Luchas locales: el combate a la plaga de langosta en Yucatán y Veracruz

En 1923 enjambres de langosta comenzaron a ser vistos en varias partes del sur y sureste mexicano. Su procedencia se desconoce.

Pero el doctor Carlos Cristian Hoffmann, jefe de la Comisión Científica Exploradora de la Plaga de la Langosta en el Estado de Veracruz, consideró que las primeras mangas voladoras llegaron del Petén de Guatemala.¹⁶ Se fueron hacia el norte hasta llegar a Campeche y Yucatán, y posteriormente se desplazaron a Tabasco, Chiapas y Veracruz. La pradera interior de la tierra caliente de Veracruz era un medio favorable para el desarrollo de la langosta. Para 1924, era “el centro de toda la plaga”,¹⁷ la cual se había extendido a Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Campeche.

Esta plaga de langosta no era la primera que padecía el territorio mexicano, pero sí la primera que enfrentaba el gobierno que recién emanaba de la Revolución. Durante el siglo XIX la irrupción de plagas había provocado esfuerzos privados e intentos gubernamentales de organización de una defensa agrícola y pecuaria.¹⁸ Antes de la primera guerra mundial, las provisiones científicas para eliminar la plaga de la langosta fueron materia de intercambio consular entre México y Sudamérica.¹⁹ Incluso, en plena guerra revolucionaria, 1916, la defensa contra un brote de infestación de los plantíos de algodón en la Comarca Lagunera fue conducida por la Cámara Agrícola Local y los empresarios algodoneros, sin recibir suficiente atención del presidente Venustiano Carranza ni de la Comisión de Plagas del Departamento de Parasitología Agrícola de la Secretaría de Fomento.²⁰ El 22 de septiembre de 1923 el presidente municipal de Tlacotalpan, Veracruz, en la ribera del Papaloapan, envió un telegrama al presidente de República, Álvaro Obregón, informando que su municipio se encontraba “plagado considerablemente de langosta” debido al deficiente trabajo de la Secretaría de Agricultura. La respuesta del presidente a la irrupción de la langosta en el Golfo revela que todavía en 1923 el gobierno mexicano no tenía previsiones ni claridad sobre el papel que debía desempeñar frente a una urgencia fitosanitaria. Respondió que eran “los vecinos azotados […] los más obligados a combatirlas y desgraciadamente han demostrado una gran apatía para defender sus propios intereses”. De esta forma, el ejecutivo federal dejaba la responsabilidad de lidiar con la emergencia causada por esta plaga a los campesinos, agricultores y vecinos cuyos cultivos eran afectados por el acrídido.²¹ Pocos días después, el 27 de septiembre de 1923, el gobernador de Veracruz solicitó al presi- dente de la República ayuda para “nuestra dificilísima situación” por causa de la langosta, que amenazaba invadir otros estados. Se le informó que el presidente había enviado “amplias instrucciones” a la Secretaría de Agricultura para combatir la plaga, pese a “lo exhausto de nuestro erario y [los] pocos elementos de citado ministerio”.²² En esos años posrevolucionarios, el gobierno federal apenas se estaba afianzando, no contaba con recursos y tenía otras prioridades más urgentes, como el abasto de alimentos, las reclamaciones extranjeras y la pacificación del país. Eran visibles las limitaciones burocráticas, científicas, técnicas, materiales y financieras de la Secretaría de Agricultura y Fomento, por lo que en un comienzo no hubo una estrategia definida para combatir al acrídido desde la federación.

En Yucatán, las primeras mangas de langosta se presentaron en 1923, durante el gobierno del agrarista Felipe Carrillo Puerto. Por entonces, el cultivo de henequén para la exportación de su fibra constituía la actividad económica más importante.²³ La Liga de Resistencia, creada en 1917 para respaldar al Partido Socialista de Yucatán, y que representaba tanto a trabajadores rurales como urbanos organizados en ligas locales, propuso a la legislatura estatal una ley para organizar los esfuerzos de exterminio de la langosta.²⁴ En noviembre de ese año envió a la Legislatura una iniciativa que declaraba de “utilidad pública y de urgente necesidad la destrucción de la langosta en todo el estado” y depositaba en las autoridades municipales la responsabilidad de organizar las brigadas encargadas de matar al acrídido.²⁵ El 25 de julio de 1924 la legislatura yucateca declaraba de “utilidad pública y de urgente necesidad la destrucción de la langosta”. La nueva disposición territorializó el combate a la langosta al determinar que la autoridad municipal era responsable de los trabajos de destrucción de la langosta ejecutados por el contingente personal de los adultos menores de 60 años. Cada municipio recaudaba mensualmente, en “cajas de auxilio” y esos fondos se transferían al ejecutivo estatal para su empleo conforme a las necesidades de la campaña.²⁶ Destaca en la ley una primera innovación en el concepto de campaña: se considera de “utilidad pública” la destrucción del acrídido. Es decir, el acto de destruir a la langosta se convirtió en un asunto de interés y conveniencia pública.

La ley yucateca de 1924 contra la langosta impuso reglas para combatirla, obligaciones a las autoridades y a la población, y penalidades y sanciones pecuniarias por incumplimiento, incluso la destitución de autoridades.²⁷ Instrumentó dos antiguas estrategias: el financiamiento económico local²⁸ y la organización colectiva de la población mediante brigadas para matar y capturar a la langosta, un nuevo nombre para una tarea practicada tradicionalmente por los milperos en Yucatán.²⁹ Por su parte, las ligas de resistencia participaron activamente en la matanza del acrídido. Unas veces de manera independiente; es decir, convocando a sus miembros para acordar y organizar las salidas para matar al acrídido,³⁰ y otras bajo las órdenes de la autoridad municipal.³¹

Mientras tanto, el Departamento de Fomento y Agricultura de Veracruz comenzó a seguir el asunto, formando la Junta de Defensa contra la Langosta para dirigir las tareas de exterminio en Córdoba,³² centro de los negocios cafetaleros de exportación, presidida por una Junta Central en la capital del estado y por juntas regionales de defensa en las cabeceras de los excantones. Esta junta debía dirigir todos los trabajos de las juntas de defensa y juntas auxiliares y de vigilancia en los municipios, pueblos y localidades.³³ Destaca la integración de personal especializado en esta junta: al lado de varios burócratas, cuatro parasitólogos se encargaban de investigar sobre los hábitos, biología y patrones de comportamiento del acrídido, cuatro ingenieros debían cuidar y vigilar las principales líneas férreas, y siete visitadores se ocupaban de distribuir combustible y víveres entre los damnificados.³⁴ Para septiembre de 1924, en 10 de los 18 excantones se habían formado juntas regionales, a saber: Jalapa, Jalacingo, Coatepec, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Los Tuxtlas, Cosamaloapan, Acayucan y Minatitlán.³⁵

