El Estado ante los guerreros del comunismo mexicano⁷

Durante la segunda mitad del siglo XX, el gobierno de México fijó su postura en el escenario internacional ante el conflicto político, económico, social, cultural e ideológico denominado la “guerra fría”, una guerra sostenida por el bloque capitalista contra el bloque socialista-comunista. México asumió una ambigua postura anticomunista. El anticomunismo a la mexicana se estableció a través de un binomio cívico-religioso. Esta dupla se expresó en la cotidianeidad a través de “engomados fijados en las puertas de las casas o en las ventanas de colonias de clase media de las ciudades mexicanas en las que se leía cristianismo sí, comunismo no” (Meyer, 2014, pp. 21-42). De esta manera, ciertos sectores de la Iglesia

se empeñaron en movilizar a sus miembros para neutralizar los esfuerzos políticos de la izquierda por ampliar su base social, caracterizando a esa corriente como el instrumento de un movimiento internacional comunista -una fuerza atea, enemiga de la propiedad privada- cuyo objetivo era implantar ese sistema en México y en el mundo (^{Pacheco, 2002. pp. 143-170}).

Al respecto, Lorenzo Meyer sostiene que

la Iglesia católica en México hacía su parte en una campaña que era parte de otra mucho más amplia. En México el esfuerzo anticomunista de la jerarquía católica era sólo uno de los más notorios de una gama en que, en diferentes grados y con diferentes instrumentos, participaban lo mismo los aparatos de seguridad de los gobiernos federal y local, que el partido de Estado -el PRI- y otros partidos menores, las organizaciones empresariales, los sindicatos, las universidades, los medios masivos de comunicación y personajes del mundo intelectual. Pero eso no era todo; lo que entonces tenía lugar en México era sólo un capítulo, y relativamente secundario, de otros muchos que entonces se escribían en los cinco continentes. Se trataba de escenarios nacionales o regionales de lo que era una enorme pugna política, económica, militar y cultural entre las dos superpotencias nucleares de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, y sus respectivos sistemas políticos e ideológicos: el capitalismo y el socialismo (Meyer, 2014).

En este contexto se fijó un nuevo “enemigo” en México, un “no amigo” que incursionaba en la nación para hostigar, desequilibrar y derrocar al gobierno democrático para establecer un régimen socialista. Contra este “enemigo interno” el Estado mexicano dirigió la lucha y encausó sus aparatos represivos, desencadenando lo que tiempo después se le llamaría “guerra sucia”.

Bajo esta lógica de seguridad interna, el Gobierno Federal, la Iglesia, los medios de comunicación y múltiples aliados del Estado (^{Gamiño, 2013a}) delinearon la figura del “enemigo”, del sujeto peligroso con una “potencialidad indefinida”. La respuesta del Estado contra este “enemigo” de la nación fue desproporcionada, sus acciones represivas implementadas para paralizarlo, desarticularlo y exterminarlo se desarrollaron en sitios geográficos determinados, los cuales se convirtieron en espacios de excepción. En estos espacios el Estado suspendió la legalidad bajo un discurso nacionalista, el cual terminó por legitimar los delitos de lesa humanidad bajo el argumento de “salvar a la patria”. Las acciones del Estado durante la “guerra sucia” parecieron enmarcarse como un acto legítimo apegado al estado de derecho.

En otras palabras, el papel del Estado durante la “guerra sucia” fue ambiguo, pues operó tanto de manera legal como ilegal, violando los principios democráticos del estado de derecho y cometiendo delitos de lesa humanidad.⁸ Estas acciones fueron, en su mayoría, encubiertas o tergiversadas por la opinión pública local y nacional, y además justificadas por amplios sectores como la Iglesia, las cúpulas políticas, las fuerzas corporativas y el empresariado. Para estos grupos la respuesta del Estado siempre estuvo dentro de la legalidad. Ello generó una exaltación del uso legítimo de la fuerza del Estado contra la “conjura internacional-comunista” que pretendía enquistarse en el país a través de la subversión armada, primero en espacios rurales y posteriormente en espacios urbanos.

Un caso que resulta paradigmático es el del estado de Guerrero, cuyo espacio geográfico fungió como un laboratorio represivo (^{Gamiño, 2013b, p. 215}), una zona de excepción en la que el Gobierno Federal durante las décadas de los 60 y comienzos de los 70 diseñó y puso en práctica las estrategias de contrainsurgencia que serían implementadas en aquellas regiones del país -incluyendo las zonas urbanas- donde emergieron grupos armados socialistas.

