Leyes y causas

Se le han atribuido a la Ley Lerdo poderes causales extraordinarios, por eso en la vieja bibliografía es el gran parteaguas de la historia agraria del siglo XIX: antes, una cosa, y después, otra muy diferente. No es por casualidad que se centran en ella las dos leyes fundacionales de la reforma agraria de la Revolución: el decreto de 6 de enero de 1915 y el artículo 27 de la Constitución de 1917. Bien o mal aplicada, explican con autoridad ambos textos, la Ley Lerdo le abrió las puertas al despojo de las tierras de los pueblos, y es por tanto de suponerse no sólo que la privatización de la propiedad comunal fuera un fenómeno inexistente antes de 1856, sino además que si la Ley Lerdo no se hubiera promulgado nada de aquello habría sucedido y los terrenos de las corporaciones pueblo se hubieran mantenido intactos. En realidad, la Ley Lerdo explica muy poco acerca de cómo y por qué los pueblos desamortizaron sus tierras (o no), y es un pobrísimo indicador de la cronología de esos repartos. Si se trata de identificar leyes que incidieron en el desarrollo de esos procesos, ya se ha venido reconociendo que las de los estados fueron mucho más relevantes, aunque también hay que cuidarse de no exagerar su propia eficacia. Las leyes meramente imponen reglas (formas, tiempos, etc.), pero si éstas se cumplen o no (y cómo) depende enteramente de otros factores sociales que la legislación es casi siempre incapaz de predecir.

En cuanto a las leyes desamortizadoras de los estados, lo revelador es que en varios casos éstas preceden por décadas a la Ley Lerdo —1826 y abril de 1856 en Veracruz, 1827 y 1851 en Michoacán, por mencionar sólo dos. No se ha investigado todavía qué efectos o reacciones produjeron aquellos mandatos tempranos, pero, sin asumir nada, aun si estos fueran nulos o casi nulos, su mera existencia refuerza lo dicho anteriormente. No es buena idea dejarse guiar por la emisión de leyes para estudiar la evolución de la propiedad comunal a lo largo del siglo xix. Cuando algún día sea posible elaborar una cronología más o menos precisa de la subdivisión de las tierras de los pueblos, se verá claramente —por la diversidad y complejidad resultantes— que no hay razón analítica para seguir dándole a 1856 el estatus de progenitor que tuvo en el siglo XX. Y si las leyes no son el eje principal de esta historia, no queda sino buscarlo en otras partes.

La propiedad comunal de los pueblos antes de las desamortizaciones

A pesar de lo que a menudo se imagina o se supone, no hay nada que indique que la distribución normal de los derechos de acceso a la propiedad de las comunidades antes de las desamortizaciones era equitativa y consensuada, sino al contrario. Hay una imagen idealizada a priori del carácter de la vida comunitaria en la que destacan una serie de enraizadas virtudes que habrían de explicar el buen funcionamiento y la larga estabilidad de estas corporaciones-pueblo: la cohesión social, la solidaridad local y la economía moral en el acceso a los bienes colectivos. Según este preconcepto, la organización incluyente —y en el fondo armónica— del uso repartido de la tierra comunal sería la expresión práctica más acabada de aquellos valores culturales.