Entre agosto y septiembre de 1924 el gobernador de Veracruz, Adalberto Tejeda -quien sobresalía entre los gobernadores por su política agrarista radical de reparto de tierras, movilización de los campesinos en ligas agrarias y fomento a la educación agrícola socialista- tomó cartas en el asunto gestionando el uso gratuito de los principales medios de transporte para las tareas de exterminio de la langosta. El ferrocarril sería utilizado para el traslado de petróleo, gasolina y chapopote, que algunas compañías petroleras habían donado a las localidades afectadas.³⁶ Fijó gastos extraordinarios para atender la campaña contra la langosta. También solicitó franquicias de los servicios federales: libre pasaje para que todos los empleados comisionados de la Junta Central se desplazaran por ferrocarril a los lugares invadidos sin costo alguno;³⁷ libre porte para los telegramas y libre pase de la correspondencia, bultos postales y mercancías destinadas a la campaña contra la langosta.³⁸ Pese a todo, las autoridades veracruzanas reconocieron que los resultados de la lucha contra la langosta no eran los esperados; los conflictos agrarios también dificultaban el combate. La Junta Regional de Córdoba explicó que todo el excantón estaba fuertemente invadido por mangas de langosta voladora proveniente de Huatusco, y que la presencia de “rebeldes que continuamente visitan los poblados” imposibilita todo trabajo tendiente a su exterminio.³⁹

A principios del segundo semestre de 1924 la plaga de langosta se extendía a más de la mitad del territorio veracruzano, por lo que las autoridades veracruzanas demandaron la urgente intervención del gobierno federal. En agosto de 1924, el gobernador Tejeda entrevistó a Álvaro Obregón, consultando “en qué forma puede cooperar [el] gobierno federal” en la erradicación de la plaga de langosta.⁴⁰ Poco después, el ejecutivo veracruzano pidió “pulverizadores, lanzallamas y substancias insecticidas” y la intervención de la Secretaría de Guerra y Marina para el posible uso de aeroplanos como “arma para combatir la plaga”, al tiempo que informaba de la presencia de 14 agrónomos, 14 parasitólogos y personal técnico del Departamento de Salubridad. Finalmente, solicitó que el H. Congreso de la Unión estudiara la posibilidad de una “ley de plaga”, así como el diseño de un plan económico para “la mayor ayuda pecuniaria posible”.⁴¹

A la luz de esta información, es evidente que desde Veracruz se transformaba el concepto mismo de campaña de defensa agrícola: ya no se trataba como un asunto de política y organización burocrática y fiscal, o asunto municipal, sino que se concebía como una operación que implicaba varios niveles de gobierno, compleja, y que exigía un plan comprensivo para el control de las plagas. Todo plan requeriría de fundamentos científicos, de la investigación en campo de científicos y técnicos especializados, del empleo de dispositivos e instrumentos mecánicos y, sobre todo, de la creación de instituciones, junto con un marco legal y un presupuesto económico para sufragar cualquier campaña, así como un plan de auxilio a los afectados. Fue también en Veracruz donde voces expertas comenzaron a señalar que el problema de la plaga debía ser considerado un problema nacional, de competencia de la federación y los estados de toda la República, aun cuando no sufrieran los estragos de la invasión de langosta: la Junta Regional de Defensa contra la plaga de langosta, con sede en Córdoba, en sesión extraordinaria, sugirió “respetuosamente” al presidente de la República comunicar a la “nación entera [la] necesidad de cooperar en la campaña contra el voraz insecto, que asola en cinco estados de la República y que amenaza con invadir a todo el país”. De no contar con la cooperación nacional -afirmaba- el país corría el riesgo de caer en la “ruina más espantosa y como consecuencia en el hambre y la peste”.⁴² En 1924 la Secretaría de Agricultura y Fomento y el gobierno del estado de Veracruz convocaron a los representantes de las cámaras de comercio de Veracruz, Orizaba, Córdoba, Puerto México, Pueblo Viejo, Industrial de Orizaba y a la Sociedad Agrícola Coatepecana para solicitarles su colaboración a fin de sufragar la campaña contra la langosta. Los representantes de las cámaras argumentaron no poder otorgar recurso alguno y propusieron un impuesto extraordinario de 2% adicional sobre las importaciones por seis meses para combatir esta “calamidad que más que regional de Veracruz puede considerarse nacional”.⁴³

Los gobiernos de Yucatán y Veracruz respondieron de forma institucional al problema de la invasión de langosta en sus estados. Cada entidad tuvo que responsabilizarse de los métodos y las formas para acabar con el acrídido; la cooperación inter- estatal se mostraba casi imposible. Por ejemplo, en agosto de 1924, el gobernador de Veracruz solicitó al de Yucatán apoyo económico para sostener la campaña contra la plaga, pero éste respondió no poder colaborar por también sufrir “el azote de la funesta plaga” y tener que “atender con urgencia a los gastos que reclaman constantemente las necesidades de la campaña de extinción del insecto”.⁴⁴ Pese a la escasa coordinación y colaboración entre los gobiernos estatales, la importancia de sus acciones radica en la respuesta institucional que le dieron al problema de la langosta. Fueron los gobiernos estatales las primeras autoridades en asumir la tarea de fijar un plan para el exterminio de la langosta y advertir sobre la necesidad de que interviniera el gobierno federal. En el proceso, se crearon instituciones y reglamentos, se establecieron procedimientos de combate, se planeó el financiamiento y se impulsaron técnicas para erradicar al acrídido. Fue tal su importancia que algunas de las acciones y estrategias legales, económicas y operativas diseñadas por los gobiernos locales fueron recuperadas y retomadas por las autoridades federales poco después.

LA PRIMERA CAMPAÑA NACIONAL, 1924-1926

En nuestro país la campaña contra la langosta nunca se ha llevado a efecto de un modo metódico y ordenado antes de este año. Antiguamente fueron las autoridades aisladas de las regiones devastadas o los particulares, quienes usaron los métodos empíricos que pensaban les darían mejor resultado. Hasta que el gobierno actual que reglamentó convenientemente la campaña, nada se había ensayado y nada se había hecho dentro de un plan técnico y apropiado.⁴⁵

En agosto de 1924 Ramón P. de Negri, secretario de Agricultura y Fomento, se trasladó al estado de Veracruz y pudo constatar que en la lucha contra la langosta participaban “los gobiernos estatales afectados, las comunidades campesinas y grupos comunistas, sindicatos obreros y de agricultores en pequeño”, quienes han formado comités que trabajan bajo las instrucciones de técnicos y del gobierno local.⁴⁶ También observó la existencia de una infraestructura creada para erradicar la langosta, como eran las juntas de defensa, y registró la situación de los excantones afectados por la plaga. Durante su visita, De Negri se percató de la renuencia de los hacendados a colaborar en la lucha contra la langosta, por lo que sugirió emitir un decreto para obtener “la cooperación disciplinada de apáticos que se limitan a criticar cualquier esfuerzo sin participación alguna”.⁴⁷ El 31 de octubre de 1924 Álvaro Obregón, después de leer ese informe, dispuso que la Secretaría de Agricultura y Fomento se abocara a la lucha antiacrídido.⁴⁸ Pero un mes antes, en septiembre de 1924, ya se habían dado pasos importantes para la intervención del gobierno federal en dos planos: el sustento legal a la acción misma de combatir la plaga, y la creación de un fondo económico para esos fines. El departamento jurídico elaboró un acuerdo presidencial que declaraba la campaña contra la langosta de “utilidad pública” para la nación.⁴⁹ Esta declaración le permitía al gobierno federal adoptar las medidas que fueran necesarias para hacer frente a situaciones de emergencia por causa del acrídido, que le afectaban como entidad política.⁵⁰ Así, el 13 de octubre de 1924 se amplió la partida prevista de 8559 a 100 000 pesos, destinada a sufragar la campaña contra la langosta, disponiendo el presidente que este decreto se promulgara inmediatamente por ser un “caso de suma urgencia”.⁵¹

