Unidos, ya que clasificarlos como asilados entraría en contradicción con la política exterior estadounidense en América Central (Menjívar, 2000).
En el lado opuesto se encuentran las personas que huyen de condiciones que Estados Unidos repudia como parte de su política exterior; los cubanos y algunos otros exiliados son casos emblemáticos (Eckstein, 2022; Menjívar, 2000). Hoy en día, a los centroamericanos se les niega incluso el derecho a solicitar asilo, ya que se ven obligados a permanecer en México (Garrett, 2020), lo cual crea el espectáculo de una “frontera fuera de control” para un público estadounidense de por sí temeroso. Durante cuarenta años, los solicitantes de asilo centroamericanos han sido reclasificados como indocumentados (Menjívar, 2000), criminalizados y sospechosos de pertenecer a pandillas criminales (Abrego, & Villalpando, 2021); experimentan de forma desproporcionada la fuerza de la aplicación de las leyes de inmigración y la imposibilidad de regularizar su situación. Los haitianos se enfrentan a circunstancias similares, ya que su país ha sido saqueado y devastado por naciones ricas (Childers, 2020; Dubois, 2013) que hoy responden a sus demandas de protección con maltrato (HRW, 2022). Para estos casos emblemáticos, la raza, la política exterior y la aplicación de las leyes de inmigración se entrelazan para crear categorías de exclusión y categorías formalizadas de deshumanización.17
Los intereses económicos, las presiones políticas internas, las preocupaciones de política exterior y las ideologías de raza, clase y género configuran clasificaciones estatales que categorizan a los individuos como aptos para recibir beneficios o excluidos de ellos. Este proceso es jerárquico y estratificador, ya que afecta a los grupos sociales de forma desigual y duradera.
Las categorías estatales se normalizan
El segundo aspecto de las categorías de Estado que destaco es su normalización. Las categorías estatales están integradas en las prácticas institucionales, pero no existen en un vacío social. Las personas asimilan las clasificaciones oficiales en marcos a través de los cuales dan sentido al mundo y a quienes les rodean, lo que influye en las interacciones y prácticas cotidianas.
Cuando las categorías de Estado se integran en los repertorios cognitivos de las personas, el efecto es potente. Es la forma en que el poder estatal se introduce en “la textura detallada de la vida cotidiana” (Gupta, 1995, p. 375), mientras que permanece invisible como poder estatal (Bourdieu, 1994); el uso basado en el sentido común normaliza y refuerza la legitimidad de las categorías creadas por el Estado (Moret, Andrikopoulos, & Dahinden, 2021). Por ejemplo, cuando la categoría de inmigrante indocumentado, un estatus jurídico creado por la ley (Menjívar, & Kanstroom, 2014), se utiliza en el discurso público y en los círculos mediáticos, su poder aumenta porque la “ilegalidad” ya no sólo se produce legalmente; también se construye socialmente como “ilegalidad social” (Flores, & Schachter, 2018). De manera significativa, el uso cotidiano de las categorías estatales refuerza la creencia de que ciertos grupos comparten características en virtud de haber sido clasificados en la misma categoría. De este modo, el uso normalizado de la categoría de indocumentado permite actuaciones policiales que discriminan por raza y persiguen a los mismos individuos que el Estado clasifica como indocumentados (y a los que están asociados con ellos o se les parecen).18 Tales prácticas no se cuestionan porque “es la ley”, que se supone objetiva y neutral.
En mi trabajo en Arizona, actores no estatales como cajeros de bancos, propietarios de negocios y empleados de concesionarios de automóviles pedían a los clientes latinos pruebas de su situación legal y comprobaban si los documentos eran “legítimos”, aunque no lo exigiera la ley (Menjívar, 2017). Josefina, una mujer salvadoreña, me dijo que incluso los empleados de un supermercado le habían pedido sus documentos para adquirir un giro postal. El poder implícito en estas interacciones no pasa desapercibido para esos inmigrantes; ellos lo describirían como “vivir a diario con la ley en nuestra vida” (Menjívar, 2011a). En esencia, los actores no estatales hacen el trabajo gubernativo del Estado, lo que ocurre cuando las categorías administrativas se incrustan en las interacciones cotidianas y las modifican, especialmente cuando se despliegan en contextos sociales hostiles en los que se cruzan con prácticas de racialización (Menjívar, 2021).