La estrategia de contrainsurgencia desplegada en el estado de Guerrero es un punto de referencia importante para conocer la génesis y los patrones de la desaparición forzada de personas en México, particularmente las estrategias de contrainsurgencia desplegadas por el Estado a través de las fuerzas castrenses y policiales; es decir, la escalada de la violencia política ejercida contra los disidentes y los ciudadanos de las comunidades que eran percibidos como bases de apoyo a la guerrilla rural encabezada por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos.⁹

Estrategias contrainsurgentes

Las fuerzas militares comenzaron en el año de 1968 las operaciones de contrainsurgencia en el estado de Guerrero a través de la operación “Rastrilleo”. Esta estrategia consistió en supervisar amplias regiones en las cuales la inteligencia militar-policial tenía “información” de que moraban algunos de los sublevados, así como amplias bases de apoyo de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. El ejército comenzó a incursionar en comunidades aprehendiendo ilegalmente a posibles miembros de estos grupos armados. Las detenciones fueron extendidas a miembros de las familias de Genaro y Lucio, así como a moradores de los poblados, los cuales, a discreción de las fuerzas castrenses, pudieran ser considerados como miembros de los grupos armados rurales o sospechosos de apoyar la guerrilla, o por ser simples opositores al gobierno local o federal.

Durante la operación “Rastrilleo” las fuerzas militares trasladaban a los detenidos a cárceles municipales y/o zonas militares para “interrogarlos”. Dos años después (1970), debido a los magros resultados en el exterminio de los movimientos armados en la región, las estrategias de contrainsurgencia fueron modificadas y el Estado puso en marcha la “Operación Amistad”. Las acciones desplegadas en esta operación estaban destinadas a la aprehensión de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. La “Operación Amistad” empezó como un experimento de contrainsurgencia consistente en el incremento de las detenciones arbitrarias.

Inicialmente se implementó en algunas regiones, por ejemplo Ilatenco, Tlaxcalixtlahuaca, Tierra Colorada, Pazcala, Colombia, Atenco y El Rincón. En Ilatenco el ejército entró y detuvo a Pedro Díaz Calleja, a Alejandro Guzmán Díaz, a Germán de la Cruz Espinobarro y a Jesús Olivera Calleja. Los tuvieron aislados por más de cuatro días, amarrados con cables y tirados en la comisaria del lugar; a los dos últimos se los llevaron posteriormente a Tlaxcalixtlahuaca y de allí a Pie de la Cuesta, donde los tuvieron una semana más para trasladarlos posteriormente en avión fuera del estado para interrogarlos. Al resto los llevaron a Pie de la Cuesta, donde los tuvieron detenidos cuatro meses, durante los cuales fueron “interrogados” bajo amenazas de ser tirados vivos al mar.¹⁰

A los recién detenidos se les aisló; la estrategia de “interrogación” tuvo un viraje, pues no sólo fue utilizada para extraer información al detalle sobre su participación directa o en apoyo a los movimientos armados, sino que se buscó, a través de la tortura, inhibirlos ante las posibles intenciones de unirse a los grupos armados en un futuro cercano. Algunos de los detenidos murieron en las sesiones de tortura.

La estrategia denominada “Operación Amistad” golpeó a diversas comunidades y ofendió el sentir colectivo de los pobladores, pues las fuerzas armadas, con plena impunidad, desplegaron robos y saqueos en las comunidades. Esta operación se caracterizó por concentrar a la población, sacarla de sus viviendas para trasladarla en fila a los espacios abiertos de la comunidad, por ejemplo en las cabeceras municipales, canchas de futbol o basquetbol. Ahí los militares pasaban lista, mientras otros miembros de las tropas auscultaban las viviendas para encontrar a los “subversivos” o a sus simpatizantes. Toda persona que tenía en su posesión armas, un excedente de comida, papeles o cualquier objeto que pudiera parecer “sospechoso” era separada del grupo en formación y trasladada extrajudicialmente a cárceles clandestinas o a la sede de la zona militar más cercana para ser “investigada”.

En Tlaxcalixtlahuaca, el ejército se trasladó a la milpa de Custodio Altamirano Olivera, aprehendieron a Sixto Flores Vázquez y Marcial Juárez Castro. Fueron llevados al Pie de la Cuesta, ahí los patearon y les quebraron costillas a cada uno, exigiéndoles que entregaran a Genaro Vázquez. Durante nueve días y durante cuatro meses después fueron trasladados al Campo Militar Número 1. Ahí los hermanos Adelaido y Leónides Mauricio Arriaga fueron tan severamente torturados que uno de ellos -Leónides- murió cuando sus familiares lo estaban atendiendo, y Adelaido se salvó de milagro porque se rompió la cuerda con la que lo colgaron. Cuando los militares llegaron a Malinaltepec, Tierra Colorada, realizaron múltiples detenciones arbitrarias, tortura, robo, saqueo, asesinatos y profanación de cadáveres, además de violaciones masivas y concentración forzada de la población.¹¹

Es importante destacar que la concentración de la población como estrategia de contrainsurgencia fue llevada a cabo principalmente en zonas indígenas, por ejemplo en Tlaxcalixtlahuaca, Malinalco, El Rincón y la zona de Tierra Colorada. En estos lugares el ejército realizó un número importante de detenciones y ejecuciones extrajudiciales.