La intervención del gobierno federal se volvió más con- tundente al aprobarse, el 29 de noviembre de 1924, la Ley de Plagas de los Estados Unidos Mexicanos conocida como Ley Federal de Plagas.⁵² Con un total de seis capítulos, esta establece el concepto de plaga agrícola y pecuaria, y otorga la capacidad jurídica al Estado mexicano para diseñar, decidir y dirigir las labores de su destrucción; definiendo como plaga agrícola a “todo agente animal o vegetal que ataque las plantas cultivo; los animales o vegetales cuya explotación esté relacionada con la agricultura y los productos de ambos, causando en todo o en parte su destrucción, desmejorando o rebajando anormalmente su rendimiento ordinario, con grave perjuicio económico”.⁵³

De esta forma, se retomaban los principios de la Ley de Ser- vicios Agrícolas Federales dictada en 1909 bajo el influjo del entonces secretario de Fomento, Olegario Molina, quien había establecido la competencia exclusiva de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria en la dirección del combate a las plagas: dirigir, orientar, nombrar comisiones nacionales y regionales, y auxiliar a las autoridades en todos los niveles del gobierno en las tareas de exterminio. Más importante aún, retomando los debates internacionales sobre los mecanismos cuarentenarios como método de control de plagas, así como las disposiciones de los socios comerciales con quienes se daba el comercio de bienes agropecuarios, esta ley de 1924 fijó la plena competencia de la Secretaría de Agricultura y Fomento para establecer cuarentenas interiores y exteriores, y proveer los medios materiales para el combate, prevención y extinción de las plagas y enfermedades, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento de Salubridad Pública.⁵⁴

Poco después, en febrero de 1925, el presidente Plutarco Elías Calles expidió el Reglamento de la ley federal de plagas en lo relativo a la campaña contra la langosta, que recupera muchas de las disposiciones legales, operativas e institucionales puestas en marcha en las entidades afectadas, como Yucatán y Veracruz. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, la campaña para combatir y extinguir la langosta es declarada de “utilidad pública”; Yucatán fue el primer estado en considerar las acciones de exterminio de la langosta bajo dicho concepto jurídico. Asimismo, otro aspecto recuperado de las experiencias estatales en la ley federal fue la arquitectura institucional: las juntas de auxilio y defensa, tanto en las localidades como en las capitales, una estructura jerarquizada.

Este fue el caso de la Junta Nacional Directora de la Campaña contra la Langosta, organismo autónomo con sede en el estado de Veracruz, fundado para planear, organizar y dirigir el combate para la erradicación de la langosta en todo el país, recuperando así la experiencia organizativa previa en ese estado para enfrentar al acrídido.⁵⁵ Esta Junta Nacional integraba, de forma jerarquizada y vertical, el mosaico de poderes estatales y federal para el combate a la langosta: un presidente -el director general de Agricultura y Ganadería- un secretario técnico agrónomo -designado por la Secretaría de Agricultura y Fomento- y un vocal por cada uno de los estados que padecían la presencia de la langosta. De ella dependerían las jefaturas de zona y las juntas centrales, regionales y locales. Mientras, en cada uno de los estados invadidos por langosta -en este caso San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, tal como muestra el mapa 1-, debía formarse una junta central con cinco miembros designados por el gobernador. En todas estas instancias se debían obtener los fondos económicos y los elementos para la campaña, alentar la participación de la población en la lucha contra la langosta, e informar a las autoridades políticas de los avances en la erradicación de la misma.⁵⁶

La formación y uso de las brigadas de destrucción como método principal de combate a la langosta fue también recuperado de la experiencia en Yucatán y Veracruz, y sería una estrategia recurrente todavía dos décadas después, como se verá. El Reglamento de 1925 fijó normas de participación en el combate a la langosta: todos los habitantes entre 15 y 50 años de las zonas invadidas quedaron obligados a participar en las campañas, con excepción de las mujeres y los incapacitados. En el nuevo marco normativo, los propietarios, arrendatarios u ocupantes de terrenos y las empresas ferroviarias también quedaban obligados a contribuir en el combate contra la langosta. La participación de los hacendados, empresas y demás particulares, como pudo constatar el secretario de Gobierno, Ramón P. de Negri durante su visita al estado de Veracruz en agosto de 1924, era limitada y con muchas reticencias.⁵⁷ Quienes no participaran en la destrucción del acrídido, serían multados.⁵⁸ En suma, la Ley Federal de Plagas de 1924 y su Reglamento de 1925 marcaron el inicio de una organización institucional específica y una política pública destinada a la defensa agrícola. En este sentido, las invasiones del acrídido dejaron de ser consideradas un problema de particulares, campesinos o gobiernos locales y estatales, para convertirse en un asunto de la nación, en el que el gobierno federal por medio de sus organismos competentes y por intermedio de su aparato administrativo y agencias especiales, como la Junta Nacional Directora de la Campaña, quedaba como responsable de prevenir, diseñar e instrumentar el combate a las plagas y enfermedades de plantas y animales.⁵⁹

Fuente: elaborado a partir de Navarro Palencia, Los servicios fitopatológicos, p. 43.