Una vez que las categorías creadas por el Estado se integran en la vida cotidiana, la gente las utiliza consigo misma y con las personas de su mismo grupo étnico, amplificando otras exclusiones sociales. En nuestra etnografía en una zona rural de Kansas, descubrimos que los latinos no indígenas establecidos explotan y engañan a los inmigrantes guatemaltecos indígenas indocumentados (Gómez Cervantes, & Menjívar, 2020). Se aprovechan de la vulnerabilidad legal, racial, de clase y lingüística de los inmigrantes indígenas (véase también Gómez Cervantes, 2021). La distinción binaria indocumentado/documentado creada por el Estado, desplegada dentro de una comunidad marginada, exacerba las prácticas excluyentes existentes y solidifica el poder de las categorías formales para dividir y excluir, lo cual amplifica su potencia para distribuir de manera desigual los derechos, las protecciones y los beneficios legales.
Las personas impugnan las categorías individualmente, pero también se movilizan para responder, resistir y cambiarlas (Bourdieu, 1994). Las personas se organizan para crear categorías que luego el Estado adopta formalmente; por tanto, los agentes sociales ajenos al Estado también contribuyen a definir las categorías formales (véase Emigh et al., 2021). Este aspecto relacional entre los sistemas de clasificación y los categorizados por medio de ellos tiene importancia sociológica (véase también Auyero, 2012).
Abundan los ejemplos de movilizaciones exitosas para crear (o ampliar) categorías formalizadas en busca de la inclusión. Tanto la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo como el movimiento para prohibir la casilla que pregunta sobre los antecedentes penales19 de los candidatos en las solicitudes de empleo buscaban la inclusión por medio de la clasificación formal. Los grupos de inmigrantes también se han movilizado para lograr la inclusión legal, tanto históricamente (Marinari, 2020) como en la actualidad (Nicholls, & Uitermark, 2017; Terriquez, 2015). Los jóvenes indocumentados se organizaron con el fin de presionar al gobierno de Obama para que creara el programa DACA (Nicholls, & Fiorito, 2015), y la movilización de los inmigrantes salvadoreños en la década de 1980 condujo a la creación del Estatus de Protección Temporal o TPS (Menjívar, 2000), que luego se incluyó en la Ley de Inmigración y Naturalización de 1990. Cuando el gobierno del presidente Trump amenazó con poner fin a la designación de TPS para varios grupos de distintos países de origen, los titulares de TPS formaron la Alianza Nacional de TPS para luchar por mantener esta designación y buscar la reclasificación en una categoría más inclusiva y permanente (Menjívar, Agadjanian, & Oh, 2022).
Por muy crítica que sea la clasificación en una categoría formal, no es una panacea, ya que una cate gorización formal no se traduce por sí sola en igualdad; las prácticas sociales normalizadas y arraigadas permanecen tras la eliminación de las exclusiones formales. Maghbouleh (2017) muestra que, aunque los tribunales estadounidenses clasificaron a los estadounidenses de origen iraní como blancos, a ojos del público seguían siendo un grupo racialmente liminal considerado no blanco. Si bien es importante establecer categorías jurídicas que incluyan un abanico más amplio de experiencias, también deben cambiar las actitudes y los estereotipos sobre las personas así clasificadas. Vogler y Rosales (2022) muestran que, a pesar de los cambios en la clasificación formal, las mujeres trans inmigrantes siguen experimentando formas de castigo sexistas en los centros de detención de inmigrantes. Del mismo modo, al examinar la aplicación deficiente de más de tres docenas de leyes que abordan la violencia contra las mujeres promulgadas desde la década de 1960 en Honduras, Guatemala y El Salvador, descubrimos que en contextos en los que las ideologías de género arraigadas estereotipan a las mujeres, devalúan sus vidas y dan prioridad a la unidad familiar, dichas leyes son en gran medida simbólicas (Menjívar, & Diossa-Jiménez, 2023; Menjívar, & Walsh, 2017; Walsh, & Menjívar, 2016). Por lo tanto, la aplicación deficiente de las protecciones legales para las mujeres tiene tanto que ver con prácticas, estereotipos y actitudes inalterados hacia las mujeres como con las categorías legales que los Estados despliegan para proteger a las mujeres de la violencia.