Destacan los casos de Yrineo Juárez Castro, quien fue golpeado severamente y de los mismos golpes murió. A Yrineo le quebraron una pierna y un brazo y después de golpearlo lo tiraron desde un salto en una poza de agua. Su cadáver fue profanado, lo despanzurraron, le cortaron los testículos y se los pusieron en la boca. Del mismo modo, el ejército ejecutó a Antonio Navarro en el Cerro Cenizo. Ahí lo golpearon, lo ejecutaron y lo enterraron, los militares bajaron sin él. Seis días después los familiares y gente del pueblo exhumaron el cuerpo y lo trasladaron a Tlaxcalixtlahuaca para darle sepultura.¹²

Estas acciones fueron realizadas con la completa aquiescencia del General de Brigada Comandante de la 27ª Zona Militar, M. Bracamontes, así como con el apoyo y la impunidad brindados por la Secretaría de la Defensa Nacional y el Estado Mayor de la Secretaria de la Defensa. Estas cúpulas sabían de los abusos de sus tropas y no aplicaron ninguna sanción a los militares que cometían dichos delitos.

Las operaciones irregulares continuaron hasta el año de 1970 y se robustecieron bajo la lógica de la “guerra contrainsurgente”. Esta estrategia fue denominada “Operación/Plan Telaraña” ¹³ y comprendía la realización de operaciones irregulares y contraguerrilleras bajo las órdenes del Secretario de la Defensa Nacional, el General de División Hermenegildo Cuenca Díaz. Diferentes barrios fueron sitiados, comenzaron las tropas a incursionar en montes golpeando a la población que se encontraban a su paso con el objetivo de obtener información sobre el rumbo de los guerrilleros. Hurtaban en las poblaciones comida y ganado principalmente, así como objetos que los pobladores tenían en sus viviendas y que eran consideradas por los militares como valiosos.

En este contexto, las ejecuciones extrajudiciales comenzaron a ser cotidianas, principalmente en aquellos municipios y espacios sitiados. En la etapa “Operación/Plan Telaraña” la represión se recrudeció, pues helicópteros y avionetas merodeaban sobre muchas zonas. Hubo por tierra diversas emboscadas en los caminos. Contradictoriamente, esas expediciones fueron encubiertas como campañas de sanidad que emprendían los militares en las regiones que habían sido golpeadas con antelación. Ahí los militares desempeñaban labores sociales, por ejemplo brindar atención médica preventiva, curación de enfermos y heridos, corte de cabello gratuito, revisión y cura de animales, así como reparto gratuito de alimentos. Es importante destacar que esta operación estuvo acompañada de acciones estratégicas que servían para vigilar más de cerca a la población, por ejemplo el establecimiento de tiendas CONASUPO ¹⁴y múltiples obras públicas que agilizaban el desplazamiento de las fuerzas armadas. Se construyeron carreteras y se abrieron caminos de terracería.

La “Operación/Plan Telaraña” fue una estrategia contrainsurgente puesta en marcha durante los meses de marzo a abril de 1971 y fue un plan para reconocer a los parientes, amigos y gente cercana de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como una estrategia de amedrentamiento de la población en general.

Durante las primeras horas tras de establecerse el “Plan Telaraña”, el día 30 de marzo de 1971, fueron detenidos ilegalmente el padre de Genaro Vázquez Rojas así como familiares cercanos de Lucio Cabañas, simpatizantes y población no relacionada con el conflicto. A lo largo del mes se reportan decenas de detenidos. El 8 de mayo el Secretario de Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, informó al presidente de la república Luis Echeverría Álvarez sobre varias detenciones ilegales, como si se tratara de prisioneros de guerra. Los detenidos fueron concentrados en el cuartel de Atoyac y en el Campo Militar Número Uno. ¹⁵

Esta serie de acciones contrainsurgentes develan el papel protagónico que tuvieron las fuerzas armadas en la lucha contra los movimientos armados, y por ende, su implicación directa en la violación de los derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad en el estado de Guerrero. El ejército tuvo una participación directa de tipo policial, que significó que las autoridades locales se supeditaran a esta institución. Al mismo tiempo, se evidencia que desde el Gobierno Federal -el poder ejecutivo- así como la Secretaría de Gobernación, el jefe del Estado Mayor y la Procuraduría General de la República (PGR), los cuerpos de policía judicial, estatal y municipal justificaron y legitimaron las acciones.

El ejército, desde entonces, gozó del respaldo y la aprobación total en su estrategia antiguerrillera, este apoyo contribuyó a la invisibilización de los delitos y a establecer la impunidad como regla.¹⁶ Según el informe de la FEMOSPP, el ejército concentró en las regiones del Estado de Guerrero una tercera parte de sus efectivos, pues se estima que se desplegaron cerca de 24 mil soldados, que fueron equipados con armas FAL, helicópteros, avionetas, tanquetas y camiones.

