Introducción

Los “desplazamientos internos forzados” (DIF) se presentan como un fenómeno específico de los eventos migratorios.¹ Dichos desplazamientos obedecen actualmente a causas como: a) conflicto armado interno nacional o regional, con actores militarizados vinculados a poderes de facto como organizaciones del narcotráfico, crimen organizado y paramilitarismo; b) situación de inestabilidad del Estado, debilidad de las élites políticas, y conflicto político-militar interno contra otras fuerzas que intervienen por el control nacional; c) ejercicio de la violencia de poderes de facto como el crimen organizado contra los pobladores tradicionales de ejidos y localidades rurales, con el fin de extraer ilegalmente recursos naturales (en bosques primarios maderables, minerales y materiales de construcción, principalmente); d) desastres naturales; e) desastres convencionales (industriales, por contaminantes, incendios, accidentes nucleares); y, f) desplazamientos dirigidos por el Estado a razón de la implementación de megaproyectos nacionales e internacionales. No obstante la clasificación de y en cada caso, su complejidad podría estar vinculada con una o varias causas.

Nuestro interés se centra en el primer caso, es decir, nos referimos a poblaciones desplazadas por violencias regionales y locales ejercidas por actores tradicionales de seguridad del narcotráfico, FFAA de choque, organizaciones paramilitares, organizaciones de autodefensas y/o defensas comunitarias, que surgieron localmente en el marco de la guerra al narcotráfico y crimen organizado. Sin duda, otros actores intervinieron también, pero heurísticamente nos limitaremos a estos, con el fin de analizar su participación durante el período 2006-2013.

Desplazamiento Interno Forzado en México (DIF)

El DIF en México tiene antecedentes históricos y contemporáneos que obedecen a violencias de una variada configuración de conflictos regionales. Se han producido históricamente y se continúan generando nuevos desplazamientos forzados, pero no se les identifica como tales y por lo tanto no se los reconoce y no se les registra.

En el contexto de los antecedentes internacionales, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos Forzados establecen que los desplazados internos forzados son:

Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida [^{ACNUR 1998: 5}].

Para el caso de México, Salazar y Álvarez [2017: 20-30] han definido el desplazamiento interno forzado en el contexto de la violencia regional que precipitó la guerra al narcotráfico y crimen organizado desde el 2006, como

… es la huida … un recurso de sobrevivencia de las poblaciones civiles frente a los regímenes de violencia regional o local; … es una acción y reacción a situaciones extremas para garantizar la vida; … es una decisión política porque en los escenarios territoriales de los conflictos y ante actores hegemónicos en disputa, no se puede permanecer neutral; … es un proceso de varias movilizaciones que inicia con la salida rápida e intempestiva de la mayor cantidad de familiares, con escasas pertenencias y en sigilo, por lo que sus bienes y patrimonios quedan abandonados…. Es, en adelante un continuum de experiencias de inseguridad, desarraigo, inestabilidad residencial y laboral, deterioro de las formas de vida tradicional y de la salud… [Salazar y Álvarez 2017: 29-31].

En consecuencia, el DIF es un recurso de sobrevivencia de los individuos, familias, comunidades, poblaciones civiles ante la imposibilidad de garantizar la vida por parte de las instituciones estatales, de cualquiera de los actores y poderes involucrados (poderes de facto), o de los mismos pobladores.

Actualmente, no hay un reconocimiento que dignifique que, el fenómeno del DIF sea causado por violencia, y su atención, si la hay, está vinculada a decisiones gubernamentales locales, manifestaciones de hecho, medidas asistenciales y de alcance inmediato para la sobrevivencia de los desplazados, identificándolos como “sociedad civil en medio de la violencia del crimen organizado”. Recientemente, algunos recursos normativos como la “Ley General de Víctimas,² y sus antecedentes: “Ley de atención y apoyo a las víctimas del delito para el Distrito Federal”,³ Ley de protección a víctimas de delitos para los estados de Sinaloa,⁴ México,⁵ y, Chiapas,⁶ la Ley para la Prevención y atención del desplazamiento Interno en el estado de Chiapas,⁷ activan instrumentos jurídicos o normativos de protección a las víctimas y, por su extensión, a familiares de desaparecidos, homicidios y otros delitos,⁸ y también de población desplazada; la inclusión de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional, en abril de 2011,⁹ se suma como otro recurso que en conjunto pudiera contribuir en la protección y asistencia a los desplazados internos forzados por violencias; pero mientras no se reconozcan específicamente como tales, como víctimas de un conflicto generalizado nacional o regional, las acciones son microlocalizadas y su alcance queda a discrecionalidad circunstancial de los recursos que logren disponer los distintos niveles de autoridad -institucional, municipal, estatal o federal.