Una vez más, Estados Unidos no es una excepción; por ejemplo, las prácticas discriminatorias persisten en los sistemas migratorios mundiales a pesar de la eliminación de las leyes formalmente excluyentes. Aunque Brasil ha respondido con políticas de inclusión a los inmigrantes haitianos, venezolanos y sirios que se han visto forzados a huir de sus países de origen, los medios de comunicación y la esfera pública dan a cada uno de esos grupos una imagen racial diferente (Jensen, & Dias, 2022). Cuando los funcionarios ecuatorianos cambiaron a categorías de admisión menos binarias usando la clasificación de “migración mixta” en lugar de inmigrante/refugiado, acabaron excluyendo a muchos solicitantes de asilo (Gómez, & Herrera, 2022).
Por último, sin saberlo, podemos estar contribuyendo a aumentar el poder de las clasificaciones estatales cuando las utilizamos sin cuestionarlas en nuestros trabajos académicos. A menudo esto se debe a la organización de los datos que usamos y a cómo hacemos legible nuestro trabajo para otros académicos. Desde distintos ángulos, los académicos han pedido un enfoque crítico a la hora de usar categorías estatales, advirtiendo que su uso indiscutido puede reificar las categorías estructuradas que criticamos (Brubaker, 2013; Monk, 2022; Williams, 2019). Este uso puede limitar la teorización sobre la relación entre diferencia y desigualdad (véase Monk, 2022), ya que la desigualdad es la que produce las categorías que usamos (Williams, 2019). Descuidar estas cuestiones puede reforzar la naturaleza supuestamente objetiva y neutral de las categorías creadas por el Estado.20
La normalización de las categorías creadas por el Estado es una fuerza poderosa que afecta las vidas de los grupos marginados en maneras que intensifican su vulnerabilidad. Al normalizar los sistemas de clasificación creados por el Estado mediante las interacciones cotidianas y el uso en las esferas públicas, se amplifica el poder del Estado y su capacidad de control. Sin embargo, la integración de las categorías del Estado en las interacciones cotidianas también provoca respuestas por medio de las cuales las categorías se topan con resistencias y se cambian.
Categorías estatales y desalineaciones
El último aspecto que destaco de las categorías creadas por el Estado es la desalineación o los desajustes. Las categorías formalizadas facilitan el trabajo de las burocracias, pero no captan la amplitud de las experiencias de las personas. Como señala Monk (2022, p. 7), “El Estado reduce lo que son fundamentalmente diferencias sociales continuas a diferencias nítidas y nominales que los sistemas burocráticos pueden gestionar con mayor facilidad”. Las experiencias vividas desbordan las categorías, pero las desalineaciones también son consecuencia de la negligencia cuando el Estado abandona a las poblaciones vulnerables. Por último, también surgen desalineaciones en las grietas creadas por la ley, ya que algunas experiencias se sitúan entre categorías formalizadas, sin encajar en una de ellas. Así, las desalineaciones crean, cimentan y se compaginan con los sistemas excluyentes. Me enfrenté a un reto de desalineación cuando intenté encajar las experiencias de los inmigrantes salvadoreños en la distinción binaria establecida de inmigrante/ refugiado. Habían huido de la guerra civil de El Salvador en la década de 1980, cuando los tiroteos entre los soldados del gobierno y la oposición, o la destrucción de un puente, impedían a menudo el desplazamiento a sus lugares de trabajo. ¿Eran “migrantes económicos” o “refugiados políticos”, como la distinción binaria nos obliga a pensar? Llegué a la conclusión de que son la geopolítica y las decisiones gubernamentales las que determinan a quién se clasifica como refugiado, más que la concordancia entre la difícil situación de las personas que buscan protección y la definición que utiliza el Estado (Menjívar, 1993, 2000). La construcción de la distinción binaria migrante/refugiado puede ser práctica desde el punto de vista burocrático, sobre todo cuando se trata de racionalizar las exclusiones. Sin embargo, no puede captar las experiencias derivadas de una combinación de desarticulación económica, pobreza, violencia, guerra y otras injusticias, que caracterizan las condiciones que desplazan hoy a muchas personas pobres en todo el mundo. Como señala Hamlin (2021, p. 3), los patrones de la migración mundial “se contraponen a la distinción binaria emigrante/refugiado, revelando que es una ‘ficción legal’ construida (Fuller, 1967) … representaciones inexactas de la realidad, pero que se tratan como si fueran verdaderas a efectos de la rapidez y la conveniencia burocráticas”. Independientemente de lo desalineadas que puedan hallarse las distinciones binarias administrativas respecto a las experiencias de los inmigrantes, éstas se encuentran tan arraigadas en la forma en que vemos los flujos migratorios que nosotros, los académicos, los usamos regularmente en la investigación. Comparamos los perfiles de las personas que el Estado clasifica como inmigrantes con los de aquéllas clasificadas como refugiadas (o contrastamos a los indocumentados con los documentados), lo que puede reforzar la creencia de que los individuos que el Estado clasifica en estas distinciones binarias son real e intrínsecamente diferentes entre sí.