A las fuerzas armadas se les otorgó plena autonomía en la lucha antiguerrillera, a grado tal que los integrantes de esta institución, de manera discrecional, podían decidir el destino de los detenidos: si serían liberados, entregados a las autoridades civiles, o si deberían ser enviados a cárceles militares para “archivarlos” y en el futuro extraerles información bajo tortura, o si era “necesario” ajusticiarlos clandestinamente.

Bajo esta lógica, el Campo Militar Número 1 y la 27ª Zona Militar de Atoyac fueron habilitados como campos de concentración para recibir y resguardar a los detenidos.

Un caso paradigmático es el de Antonio Onofre Barrientos, quien junto con otras personas fue liberado justo un día antes de cumplir un año de haber sido detenido, fue liberado “por falta de méritos”. Pero, al mismo tiempo, el ejército ya no entregó a otros presos a la autoridad civil, sino que dispuso de ellos a su arbitrio. Un ejemplo de ello acaeció en el pueblo de El Quemado, donde llegó poco después de las 10 de la mañana el General Chagoya con dos helicópteros y ordenó a un Capitán: “le haces así como te dije”, y se fue con los helicópteros. Y después el Capitán nos dijo que fuéramos todos a la cancha de básquetbol. Los militares traían una lista con los nombres de los que vivíamos en la comunidad y nombrando a cada uno los formaban, los metían a una casa cerca de la cancha y adentro los amarraban de los pies y manos y con posterioridad eran llevados en los helicópteros… Así fueron llegando más soldados en pequeños grupos y, mientras unos hacían preguntas, otros dejaban artículos militares en lugares escondidos en el solar. Después regresaban, encontraban lo que habían escondido y decían que tenían la prueba de que esa gente había participado en acciones armadas y subversivas, ya que esos artículos pertenecían a las fuerzas armadas… En estas acciones existe registro de la detención de Mauro García Téllez por habérsele encontrado objetos pertenecientes a la tropa del 48º Batallón de Infantería, que fue emboscada por gente de Lucio Cabañas el 23 de agosto de 1972; fue trasladado a la 27ª Zona Militar de Atoyac, la cual había sido habilitada como campo de concentración. Otros detenidos fueron trasladados a este campo. Ahí fueron torturados, a otros desde ahí se los llevaron en helicópteros para no regresar jamás. Ahí estuvieron recluidos, según testimonios y expedientes de la FEMOSPP, niños, ancianos, jóvenes, adultos, mujeres, los cuales no tenían en su mayoría nada que ver con los “delitos” que se les imputaban… El informe de la FEMOSPP computó un total de 106 personas recluidas forzadamente por su presunta participación en las emboscadas contra el ejército mexicano.¹⁷

El alto grado de legitimidad que tenía la institución castrense del Estado y los desproporcionados niveles de impunidad impulsaron a las milicias a radicalizar sus acciones de contrainsurgencia hasta convertirla en una estrategia de exterminio. Las fuerzas armadas, a partir de 1973, pusieron en marcha prácticas genocidas de manera sistemática. En principio, los detenidos ya no eran sometidos a proceso legal, fueron retenidos en campos de concentración de bases militares y cárceles clandestinas. El futuro y la suerte de los detenidos quedaron suspendidos y a disposición de la voluntad y la “ética” de los militares, los cuales variablemente optaron por la liberación, la ejecución de los “enemigos” del Estado y la desaparición de sus cuerpos.

Tal como sucedió en la masacre de Los Piloncillos el 23 de abril de 1973. Llegaron al lugar cerca de 100 militares entre los que iban 15 individuos vestidos de civil y, sin previo aviso, entraron a varias casas y sacaron a sus moradores con lujo de fuerza y brutalidad, llevándose a los señores Eleazar Álvarez Jacobo, de 18 años de edad, Santín Álvarez Ocampo, de 24 años, Toribio Peralta Rivera, de 17 años, Saturnino Sánchez García de 60 años, Saturnino Santillán García y Crescencio Laguna, ambos de 70 años. Éstos fueron trasladados a la cancha de juego del poblado y ahí fueron masacrados… otros de los detenidos fueron trasladados por personas vestidas de civil -que eran elementos militares bajo la dirección del Coronel Salgado Salgado- a las afueras de la escuela de la comunidad, donde los acomodaron frente a la pared y posteriormente fueron acribillados, mientras la comunidad veía la ejecución. Acto seguido, fueron rematados con el tiro de gracia. Posteriormente, los soldados se trasladaron a la casa de Saturnino Sánchez García, de 60 años, el cual estaba inválido, y en su domicilio -sentado en una banca y en presencia de su familia- fue pasado por las armas; su cuerpo registró más de cien impactos de bala. Dada la gravedad de los hecho y la trascendencia que tendría en la zona, ese mismo día el Secretario de Defensa Hermenegildo Cuenca Díaz envío al Presidente de la República Luis Echeverría un reporte deliberadamente falseado en el que le informa que los militares habían tenido un encuentro con la gavilla que ha prestado ayuda a Lucio Cabañas, del cual resultaron muertas algunas personas.¹⁸

De esta forma, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada se convierten en una política de Estado; esta práctica redujo el contenido social y político del detenido, lo cosificó como un “paquete”.¹⁹ Este término comenzó a ser utilizado para referirse a los “enemigos” que eran detenidos y trasladados en primera instancia a la reclusión forzada y, posteriormente, al paredón.