Entre el lento avance de la normatividad que podría regular políticas de apoyo al fenómeno de los desplazados (aunque no para evitarlo), las condiciones de conflicto que lo generaron, se exacerbaron al son de la política militar de seguridad nacional en la guerra contra las drogas. La estrategia militar que quizá más movilizó y activó los conflictos y violencia regionales fueron los Operativos Conjuntos implementados en el sexenio 2006 y 2012. Los operativos conjuntos tenían como objetivos disponer de un pie de fuerza marcial que, junto con la tecnología relativa, pudieran combatir asertivamente el crimen organizado, asegurar orden y paz en el territorio regional y nacional. Es decir, recuperar el control inmediato a través de la fuerza militar. De esta manera la regionalización del conflicto y los actores o poderes de facto, fueron reconocidos y enfrentados a través de los operativos estatales e interestatales [^{Atuesta 2018}]:

2006: Michoacán, 8 de diciembre;

2007: Guerrero, Baja California, Tijuana y el Triángulo Dorado (Sinaloa, Durango y Chihuahua) con el fin de combatir la delincuencia organizada y grupos subversivos;

2008: Operativo del Noreste (Tamaulipas y Nuevo León); La Operación Conjunta de Chihuahua y el Operativo Culiacán-Navolato-Guamúchil (en Sinaloa);

2009: Operativo Militar de la Frontera Sur (en cooperación con Guatemala);

2011: Operativo del Triángulo de la Brecha (Estado de México); la Operación Coordinada Veracruz Seguro; el Segundo Operativo de Guerrero (Guerrero Seguro); y el Operativo de Laguna Segura.

En mayo 2012: Plan Morelos Seguro; y,

En febrero de 2013: Operativo de Monclova (Saltillo, Monclova, Torreón, Matamoros.

En la bibliografía especializada [^{Atuesta 2018}; Castellanos 2013; ^{Guerra 2015}; ^{Pérez, Rivas y Vélez 2015}] se reconoce que las diferentes estrategias implementadas en operativos conjuntos incrementaron y activaron eventos de violencia local, que aparte de los enfrentamientos entre los actores militares enfrentados (federales y estatales vs. los cuerpos de seguridad privada y crimen organizado) terminaron involucrando directamente a las poblaciones civiles debido a prácticas improvisadas y al uso expansivo y letal de la violencia. Los efectos se podrían observar en el incremento de la violencia y en al menos tres delitos de alto impacto: secuestro, homicidios dolosos y extorsión. De los tres, la extorsión es el delito más extendido de este grupo. Se trata de un delito cotidiano, redituable permanentemente, y como se ejecuta sobre un amplio rango de volúmenes de capital, puede cubrir una gran diversidad de actividades económicas (productivas, comerciales, de servicios, formales e informales). La extorsión representa un gran daño al patrimonio personal y familiar. La extorsión a la que nos referimos en cuanto al vínculo con el desplazamiento forzado, se refiere al “cobro por derecho de piso”. ¹⁰Es decir, al cobro permanente y periódico que realizan organizaciones vinculadas con el crimen organizado a establecimientos comerciales y de servicios (técnicos, tecnológicos, profesionales), a empresas, hogares, y actividades agropecuarias y agroexportadoras, para que puedan continuar realizando sus actividades en condiciones de seguridad. Se trata de una transferencia delictiva de cuotas de capital anual (que se cobra periódicamente: semanal, mensual, bimensual, etc.) al estilo de un impuesto ilegal de facto, para garantizar el ejercicio de sus actividades económicas o productivas, y de residencia. Hemos referenciado ampliamente [Salazar y Álvarez 2017] el vínculo entre la extorsión y desplazamiento interno forzado en algunas entidades.