Los inmigrantes menores que llegan a Estados Unidos y a otras partes del mundo pueden viajar solos, con personas ajenas a su familia o acompañados por adultos, pero, al ser detenidos, las autoridades fronterizas los separan y clasifican como no acompañados (Ryo, & Humphrey, 2021). Esta reclasificación representa erróneamente a estos migrantes como niños pequeños que viajan solos, lo cual enmascara su heterogeneidad, oculta la presencia de otros actores sociales a lo largo de sus viajes y despoja a los menores de su capacidad de acción (Menjívar, & Perreira, 2021), lo que en última instancia afecta su evaluación de elegibilidad en cuanto a recibir los recursos que necesitan para sobrevivir (Galli, 2023). Su clasificación puede tener menos que ver con las experiencias vividas por los menores que con una “geopolítica de la compasión” (Casavantes Bradford, 2022), que sitúa a estos menores como herramientas de la política gubernamental.
El ámbito general de la sociología de la familia presenta múltiples ejemplos de desajustes que reproducen desigualdades y reifican expectativas normativas (véase Powell et al., 2010). Las relaciones familiares que reconoce el Estado a menudo no coinciden con las experiencias vividas por las familias, ya que las definiciones estatales sólo reconocen las prácticas que se ajustan a las ideologías establecidas de una familia normativa. Por ejemplo, los familiares a menudo se enfrentan al hecho de que los cuerpos de sus seres queridos fallecidos no son reclamados debido al desfase entre la definición de la familia según el Estado y según los individuos (Timmermans, & Prickett, 2022). Y las leyes de herencia descalifican determinadas estructuras familiares, al desvalorizar a las que no se ajustan a las clasificaciones formalizadas de la familia, creando “categorías jurídicas marginalizadas” (Bea, & Taylor, Poppe, 2021). En nuestro trabajo sobre las familias inmigrantes, descubrimos que el código ideológico de la familia (Smith, 1993) usado por el Estado para determinar la elegibilidad para visados excluye muchas relaciones significativas para los inmigrantes, incluidos los abuelos que los criaron o los primos con los que crecieron como hermanos, y esos desajustes conducen a separaciones familiares indefinidas y dolorosas (Menjívar et al., 2016).
Pero incluso cuando los inmigrantes solicitan los trámites para familiares que se ajustan a las definiciones de parentesco aprobadas por el Estado, los obstáculos burocráticos siguen creando desajustes. Por ejemplo, el padre de dos hermanos inmigrantes de Phoenix presentó sus solicitudes de residencia permanente cuando los chicos eran adolescentes (Menjívar, & Abrego, 2009). Las solicitudes tardaron tanto en ser procesadas por el sistema de inmigración, que opera con graves retrasos, que uno de ellos cumplió 21 años durante el proceso, lo que lo hizo inelegible para esa categoría de solicitud de residencia. El hermano menor, en cambio, obtuvo el permiso de residencia. El propio sistema de inmigración, mediante los requisitos de elegibilidad infundidos con ideas normativas de familia, no reconoce ni organiza correctamente las experiencias vividas por las familias, crea familias de estatus mixto y estratifica el acceso a los recursos dentro de las familias de forma duradera.