Se puede argumentar (con evidencia) que en algunos o quizá en muchos casos tales virtudes sí incidieron en ciertos aspectos de la vida política y religiosa de esas comunidades, pero la asignación de derechos de uso sobre la propiedad raíz fue casi siempre un asunto diferente, y no un reflejo terrenal de aquel esprit de corps ideal. A modo de generalización puede decirse que la distribución de tierras (llamadas “de repartimiento”) para el cultivo entre individuos y familias de la comunidad fue casi siempre desigual, y a veces notablemente inequitativa. Unos miembros tenían más (o mejores), otros menos, y algunos —sobre todo en situaciones de presión demográfica— nada o casi nada. Estos últimos trabajaban en haciendas o ranchos aledaños (o para otros comuneros), rentaban parcelas sobre las cuales ejercían su derecho otros vecinos, o simplemente se iban. La porción de las tierras comunales dedicada a financiar el gasto de los ayuntamientos (los “propios”) ordinariamente se rentaba —a hacendados, pero también a miembros pudientes o influyentes del común—, aun cuando hubiera hijos del pueblo sin parcelas propias. En otras palabras, en realidad ser hijo del pueblo —y por tanto miembro de la comunidad— no garantizaba de por sí ni siquiera el presunto derecho a tener acceso a un pedazo cultivable del patrimonio colectivo, y mucho menos un repartimiento más o menos equitativo de tales derechos. Es cierto que la historia de cada pueblo está llena de particularidades, como también es cierto que las relaciones sociales en torno de la propiedad cambian con el tiempo, la demografía y el contexto económico, pero ése había sido, grosso modo, el carácter estructural de la relación entre los miembros de una comunidad y los terrenos de su corporación desde mucho antes de que se les abriera un camino jurídico a las desamortizaciones civiles. Aun en pueblos relativamente pobres con cierta densidad poblacional se podían observar estas jerarquías en el acceso diferencial a la tierra.

Una zona de excepción —cuando la había— era típicamente el ejido del pueblo, la porción de tierras no agrícolas y de montes destinada al pastoreo, al corte de madera y a la recolección de leña y de diversos productos silvestres. Allí los derechos de uso fueron más genuinamente colectivos y quizá también equitativos, en parte por la inviabilidad -tanto física como económica- de parcelar y restringir el acceso a ellos. La Ley Lerdo exceptuó a los ejidos de las desamortizaciones, y en zonas con un alto índice de repartos fueron esas las propiedades que por su peculiar ecología mantuvieron por más tiempo el estado comunal, aunque en aquellos lugares donde el desarrollo de nuevos mercados (sobre todo el maderero —para papel, durmientes, etc.) revaloró esas tierras, muchos ejidos acabaron también siendo privatizados. Una de las razones por la cual la institución creada en la Revolución para devolver o dotarle de tierras a los pueblos fue llamada “ejido” —a pesar de que en un principio las tierras que lo constituyeron eran “de repartimiento”, para la agricultura, y por tanto no ejidales en el sentido original— fue la asociación entre la palabra “ejido” y la vieja identidad comunal de los pueblos, no sólo porque los ejidos habían sido la parte de aquellas extintas propiedades designada precisamente para el uso y beneficio de toda la colectividad, sino además porque en la segunda mitad del porfiriato la mayoría de las pocas propiedades comunales que todavía existían en el centro de México eran ejidos, y de ahí surgió el neologismo que convirtió al término “ejido” en sinónimo vía sinécdoque de todas las tierras de los pueblos, incluso las agrícolas. Pero más allá de ese curioso malentendido y de sus repercusiones históricas, queda bastante claro que durante el régimen de propiedad comunal una cosa fueron las prácticas colectivistas respecto al uso de los ejidos y otra muy diferente la distribución de los derechos dentro de las tierras de repartimiento.

En muchos pueblos, la renta, hipoteca e incluso venta de parcelas comunales de repartimiento —con frecuencia sólo dentro de la propia comunidad, pero no siempre— eran una faceta normal de la organización de las relaciones sociales de propiedad desde al menos el siglo XVIII, si no antes. Esas transacciones fueron probablemente uno de los mecanismos que acentuaron la desigualdad en el acceso a la tierra. Es muy difícil —quizá imposible— reconstruir el desarrollo y la evolución de este conjunto de operaciones económicas ligadas a la tierra comunal, pero en las fuentes hay señales abundantes de su larga existencia. Aunado esto al hecho de que la posesión de derechos sobre parcelas de tierra se podía heredar, lo que todo esto describe es una especie de sistemas consuetudinarios de derechos privados de facto sobre terrenos que formalmente pertenecían a la corporación del pueblo. Se trata de prácticas o costumbres complejas, poco estudiadas y seguramente variables (temporal y espacialmente), mas no hay duda de que en muchos lugares así funcionaba y se regulaba la distribución de las tierras comunales de labor. No es ésta la imagen que se encuentra comúnmente en la bibliografía acerca de los pueblos y sus tierras antes de las desamortizaciones, pero si se quieren entender a cabalidad los cambios en el régimen de propiedad rural durante la segunda mitad del siglo XIX, será preciso comenzar a prestarle mayor atención conceptual -y en los archivos- a estas enterradas dinámicas sociales.