Los delitos de secuestro, homicidio doloso y extorsión forman parte del control e inseguridad regional en que las organizaciones de narcotráfico y crimen organizado, afectan a las localidades y municipios al interior de los estados durante el período. Al mismo tiempo los estados y regiones donde se implementaron los Operativos Conjuntos, activaron o dinamizaron los escenarios de incremento de violencia local y del desplazamiento forzado. Son en estos municipios y estados en donde está registrado el punto de salida o de origen de los desplazamientos forzados.

En cuanto a los homicidios dolosos registrados, las tasas se incrementaron a partir de 2007, empezaron a descender después de 2012, y luego nuevamente a incrementarse en los últimos años (2007: 8.1: 2008: 12.8; 2009: 17.5; 2010: 22.5; 2011: 23.5; 2012: 22.5; 2014: 12.96; 2015: 13.32; 2016: 16.49; 2017: 20.27; 2018: 23.1). En 2018 se registraron 34 202 homicidios dolosos y 861 feminicidios (SESNSP). En el período que nos ocupa y según el informe que presentó el Gobierno Federal en agosto de 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, 80% de los homicidios vinculados con el crimen organizado se concentró en 162 municipios. La gran mayoría de esos homicidios se atribuían a las luchas entre los diferentes cárteles criminales, y no precisamente entre el Estado y la delincuencia organizada, aunque ya estuvieran en pleno ejercicio los Operativos Conjuntos y todas sus estrategias (entre ellas, una estrategia significativa para el período 2006-2013, fueron las Bases Operativas Militares (BOM) fijas y móviles). Los eventos militares relativos a los Operativos en los municipios, iban quedando registrados en breves informes institucionales y públicos, lo que contribuyó a realizar estimaciones locales de las poblaciones que huían por la violencia. Esto nos llevó a explorar e indagar en diferentes fuentes públicas, estadísticas y periodísticas del período, los rastros de la población desplazada. Bajo el supuesto de que el desplazamiento forzado es un proceso que tiene varias etapas: huida intempestiva, huidas y retornos episódicos según la duración de las confrontaciones o de los ataques, o planeación de la salida, el tránsito, diversos destinos o subsiguientes asentamientos parciales hasta lograr uno definitivo, localizamos en principio las localidades y municipios de salida, escenarios de la violencia. En el mismo registro del lugar de salida y según el tipo de conflicto, actores militares y Operativos, rescatamos las estimaciones de los pobladores que huían; revisamos la población de la localidad al principio y final del período seleccionado, tamaño de familia, y tasas migratorias; con esto pudimos estimar finalmente el número de desplazados. En función de que este rastreo es a posteriori, pues se realiza después de los eventos de violencia (enfrentamientos, ejecuciones, masacres, coacciones, expropiaciones o destierros de facto, extorsiones, abusos y todo tipo de violación a los derechos humanos), este esfuerzo anticipa un subregistro. Con el fin de subsanar de alguna manera dicha dificultad, la estimación se fortalece gracias a los registros orales, etnográficos, entrevistas focalizadas, e informes de las autoridades locales. Debe aclararse que los informes de las autoridades oficiales no incluyen datos que contribuyan a fortalecer nuestras referencias.

En el sexenio 2006-2012 y según los datos presentados, estimamos cerca de 740 mil desplazados. Las cifras de desplazados posteriores al sexenio Calderón, y hasta el 2018, se rastrea por casos. Por ejemplo, las comunidades oaxaqueñas triqui de San Juan Copala, San Miguel Copala que están actualmente desplazados por despojo de las tierras de San Blas Atepan, con violencia paramilitar, se autoregistran 500 comunitarios (trabajo de campo in situ, en febrero de 2019); los desplazados actuales del territorio Mixe alto y Mixe bajo están aún en proceso de desplazamiento (trabajo de campo in situ, en febrero de 2019); el caso de Chenalhó y Chalchihuitán en Chiapas, para diciembre de 2018, se estimaban en más de 5 000 desplazados por violencia de grupos paramilitares (líderes comunitarios en trabajo de campo in situ, en noviembre y diciembre de 2019); en el caso de Guerrero, los desplazados por grupos paramilitares que resguardan la explotación de recursos mineros, en Tierra Caliente entre 2012 y 2018, se estiman en más de 6 mil personas (Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón). Entre los más recientes, está el caso de los desplazados de Filo de Caballos, con cerca de 800 desplazados (entrevista con líderes comunitarios de los municipios de Zitlala y Leonardo Bravo, Guerrero); y finalmente, el Informe de la ^{Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 2017}, registra que más de 20 mil personas fueron desplazadas para ese año. En función de que se trata de una movilidad forzada en proceso, con modalidades gota a gota, familiar o colectiva, las cifras de corte del siguiente sexenio 2013-2018, aún están por cotejarse entre las diferentes fuentes.