Omisión. La desalineación también se produce cuando el Estado evita responder o actuar, mediante actos de omisión, negligencia y abandono de grupos estigmatizados y devaluados socialmente, lo cual crea exclusiones sociales multidimensionales. Los actos de omisión no crean clasificaciones directamente, pero cuando el Estado omite y desatiende, traza una línea que excluye, pues define una “anticategoría”. Esta categoría incluye a quienes son ignorados, subestimados y desatendidos. Para ellos, los actos de omisión del Estado tienen un impacto profundo e influyen en lo que piensan de sí mismos, de su lugar en la sociedad y de los derechos que creen tener o no tener.
Mi reflexión sobre la omisión estatal se inspira en la conceptualización de Biehl (2013) sobre el abandono social, en las políticas de la desechabilidad de Giroux (2016) y en el “antiestado” de Gilmore (2022), que se refiere a la indiferencia administrativa del Estado hacia ciertos grupos; el abandono de responsabilidades hacia determinadas personas, familias y comunidades; así como la provisión de niveles desiguales de protección a las mismas. Gilmore se refiere a ellos como actos de “abandono organizado”, mediante los cuales el Estado controla al grupo y lo priva de beneficios sociales. En mi conceptualización, incluyo los actos estatales de negligencia e indiferencia como una “anticategoría”.
Abundan los casos de anticategorías en Estados Unidos y otros países. Una de cada tres mujeres en todo el mundo está expuesta a la violencia de género (ONU Mujeres, 2022) y estas mujeres a menudo no tienen adónde acudir en busca de ayuda, incluso cuando existen leyes que las protegen, porque las autoridades encargadas de aplicar esas leyes minimizan o desestiman las peticiones de ayuda de las mujeres. En nuestra investigación sobre la violencia de género en América Central, encontramos múltiples casos de negligencia estatal, violencia estructural por medio de la financiación insuficiente de las redes de seguridad social, y un desprecio general por la vida de los pobres (Menjívar, & Walsh, 2017; Walsh, & Menjívar, 2016). Las mujeres pobres se ven aún más devaluadas por la violencia simbólica de las ideologías de género arraigadas. Por ejemplo, las autoridades de Honduras desviaron fondos y recursos destinados a la protección de las mujeres contra la violencia hacia la atención de delitos que las autoridades consideraban “más graves”, como el robo y los “delitos comunes”, a pesar de que Honduras tiene una de las tasas de feminicidio más altas del mundo (Menjívar, & Walsh, 2017). Del mismo modo, en Guatemala, los agentes de policía se negaron a investigar el asesinato de una mujer incluso cuando la familia de la víctima pagó la gasolina para su vehículo y les compró el almuerzo, después de que éstos hubieran alegado que no podían investigar el crimen debido a la falta de gasolina y alimentos (Walsh, & Menjívar, 2016).
Estos actos de abandono estatal son rutinarios; envían poderosos mensajes a las mujeres pobres de que sus vidas no importan. En consecuencia, las mujeres pobres hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas, o sea, las que componen esta anticategoría, no ven más alternativa que buscar protección en otro lugar; muchas emigran en busca de asilo en Estados Unidos. Las mujeres y niñas americanas nativas de Estados Unidos y Canadá son igualmente desatendidas (García-Del Moral, 2018); también son víctimas de asesinatos y desapariciones, pero sus asesinatos no reciben la atención estatal que requieren. Tanto en la muerte como en la vida, las mujeres y niñas pobres suelen ser las más afectadas por las anticategorías de los Estados que las desatienden, disminuyen y abandonan, en Centroamérica, Estados Unidos y otros lugares.