Si en efecto dentro de los pueblos operaban sistemas consuetudinarios de derechos de propiedad más o menos privados (con varios grados de autonomía o restricción), entonces el arribo de las leyes de subdivisión y reparto —federales o estatales— adquiere un significado analítico muy diferente y sumamente interesante, pues visto de esta forma resulta evidente que aquellos mandatos habrían de suscitar entre los miembros de las comunidades reacciones y expectativas no uniformes sino muy diversas, según las condiciones económicas locales, la posición social y agraria de cada persona o familia, y las reglas para los repartos especificadas en cada una de las leyes en cuestión. Si convenía oponerse o no, y por qué motivos, dependería en cualquier caso de cómo se configuraran todos esos detalles cruciales, y no de un rechazo genérico a la mera idea del reparto, pues la mayoría de las tierras comunales ya estaban de hecho repartidas (desigualmente), aunque esto fuera sólo de acuerdo con los poderes jurisdiccionales de las propias corporaciones. ¿Quiénes controlarían los potenciales repartos, quiénes se beneficiarían o perjudicarían, qué pasaría con la distribución actual de las tierras comunales, cómo afectaría el cambio jurídico de la propiedad las facultades de los gobiernos locales? Esas serían las cuestiones (coyunturales y mutables) que incidirían en la postura asumida por cada cual, al menos entre los bien enterados. Para algunos la perspectiva de una desamortización constituyó una amenaza a sus intereses (individuales o colectivos), mientras que para otros representó una oportunidad para mejorar o consolidar su situación, o incluso, por qué no, ambas cosas en diferentes momentos y circunstancias. No se trata con todo esto de minimizar la trascendencia de las desamortizaciones, sino de precisar el contexto socioeconómico en que se presentó la posibilidad de subdividir la tierra en dominio pleno.

Es así, en pocas palabras, como se deben pensar los procesos de desamortización dentro de los pueblos. Y fue allí, en primera instancia, donde se fijaron las posturas más determinantes relativas a su tramitación, pues en el ámbito local el poder del Estado era por lo general débil y difuso. Hay también, claro está, toda una serie de actores externos por considerar, pero esos son ya bien conocidos. Por lo pronto, lo que toca enfatizar aquí es que al reenfocar el viejo asunto de las tierras de los pueblos a través de este lente analítico se advierte todo un nuevo horizonte de investigaciones e interpretaciones. En lo que respecta al repartimiento de la propiedad comunal, los miembros de los pueblos no tenían una sola voz, aunque a veces así pareciera, porque en el fondo sus intereses no sólo no eran siempre los mismos, sino que podían ser contradictorios. Con las llamadas a la desamortización, esas fisuras se pondrían de manifiesto.

Corporaciones políticas y tierras comunales

Una de las razones por las cuales este acercamiento a la propiedad comunal no ha recibido todavía la atención que requiere tiene que ver con que se ha confundido el carácter de las prácticas políticas de los pueblos hacia el exterior con el de su organización social interna (incluyendo el uso de las tierras), asumiendo que ambos tendrían que reflejar necesariamente las mismas cualidades colectivas, cuando en realidad lo uno podía ser (y por lo general era) relativamente independiente de lo otro. Si hay un tema dominante en la historiografía acerca de los pueblos coloniales y decimonónicos es sin duda alguna el de las luchas por múltiples vías para defender los derechos y el patrimonio de sus corporaciones, tanto de la rapacidad de hacendados colindantes como de las pretensiones de autoridades gubernamentales superiores de toda índole. Es una literatura madura y abundante, rica en documentación y detalle, amplia en su cobertura geográfica y cronológica y además marcada por un buen número de obras sobresalientes. Allí se estudian, entre muchas otras cosas, los constantes esfuerzos realizados -primero por los cabildos de indios y luego por los ayuntamientos- por preservar (y a veces extender) los diversos derechos de autogobierno correspondientes a su categoría política, entre los cuales uno fundamental era el dominio sobre la propiedad de sus tierras comunales. El pueblo, ya se sabe, era una gente, un gobierno y un territorio, y defender ante el enemigo externo la integridad de ese espacio fue a menudo no sólo una de sus mayores prioridades, sino también una importante fuente de cohesión política.