Amalia y María Dolores Gámiz fueron detenidas el 21 de abril de 1974, junto con Ricardo Rodríguez González. Posteriormente el ejército los trasladó a San Vicente de Benítez, donde a su vez detienen a Manuel García Cabañas y a Emilio Delgado Jiménez, que junto con Agustín Flores y Florentino Cabañas fueron trasladados a “interrogatorio”. Posteriormente fueron trasladados al Campo Militar Número Uno, donde fueron sometidos nuevamente a interrogatorios, ahora a cargo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). El único liberado fue Florentino Cabañas, los otros detenidos siguen desaparecidos... ²⁰

La “Operación Luciérnaga” constituye una prueba de que la desaparición forzada de personas fue una política de Estado. Se fincó en el desconocimiento de la dignidad humana del detenido, concebido como un “paquete”. El sujeto se cosificó, lo cual contribuyó a volver más difusa su desaparición. Los “paquetes” se convirtieron en un instrumento de “inteligencia militar”, pues fueron ordenados y archivados de acuerdo con la información que pudieran proporcionar.²¹ Algunos “paquetes” eran archivados por largo tiempo, estas detenciones ilegales eran solapadas por el Secretario de Defensa, el General Cuenca Díaz. Él sabía de las arbitrariedades y de las acciones ilegales de las fuerzas armadas, pues firmaba los telegramas y los radiogramas en los que se le informaba sobre la existencia de “paquetes” y la clasificación del “archivo”.

Además de convertir al detenido en una cosa u objeto, era tratado discrecionalmente por diversas instancias policiales, como sucedió con Pedro Sonora Mendoza, miembro de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Sonora fue transferido al comandante de la 35ª Zona Militar el día cinco de febrero de 1974. El Gobernador solicitó al Procurador General de Justicia del Estado guardar absoluta discreción en esta detención y transferencia. Evidentemente, esta acción revierte el orden legal-judicial, pues son los militares los que tienen que entregar a los detenidos al poder civil y no a la inversa. Hay que repetir que Sonora Mendoza, antes de ser entregado a las fuerzas militares, fue interrogado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), pues existe registro de su declaración.²² Después, nunca más se supo de él.

Es importante destacar que el encono de las fuerzas castrenses contra la guerrilla, las bases de apoyo y la ciudadanía en general no fue sólo fomentado y alimentado por el sentimiento nacionalista, la disciplina de obediencia y la configuración de un “enemigo” que era significado y tratado como un “paquete”. El desprecio del ejército hacía el “otro” fue reafirmado también a través de operaciones secretas fraguadas por la inteligencia militar. Muestra de ello es lo que conocemos ahora como “Fuego Amigo en el Ejército Mexicano”²³.

En varias ocasiones algunos militares cayeron en emboscadas que el mismo ejército realizó contra sus propios compañeros, por ejemplo en Zintalpa. Helicópteros al mando del Estado Mayor y del General Eliseo Jiménez Ruiz ametrallaron a una patrulla militar que acampaba en un espeso de la selva; esto fue contado por los soldados que se salvaron de la metralla a sus amantes que tenían en El Ticuí… Posteriormente, en el cerro de la Mojileca tuvo su campamento la guerrilla, que después abandonó y, según cuenta la gente de los Corales de Río Chiquito, miraban cuando los aviones “dejan caer las bombas; que se oyeron muchas explosiones; que al tercer día llevaron a cabo otro raid pero para esa vez ya habían llegado patrullas militares y que a ellos los bombardearon pensando que eran guerrilleros”. Eso lo confirmaron soldados que de regreso pasaron a buscar comida… Personas de El Edén señalan que al jefe del Batallón “se le ocurrió la puntada de vestir a parte de sus elementos de campesinos y lanzarlos a la sierra como gancho para atrapar a la guerrilla, mientras que lanzó a otros elementos vestidos con su uniforme reglamentario… Cuando se trasladaban, toparon ambas columnas sorpresivamente y se dieron de balazos”. Comentan vecinos del lugar que la cantidad exacta de muertos no se sabe, pero estiman que fueron más de 40 y menos de 70… El enfrentamiento entre el ejército vestido de campesino y tropas uniformadas sucedió en varias regiones, por ejemplo en la región del 17º Batallón de Infantería de la guarnición de Petlala, la cual confundió a sus compañeros vestidos de campesino con miembros de la guerrilla de Lucio Cabañas y los masacró.²⁴