En el medio. Los sistemas de clasificación encasillan a las personas en categorías donde entran o no entran, pero las experiencias de las personas también pueden situarse entre esas categorías. Las experiencias de los inmigrantes atrapados entre categorías legales me llevaron a reflexionar más profundamente sobre la vida entre categorías estatales, o legalidad liminal (Menjívar, 2006). Algunos ejemplos emblemáticos son los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) y DACA y aquellos que esperan en el limbo durante años a que se resuelvan sus solicitudes.21 Conceptualizo este espacio intermedio como una condición; las personas en esos espacios coexisten temporal, parcial y a menudo indefinidamente en dos categorías formales diferentes (incluso opuestas). Esta condición es material, social y existencialmente muy diferente de la de pertenecer a una u otra categoría (véase también Lori, 2019). Las renovaciones periódicas de perrmisos temporales pueden prolongarse durante años, si no décadas, situación que afecta profundamente el sentido de sí mismos de los individuos, las relaciones dentro de sus familias, el contacto con las instituciones, las expresiones artísticas y el sentido de pertenencia y ciudadanía (Menjívar, 2006). Esta situación se caracteriza por la precariedad y la ansiedad de la espera, pero también genera un sentimiento de esperanza en el futuro y la posibilidad de ejercer los derechos que poseen las personas que viven en esta situación, lo que ha impulsado el activismo político. Desde sus precarios estatus temporales, esos inmigrantes han presionado para cambiar las clasificaciones estatales (Burciaga, & Malone, 2021; Getrich, 2021) al desplegar una consciencia opositora (Martínez, & Salazar, 2018) y participar en movilizaciones colectivas (Burciaga, & Martínez, 2017; Nicholls, & Fiorito, 2015).
Sin embargo, la incertidumbre intrínseca de una situación liminal puede eclipsar los beneficios que se derivan incluso de un estatus legal parcial (Menjívar et al., 2022; Patler, Hamilton, & Savinar, 2021).22 Un líder de la Alianza TPS explicó una vez que, cuando nació su hijo en Estados Unidos, les aconsejaron a él y a su mujer que abrieran una cuenta bancaria para ahorrar para la educación universitaria del niño. Preguntaron si podían retirar sus ahorros en caso de que terminara su situación temporal, pero el banco les dijo que no, así que no se arriesgaron a abrir la cuenta. El chico tiene ahora 18 años y está listo para entrar a la universidad, pero tiene muchas dificultades para financiar su educación universitaria sin los ahorros de sus padres. Del mismo modo, la incertidumbre inherente al programa DACA puede erosionar algunos de los beneficios del mismo para los beneficiarios, incluso para sus hijos nacidos en Estados Unidos (Patler et al., 2021). Por lo tanto, la incertidumbre de la espera inherente a la liminalidad de las categorías intermedias se reproduce a lo largo del tiempo y de las generaciones, pues constituye una desigualdad categórica.
Además, las personas que viven entre categorías formales se ven obligadas a interactuar con regularidad con las burocracias estatales para reafirmar su condición de merecedoras cuando renuevan sus permisos y muestran que no tienen antecedentes penales; de este modo, se las somete a una vigilancia excesiva (véase Asad, 2023). Tales contactos les recuerdan a esos inmigrantes que viven en el país sólo temporalmente, por meses pero con prórrogas cruelmente indefinidas, y que se encuentran vigilados. Vivir en la liminalidad produce una tensión con el Estado similar a la que experimentan las personas que han estado encarceladas: se hallan excesivamente vigiladas y muy poco protegidas (véase Miller, 2021); al mismo tiempo se hallan controladas y privadas de ciertas protecciones (véase Gilmore, 2022). El objetivo del Estado puede ser excluirlas o incluirlas sólo parcialmente, pero su limitada protección las hace vulnerables a los abusos, al tiempo que las envuelve en la red de criminalización del régimen de inmigración mediante una vigilancia intensa.
Cuando las burocracias aplican normas y reglamentos para determinar quién puede recibir recursos tangibles e intangibles, las experiencias que no se ajustan a las definiciones estatales quedan excluidas. Los desajustes entre las categorías creadas por el Estado y la experiencia humana afectan, en particular, a las personas socialmente vulnerables cuyas vidas no se ajustan a las normas burocráticas. Es así como se reproduce la exclusión duradera por medio de la tarea aparentemente benigna de la distribución de recursos.
Categorías de negligencia y omisión en los estudios sociológicos
En este discurso, argumenté que a partir del despliegue de categorías estatales, los sistemas burocráticos fomentan desigualdades sociales duraderas. Veo procesos similares en la creación del conocimiento sociológico. Aunque no se trate de una burocracia estatal, los sociólogos de la corriente dominante, Norteamérica y el Norte Global también creamos categorías de inclusión, exclusión y abandono al generar estudios sociológicos. Desatendemos y a veces ignoramos intencionalmente el trabajo de los académicos del Sur Global.23 En este momento crítico en Estados Unidos, en el que las instituciones, las protecciones constitucionales, la vida y los derechos de las mujeres y el medio ambiente están en peligro; en el que el racismo y diversas formas de violencia están fuera de control; y en el que las desigualdades persistentes han salido a la luz y se han visto amplificadas por la pandemia de Covid-19, nos enriquecería integrar en nuestro trabajo a estudiosos del Sur Global.