Al igual que la veneración de sus santos o de la Virgen —con sus calendarios, preparaciones, rituales y fiestas— servía para fomentar, afirmar y expresar la identidad particular de cada pueblo (vis à vis los demás) más allá de cualquier distinción de cargo o estatus social, los conflictos con colindantes u otros pretendientes sobre linderos, títulos o derechos de tierra y agua fungieron como llamados —por lo general exitosos— a manifestar públicamente la unidad de la comunidad y la solidaridad de todos sus miembros, dejando a un lado —de cara al árbitro externo y al adversario— sus diferencias, al menos temporalmente. Algo parecido se puede decir acerca de las protestas contra el abuso de poder por parte de autoridades externas. Por eso no es sorprendente que en peticiones, memoriales, denuncias, declaraciones y demás documentos de carácter litigioso o judicial se encuentre al pueblo —la corporación de población— hablando con una sola voz, la de la voluntad popular indivisa que clama justicia y protección. Es un poco la versión indiana de Fuenteovejuna: el pueblo son todos y todos son uno. No se trata aquí de restarle veracidad o justificación a esas expresiones, sino simplemente de precisar el contexto específico en que se producen.

De tales manifestaciones y de otras formas más directas de acción colectiva —protestas, disturbios, motines, ataques, invasiones, etc. — se desprende la imagen (que se recoge en la literatura histórica) de los pueblos como asociaciones políticas más o menos cohesivas y solidarias, comunidades en la acepción más directa de la palabra, al menos a la hora de defenderse. Y respecto a la manera en que estas corporaciones políticas afrontaron todas aquellas amenazas externas, no cabe duda de que hay en esa imagen bastante de cierto. Sin esas exhibiciones de firmeza y pertinacia colectivas, muchos pueblos no habrían logrado sobrevivir. Hay quienes han querido interpretar tal cohesión como una expresión natural de los valores esenciales e inmutables heredados de las culturas indígenas precolombinas, pero más vale dejar a un lado esa quimera. No hace falta apelar a ningún tipo de ontología para entender por qué los pueblos, cual entes políticos, habrían adoptado consensualmente esas posturas: proteger las autonomías locales y la integridad de la propiedad comunal en su conjunto eran cuestiones sobre las cuales todos -o casi todos- podían ponerse de acuerdo.

El problema surge cuando se da por sentado que esas demostraciones de cohesión política con miras al exterior eran invariablemente el reflejo o corolario de una solidaridad más amplia en el tenor de las relaciones sociales dentro de las comunidades, la cual seguramente se pondría (o se debería poner) de manifiesto en la distribución de derechos sobre la tierra comunal. Y si tal era el caso, entonces no había necesidad de abordar ese asunto en mucho detalle, lo que además habría sido trabajoso. No hay que negar la importancia que pueda haber tenido la solidaridad en muchos aspectos de la vida pueblerina para darse cuenta de que esta inferencia es un non sequitur, de que una cosa no depende de la otra. Y como se ha dicho, no hay evidencia de que la distribución del acceso a los bienes raíces de propiedad comunal haya sido equitativa o consensual, con la excepción quizá de los ejidos. La unidad política del pueblo en momentos de conflicto (o en otras dimensiones, v.g. la religiosa) no implica ni requiere ningún tipo particular de arreglo respecto a las tierras de repartimiento, del mismo modo que un reparto sesgado de los derechos de propiedad no impide concertar acciones colectivas y unitarias en otros ámbitos. Tal disociación -entre los intereses particulares y los comunes- debió ser algo ordinario en aquellas épocas, como lo sigue siendo en la nuestra. A algunos les parecerá contradictorio, pero no hay incompatibilidad real: pueblos muy desiguales en su perfil económico que presentan un frente común cuando se trata de defender lo que se entiende como propio, aun si sobre el terreno mucho de aquello no es precisamente de todos.