Mapa 1 La plaga de langosta en México, 1925-1926 

Esta pauta de centralización no era el único camino posible para edificar la defensa agrícola y el control de plagas, tan sólo en América del Norte se pueden encontrar distintas formas y principios de organización de la defensa agrícola y salud animal. Entre fines del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX en Estados Unidos y Canadá, parte de los dominios británicos, se fue institucionalizando el control de plagas.⁶⁰ Antes de la primera guerra mundial, ambas naciones lograron definir y uniformar su legislación e instrumentos fitosanitarios (“Plant Quarantine Act”, 1912, de Estados Unidos, “Destructive Insects and Pests Act”, Canadá, 1910), así como varios países europeos que desde finales del siglo XIX habían discutido en torno a la reglamentación cuarentenaria, y cuya experiencia científica y servicios agronómicos habían sido hasta entonces -desde la época de la plaga de la filoxera de la vid, a fines de la década de 1870- importante inspiración para los científicos mexicanos.⁶¹

LAS NUEVAS GUERRAS CONTRA EL ACRÍDIDO

Nuevas organizaciones: de campañas nacionales a suprarregionales

“Hágase el combate contra la langosta sin distinción de fronteras políticas.”⁷⁹

En el segundo semestre de 1941, en plena guerra mundial, noticias de un nuevo y fuerte azote de langosta en los campos centroamericanos, particularmente en El Salvador, llegaron a México.⁸⁰ La península de Yucatán también mostraba infestaciones, aunque no tan graves. Pero en Centroamérica, tras décadas de expansión de la frontera agrícola comercial -plantaciones plataneras, plantíos de café, algodón y hule, y también ganado-, se había reemplazado la diversidad de la selva tropical por la especialización en unos pocos productos, lo que podría haberagravado el patrón de infestación.⁸¹ En El Salvador comenzaba a tomar forma la cooperación internacional en programas de fomento y modernización agrícola con el USDA (científicos estadounidenses establecerían sus bases en El Salvador para conducir el programa de estaciones experimentales en Nicaragua y Guatemala).⁸² Pero aun así, inicialmente los hacendados se negaron a colaborar para combatir el insecto.⁸³ Las mangas de langosta asolaban no sólo a El Salvador sino también a Guatemala, al punto de que, según los relatos, enormes manchas de langosta llegaron a detener los trenes,⁸⁴ y las mangas “iban y venían” como algo natural “del curso regular de nuestra vida cotidiana”.⁸⁵ Peligraban los plantíos de cereales, de algodón, e incluso los de hule. La frontera entre Guatemala y El Salvador se había convertido en un área crítica de infestación.

Las alarmas se detonaron en el gobierno mexicano, que, a instancias de la Secretaría de Agricultura y Fomento (SAF), emprendió, junto con el gobierno de El Salvador, gestiones para coordinar una campaña conjunta, con los demás gobiernos centroamericanos, de exterminio de la langosta.⁸⁶ El propósito de estas gestiones era concertar compromisos para el ataque urgente in situ a las zonas gregarígenas de El Salvador y Guatemala, y evitar, a toda costa, la penetración de mangas de insectos en México. Esta disposición mexicana no era nueva. El gobierno de Lázaro Cárdenas, mediante la creación del Instituto Biotécnico (1934-1940, dirigido por Enrique Beltrán), había desarrollado, entre otras, investigaciones sobre plagas y enfermedades tropicales de plantas y animales.⁸⁷ En ese marco, en 1935 se firmó un convenio con Guatemala para combatir la langosta en la frontera común, siguiendo lo establecido por la Séptima Conferencia Panamericana de 1933 y el Convenio Interamericano de Montevideo de 1934.⁸⁸

Para fines de 1940 esta plaga ya era virulenta en México, y en el curso de 1941 se tornó grave. Mientras, a mediados de 1940 se había dictado una nueva ley federal, la Ley de Sanidad Fitopecuaria (septiembre de 1940), que concedía a la SAF competencia en la cría y provisión de organismos para el control biológico de las plagas, y el fomento de la fabricación nacional de agroquímicos.⁸⁹ La langosta invadía los estados de Yucatán y Campeche, y también Quintana Roo; más tarde pasó a Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y porciones de Guerrero, Jalisco y Michoacán, y hasta Colima. Para fines de 1941, la superficie afectada abarcaba 10 estados, siendo el de Yucatán el de mayor superficie infestada, con 718 000 ha, seguido por Chiapas, Tabasco y Veracruz. La Oficina de Defensa Agrícola, de la Secretaría de Agricultura y Fomento, se ocupó de dirigir la campaña de combate a la langosta por medio de sus oficinas de defensa fitosanitaria regional. Llegaron a destruirse más de 22000 t de insectos en un solo año, “en diversos estados biológicos, y se gastó casi un millón de pesos”.⁹⁰ Según otra fuente, en el primer semestre de 1941 Yucatán destruyó 500 t de langosta.⁹¹ Para septiembre de 1942, una reinfestación procedente de Centroamérica volvió a complicar el panorama de la Defensa Fitosanitaria, como pasó a llamarse desde comienzos de ese año, y sus delegaciones fitosanitarias. El estado más afectado fue Chiapas, que resentía primero las invasiones procedentes de Guatemala, y luego era el último en lograr su eliminación. El estado donde más difícil era el trabajo de las brigadas era Guerrero, muy infestado, pero en zonas “deshabitadas e incomunicadas de esa entidad”. ⁹²

La campaña de entre 1941 y 1942 fue costeada por el aporte conjunto de los gobiernos estatales y la SAF. Según fuentes oficiales, el gobierno del estado de Yucatán, el territorio más infestado, donde las siembras de maíz habían sido arrasadas, se destacó por disponer rápidamente brigadas y colaborar con la delegación fitosanitaria regional bajo la guía del ingeniero Brondo Witte -quien también trabajó en Tabasco- y por ofrecer claros incentivos a la población rural para combatir al insecto.⁹³

El gobierno estatal había ofrecido la compra de insectos o huevos por 1.50 centavos el kilogramo de langosta y huevos muertos; resultaron 5 millones de kilogramos de material recolectado por los pobladores de Yucatán. Además, el gobernador del estado, Humberto Canto Echeverría, fijó una contribución extraordinaria adicional de 4% sobre todos los ingresos ordinarios, más cuotas extraordinarias a los henequeneros, destinadas al Comité Regional Fitosanitario en Mérida. La regularidad de los brotes de langosta en la península yucateca permitía continuidad en las investigaciones en la biología, morfología, taxonomía, hábitos del acrídido y condiciones medioambientales de su reproducción, posibilitando la acumulación de un acervo de conocimientos generado in situ. Así, entre 1941 y 1942 estudiosos en entomología y parasitología de Chapingo experimentaron nuevamente con métodos biológicos de control de la langosta, con regulares resultados, preocupados por explicar la causa del éxito en el combate a la langosta en Yucatán, mas no en su vecino Campeche.⁹⁴

En ese momento crítico, el interés mexicano por acordar con las naciones centroamericanas una estrategia común fue expresado en la ponencia de la delegación mexicana en la Segunda Conferencia Interamericana de Agricultura, realizada en México en julio de 1942. Los científicos delegados por México, del Departamento Fitosanitario de la Dirección General de Agricultura, presentaron una ponencia: “Lucha contra la langosta en los países de América”. Allí, en una clara maniobra de diplomacia agraria, se proponía que México encabezara la lucha en la región mesoamericana, con base en los siguientes acuerdos: que se declarase la plaga de langosta como un problema continental; que se designara un comité internacional permanente en la ciudad de México, encargado de reunir información científica, experimental y todo lo relacionado con la plaga; que se estableciera un instituto especializado en estudiar la plaga en la región americana; y además, que los gobiernos pudieran establecer fábricas de Efussan, el insecticida experimental contra el acrídido (muy utilizado en Argentina), de forma de reducir los costos de su combate.⁹⁵ De la Conferencia, donde se dieron intercambios con expertos en invasiones de langosta en Sudamérica y en Estados Unidos, resultó la creación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), financiado por la Unión Panamericana y con sede en Costa Rica, el país centro- americano que contaba quizá con la mayor tradición en cuanto a un cuerpo de expertos especializados en ciencias agronómicas,⁹⁶ e indirectamente, los arreglos mexicano-centroamericanos que vendrían después.