Esta estrategia consistió en sacrificar a algunos miembros de las fuerzas armadas a través de enfrentamientos con otros grupos militares vestidos de civil, los cuales actuaban como si fuera una emboscada de la guerrilla a las fuerzas castrenses. Obviamente, estas acciones consensadas y legitimadas abonaron el rencor y odio de los militares contra los guerrilleros, las bases de apoyo y, sobre todo, contra la población. Esto se acrecentó con las acciones perpetradas por los grupos guerrilleros, particularmente con el secuestro de Rubén Figueroa.²⁵

Ante este suceso, la respuesta del ejército se recrudeció, particularmente contra las poblaciones, por ser, a sus ojos, la base de apoyo a la guerrilla rural. A partir de ello, el ejército comenzó a operar acciones para tener el “control total” de las zonas; así, incrementaron las detenciones para dar con los miembros de la guerrilla, sus familias, contactos y apoyos. El objetivo era fortalecer por todos los medios la estrategia de contrainsurgencia, para aniquilar todo resabio de la guerrilla en el estado.

Para robustecer la estrategia de contrainsurgencia, las fuerzas armadas mexicanas solicitaron asesoría y adiestramiento al ejército de Brasil. De tal manera, el día 23 de junio de 1974 arribó al país un grupo de 63 militares de la Escuela Superior de Guerra, encabezados por el Procurador Militar Walter Menezes Paz. Al día siguiente llegó otro contingente de militares brasileños “expertos” en tácticas contraguerrilleras. ²⁶

A raíz de estos encuentros, las fuerzas armadas replantearon su estrategia contrainsurgente y comenzaron a establecer desplazamientos forzados en los municipios y poblaciones. Este método, a pesar de haber sido negado posteriormente por las cúpulas militares, es conocido como “Aldea Vietnamita”. ²⁷En estos desplazamientos forzados, las poblaciones eran conglomeradas, se les impedía ir a sus casas, campos de cultivo y trabajos; los militares repartían comida con una lista en la que estaban registrados todos los pobladores. Esto fortalecía el control de la sociedad, sus desplazamientos y sus vínculos sociales. El reparto de comida fue útil para identificar a los padres de familia, a los presentes y ausentes; sirvió además como estrategia de control para “agilizar” las detenciones, en ese momento ya selectivas. El reparto de comida se convirtió también en un pago a los pobladores a cambio de información sobre los sublevados. Estas acciones estuvieron además acompañadas por continuos bombardeos que se efectuaban en zonas próximas donde presumiblemente se encontraban parapetados los guerrilleros. Los desplazamientos forzados y la concentración forzada incrementaron las listas de detenciones, los “paquetes”, así como escaramuzas, ejecuciones y, por ende, las desapariciones forzadas de personas.

Las estrategias de contrainsurgencia normativamente tienen una vigencia, es decir, se reducen o desaparecen cuando el enemigo deja de ser una amenaza o cuando ha sido exterminado. En el caso de Guerrero, esta normatividad no fue aplicada. Las estrategias de contrainsurgencia no tuvieron fecha de caducidad y siguieron operando aun cuando los movimientos armados de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas habían sido exterminados, e incluso después que estos líderes habían fallecido.

Según el informe de la FEMOSPP, con el extermino de la guerrilla y la muerte de sus líderes los informes militares que daban cuenta de acciones contrainsurgentes se redujeron, pero en la realidad no menguó su intensidad, pues no se eliminó la práctica de la detención-desaparición.

Las estrategias represivas coordinadas y ejecutadas por las fuerzas militares sufrieron cambios de forma y fondo, pues ahora las detenciones y las desapariciones no las llevaron a cabo fuerzas militares, sino policías estatales, principalmente la Policía Judicial del estado de Guerrero. Pero es importante subrayar que el modus operandi de las detenciones y desapariciones fue exactamente igual al que desplegaron las fuerzas armadas. De hecho, los militares de la región mantenían el control de los detenidos, pues seguían siendo trasladados a los cuarteles, particularmente al de Atoyac, a la 27ª Zona Militar, a la Base Aérea de Pie de la Cuesta, de donde salían los vuelos de la muerte, y algunos otros al Campo Militar Número Uno. Estos sitios seguían funcionando como lugares de “resguardo” para los detenidos. Ello confirma que los militares seguían controlando los “interrogatorios”.