Por una sociología de los pueblos decimonónicos

Para poder acercarse a las dinámicas sociales relativas al uso y distribución de las tierras comunales en los pueblos hace falta tener al menos cierta idea, por decirlo de manera simple, de los diferentes tipos de vínculos que los vecinos tenían con el aprovechamiento de la tierra, o sea, de las relaciones sociales de propiedad. Es una cuestión empírica y cambiante, en cada pueblo o región, que no se puede estudiar o entender sin poner de por medio algunos conceptos organizativos: por ejemplo, quiénes tenían más tierra, quiénes menos y quiénes no; quiénes rentaban o tenían acuerdos de aparcería; quiénes quedaban amparados por las redes familiares de derechos y quiénes no; quiénes tenían que trabajar fuera del pueblo, etc. Se trata en efecto de elaborar una serie de categorías sociológicas ex profeso que permita distinguir las diversas facultades de acceso a la propiedad agrícola nominalmente comunal, para de ese modo poder retratar, aunque sea en daguerrotipo, la estructura agraria dentro de los pueblos. Tales distinciones no tienen que ser enormes para haber sido significativas, pues la inequidad siempre es relativa, y la terminología empleada para describirlas puede corresponder a los usos locales, siempre muy reveladores, o en su defecto ser impuesta por los historiadores con fines analíticos, según venga al caso. Lo importante a fin de cuentas es contar con algunas herramientas para captar la segmentación del régimen interior de propiedad en los pueblos y poder luego desagregar su relación con el desenvolvimiento de los procedimientos desamortizadores.

Esta es una tarea que se encuentra apenas en su infancia, a pesar de que en los archivos abunden las pistas. Las razones son muchas, entre ellas los prejuicios y el ofuscamiento ya mencionados acerca de la naturaleza del ordenamiento social de la propiedad comunal en las corporaciones— pueblo, los cuales han hecho parecer que estas líneas de investigación sean insignificantes e improductivas. Además, contribuye de manera notable a esa ceguera el término que habitualmente se ha utilizado y se sigue utilizando para describir y categorizar a los habitantes de estos pueblos: campesinos. Esta es una palabra que prácticamente no fue utilizada en México antes del siglo XX: por lo general no habían “campesinos” ni en las leyes ni en los documentos oficiales o en la prensa antes de la Revolución; tampoco en los escritos provenientes del campo mismo, en los cuales se nombran vecinos, hijos del pueblo, labradores, naturales, indios, etc., pero nunca campesinos. Sin embargo, los textos académicos y populares, producidos a lo largo del siglo XX acerca del mundo rural en el siglo XIX, se refieren comúnmente y con gran naturalidad a “los campesinos” de aquellos tiempos, con todo lo que eso implica. El anacronismo, claro está, no es de por sí un defecto, pues es normal que las categorías y las terminologías de análisis cambien con las épocas. El problema es que para comprender la historia rural de México en el siglo XIX (al menos) el concepto de “campesino” es una herramienta no sólo pobre sino incluso contraproducente.