La langosta se convertía en un actor más en el complejo escenario geopolítico continental de 1942.⁹⁷ La infestación y reinfestación se perfilaba -en el panorama de racionamiento de bienes a escala continental, dificultades del comercio exterior y carestía- como una grave amenaza desestabilizante para los gobiernos de la región, inmersos, por otra parte, en las disyuntivas que conllevaba el alineamiento con los aliados y el desarrollo de planes de cooperación económica, agrícola, científica y técnica con Estados Unidos en medio de tensiones sociales agrarias.

En ese contexto, el gobierno británico se contactó por medio del gobernador de Honduras Británica en diciembre de 1941, y después, por medio de su embajada en la ciudad de México en 1942, con las secretarías de Agricultura y de Relaciones Exteriores. El Reino Unido, argumentando la gravedad del brote de langostas que se desplazaba en el Petén, y la gran experiencia de su Imperial Bureau of Entomology en la experimentación taxonómica, biológica y de control de la plaga en varias áreas del globo (África, Medio Oriente, Egipto, sus dominios en India, Australia y Oceanía),⁹⁸ ofrecía a México apoyo científico y técnico de sus expertos entomólogos y acridiólogos contra la langosta, quienes podrían desplazarse por el sureste del país para realizar sus investigaciones.⁹⁹

Pese a que en Londres se concentraba la mayor investigación de largo alcance y a escala global sobre las langostas, la langosta del desierto y otras especies de langosta migratoria, los esfuerzos británicos para conectar con las instituciones mexicanas, reiterados, fueron infructuosos. Marte R. Gómez respondió tardíamente: si Guatemala no aceptaba la cooperación con Gran Bretaña, México podía formar una comisión de entomólogos que colaborara con los expertos.¹⁰⁰ Empero, los planes no prosperaron, posiblemente por razones geopolíticas: suspicacias guatemaltecas debido a la histórica disputa por el Soconusco y el Petén, y por el progresivo peso de la entomología estadounidense en el ambiente científico e institucional agronómico mexicano, que la alejaba de la entomología británica. La estrategia geopolítica en materia agraria de los gobiernos mexicanos se perfilaba cada vez con mayor claridad, despuntando con velocidad al calor del acontecer mundial. La lenta y desinteresada reacción del gobierno mexicano a las insistentes solicitudes del gobierno británico para operar conjuntamente contra la amenaza del acrídido resultaban, por un lado, de la relación de vecindad mexicano-estadounidense, y por otro, de los acuerdos de cooperación en curso con el gobierno estadounidense y otras organizaciones de ese país. Con la Fundación Rockefeller se colaboraba en un amplio espectro de materias científicas: en salubridad, biología, ciencias agronómicas y químicas, genética y extensionismo rural, entre otras, que apoyaban al control fitosanitario. Después, la Comisión Agrícola Mexicano-Americana había fijado la acción colaborativa con el USDA para el combate a las plagas.¹⁰¹

Sin embargo, la langosta parecía resistir todo plan de acción conjunto. En 1946, la prensa difundió la imagen de enormes manchas de langosta diseminadas por El Salvador, Honduras y Nicaragua, dañando los sembradíos de maíz. Las mangas devoraban incluso los platanares, algodonales y cultivos de piña, además de las milpas y campos de frijol. Por si fuera poco, en octubre de ese año México se enfrentó a un brote de fiebre aftosa en el Golfo de México, en Veracruz, que comprometía tanto a la población rural como al sustento alimentario en proteínas de las ciudades. El brote de la temida epizootia se sumaba a un desastre previo en una de las zonas de recurrencia de la plaga de langosta, el desborde del río Papaloapan (1944).¹⁰² La campaña de erradicación de la fiebre aftosa (foot-and-mouth-disease) generó conflictos sociales; un ejemplo fue el Bajío mexicano, donde se rechazó y resistió al rifle sanitario.¹⁰³ Mientras avanzaba la campaña contra la aftosa, en tierras tropicales de Puebla y Veracruz, lo mismo en Chiapas, despuntaba una nueva colonización, alentada por las nuevas oportunidades que brindaban la agricultura y ganadería comerciales y el acceso a terrenos inafectables para ejidos abierto por la nueva Comisión Nacional de Colonización (enero 1947).¹⁰⁴ Finalmente, para agravar el panorama, a mediados de 1947 se declaró la emergencia sanitaria por la plaga de langosta.

Pero en esta coyuntura, en la que México tuvo que conjugar dos campañas de defensa, una agrícola y otra pecuaria, las prioridades ya no fueron el control de la plaga, sino su total eliminación y erradicación. En la frontera centroamericana se estableció una barrera sanitaria, una preventiva y defensiva, contra la aftosa, y otra ofensiva, contra el acrídido centroamericano. Así, el centro de operaciones de la campaña antilangosta no se localizó ni en Veracruz ni en Yucatán. Fue en Chiapas, en la ciudad de Tapachula, punto neurálgico en la frontera con Guatemala, donde la oficina de la Delegación de la Defensa Agrícola se constituyó en la punta de lanza de la inmersión de los expertos mexicanos en las realidades de la langosta centroamericana.

Armado con nuevos objetivos, el gobierno federal estructuró la campaña involucrando a nuevos actores e instrumentos de combate. En primer lugar, convocó, como era previsto en la reglamentación sanitaria, a las delegaciones fitosanitarias de Veracruz, Campeche, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, que recibían además información facilitada por el Bureau of Entomology and Plant Quarantine (USDA). Junto con el personal afectado en las brigadas sanitarias estatales, se destacó a la 31 Zona Militar para el apoyo en la campaña, así como a las gerencias de distritos de riego, por ejemplo, en Chiapas, las oficinas de los distritos de riego en Huixtla y Suchiate. Ferrocarriles Nacionales debía encargarse del transporte de los medios mecánicos e insumos químicos para el combate a la langosta. Los productores yucatecos y tabasqueños contribuyeron, según las fuentes, aportando jornales de trabajo.¹⁰⁵ Al final, la campaña implicó una gran movilización operativa de recursos, en una lógica casi militar, al menos en un principio. Lo imperativo era atacar la emergencia.