La milicia protectora

Si bien las fuerzas armadas invisibilizaron sus acciones contrainsurgentes después del exterminio de los movimientos armados rurales en la región, éstas comenzaron a fungir como cuerpos de seguridad y de protección para algunos poderosos locales, operando también como policías antidisturbios. El ejército comenzó a otorgar protección, ilegalmente y sin competencia alguna, a algunos terratenientes, ganaderos, comerciantes y caciques. Incluso las fuerzas armadas intervinieron para ayudarlos a reducir algunos de los conflictos que éstos tenían, particularmente con grupos sociales o subordinados,²⁸ así como para inhibir a sus oponentes políticos. Las fuerzas castrenses en el estado comenzaron a funcionar como un cuerpo armado que operaba, con la fuerza de las armas y la legitimidad institucional concedida a su uso legítimo, para favorecer sus intereses económicos y expansivos.

Así sucedió en Boca de Arroyo, municipio de Atoyac, donde el presidente del Comisariado Ejidal, se decía, estaba azuzando a los campesinos para invadir una pequeña propiedad de tierras colindantes con el ejido del extinto General de División Matías Ramos Santos. Para prevenir los actos de agitación y su incremento, se citó al mencionado dirigente ejidal para dialogar con las altas cúpulas militares en el estado, diálogo que difícilmente puede ser entendido como cordial y pacífico, sino más bien como estrategia de coerción. A pocos días, el Comisario Ejidal abortó la misión de invadir las tierras… En Río Chiquito, el Secretario de la Reforma Agraria Félix Barragán García recibió a miembros del Comisariado Ejidal del poblado de Corrales de Río Chiquito, Municipio de Atoyac, los cuales denunciaban que hacía algunos días llegó por los rumbos de su ejido el señor Humberto Manuel Meléndez, con residencia en Chilpancingo, haciéndose acompañar por una fuerte escolta de soldados federales, al mando de un Teniente Coronel Escobedo, con el objeto de dedicarse a la explotación de las maderas forestales útiles, sin tomarlos en cuenta para nada y valiéndose de la fuerza armada para intimidarlos y poder obtener los productos maderables pertenencia de su ejido… del mismo modo sucedió también durante el establecimiento de un aserradero perteneciente a Forestal Vicente Guerrero, en el municipio de El Tamarindo. Tenían miedo de 600 familias que se levantarían contra ellos por el rencor y el coraje de éstas, porque su líder guerrillero había sido abatido. Como labor preventiva se decidió destacar dos secciones de fusileros del 27º Batallón de Infantería para que patrullaran el área. Era obvio que fueron apostados ahí para que la población no obstaculizara la labor de despojo que esa compañía taladora realizaría. ²⁹

El camuflaje militar

En tal contexto, la práctica y la estrategia de borradura de todo vestigio de la guerrilla y de “control total” de la población guerrerense comenzaron a accionarse. Este giro operativo fue introducido por el General Francisco Quiroz Hermosillo, quien optó por despojar del uniforme a algunos de sus destacados miembros y mandarlos a operativos vestidos de civil y en automóviles particulares. Esta práctica fue utilizada principalmente en las acciones de detención de “sospechosos”, los cuales eran trasladados a bases militares y cárceles clandestinas. ³⁰

Este giro operativo introducido por el General Francisco Quiroz Hermosillo en las fuerzas armadas en Guerrero se convirtió en un modelo, un patrón de operaciones desplegadas por las fuerzas armadas durante el combate a la guerrilla urbana de la década de los setenta. Las intervenciones “estratégicas” de los militares vestidos de civil y en automóviles civiles permitieron ocultar el rostro del verdugo encargado de perseguir, detener, interrogar, eliminar y desaparecer los cuerpos. Desde entonces los procesos de registro del desaparecido se vuelven difusos, confusos. De esta forma, las acciones de las fuerzas armadas, además de mantenerse camufladas e invisibles, se diversifican.

Paralelamente, los patrones de la desaparición de personas durante la “guerra sucia” en los espacios urbanos se vuelven evanescentes, precisamente por la diversificación de actores e instituciones que intervienen en ella. Esto resulta ser paradigmático, ya que el gobierno federal, los gobiernos estatales, la Procuraduría General Justicia del estado, las corporaciones policiales especiales como la dfs, así como las municipales, estatales, judiciales y por supuesto las fuerzas armadas, comienzan en esta etapa a ser cómplices de la desaparición forzada de personas.

Estas acciones represivas aplicadas de manera conjunta ampliaron los contextos de excepción más allá del estado de Guerrero. El gobierno federal, a partir de la información recabada por su “centro de inteligencia”, representado por la DFS, redefinió la estrategia de contrainsurgencia e hibridó el papel institucional de las fuerzas del orden para eliminar también la amenaza comunista en las ciudades del país.