Volviendo a nuestro período de análisis, una de las respuestas a los delitos de extorsión, secuestro y trasiego de drogas, fue, como hemos mencionado, a través de la implementación de los Operativos Conjuntos; otra ha sido la respuesta local/regional en el caso de Michoacán, a través de Organizaciones de Autodefensas y algunos grupos paramilitares autoidentificados como tales, que tuvieron una trascendencia en la composición del conflicto regional y de los desplazamientos. Se trata inicialmente de estrategias regionales de defensa a partir de la iniciativa y organización civiles [Gil 2014: 8].

Los primeros municipios en los que surgen las autodefensas ciudadanas son:

Tepalcatepec colinda con Aguililla, Apatzingán y Buenavista Tomatlán. Toda esta franja de tierra caliente forma el corredor del narcotráfico que conecta con Jalisco; es una ruta de trasiego, fuerte actividad ilícita de drogas, y objeto de disputa entre las distintas organizaciones regionales de Michoacán, además de los carteles de Sinaloa y del Golfo [^{Castellanos y Gutiérrez 2006: 38}].

Otro, es el llamado Grupo de Autodefensa Ciudadana en La Ruana. La actividad agroexportadora de frutos ácidos, principalmente el limón y en menor medida toronja, mango y papaya; que, junto con los líderes de la actividad ganadera, fueron extorsionados por el crimen organizado (la cuota se cobraba por cada caja de fruta a exportar). La situación se tensó cuando el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) lanzó la guerra al narcotráfico y crimen organizado, empezando por el primer Operativo Conjunto en Michoacán, lo que representó una amenaza directa al delito de extorsión. Especialmente a partir de 2010, año en que iniciaron los secuestros y extorsiones a los vecinos.

Cien pesos por vivir en tu propia casa, 150 por cada máquina en la tienda de videojuegos... A La Ruana, lo peor llegó cuando se hicieron del control de las cinco empacadoras de limón del pueblo, la fuente de su riqueza, y comenzaron a pagar dos pesos por kg cuando su precio en el mercado era de 3.5 pesos por kilogramo [^{Guerra 2015: 16}].

José Manuel Mireles Valverde, uno de los líderes del grupo que tenía la vocería pública en la región mencionada, identificado como coordinador general de las autodefensas en 33 municipios, afirmaba que:

Durante más de 12 años fuimos atacados con armas de alto calibre, por encapuchados, y a la luz del día pasaban cerca de los militares, federales, ministeriales, y de los policías municipales que no los querían ver [^{Gil 2013: 9}].

Entre los grupos de autodefensas que surgieron en el período, se encuentran: Grupo de autodefensa ciudadana de Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán y Coalcomán (que surgieron el 24 de febrero de 2013 al 10 de mayo de 2014). En el mismo período (noviembre de 2013) surgía el Grupo de Autodefensa en Tancítaro a causa de las extorsiones y amenazas a productores de aguacate; en Tepalcatepec, con productos de carne y lácteos (principalmente quesos), en Coalcomán, con los aserraderos; en Aguililla, con las minas [^{Guerra 2015: 16}].

La gente decidió levantarse en armas, tomar el palacio municipal y formar su grupo de autodefensa ciudadana tras enterrar a 40 muertos desde 2010 y luego del asesinato el 16 de noviembre de 2013, de la joven María Irene Villanueva, ejecutada de 5 balazos luego de que su familia no pudo pagar los 8 millones que exigían los Caballeros Templarios. Grupo de autodefensa ciudadana [en ^{Gil 2013:9}].

Aquila, que había sido desde los años 80 un centro importante de producción de marihuana y luego de amapola, se constituyó en ruta de trasiego de droga, dinero y armas, llegando a ser parte del denominado Triángulo del Pacífico junto con Jalisco, Colima y Guerrero. A raíz de esta estratégica situación, la violencia en la zona llegó a producir más de 2 600 ejecuciones y cerca de 600 levantones [Carrasco y Castellanos 2009: 22-25]. Tal escenario lleva a la formación de la Autodefensa Ciudadana de Aquila entre julio-agosto de 2013.