El nacimiento del CICLA

Los veranos de 1947 y 1948 fueron especialmente afectados por plagas y epizootias. Fueron necesarias varias partidas extraordinarias adicionales del presupuesto federal a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para la campaña antilangosta, al ingresar mangas procedentes desde Nicaragua (y agravarse la epizootia del ganado).¹⁰⁶ Los brotes de langosta se diseminaban por varias entidades del país.¹⁰⁷ Dado que las zonas selváticas del Petén, Tabasco y Campeche eran inexpugnables para las brigadas por tierra, surgieron nuevas necesidades en cuanto a estrategias de combate y medios técnicos y mecánicos para ello. El personal técnico de la defensa agrícola se multiplicó cinco veces comparado con el año 1940, y el personal de campo se incrementó casi 50% (de 170 a 250 miembros).¹⁰⁸ Mientras tanto, en Centroamérica los daños eran severos: las graves infestaciones se convertían pronto en reinfestaciones, incluso las pasturas eran arrasadas. En Guatemala, entre mayo de 1947 y septiembre de ese año la infestación con mangas de acrídidos pasó de 4000 a 10 000 km, mientras en El Salvador subió a 4 000 km, estaban plagados de langostas, y en Nicaragua desde comienzos de ese año toda la costa del Pacífico estaba tomada por las mangas, y los terrenos, infestados de huevecillos. Algo similar se informaba respecto a Honduras.¹⁰⁹ Además, los vecinos centroamericanos se hallaban inmersos en profundos cambios agrarios, que posiblemente afectaron de diversas formas a la campaña contra el insecto temerario. En Nicaragua y El Salvador, dichos cambios eran impulsados por la asistencia estadounidense, en tanto que en Guatemala se cimentaba una reforma agraria y una movilización agrarista impulsada por el gobierno del presidente Juan José Arévalo (marzo de 1945-marzo de 1951); después, encontraría su cenit con las medidas del presidente Jacobo Árbenz (marzo de 1951-junio 27 de 1954).

La SAG fijó un cordón sanitario en la frontera chiapaneca, desde donde comandaba la campaña antilangosta en Guate- mala, aportando los medios mecánicos y químicos (lanza- llamas, equipos de radio, furgones de ferrocarril cuyo uso donó exentos de pago, otorgando franquicias, insecticidas, insumos varios y combustible) y las brigadas de expertos y equipos técnicos de combate, que con simples comunicaciones obtenían libre paso para penetrar en las selvas del Petén.¹¹⁰ Frente a la gravedad de la situación, el gobierno mexicano tomó la iniciativa regional, aprovechando la aproximación diplomática con los gobiernos democráticos guatemaltecos y un contexto dinámico en el comercio con los países centroamericanos.¹¹¹ En el mes de febrero de 1947 propuso la creación de un Instituto de Sanidad Vegetal y Animal de Centroamérica y México como entidad intergubernamental autónoma, que declaró plagas in- ternacionales a la langosta migratoria y la fiebre aftosa, y zona biológica para el control de plagas el área comprendida “desde el sureste de la República mexicana hasta el límite sur de la República de Costa Rica”.¹¹²

Después, a diferencia de anteriores campañas de control de plagas, circunscritas al territorio nacional, el gobierno convocó a otra reunión de ministros de Agricultura de las naciones centroamericanas en Tapachula, que tuvo lugar la primera semana de junio de 1947.¹¹³ La convocatoria a la reunión de ministros evidencia que la SAG y sus expertos buscaban desarrollar en Centroamérica un campo de acción relativamente autónomo, ya no la defensa agrícola sino la sanidad, lo que implicaba un fuerte liderazgo político, científico y diplomático (como lo intentaba también la Comisión Nacional de Irrigación). Ponía de manifiesto, además, la institucionalización de un campo específico de negociación intergubernamental en el área mesoamericana, la defensa por la sanidad animal y vegetal, que exigía no sólo la concertación organizativa y financiera sino también la negociación entre expertos procedentes de distintas escuelas de conocimiento entomológico y agronómico y diferentes concepciones sobre los métodos a seguir para enfrentar a la langosta. La coincidencia con la campaña antiaftosa, el peligro de la escasez de alimentos en pleno periodo posbélico, y un lustro de dinamismo comercial entre México y la región,¹¹⁴ pudo facilitar la coordinación de esfuerzos con los gobiernos centroamericanos.

La nueva estrategia se plasmó en dos innovaciones institucionales, en México y para la región centroamericana. Por un lado, una oficina, la Dirección General de la Defensa Agrícola, creada entre mediados de 1948 y comienzos de 1949. Junto con ella, el Comité Internacional para el Combate de la Langosta en Centro América y México (CICLA), fundado el 21 de junio de 1949. Se trataba de un nuevo organismo intergubernamental, conformado por delegados de cada país, los ministros de agricultura y expertos en control de plagas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México, con la participación de un comisionado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).¹¹⁵ Cada delegación nacional tenía derecho a un voto; en caso de empate, desempataría el voto del comisionado por la FAO, y cada una aportaría por igual a financiar un fondo común. Presidido primero por el ingeniero Darío L. Arrieta Mateos, responsable de la Dirección General de Defensa Agrícola de México, luego por el ingeniero costarricense Francisco Seravalli, el ciclo de vida de la organización fue de casi una década. Las sedes fueron rotativas, primero en Managua,¹¹⁶ después en San Salvador, su localización provocó resquemores entre los gobiernos, sobre todo en el momento crítico de la reunión ordinaria del CICLA en Managua, poco después del golpe y derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala.¹¹⁷ El convenio original se refrendó con modificaciones, en julio de 1951.¹¹⁸

El CICLA implicó una revolución organizativa y tecnocientífica en la historia de la defensa fitosanitaria en México y América Central.¹¹⁹ Por principio de cuentas, fijó la definición de un problema común, la emergencia sanitaria por la invasión de langosta en el área mesoamericana. Además, estableció un criterio estrictamente biológico -no político ni territorial- para el combate y vigilancia defensiva contra la langosta centroamericana, un aspecto que sería vertebral desde entonces en las campañas contra la plaga de langosta. Como puede verse en el mapa 2, la delimitación de esta zona biológica era la resultante de varias décadas de estudio en las ciencias naturales, las invasiones de langostas migratorias en el área, invasiones que se desplazaban por el Golfo y el Istmo.

El CICLA, además, formalizó la asociación de dos ámbitos de acción en esa campaña transnacional: el burocrático

Fuente: elaborado a partir de Secretaría de Agricultura y Ganadería, Informe, 1955.

Mapa 2 Campaña antiacrídica México-centro américa (CICLA) 1949-1954 

administrativo y el científico-técnico. La gestión operativa y la coordinación administrativa, material y financiera de la campaña cooperativa contra la langosta centroamericana eran aspectos decisivos para su buen resultado: cada país debía aportar fondos en dos pagos anuales, en principio 15000 dólares, y las cuotas extraordinarias que se necesitaran. De la aportación total, 30% se destinaría a investigación científica, 30% a administración, y 40% al gasto en insumos materiales: vehículos, aeroplanos, insecticidas y maquinaria. Debían instalarse laboratorios, desarrollarse trabajo de campo, elaborarse una cartografía de la diseminación del insecto, y coordinarse el movimiento de las brigadas internacionales y de los equipos. Las franquicias aduanales y el libre tránsito de los recursos humanos y técnicos sería compromiso obligado de todos los gobiernos participantes, y los gastos de personal y las brigadas técnicas internacionales serían costeados independientemente por cada país, a excepción de los equipos de expertos de la FAO que serían pagados por el CICLA.