A partir de este momento (de lucha del Estado contra la guerrilla urbana) la desaparición se volvió mucho más sistemática, se convirtió en una tecnología represiva que “refinó” sus procedimientos y se hizo mucho más burocrática y administrativa, ya que involucró a más asociados activos y agentes municipales, estatales y federales, por ejemplo los agentes de “inteligencia” que buscan a los personajes reprimibles, los que deciden y fijan las prioridades de la represión, los diseñadores de la infraestructura y los espacios para reprimir, los ejecutores, los custodios, los carceleros, los jueces, los abogados, los psicólogos, los interrogadores y los médicos. En otras palabras, se convirtió en una tecnología política y una práctica de “racionalidad burocrática-estatal” (González, 2012, p. 30). Esta tecnología ha convertido a la desaparición en una estrategia ambigua, ya que al desaparecido suele borrársele de múltiples formas: civil, física, identitaria, política y jurídicamente.

A manera de cierre

La desaparición de personas durante el periodo de la contrainsurgencia rural tuvo patrones comunes, ya que fue ejecutada en múltiples espacios de excepción. Observamos por ejemplo que en el estado de Guerrero hay diversos actores relacionados con la desaparición de los “enemigos”, aquellos que la encubrieron, como el presidente de la República, el gobernador del estado, altos mandos militares, así como el procurador de justicia y los actores que la ejecutaron, principalmente las fuerzas armadas y la policía militar que operó como fuerza civil.

Esto fue posible por la reversión del orden legal-judicial en la que incurrieron tanto la policía judicial como las policías estatales y municipales, las cuales negaron la entrega de los detenidos a las autoridades civiles, transfiriéndolos a los cuarteles militares para que éstos se hicieran cargo, los “interrogaran”, investigaran y decidieran cuál sería el destino de los “sospechosos”, “enemigos” o “paquetes”.

El patrón consistió en la detención y el aislamiento, seguidos de un arduo sometimiento a torturas y vejaciones como parte del “interrogatorio”, y por último la presentación con vida semanas o meses después de la detención, o la ausencia definitiva, la desaparición física.

La detención extrajudicial, el aislamiento, el interrogatorio-tortura tenían una pedagogía social cuyo objetivo consistía en disuadir a través de la intimidación a las poblaciones aisladas, para que no se sumaran al movimiento armado socialista. La desaparición fue una política de terror implementada por el gobierno federal y local para mantener la cohesión comunitaria e inhibir el activismo social.

En este contexto, el “enemigo” es el sujeto rural, así como su familia, amigos, gente cercana y aquella comunidad que vive y se desenvuelve en microespacios geográficos. Esto facilitó la implementación de la excepcionalidad desde el Estado, es decir, la suspensión momentánea de garantías y derechos. Esta violación de garantías y derechos en el estado de Guerrero se ejerció en espacios aislados, desconectados y desvinculados entre sí. En aldeas, rancherías y comunidades en las que se suponía que se escondía, circulaba y pernoctaba el “enemigo”.

La concentración poblacional, la “revisión”, el robo de ganado, comida, bienes, la violación sexual, el asesinato de personas frente a la comunidad, la vigilancia a través de los servicios básicos así como la detención extrajudicial de algunos miembros de ésta por ser considerados “sospechosos”, el encarcelamiento clandestino, el aislamiento en bases militares y la tortura fueron algunas de las estrategias contrainsurgentes que acompañaron el proceso de la desaparición de personas en el estado de Guerrero. En otras palabras, el carácter del modelo contrarrevolucionario fue netamente militar. Por ende, esta institución tiene una considerable responsabilidad histórica con los familiares de los desaparecidos en el estado de Guerrero durante la “guerra sucia”.

La desaparición de personas se convirtió en un fenómeno que estaba fuera de la observación pública, pero dentro del tejido social. En la percepción ciudadana, los susceptibles a desaparecer eran todos aquellos sujetos que tenían o se metían en problemas con el gobierno y el Estado mexicano.

Por tanto, la desaparición de personas fue un suceso ajeno al grueso de la población, pues dicha acción era percibida como un castigo para todo aquel que cuestionara, criticara y pretendiera cambiar el sistema político, social y económico del país. La desaparición quedó registrada como un suceso descargado de todo contenido político, social y jurídico. Una gran parte de la población valoró estas prácticas como algo positivo, como un castigo ejemplar para las y los “subversivos” que operaban en el estado de Guerrero y en el país durante las décadas de los sesenta y setenta.

Es urgente indagar cómo es que la desaparición forzada de personas pasó de ser un patrón a un fenómeno ampliado y ejecutado ya no sólo contra los “enemigos”, los que están en armas contra el gobierno o aquellos que se organizan y disputan por colocar su agenda en la arena política y social, sino, hoy en día, a toda la población.

Hoy desaparece la o el que espera su camión, sale del cine, va al supermercado, sale de la escuela, el que es sacado de su casa y el que es “levantado”. Hoy todos y todas desaparecen de todos lados como si fuera un suceso cotidiano pero anormal, un accidente o un producto de “criminales organizados” que en su disputa por territorios eliminan y ocultan a los miembros de la sociedad que les estorban.