Los conflictos civiles, la violencia estatal, el autoritarismo, la violencia política, los grandes flujos de refugiados y la desarticulación económica han ocupado un lugar central en los trabajos sociológicos realizados en las regiones del Sur Global. La incorporación de las epistemologías de esas regiones a los marcos de trabajo basados en el Norte Global añadiría perspectiva a nuestra comprensión de la realidad actual de Estados Unidos, sobre todo porque las mismas fuerzas que han asolado al Sur Global también están causando estragos aquí. Puede ayudarnos a replantear conceptos, recalibrar lentes analíticas, reconstruir categorías dadas por hecho y desenterrar los poderosos intereses y las ideologías que estructuran las normas y reglamentos que constituyen el núcleo de las categorías administrativas que empleamos en nuestro trabajo. Aunque algunos de nosotros ya lo hacemos y abogamos por este enfoque (véase Perspectivas 2022),24 veo la necesidad de hacer más. Comparto sólo dos ejemplos destacados de cómo me ha beneficiado el incorporar a mi trabajo académico basado en Estados Unidos marcos conceptuales producidos en América Latina, la región que más influencia ha ejercido en mí. En primer lugar, cuando luchaba por comprender las complejidades de la vida de las mujeres en una etnografía que realicé en Guatemala (Menjívar, 2011b), me basé en conceptualizaciones más amplias de la violencia de pensadores sociales centroamericanos, que interpretaban mejor esa realidad. Los textos del sociólogo guatemalteco Edelberto Torres-Rivas (1998) sobre la violencia política y estructural; el trabajo de Ignacio MartínBaró (1991), uno de los sacerdotes jesuitas asesinados en El Salvador, sobre la violencia cotidiana y la mentalidad militarizada; el de la antropóloga guatemalteca Claudia Dary Fuentes (1994), sobre las desigualdades de género en los hogares no indígenas, y el de la feminista costarricense Alda Facio Montejo (1992), sobre las ideologías del familismo, han sido generadores teóricos para mi investigación. El concepto de feminicidio de la feminista mexicana Marcela Lagarde y de Los Ríos (2006) ha guiado mi reflexión sobre el papel del Estado en la prevalencia de la violencia de género contra las mujeres (Diossa-Jiménez, & Menjívar, 2021; Menjívar, & Walsh, 2017; Walsh, & Menjívar, 2016).
Los amplios e innovadores estudios de estos académicos han esclarecido mi trabajo en América Central. Además, me han ayudado significativamente a entender las condiciones a las que se enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos, como la conceptualización del régimen de inmigración estadounidense como una forma de violencia (Menjívar, & Abrego, 2012). Y el trabajo sobre el racismo en Guatemala realizado por académicos de ese país (Taracena Arriola, 1999; Velásquez Nimatuj, 2008) me ha ayudado a discernir las muchas facetas del arraigado racismo antiindígena que prevalece en las comunidades latinas de Estados Unidos (Menjívar, 2021).
Colaborar con académicos del Sur Global y permanecer abiertos a su trabajo en nuestras funciones de revisores y editores dinamizaría nuestras conexiones y ampliaría nuestros repertorios intelectuales. Los conocimientos sociológicos generados en otros idiomas suelen quedar invisibilizados por la prominencia mundial de las publicaciones en inglés. Se necesitan más traducciones al inglés para facilitar el acceso a la sociología de las regiones del Sur Global.
Un segundo beneficio que he obtenido de la tradición sociológica latinoamericana se relaciona con lo que en Estados Unidos llamamos sociología pública y de política (Burawoy, 2021). Las tensiones que debatimos entre promover el trabajo académico o participar en las luchas derivadas del conocimiento sociológico han sido cuestiones interrelacionadas durante décadas en la sociología latinoamericana. De hecho, como ha observado el sociólogo venezolano Roberto Briceño-León (2002, p. 16), el reto allí no es elegir un camino u otro, sino encontrar formas de mejorar la combinación de ambos.