Las labores técnicas, sin embargo, quedaban a cargo del recién fundado organismo transnacional y su cuadro de expertos acridiólogos, la FAO.¹²⁰ Este organismo de las Naciones Unidas se había abocado, entre sus múltiples funciones, a desarrollar investigaciones y campañas contra la langosta del desierto en el Mediterráneo, África y Asia.¹²¹ La autonomía científico-técnica de los cuadros de expertos de la FAO y toda la nueva arquitectura burocrática suprarregional para el control y erradicación de la langosta no implicaba, sin embargo, la pérdida de competencia de los poderes locales ni de las autoridades nacionales, o la puesta en entredicho de la soberanía de cada país en aras de un intervencionismo sanitario supranacional. En virtud de ello, por ejemplo, el gobierno mexicano comenzó a distinguir en sus informes sobre la campaña antiacrídido “los materiales destinados a la Campaña en México” y los destinados a “la Campaña en Centroamérica”.¹²² Pero fue un hecho la jerarquización entre los expertos que formaban los grupos de trabajo en las reuniones cuatrimestrales del CICLA, y en el trabajo de campo. Asimismo, el resultado fue la multiplicación de los niveles de coordinación administrativa, técnica y científica entre las diferentes agencias de cada gobierno (agricultura, sanidad, transportes y comunicaciones, hacienda), los distintos intereses y prioridades de cada país y, sobre todo ello, la coordinación científica.

Los encuentros y desencuentros científicos entre los cuadros de expertos centroamericanos y mexicanos, muchos de ellos en- trenados en universidades estadounidenses y por los entomólogos del USDA, y las prioridades y estrategias de los expertos de las Naciones Unidas, la FAO, debieron de ser frecuentes. En 1952 los países centroamericanos, después de renovar en San Salvador la continuidad de la campaña conjunta con México contra la langosta, suscribieron, en el marco de la FAO, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de diciembre de 1951, un acuerdo mundial de sanidad vegetal, dirigido a proteger las plantas cultivadas y silvestres mediante la prevención de plagas, al que México se adhirió recién en 1975.¹²³

Mientras tanto, las tensiones sociales, políticas y geopolíticas atravesaban toda la región, y es bien conocido el desenlace abrupto, la intervención que derrocó al presidente Jacobo Árbenz en el verano de 1954. Las fuentes sugieren que, en medio de ello, la langosta era vista no sólo como el epítome de una amenaza y un peligro de la naturaleza, sino, además, como un inagotable laboratorio entomológico y políticoinstitucional a escala transnacional.

Como botón de muestra, en las reuniones de los periodos V a VII del CICLA (julio de 1953 a julio de 1954), los representantes mexicanos tomaron la iniciativa, exponiendo prioridades estratégicas muy claras: debía formarse una nueva brigada de control en la frontera mexicanoguatemalteca, e intensificarse la ayuda técnica y material a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Junto con ello, los representantes de México solicitaron que el experto acridiólogo de la FAO, el entomólogo español Eugenio Morales Agacino -quien se había formado en la campaña anti locust en el Sahara durante los años cuarenta y había construido un insectario del CICLA en Managua, y trabajado también en El Salvador- se ocupara de dirigir la creación, un lustro después de iniciada la campaña, de un insectario completo en Mérida, Yucatán. Solicitó también, en una especie de vuelta de tuerca defensiva ante los problemas geopolíticos que la caída del gobierno guatemalteco había detonado en la región,¹²⁴ que el cicla se ocupara de impartir cursos de formación y entrenamiento en la ciudad de México, a cargo del doctor Eugenio Morales Agacino.¹²⁵ Por último, la solicitud mexicana señalaba, en una clara estrategia de geopolítica científica: considerando el estado del trabajo por el CICLA, es imprescindiblen “tener contacto con los funcionarios de Belice, juzgando de gran valor para el buen éxito de las labores del CICLA se conozca con exactitud la situación de la langosta en ese territorio”.¹²⁶ ¿Había llegado el momento del repliegue en la diplomacia agraria del gobierno mexicano en Centroamérica, o simplemente una momentánea y estratégica toma de distancia del panamericanismo, para voltear hacia el frente interno e internacional?

EPÍLOGO ITINERARIOS DE DOS COMBATES: CIENCIA, GEOPOLÍTICA Y TECNOLOGÍA

Este trabajo es, sobre todo, una invitación a demostrar la potencialidad del estudio histórico del combate a las plagas como avenida para examinar la construcción de instituciones y el know how especializado en la defensa agrícola y sanidad animal y vegetal a lo largo del siglo XX. Se ha buscado explicar, con relación al recurrente combate a las plagas de langosta, el surgimiento de una arquitectura institucional y tecnocientífica especializada en el control de plagas. Las campañas de control de plagas fueron una instancia importante en el proceso de formación de una burocracia especializada en investigación y extensión agropecuaria, y en su vinculación con una red internacional de científicos e instituciones que encontraron en la defensa sanitaria un campo de experimentación global hacia la construcción de una comunidad tecnocientífica, que trabajaría de acuerdo con una misma agenda y similares presupuestos científicos, haciendo frente a problemas semejantes.

Los combates contra la llamada langosta centroamericana instrumentaron muy diversas formas de ataque al insecto, que fueron variando de acuerdo con la experiencia práctica en el campo, de ensayo y error, y gracias a los avances científicos en el conocimiento del insecto, así como con el cambio tecno- lógico. En términos generales, puede decirse que la variación fundamental en los métodos de combate tuvo que ver, por un lado, con los métodos y las estrategias, y por otro, con los medios instrumentados. Mientras en la primera fase del combate al acrídido se enfatizó la lucha en el campo, fundamentalmente a través de la destrucción de las huevas y la captura de los insectos, así como mediante instalaciones que intentaban detener su diseminación (zanjas, barreras), en la segunda fase la estrategia se modificó radicalmente y se orientó a la aniquilación total, la destrucción y el exterminio de las mangas. Por lo tanto, si en algún momento se había intentado una lucha contra el acrídido apoyada en la identificación y manejo científico de sus enemigos naturales -un combate conducido por medios mecánicos y biológicos-, en la segunda fase, y especialmente después de 1942, la guerra total contra el insecto concentró el eje de las campañas de defensa y eliminación en los medios químicos.