En México se comenzó a hablar (y escribir) sistemáticamente de los “campesinos” a partir de 1915-1920 y sobre todo durante la década de 1930, y fue en aquellos años que se forjó toda una identidad social alrededor de esa palabra. ⁵ La notable y constante participación armada de mucha gente del campo durante los años de revolución había obligado al nuevo régimen a abrirles un espacio político que no habían tenido antes, y la noción de un “campesinado” como sujeto colectivo sirvió para englobar sus muy diversas demandas e intentar darles una sola forma retórica e institucional. Era una nueva categoría descriptiva e identificativa, elástica y aglutinadora, que aspiraba, por razones políticas, a incluir a casi todos los habitantes del campo, dejando fuera prácticamente sólo a los grandes propietarios. Fruto de variegadas inspiraciones tanto anarquistas como soviéticas, la concepción de “los campesinos” sería deliberadamente homogeneizadora y armónica: una masa de gente rural con intereses y características fundamentalmente similares y con una misma meta, que era tener tierra. Era una idea que por su abarcadora sencillez ofrecía notables ventajas dentro del ámbito político; por un lado, se empalmaba bien con la incipiente lógica clientelar y corporativista de las coaliciones gubernamentales posrevolucionarias, y por otro lado, apelaba también a los intereses de los pertinaces impulsores de la creciente reforma agraria ejidal (tanto peticionarios ordinarios como líderes agrarios), pues al decretarse en el imaginario la paridad sustantiva de todos aquellos llamados “campesinos” se ampliaba de forma considerable el número (y la clase) de gente con derecho a juntarse para solicitar dotaciones de tierra. En fin, puede decirse entonces que “el campesinado” nació en México al amparo de la Revolución y de la mano de la reforma agraria. Pero lo que comenzó (y se enraizó) como una categoría con funciones políticas pronto se quiso convertir en un instrumento de análisis social e histórico, y así empezaron a aparecer campesinos en relatos sobre tiempos y lugares anteriores.

En buena parte de los estudios acerca de los pueblos en el siglo XIX —escritos casi todos a lo largo del siglo XX— opera más o menos explícitamente la noción de que sus habitantes eran, con raras excepciones, campesinos. Y si no campesinos, entonces “indios” o “indígenas”, categorías ambas igualmente niveladoras y cohesivas, aunque con una etiología más explícitamente culturalista. El problema radica en que la homogeneización inherente en la idea de un campesinado —y hablar luego de campesinos “ricos” o “pobres”, cuando las diferencias no se pueden ignorar, no es sino reconocer la insuficiencia analítica del concepto— borra el tipo de distinciones socioeconómicas que habría que tomar en cuenta para darle un sentido más claro a los procesos desamortizadores y a sus diversas secuelas en vísperas de la Revolución.

Disponer de una sociología un poco más fina y puntual, aunque sea por lo pronto de bolsillo, facilitará nuevas lecturas de las coyunturas que propiciaron (o no) las subdivisiones de la propiedad de los pueblos, tomando en cuenta no sólo la disgregación de intereses locales —internos y externos— en relación con el fondo y la forma de los repartos, sino también el valor actual y potencial de los terrenos en cuestión, según la condición geográfica, demográfica y económica de cada lugar (caminos, ferrocarriles, acceso al agua, comercialización agrícola, pecuaria y forestal, disponibilidad de mano de obra y de trabajo asalariado, acasillado o enganchado, etc.). Sólo así podrá entenderse qué fue lo que pasó, cuándo y por qué. Vale la pena recalcar, al calibrar la importancia de este proceder analítico e interpretativo, que las leyes estatales de desamortización que regularon la subdivisión de la propiedad comunal civil por lo general estipulaban —contrario a la Ley Lerdo federal— que el reparto se hiciera en partes iguales, sin considerar la distribución de derechos y parcelas ex ante, la cual de hecho era desigual. Ahí se encuentra una de las claves para entender por qué unos se opondrían al fraccionamiento y otros no, por qué los procesos de deslinde y asignación de parcelas serían con frecuencia tan contenciosos y propicios al amaño, y por qué, entre otras razones, en muchos casos los notables locales habrían preferido en primera instancia tratar de que no se hiciera nada. Pero para poder acceder a todo ese universo social de consideraciones coyunturales estratégicas —defensivas u oportunistas— dentro de los pueblos hay que saber un poco más quién era quién, y no únicamente que eran “campesinos” o “indios”.