La sociología latinoamericana ha aportado al mundo una visión teóricamente ecléctica de la sociología (Briceño-León, 2002) y conceptos novedosos (véase Benzecry, 2021), y los sociólogos latinoamericanos han aplicado estos conocimientos para promover el cambio social. Por tal motivo, durante los regímenes militares de los años setenta y ochenta, se persiguió a los sociólogos y se cerraron facultades de sociología en toda la región. Los sociólogos latinoamericanos tienen una larga historia de hacer sociología con un pie en el mundo académico y el otro en la arena pública.25 Hoy en día, siguen produciendo estudios influyentes al tiempo que se involucran en la transformación social, como la participación en la Marea Verde, las exitosas campañas por el derecho al aborto que han atravesado la región y que pueden servir de modelo para las movilizaciones en Estados Unidos. Los sociólogos latinoamericanos han demostrado una y otra vez que es posible hacer investigación y participar en el cambio social, y hacer ambas cosas bien. La sociología latinoamericana me ha inspirado para contribuir con mi trabajo a una serie de esfuerzos en favor de erradicar (o al menos aliviar) los efectos nocivos de los sistemas de clasificación creados por el Estado sobre las personas en las que se centra mi trabajo.
Discusión y conclusión
He examinado cómo se producen las exclusiones sociales mediante los mecanismos poderosos de las burocracias estatales. Mediante los sistemas de clasificación, las expresiones polifacéticas del poder estatal moldean nuestras vidas y causan un daño incalculable a las poblaciones vulnerables y estigmatizadas.
Mediante normas y reglamentos, las burocracias estatales establecen la elegibilidad y trazan una línea entre los que recibirán un beneficio y los que serán excluidos, estigmatizados y privados de derechos. Y aunque sean aparentemente objetivos, los sistemas de clasificación estatales y sus normas administrativas no son neutrales: son construcciones basadas en ideologías de raza, clase y género, reflejan intereses políticos y económicos y se recrean y amplifican mediante prácticas cotidianas. He basado mis argumentos principalmente en mi investigación sobre la inmigración y la violencia de género, pero las clasificaciones estatales importan en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, abogo por adoptar una perspectiva crítica al usar clasificaciones estatales en nuestro trabajo, que reconozca la naturaleza construida de las categorías formalizadas, su naturalización y sus desajustes. Reconocer las estructuras de desigualdad incorporadas a la plétora de normas y reglamentos que sustentan las categorías que usamos en nuestro trabajo puede replantear las cuestiones sobre las personas que el Estado clasifica en categorías.
La lente analítica que propongo puede cambiar el enfoque de nuestro análisis de forma significativa para los estudios sociológicos: de los análisis basados en categorías que se dan por sentadas, que pueden reificar las supuestas características de los individuos clasificados por el Estado, a los análisis que revelan las estructuras que engendran tanto los sistemas de clasificación como las pautas de desigualdad duraderas. Los sociólogos somos los más indicados para promover esta perspectiva crítica e influir en las prácticas analíticas que propiciarán un cambio social genuino y duradero. Nuestro amplio repertorio teórico y metodológico nos da la soltura necesaria para entender cómo se crean las categorías administrativas y cómo se usan los datos producidos a partir de estas categorías. Disponemos de ventajas estratégicas para cambiar el discurso sobre las personas que son el centro de nuestro trabajo y aumentar la influencia de nuestra disciplina en el gobierno, la política y otros ámbitos ajenos al mundo académico.26
Al analizar brevemente los estudios producidos en el Sur Global que han influido en mi trabajo, presento una vía para ampliar potencialmente nuestras lentes teóricas y replantear las cuestiones que planteamos (véase Moussawi, 2022).
El trabajo en esta línea puede generar alternativas para explorar las relaciones entre las desigualdades arraigadas, el poder estatal, las burocracias del desplazamiento y nuestro lugar en la producción de conocimiento. Este camino también puede conectarnos con el pensamiento sociológico de regiones del mundo que han experimentado durante mucho tiempo las condiciones a las que nos enfrentamos hoy en Estados Unidos.