A comienzos de los años veinte, la Junta Nacional Directora de la Campaña contra la Langosta había desplegado una importante acción divulgativa y educativa, al difundir los métodos y técnicas que se experimentaban en otros países para acabar con el acrídido, mediante publicaciones en diarios oficiales y boletines, y también por medio de instructores que enseñaban a los campesinos el uso de las bombas lanzallamas e insecticidas venenosos.¹²⁷ La Junta Nacional recomendaba utilizar los métodos y las técnicas de destrucción según el estado en que se encontraba la langosta. Las recomendaciones de la Junta brindan una idea del estado de las técnicas empleadas para el combate contra el insecto. Para destruir las huevas del insecto en los campos, podían utilizarse bueyes y arados (o una tabla pesada con clavos grandes que se arrastraría por el terreno), y animales domésticos. Para exterminar el acrídido apenas nacido se sugería la bomba lanzallamas, que disparaba a distancia un chorro de fuego. En el caso de los mosquitos o saltones, se indicaba el uso de zanjas y barreras (de zinc o con corral). Los insectos subían y quedaban atrapados, cayendo sobre un recipiente de madera o zanja con petróleo o sosa cáustica. Para la langosta voladora, se recomendaba atraparla cuando desovara, o bien al momento de sacudir los árboles donde esta se posara.¹²⁸ La Comisión también recomendaba el uso de cebos envenenados e insecticidas. Los cebos podían emplearse para atraer a la langosta, debían diseminarse en horarios en que los insectos se alimentaban, preparados con salvado o alfalfa, arsénico, melaza, cítricos y agua. La Junta Nacional seleccionó otras fórmulas sugeridas por el USDA a los granjeros, del entomólogo B. B Fulton, de Oregon, entre otros.¹²⁹ Por entonces, el uso de las sustancias químicas no estaba generalizado en México. Fuese solas o en alguna mezcla con petróleo o derivados, se rociaban usando bombas de aspersión, jeringas de jardinero o simples regaderas de mano; su aplicación podía ser en polvo o en agua.¹³⁰

Las fuentes no permiten reconstruir con exactitud sus formas de aplicación, pero brindan algunos indicios sobre las dificultades surgidas. Por ejemplo, el 4 de octubre de 1924, el presidente de la junta de defensa local del municipio de Medellín, Veracruz, informaba que los campesinos decidieron “llevar a cabo la citada destrucción por medio [de la] recolección” del acrídido, por no dar resultado los lanzallamas.¹³¹ En Yucatán los habitantes de Tizimín (cabecera municipal) explicaron que los encargados de verificar las tareas de exterminio “apenas si se detienen muy corto tiempo trayendo unos aparatos que resultan deficientes en la práctica”.¹³²

Las campañas centroamericanas, dos décadas después, adoptaron una estrategia bélica -de aniquilación- contra la langosta, a la par que contribuyeron al establecimiento de una nueva etapa en la investigación entomológica y fitoparasitológica contra este insecto. No contamos con indicios documentales completos acerca de los métodos empleados en los campos infestados, ni en México ni en América Central.¹³³ Las fuentes muestran que se establecieron cordones sanitarios en la frontera entre Chiapas y Guatemala (en medio de daños parciales al puente que atravesaba el Suchiate, según los informes diplomáticos) y también en las fronteras que compartían Guatemala, Honduras y El Salvador, y Honduras y Nicaragua. Brigadas internacionales armadas con medios mecánicos y tecnologías de comunicación y transporte propios de campos de batalla penetraron las zonas infestadas -pobladas unas e inhóspitas otras-. Así, al lado de los ferrocarriles, que servían como transporte o como furgones de operaciones, potentes jeeps con turbinas equipados con espolvoreadores (fumigadores), que incluso eran fotografiados como símbolos de la victoria contra el insecto, ingresaban con franquicia desde el sureste mexicano a los países vecinos. Buena parte de estos era contribución de México a la campaña. Junto con ellos, modernos lanzallamas Aeroil dotados con bombas “poderosísimas” (Niagara), gasolina y fuel, talco para las mezclas químicas, y nuevas generaciones de insecticidas organoclorados (“langosticidas”), como el Efussan,¹³⁴ y después de 1945, ddt (diclorodifenil-tricloroetano) y diversas mezclas. Al aumentar su empleo en el sureste del país y simultáneamente en Centroamérica, se incrementó la demanda de estos agroquímico, que las modestas fábricas de insecticidas locales no alcanzaban a cubrir.¹³⁵ El gobierno guatemalteco, por su parte, dependía de las importaciones de insecticidas y pesticidas desde el Suchiate, Nueva Orleans y Los Ángeles; comisionados militares y aeronáuticos estaban afectados a ese tráfico, aunque en ocasiones con renuencia.¹³⁶

Pero en esta nueva etapa, si la langosta era el actor principal, los protagonistas estelares ya no eran los pueblos, ni tampoco los científicos o expertos, sino un revolucionario adelanto de la aviación: los aviones fumigadores.¹³⁷ Señalaba una nota informativa publicada en Tuxtla Gutiérrez en junio de 1947: “El mejor procedimiento para el combate a la plaga es hacerlo por medio de aviones, lo que ha sido probado, exterminándose 41 mangas de langosta de 3 km de extensión, empleándose aviones tipo Stearman, en la zona fronteriza sur”.¹³⁸ La navegación aérea para la defensa sanitaria requería de mayor conocimiento meteorológico. Así, en sincronía con estas nuevas necesidades, fue establecida en Mérida, Yucatán, una estación aerológica para todo el sureste, que debía funcionar en colaboración con los observatorios meteorológicos.¹³⁹

Los informes del secretario de Agricultura de México de esos años, entre 1940 y 1955, eran insistentes en resaltar el papel de la aviación en el control de plagas.¹⁴⁰ Pero, no sólo se trataba de los aviones de los gobiernos de México y Centroamérica al servicio de las campañas antiacrídido,¹⁴¹ sino además de los servicios comerciales de la aviación civil de México. Desde la frontera norte entre México y Estados Unidos, pequeñas compañías de aviones dedicadas a la fumigación contra el gusano rosado del algodón se trasladaron ante la creciente demanda de espolvoreos de químicos y DDT al istmo centroamericano, ofreciendo sus servicios para la destrucción del insecto: de una frontera a otra, de un vecino a otros. Para entonces, la langosta migratoria había logrado interconectar las diversas biorregiones a su paso mediante el impulso de medidas locales de control, de la normalización nacional y supranacional de políticas de protección y sanidad vegetal, y de investigación entomológica aplicada, contribuyendo así al nacimiento de una biogeopolítica agropecuaria en México y América Central. En este panorama, resta profundizar en el papel que desempeñó México como di- fusor de instituciones, tecnologías, saberes científicos y expertos para la formación de los servicios de defensa y sanidad agropecuaria en la región, y como proveedor de insumos químicos para las campañas de destrucción de las plagas en esta configuración geopolítica de la sanidad agropecuaria. Por lo pronto, es claro que, en el periodo de entreguerras, la defensa agrícola quedó comprendida cada vez más en la sanidad vegetal, primero como principio de política pública nacional, y después como competencia de las Naciones Unidas y sus organismos, y que fue desbordando la sola protección de los cultivos y animales y el control de los riesgos y daños en el campo, para alcanzar y aspirar a la protección de la oferta y calidad de los alimentos y sus consumidores, tanto rurales como urbanos.