Las pequeñas propiedades excomunales

Ya se ha dicho que los fraccionamientos de las tierras comunales parecen haber producido numerosas parcelas individuales, al menos en un inicio. Toca entonces rescatar en los registros esas pequeñas propiedades excomunales de las que casi no hay noticia en las narrativas históricas tradicionales, pues se suponía que no existieron o que fueron efímeras. No es una labor difícil. Hay evidencia de que en varias regiones buen número de esos predios privados —algunos de los cuales fueron rebautizados como “ranchos” — perduraron hasta el siglo XX y formaron parte integral del panorama rural durante las décadas de reforma agraria. Pero es muy probable también que muchos otros se hayan perdido —con o sin trampa— y fueran absorbidos por propiedades mayores en expansión, haciendas viejas o de nueva creación. Mientras no haya más investigación al respecto será muy difícil formar una idea más clara del balance de estos procesos y de sus variaciones temporales o regionales, pero por lo pronto cabe resaltar el hecho de que uno de los resultados de las desamortizaciones sí fue la creación de pequeñas propiedades privadas, y no sólo pasajeramente. Cuántas, dónde, para quién y por cuánto tiempo es lo que aún resta averiguar.

No se trata aquí de negar que, grosso modo, en el porfiriato se haya producido a fin de cuentas una notable concentración de la propiedad rural, sino de entender dónde (y dónde no), cuándo y exactamente cómo, reconociendo que si bien muchos pueblos se quedaron sin tierras propias, eso no quiere decir que todos sus habitantes hayan sufrido el mismo destino. Con frecuencia se tiene la impresión, al leer mucho de lo que se ha escrito acerca de la cuestión de la tierra en el porfiriato y sobre los motivos agrarios de la Revolución, que las desamortizaciones de los pueblos y los deslindes de los baldíos no hicieron otra cosa que alimentar directa e inevitablemente el voraz expansionismo de las haciendas, creando a pesar de las resistencias —y casi sin mediación o interludio alguno— un mundo rural bipolar que la Revolución vendría a reventar. Esta visión puede haber valido como estandarte de guerra o arenga insurreccional contra el antiguo régimen, pero en realidad la transformación de la tenencia de la tierra durante el porfiriato fue bastante más compleja, multiforme, imprevisible y gradual de lo que se ha querido imaginar, con una gama de protagonistas -pequeños y grandes- tan diversa que no es posible encasillarla dentro de una narrativa maniquea.

Rastrear la historia de las parcelas privadas con dominio pleno nacidas de las desamortizaciones en los pueblos es, entre otros, un buen punto de partida para precisar las causas y los medios por los cuales se reestructuró (y concentró) la propiedad territorial en aquellos lugares donde se extinguió el régimen comunitario. Lo importante aquí es identificar secuencias en la traslación del dominio para formar con base en ellas una idea más clara del tipo de prácticas —y razones— que incidieron en la evolución de la tenencia después de las desamortizaciones, y qué pautas (si alguna) exhibieron éstas. Son muchos los posibles factores a considerar: el peso de las inesperadas cargas fiscales y administrativas impuestas sobre las nuevas parcelas privadas; el endeudamiento por hipoteca y otros medios; las ventas directas, con o sin transparencia; las vicisitudes relativas a la herencia; la usurpación del dominio legal por medio del robo, extravío o desvío de los títulos de propiedad; timos y fraudes de todo tipo; los abusos del poder público y privado, etc. Hay también que considerar que algunos repartos hayan excluido —con la connivencia de las autoridades del pueblo— a vecinos con derechos, privándolos de las parcelas que les correspondían.