El caso Aguililla tiene antecedentes históricos que se remontan a la década de los 40, no sólo como parte de la ruta de trasiego de marihuana y amapola, sino de la explotación minera (tradicionalmente, hierro y oro). En el marco del monopolio mafioso de la economía regional surge la Policía Comunitaria de Aguililla (2013). El Grupo de Autodefensa ciudadana de Uruapan (enero de 2014), junto con la Guardia Comunitaria de Tancítaro avanzaron en 2014 sobre las comunidades indígenas y localidades vecinas con el fin de recuperar el control municipal empezando por la cabecera de Uruapan. En el caso del Grupo de autodefensa ciudadana en Apatzingán (2013) a la cabeza de Hipólito Mora y junto con patrullas de la PF en 2014, protagonizaban cercos y enfrentamientos para ubicar a los miembros del crimen organizado que habían operado extorsivamente en la región. Si bien estos grupos tuvieron diferentes procesos de formación, evolución y desenlaces que no es nuestro propósito desarrollar en este artículo, queremos señalar que se constituyeron en escenarios de violencias y delitos como secuestro, homicidios dolosos y extorsión que vivían cotidianamente las poblaciones documentadas.

Conclusiones

El desplazamiento Interno Forzado es un proceso de movilidad poblacional. Como proceso, atraviesa las siguientes etapas: a) La toma de decisión. Es decir, el período de tiempo que necesita la población para dimensionar el riesgo o peligro en el que se encuentra. En esta etapa se inicia el diseño de la huida o salida de las localidades, y la preparación de los mínimos y/o básicos bienes necesarios; b) la implementación de la salida. Es decir, iniciar el desplazamiento individual, familiar o colectivo según se haya planeado. En ocasiones, la población que es forzada a desplazarse no puede implementar la salida como función de algún plan, sino que tiene que improvisar la salida ante la inminencia de las amenazas; c) el tránsito, puede ser quizá el capítulo más largo y penoso del desplazamiento para la población. El tránsito incluye la salida, el abandono de su residencia y/o patrimonio, la pérdida de su cotidianidad, la forma de vida y el trabajo; incluye las diferentes estancias en las localidades de llegada o asentamientos temporales o albergues; incluye las dificultades del transporte y la movilidad; incluye la incertidumbre del futuro inmediato. En este sentido, el escenario de lo incierto inunda las expectativas de vida que un individuo y su familia habían construido en su historia de vida. Iniciar el tránsito del desplazamiento representa un escenario de dificultades inimaginables; d) el asentamiento, porque lograr un asentamiento en un lugar diferente al de salida, representa un logro extraordinario para un desplazado forzado por la violencia. No obstante, representa también el reinicio de una forma de vida, adaptación, superación subjetiva de una experiencia atravesada por rupturas y traumas; para el desplazado, reasentarse significa enfrentar las dificultades de empezar sin recursos, pues tuvo que abandonarlos; es decir, debe de diseñar una sobrevivencia a partir de las dificultades de no tener historia social, redes, arraigos, trayectorias en el nuevo medio; y, e) eventualmente, el retorno. El retorno es una dinámica muy arriesgada, pues las condiciones que generaron los desplazamientos no cambian en el corto tiempo. El o los que retornan pueden enfrentar las desventajas de haber abandonado sus bienes, de encontrar nuevos regímenes de autoridad, de no encontrar a su familia, parientes, o vecinos. El retorno es también una decisión existencial difícil en el sentido de que es preferible asumir los límites y riesgos de regreso, porque no se tiene a dónde ir.

El Desplazamiento Interno Forzado por violencia se origina en conflictos estructurados frente a los que las instituciones de control del Estado no pueden garantizar protección a la población, y ésta por sí sola, no se puede defender. Los conflictos se estructuran en una amplia red de abusos contra los derechos humanos, la fuerza de trabajo, el patrimonio, la tierra, los recursos de sobrevivencia colectivos, y los recursos de mercados colectivos. En este sentido, reprimir a los habitantes o comunidades, requiere de una capacidad coactiva que se instrumenta en organizaciones con capacidad militar de choque, como sería el caso de grupos paramilitares y de autodefensas regionales que surgieron en diferentes zonas de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.