En cualquier caso, conviene prestarle particular atención a los beneficiarios de las traslaciones (legítimas o no) a lo largo de dichas secuencias. Una cosa es encontrar, por ejemplo, que un excomunero pudiente o influyente fue adquiriendo —por las buenas o por las malas— cierto número de parcelas que años después vendió (o perdió) en favor de un hacendado, y otra descubrir que el hacendado se las quitó o compró de entrada directamente a los dueños originales. El resultado final puede ser el mismo, pero en términos de la historia social de la propiedad son dos vías con significados y protagonistas muy diferentes. No basta entonces con fijarse sólo en los dos polos (el principio y el final) de la gran transformación del orden territorial durante las décadas anteriores a la Revolución, sobre todo cuando la sinopsis que hoy puede ofrecerse de estos polos es mucho menos nítida de lo que se había supuesto; hay que enfocarse por fin en los procesos (a lo largo de más de medio siglo), pues de allí saldrán mejores explicaciones y una visión de conjunto más fidedigna.

Una idea que desde mucho antes de la Revolución ha estado íntimamente vinculada con el tema de las desamortizaciones de las tierras de los pueblos y sus consecuencias sociales es la del despojo y la injusticia: que el fraccionamiento de la propiedad comunal atropelló los derechos de mucha gente de pueblo, desposeyéndola de su patrimonio histórico y sumiéndola en la pobreza y el desamparo. Nada de lo que aquí se ha expresado va en menoscabo de esa idea general, sino al contrario, pues precisar no es menguar, sino aclarar; quiénes despojaron y abusaron, cómo, cuándo, a costa de quiénes y por qué. Eso sí, el asunto es sin duda más gris y complicado de lo que se ha querido contar. Y el examen pormenorizado de los procesos de reparto y del destino de las pequeñas propiedades que éstos generaron es precisamente uno de los hilos de Ariadna que conduce a la salida de estos opacos laberintos.

El siglo XIX y la reforma agraria ejidal

Basta con lo que ya se ha dicho para comprender por qué las repercusiones analíticas de repensar la historia de la propiedad comunal en la segunda mitad del siglo XIX no terminan con el alba de la Revolución. La reforma agraria que nació en 1915 y 1917 se fundó explícitamente en una idea muy firme de cómo y por qué los pueblos habían perdido sus tierras, y de ahí surge la vocación restituidora y colectivista que le vino a dar forma en sus comienzos. Y si bien es cierto que los orígenes del ejido como institución no determinan su destino (o su importancia), si la historia que la precede —y que guía su formación— resulta ser otra, cambia también el significado social de los repartos ejidales, al menos en su primera época.

La gente que en un inicio pidió y recibió ejidos para sus pueblos (o rancherías, congregaciones, etc.) tenía ya una historia (la de sus propiedades en las décadas prerrevolucionarias), y ésta no era necesariamente la que aparece —porque así se tenía que contar— en los documentos requeridos para recibir restituciones (o dotaciones) de tierra. En muchos casos las viejas diferenciaciones sociales no habían desaparecido, aunque todos fueran ahora “campesinos” por igual ante el Estado y las nuevas organizaciones agrarias. ¿Quiénes organizaron en la localidad la petición de ejidos, y quiénes fueron beneficiados (o excluidos) en el reparto? La pregunta no es retórica ni frívola: es bien sabido que el acaparamiento de parcelas ejidales y el manejo autoritario de la vida ejidal fueron problemas que surgieron en algunos casos (y no pocos) desde un principio, y llama la atención la posibilidad de que éstos reprodujeran de algún modo dinámicas sociales que ya se habían conocido en esos pueblos. Serían éstas en efecto restauraciones del pasado rural comunitario, pero no precisamente las que la reforma agraria de la Revolución imaginaba promover. ¿Y qué de los pequeños propietarios excomunales que sobrevivieron al porfiriato, qué pasó con ellos? La lista de nuevos interrogantes podría continuar: reescribir el pasado desestabiliza todo lo que le sigue, y más cuando éste ha sido concebido no sólo como simple preludio, sino como explicación y justificación.

Ojalá que los historiadores jóvenes se animen a acercarse a algunas de estas ideas y las pongan a prueba en sus investigaciones. Se ha comenzado lentamente a reabrir la historiografía agraria del México moderno, y serán ellos los que podrán escribirle un nuevo capítulo.